Viernes, 10 Septiembre 2010 06:31

El Parlamento español aprueba reforma laboral

El Congreso de los Diputados español aprobó definitivamente ayer una ley que flexibiliza el mercado laboral. Frente a esta situación,  los sindicatos convocaron a una huelga general, dentro de un contexto marcado por un desempleo que supera los cuatro millones de personas. 
 
Los dos principales sindicatos españoles, UGT (Unión General de Trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras), reaccionaron   ante el anuncio  y reunieron a 16.000 delegados, en la plaza de toros Vista Alegre de Madrid, para preparar la huelga del 29 de septiembre. En el acto multitudinario se gritaron consignas contra el Gobierno, como  “Zapatero dimisión” y “A la huelga”.
 
En general, la nueva ley generaliza un contrato de trabajo por tiempo indefinido con menor indemnización por despido, limita el recurso a contratos temporales, introduce más flexibilidad horaria en las empresas y facilita el despido por razones económicas.
 
La reforma impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pretende flexibilizar el mercado laboral para que sea más competitivo, en un país donde el desempleo se disparó durante la crisis a más del 20%, o sea el doble de la media de la Unión Europea (UE), problema que no solo lo enfrentan los españoles sino también los extranjeros, entre ellos los ecuatorianos, que viven en España.  Según  estadísticas del Observatorio Permanente de la Inmigración, adscrito al Ministerio de Trabajo e Inmigración español, el total de inmigrantes con tarjeta asciende a 4´842.499 personas, de los cuales    437.279 son ecuatorianos. De ellos, más de 64.000 compatriotas se encuentran sin trabajo, de acuerdo con datos del mismo Ministerio.
 
Con esta reforma las empresas podrán despedir por absentismo a los trabajadores que falten a su puesto durante más de un 20% de las jornadas hábiles a lo largo de dos meses consecutivos, o el 25% si son 4 meses discontinuos dentro de un período de un año, informó el diario El País.   
 
 El gobierno había aprobado esta reforma por decreto ley el 16 de junio, en un momento en que los mercados miraban con lupa a España por las dudas existentes sobre su capacidad para frenar la explosión de sus déficits públicos. Pero el Ejecutivo aceptó que este decreto, con entrada en vigor inmediata, quedase en un proyecto de ley y fuera debatido por los diputados y los senadores para que se pudieran introducir enmiendas.  
 
Finalmente la reforma fue aprobada gracias a la abstención de los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV, centroderecha).  Esta reforma, junto con la intención del gobierno de retrasar la edad de jubilación de 65 a 67 años, sacó de sus casillas a los sindicatos.
 
Sin embargo, los secretarios generales de CC.OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han mostrado convencidos de que la huelga general del próximo 29 de septiembre servirá para que el Gobierno dé marcha atrás.    Para Cándido Méndez, la reforma aprobada va a “facilitar el despido y debilitar la tutela judicial, lo que va a significar que en una situación en la que España es el país con mayor tasa de paro de Europa, seguirá  en “el pelotón de los rezagados en el futuro”. Según él, “la reforma laboral es una regresión social muy seria”.
 
En cuanto a la suma del retraso de la jubilación y el despido barato, Méndez dejó una pregunta en el aire: ¿Quiénes van a contratar a alguien hasta los 67 años?, publicó El País. 
 
Ignacio Fernández Toxo, líder del CC.OO, señaló que la huelga general tiene sentido,  confió en que sea un éxito de participación y que de ella se derive un cambio en las políticas del Gobierno, no solo en materia laboral, sino también en lo que se refiere a las propuestas referidas a la protección por desempleo y la reforma del sistema de pensiones.
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Los franceses decidirán hoy con su participación en manifestaciones y huelgas, convocadas por las ocho centrales sindicales del país, si aceptan el proyecto de recortar el sistema de pensiones públicas planeado por Nicolas Sarkozy. Los líderes de las centrales dejaron claro que apuestan por una movilización masiva de unos dos millones de ciudadanos, y avisaron al Gobierno de que renovarán las acciones hasta obtener cambios "fundamentales" en el plan gubernamental.

"Si no hubiera manifestaciones por la pensiones, eso querría decir que ya no estamos en Francia". La frase sarcástica la pronunció la semana pasada el todavía ministro de Trabajo, Éric Woerth, ante la patronal francesa. Woerth, pese a estar implicado en el caso Bettencourt de tráfico de influencias, ocultación de fraude fiscal y financiación irregular de partidos, sigue en su cargo, ejerciendo de cara visible de la reforma, por decisión personal de Sarkozy. Quizá porque el presidente espera así concentrar la ira de la opinión pública no en el contenido de la reforma, sino en la figura de ese peón político.

