El presidente de Chile, Sebastián Piñera, retratado el 4 de octubre pasado en Santiago, es uno de los gobernantes mencionados en el escándalo de los Papeles de Pandora.Foto Ap

América Latina (AL) no necesitaba de la hediondez explosiva de los Pandora Papers para exponer la debacle financiera/económica y sociopolítica del caduco modelo neoliberal y su pernicioso decálogo del Consenso de Washington (https://bit.ly/3vud9G8).

El desplome del globalismo neoliberal en AL desde México hasta Perú se ha acelerado y generalizado –con la nada honrosa excepción de Ecuador, donde triunfó su "presidente Tik Tok", el banquero Guillermo Lasso: más por los errores estratégicos de campaña del correísmo, que por sus aciertos (https://bit.ly/3C4b0n2)– donde hoy triunfan los soberanistas frente a los globalistas (https://bit.ly/3aTqUVe) y una de cuyas principales características es la asombrosa cuan fascinante revuelta de los millennials.

La aguda profundización de la desglobalizacion (https://bit.ly/3jkpLKT) arreció desde 2019 con un caos relativo, al unísono de la “agonía del neoliberalismo con auge de la remilitarización (https://bit.ly/3vFkra9)”, que implora a gritos sus exequias democráticas. Hoy, dos años más tarde, el globalismo neoliberal en AL ha llegado al límite de su putrefacción con la exposición pestilente de los Pandora Papers, hermanos simbióticos de los Panama Papers, y su blanqueo fundacional en las Islas Vírgenes Británicas (sic), donde han sido exhumados nombres de presidentes en funciones, como Lasso –recidivista caradura con su lavado adicional en Dakota del Sur– y el pinochetista Sebastián Piñera, de Chile, propulsado como el nefario "modelo (sic) a seguir" por sus epígonos y propagandistas de Televisa (https://bit.ly/3DVyGdz), al unísono del muy mancillado Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, que todavía se atreve a propinar lecciones de moral desde su patente inmoralidad (https://bit.ly/3naSD9r).

Mientras en otros países expuestos de AL se lavan olímpica y lamentablemente las manos como Poncio Pilatos, sobre los inmundos nombres de los hermanos simbióticos Panama Papers/Pandora Papers, en Ecuador, su Parlamento convocó al desfalleciente Lasso a comparecer, lo cual le puede valer ser defenestrado, si es que se aplica correctamente la ley que prohíbe tajantemente la evasión fiscal y el blanqueo de su clase política (https://bit.ly/3G1pXso). Lasso, que suele ser incontinentemente locuaz ante los multimedia, se defiende como gato boca arriba (https://bit.ly/2Ze3jMy) y ha optado por una defensa muy endeble al acusar de "conspiración" a medio mundo, lo cual tilda en forma alucinatoria de “golpe a la democracia (https://bit.ly/3pnC8Kd)”. Con la carga de un motín en las cárceles de Ecuador –más de 100 muertos–, Lasso ya había decretado hace 20 días el “estado de excepción (https://bit.ly/3pfIpHx)”: situación que parece complacerle, ya que el 18 de octubre volvió a decretar otro "estado de excepción" yuxtapuesto al anterior, ahora para el país entero, con el fin de alargar su proceso de defenestración (https://bit.ly/3G5SP2K).

Desde hace dos años también estalló el mito chileno y su pinochetismo neoliberal (https://bit.ly/3G0SJJA). Piñera es un caso perdido y naufraga en medio de la derrota del globalismo neoliberal (https://bit.ly/3jjx8lL): ahora será sometido a juicio político para ser humillantemente defenestrado, debido a la venta de acciones del proyecto minero Dominga en 2010, cuya compraventa fue descobijada por los Pandora Papers y armada, para no variar, en las Islas Vírgenes Británicas (https://bit.ly/3n7ZsbW).

Ya hace cinco años, el estrambótico Vargas Llosa, con un hilarante complejo de superioridad (https://bit.ly/2Z2r0rq), fue atrapado en su lavado en los Panama Papers (https://bit.ly/3vpzFzP). Ahora Vargas Llosa, recidivista consuetudinario del blanqueo, es exhibido sin pudor ni rubor por los Pandora Papers en su evasión fiscal en las Islas Vírgenes Británicas.

La Academia Sueca, que otorga sus Premios Nobel en forma selectivamente antigravitatoria, si es que no se quiere hacer cómplice de preseas sin probidad que ofenden a la mayoría de la población de AL, debería rescindir el Premio Nobel de Literatura del presunto delincuente peruano.

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Rasgos de una dictadura paramilitar en nuestra región. Gobernar por el terror.

 

De nuevo nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó se ve en la necesidad de dejar constancia ante el país y el mundo sobre los últimos hechos de los cuales hemos sido víctimas por parte del paramilitarismo que sigue actuando a sus anchas en nuestra región sin ser molestado por ninguna autoridad competente, pues cuenta con su apoyo económico y político, lo que lo hace fuerte para someter al campesinado a sus proyectos. 

Con mucho dolor y descontento se encuentra nuestra región, pues ya no se sabe cómo dar el paso adelante, teniendo al frente un muro de muerte, que no permite que se viva con dignidad y libertad en nuestras tierras. Ahora los paramilitares, como desde los comienzos del año 2017, están obligando a la población civil a reunirse con ellos y para infundir terror en esas reuniones, grupos de ellos participan con uniformes camuflados y con armas largas; así creen lograr que sus órdenes y directrices sean obedecidas por la población civil. 

Alias “CRISTIAN” y alias “FRANCO”, conocidos políticos de los paramilitares, en estos momentos están reuniendo obligadamente a la población de la zona y nadie está haciendo nada por impedirlo. Quien no participe, es sometido a pagar altas multas o a ponerse en alto riesgo si no acepta participar en esos proyectos. 

Lo más triste es ver cómo los intereses económicos de los políticos sólo han buscado lucrarse a costa de la población civil, mientras el paramilitarismo diseña políticas de exterminio de esa población civil. San José de Apartadó se ha convertido en un escenario de yugo y dictadura por parte de políticos, empresarios, fuerzas militares y paramilitares ya que todos ellos conviven en esta región y entre sí no se hacen daño pues los perjuicios los sufre el campesino que tiene que someterse a todas esas acciones de opresión. En la zona se escucha que se realizará el desminado humanitario en algunas veredas y para lograrlo supuestamente el Batallón de Desminado N. 6 tiene que colocar unas repetidoras o torres de control para radios de comunicación VHF, entre otros. No se entiende a quién se busca beneficiar con esto, pues lo claro es que no beneficia a la población civil, sino que se refuerza el control armado en la zona. 

