Lunes, 11 Noviembre 2013 06:51

Un final de campaña en medio de la basura

Un final de campaña en medio de la basura

En La Moneda tienen claro que el paro que llevan adelante los funcionarios municipales –cuya cara más visible son las miles de toneladas de basura que se acumulan en las calles– puede que no concluya antes de las elecciones presidencial y parlamentaria del próximo domingo. El rol de los municipios es crucial en este proceso, principalmente en la parte logística, por ello la autoridad ha reiterado el llamado a los alcaldes a deponer la movilización, advirtiendo respecto de las sanciones que podrían sufrir si obstaculizan el normal desarrollo de los comicios, las que pueden incluir suspensión e inhabilitación perpetua de sus cargos. En ese escenario, el presidente Sebastián Piñera, quien ha repuntado en las encuestas de popularidad y no quiere terminar su mandato con la gente manifestándose en las calles para no minar su eventual vuelta en 2018, insistió en que el paro es "injustificado".


"El gobierno ha atendido todas las necesidades de los funcionarios municipales. Ya igualamos los sueldos base (con los funcionarios públicos) y estamos comprometidos a igualar también las asignaciones... Esta gestión es la que más ha avanzado en igualar las condiciones de trabajo de los trabajadores municipales con los trabajadores del sector público", sostuvo. En ese sentido, agregó que "no es aceptable que llenen las ciudades de basura, que le nieguen la distribución del agua a los sectores más vulnerables, o que hagan actos de violencia o tomas". En relación con el llamado que han hecho algunos alcaldes para boicotear las elecciones como una forma de presionar al gobierno para que realice los ajustes antes de que entregue el poder, Piñera fue tajante: "(Dicha medida) no es democrática, nadie tiene derecho a intentar obstaculizar o dificultar las elecciones del próximo domingo".


Lejanos, pero con un ojo atento a este teatro de operaciones –y a escasos cinco días de que termine de manera oficial el período de campaña electoral– los nueve candidatos presidenciales comenzaron ayer a cerrar sus procesos propagandísticos con diversos actos culturales en distintas partes de la capital. Michelle Bachelet es la más potente según los sondeos que incluso la dan por ganadora en primera vuelta. Ayer, la candidata presidencial de la Nueva Mayoría reiteró su llamado a la comunidad a votar el 17 de noviembre "en pro de un cambio histórico que se exprese en el gobierno y en el Parlamento".


"Espero que ganemos en primera vuelta. Les pido no bajar la guardia estos últimos siete días que nos quedan. Queremos tener un país más integrado, más cerca de los ciudadanos, sin letra chica, con respeto", dijo la doctora socialista en un acto desarrollado en la acomodada comuna de Las Condes. Aprovechó también la oportunidad para conformar –a través del voto– un Parlamento que apoye los ejes centrales de su propuesta de gobierno, tales como la reforma educacional, tributaria y la nueva Constitución.


Desde la otra vereda, la candidata de derecha Evelyn Matthei, visitó la población Marta Brunet, uno de los sectores más pobres de Santiago. Desde ahí, insistió en sus críticas a Bachelet, por el gasto en que ha incurrido la ex mandataria en la campaña electoral. Según Matthei, el comando de Bachelet ha desembolsado más de 15 millones de dólares y existe una superioridad en el gasto en campaña del bloque de oposición que de acuerdo a sus cálculos es cuatro veces mayor al gasto que ha hecho la Alianza oficialista. "Es cosa de mirar, son tres a cuatro veces más que lo nuestro y eso no se consigue si no le donan las empresas, a menos que se haya traído plata de afuera y, en ese caso, no sabemos con quién podría estar asumiendo compromisos. Por lo tanto, creo que el tema del financiamiento que realmente ha sido grosero, grosero en el caso de la Concertación, es grosera la forma en que han gastado y es muy importante que veamos de dónde salió todo ese dinero", dijo Matthei, manteniendo la manera en que ha centrado su campaña, es decir, criticando a los demás candidatos. Esta estrategia, al menos en los sondeos, no la ha servido mucho, pues su candidatura no despega del 20 por ciento de adhesión.


Con todo, las próximas elecciones siguen siendo una incógnita, pues serán los primeros comicios presidenciales y parlamentarios con voto voluntario. El nivel de participación es una de las principales dudas. El académico de la facultad de gobierno de la Universidad del Desarrollo, Gonzalo Müller dijo al sitio electrónico Emol que sólo uno de cada dos chilenos está pensando en votar, es una participación muy cercana al 50 por ciento o 53 por ciento, "hablamos de una participación entre los seis millones 300 mil y sobre siete millones". A su juicio, la alta abstención es el factor que será determinante en que haya o no una segunda vuelta electoral. "Si el elector de centro derecha o independiente el domingo no va a votar, facilita el triunfo de Bachelet en primera vuelta", indica. En caso que exista un ballotage, el analista no tiene dudas que será entre la candidata de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, y la abanderada de la Alianza, Evelyn Matthei, mientras la primera alcanzaría entre 47 por ciento y 51 por ciento de los votos, para la segunda estima un horizonte que va entre 26 por ciento y 30 por ciento.