Mientras las calles francesas probablemente rugirán hoy al son de vuvuzelas, bocinas de ferroviarios y eslóganes sindicales, Woerth en persona empezará a defender el proyecto de ley en el hemiciclo de la Asamblea Nacional. El plan inicial de Sarkozy es que, pese a las casi 700 enmiendas presentadas 360 de la oposición, el proyecto de ley sea aprobado por el procedimiento exprés de la Cámara Baja el 15 de septiembre.

De ser así, el Gobierno evitará todo debate de fondo. Sarkozy quiere elevar de 60 a 62 años la edad legal de jubilación, de 65 a 67 la edad a la que se puede acceder a la obtención automática del 100% de la pensión de base, y seguir aumentando los periodos de cotización obligatorios, hasta los 41,4 años de trabajo. Asegura que esa es la única respuesta posible al incremento del déficit, números rojos que él imputa, sin matices, a la mayor esperanza de vida y al envejecimiento de la población.

Ese argumento del presidente es puesto en duda, con datos, tanto por los expertos de los sindicatos como por la oposición. Por ejemplo, la moderadísima Confederación General de Ejecutivos (CGC, principal sindicato de directivos en sus siglas en francés) descubrió que, incluso si se aprobase la reforma promovida por el Gobierno, en 2018 volvería a haber un déficit de 4.000 millones de euros.

Por su parte, Gérard Filoche, miembro de la directiva del Partido Socialista, ha señalado que un dato objetivo de la economía francesa es que la carrera laboral media de los franceses alcanza sólo 36,5 años trabajados. Por lo que, con la reforma Sarkozy en mano, "el único resultado será que los veteranos estén en paro más años antes de cobrar su jubilación y que, como no habrán cotizado lo suficiente, su pensión será aún menor".

El principal sindicato francés, la Confederación General del Trabajo (CGT), ha demostrado que con esta reforma la tasa de sustitución (porcentaje que representa la pensión respecto al último salario cobrado), bajaría del 73% actual al 54%. Y Martine Billard, diputada ecologista del Frente de Izquierdas, acaba de depositar una denuncia ante la Alta Autoridad de Lucha contra las Discriminaciones porque, con la reforma de Sarkozy, las mujeres trabajadoras saldrían más perjudicadas que los hombres, dados los vaivenes que sufren en su carrera.

El debate llega a la calle

Allí donde antes no había debate, ahora empieza a haberlo en las calles. El último sondeo Ifop, a principios de septiembre, indicó que un 70% de los franceses justificaba o apoyaba la jornada de huelgas. Un sondeo de Obea-Infraforces para la radio France Info elevaba ese apoyo al 73% de los franceses.

El secretario general de la CGT, Bernard Thibault, cargó: "Estamos en el momento del vuelco. Los sondeos demuestran que progresa el número de ciudadanos que aprueba los argumentos de los sindicatos y desaprueba los del Gobierno", y "si el jefe de Estado no acepta retocar los aspectos principales de su proyecto, habrá más acciones".

El equipo de Sarkozy ha dado señales de vacilación este fin de semana. La mano derecha del presidente, su secretario general Claude Guéant, pronunció la palabra "negociación" por primera vez. El presidente del Senado, el conservador Gérard Larcher, dijo al presidente que las manifestaciones "tendrán un significado, y ese mensaje habrá que escucharlo".

A Sarkozy, que aspira a ser reelegido en 2012, le conviene la dramatización máxima del combate con los sindicatos y una victoria simbólica al final para seguir pasando por un reformador. Como ya hizo con la reforma de los regímenes especiales de pensiones en 2007, recién elegido, está dispuesto a ceder en el fondo, sin luz ni taquígrafos, a cambio de poder salvar las apariencias en los telediarios.
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El Gobierno conservador de Panamá ha aprobado una ley que prohíbe la huelga y elimina la necesidad de estudios de impacto ambiental en los proyectos de las transnacionales en el país.

“No es un movimiento de los partidos de oposición contra una ley, sino de la población en resistencia contra la política que hemos sufrido en el último año”, dijo Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor. Panamá vive una sucesión de huelgas y manifestaciones cuyo detonante fue la aprobación el 16 de junio de la llamada Ley 30 por parte del Gobierno conservador de Ricardo Martinelli, de Acción por el Cambio. Esta ley se ha impuesto “en sólo tres días, sin debate, y con la argucia legal de modificar una ley sobre aviación comercial, con la intención de pasar desapercibida ante la opinión pública”, dice Silvestre Díaz, del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso).