 Los hechos de los cuales dejamos hoy constancia son los siguientes: 

  • ·El lunes 20 de septiembre de 2021, en horas del día y en medio de fuerte consumo de licor en un espacio público, en La vereda La Unión, fue visto el paramilitar conocido como alias “Pollo”.
  • ·El martes 21 de septiembre de 2021, en horas de la noche, reconocidos paramilitares que controlan el poblado de San José de Apartadó y sus veredas, intentaron asesinar a un joven en el casco urbano de San José. En el lugar se escucharon varios disparos, al parecer de arma larga. Los hechos ocurrieron en el lugar conocido como La Invasión. Este día las unidades de Policía y Ejército que controlan el orden público en el centro urbano actúan como si nada hubiera pasado, pues se hicieron los ciegos y sordos ante el hecho, lo que reconfirma una vez más la complicidad y unidad de acción entre fuerza pública y paramilitarismo e la zona. 
  • ·El jueves 23 de septiembre de 2021, a las 13.00 horas, fue visto un punto o informante paramilitar en el lugar conocido como La Pedrona, de la vereda Mulatos Cabecera, quien portaba dos radios de comunicación. 
  • ·El domingo 26 de septiembre de 2021, tuvo lugar una fiesta, organizada por el Señor CÉSAR JARAMILLO, funcionario de FEDECACAO y asesor de la Alcaldía y de las Juntas Comunales, en el casco urbano de san José de Apartadó. A ella se invitó a las veredas del corregimiento y allí supuestamente le fue entregada una ambulancia al corregimiento para sus necesidades emergentes de llevar enfermos a los servicios médicos de Apartadó. Los engaños no tienen fin, pues al parecer dicha ambulancia la gestionó el coronel Bastidas para el servicio del Batallón #6 de Desminado y sólo estaría en San José hasta el día en que termine el desminado humanitario. 
  • ·El martes 28 de septiembre de 2021, en horas de la tarde, los paramilitares que controlan la región reunieron bajo amenazas a la población civil de la vereda La Cristalina; allí, según la información recibida, alias “CRISTIAN” y una persona mayor de nombre “FRANCO”, al parecer mando superior, quien a la vez estaba con más de 20 hombres vestidos de camuflado y portando armas largas, forzaron a los campesinos a asistir a la reunión para imponerle nuevas órdenes a los pobladores. 
  • ·El mismo martes 28 de septiembre de 2021, conocimos un audio donde el Señor CÉSAR JARAMILLO arremetió con graves calumnias contra una persona cercana a la región y contra nuestra Comunidad de Paz. En dicho audio, dirigido a las juntas de acción comunal, les comunica que dicha persona es un “delincuente” porque “defiende delincuentes”, es decir, porque defiende a nuestra Comunidad de Paz, compuesta, según él, por “delincuentes”. 
  • ·El miércoles 29 de septiembre de 2021, conocimos audios donde funcionarios del proyecto de Desminado Humanitario para San José de Apartadó comunican que colocarán unas torres de comunicación en la zona para radios de comunicación VHF. Según información de pobladores, se colocaría una torre en la vereda Alto Bonito y otra en la vereda La Hoz. Preocupa que se esté programando poner repetidoras para radios de comunicación sin saber cuál es la relación entre esto y el plan de desminar algunas veredas. Lo que sí es claro es que en la zona los que están utilizando radios de comunicación son la policía, el ejército y los paramilitares y esto les permite cargar radios de alta frecuencia en la zona. La estrategia del control no cesa en la región. Se busca de mil maneras controlar toda la vida de los pobladores para no permitir que sus maneras de pensar, de organizarse, de vivir, de pensar su futuro, se salga de los moldes que el paramilitarismo quiere imponer a sangre y fuego, estigmatizando a quien no piense como ellos o a quien estorbe los proyectos de explotación y opresión que quieren imponer. 
  • ·El jueves 30 de septiembre de 2021, en horas de la mañana, los mismos paramilitares que reunieron a los campesinos el pasado martes 28 de septiembre en La Cristalina, convocaron reunión, esta vez en la vereda La Linda, donde llamaron no solo a todos los pobladores de la vereda sino también a todos los del casco urbano de San José de Apartadó. Según las informaciones, allí plantearon las nuevas reglas que toda la población civil tiene que acatar, según la reunión realizada por alias “FRANCO” y alias “CRISTIAN”, este último paramilitar que ya en otra ocasión ha reunido a la población civil en otras veredas e incluso realizó una reunión con la población de San José en el lugar conocido como La Invasión, que se encuentra en medio del Bunker de la policía y la base militar. Se da orden de que el casco urbano de San José debe conformarse como una sola junta de acción comunal y no seguir, como se encuentra ahora, divida por invasiones. Se le informó a la gente que continuará existiendo una olla de microtráfico abierta al público en el poblado de San José y que se pondrán altas multas a todo el que no acepte organizarse en los planes que están estableciendo para la región, incluyendo al que no participe en las reuniones obligatorias que los paramilitares imponen a los campesinos, pues la no participación en dichas reuniones los forzará a sufrir graves consecuencias.
  • ·El domingo 3 de octubre de 2021, en horas de la mañana, se escuchó un disparo de arma de fuego (pistola) en el caserío de La Unión.  
  • ·El jueves 8 de octubre de 2021, la población civil del casco urbano de San José fue obligada a trabajar comunitariamente por los paramilitares, según órdenes dadas en las dos pasadas reuniones del martes 28 y jueves 30 de septiembre en las veredas La Linda y La Cristalina. Según las informaciones, los encargados de supervisar el trabajo obligatorio fueron alias “MARLENY” y alias “WAFER”, entre otros. Al parecer tenían que participar en los trabajos y convites todos los pobladores a partir de 12 años, e incluso todos los estudiantes del Colegio Bartolomé Cataño estuvieron trabajando en dicha jornada. No cabe duda de que los paramilitares buscan someter a sus planes a todo el que vive en la región, pues hasta las mismas instituciones educativas terminan participando en estas jornadas controladas por la fuerza paramilitar, y si alguna persona no participa, tendría que pagar costosas multas. Al mismo tiempo se dio la orden de que en el corregimiento de San José se conforme una sola Junta de Acción Comunal, la cual no podrá estar dividida como se encuentra ahora. Se anuncia que los paramilitares realizarán otra reunión con la población civil y es de obligación que todos participen. Al parecer, algunos no han asistido y eso tiene molestos a los paramilitares que ya lanzan amenazas contra los que no quieren participar. 
  • ·El sábado 16 de octubre de 2021, en horas del día, nuestra Comunidad de Paz fue informada de que los militares que se encuentra acantonados en la cancha de futbol de la vereda La Unión ingresaron ilegalmente a la vivienda de un miembro de nuestra Comunidad de Paz y la utilizan como su sitio de hospedaje u hotel, pues allí permanecen todo el tiempo, aprovechando que el propietario no se encuentra ahora en la vivienda. Según la denuncia, dicha tropa militar lleva varios días de usurpación allí, supuestamente porque se va a empezar a realizar el Desminado Humanitario en dicha vereda y aprovechan los espacios de casas vacías para violar las propiedades. 

¿Hasta cuándo el gobierno va a permitir que el paramilitarismo sea el que gobierne y diga qué es lo que se puede hacer en San José de Apartadó? Responsable es el gobierno local y también el gobierno nacional, por todo esto que está pasando en la zona, pues nuestra Comunidad lleva 24 años denunciando estas aberraciones sin ser escuchada, a pesar de que la Constitución Nacional le impone al Presidente de la República garantizar los derechos humanos fundamentales. Nunca ha querido escucharnos. Si algo le pasa a algún poblador en la zona será bajo su responsabilidad, pues cómo es posible que una zona con tanta presencia militar y policial, esté inundada de paramilitares que se caracterizan por una relación estrecha y coordinada con la fuerza pública, como su mismo nombre lo indica, sean los que gobiernan de facto? Nos preguntamos ¿Qué se ha hecho realmente para que sea desmantelado el paramilitarismo en la zona? Por el contrario, la orden de los paramilitares es mantener las ollas de micro tráfico y pago forzado de impuestos en San José y la misma policía y los militares se benefician de la droga para su consumo. Se pregunta uno ¿Dónde están todos esos políticos que buscan servir a sus intereses a costa de la población civil de San José? ¿Por qué no están denunciando todo este yugo paramilitar o es que los tienen a su servicio? 