Por su parte, el diputado y experto electoral Pepe Auth, reiteró ayer su pronóstico confirmando que Bachelet triunfará en la primera vuelta electoral con un 54,1 por ciento de los votos, seguida por Matthei con un 21 por ciento. El tercer lugar será para Marco Enríquez Ominami con 9,3 por ciento y el cuarto puesto para el independiente Franco Parisi con 9,1 por ciento de las preferencias.

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Encadenados y en huelga de hambre, 4 sindicalistas presionan a Nestlé a cumplir Convención Colectiva

Desde el pasado martes 5 de noviembre cuatro trabajadores de Nestlé de la planta de Bugalagrande, Valle del Cauca, se encuentran encadenados y en huelga de hambre en las afueras de la planta como medida de protesta ante el incumplimiento de los acuerdos convencionales y el irrespeto a la dignidad de los trabajadores por parte de la empresa.

 

Se trata de William Zapata, Wilson Riaño, Omar Rengifo y Miguel Millán, todos directivos de la seccional de Sinaltrainal en Bugalagrande, quienes, afirman, están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, a menos que la empresa escuche sus reclamos. Hoy en la mañana uno de ellos presentó una descompensación orgánica y debió recibir atención médica.

 

En realidad se trata de una reincidencia, toda vez que ya el pasado 10 de octubre estos mismos trabajadores habían iniciado una huelga de hambre, la cual debieron suspender apresuradamente por las amenazas y hostigamientos de que fueron objeto.

 

En diálogo con esta Agencia de Información, el señor Javier Correa, Presidente Nacional de Sinaltrainal, dijo que con esta acción de protesta los trabajadores quieren llamar la atención sobre la negativa de Nestlé, la compañía agroalimentaria más grande del mundo, a cumplir los acuerdos pactados en la Convención Colectiva firmada el 28 de junio de 2012, tras 82 días de conflicto.

 

"Esta huelga es indefinida, hasta que la empresa entre en razón y otorgue los beneficios pactados. No pedimos nada más", señaló uno de los trabajadores que participa en la huelga de hambre.

 

Pero la protesta no es solo por la violación de derechos laborales y las presiones indebidas de la empresa a los nuevos trabajadores para que no se afilien al sindicato. También la hacen para denunciar las amenazas de muerte que pesan sobre algunos dirigentes sindicales de la seccional Sinaltrainal Bugalagrande, y para reclamar verdad, justicia y reparación por los sindicalistas de Nestlé, 13 en total, asesinados desde 1984, uno de ellos Luciano Romero, caso por el cual hay abierto un proceso penal por la omisión en que incurrió la empresa, según explicó el presidente de Sinaltrainal.

 

Otra de las demandas tiene que ver con que Nestlé deje de hacer importaciones masivas de leche en polvo y otras materias primas y productos terminados que afectan la agroindustria nacional y ponen en riesgo los empleos y la estabilidad de pequeños y medianos productores, que son reivindicaciones del pasado paro nacional agrario.

 

Es de anotar que el 2011 Nestlé S.A. hizo negocios en Colombia por 90 mil millones de francos suizos, excelente balance que contrasta con la situación precaria de los productores proveedores de la compañía y de los trabajadores.

 

Nestlé, por su parte, emitió un comunicado en el que sostiene que ha cumplido con todos los acuerdos convencionales y lamenta que Sinaltrainal recurra a la huelga de hambre como método de lucha.

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Huelga en la Drummond continúa, hoy completa 50 días

Como ilegal denunció Sintramienergética (sindicato mayoritario de la Drummond), la manera como se convocó y se dio la votación que en días pasados la empresa promovió entre su personal administrativo y los trabajadores afiliados a los dos sindicatos minoritarios, con el objetivo de levantar la huelga.

 

Por lo cual tal votación en la práctica no ha tenido ningún efecto y la huelga, que hoy cumple 50 día, sigue paralizando las actividades en el complejo carbonífero a cielo abierto de la Drummond en la Costa Caribe colombiana, que comprende las minas Pibbenow y El Descanso en el municipio El Paso (Cesar) y al puerto de embarque en Ciénaga (Magdalena).

 

Este es un complejo minero que ocupa unos 10 mil trabajadores entre directos y tercerizados, y en situación normal produce 26 millones de toneladas año, equivalente al 29% de la producción nacional de carbón. Es el segundo productor después de El Cerrejón.

 

Precisamente Sintracarbón, sindicato de El Cerrejón, sumó su voz de apoyo a Sintramienergética, y en un comunicado expedido ayer alertó a los trabajadores del sector minero-energético y a la opinión pública por la “ilegal” manipulación que la multinacional estadounidense hace del conflicto. “Ahora, con la votación ilegal contra la huelga, Drummond vuelve a poner de presente que la cultura antisindical es norma empresarial. Esta decisión en vez de ablandar a los trabajadores los mueve a defender los principios sindicales y a hacer respetar sus condiciones laborales”, señala en su comunicado Sintracarbón.

 

Además hizo un llamado al Ministerio de Trabajo para que haga respetar el orden jurídico y demuestre que sí tiene la intención de hacer valer la libertad sindical, declarando la nulidad de la votación promovida por Drummond entre empleados no sindicalizados, muchos de ellos de confianza y manejo y por tanto impedidos para tomar parte en el conflicto.