La Ley 30 desmantela el derecho a la huelga y a la libre sindicación en las empresas privadas y niega el derecho de reunión de los trabajadores. Además, la nueva norma elimina la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental en las obras que el Estado considere que sean de interés social. El presidente de Panamá, tras la aprobación de esta polémica ley, declaró que el país está listo para la inversión extranjera. “En pocas palabras, es un atentado contra los derechos sociales y ambientales en nuestro país”, señala Díaz.

Durante el mes de julio, trabajadores y estudiantes se han echado a la calle para pedir la derogación de esta nueva normativa. El 13 de julio se llevó a cabo una huelga general que tuvo un gran seguimiento en todos los sectores. Según la Coordinadora Nacional de Lucha por el Respeto a la Vida y la Dignidad del Pueblo, integrada por diversas organizaciones sindicales y sociales, “la huelga fue un éxito en sectores como la construcción, donde paró el 95% de los trabajadores, el 80% de los maestros pararon y en la universidad se alcanzó el 95%. Organizaciones sindicales han denunciado la violencia con la que reaccionaron los antidisturbios, los centenares de manifestantes detenidos durante la jornada de lucha y los arrestos posteriores.

Seis muertos en las protestas

Las primeras movilizaciones contra el derecho de huelga se llevaron a cabo en la región bananera de Bocas del Toro, zona fronteriza con Costa Rica. Allí las manifestaciones han dejado un saldo de seis muertos. Los trabajadores del banano apoyaron la huelga general con una marcha, a pesar de la decisión de suspender el paro de nueve días, que habían mantenido, y que tuvo a toda la provincia incomunicada. “No fue una decisión fácil, pero hemos llegado a un acuerdo con el Gobierno. Van a postergar los artículos más polémicos de la ley” dijo un representante sindical. El actual movimiento contra la Ley 30, que agrupa a trabajadores de diferentes sectores industriales, estudiantes, campesinos e indígenas (como el pueblo Naso, con tradición en la resistencia contra las multinacionales), cuenta con una fuerza que no se había visto desde hace muchos años en Panamá.

Sin oposición parlamentaria

Ricardo Martinelli, de la conservadora Alianza por el Cambio, llegó al poder tras las últimas elecciones generales de mayo de 2009. Arrasó entre el electorado (70% de los votos) con la promesa de liderar el país “como un supermercado”. Martinelli es un multimillonario, dueño de una cadena de supermercados. Mientras, la izquierda no cuenta con propuestas, como tampoco las tiene la ex candidata del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Balbina Herrera, que no tiene una posición izquierdista, exiliada en el extranjero. Por su parte, el anterior presidente, Martín Torrijos, del mismo partido, hijo del dictador Omar Torrijos, está envuelto en numerosos escándalos de corrupción. La situación social en Panamá es una bomba a punto de estallar. Martinelli lo sabía desde el principio y, por eso intentó desviar la atención con un discurso de mano dura contra los pequeños ladrones y a favor de la criminalización de organizaciones sociales. “Martinelli es el Fujimori de Panamá”, dice Díaz de Frenadeso. El presidente nunca se ha desmarcado de sus ideas. Su primera visita oficial como jefe de Estado fue a Italia para reunirse con Silvio Berlusconi y con el Papa. Se dice que entre sus ministros se encuentran varios miembros del Opus Dei, como el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Varela, que elogió el “comportamiento sensato” del ejército hondureño durante el golpe en junio 2009.

Durante la manifestación, la represión de la policía y los antidisturbios en la calle ha sido desmesurada. De momento, la única razón por la que todavía no ha salido el ejército en defensa de la oligarquía es que Panamá tuvo que disolver sus fuerzas armadas cuando EE UU les transfirió el canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999, como estaba previsto en el Tratado Torrijos-Carter de 1977. Por eso los gobiernos de este país, para afrontar una situación de “desorden público”, han apostado por la militarización de las fuerzas policiales (como se ha hecho en el país vecino Costa Rica que disolvió su ejército en 1948). Sin embargo, “la resistencia sigue a pesar de toda la opresión”, señala Silvestre Díaz. Entre los detenidos políticos de los últimos días se encuentran activistas de Frenadeso que no han participado en ninguna marcha. Según Díaz, la policía entró en sus casas arrestándoles con el pretexto de “participar en una reunión para paralizar el Canal de Panamá”.

Por Torge Löding
Diagonal
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Italia ha amanecido hoy sin noticias en la televisión y los quioscos apenas ofrecen periódicos a los lectores. Salvo algunos diarios afines al primer ministro, Silvio Berlusconi, como Il Giornale, Libero o Il Foglio, la huelga convocada por la FNSI (el sindicato de prensa) en protesta contra la ley mordaza está siendo secundada de forma masiva y afecta a más del 90% de los medios de información. Diarios, agencias, radios, televisiones y sitios webs no informarán durante toda la jornada de hoy para sensibilizar a los ciudadanos sobre las consecuencias de la ley que restringirá las escuchas judiciales y castigará su difusión en prensa.