 Como Comunidad de Paz no pararemos de dejar constancias de toda esta barbarie que se comete contra nuestra Comunidad y contra los demás pobladores de nuestra región. Sabemos que nadie en la región va a denunciar esto por el miedo que se vive, por la opresión paramilitar. También sabemos el riesgo que corremos al denunciar este fenómeno de muerte, pero aun así seguiremos adelante en nuestro proceso de vida. No queda más que agradecer a todas esas voces de ánimo que recibimos a diario desde el país y el mundo como gestos de solidaridad y fuerza moral con la que hemos contado en todo este tiempo.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Octubre 18 de 2021  

Publicado enColombia
Por abusos sexuales a menores, piden la renuncia de 120 obispos franceses

Es a partir del informe publicado hace días por la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia donde certifican al menos 330 000 abusos sexuales y violaciones, así como el encubrimiento institucional de estos crímenes.

 

La Iglesia católica de Francia se ha convertido en la punta de iceberg de los escándalos de pedofilia que atraviesan desde hace años a la milenaria institución a nivel mundial. Tres importantes personalidades se manifestaron por la renuncia en conjunto de la cúpula eclesiástica de este país. Se trata de la teóloga Anne Soupa, la directora editorial del semanario Témoignage chretien, Christine Pedotti y del ex presidente de la asociación de víctimas “La Palabra Liberada”, François Devaux.

El informe de la Comisión Independiente sobre Abuso Sexual en la Iglesia (Ciase) publicado el 5 de octubre fue lapidario: 216 000 menores de edad fueron víctimas de violencia sexual por religiosos desde el año 1950. El 32% de estos crímenes fueron violaciones. Y a esto se agregan crímenes similares cometidos por laicos vinculados a la Iglesia como directores de coros o líderes grupos de boy scouts, entre otros.

Así, las víctimas ascienden a 330 000 menores. Esto equivale a 12 niños abusados todos los días desde aquel año. En ese terrorífico contexto, el informe señala que la Iglesia encubrió a más de 3 000 pedófilos. Y hay que tener en cuenta que muchos abusadores ya murieron, con lo cual los números globales podrían ser mucho mayores.

El escándalo llega a tal nivel que incluso personalidades de la propia Iglesia salen a marcar distancia y pedir medidas concretas para salvar la institución. "Nunca sabremos el alcance de esta tragedia absoluta", señaló en tono crítico Véronique Margron, teóloga y presidenta de la Conferencia de religiosos y religiosas en Francia.
Pierre Vignon, sacerdote del departamento de Drôme y reconocido crítico de las prácticas criminales de miembros de la Iglesia, dijo por su parte que “una renuncia colectiva tendría sentido. Sería un gesto fuerte que impactaría en el público” y que “aunque no todos los obispos lo hayan cubierto, sería una forma de ser solidarios con sus antecesores, y de asumir colectivamente esta responsabilidad”.

Estos referentes son parte de lo que podríamos llamar el sector renovador o reformista de la Iglesia cuya principal figura es el papa Francisco, quien desde el Vaticano señaló que este tipo de hechos le causan “vergüenza”. Pero no hay que llamarse a engaño. Este ala de la Iglesia no difiere en lo esencial de la doctrina ultraconservadora y antiderechos que es la base ideológica de los abusadores pedófilos. Están en contra del elemental derecho democrático al aborto para las mujeres, incluso en casos de violación o del uso del preservativo, entre otras barbaridades oscurantistas propias del medioevo.

La realidad es que la Iglesia en su conjunto es responsable. Como señala el informe de la Ciase, "Los actos cometidos, caratulados como delitos de derecho común, han sido a menudo calificados por sus autores o por funcionarios eclesiásticos como simples ‘gestos inapropiados’, ‘desviación’, ‘torpeza’ o incluso ‘imprudencia’”. Simplemente indignante.

Pero hay más. Luego de conocerse el informe, el presidente de la Conferencia Episcopal Francesa, Eric de Moulins-Beaufort, dijo que “la confesión se impone a los religiosos y el secreto es más fuerte que las leyes de la República; abre un espacio de libertad de expresión, que se hace ante Dios”. Por si no queda claro, para la Iglesia las normas confesionales están por encima de las leyes y los religiosos pueden guardar silencio (o sea ser cómplices) sobre las aberraciones que cometen sus pares.

El propio gobierno del derechista Emmanuel Macron tuvo que separarse de semejantes declaraciones que violan la propia legalidad del Estado capitalista. El 12 de octubre ante la Asamblea Nacional, el ministro de Interior, Gérald Darmanin, señaló: “Quiero reiterar aquí las leyes de la República: el secreto de la confesión se conoce desde hace casi doscientos años en nuestro derecho como secreto profesional al igual que los médicos o los abogados. Sin embargo, adolece de excepciones cuando se trata, en particular, de delitos cometidos contra niños menores de 15 años."

La Iglesia como institución tiene que pagar por esas prácticas aberrantes y en particular todos los responsables directos y sus cómplices con cárcel común. Como había señalado François Devaux, cuya asociación destapó escándalos de pederastia en la iglesia de Lyon en 2018, "Ustedes deben pagar por todos estos crímenes". Devaux también denunció que el papa Francisco "está ausente" ante esta realidad y que la iglesia francesa se escuda en "una estrategia fétida" de indemnizaciones a las víctimas.

Sábado 16 de octubre

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Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Interpretación ética de los Papeles de Pandora

En esta sociedad capitalista, los empresarios junto a las llamadas élites culturales, actrices, escultores, pintores, literatos, cantantes, son quienes perciben rentas por encima del nivel medio. Junto a ellos, deportistas, arquitectos, médicos, ingenieros, modelos, etcétera. No importa si son hombres o mujeres, representan una minoría, pero gozan de popularidad, en parte gracias a sus fortunas y al éxito mediático. La prensa rosa les dedica cientos de páginas donde desnudan su vida privada, placeres, extravagancias, divorcios, amantes y hobbies. Todo en ellos es lujo. Sus viajes, fiestas, coches, yates, jets privados son noticia siempre. Parte importante de la población los consideran íconos, envidian su suerte y desearían ser como ellos.

No importa su ideología, son personajes cuyas fortunas se tasan cada año. Jeff Bezos, Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates o Mark Zuckerberg. A la cola, le siguen los millonarios del montón, sean mexicanos, estadunidenses, chilenos, españoles, etcétera. Sus nombres también ocupan portadas. Crean fundaciones con sus apellidos. Rockefeller, March... Sus donaciones son objeto de alabanzas y se les considera filántropos. Carlos Slim, Donald Trump, Sebastián Piñera, Amancio Ortega, Ana Botín, Françoise Bettencourt, Alice Walton, MçKenzie Scott, Esther Koplowitz, Julia Koch, Miraim Andelson, Susanne Klatten o Gina Rineheartvich se benefician de esta publicidad. Participan de actos sociales para remarcar su compromiso. Participan de galas benéficas, prestan sus nombres a la Cruz Roja, la asociación contra el cáncer, la lucha contra el hambre, el sida, la defensa de las ballenas o el cambio climático. Incluso después de su muerte, donarán su fortuna a sus fundaciones. Algunos dan el salto a la política, otros prefieren seguir entre bambalinas, pero les financian sus campañas, les protegen, les hacen regalos, en definitiva, les dominan y compran.