 

Por su parte Éver Causado, vocero de Sintramienergética y miembro de la comisión negociadora, dijo que los trabajadores afiliados a este sindicato están en todo su derecho de continuar la huelga, amparados en el Decreto 2519 de 1993, que dice que la potestad para decretar la huelga, y también para levantarla y convocar a Tribunal de Arbitramento, la tiene el sindicato mayoritario de la empresa, titular del conflicto, en este caso Sintramienergética.

 

Éver Causado lamentó que la empresa no tenga una actitud propositiva frente a los trabajadores y mantenga su intransigente posición de no negociar con el sindicato los puntos que esté le planteó en el pliego de peticiones. Por el contrario, desde el principio del conflicto ha recurrido a distintos instrumentos para tratar de romper la huelga, como lo es la campaña de desinformación que ha desplegado en los medios de comunicación en la región del Cesar, y la fórmula de promover votaciones ilegales entre los trabajadores no afiliados al sindicato mayoritario.

 

Como se sabe, los días 3, 4 y 5 de septiembre los dos sindicatos minoritarios de la Drummond convocaron a los trabajadores para que votaran por el levantamiento de la huelga. Según datos de la empresa, aún no oficializados por el Ministerio de Trabajo, hubo 2.549 votos a favor de que ésta se levante y el conflicto se dirima en Tribunal de Arbitramento. En otra votación similar convocada a mediados de agosto, el número de votos por el levantamiento de la huelga había sido mucho menor, apenas sí superó los 2.000 votos.

 

Pero más allá del número de votos, el argumento principal de Sintramienergética para desconocer esas votaciones y continuar con la huelga, es que éstas no se ajustaron a los parámetros del Decreto 2519, y por tanto son ilegales.

 

Ver otras publicaciones de la Agencia de Información sobre el conflicto en la Drummond en los enlaces:


http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;1;-;-;&x=20168029
http://www.ens.org.co/index.shtml?apc=Na--;2;-;-;&x=20167974

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Indignados de media Europa se citan en Madrid contra la austeridad

Las políticas de austeridad han provocado en los últimos años el resurgir de grandes movimientos de protesta en la mayoría de países europeos, especialmente en los que se encuentran en el sur del continente. Desde Grecia a Portugal, pasando por España y Grecia, las acampadas, las grandes manifestaciones y las huelgas se han repetido en todas partes. Por eso, los activistas más concienciados creen que, al igual que los Estados, los movimientos de protesta tienen que estar unidos y contar con estrategias conjuntas. Y para llevar a cabo este propósito han organizado en Madrid el 'Ágora 99%', un encuentro internacional en el que se darán cita a partir de este jueves y que se prolongará hasta el domingo.

 

"Con este encuentro recogemos el testigo del que tuvo lugar en Frankfurt hace unos meses", relata a Eva Muñoz, una joven madrileña que se ha volcado durante las últimas semanas en preparar estas jornadas de debate y discusión. Explica que "la idea es que en Madrid tengamos la oportunidad de reunir a movimientos sociales de Europa para intentar compartir nuestras experiencias, las diferentes realidades que vivimos en nuestros países y coordinar movilizaciones de aquí en adelante".

 


A la cita acuden activistas de un buen número de ciudades españolas para aprovechar la oportunidad de encontrarse con esas personas que viven en otros países, a los que no conocen, pero con los que comparten un objetivo común. También durante los últimos días han llegado los invitados de, al menos, Italia, Alemania, Grecia, Francia y Portugal. Para esta convocatoria los organizadores también tuvieron la intención de reunirse con los movimientos del otro lado del Mediterráneo, pero "por la dificultad que tienen para trasladarse", sólo vendrán algunos portavoces de Túnez y, posiblemente, de Egipto, "aunque están aún por confirmar", señala Muñoz.

 

En los talleres y asambleas que tendrán lugar durante el encuentro los activistas van a tratar los tres temas que han considerado fundamentales para analizar la actual realidad europea: deuda, derechos y democracia. Como reconocen en su página web, "son ejes amplios y queremos complejizarlos".

 

A falta de un lugar centralizado donde reunirse y dar alojamiento a todos los invitados, "hemos tenido muchas dificultades en este sentido" cuenta Muñoz, los organizadores han decidido repartir los talleres y asambleas en distintos centros sociales de Madrid afines al movimiento 15-M, como el Patio Maravillas o el EKO, o espacios que les han ido prestando. Para recordar la toma de las plazas, también celebrarán el domingo una gran asamblea en la Puerta del Sol.

 

La organización, que ha llevado varios meses, ha corrido por cuenta de "varios colectivos y asambleas del movimiento 15-M y los propios centros sociales", según explica la joven. Sin embargo, considera que tanto esfuerzo ha valido la pena y tiene buenas expectativas. "Hemos intentado darle un carácter práctico. No queremos sólo un foro para compartir opiniones, queremos que salgan cosas concretas", aclara. Y por eso, se han puesto un objetivo muy claro: "un calendario de fechas de movilizaciones conjuntas para que en toda Europa podamos demostrar que los de abajo, el 99%, también estamos unidos".