Según la Federación Nacional de la Prensa Italiana, la nueva norma legal, que Berlusconi quiere aprobar antes de la pausa veraniega del Parlamento, limitará la libertad de información y golpeará la defensa de la legalidad y la lucha contra el crimen. El comunicado sindical afirma que "el proyecto de ley Alfano limita gravemente la libertad de prensa y prevé duras sanciones contra los editores y periodistas que den cuenta de los hechos de crónica judicial e investigaciones".

Los periodistas de los diarios pararon durante la jornada de ayer, mientras los trabajadores de las webs, radios, agencias y televisiones lo hacen hoy. En las televisiones el apagón informativo ha sido absoluto. El canal de información por satélite Sky Tg24, propiedad de Rupert Murdoch, ofrece sólo programas grabados y anuncia a sus telespectadores la huelga con rótulos. Los periodistas de la televisión pública nacional RAI también han decidido ir en su gran mayoría a la huelga, e incluso Canale 5, del grupo Mediaset de Berlusconi, no ha emitido su habitual informativo matinal de las 08.00 horas.El Corriere della Sera, la Repubblica, La Stampa, l'Unitá, il Fatto Quotidiano, Il Messaggero, pero también el diario católico Avvenire han colocado en sus páginas webs comunicados explicando su decisión de ir a la huelga a los lectores.

El paro "puede parecer una contradicción ante una ley que limita la libertad de información, firmada por un primer ministro que invita a los lectores a hacer huelga contra los periódicos", afirma en su manifiesto la Repubblica. "Pero no se trata de una huelga corporativa sino de una protesta para defender a los ciudadanos, a los que la ley niega el derecho a ser libremente informados".

"Esta huelga es además la única forma", añade, "en este desafortunado país de impropio monopolio televisivo, de dar a conocer al público de las televisiones lo que está ocurriendo en el circuito que forman el poder, la justicia, la información y la opinión pública: el intento de obstruir por medio de una ley ese circuito para que los magistrados que investigan vean limitado su trabajo de obtención de pruebas, los periodistas que informan deban callar, y los ciudadanos que pueden juzgar permanezcan en la ignorancia". "De esto", concluye la nota, "los telediarios de cámara no hablan: por un día el apagón informativo hablará por ellos y los telespectadores sabrán finalmente que hay un problema, y que les afecta".

Los trabajadores de il Corriere della Sera, por su parte, piden disculpas a sus lectores y explican: "Los periodistas del 'Corriere van a la huelga y pierden parte de su salario no por un conflicto económico y tampoco para defender privilegios corporativos, sino por una batalla civil que nos sitúa, en contra de nuestra voluntad, en primera línea".

La llamada "ley mordaza" prevé, entre otras, condenas de hasta 30 días de cárcel o sanciones de hasta 10.000 euros para los periodistas que publiquen escuchas durante las investigaciones judiciales o las actas bajo secreto, y fija multas de entre 300.000 y 450.000 euros para los editores de los medios que lo hagan.

Por MIGUEL MORA - Roma - 09/07/2010
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Miércoles, 30 Junio 2010 07:36

Madrid colapsó por una huelga del metro

Una virulenta huelga en el servicio de subterráneos dejó ayer paralizada la capital española. Los sindicatos se negaron a poner en marcha los servicios mínimos, la policía intentó infructuosamente asegurar al menos el servicio que conecta la ciudad con el aeropuerto y el gobierno de centroderecha que gobierna la región anunció sanciones a los trabajadores. En el País Vasco un paro general culminó con tres detenidos y multitudinarias manifestaciones en los grandes núcleos urbanos. Desde las centrales sindicales advirtieron al gobierno socialista que lo visto es apenas un anticipo de lo que se espera en septiembre, cuando se lleve a cabo la primera huelga masiva contra la administración de Rodríguez Zapatero.

La huelga había sido decidida la noche anterior en una áspera asamblea sindical y el motivo principal es el rechazo de los sindicatos al recorte del cinco por ciento de los salarios aplicado por el gobierno de Esperanza Aguirre, auténtico halcón del Partido Popular con aspiraciones presidenciales. Los trabajadores decidieron ignorar la obligación legal de mantener servicios mínimos, algo inusual y calificado por la prensa local de “medida salvaje”, lo que transformó a Madrid en un auténtico infierno. La red de subterráneos es una de las más grandes del mundo y mueve cada día 2,2 millones de viajeros. Sin ella, la ciudad colapsó.

