Jueves, 13 Septiembre 2018 17:10

Uribe-Farc: vidas paralelas**

Hernando Carrizosa, de la serire “Referentes” (Cortesía del autor)

No es posible que un hombre de dimensión histórica como Uribe vaya a parar a la cárcel, mientras los criminales de las Farc estén en el Congreso, reclaman 1.057 “ciudadanos colombianos”, en un comunicado de página entera, en todos los diarios del país, el domingo 5 de agosto. “Es una osadía”, inculpan los más inspirados y lúcidos columnistas de esos mismos diarios. A pesar del escándalo y las marrullerías, si las pruebas que posee la Corte son tan sólidas, como se presume, Uribe no la tiene fácil.

 

El llamamiento a indagatoria al senador Álvaro Uribe Vélez por la Corte Suprema de Justicia les ha parecido un exabrupto a algunos periodistas, a personas de cierta relevancia en la sociedad y activistas en las redes sociales. Mil cincuenta y siete de los más fieles seguidores de Uribe, entre quienes se encuentran muchos congresistas y empresarios del Centro Democrático, publicaron en todos los diarios del país una declaración de apoyo a su jefe. Todos los firmantes y defensores oficiosos de Uribe consideran que es una persecución política de sus enemigos, porque él “liberó a Colombia de ser un Estado fallido”. Es inconcebible, argumentan, que Uribe deba ir a la cárcel, mientras que los reclutadores y violadores de niñas, torturadores, secuestradores y autores de las más sangrientas masacres ocupen las sillas del Congreso.


Llamar a indagatoria a Uribe, una osadía


La narrativa oficial, como verdad única, contada por los medios de comunicación y los dirigentes políticos y gremiales –y escuchada, vista y leída día y noche, a mañana y tarde, por quienes comenzaron a tener uso de razón a partir de los años ochenta del siglo XX–, presentan a Uribe y a las Farc, como vidas paralelas, sin ningún estudio ni análisis.


Por una parte, ha existido un prohombre, el “gran colombiano de todos los tiempos”, que además de haber sido presidente de la República, fue funcionario de las Empresas Públicas de Medellín y del ministerio del Trabajo, director de la Aeronáutica Civil, alcalde y concejal de Medellín, gobernador de Antioquia y senador. Y, por otra parte, han tenido presencia en Colombia unos terroristas, sin Dios y sin ley que le han causado mucho daño a la sociedad: las Farc. Y un dato más dice la narrativa: Uribe arrinconó y estuvo a un paso de derrotar para siempre a los bandidos de las Farc.


¿Cómo es posible que el prohombre tenga que ir a la cárcel y los terroristas de las Farc puedan sentarse en las curules del Congreso y pavonearse orondos por las calles y los campos de Colombia? Es la pregunta que se formulan los 1.057 que pagaron el comunicado de prensa el domingo 5 de agosto, y columnistas tan reconocidos por el establecimiento, como María Isabel Rueda, Mauricio Vargas y Saúl Hernández de El Tiempo y Luis Carlos Vélez y Mauricio Botero Caicedo de El Espectador. Hernández sintetiza en un trozo lapidario el pensamiento de todos: “El clima de concordia y reconciliación que quiere promover el presidente Duque se irá a pique si los honorables magistrados incurren en la osadía de dictarle medida de detención preventiva al expresidente Uribe” (1). Conclusión: la única manera de que haya concordia nacional, es asegurándole la impunidad al senador Uribe.


Dos historias de Uribe


Es un exabrupto el llamamiento a indagatoria a Uribe, dicen sus seguidores, porque la única verdad para todos ellos es que “él es un hombre de dimensión histórica, por su rectitud, su interés en hablar siempre con la verdad y su espíritu combativo, virtudes que lo enaltecen y que el país debe agradecer” (2).


A pesar de esa declaración tan conmovedora, circulan otras verdades, según las cuales no ha pasado un solo día del siglo XXI sin que se deje de hablar de un prontuario criminal de Álvaro Uribe Vélez. Y, como si los 18 años del presente siglo no fueran suficientes para contar esas historias criminales, quienes le han seguido el rastro a Uribe y han buceado en su biografía, dicen que sus enredos con el código penal hunden sus raíces en las dos últimas décadas del siglo XX. Aquí dos ejemplos de esos primeros tiempos.


En 1981, Uribe en su condición de director de la Aeronáutica Civil, le otorgó licencia a Jaime Cardona, para que el beneficiario operara la ruta aérea Medellín-Turbo. Cuando el gobernador de Antioquia, Iván Duque Escobar se enteró de esa licencia montó en cólera, porque Cardona era un empresario vinculado estrechamente a la mafia. Ese lance tuvo un final feliz para Uribe, pues convenció al gobernador de que estaba mal informado, porque Jaime Cardona “era un hombre honorable”. Quien no tuvo un final feliz fue precisamente Cardona: al poco tiempo fue condenado por narcotráfico y más tarde murió en un accidente aéreo, en el momento en que su avión particular despegaba de la pista privada, construida en la hacienda de su propiedad (3).


En 1982 Álvaro Uribe no tuvo la misma suerte. Fue nombrado alcalde de Medellín por el gobernador Álvaro Villegas, pero solamente ocupó ese cargo durante cinco meses, porque el presidente de la República, Belisario Betancur, llamó a su despacho al gobernador y le exigió que le pidiera la renuncia al burgomaestre, por cuanto tenía noticias de que tanto Álvaro Uribe, como su padre, Alberto Uribe Sierra, estaban vinculados con las mafias del narcotráfico. A pesar de la violenta reacción, el joven alcalde no tuvo otro camino que renunciar.


Desde entonces, estos treinta y ocho años han estado marcados por una doble historia en la vida de Uribe. Por un lado está la historia de sus cargos, de sus haciendas, de sus caballos y potrancas, en cuyo lomo es capaz de galopar sin que se le derrame una gota de tinto del pocillo que lleva en su mano derecha, mientras con la izquierda conduce el animal. Al lado de esa historia bonita del poder y del dinero, propio de las celebridades, marcha en forma paralela otra, muy agitada y turbulenta, que lo persigue como su propia sombra.


No se trata de simples habladurías que van de boca en boca, en voz baja y de manera clandestina entre los presuntos enemigos del hoy senador. También es pública, está escrita y hace parte de los cerca de 300 procesos que cursan en distintos despachos: tribunales superiores de distrito, Comisión de Acusaciones, Fiscalía General de la Nación y Corte Suprema. En esta última corporación cursan 28, de los cuales10 han sido archivados, pero podrían ser reabiertos, dependiendo como se desenvuelva el ovillo que ha comenzado a desenredarse con el llamamiento a indagatoria, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. Entre los que cursan en la Corte están los relacionados con las masacres de La Granja y El Aro –cuando Uribe era Gobernador de Antioquia–, que fueron declarados por el alto tribunal crímenes de lesa humanidad, razón por la cual no prescriben.