 

Por LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUELMadrid01/11/2012 08:00 Actualizado: 01/11/2012 09:07

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Jueves, 01 Noviembre 2012 06:37

Grecia también privatiza

Grecia también privatiza

El gobierno griego, que dirige el conservador Antonis Samaras, logró ayer que el Parlamento ratifique el plan de privatizaciones exigido por la troika para profundizar los ajustes. Ante esta decisión, los sindicatos griegos convocaron para la semana próxima una huela general de 48 horas.

 

Esta iniciativa –que allana el camino a la venta de aeropuertos, sociedades eléctricas y otras empresas estatales– elimina el porcentaje mínimo de capital que debe tener el Estado en las hasta ahora empresas públicas y amplía hasta los 99 años el período en que se puede dar la concesión de un bien público a empresas privadas. Otro artículo relevante votado ayer permite que la decisión de las privatizaciones pueda ser tomada por Taiped, un organismo estatal de funcionamiento independiente, sin necesidad de recibir el visto bueno del Parlamento, algo que exigían los socios progresistas del gobierno, los partidos Pasok y Dimar. Sin embargo, uno de los aspectos más cuestionados del plan es que el gobierno redujo ostensiblemente la cantidad de dinero que prevé ingresar a través de las privatizaciones y concesiones de propiedades estatales.

 

Considerada como un importante test para la supervivencia del gobierno de coalición, la ley de privatizaciones obtuvo el apoyo de 148 diputados frente a 139 votos en contra y registró un número de apoyos menor al número de escaños con que cuenta la coalición gobernante formada por el partido conservador Nueva Democracia, con 127 diputados; el Pasok, con 33, y Dimar, con 16. Los resultados de la jornada mostraron la fragilidad de la coalición que dirige Samaras de cara a la crucial votación de la semana que viene, en la que se debe ratificar los recortes presupuestarios para 2013 y una serie de reformas estructurales y de flexibilización laboral que despiertan el rechazo de parte de la coalición gobernante. Una muestra de esta división fue la ausencia en la votación del líder del Pasok, Evangelos Venizelos, y de Dimar, Fotis Kuvelis.

 

En el primer plan de reformas estructurales firmado en 2010 por la troika –Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional (FMI)– y el gobierno griego se vaticinaba que ingresarían 50 mil millones de euros hasta 2015. Esta cifra fue reducida ya en el nuevo acuerdo, alcanzado a principios de este año, a los 19 mil millones de euros. Pero ahora, las previsiones del gobierno admiten que en total los ingresos del Estado heleno no superarán los 11.145 millones de euros, a pesar de que se amplió el período hasta finales de 2016, según explicó el presidente de Taiped. Takis Azanasopulos, en el Parlamento.

 

En tanto, según las previsiones incluidas en los presupuestos para el 2013, la economía griega se contraerá un 4,5 por ciento el año próximo, sexto año consecutivo de recesión, en el que la deuda se incrementará al 189 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI). En términos absolutos, la deuda del Estado griego alcanzará los 346.200 millones de euros a finales de 2013, menor que la que existía al final de 2011, con 355.657 millones de euros, pero la contracción del PIB ha hecho que su sostenibilidad sea cada vez menor: si en 2011 la deuda suponía un 170,6 por ciento del PIB, a finales de 2012 se incrementará al 175,6 por ciento y al 189,1 por ciento en 2013. Las previsiones, presentadas ayer al Parlamento heleno por el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, son sensiblemente peores a las calculadas a inicios de mes, en el primer borrador del Presupuesto, donde se vaticinaba una recesión del 3,8 por ciento del PBI, y han sido revisadas. Esta contracción de la economía es uno de los factores determinantes de la creciente insostenibilidad de la deuda pública griega.

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La situación se mantiene tensa en Sudáfrica. La mayoría de los trabajadores de la La situación se mantiene tensa en Sudáfrica. La mayoría de los trabajadores de la mina de Lonmin en Marikana no han acudido hoy a sus puestos a pesar del ultimátum dado por la compañía, que había amenazado con despedir a aquellos que hoy siguieran en huelga. Lonmin ha extendido este plazo a mañana.
  no han acudido hoy a sus puestos a pesar del ultimátum dado por la compañía, que había amenazado con despedir a aquellos que hoy siguieran en huelga. Lonmin ha extendido este plazo a mañana.
 
 
Hoy lunes era el primer día laboral tras los sucesos del pasado viernes, cuando al menos 34 mineros murieron y más de 70 resultaron heridos por disparos de la Policía mientras protestaban en las cercanías de la mina. Las operaciones se encontraban paralizadas desde el 10 de agosto, cuando unos 3.000 mineros dejaron sus puestos para exigir un aumento de sueldo. Durante este fin de semana, la empresa había dicho que los trabajadores que no regresaran a sus puestos hoy lunes serían despedidos.


"Lonmin puede confirmar que hoy se han reanudado los trabajos en la mina de Marikana gracias a que un número significativo de empleados han regresado al trabajo", dijo esta mañana en un comunicado la compañía, con sede en el Reino Unido. "Casi una tercera parte de los 28.000 empleados acudieron a sus puestos en el turno de mañana".

 
La empresa ha admitido que no podía saber si entre los trabajadores que acudieron hoy había algunos de los que han participado en las protestas y ha señalado que extiende a mañana martes el plazo para que el resto de empleados vuelvan al trabajo.
 