La respuesta del gobierno local, en coordinación con el ministro del interior de Rodríguez Zapatero, Alfredo Pérez Rubalcaba, fue desplegar una cantidad inusual de policías e intentar infructuosamente mantener el contacto con el aeropuerto internacional de Barajas. A dos días del comienzo del mes de julio, inicio de la temporada veraniega en la península, el paro afecta los intereses turísticos, núcleo duro de la golpeada economía española.

Mientras los sindicatos anunciaban que la huelga había sido un éxito absoluto –no circuló ni un solo metro durante muchas horas– y exhibían su voluntad de continuar hoy con ella, el gobierno nacional tenía que hacer frente a otro conflicto, esta vez un masivo paro general en todo el País Vasco motorizado por los sindicatos nacionalistas. A tono con la tradición política vasca, a la huelga no le faltó nada: piquetes en las entradas de polígonos industriales y grandes empresas, carreteras cortadas, una catenaria de ferrocarril saboteada, escaramuzas con la policía, manifestantes detenidos. Cada vez está más claro que con la llegada del verano no sólo se ha recalentado la atmósfera. Según los sindicatos regionales, el paro tuvo un seguimiento del 75 por ciento, el gobierno socialista en Bilbao lo cifró en el 22 por ciento de la actividad privada y un 8,65 por ciento en la administración pública.

Por si no fueran suficientes los problemas, las huelgas de ayer sorprendieron al gobierno del PSOE mientras se encontraba enredado en la áspera disputa política que se ha abierto entre sus propias filas a propósito de la sentencia del Tribunal Constitucional que dejó sin efecto parte del estatuto autonómico de Cataluña. La reforma del “estatut” es una fuerte apuesta electoral de los socialistas que gobiernan en Barcelona y que aspiran a renovar mandato en las elecciones de la próxima primavera y el texto había sido impugnado ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular. Luego de años de disputa y fallos que nunca llegaban a buen puerto, el lunes se conoció al fin la sentencia que ha dejado satisfecho a Zapatero, preocupado al PP y muy enojados a los socialistas catalanes, que la “acatan pero no aceptan”.

Con grandes frentes políticos y sociales abiertos, a nadie le sorprendió la caída de la Bolsa de Valores. El Ibex madrileño cayó ayer el 5,45 por ciento, la tercera mayor caída de un año pródigo en descensos vertiginosos. La causa, según los principales analistas económicos, es la fragilidad de la banca privada. El BBVA, uno de los principales bancos del país, cayó el 7,24 por ciento y el Santander, un 6,79 por ciento.

Pero los españoles mucha cuenta no se dieron porque estaban esperando a su selección, que anoche se enfrentaba a Portugal. La espera ayudó a disimular molestias y temores de una jornada desquiciada, la primera de lo que promete transformarse en un caliente verano político en la península.

Por Oscar Guisoni
Desde Madrid
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Los alrededores del Parlamento de Grecia y de la Universidad de Atenas, a pocos metros de la Acrópolis y del Partenón, estaban ayer ocultos por el humo de los gases lacrimógenos de las fuerzas antidisturbios. Unas 11.000 personas, según cifras oficiales más de 70.000, calcularon los sindicatos se manifestaron este martes en la capital griega para protestar contra la política de recortes sociales del Gobierno. Es la sexta huelga general del año desde que las autoridades helenas tuvieron que adoptar un plan de austeridad debido a la crisis económica.

Muchos bancos y comercios del centro de Atenas respondieron a la llamada a la huelga de los sindicatos. Varios también echaron el cierre ante la violencia de algunos manifestantes. La policía se enfrentó a un grupo que arrojaba piedras contra el edificio del Parlamento, incendiaba contenedores de basura y montaba barricadas.

En Salónica, la segunda ciudad del país, unas 9.000 personas también se manifestaron y el transporte urbano estaba totalmente paralizado. En los muelles de El Pireo, el puerto cerca de Atenas que permite ir a las islas del Mediterráneo, los turistas estaban bloqueados porque sólo unos pocos barcos zarparon.

Precisamente ayer, los diputados griegos comenzaron el debate sobre una subida de la edad de jubilación de 61 a 65 años. Pero esa es sólo una de las medidas que el Gobierno socialista de Yorgos Papandreu debe adoptar para conseguir un préstamo de 110.000 millones de euros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Entre otras reformas, las autoridades también quieren facilitar los despidos, recortar las pensiones y la seguridad social. El préstamo salvará a Grecia de la quiebra y el plan de austeridad debe durar al menos tres años.
Baja participación

Según las cifras de la policía, el parón de ayer tuvo un seguimiento mucho menor que los anteriores. El 5 de mayo, por ejemplo, 50.000 personas salieron a la calle; 25.000 hicieron huelga el 20 de mayo. Las siete manifestaciones del año estuvieron marcadas por la violencia, aunque ayer no se informó de ninguna muerte.