De esa historia documentada y pública hacen parte los debates que Gustavo Petro e Iván Cepeda han hecho en el Congreso de la República sobre el paramilitarismo en Antioquia. Asimismo, los artículos de muchos periodistas –como Daniel Coronell–, y más de media docena de libros. Sólo a manera de ejemplo, cito de memoria algunos: Los jinetes de la cocaína, Fabio Castillo; Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez, Joseph Contreras; Por las sendas del Ubérrimo, Iván Cepeda y Alirio Uribe; El clan de los doce apóstoles, Olga Behar; El narcotraficante #82, Sergio Camargo; Colombia feroz, Martín Madem; La pequeña política de Uribe, Rafael Ballén.


En esa historia –de cuatro décadas–, paralela a la bonita, que cuentan únicamente Uribe y sus incondicionales, hay muchas cosas que lo comprometen: sentencias condenatorias de los más cercanos colaboradores de sus dos gobiernos, de miembros de la fuerza pública por los miles de falsos positivos, y de muchos paramilitares, con compulsa de copias; mutilación de folios de expedientes en la Aeronáutica Civil y barrido de audios acusatorios de la Fiscalía General de la Nación; muerte de testigos que habían declarado o pensaban declarar contra Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago. Las crónicas y las redes hablan de un total de 12 testigos asesinados, siendo el más reciente el de Carlos Enrique Areiza, acaecido el 14 de abril de 2018.


Ahí están los hechos, a la espera de que el periodismo de investigación cumpla con su deber: escudriñar y hacer público lo que el poder de un solo hombre se ha empeñado en ocultar. Con simetría ética, objetiva e imparcial, con rigor científico-social, ese periodismo investigativo debería formularse al menos dos preguntas: ¿En cuántos procesos, cada uno de los voceros del partido Farc, han gritado, humillado y amenazado a sus jueces? ¿Cuántos testigos que hayan declarado en contra de esos líderes han sido amenazados o asesinados? Contrastar hechos y conductas de las vidas paralelas, es pertinente.


La vida de las Farc


Las Farc, en la vida paralela a la de Álvaro Uribe Vélez, como se ha contado en la narrativa oficial, es una banda de forajidos, que un día, hace más de medio siglo, se alzó en armas y durante 52 años puso en peligro la democracia más sólida y antigua de América. En su plan terrorista esos bandidos violaron niñas, secuestraron, masacraron inocentes y cometieron los más horrendos crímenes. Y, sí. Así fue en el devenir del tiempo, en la degradación de la guerra, porque ninguna guerra es limpia, ninguna guerra es justa y ninguna guerra es humanitaria. Todas son sucias, injustas e inhumanas.
Sin embargo, el comienzo de la guerra no fue así, en las circunstancias de tiempo y de modo. Su origen no se encuentra en un levantamiento en armas en 1964. Eso no es verdad. El 7 de agosto de 1946 asumió la presidencia de la República el conservador Mariano Ospina Pérez, y a partir de entonces, se inició la más feroz persecución contra el pueblo liberal.


El 7 de febrero de 1948 Gaitán encabezó la marcha del silencio y pronunció la Oración por la paz: “Señor Presidente: en esta oración no os reclamamos tesis económicas o políticas. Apenas os pedimos que nuestra patria no transite por caminos que nos avergüencen [...]. ¡Os pedimos hechos de paz y de civilización! Os pedimos que cese la persecución de las autoridades; así os lo pide esta inmensa muchedumbre”. Dos meses después de ese certamen Gaitán fue asesinado.


Como consecuencia de ese crimen, el régimen conservador arreció la persecución al pueblo liberal: incendios, saqueos, desplazamientos forzados, violación de mujeres, torturas y masacres indiscriminadas. A los líderes liberales y a sus hijos se les cazaba como a un jabalí viejo (4). Uno de esos jovencitos, a quien se le dio cacería fue a Pedro Antonio Marín Marín (5), en las localidades de Génova y La Primavera, en el departamento del Quindío y en Ceilán, en Valle del Cauca. En las selvas de este último lugar, tuvo que ocultarse durante seis meses en la más absoluta soledad. Privado de su familia, de sus amigos y de su trabajo. El joven Marín, a pesar de su corta edad, era un próspero comerciante, primero en La Primavera y luego en Ceilán. Pero todo quedó a la deriva cuando se le vino encima la inhumana cacería: todos los caminos legales quedaron cerrados (6).


Después de seis meses de ocultamiento para salvar su vida, Pedro Antonio Marín no tuvo ante sí sino dos alternativas: o permanecer allí para siempre, convertido en un montaraz solitario o salir a la civilización, continuar su trabajo y resistir la agresión oficial. Escogió la última opción: era el año de 1949. Convocó a trece primos –con él 14– y organizó la resistencia. Así, de ceros, con sólo quinto de primaria, comenzó un proceso de trabajo agrícola y de resistencia a la violencia ejercida por las tropas del Estado. Unos años después serían 44 familias campesinas asentadas en Marquetalia. Allí, pese a las limitaciones de créditos, asesoría técnica y de vías que facilitaran el mercadeo de sus productos, esos campesinos eran autosuficientes.


Con la asesoría norteamericana (7), el gobierno colombiano organizó, en mayo de 1964, lo que se conoce como la “Operación Marquetalia”. 16.000 soldados fueron desplegados por aire y tierra para darles cacería a las 44 familias campesinas, que a pesar del poderío oficial, quedaron intactas. Más tarde fue creado un pequeño ejército insurgente, que su fundadores denominaron Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc–.


Ese pequeño ejército, inicialmente de 44 familias fue creciendo paulatinamente. Diez años después tenía 1.000 hombres y mujeres, y al cabo de tres décadas se convirtió en un ejército de 25.000 unidades. Fue perseguido por 12 presidentes de la República y por tres ejércitos, con todo el poderío, el dinero y la tecnología: el oficial de Colombia, el de los Estados Unidos y el paramilitar, que a través de la historia política tomó diversos nombres: chulavitas, pájaros, auto defensas unidas de Colombia, bacrim o simplemente paras.


En esas vidas paralelas –Uribe-Farc–, hay un período de la historia política de Colombia, que en la dialéctica de la guerra, es de antología: el ejército insurgente se hace invencible; Uribe, siendo gobernador de Antioquia, en los años noventa del siglo XX, impulsa el paramilitarismo mediante la creación de las convivir; la insurgencia y sus bases sociales resisten hasta el sacrificio; en el cenit de ese holocausto, Uribe no habría logrado tanto apoyo popular, ni habría sido presidente de la República sin la presencia de las Farc en todo el territorio colombiano.


Por eso, la fortaleza de las Farc durante el primer lustro del siglo XXI, fue para Uribe una bendición. Es más: si Uribe, a la cabeza de los tres ejércitos, con toda la tecnología y con el impuesto de guerra hubiera derrotado a las Farc durante su primer cuatrienio, en 2006 no habría sido reelegido. Muchos recordarán que el principal argumento para su reelección no fue alcanzar mejores índices de desarrollado del país, sino, “la culebra está viva”. Y, claro, tenía disculpas para un tercer período, que lo intentó hasta el final, porque la “culebra continuaba viva”. Pero la Corte Constitucional no le dio el aval, porque la sociedad ya estaba hastiada.