"Los trabajadores que mantienen la huelga ilegal y que no han regresado esta mañana no serán despedidos y se les ha dado un día más en vista de las presentes circunstancias", continúa el comunicado de Lonmin.

 
La mayoría de los trabajadores en huelga se han mostrado partidarios de continuar con las protestas, según se desprende de las entrevistas que los medios locales han realizado en el terreno
 

"Ya hay personas que han muerto, así que no tenemos nada que perder", dijo el minero Kaizer Madiba al periódico sudafricano Times. "Vamos a seguir peleando por lo que creemos que es una lucha legítima sobre nuestros sueldos. Estamos dispuestos a morir como nuestros camaradas antes que ceder".

 
"Es mejor morir que trabajar por esta mierda. La gente va a volver a regresar aquí mañana (por este lunes, al lugar de las protestas). Yo voy a seguir en huelga", dijo ayer otro minero al Mail & Guardian, otro diario sudafricano.
 

En total, 44 personas han muerto en varios enfrentamientos desde que el 10 de agosto unos 3.000 mineros abandonaran sus puestos. Lo hicieron para protestar por sus condiciones de trabajo y exigir un considerable aumento de sueldo, en una acción que Lonmin llamó "una huelga ilegal" y que le obligó a cerrar sus operaciones en Marikana.

 
En los sucesos del pasado viernes, mineros armados con palos, machetes y lanzas cargaron contra un grupo de policías que estaban alzando un perímetro de seguridad. Los agentes dicen que dispararon contra los mineros en defensa propia y que fueron los trabajadores los que abrieron fuego en primer lugar, algo que no se ha podido confirmar independientemente.
 

Grupos defensores de los derechos humanos y medios de comunicación en Sudáfrica han criticado a la policía, a la que acusan de responder de forma desproporcionada. Antes de estos incidentes, dos guardas de seguridad de la mina y dos policías habían muerto a manos de grupos violentos de mineros.
 

Los mineros quieren que sus salarios, de entre 4.000 y 5.000 rand sudafricanos (entre unos 390 y 490 euros), aumenten a 12.500 rand (unos 1.220 euros). La mayoría están representados por la Asociación de Mineros y Trabajadores de la Construcción (AMCU, en inglés), un sindicato de reciente creación y muy activo que está enfrentado al mayoritario Sindicato Nacional de Mineros de Sudáfrica (NUM, en inglés). El NUM ha dominado la escena sindical durante los últimos 25 años y está conectado políticamente con el Congreso Nacional Africano (ANC, en inglés), el partido gobernante del presidente Jacob Zuma.

 
Las protestas de los trabajadores de Lonmin en Marikana y el conflicto entre los dos sindicatos son las más llamativas de toda una serie de manifestaciones muy frecuentes en Sudáfrica en los últimos meses, según comentó a El País Hamadziripi Tamukamoyo, investigador en el programa de Crimen y Justicia del Instituto de Estudios sobre Seguridad de Sudáfrica (ISS).

 
Los altos niveles de paro, oficialmente del 25 por cien pero de más del 50 por cien entre los jóvenes, contribuyen a la tensión social. Además, se unen al hecho de que una mayoría de sudafricanos ha visto como el crecimiento económico de su país está beneficiando casi únicamente a la minoría blanca y a una élite negra cercana al poder político.

 
"El Estado no ha cumplido con la entrega de servicios básicos y la gente tiene preocupaciones legítimas sobre estos servicios como educación, agua corriente o electricidad", explicó Tamukamoyo.


Por José Miguel Calatayud Nairobi 20 AGO 2012 - 09:20 CET
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Lunes, 20 Agosto 2012 08:40

El paro estatal se prolonga en Brasil

El paro estatal se prolonga en Brasil
El gobierno de la presidenta brasileña Dilma Rousseff y los sindicatos que representan a los trabajadores del Estado no llegaron a un acuerdo en el marco de las negociaciones que confluyeron el sábado por la noche, por lo que el paro acatado por cerca de 350.000 empleados estatales, iniciado hace tres meses, continúa adelante. Las autoridades buscan descomprimir el conflicto sindical ante la posibilidad de que la medida de fuerza termine golpeando los cimientos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) en las elecciones de octubre. Luego de recibir a un grupo de gremialistas, el secretario de Trabajo del Ministerio de Planificación, Sergio Mendonca, declaró que el gobierno no aceptaba modificar el parámetro de negociación que fija un aumento del 15,8 por ciento a ser pagado de forma escalonada hasta 2015.


Mendonca se refirió en esos términos luego del encuentro mantenido el sábado por la noche en Brasilia con los gremialistas, en una negociación que revela la preocupación de Rousseff por conseguir el fin de una huelga que se presenta como la más seria de la última década y que ya la enfrentó con sindicatos vinculados al PT. La semana pasada se realizó una marcha en la capital brasileña donde se lanzaron fuertes críticas contra la mandataria y en la que participaron gremios de la Central Unica de los Trabajadores (CUT) cuya dirigencia está afiliada al PT.


El gobierno, a través de Gilberto Carvalho, secretario de la Presidencia, y José Eduardo Cardozo, secretario de Justicia, convocó a los sindicatos a que se conduzcan con equilibrio y recordando que el país está siendo afectado por la crisis. Incluso el ministro de Hacienda, Guido Mantega, advirtió hace una semana a los sindicatos por los efectos negativos que podría ocasionar el aumento de los salarios con un Producto Bruto Interno (PIB) que arañó el 2,7 por ciento en 2011, y que podría crecer menos del 2 por ciento durante este año.