La huelga de ayer fue para los habitantes de Atenas un verdadero apagón, pues los hospitales sólo funcionaron con personal de emergencia, apenas había transporte y varios periódicos decidieron no publicar su edición de hoy.

Las autoridades griegas consideran que las vacaciones de verano influirán en la debilidad de las protestas. Los sindicatos ya han anunciado que convocarán otra movilización en julio.

PÚBLICO ATENAS 30/06/2010 22:15

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Italia vive hoy una jornada de huelga general contra el ajuste económico. Convocada en solitario por el sindicato mayoritario, la CGIL (Confederación General de Trabajadores Italianos), el paro será de cuatro horas en el sector privado y de 24 horas en el público. Las protestas contra el recorte presupuestario de 24.000 millones de euros en dos años anunciado por el Gobierno ha reunido a 100.000 personas en Bolonia, 50.000 en Milán, y a varias decenas de miles más en Roma, Nápoles y otras ciudades.

La CGIL rechaza el ajuste porque lo considera "inicuo y equivocado, ya que carga sobre los hombros de los mismos de siempre el peso del ahorro". La central ex comunista ha recordado hoy que no incluye medidas de apoyo al empleo, al crecimiento y al desarrollo, y que "sustraerá recursos a la parte más débil del país y gravará sobre todo a los funcionarios y los trabajadores". El Gobierno, a través del ministro de trabajo, Maurizio Sacconi, ha ironizado sobre la huelga general diciendo: "Es como protestar contra la lluvia. El ajuste es inevitable".

El sindicato asume que los recortes del gasto público son "necesarios", pero exige que sean más equitativos. Además, reclama al Gobierno que grave "a quienes más tienen", y solicita un plan extraordinario por el empleo, "una reforma fundada sobre una nueva política industrial, con inversiones públicas para ayudar a las jóvenes generaciones a entrar en los sectores estratégicos de la educación y la investigación, justo lo contrario de lo que propone el Gobierno".

Italia tiene en este momento un paro del 9,1%, la cifra más alta desde 2005, pero entre los jóvenes la desocupación se disparan hasta el 28,8%.

Durante el día, la protesta sindical se extenderá por todo el país, salvo en las regiones de Liguria, Toscana y Piamonte, que harán sus paros el 2 de julio. Los transportes se han visto afectados esta mañana desde las diez y la situación se prolongará hasta las dos de la tarde. Pilotos, azafatas y personal de tierra en los aeropuertos; autobuses, metros, barcos, peajes de autopistas y trenes pararán durante el día a distintas horas en diferentes zonas del país.

La protesta más numerosa ha sido la de Bolonia, mientras que en Milán la manifestación ha contado con la presencia del jefe de la oposición, Pierluigi Bersani. En la cabeza de la manifestación de Nápoles han salido los trabajadores de la fábrica de FIAT de Pomigliano, que cruzan los brazos durante ocho horas en protesta por la especial situación de la planta, amenazada de cierre por la empresa si los empleados no aceptan un nuevo convenio considerado inaceptable por la FIOM, la división metalúrgica de la CGIL.

Ayer, el 62,2% de los empleados de la planta votó en referéndum a favor de ese convenio, que en esencia les obliga a renunciar a sus derechos civiles y laborales, entre ellos el de huelga. A cambio, FIAT está dispuesta a que la planta reciba la producción del modelo Panda. El acuerdo parece todavía lejano, pero la FIOM ha tendido hoy una mano a la dirección de la empresa. "Si retiran las medidas que ponen en discusión los derechos civiles, estamos listos para dialogar sobre horarios, turnos y gestión", ha dicho el sindicato. Sergio Marchionne, el consejero delegado de FIAT, se ha mostrado dispuesto a seguir negociando con las centrales que han dicho sí al acuerdo. Y el Gobierno de centro derecha ha sugerido hoy que podría aprobar desgravaciones fiscales para los trabajadores de la planta campana.


Por MIGUEL MORA - Roma - 25/06/2010

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Miles de pasajeros y turistas se están viendo afectados hoy por el paro en los servicios de ferrocarril y en el puerto ateniense de El Pireo convocado para protestar contra la reforma laboral y del sistema de pensiones en Grecia. El Gobierno griego anunció ayer que comenzará a abonar los costes extras de estancia y vuelta a casa a todos aquellos turistas que visiten el país y, debido a incidentes como una huelga de pilotos o una catástrofe natural, no puedan volver en el plazo previsto a sus hogares.