Ese ejército que surgió de la nada, de la simple resistencia para defender la vida; que creció y se hizo invencible, fue invitado por el presidente Santos a sentarse a negociar la paz. Ese ejército que ante la adversidad y el poderío militar del Estado resultó invicto, por voluntad propia se sometió a la Constitución y la ley, entregó sus armas a cambio de que a sus excombatientes les permitan hacer política sin que los maten. Hoy, sus máximos voceros están en el Congreso, excepto Timochenko, que voluntariamente prefirió hacer política desde el terreno llano.


Estado actual de las vidas paralelas


Una vez dejó la presidencia de la República, Uribe creó un partido político para hacerle la más feroz oposición a Juan Manuel Santos, su sucesor, en vista de que este no aceptó ser su títere. Y, como siempre, recurrió a la simulación, dándole a ese partido un nombre que es la antítesis de la realidad: Centro Democrático. Todo el mundo sabe, que no es de centro ni mucho menos democrático. Es un partido de extrema derecha y caudillista, hasta el punto de que su símbolo no es un escudo, una bandera o unas letras, sino la efigie del propio Uribe.


Con ese partido intentó en 2014 poner presidente de la República y tomarse todo el Congreso, con el argumento de “la amenaza terrorista”. En plena negociación entre el Estado y las Farc, el símbolo de su lucha fue Timochenko, el comandante en jefe de esa guerrilla. “¡Ayúdenme! No me dejen solo en el Senado, al lado de Timochenko”, le pedía a sus seguidores, entre suplicante y mordaz. Y agregaba: “Imagínense ustedes a Timochenko en el Senado”. La hazaña que no alcanzó con Zuluaga en el 2014, la logró con Duque en 2018.


En pocas palabras, la ecuación de las vidas paralelas hoy, es sencilla. Uribe, que se ha aprovechado del Estado en todas las estructuras del poder, está sub judice en cientos de procesos, por violar la Constitución y la ley. Y, hasta este momento ningún juez lo ha juzgado, entre otras razones, porque amenaza a todos sus jueces grita, humilla y asusta. En suma, aunque no parezca, Uribe es el terrorista.


En cambio, los miembros de las Farc, comenzaron huyendo a la acción criminal del Estado, hasta que lo enfrentaron militarmente, pese a la desigualdad descomunal. Pero después de muchas acciones de guerra, en las que incurrieron en múltiples crímenes, se sometieron a la Constitución y la ley, entregaron sus armas voluntariamente, se desmovilizaron y están haciendo política y legislando. Y, lo más importante: se han sometido, rigurosamente, a la Justicia Especial para la Paz –JEP–, sin desconocer a ninguna autoridad.


¿A dónde pueden conducir estas vidas paralelas? ¡Ho ironía! ¡Ho casualidad! Si la sociedad se come el cuento y los tribunales lo aceptan, no es nada extraño que los antiguos miembros de las Farc vuelvan a ser la salvación de Uribe, con una pregunta sencilla: ¿Por qué el héroe tiene que ir a la cárcel y los villanos al Congreso?


A pesar de todas las marrullerías, incluyendo el asesinato de testigos, la mutilación de expedientes y el barrido de los audios de la Fiscalía, si las pruebas que posee la Corte para llamarlo a indagatoria son tan sólidas, como se presume, el “presidente eterno” no la tiene fácil. Muchos piensan –y muchos más desean–, que Uribe terminará pidiendo pista en la JEP. Entonces, quienes así piensan y desean, podrán decir, como dice el que dijo Uribe: “El que la hace la paga”.

 

** “Decidí comparar y cotejar al fundador de la bella y cantada Atenas con el padre de la invicta y gloriosa Roma”. Así comienza Plutarco sus diez biografías paralelas: Teseo-Rómulo; Licurgo-Numa; Solón-Publícola; Temístocles-Camilo; Pericles-Fabio Máximo. En su célebre obra Vidas paralelas, son más homogéneas las vidas que él compara en cada pareja, que el símil que existe entre Uribe, el hombre del poder absoluto, y las Farc, como movimiento político-militar que lo enfrentó como gobernador de Antioquia, presidente de la República y enemigo acérrimo del proceso de paz que el Estado firmó con esa guerrilla. Sin embargo, son vidas que devienen en un mismo contexto geográfico, histórico y político.
1. Saúl Hernández Bolívar. “A la llegada de Iván Duque”, en El Tiempo, Bogotá, martes 7 de agosto de 2018, p.1.15.
2. “Comunicado en apoyo al expresidente Álvaro Uribe Vélez”, en El Tiempo. Domingo 5 de agosto de 2018, p. 1.13.
3. Joseph Contreras, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe Vélez. (El señor de las sombras), Bogotá, Oveja Negra, 2002, pp. 7 y siguientes.
4. El jabalí viejo es animal más audaz y difícil de cazar, según concepto de sus depredadores.
5. En una ceremonia, digna de Don Quijote, Pedro Antonio Marín Marín fue rebautizado con el nombre de Manuel Marulanda Vélez, en homenaje a un líder sindical torturado y asesinado por los servicios secretos.
6. Carlos Arango Z, FARC. Veinte años. De Marquetalia a la Uribe, Bogotá, Ediciones Aurora, 1984, p. 95.
7. Entre el 2 y 13 de febrero de 1962 el general William Yarborough, impartió instrucciones contrainsurgentes en 4 de las 8 brigadas del ejército que existían entonces en Colombia.

 

*Profesor investigador y escritor. Autor, entre otras obras, de La pequeña política de Uribe, y de las novelas Cenizas y La vida ejemplar de Constantina. Ph.D en derecho público por la Universidad de Zaragoza-España. Exmagistrado y Exprocurador Delegado para la Vigilancia Judicial y para las Fuerzas Militares.

EU procesará a jueces de la CPI si actúan contra sus soldados en Afganistán

Estados Unidos amenazó este lunes con arrestar y procesar a jueces y a otros funcionarios de la Corte Penal Internacional (CPI) si el tribunal emprende acciones por crímenes de guerra contra estadunidenses que lucharon en Afganistán, afirmó que esa instancia “está muerta para nosotros” y la calificó de ilegítima.

“Vamos a impedir a esos jueces y fiscales la entrada a Estados Unidos. Vamos a aplicar sanciones contra sus bienes en el sistema financiero estadunidense y vamos a entablar querellas contra ellos en nuestro sistema judicial”, advirtió John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos.


“Haremos lo mismo con cualquier compañía o Estado que ayude a una investigación de la CPI en contra de los estadunidenses”, dijo ante la organización conservadora Federalist Society, en Washington.
Bolton acusó a la corte internacional encargada de juzgar principalmente crímenes de guerra y de lesa humanidad de ser “ineficaz, irresponsable y francamente peligrosa para Estados Unidos, Israel y otros aliados”.


Para Estados Unidos cualquier iniciativa sobre las acciones de efectivos de seguridad suyos sería “una investigación completamente infundada e injustificable”.