A pesar del intento del gobierno por empujar a los gremialistas a abandonar la huelga, los sindicatos prefirieron no acatar los consejos de los ministros. Hace tres meses los docentes universitarios de 57 casas de estudios iniciaron una huelga que, por entonces, parecía aislada. Sin embargo, poco tiempo después comenzó una serie de paros, que actualmente afectan a más de treinta reparticiones públicas, con cerca de un millón de afiliados, según estimaciones publicadas ayer por el diario Estado de São Paulo.


La ola de huelgas que paralizaron parte de la administración pública brasileña se prolongará esta semana con dos paros inéditos, uno convocado por la entidad que nuclea a los diplomáticos y otro en el que los policías suspenderán el control de pasajeros en los aeropuertos internacionales. La primera huelga de la historia del Servicio Exterior brasileño se inició en junio, cuando se suspendieron las actividades en 130 misiones en todo el mundo, medida levantada provisoriamente y que será retomada el miércoles, según informó el Sindicato Nacional de Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores (Sinditamaraty).


“Presentamos un oficio para ser oídos por el Ministerio de Planificación y ni siquiera nos respondieron, el gobierno sólo oye a quienes van a la huelga, entonces entraremos en huelga”, manifestó Helder Nozinha Pereira, portavoz de Sinditamaraty. El fracaso de las negociaciones que tuvieron lugar durante el fin de semana parece indicar que el enfrentamiento entre las autoridades y los gremios podría prolongarse por más tiempo, pese a que Rousseff habría instruido a sus colaboradores para que el conflicto sindical se destrabe finalmente durante el transcurso de esta semana.


Por su parte, José Nilton Acosta, de la Confederación Nacional de Trabajadores del Servicio Público Federal, que se sentó a negociar en persona con el Ministerio de Planificación, aseguró que el incremento del 15,8 por ciento ofrecido por el gobierno no satisface las expectativas de los trabajadores estatales porque “está muy lejos de la corrección salarial exigida”.


En el contexto de la disputa entre sindicalistas y el gobierno, el diario Folha de São Paulo publicó que la popularidad de Rousseff, “pese a seguir altísima” y en torno al 70 por ciento, ha sufrido una caída de 10 puntos en San Pablo y 6 puntos en Río de Janeiro, las dos principales ciudades del país.

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Después de la masacre, la amenaza de despido
Tres días después de la masacre que se cobró la vida de un grupo de trabajadores en una mina de la sudafricana ciudad de Marikana, Lonmin, la empresa británica a cargo de la explotación del yacimiento amenazó con despedir a los trabajadores que mantengan la medida de fuerza y no regresen hoy a sus puestos de trabajo. A pesar de la amenaza, la mayoría de los huelguistas rechazó la intimación y mantiene su reclamo por un aumento del 200 por ciento. Entre el 10 y el 12 de agosto, diez personas –entre ellas dos policías– murieron en choques entre los trabajadores y las fuerzas de seguridad. Pero el jueves la cifra de víctimas aumentó cuando la policía abrió fuego contra una manifestación de obreros desarmados, asesinando a 34 mineros e hiriendo a otros 78. Luego de la matanza, el presidente Jacob Zuma decretó una semana de duelo nacional a partir de hoy en honor a las 44 víctimas de la mina de platino.


“El ultimátum final ha sido aplazado hasta el lunes 20 tras los acontecimientos del jueves”, dijo Gillian Findlay, vocero de Lonmin en un correo electrónico. Los trabajadores “en huelga ilegal” para reclamar aumentos salariales tienen “una última oportunidad de reanudar el trabajo o enfrentarse a un posible despido”, señaló el texto de la empresa. Ayer por la mañana, la mayoría de los mineros parecían dispuestos a rechazar la exigencia de la firma británica hasta tanto la dirección de la mina no accediera a escuchar y satisfacer sus reivindicaciones salariales. “Yo no vuelvo al trabajo. ¿Dónde está el dinero?”, se preguntaba David Sikonyela, un minero de 52 años, luego de conocer la postura de la empresa.


“Esperar que volvamos a trabajar es un insulto, muchos de nuestros amigos y colegas están muertos. ¿Esperan que reanudemos el trabajo? ¡Jamás!”, sentenció Zachariah Mbewu. “De todos modos, es mejor que nos echen, porque aquí sufrimos. Nuestras vidas no van a cambiar. A Lonmin le da igual nuestro bienestar, hasta ahora se ha negado a hablar con nosotros y ha enviado a la policía para matarnos”, señaló furioso Thapelo Modima, de 46 años. Los mineros, que al mes ganan en promedio unos 4000 rands (480 dólares), piden 12.500 rands (1500 dólares aproximadamente).