Unos y otros se consideran ciudadanos ejemplares. Pero la realidad es tozuda. Cada vez con mayor frecuencia se ven implicados en escándalos por evasión de impuestos y lavado de dinero. Su indignidad les precede. La fórmula es variopinta, paraísos fiscales, sociedades pantalla, cuentas opacas, la lista es interminable. Esta red de evasión de impuestos cuenta con la complicidad de grandes despachos de abogados, asesores fiscales y banqueros. Sin su participación sería imposible robar a la hacienda pública. Si por algún motivo son descubiertos, niegan la mayor, piden clemencia y perdón. Ante la evidencia, reconocen ser o haber sido propietarios de compañías offshore, pero agregan: las hemos cerrado. Como si el problema fuera un desliz pasajero, y no remitiera a un compromiso ético con la sociedad y el bien común. Su conducta la justifican como si de una agresión sexual se tratase, argumentando que sólo violaron a la víctima en una ocasión, pero decidieron no reincidir. En nuestro caso: defraudé un poquito.

Para ellos, sus millones son sagrados. Responden al esfuerzo, el mérito y el sacrificio individual. Han tenido iniciativa, visión para los negocios, pensamiento positivo. Su riqueza les pertenece. No de­ben a nadie. Se han sacrificado. No son privilegiados, son emprendedores y la sociedad tiene una deuda con ellos. Crean riqueza, promueven el empleo, financian investigaciones, becas, apoyan la ciencia, mecenas por convicción. Pagar impuestos proporcionalmente a sus fortunas lo consideran un exceso. El Estado les roba. Este relato incorpora cantantes, deportistas y en la actualidad, youtubers e influencers.

Los Papeles de Pandora son un ejemplo. En ellos hay 35 jefes de Estado y ex jefes de Estado, reconocen nombres como Mario Vargas Llosa, Shakira, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Elton John, Luis Miguel, Alejandra Guzmán, Santiago Calatrava, Tony Blair, Dominique Strauss-Kahn, Claudia Schiffer, Abdala II de Cisjordania, Andrés Babis, premier de la República Checa; el ministro de Finanzas holandés, Wopke Hoekstra; los presidentes de Ucrania, Volodimir Zelenski; de Ecuador, Guillermo Laso; de Dominicana, Luis Abinader; de Chile, Sebastián Piñera, y los legionarios de Cristo. Sólo piensan en engañar, mentir, y reírse de sus conciudadanos. Se reconocen en el fraude y la codicia, en una sociedad donde el dinero es la medida de todas las cosas, el fraude fiscal, es más bien un acto inherente al capitalismo.

Pagar impuestos es cuestión de pobres. Descubrir la evasión no es noticia. Las multas, por fraude a la hacienda pública, salpican continuamente a personajes públicos. Futbolistas como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Casillas, llegan a pactos por valor de decenas de millones de euros para evitar la cárcel. Otros se benefician de amnistías fiscales o se declaran insolventes. Además, existe la ingeniería fiscal que facilita a las grandes trasnacionales cotizar a la baja, pagando cantidades irrisorias a la hacienda pública. ¿Cuál es el mensaje de los defraudadores? Sencillo: evada hasta que le pillen, está en su derecho. Sólo recibirá un rapapolvo. Para más inri, la Unión Europea decide en medio del escándalo, retirar de la lista negra de paraísos fiscales a Seychelles, Anguila y Dominica. Su mundo está alejado de los valores éticos y el bien común. Ya sabe, defraudar es de listos, sea inteligente y hágalo. Nadie le pasará factura, pero todos sufriremos su decisión corrupta. Habrá menos escuelas, hospitales, viviendas sociales, transporte público, zonas verdes y, sobre todo, justicia social, igualdad y democracia. Usted decide. Viva el capitalismo.

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La ingeniería jurídica de los Pandora Papers

Baker & McKenzie, el poderoso bufete de EE.UU. que figura en la megafiltración 

La historia del estudio de abogados con sede en 46 países que asesoró a empresas y particulares sospechados de evasión o con cuentas en paraísos fiscales.

 

Hay una teoría del eterno retorno en Nietzsche o del tiempo circular en Borges. La historia pareciera que nos devuelve siempre al mismo lugar. A hechos o personajes que se repiten. Christine Lagarde, la ex directora gerente del FMI y actual presidenta del Banco Central Europeo (BCE) trabajó entre 1981 y 2005 en Baker & McKenzie, acaso el bufete de abogados más grande del mundo que aparece en unos 7.500 documentos de los Pandora Papers. El estudio que tiene presencia en 46 países y 4.700 letrados ayuda a multimillonarios y grandes empresas a eludir o evadir impuestos con una ingeniería legal y financiera a la medida del cliente. Lo explica el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos (ICIJ) que difundió la última filtración de papeles a gran escala. 

La mujer a la que Mauricio Macri festejó cuando era presidente, no sólo asesoraba a compañías elusivas que operaban desde paraísos fiscales cuando se desempeñaba en el ámbito privado. También presidió los comités ejecutivo y estratégico de Baker & McKenzie y hasta fue consejera de su subsidiaria Law in Context con sede en las islas Bermudas, un territorio offshore dominado por la opacidad fiscal. 

Lagarde no fue una ejecutiva de ocasión en el bufete que comandó desde Europa. De su CV se desprende que estuvo en el staff casi un cuarto de siglo y ocupando cargos jerárquicos. Su relación comercial con los paraísos fiscales es una evidencia que se conoció en noviembre de 2019 apenas asumió en el BCE. Pero ahora toma más fuerza con la filtración de los Pandora Papers. La bisagra que la une a la banca offshore es Baker & McKenzie cuyos ingresos este año batieron un récord. Lo dice su propia página oficial: finalizó al 30 de junio de 2021 con 3,1 mil millones. “La primera vez que la firma ha cruzado la marca de los $ 3 mil millones. Los ingresos aumentaron un 7,8% en comparación con el año anterior y, junto con los costos cuidadosamente administrados, esto se tradujo en un crecimiento interanual de las ganancias del 36,7%”, señala.

Pilar de la economía offshore

El Consorcio Internacional de Periodistas define al estudio transnacional como “un arquitecto y un pilar de la economía sumergida, a menudo llamada offshore, que beneficia a los ricos a costa de las arcas de los países y del bolsillo del ciudadano de a pie”. Poco le importan a este bufete las asimetrías cada vez más pronunciadas entre ricos y pobres. Su presidente global Milton Cheng dijo a fines de septiembre: “En un contexto tan desafiante, lograr ingresos récord es un gran voto de confianza de nuestros clientes y un testimonio del arduo trabajo y la resiliencia de nuestra gente en todo el mundo”.

Creado en 1949, el estudio abrió su primera oficina offshore en Caracas, Venezuela. Corría 1955, Perón era derrocado en Argentina y Baker & McKenzie comenzaba su etapa de expansión internacional en esa década. El trabajo del ICIJ recuerda que en un artículo publicado en el Wisconsin Law Review dos años después, Russell Baker – uno de los fundadores del bufete - recomendaba “constituir sociedades en Venezuela y otros países que permitieran a los propietarios permanecer en el anonimato mediante el uso de lo que se conoce como acciones al portador. Las acciones al portador son certificados de acciones que no necesitan estar registrados a nombre de una persona o compañía concreta”. Baker y su socio John McKenzie lo hacían por las dificultades que existían en Estados Unidos para formar ese tipo de sociedades.