A principios de noviembre de 2017, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció que pediría a los jueces la autorización para investigar crímenes de guerra cometidos presuntamente en el conflicto armado afgano, principalmente por el ejército estadunidense.


En Afganistán, Estados Unidos sigue a la cabeza de una coalición militar que depuso al régimen talibán en 2001.


“En cualquier momento la CPI podría anunciar la apertura de una investigación formal contra esos patriotas estadunidenses”, explicó el consejero de Donald Trump.


Y le dirigió un mensaje sin ambigüedad a la corte: “Estados Unidos utilizará todos los medios necesarios para proteger a nuestros conciudadanos y los de nuestros aliados, de enjuiciamientos injustos por parte de esta corte ilegítima”.


La Corte Penal Internacional se rige por el Estatuto de Roma, un tratado ratificado por 123 países. Su fiscal puede abrir sus propias investigaciones sin permiso de los jueces, siempre y cuando impliquen a un país miembro, en este caso, Afganistán.


Bolton, quien fue embajador de Washington en la ONU durante el gobierno de George W. Bush, dijo que la principal objeción de la administración Trump es la idea de que la CPI podría tener mayor autoridad que la Constitución de Estados Unidos y su soberanía.

 

 

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Colombia. Recordar el silencio, resistir al olvido. 20 años después de la masacre paramilitar en Monteloro

Silencio. Abandono. Soledad. Todas las palabras que fluyen y no fluyen están atravesadas por el dolor y la rabia. En la vereda de Monteloro, Barbosa (Antioquia), la tarde noche del 27 de junio de 1998 un grupo de paramilitares con confianza abusiva asesinó a seis personas. Destructiva crueldad. Dos décadas después no hay justicia en una vereda llena de ausencias. De dolores que carcomen. De nunca decir. Y de nunca ser escuchados.

Se habla de “paz” en Colombia por no decir guerra y apenas hay voces que salgan a decir lo contrario porque están silenciadas y las que no, son asesinadas. Muchos lugares están sometidos al silencio. Cada vez son más los lugares de los que no sabemos nada, de los que no sabemos qué ha pasado, qué está pasando. ¿Por qué será?

 

Escribir palabras, captar imágenes es quedarse largo rato adentro de ellas, buscando oír la voz de la experiencia vivida de la violencia. Una humilde resistencia al olvido. Un relato sobre un relato de lo real que resulta aterrador al mostrar la historia de las familias que sobreviven a la muerte con tal naturalidad.

La vereda de Monteloro a casi una hora de Barbosa, por caminos de tierra no transitables para la mayoría de coches, es un territorio donde se vive en una sensación generalizada de silencio. Silenciar es una estrategia militar de guerra, pero también el silencio es una forma de sobrevivir.

Silencio. Aquí no les gusta que uno hable. Que uno recuerde. La masacre de Monteloro sucedió hace 20 años. Nadie sabe. No quedó nada. Muchos se fueron. Apenas queda la coexistencia silenciosa de familiares y vecinos. Pues siempre habrá cosas que no se hablen, conversaciones que no se acaben y oídos sensibles al silencio.

 

"Esta herida: un hecho. Esta manera de quebrase y de caer: un lugar (Cristina Rivera)"

Abandono. El lugar. La casa donde ocurrió la masacre está desolada. Era una tienda de mercado, ahora cerrada. Abandonada. Tapiada. Una pared de ladrillos, apenas una cruz. Lejana. Encerrada en los acontecimientos de aquella noche.

Los hechos sucedieron allí, en esa casa, con seguridad pasmosa en lo que hacían y con la confianza abusiva infundada por la impunidad, llegó un grupo de paramilitares y asesinaron a Antonio Vanegas, Emilio Agudelo y sus hijos, Ricardo y Héctor. “Pongan guaro y prendan la música, que se prendió esto” les ordenaron antes de asesinarlos. Un guión frenético que invadió la casa, la intimidad. Su historia.

Previamente habían asesinado en su finca a Álvaro Sánchez y después a apenas 1 km por el camino mataron a Rodrigo Monsalve. Esa noche sabemos que seis vidas fueron arrebatadas por el paramilitarismo. El total de gente asesinada por estos grupos armados supera los cientos de miles y no deja de aumentar. Los vínculos y las conexiones entre el gobierno, el ejército y el paramilitarismo permiten esta impunidad y el no saber a cuánta gente han asesinado.

 

"Los vínculos y las conexiones entre el gobierno, el ejército y el paramilitarismo permiten esta impunidad y el no saber a cuánta gente han asesinado".

 

“Allí mataron a otro señor, aquí a mi papá, un tiro, mi hermano en esas piedritas de allí y otro hermano mío justo aquí.” “Aquí fueron cuatro, allá abajo para los lados de arriba otro y el otro allá lo colgaron y lo dejaron zarandeándose de la cabeza".

“Una se lastima recordando, pues todo lo que viene de la familia es dolor.” Al suceder esto, se gesta un silencio perpetuo. Una mirada evasiva. Una soledad asustada. Miedo. Que se complementa con los recuerdos. La gente no olvida. Recuerdan. Es horrible el irrastreable dolor de la muerte. Recuerdan al preguntarles y rememoran sin necesidad de preguntar.

¡Macabro! ¡Dolor!

 

 

Ariel Arango

 

La memoria de lo que sucedió se presenta como la entrada a ese pasado que llevó a Monteloro a ser lo que es. Los ecos de ese pasado construyen la complejidad del silencio y la impunidad de las masacres.

"Mi suergro, Emilio, les gritaba no vayan a dejar huérfanos a estos niños. Mi marido y yo en el suelo. Llorana. Mi hijo mayor tenía entonces dos años. Lloraba. Se llevaron a mis hijos dentro de la casa, los encerreron. A mi me pusieron en el balcón para que viera cómo los maltrataban... Perdí la conciencia".

 

"Murieron en el exceso de las miradas. Murieron frente a las familias. Después de asesinarlos, decapitaron a dos de ellos. A continuación, les obligaron a mirar mientras ellos jugaban al fútbol con sus cabezas".

 

Una forma extrema de crueldad ejercida sobre los cuerpos. Entre risas y patadas, la crueldad de los perpetradores agregó una intención de hacer sufrir todavía más. Cuerpos descuartizados. Profanados.

 


Ariel Arango
 

No volver nunca a la muerte. Quedarse en la muerte. Soledad impuesta por la muerte. Ellos ya no están.

“Mi papa era lo más querido que hay en esta vida.” La muerte ronda con fuerza. Y los imaginarios se insertan en la cartografía del terror, confundiéndose los relatos que parecen pesadillas en vida. La línea difusa entre lo real y lo que creemos que es fantasía desaparece, los sueños son parte del mundo real. “Una hermana mía estaba en embarazo y soñó cómo asesinaban a nuestro papá y perdió al muchacho… nunca se me olvidará eso, se despertó gritando.”

La gente tiene terror a soñar. Pero es en el único momento en el que pueden volver a verles. Un psicólogo llegó tras la masacre y les dijo que las fotografías, los retratos, todo eso siempre escondido. Cómo si por no verles desapareciera el dolor. Cómo si por no verles ya no hubiera sucedido.