Mientras anunciaba su intención de decretar siete días de duelo nacional, el presidente Zuma manifestó que la nación estaba conmocionada y apenada, llamó a unirse contra la violencia y a reafirmar la fe en la paz, la estabilidad y el orden. Desde la presidencia se indicó igualmente que el jueves 23 de agosto será el día oficial para las ceremonias conmemorativas previstas en el país para homenajear a los mineros asesinados. En el mismo comunicado, Zuma adelantó la conformación de una comisión interministerial encargada de investigar la tragedia. Antes de que el duelo por los 44 muertos se anunciara, los comentarios políticos contra el jefe de Estado se multiplicaron y apuntaron contra el mandatario por haber mostrado una actitud pasiva durante todo el conflicto minero.


Los diarios dominicales aparecieron empapelados por la imagen de Julius Malema, el joven populista que salió del anonimato tras ser excluido en abril del gobernante Congreso Nacional Sudafricano (ANC, según sus siglas en inglés) acusado de haber hecho reiteradas provocaciones contra esa fuerza. Es que con los asesinatos consumados, el ex líder de las juventudes del ANC fue a ver el sábado a los mineros que continuaban con la medida de fuerza. Durante la visita acusó al presidente Zuma de ser el máximo responsable de la masacre y le pidió que presente su renuncia al Ejecutivo. “Zuma no se interesa por los mineros. Ayer (por el viernes) vino aquí y se reunió con los blancos. Ni siquiera sabe si los mineros están sanos y salvos”, dijo rodeado de huelguistas.


En tanto, ayer se supo, en el marco de la pesquisa, que la Dirección de Investigación Independiente de la Policía de Sudáfrica (IPID, en inglés) pudo recuperar al menos trescientos casquillos de bala en el lugar donde la policía disparó con impunidad aviesa sobre la columna de obreros que estaban en huelga, según informan ayer medios locales. El semanario Sunday Tribune publicó que investigadores del IPID secuestraron, además de las trescientas vainas, armas que fueron utilizadas supuestamente durante la masacre, calificada como el peor episodio de violencia desde principios de los ’90, cuando el régimen sudafricano racista conocido como apartheid llegó a su fin. El mismo medio señaló que un equipo de 43 policías peinaron en la noche del sábado la zona donde los mineros cayeron baleados para recoger más pruebas que esperan utilizar durante la instrucción de la causa.


Por otra parte, el gobierno citó a 180 testigos de la matanza para ser interrogados y averiguar las circunstancias de la balacera. Un total de 34 mineros, armados con palos y machetes y que llevaban varios días en huelga para protestar por las condiciones de trabajo impuestas por Lonmin fueron acribillados a tiros por un grupo de policías. En su descargo, los agentes aseguraron que habían actuado en defensa propia ante el ataque enardecido de los manifestantes. El Instituto Sudafricano para las Relaciones Raciales señaló que la respuesta policial fue completamente inaceptable. “Aunque se hubiera provocado a la policía, se les hubiera disparado durante el incidente o estuvieran afectados por la muerte de dos de sus colegas en los días anteriores de la huelga, ningún agente disciplinado y bien entrenado debería disparar sobre el público”, subrayó el grupo de derechos humanos en su comunicado. La ministra de Recursos Minerales de Sudáfrica, Susan Shabangu, adelantó que el gobierno de Zuma creará una comisión que examine las leyes laborales que rigen la explotación del platino. El grupo de expertos estaría compuesto, en principio, por miembros de la industria, los sindicatos, representantes del gobierno y líderes tradicionales del sector.

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La Policía dispara contra los mineros en Sudáfrica
La agencia de noticias sudafricana Sapa ha informado de que hasta 18 personas yacían en el suelo tras los duros enfrentamientos entre la Policía de Sudáfrica y un grupo de mineros que se manifestaban por sus condiciones laborales. Las autoridades aun no han informado cuántas de ellas fallecieron.

Los medios locales explicaron que la Policía tuvo que abrir fuego contra los manifestantes, quienes cargaron contra los agentes armados con machetes y lanzas.

Se desconoce por el momento si algún policía perdió la vida durante la violenta jornada de huelga de hoy, al igual que tampoco se ha concretado cuántos han sido víctimas de los disparos de la policía, y cuántos son resultado de enfrentamientos entre los propios mineros.

Los disturbios en la mina de Lonmin, situada en la localidad de Marikana, en la provincia del Noroeste, comenzaron el pasado viernes y hasta ayer habían fallecido 10 personas en incidentes violentos entre los propios huelguistas y enfrentamientos de los mineros con las fuerzas de seguridad.

El conflicto se inició como resultado del enfrentamiento entre dos sindicatos rivales, la mayoritaria Asociación de Trabajadores de la Minería y la Construcción (AMCU) y la Unión Nacional de Mineros (NUM), que comenzaron el viernes pasado tras el inicio de una huelga.

Seis mineros, dos policías y dos guardias de seguridad murieron durante estos disturbios. La Policía ha desplegado desde entonces un amplio dispositivo para contener a los manifestantes, que la prensa sudafricana cifró hoy en al menos 3.000 personas.

La NUM y AMCU se han enfrentado con anterioridad para tratar de obtener un mayor número de afiliados en las explotaciones sudafricanas.

AGENCIAS Johannesburgo 16/08/2012 21:14 Actualizado: 16/08/2012 23:23

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Londres, 30 de junio. Cientos de miles de maestros, empleados y funcionarios públicos sindicalizados comenzaron hoy una huelga de 24 horas y marchas en calles y plazas públicas de Londres y otras 80 localidades británicas, como parte de una campaña para presionar al gobierno en el proceso de negociación de una reforma al sistema de pensiones.