Hoy, con los Pandora Papers alimentando a los medios del mundo, el Consorcio de Periodistas denuncia en su página oficial que el estudio de abogados y todas sus delegaciones “se han beneficiado del trabajo realizado para personas vinculadas al fraude y la corrupción”. Y da algunos ejemplos: “la empresa ha trabajado para el oligarca ucraniano Igor Koloimosky, de quien las autoridades estadounidenses alegan que lavó 5.500 millones de dólares a través de una maraña de sociedades fantasma, que compran fábricas y propiedades comerciales en todo el corazón de Estados Unidos”.

Baker & McKenzie también asesoró a Jho Low, un financista malasio fugitivo que está acusado de un fraude internacional por más de $ 4.5 mil millones de dólares, conocido como 1MDB. El estudio de abogados se presenta en su página corporativa muy alejado de ese tipo de asesorados: “Somos ciudadanos del mundo y reconocemos que el estado de derecho es una base esencial para el crecimiento y el desarrollo económicos. Donde el estado de derecho es fuerte, los líderes empresariales pueden sentirse optimistas acerca de invertir en el futuro”. 

El ICIJ no pudo conseguir la palabra de Cheng, el presidente hongkonés del poderoso bufete, pero en sus informes citó a un portavoz que respondió cómo Baker McKenzie se esfuerza por “garantizar que nuestros clientes cumplan tanto con la ley como con las mejores prácticas”. La web de la compañía explica que su política “se basa en principios de integridad, transparencia, profesionalismo y adhesión a los más altos estándares de ética”.

“Somos veraces y transparentes”, declama el bufete en su código de conducta empresarial. “No hacemos negocios con personajes de mala reputación”, se defienden. El Consorcio Internacional de Periodistas no piensa lo mismo: “Cuando los multimillonarios, las multinacionales y las personas con conexiones políticas pretenden ocultar su riqueza o evadir impuestos, recurren con frecuencia a Baker McKenzie, el gigante con sede en Chicago”, publicaron citando al ICIJ, desde El País de España a la Agencia Pública en Brasil.

La influencia del bufete que tiene su sede central en Chicago es notable en los Pandora Papers. Los medios del mundo se encargaron de remarcarlo: “Entre el maremágnum de banqueros, contables, abogados y agentes de creación de empresas instrumentales, sobresale Baker & McKenzie. El ICIJ descubrió que desempeñó un papel en los asuntos de más de 440 empresas registradas en paraísos fiscales”. Tampoco sorprende, como sostiene el Consorcio, que “más de 220 empleados de Baker & McKenzie en 35 países han ocupado puestos en organismos gubernamentales como los ministerios de Justicia, las oficinas tributarias, la Comisión de la UE o las oficinas de jefes de Estado”.

Sociedades instrumentales

Para el ICIJ son demoledoras las evidencias de prácticas ilegítimas, fronterizas con la ilegalidad, en esta multinacional de servicios jurídicos: “Los documentos filtrados revelan que el bufete de abogados ayudó a crear sociedades instrumentales en Chipre para el gigante de la alimentación y el tabaco RJR Nabisco. Para Nike, colaboró en crear un refugio fiscal neerlandés. Según documentos judiciales de Estados Unidos, sus abogados ayudaron a Facebook a redirigir miles de millones de dólares de beneficios a Irlanda, un país de baja tributación”.

Mencionado en más de 7.500 documentos de los Pandora Papers, mucho más que cualquier otro estudio de abogados de la competencia en Estados Unidos, Baker & McKenzie insistió en que las empresas o particulares que lo contratan no se apartan de las buenas prácticas. Pero aclaró – de acuerdo al ICIJ- que “en ocasiones nos encontramos con que los clientes realizan posteriormente actividades que no concuerdan con nuestra comprobación debida inicial, o salen a la luz nuevos hechos o sucesos que nos llevan a dejar de representarles”.

A buen entendedor, pocas palabras.

11 de octubre de 2021

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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

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 Sancho R. Somalo

La nueva filtración nos muestra una vez más que la estructura económica, comercial y jurídica global está diseñada específicamente para las personas y empresas que aparecen en los papeles.

 

LuxLeaks, Panama Papers, Paradise Papers y ahora los Pandora Papers. Vuelve a salir otro de esos escándalos de la mano de periodistas que nos muestran las cloacas fiscales globales y su funcionamiento. Desde presidentes latinoamericanos que repiten mucho eso de que “el dinero está mejor en el bolsillo del contribuyente” a artistas y deportistas que no dudan en abanderar sus nacionalismos frente a las cámaras. Ya no solo aparecen los más ricos del planeta o las empresas más rentables, la industria de la evasión de impuestos toca a las puertas de todo aquel que tenga el suficiente capital como para dejarle una suculenta comisión al mover ese dinero. Ya no es una cuestión solo de grandes empresarios. Existen despachos de abogados con oficinas en la Castellana o la Diagonal que moverán tu capital a Andorra o Panamá, seas rey o youtuber. Y entendedme, no quiero decir que El Rubius o Vargas Llosa no sean ricos, pero no son ningún Amancio ni ningún rey.

La evasión de impuestos cada vez está más disponible y al alcance de todo tipo de capitales. A todos los niveles y en todos los lugares. Y lo peor de todo es que la gran mayoría de esas prácticas son legales, porque el sistema lo permite. O más bien porque el sistema lo promueve, está diseñado para ello.

Erramos al considerar lo que nos cuentan estas nuevas filtraciones como un escándalo, aunque nos escandalice. Es mucho más que eso. Lo que muestran los Pandora Papers y el resto de filtraciones es que el mundo está hecho para los que aparecen en ellos. Los gobiernos liberales (incluidos los que se hacen llamar socialdemócratas) y las organizaciones supranacionales, como el Banco Mundial, el FMI o la Comisión Europea, han estructurado un planeta bajo las normas del libre mercado y la libre circulación de capitales diseñado para que las empresas y los grandes capitales puedan escapar de las haciendas públicas, para que puedan esquivar el reparto de la riqueza que realizan los Estados para repartirla únicamente entre sus accionistas o simplemente no repartirla.

Los bufetes y asesorías no son más que facilitadores. Son aquellos que conocen bien esas estructuras, porque en muchas ocasiones han formado parte de los partidos políticos o son funcionarios que las han diseñado, y saben construir una estructura personalizada al gusto del cliente.

Que quieres comprar una mansión o un yate y no pagar impuestos, pues una sociedad pantalla en Bahamas. Que quieres que los dividendos que recibes de tus acciones en empresas no paguen impuestos al rendimiento del capital, pues los repartes en Luxemburgo y los cobras mediante otra empresa pantalla en Islas Caimán. Que tu empresa necesita instaurarse en Europa pero no quieres contribuir a las arcas de los países europeos, pues te diseñan una estructura con base en Irlanda, que paga dividendos a Luxemburgo y que acaban en una de esas islas caribeñas. Hay técnicas de evasión para todos los gustos y necesidades.

Y con esto no quiero decir que no sean culpables y cómplices de prácticas ilegales o de ayudar a limpiar dinero negro de todo tipo de oscuras procedencias, sino que creo que es necesario mirar a la luna y no quedarse tan solo escandalizados mirando al dedo.

Evadir para subsistir

Sí, suena raro, pero es así. El libre mercado, la competencia globalizada y la esclavitud de las empresas hacia sus accionistas que exigen beneficios y reparto de dividendos en el corto plazo, sumado a que al gran capital cada vez le cuesta más encontrar nuevos mercados que explotar y nuevos países que sangrar, ha endurecido la competencia entre empresas. Es difícil ser “más productivos”, se complica cada vez más explotar trabajadores y los circuitos financieros apenas dan beneficios con los tipos de interés en mínimos históricos. En medio de todo eso, la única manera que tienen para poder crear márgenes de beneficios es ahorrarse la factura fiscal. O evades impuestos o eres más caro que tus competidores. O te llevas tus beneficios a un paraíso fiscal o no repartes tanto dividendo como tus competidores y los inversores venderán tus acciones para comprar de tus competidores, bajará su precio y el valor de tu empresa. Evaden impuestos porque todo el mundo en su nivel y de su clase social lo hace.