Algo así como la impunidad. Tan sólo una mujer, ya mayor, se negó a esconder la fotografía de su hijo. Está colgada en la pared de su cocina, donde todo está envuelto en bolsas de plástico. Apenas pasa tiempo en Monteloro puesto que se desplazaron a la ciudad. Una hija de ella le repite que quite esa fotografía. Y ella siempre responde, no. Resistencias al olvido.

 

Ariel Arango

 

La Fiscalía no indaga. Las caras de los asesinos - de los paramilitares - estuvieron visibles todo el tiempo. Podrían ser descritos. Localizados. Quién sabe. Nunca ocultaron sus rostros. Podría hacerse un retrato de cada uno de ellos. Pero la Fiscalía no indaga. No pregunta. No quieren saber quiénes fueron. Y pareciera que ya no importarse más porqué los mataron. Pero así matan aquí: por nada.

En la tienda de abajo había un teléfono, el único por aquel entonces en toda la vereda. Empresas Públicas de Medellín lo trajo. La Junta de Acción Comunal se encargaba de su manejo. Antonio era el presidente. Ese fue el motivo. La excusa. La razón. El tema. El fundamento. El pretexto. Aludieron a que ellos lo habían prestado a la guerrilla.

 

"En la tienda de abajo había un teléfono, el único por aquel entonces en toda la vereda. Empresas Públicas de Medellín lo trajo. La Junta de Acción Comunal se encargaba de su manejo. Antonio era el presidente. Ese fue el motivo. La excusa. La razón. El tema. El fundamento. El pretexto. Aludieron a que ellos lo habían prestado a la guerrilla".

 

Si no hay cadáver no hay muerto. Si no hay muerto no hay víctima. Si no hay víctima no hay victimario. Si no hay victimario no hay delito. Así dice la teoría penal.

Aquí sí hay cadáveres, hay muertos. Sí hay muertos y hay víctimas. Sí hay víctimas y hay victimarios. Sí hay victimarios pero parece ser que en ambos caso no hay delito que se busque juzgar.

“Que si fue Mancuso, que si algún otro.” “Que mataron a seis pero que iban a matar a quince.” No sabemos nada. No quedó nada. Muchos se fueron. Pasaron 20 años. No hay nadie imputado. No hay sospechosos. No hay acusados. No hay nombres. Sólo una palabra: Impunidad. Y Mancuso extraditado a EEUU para que siga el olvido.

Ese día no terminó con la masacre. Con la muerte. Las familias y vecinos tuvieron que velar los cuerpos en el mismo lugar donde fueron asesinados. Descuartizados. Pasaron las horas. Amaneció. Pasaron las horas. Y nadie acudió. Ninguna fuerza pública encargada de protegerles. Hasta las cuatro de la tarde del día siguiente no aparecieron. Por fin subieron a levantar los cadáveres. Los cuerpos. A tomar testimonios. A recoger pruebas. A hacer lo que se supone que debieran de hacer pero que tampoco hicieron.

“Todo ocurrió en la noche y al día siguiente recuerdo dos soldados cagados de miedo. Les dijimos: ¿por qué les da a ustedes tanto miedo? ustedes pueden creer que si la guerrilla está allí arriba va a venir a sacarnos a nosotros para tirarles a ustedes. A nosotros nos da igual, no hay miedo en nosotros. No contestaban. Mudos. Casi que no vienen a recogerlos del miedo.”

Un acto como este cambia el curso de la vida. Por eso muchas casas están abandonadas. Las puertas tienen candados pero adentro aún hay dolor. Tuvieron que irse algunos. Desvanecerse.

 

Ariel Arango

 

La masacre de Monteloro no es conocida. No es una masacre mediática como otras. No salió en los titulares de prensa, apenas un par de noticias sin apenas información de lo que pasó, de quienes perpetraron la masacre. Estos hechos no acapararon la atención de ninguna audiencia. Se trata “sólo” de seis hombres que fueron asesinados. Que no se volvieron a ver. ¿Por qué? ¿Quién decide qué masacre será silenciada y cuál pertenecerá al relato de la Verdad en Colombia? ¿Por qué?

 

Ariel Arango

 

Alimentado por el silencio, el terror que domina los espacios de muerte, como la tienda cerrada en la vereda de Monteloro, nos paraliza. Este horror es otra cosa. ¿Quién puede sobrevivir a tanto dolor? ¿Y cual es su razón de ser?

Las estructuras paramilitares responden a una política de saqueo del territorio. Allí donde se implantó el terror y la violencia, las familias se desplazaron. Huyeron. Sus tierras, sus fincas, sus casas tuvieron que ser vendidas a muy bajo precio. ¿Quiénes son ahora los dueños de estos paisajes? ¿Qué han hecho con estos territorios?

Caminar las veredas es llenarse de preguntas, de conocer las historias. De subvertir el estado de silencio generalizado. De resistir al olvido. De reclamar justicia.

 


Laura Langa
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En el marco de los asesinatos y montajes judiciales contra los líderes y lideresas sociales por parte del Estado colombiano, tomó forma la campaña Ser líder social no es delito para denunciar estos hechos y, al mismo tiempo, ser pretexto para la unidad entre las comunidades organizadas y todo el pueblo colombiano, víctima potencial de esta estrategia estatal.

 

La campaña Ser líder social no es delito, nace a partir de la necesidad de promover la no judicialización de sus líderes y lideresas, como un elemento de represión estatal. Una estrategia de viejo cuño. El Estado colombiano utiliza la intimidación y las medidas privativas de la libertad para desarticular al movimiento social. Asimismo, otra condición de este abuso arbitrario del sistema judicial es despertar zozobra entre las comunidades y sus familias para desestimular la movilización y la organización social.

 

En los primeros seis meses de este año, han judicializado a 67 personas integrantes del Congreso de los Pueblos (CDP) en procesos efectivos. Es decir, los han llevados ante una instancia judicial para privarlos de la libertad. En el tema de asesinatos, 362 son los líderes asesinados en todo el país, situación que se concentra en el Pacífico y en el suroccidente colombiano.

 

Ante este panorama, procede preguntar: ¿por qué el Estado colombiano prefiere perseguir a los liderazgos sociales en vez de encargarse de solucionar las múltiples problemáticas que aquejan los territorios, entre ellas las altas cifras de homicidios? ¿Por qué el Estado no atiende las problemáticas que generan estos hechos? ¿cuáles son las prioridades del Estado? ¿Por qué el Estado no protege a estas comunidades?

 

Un ejemplo concreto puede verse en la región Pacífico, donde convergen varias situaciones, entre ellas las disputas por las zonas dejadas por las Farc, la cuales están siendo copadas por otros actores armados. Por otro lado, hay un proceso de exigibilidad de derechos en Buenaventura y Tumaco, escenarios de fuertes movilizaciones en los últimos años. Sin embargo, vemos que la respuesta estatal a estos procesos de articulación emergentes son la judicialización y el no cumplimiento de los acuerdos pactados con las comunidades.