El paro laboral afectó actividades en la mitad de 21 mil 500 escuelas públicas, 80 por ciento de las universidades, juzgados, puestos de migración en aeropuertos, oficinas de recaudación de impuestos, expedición de licencias de manejo, atención de llamadas a la policía londinense y museos, como el Británico, donde decenas de trabajadores participaron en un mitin frente al edificio.

Las medidas sindicales fueron criticadas por políticos de la coalición gubernamental formada por los partidos Conservador y Demócrata Liberal e incluso por el Laborista, en la oposición.

El primer ministro David Cameron dijo el miércoles que la huelga es un acto irresponsable y no se justifica porque las negociaciones para la reforma al sistema de jubilaciones y pensiones están todavía en curso.

Ed Miliband, líder de los laboristas, se puso del lado del gobierno en este punto al señalar que "estas huelgas, en un momento en el que las negociaciones están todavía en marcha, son una equivocación".

La iniciativa oficial de reformas se enmarca en un plan del gobierno para eliminar el déficit presupuestal en 2015, que equivale a 10 por ciento del PIB.

El ambiente económico generado por la crisis estadunidense que estalló entre 2007 y 2008 ha propiciado la congelación de salarios y la inseguridad laboral.

En caso de que se apruebe la reforma, los empleados deberán hacer mayores contribuciones a sus fondos de pensiones y la edad para la jubilación pasará de 60 a 66 años.

Asimismo, las pensiones de los funcionarios dejarán de calcularse a partir del último salario obtenido y se fijarán con base en el promedio de ingresos de todos los años trabajados en el servicio público.

Cameron ha argumentado en varias ocasiones que la mayor expectativa de vida en Gran Bretaña sirve de base para que las pensiones del sector público modifiquen su régimen y sean costeables.

La Oficina Nacional de Estadísticas informó este año que de 1981 a 2001 la expectativa de vida aumentó de 76.8 a 80.4 años en mujeres, y de 70.9 a 75.7 en hombres. No obstante, la dependencia aclaró que el alargamiento de la vida no implica siempre buena salud.

Los dirigentes sindicales informaron que unos 750 mil empleados y funcionarios se adhirieron al paro de 24 horas, pero el gobierno de Cameron consideró que la cifra es menor.

La movilización sindical de este jueves es la más importante desde 2006 y es la primera vez que Cameron enfrenta un desafío de las organizaciones de trabajadores desde que asumió la jefatura de gobierno, en mayo de 2006.

La Asociación de Maestros y Profesores Universitarios estimó que 80 por ciento de los centros de enseñanza superior suspendieron actividades.

El paro no afectó los servicios de transporte ferroviario ni portuario, y aunque los agentes migratorios sí secundaron la huelga de 24 horas, los inconvenientes en aeropuertos fueron menores.

El Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS), que representa a funcionarios públicos, dijo que 200 mil de sus afiliados pararon actividades, pero según la administración de Cameron la ausencia fue de 100 mil.

"Esta es la huelga con más respaldo que hayamos tenido antes", declaró el secretario general del PCS. "Estamos enviando un mensaje claro al gobierno de que no toleraremos los ataques al derecho de las pensiones, duramente ganado", agregó.

La mayor manifestación callejera se realizó en Londres, con la asistencia de 20 mil personas. Los trabajadores portaron pancartas en las que adviritieron: "Detengan el robo de las pensiones".

Aunque la marcha se desarrolló en general de manera pacífica, algunos choques con la policía llevaron a la detención de 26 personas. Otras marchas se llevaron a cabo en Cardiff y Liverpool.

Las expresiones de repudio al paquete de reformas planteado por Cameron –quien actúa en consonancia con otros gobiernos de Europa– comenzaron a finales de 2010, cuando se supo de los planes para aumentar las cuotas de servicios de educación superior.

En marzo pasado, unas 250 mil personas marcharon en Londres contra los recortes presupuestales generales, la congelación de los salarios y la eliminación de 330 mil empleos públicos hacia 2015.

Analistas de prensa han señalado en este ambiente que los sindicatos de trabajadores del sector público carecen del apoyo popular que tuvieron movimientos laborales como el de los mineros entre 1972 y 1974, que se expresó en la pérdida de popularidad del gobierno y su consecuente caída.

Masivos despidos en Lloyds

El británico Lloyds Banking Group, socorrido por el Estado durante la pasada crisis, anunció el jueves que suprimirá 15 mil puestos para 2014, de los 106 mil que tiene actualmente, en el marco de un nuevo plan destinado a sanear sus cuentas.

Este banco, del cual el Estado británico posee más de 40 por ciento, señaló en un comunicado que pretende ahorrar unos 2 mil 400 millones de dólares anuales hasta 2014 con esta drástica restructuración.

También para ese año Lloyds Banking Group pretende abandonar "más de la mitad" de los 30 países donde tiene presencia.

LBG, un gigante en Gran Bretaña pero poco conocido en el extranjero, nació de la fusión a principios de 2009 entre Lloyds TSB, por entonces floreciente, y su rival HBOS (Halifax-Bank of Scotland), que estaba carcomido por créditos tóxicos.

Afp, Dpa, Reuters y The Independent

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