Ahí entra la industria de la evasión fiscal y los paraísos fiscales: “¿Quieres ser más competitivo y tus productos más baratos? ¿Quieres contentar a tus accionistas repartiendo un mayor dividendo? Pues te podemos ayudar”. Otra vez, insisto, los bufetes de abogados no son más que pequeñas partes del engranaje de un capitalismo podrido que ya no busca la innovación, sino el ahorro egoísta. La evasión fiscal es un freno a la innovación, porque quién va a querer invertir en I+D para ser más productivos cuando puedes serlo evadiendo impuestos.

Y ojo, no me malinterpretéis de nuevo, no digo que esas empresas no tengan culpa y responsabilidad de sus egoístas actos. Si acabáramos con todos los paraísos fiscales y muchas de esas empresas quebraran no me daría ninguna pena, porque los que me dan pena realmente son las pymes que pagan un 25% de su beneficio y que quiebran porque no pueden competir con multinacionales que pagan un 3% de manera global. Me da pena la empresa que ética y responsablemente contribuye a las arcas públicas y ve cómo una Amazon o una Zara destroza los precios y quiebra al no poder competir con ellas. La evasión fiscal y los paraísos fiscales deforman y desprecian esa “libre competencia” que los liberales dicen defender.

Países compiten, empresas ganan, ciudadanos pierden

En toda esa vorágine, los Estados también se quedan sin ideas para hacer más atractivos sus países para las empresas y la inversión. La vía que han seguido muchos países es la competición fiscal a la baja, o sea, rebajar tus impuestos a las empresas y a los rendimientos del capital hasta que el ahorro en impuestos atraiga a las empresas, generen negocio y beneficio en el propio país o no. Pequeños territorios que ante la falta de una industria o de exportaciones deciden atraer a pequeñas oficinas donde conviven miles de domicilios fiscales de empresas pantalla a cambio de no cobrarles ni un euro en impuestos.


Más sangrante todavía es el ejemplo de la Unión Europea. Ya no hablamos de pequeñas islas sin industria que han encontrado en la evasión fiscal su nicho de mercado, sino de países en el corazón de Europa. Luxemburgo, Países Bajos, Irlanda y Malta. Los dos primeros responsables de la mayor pérdida de ingresos tributarios para el resto de países europeos, según la organización Tax Justice Network.

Estados que practican un juego sucio frente a sus vecinos porque, claro, queda muy bien decir a tus conciudadanos que les vas a bajar los impuestos mientras llenas las arcas públicas con el dinero que corresponde a los países de tu entorno. Queda muy bien aparentar ser un país que “crea riqueza” en vez de mostrar que no eres más que una sanguijuela de la riqueza creada en otros lugares y que estás al servicio de las multinacionales y no al de las personas.

Entre todas las revelaciones de famosos, esta misma semana se han dado dos noticias que han pasado más bien desapercibidas, pero que tienen mucho que ver con los Papers. La primera, es la publicación por parte de la Agencia Tributaria del resumen de los datos del Informe País por País de 2018 que recoge 122 multinacionales con sede fiscal en España. Los datos mostraban que 20 multinacionales españolas han pagado un tipo impositivo efectivo sobre beneficios del 1,8% de media global.

La otra noticia es que la Unión Europea ha sacado de la lista negra de territorios no cooperantes a Anguila, Dominica y las Islas Seychelles pese a que esta última aparece en los Papeles de Pandora como uno de los territorios protagonistas y fundamentales en las estructuras de evasión de impuestos. Europa, o sea los gobiernos que conforman la Unión Europea, decide justo esta semana levantar el veto de un país que está en el centro del nuevo “escándalo”. Que Europa haga esto no es un escándalo en sí, aunque lo sea un poco, sino que es el “sistema” global y europeo que impulsa.

Más allá de señalar al millonario

¿Cuántos escándalos hacen falta para que dejen de serlo? O, mejor dicho, cuántos escándalos debemos conocer para darnos cuenta de que no son hechos puntuales, sino un sistema global de egoísmo forjado en los dogmas neoliberales. No es la “ingeniería fiscal de una empresa”, sino la estructura global económica hecha a medida para un mundo empresarial y de grandes riquezas. La estructura del, por y para el capital.

Y los nombres que llenan los medios estos días no son simples evasores, sino una nueva clase social que ha decidido que lo del progreso común y los sistemas de bienestar sociales no va con ellos. Se juntan en sus fiestas, comparten los contactos de sus asesores y se suben al carro de la evasión de impuestos. No se ven como delincuentes, sino como integrantes de una nueva élite global por encima del bien y del mal. Se creen seres superiores porque el mundo globalizado está hecho a su medida. En esta última revelación de documentos, además, hemos visto a varios jefes de Estado. Personas encargadas de dirigir un país, eludiendo las responsabilidades fiscales del mismo. Una impunidad absoluta de los lobos que cuidan de las gallinas.

Por todo ello, lo que se necesita no es hacer pagar a los evasores lo que deben más su sanción correspondiente, que también, sino que se necesita atajar de raíz las técnicas y estructuras globales que facilitan la ingeniería fiscal y las prácticas de planificación fiscal, o sea de evasión de impuestos. No llega con hacer dimitir a un par de políticos, sino que necesitamos decisiones políticas valientes y tomadas de manera conjunta entre Estados para acabar con el negocio de la evasión de impuestos. No podemos contentarnos con señalar a unos cuantos bufetes de abogados, debemos señalar a las instituciones europeas y globales. Ejercer una presión a nuestros gobiernos para empezar un proceso global que desmonte esas redes cooperantes de paraísos fiscales, para sancionar a quienes no cumplan con esas reformas, para dejar sin negocio a esos bufetes y sin posibilidad de evadir a esos millonarios y esas empresas. El escándalo de los Pandora Papers nos ayuda a enfadarnos y a abrir los ojos, pero a lo que tenemos que mirar y señalar es al sistema.

Por Yago Álvarez Barba

@EconoCabreado

7 oct 2021 19:18

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EU, uno de los más grandes paraísos fiscales del mundo

Nueva York., Pocos estadunidenses se imaginarían que vivían en uno de esos países que ofrecen servicios para que los ultrarricos –empresarios, políticos, criminales– oculten sus fortunas, pero entre las revelaciones más sorprendentes de los Papeles de Pandora es que Estados Unidos se ha vuelto uno de los mayores paraísos fiscales del planeta; menos sorprendente es que empresas y ricos estadunidenses, incluyendo muchos bajo sospecha o investigación criminal, continúan escondiendo sus fortunas en paraísos fiscales en el extranjero.

La "economía clandestina" de empresas fantasmas y fideicomisos bajo prestanombres en paraísos fiscales es un lucrativo negocio internacional con el propósito de ayudar a los ricos a evadir impuestos o investigaciones criminales o para lavar dinero, o sencillamente para disfrazar sus activos. Sobre todo, el servicio esencial es la discreción absoluta y por ello la investigación nombrada Papeles de Pandora por un equipo de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), basada en la mayor filtración financiera en la historia, con casi 12 millones de documentos provenientes de 14 empresas dedicadas a este negocio, está generando un sismo en el paraíso de los ricos y sus cómplices.