 

Una campaña en defensa de la vida y la dignidad

 

La campaña Ser líder social no es delito está abierta a todas las comunidades, es una invitación a todas las organizaciones sociales y políticas que en estos momentos pueden ser víctimas de las acciones arbitrarias del Estado y de los actores paraestatales, quienes estigmatizan y criminalizan toda actividad social.

 

A nivel internacional se han impulsado acciones políticas en rechazo a estas capturas arbitrarias, ejemplo de lo cual son las cartas enviadas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; la carta de los 37 eurodiputados en rechazo al asesinato de los líderes y lideresas sociales y la vinculación de varios medios de información a esta campaña; el apoyo de muchas voces en el mundo alrededor de Julián Gil, el secretario técnico del CDP quien es uno de los últimos casos de montajes judiciales.

 

De igual manera, se desarrollan acciones espontáneas y organizadas de tipo político, social, jurídico, y comunicativo; pintas, piezas publicitarias; plantones frente a la Fiscalía, reuniones con la sociedad; encuentros de alto nivel con el gobierno nacional, para llevar a cabo una campaña integral en pos de proteger la vida de los activistas de los ataques jurídicos.

 

Las recomendaciones para blindar a las comunidades y al movimiento social, son: 1. Atender la autoprotección, protegiendo la información de terceros. 2. Las organizaciones están llamadas a protegerse bajo la unidad. 3. Hacer realidad la solidaridad: marchar, informar y denunciar en todos los medios y de todas las maneras posibles. Acciones y procederes indispensables para protegernos de manera colectiva de la estrategia represiva, violenta y destructiva del Estado en contra de los liderazgos sociales, y del crecimiento de la sociedad en la comprensión de sus derechos, así como en la exigencia de los mismos.

Publicado enEdición Nº249
El Papa con el cardenal Wuerl, acusado de encubrir los hechos, en Washington en 2015

La Santa Sede se mostró tolerante ante algunos de los casos de pedofilia aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles

La investigación de Pensilvania, que relata los abusos sexuales a más de 1.000 menores por más de 300 religiosos durante siete décadas, revela que desde al menos 1963 el Vaticano conocía algunos de esos casos y que se mostró tolerante, aunque es imposible saber si estaba al tanto de todos los detalles. Tras dos días de silencio, la Santa Sede mostró el jueves “su vergüenza” por los abusos “criminales” en Estados Unidos y señaló que “deberían asumirse responsabilidades”.


La palabra Vaticano aparece 45 veces en el escalofriante informe del gran jurado de Pensilvania, que destapa una maquinaria de silencio y encubrimiento ante los excesos de los curas. La Congregación para la Doctrina de la Fe, el órgano encargado de salvaguardar la correcta doctrina de la Iglesia católica, es mencionada 14 veces, y la Santa Sede, 11. Según se desprende del documento de 1.356 páginas, Roma fue informada en repetidas ocasiones tanto de las agresiones sexuales como del hecho de que la Iglesia estadounidense estaba encubriendo a curas pederastas.


Al desvelar el martes los hallazgos de la investigación, el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro, advirtió de que los patrones de encubrimiento “se alargan en algunos casos hasta el Vaticano”. La primera vez que aparece mencionado el Vaticano en el informe es en 1963 y la última en 2015, cuando el papa Francisco ya estaba al frente de la máxima institución del catolicismo y se habían prometido reformas contra los abusos. En el caso de 2015, el Vaticano dio luz verde a una petición de apartar a un cura acusado de un delito de pornografía infantil. Un año antes, sin embargo, no puso en apariencia reparos a la decisión de la diócesis de Allentown de no apartar del sacerdocio a un religioso que, en los años ochenta, había tocado los genitales de un chico de 13 años.


El primer caso que conoció el Vaticano hace más de medio siglo concierne al cura Raymond Lukac, de la diócesis de Greensburg. En 1963, Lukac acumulaba al menos tres quejas conocidas de abusos sexuales y varias sobre trato inapropiado a menores en poblaciones distintas pese a haber prometido mejorar su conducta. Había tenido una relación con un organista de 18 años, se había casado siendo cura y había tenido un hijo con una chica que conoció cuando ella tenía 17, además de abusar de otra niña de 11 años.


Con estos antecedentes, el obispo de Greensburg, William Connare, se comunicó con el Vaticano en octubre de 1963. Lukac trabajaba entonces en un centro religioso a las afueras de Chicago y, por su mala conducta previa, no podía escuchar confesiones. Él le pidió a Connare que le fueran restauradas todas sus funciones y así lo solicitó este en persona a la Santa Sede, que dio su aprobación. “Mientras estaba en Roma, revisé los detalles de su caso con el Santo Oficio y obtuve esas facultades para el padre Lukac”, explicó Connare en una carta después, en la que matizó que era un permiso para al menos un año.


En su informe, el gran jurado de Pensilvania concluye que “los obispos que colaboraron para mantener a Lukac activo en el sacerdocio lo hicieron sabiendo que él suponía un riesgo para la población y fueron, por tanto, cómplices con el abuso que cometió”.


Hay otros ejemplos. El actual arzobispo de Washington, Donald Wuerl, escribió una carta al Vaticano en 1989 en la cual informaba de que curas de la que era entonces su diócesis, la de Pittsburgh, habían sido acusados de agredir sexualmente a menores. Conocido en la curia por su aparente tolerancia cero hacia los abusos y criticado fuera de ella por haber encubierto a curas pederastas, Wuerl definió la pedofilia como algo “incurable” y manifestó que los feligreses tenían derecho a más información.


Readmisiones


Pese a esta declaración al Vaticano “sobre la naturaleza seria y criminal del problema”, en la práctica Wuerl permitió que un cura pedófilo, Ernest Paone, quien había sido anteriormente obligado a cogerse una excedencia y alejarse de sus víctimas, fuera trasladado en varias ocasiones a otras diócesis. Wuerl acabó aceptando en 2003 la renuncia de Paone pero le permitió que cobrara su pensión.


En cambio, en 1988 Wuerl apartó a otro religioso después de que una víctima presentara una denuncia por abuso. Sin embargo, cinco años después, el Tribunal Supremo de la Signatura Apostólica, máxima instancia vaticana, ordenó que fuera readmitido aunque luego se desdijo. En la víspera de las revelaciones del informe de Pensilvania, el actual arzobispo de Washington señaló que el documento sería crítico con algunas de sus acciones pero defendió que “actuó con diligencia, preocupación por los supervivientes y para prevenir futuros abusos”.


Las técnicas usadas por los obispos de Pensilvania para acallar las voces críticas y las denuncias de afectados y familiares incluían el alejamiento de los curas pedófilos, su “secularización”, excedencias y tratamientos en centros de salud mental, entre otras cosas. Según el gran jurado, el Vaticano estuvo en contacto con varios obispos de Pensilvania y recibió información sobre los casos de abusos, pero el informe no siempre detalla qué repercusiones tuvieron estas comunicaciones. En 1988, por ejemplo, una mujer envió una carta a la diócesis de Pittsburgh y al Vaticano para pedir ayuda ante el abusador de su hijo, y nunca recibió respuesta.
Washington / Madrid 18 AGO 2018 - 05:18 COT

 

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Gran pesquisa en EU halla pruebas contra 300 curas pederastas

Presentan informe de mil 400 páginas sobre casos de agresión a menores ocurridos en casi todas las diócesis de Pensilvania

 

Más de mil menores de edad fueron víctimas, durante décadas, de abuso sexual encubierto por la Iglesia católica en Pensilvania, reveló este martes una gigantesca investigación judicial en Estados Unidos que halló evidencia creíble contra más de 300 curas.