Desde el estallido de la crisis, a comienzos de año, Grecia, con un sector turístico que supone el 20% de la renta del país, ha sufrido un recorte de entorno al 10% de las reservas. Estas cancelaciones pueden estar en parte motivadas por las numerosas huelgas que han sacudido el país heleno en los últimos meses, que si bien continúan en aeropuertos y autopistas ya no poseen la agresividad de las primeras protestas.

Otra huelga general para el 29 de junio

Desde primeras horas de la mañana, grupos de simpatizantes del sindicato PAME han ocupado los transbordadores que conectan el puerto de Atenas con las numerosas islas griegas para impedir que zarpen las embarcaciones. Anoche, un tribunal declaró ilegal esta huelga de los trabajadores y marineros del puerto. La capitanía del puerto tuvo que intervenir y pedir la intervención policial para mantener el orden ante la tensión generada entre los viajeros que intentaban embarcar y los manifestantes que se lo impedían. "Si no trabajamos ahora, que estamos en plena temporada de vacaciones, entonces qué haremos en el invierno", declaró el dueño de una de la compañías naviera al canal estatal NET.

PAME ha llevado a cabo esta mañana una manifestación en el centro de Atenas y en otras 50 ciudades en protesta contra los cambios en la ley laboral que estudia el Ejecutivo socialista griego. Además, los trenes, incluyendo la conexión con el aeropuerto internacional de Atenas, continúan afectados con múltiples paros de tres horas que durarán hasta el jueves.

Los sindicalistas ferroviarios han anunciado dos huelgas de 24 horas para el 29 y 30 de junio, en protesta contra los planes del Gobierno de privatizar la empresa. Los abogados se mantienen también ausentes de sus puestos hasta el 7 de julio y los médicos de los hospitales públicos de Atenas y El Pireo no atenderán hoy las operaciones programadas y llevarán a cabo sólo intervenciones de urgencia. También la Unión de Funcionarios Públicos (ADEDY) ha convocado para esta tarde una manifestación en el centro de Atenas. ADEDY ha denunciado que la reforma supone "el robo de los sueldos" y el establecimiento de una edad media laboral. Las protestas de hoy son preliminares a la nueva huelga general de 24 horas convocada por los sindicatos mayoritarios para el próximo 29 de junio, la sexta de este año, contra la nueva ley laboral.

Grecia atraviesa la peor crisis económica del último medio siglo y ha evitado la quiebra sólo gracias a la ayuda exterior de 110.000 millones de euros que se le ha otorgado a cambio de que cumpla con un programa de severa austeridad y ahorro durante tres años. La nueva ley laboral abre la puerta a los despidos rápidos y una reducción incluso en un 50% en las indemnizaciones. Además, el Gobierno quiere elevar la edad media de retiro a los 65 años desde los 61 actuales, con un mínimo de 40 años cotizados, en lugar de los 25 de ahora, para poder acceder a la pensión máxima.

EFE - Atenas - 23/06/2010
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Viernes, 18 Junio 2010 06:44

España aprueba reforma laboral

El Gobierno español aprobó ayer por decreto ley la reforma del mercado laboral que rechazan los sindicatos de trabajadores, que han convocado para el 29 de septiembre la primera huelga general contra el  régimen.

La reforma entrará en vigor hoy tras ser publicada en el Boletín Oficial del Estado y será tramitada en el Parlamento como proyecto de ley el 22 de junio.

El ejecutivo  de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó esta reforma, destinada a frenar la crisis, impulsar el empleo y flexibilizar el mercado laboral, por decreto ley después de que fracasaron las negociaciones con sindicatos y empresarios para llegar a un acuerdo al respecto. 

El texto aprobado establece que el Estado asumirá el pago de 8 días de indemnización en los casos de despidos a trabajadores con contratos indefinidos. Además, para recurrir a un despido “objetivo” las empresas sólo tendrán que argumentar que tienen pérdidas económicas.

El ministro de Trabajo, Ceslestino Corbacho, explicó que se trata de “una reforma estructural”, con la que se pretende ajustar la producción.

La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández,  dijo que la reforma busca atajar la crisis. 

Los sindicatos rechazan la reforma porque consideran que perjudica a los trabajadores y no fomentará la creación de empleo. EFE / AFP
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Como en los mejores tiempos del líder sindical Evo Morales, ahora presidente del país, Bolivia soportó ayer la primera huelga nacional de la Central Obrera Boliviana (COB) en los últimos cinco años, que se ha sumado a bloqueos, huelgas de hambre y manifestaciones de descontento y rechazo, en la mayor parte de los casos, al aumento salarial del 5%, que ha sido ratificado por autoridades gubernamentales en La Paz sin que haya lugar a revisión.
 