Establecer estas empresas o cuentas no es ilícito en sí, pero los Papeles de Pandora revelan que varios de los clientes –tanto individuos como empresas– son criminales o han sido acusados de conductas sospechosas, delitos, abusos y violaciones de derechos humanos en el extranjero.

Este negocio es cada vez mayor en Estados Unidos, país cuyos gobernantes no dejan de hablar de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Por cierto, la tarde de ayer la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, en respuesta a preguntas sobre las revelaciones, afirmó que "el presidente (Joe Biden) está comprometido a llevar transparencia adicional a los sistemas financieros de Estados Unidos y el internacional, y uno puede ver eso en las políticas que ha propuesto y apoyado".

La investigación revela que Estados Unidos –con esta industria centrada en los estados de Dakota del Sur, Florida, Texas, Delaware y Nevada entre otros– se está convirtiendo en uno de los mayores paraísos fiscales del mundo, sobre todo para fideicomisos que son establecidos para ocultar fortunas de megarricos, e identificó 206 fideicomisos ligados a individuos en 41 países, entre ellos 28 que parecen estar vinculados con clientes acusados de conducta sospechosa o criminal en el extranjero, incluyendo soborno, fraude y violaciones de derechos humanos.

Estados Unidos está superando a Suiza como el país que más asiste a individuos a ocultar sus finanzas de las autoridades.

Los Papeles de Pandora revelan que el estado de Dakota del Sur se ha vuelto rival de los famosos paraísos fiscales en el Caribe y Europa con aproximadamente 360 mil millones de dólares en este tipo de cuentas, y con algunas de las protecciones legales mas extensas del mundo.

Entre los clientes con cuentas en Dakota del Sur se ha identificado a personajes como Carlos Morales Troncoso, ex vicepresidente de la República Dominicana y ejecutivo en jefe de la mayor empresa azucarera de la isla, la familias del conglomerado ecuatoriano Grupo Isaías, el magnate de jugo de naranja brasileño Horst Happel y el empresario textilero colombiano José Douer Ambar, entre otros –todos bajo algún tipo de investigación o acusados de abusos laborales–.

A la vez, los Papeles de Pandora revelan cómo estadunidenses ricos bajo sospecha por maniobras ilícitas o investigados por delitos usaron los servicios para ocultar sus fondos, incluso de las víctimas de sus crímenes. Entre ellos se identifica a Marc Collins Rector, un ejecutivo del mundo del espectáculo en Los Ángeles que abusó sexualmente de jóvenes en los 90. Evitó pagar las demandas logradas por las familias de algunas de las víctimas ocultando sus millones en cuentas offshore en Belice.

Otros clientes de ese paraíso incluyeron a un dentista que defraudó a la aseguradora federal Medicaid, un cómplice de la mafia, un productor de drogas adulteradas y un rico que acaba de ser condenado por el homicidio de un amigo en 2000, y un empresario acusado de lavado de dinero, entre otros.

Uno de los principales actores internacionales en este negocio de finanzas clandestinas es el bufete de abogados mas grande de Estados Unidos, Baker McKenzie, con 4 mil 700 abogados en 46 países. Christine Lagarde, actual jefa del Banco Central Europeo y anteriormente del Fondo Monetario Internacional fue una abogada y ejecutiva del bufete en las oficinas en París a principios de los años 2000.

"Cuando multimillonarios, multinacionales y los políticamente conectados buscan ocultar riqueza y evitar impuestos, frecuentemente voltean a Baker McKenzie", reporta el ICIJ, identificando al bufete como “arquitecto y pilar de una economía en las sombras, frecuentemente llamada offshore que beneficia a los ricos a expensas de las tesorerías de naciones y las carteras de los ciudadanos ordinarios”.

Baker McKenzie, según lo que revelan los documentos, ayudó a establecer empresas fantasmas en Chipre para la megamultinacional RJR Nabisco, canalizar miles de millones de ganancias de Facebook a cuentas en Irlanda con sus bajas tasas de impuestos, y a Nike ocultar beneficios en cuentas holandesas. Pero no es todo: entre sus clientes están varios implicados en corrupción política, fraudes empresariales y otros vinculados a regímenes autoritarios. Entre ellos está Najib Razak, prófugo autor intelectual del robo multimillonario de un fondo público de inversiones en Malasia, el fabricante de armas ruso Rostec, la esposa del financiero brasileño Daniel Birmann, el multimillonario colombiano Jaime Gilinski Bacal, además de empresas acusadas de evadir impuestos, como Apple.

Chuck Collins, coordinador del proyecto sobre desigualdad económica del Institute for Policy Studies en Washington, quien asesoró a algunos de los periodistas de Pandora, comentó sobre las revelaciones que "todos nosotros aquí en Estados Unidos deberíamos de estar absolutamente avergonzados de que nos hemos convertido en un imán para fortunas cleptocráticas. Nuestros políticos necesitan clausurar el sistema de riquezas ocultas".

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Miércoles, 29 Septiembre 2021 05:51

El desplazamiento forzado aumenta en Colombia

La emergencia se presenta en el norte del municipio de Juradó como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y su presencia en los territorios indígenas. EFE/Archivo

El desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia

Casi 45.000 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Colombia en la primera mitad del 2021, 44.647 personas según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Esto no es nuevo para Colombia que ostenta el triste récord de ser el primer país del mundo en número de desplazados internos, como atestigua el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, con 8,3 millones de personas contabilizadas hasta finales de 2020. Y el dato más preocupante es que las personas desplazadas internas en este primer semestre tripliquen a las que lo hicieron en el primer semestre del año anterior, porque significa que las dinámicas de desplazamiento no se han parado sino que siguen agravándose. Comunidades del norte del país, de Ituango en Antioquia, del Sur del departamento de Bolívar, del Cauca, de Nariño han tenido que abandonar sus territorios por la disputa por el control del territorio generándose con ello una crisis humanitaria.

Los actuales desplazamientos se están dando en el curso de la profunda crisis política, económica, social y de derechos humanos, agravada por la presente pandemia, que está atravesando Colombia. El apoyo masivo de la población, que se volcó a las calles, al paro nacional indefinido que comenzó el 28 de abril ha sido una respuesta a esta crisis. La otra cara de la moneda ha sido la brutalidad militar y policial,  el escenario de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, con que el gobierno colombiano ha respondido al paro y a las demandas de la sociedad civil. Esta respuesta gubernamental nos da algunas pistas para entender el porqué de la persistencia del desplazamiento forzado.

La disputa por el control del territorio entre los grupos armados ilegales es la primera razón con la que se explican los desplazamientos. La voluntad expresa del gobierno del actual presidente Iván Duque, y del uribismo que lo sustenta, de no cumplir los acuerdos frustró la oportunidad para la paz que podía brindar lo pactado en La Habana. Este incumplimiento llevó a sectores de las FARC a retomar la guerrilla y toda la economía que gira a su alrededor y, asimismo, expresó la voluntad del gobierno de frustrar las posibilidades de lograr un acuerdo de paz con el ELN, la otra gran guerrilla histórica. Y mientras, el paramilitarismo se extendía y consolidaba en las zonas donde se retiraban las FARC-EP. Grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominado Clan del Golfo, los Caparros, y otros, disputaban el control del territorio autofinanciados con el narcotráfico, con el apoyo de transnacionales sobre todo extractivistas, y contando para su accionar con la connivencia del ejército.