La investigación, considerada la más exhaustiva en la Iglesia católica estadunidense, provocó la inculpación de dos sacerdotes, aunque la mayoría de los crímenes ocurrió hace tanto tiempo que los delitos ya prescribieron y muchos de los abusadores han muerto.


Las indagatorias se realizaron durante 18 meses, y revelaron un “encubrimiento sistemático” de los abusos por parte de funcionarios eclesiásticos en Pensilvania y el Vaticano.


Los investigadores, quienes escucharon a decenas de testigos y revisaron más de medio millón de documentos de casi todas las diócesis de Pensilvania, creen que “el número real” de niños abusados “alcanza miles”, incluidos los casos de los que tuvieron miedo a denunciar o cuyos archivos se perdieron.


“La mayoría de las víctimas eran niños, pero también hubo niñas. Algunos eran adolescentes, muchos eran prepúberes. Algunos fueron manipulados con alcohol o pornografía”, señaló el informe de mil 400 páginas sobre el abuso sexual de menores ocurrido en casi todas las diócesis del estado de Pensilvania, a excepción de dos.


“Algunos fueron forzados a masturbar a sus atacantes, o fueron manoseados por ellos. Otros fueron violados”, pero en todos los casos hubo jerarcas eclesiásticos “que prefirieron proteger a los abusadores y a su institución por encima de todo”, apuntó el informe redactado por un gran jurado al que le fueron entregadas las conclusiones de la investigación.


Un cura violó a una niña de siete años en un hospital luego de que fue operada para extirparle las amígdalas. Otro niño tomó un vaso de jugo y se despertó al día siguiente con el ano sangrando y sin memoria de lo ocurrido, precisó el informe.


“Para muchas víctimas este informe del gran jurado hace justicia”, dijo a la prensa el fiscal general de Pensilvania, Josh Shapiro.


“A raíz del encubrimiento, casi cada instancia de abuso que hallamos es demasiado antigua como para presentar cargos”, se lamentan en el documento. Aunque menciona a dos curas que a raíz de la investigación han sido indiciados: uno está denunciado por eyacular en la boca de una niña de siete años y el otro por agredir sexualmente a dos niños durante años, hasta 2010. Además, advierte que puede haber más encauzamientos en el futuro.


“Estamos enfermos por todos los crímenes que no serán castigados ni compensados. Este informe es nuestro único recurso. Tanto a los depredadores sexuales como a aquellos que los encubrieron, vamos a llamarlos por sus nombres y describiremos lo que hicieron.”


El gran jurado propuso varias medidas, como reformar la ley para alargar el plazo de prescripción de los delitos de abuso sexual contra menores, dar más tiempo a las víctimas para presentar demandas civiles y endurecer la legislación que obliga a reportar los abusos.


Entre 5 mil 700 y 10 mil sacerdotes católicos han sido denunciados por acoso sexual en Estados Unidos, pero sólo un par de cientos han sido juzgados, condenados y sentenciados por sus crímenes, según la organización no gubernamental Bishop Accountability.


Desde el estallido de la crisis por denuncias de pedofilia, la Iglesia católica estadunidense ha gastado más de 3 mil millones de dólares en acuerdos con las víctimas, señala Bishop Accountability; la organización identificó acuerdos con 5 mil 679 supuestas víctimas, un tercio de las 15 mil 235 denuncias que los obispos recibieron hasta 2009. Una estimación sugiere que en el país hay 100 mil personas violentadas

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Wilbur Ross en una reunión; en primer plano, Donald Trump

El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, “desvió erróneamente o directamente robó” a socios de negocios 120 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje con base en 21 testimonios que publica la revista Forbes y en el cual se le considera “uno de los mayores estafadores en la historia del país”.


El reporte de Forbes comienza relatando que una demanda multimillonaria ha estado avanzando por el sistema de Cortes del estado de Nueva York en los últimos tres años, enfrentando a un gerente de fondos de capital privado, David Storper, contra su antiguo jefe, Wilbur Ross, con quien trabajó por más de una década.


Según el alegato de Storper, en la firma WL Ross & Co el ahora secretario de Comercio robó sus intereses en un fondo de capital privado, los transfirió a sí mismo y trató de encubrir la operación con “papeleo falso”.
Dos semanas atrás, justo antes del inicio del juicio en el que se jugaban cuatro millones, Ross y Storper llegaron a un acuerdo confidencial del que nada se conoce.


Es solo uno de los casos que recoge el reporte de Forbes, que habló con 21 conocidos de Ross a lo largo de varios meses. Del total de testimonios de los afectados, la suma total asciende a más de 120 millones de dólares en valor agregado.


Entre esos testimoni0os están los de tres exejecutivos de WL Ross quienes afirman que Ross y su firma cobraron al menos 48 millones de dólares en pagos erróneos o deshonestos y luego se embolsillaron el dinero. Una demanda judicial con este caso está activa, aunque Ross consideró “sin sustento” el caso en una declaración a la revista.


“Si al menos la mitad de las acusaciones son legítimas, el actual secretario de Comercio de Estados Unidos podría clasificar entre los mayores estafadores de la historia estadounidense”, señala Forbes.
“Es difícil imaginar la posibilidad de que un hombre como Ross, a quien Forbesestima una fortuna de unos 700 millones de dólares, pudiera robar unos pocos millones a uno de sus asociados en negocios”, refiere el reporte.


Muchas de las acusaciones recogidas en la investigación conforman un patrón, según la revista: muchos de los que trabajaron directamente con él afirman que Ross “erróneamente desvió o robó descaradamente unos millones aquí, unos millones allá, grandes cantidades no solo para él (…) En total, las alegaciones suman más de 120 millones de dólares”.


Otro de los grandes robos que se señalan a Ross es el de 43 millones de dólares provenientes de gastos regulatorios y reembolsos de la empresa matriz de WL Ross, Invesco, y que varios exempleados de la firma refieren que están relacionados con problemas ocurridos bajo la directiva del hoy alto funcionario del gobierno de EEUU.


WL Ross estaba cargando a empleados e inversionistas dinero que había perdido, según el testimonio de cinco exempleados.


Ross también habría sustraído dinero sirviendo en las juntas corporativas del portafolio de compañías de su firma. “Era como un niño en una tienda de dulces, lo afanaba todo”, dijo otro de sus exempleados.
Los testimonios de quienes trabajaron con él indican que se trata de un hombre “obsesionado con el dinero y desconectado de los hechos. “Empujaría los límites de la honradez y emplearía cualquier poder en sus manos para hacerse con capital”, dijo Asher Edelman, financista de Nueva York.