La convocatoria de la COB fue seguida por los obreros de las fábricas -cuyos dirigentes se encuentran en huelga de hambre desde la pasada semana?, el magisterio urbano y rural, los trabajadores del sector sanitario (que mantienen los servicios de urgencia), los mineros de Potosí, los trabajadores petroleros y los empleados de ayuntamientos y universidades. No asumió la medida de protesta la Confederación de Chóferes del transporte público y de larga distancia, pues no pertenece a la matriz de los sindicatos obreros.
 
La huelga de 24 horas puso en evidencia las profundas divisiones en la dirección sindical de la COB, cuyo máximo representante, Pedro Montes, ha sido rechazado por varios colectivos sindicales, que consideran que el dirigente perdió la tradicional independencia política de los trabajadores bolivianos y se sometió a los alineamientos oficialistas.
 
Los trabajadores fabriles, que paralizaron las actividades de varias factorías en La Paz, Cochabamba, Tarija y Potosí, cuyos dirigentes mantienen desde la pasada semana un ayuno voluntario, han anunciado que la huelga de hambre crecerá en los próximos días si el Gobierno no atiende sus demandas de una mejora del aumento salarial, considerado como "mísero" y como "una burla" a la clase obrera.
 
Los sindicatos de al menos una decena de industrias alimenticias y de manufactura salieron a las calles para cortar el tránsito en la principal carretera de acceso a la ciudad de Cochabamba.
 
El numeroso sector de maestros salió a las calles en las principales ciudades bolivianas para exigir un mayor aumento, ya que consideran que el 5% no es suficiente. "No son los índices, sino los productos de la canasta familiar y el poder adquisitivo del salario", los que deben considerarse para calcular los incrementos salariales, señaló el dirigente sindical de los maestros Bruno Apaza, cuyo sector despliega un "paro movilizado", pese a las amenazas de descuentos salariales por cada día no trabajado realizadas por el Ministerio de Educación.
 
Este aumento del 5%, en términos absolutos unos cuatro euros de aumento en el salario mínimo mensual, rige para los asalariados del sector privado y público con retroactividad desde enero. Sin embargo, el incremento dispuesto para la policía y las Fuerzas Armadas es sólo del 3%, lo que ya ha ocasionado malestar, especialmente entre los agentes de policía.
 
Alrededor de unas 50 esposas de policías que pertenecen a la Asociación Nacional de Suboficiales, Clases y Policías han emprendido una huelga de hambre para respaldar la reclamación de un aumento, no del 3%, sino del 25%, debido a que sus salarios son muy bajos (del orden de 70 euros), según afirmaron.
 
Algunas de las huelguistas explicaron, con lágrimas en los ojos, que ni con la ayuda económica que ellas proporcionan a su hogar pueden contar con unos ingresos más o menos razonables para mantener a sus familias, y advirtieron que están dispuestas a que sus hijos las acompañen en el ayuno voluntario al que se han sometido. Los líderes de la tropa han emplazado a sus jefes y al Gobierno a reconsiderar el aumento para que el conflicto no se derive en desacato a la autoridad.
 
"Si no nos escuchan hasta el viernes nos replegaremos", declaró a medios locales un policía que pidió el anonimato para evitar represalias de sus superiores.
 
El ministro de Economía, Luis Arce, declaró ayer ante varios medios de comunicación que el aumento salarial dispuesto por el Gobierno no es revisable. "El salario no tiene que ser la única preocupación del Estado boliviano, pues hay otros sectores que requieren su apoyo", dijo e hizo notar que los que más cuestionan el aumento son los que, en el pasado, gozaron de trato preferencial para mantener el poder adquisitivo de sus salarios.
 
La ministra de Trabajo, Carmen Trujillo, aseguró que en el balance preliminar de la huelga se ha constatado que fue parcial, pues la convocatoria de la COB no tuvo acogida en la mayoría de los trabajadores y anunció un resultado oficial al término de la jornada de ayer.
 
Bolivia registra otras expresiones de protesta ajenas al aumento salarial. De ellas, la más grave y prolongada es la interrupción de la carretera entre La Paz y Caranavi, que afecta al traslado de productos alimenticios de las zonas productoras del norte de La Paz a esa ciudad. El conflicto está generado por el supuesto incumplimiento gubernamental del acuerdo de instalación de una fábrica de cítricos en Caranavi.

MABEL AZCUI | Cochabamba 05/05/2010
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