También la no implementación de lo firmado en la Habana para favorecer el campo y la economía campesina ha estimulado nuevamente la extensión de los cultivos ilícitos en los territorios, que no han visto ninguno de los apoyos a planes productivos alternativos acordados. El Gobierno desatendió los proyectos de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación[1], y hoy muchos de los desplazados son exguerrilleros de las Farc que no pueden adelantar sus proyectos productivos mientras son amenazados y asesinados.

Las dinámicas del desplazamiento permiten el control del territorio, pero no sólo para las rutas de la ilegalidad, sino también, dentro de una clásica estrategia contrainsurgente, para el control social y lo que es todavía más importante, permiten el control de los recursos existentes y su explotación por las grandes empresas nacionales o internacionales. En la geografía del desplazamiento subyacen recursos minerales, metales o madera y grandes proyectos extractivos o de agricultura industrial que para su explotación precisan la eliminación de las insurgencias pero también de las resistencias sociales a esos proyectos y al despojo de las poblaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes que habitan en los territorios codiciados.

La expansión de la frontera extractiva a territorios a los que no había llegado por la presencia de la guerrilla o la oposición social es una de las causas del actual agravamiento de los desplazamientos.

Los casos de Ituango en el departamento de Antioquia, del Sur de Bolívar y la situación en el norte del departamento del Cauca pueden ayudar a comprender las razones del desplazamiento forzado.

En este mes de julio en Ituango, 4090 personas, de ellas 1300 menores de edad, se desplazaron a la cabecera municipal por presión de los grupos ilegales, amenazas a personas y comunidades, combates, produciéndose así una terrible crisis humanitaria. Este desplazamiento no ha sido un fenómeno nuevo. Enlaza con las masacres del Aro y la Granja, entre otras, desde los 90 hasta ahora. Se enmarca, además de economías y grupos ilegales, con proyectos empresariales como el embalse de Hidroituango, propiedad de Empresas Públicas de Medellín fuertemente contestado por las comunidades afectadas, o las concesiones mineras a Cerro Matoso SA, empresa cuestionada por sus vínculos con el paramilitarismo, y a otras empresas nacionales y multinacionales que han presentado 34 solicitudes de contrato minero que cubrirían el 40% de las 234.700 has. del municipio de Ituango.

No hace falta profundizar mucho para ver cómo en un territorio como Ituango en el que antes de los acuerdos había una fuerte militarización, tras la desmovilización de las FARC, aunque en menor medida siguen actuando disidencias de las FARC, el ejército permite la penetración de los nuevos grupos paramilitares. El ejército retiró las bases militares que en lo más duro del conflicto protegían el proyecto de Hidroituango, manteniendo una presencia menor de tropas de la Cuarta Brigada. A la vez más de 1000 hombres armados del grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia rodean el municipio. Es imposible que fuerzas de ese calibre puedan moverse con tanta facilidad sin la connivencia de la fuerza pública.

En Ituango las autoridades y las fuerzas militares y policiales han estado presionando para el retorno de los desplazados, un retorno  a un territorio que el estado no protege, sin dar garantías por tanto para la seguridad que los desplazados precisan, y por contra señalando a algunos de los líderes de los albergues. Esta política no va a evitar nuevos desplazamientos sino que permite la repetición, cada poco tiempo, de unos desplazamientos en los que se pierden las cosechas, el cuidado de los animales, con lo que es extremadamente difícil sacar el fruto de los proyectos productivos de sustentación y que pueden forzar el desplazamiento y el despojo definitivo.

También en este mes de julio se ha producido un desplazamiento masivo en el Sur de Bolívar. 1000 personas, unas 250 familias, se han visto obligadas a desplazarse al casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur por la violencia entre grupos armados en sus territorios. El Sur de Bolívar sufre desde hace muchos años la disputa por la explotación minera. Hay oro en las serranías de San Lucas y el Corcovado. La acumulación de títulos mineros y las solicitudes en marcha por grandes mineras nacionales y transnacionales buscan desocupar el territorio de sus pobladores y sus trabajos de minería artesanal. Mientras Fedeagromisbol, que agrupa 45 asociaciones agromineras de pequeños mineros, lucha por ir formalizando sus explotaciones artesanales grandes empresas, como AngloGold Ashanti, Mineros SA, Comercializadora  Internacional Carbones de Córdoba y Antioquia, Uragold SA, CI Minwerbank ltda, tienen proyectos de minería a gran escala acaparando los títulos concedidos y otras concesiones pendientes de aprobación. Los datos son ilustrativos, las solicitudes presentadas afectan a 960.114 hectáreas, el 60% de la región, y más de la mitad de las solicitudes se concentraron en 5 solicitantes mientras las comunidades tenían solicitudes para 7.913 hectáreas.

El Sur de Bolívar es un territorio en el que históricamente el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha tenido presencia. Hoy también están los paramilitares de las AGC, y las disidencias de las Farc, el frente 37 y los de Gentil Duarte, disputando el territorio. La militarización existente en el territorio se incrementó en enero de 2019 con la llegada de los 2000 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía nacional, pero como decía la nota de prensa su tarea era combatir al ELN. Es quizás por ello que en abril de 2021 se denunciaba como los paramilitares podían establecer un retén permanente en el Cerro de los Muñecos, a pesar de la cercana presencia del Batallón Nariño del ejército, incluso algunos pobladores señalaban a los miembros de ese batallón de abrirle el paso a los paramilitares y abastecerlos de alimentos.

El alcalde de Segovia, Didier Osorio, denunciaba este 24 de agosto que policías estarían informando a los paramilitares sobre operativos en la zona, de cómo son los turnos, los desplazamientos, de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan actuar.

El Norte del Cauca es un territorio donde mal convive con los territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes el desarrollo de grandes empresas, de parques industriales y de zonas francas Hay una gran militarización con bases de unidades móviles y de alta montaña. Sólo en los municipios de Caloto, Corinto y Toribio hay siete bases militares y seis retenes militares permanentes de la policía y el ejército. A pesar de ello se están repitiendo las matanzas de líderes indígenas y existe el riesgo de desplazamiento de población afrodescendiente. Población a la que se ha marginado del supuesto desarrollo que han conllevado los parques industriales, y a la que se le ha negado su cosmovisión, sus derechos, empleabilidad y proyecto social. Según Indepaz en este año se han producido 9 masacres en el Cauca, con 28 personas asesinadas que ha afectado a población indígena y afrodescendiente.

La misión de las fuerzas militares es de hecho dar seguridad a las empresas, y no a las personas y comunidades que habitan el territorio. Una base militar está en la zona franca donde se ubica una de las principales empresas, Propal (Productora de Papeles SA), la seguridad privada de las empresas está vinculada al ejército y sus jefes son exmilitares o personal activo del ejército, a la vez que algunos municipios están contribuyendo con sus fondos propios a sufragar una parte de la presencia militar. El apoyo a las empresas por parte del estado contrasta con los 350 acuerdos incumplidos firmados entre el gobierno y las comunidades afrocaucanas, que dificultan los planes de vida propios, a la vez que permiten las explotaciones mineras con impacto ambiental y el crecimiento de los cultivos ilícitos y los grupos paramilitares.

Podríamos concluir que el desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia.

 

Tomàs Gisbert

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

María Jesús Pinto

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

29/09/2021

[1] Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización son espacios creados en virtud de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016, verificados por Naciones Unidas para la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los Ex Combatientes de las FARC-EP. Al terminarse en 2017 son sustituidos por los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. En 2020 existían 20 ETCR y se crearon aproximadamente 93 Nuevas áreas de reincorporación.

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