Uno de sus antiguos colegas fue más directo: “Es un mentiroso patológico”.

7 agosto 2018
(Tomado de Forbes. Traducción de Cubadebate)

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Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

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Sábado, 28 Julio 2018 09:48

Interrogantes y escenarios

Interrogantes y escenarios

Con los mismos trucos de siempre, el gobierno que encabeza Juan Manuel Santos oculta su responsabilidad ante los más de 293 asesinatos de líderes sociales y defensores de Derechos Humanos, ocurridos en el país entre diciembre de 2016 y el 5 de julio de 20181. El goteo inclemente de asesinatos no para. No cesa desde el momento mismo de la firma del Acuerdo de Paz (Gobierno-Farc) llevada a cabo en el Teatro Colón. Es un desangre constante que mancha la gestión del Nobel de Paz, y que acusa al poder con un dedo sin olvido. Nada de ¿asesinatos circunstanciales?, como quieren hacer creer.

 

Hace cinco o seis años, cuando estaba en curso el proceso de negociación entre el gobierno Santos y las Farc en La Habana, un funcionario de un organismo multilateral con oficina en el país nos sorprendió durante una conversación con la siguiente afirmación: “No descuiden, fortalezcan sus organizaciones, porque lo que viene para Colombia es la multiplicación de los atentados contra los líderes regionales”. Tales palabras resultaban más que preocupantes.

 

Para sustentar lo dicho, el funcionario podía tomar en cuenta pasajes y lecciones arrojadas por negociaciones de conflictos armados en otros países. Pero…, cuesta asumirla tan tajante. Si bien en ninguna parte los acuerdos son cumplidos a la letra ni en los lapsos firmados, el desarme llevado a cabo por las organizaciones insurgentes de tales países no daba paso a una matanza. De ahí que, para escuchar y asumir la observación del funcionario como inobjetable, no queda otra que dar por sentado que responde a los informes que el funcionario tenía, a partir de filtraciones de planes provenientes desde el poder, con seguridad, válidos para tal fin del paramilitarismo –en una renovada relación con organismos de la inteligencia policial y militar. En este marco, los años pasaron y aquello que el funcionario afirmaba se cumplió. Todos somos testigos.

 

Desde antes de la firma del Acuerdo de Paz, el país presencia un desangre continuo de sus liderazgos sociales. Pero el mismo se intensificó una vez sentaron sus firmas los responsables de las partes negociadoras. La extensión en territorio y el número de asesinados relacionados en el primer párrafo es más que escandaloso: una cifra que no deja de crecer. Los sucesos acaecidos desde enero hasta la primera semana de julio de 2018, con 123 asesinados, la ratifica.

 

De manera secuencial y ante el ataque de sicarios, líderes sociales de distinto carácter pierden su vida. Tal vez, la previsión que tenía el funcionario de una organización multilateral, que debe conocer bien el carácter del poder que está enraizado en Colombia, es la decisión de su dirigencia, con discurso, represión y sangre, de no darle paso a una sociedad realmente democrática. Como parte de tal designio, no permitir la consolidación de unos procesos sociales fortalecidos en el ámbito territorial, con conexión social y con capacidad de movilización no politiquera ni tradicional de toda esa muchedumbre, sumida en el empobrecimiento generalizado. Desmedido, prepotente, con alevosía, así parece que actúa el poder por estos días.

 

En la coyuntura que durante el mes de junio y comienzos de julio enlutó al país nacional, desatada seguramente con el cálculo de que pasaría sin eco nacional, anestesiados los millones que acá habitamos por el Mundial de Fútbol, la novedad –realmente escandalosa, por superar el asesinato y llegar a la masacre–­ son los 17 líderes asesinados2. Un atentado masivo e impune que sin duda refleja la decisión de varios factores del paramilitarismo no desconectados del Mando y la “previsión estratégica”, y de la contrainteligencia del actual gobierno, de presionar la continuidad de un dispositivo con “operaciones especiales” por parte del gobierno que asumirá su responsabilidad el 7 de agosto.

 

Reflexionando con el favor del tiempo, la previsión que con discreción hizo aquel funcionario hace emerger la duda sobre si ellos, en un juego de escenarios, consideraron que las fuerzas contrarias a una paz genuina también tuvieran tomada la decisión de que, una vez firmados los acuerdos, tendrían pendientes a sus gatilleros listos al plomo para contener y disuadir a la oficialidad media de las Farc. Una orden estratégica clara para impedir, llegado el caso, la posibilidad o intento de reconstrucción del proyecto de este grupo insurgente. Dicho escenario no es especulación.

 

En un encuentro casual, hace tres años, un general de Ejército cuyo ayudante Gracia portaba su maletín, le ‘aclaró’ a un grupo de turistas nacionales que en un lugar del Meta increpaba al ejército en sus comentarios, por no neutralizar y “entregarle el país” a la guerrilla: Afirmó el General que confiaran “en su Ejército”, que su atención y su inteligencia tienen la mirada puesta adelante para “salvar la Patria”. Por eso, ya no “tenían interés” en los nueve miembros del Secretariado, “viejos y preocupados por las prerrogativas del Acuerdo”. Tampoco, dijo, les causan inquietud “los 50 del Estado Mayor”, igualmente interesados en tales prerrogativas. “Desde hace rato, identifican y siguen a la generación de mandos con 30 años”. “Esos…” tienen vida, saben del manejo de armas y de terrorismo. Por eso, les recalcó a los turistas, que “su ejército” acumula los detalles del transcurso de su vida, de los lugares donde han estado, “de las direcciones y teléfonos de sus mujeres, de sus amantes, de sus familiares y allegados”… Confíen en su Fuerza Armada.

 

El paso del tiempo permite visualizar los pasos y la concreción de tal decisión. La multiplicación de disidencias de esta insurgencia, unas con vocación económica, pero otras con clara vocación política y apego a su Plan Estratégico, puede ser el elemento que le daría piso a tal escenario. El asesinato es reconocido. “Entre el 24 de noviembre de 2016 (fecha en que se suscribió el Acuerdo Final) y el 8 de mayo de 2018, en el país han sido asesinados 63 excombatientes de las Farc-EP en proceso de reincorporación, 17 familiares, y seis excombatientes de las Farc-Ep en proceso de reincorporación han sido desaparecidos forzosamente”. Así se ratifica3. La pregunta que surge entonces es: ¿Entre los muchos que fueron asesinados en la más cruel de las ofensivas de los últimos años contra el movimiento social, existen también líderes, reconocidos o sin reconocimiento, del rango medio de las Farc? o ¿con estos asesinatos ‘neutralizan’ una posible base social para un proceso de reconstrucción del aparato fariano en disidencia, que dispone de espacios de atracción en varios lugares con memoria de conflicto?

 

La revisión de los territorios donde fueron asesinados los últimos 17 líderes parece negar tal interrogante. La militancia social de los mismos es variada, sin una necesaria conexión con organizaciones ligadas relacionalmente a las Farc, pero sí confirma la tesis de que estamos ante la decisión de impedir la reconstrucción y la proyección de los tejidos sociales con mayor deuda social y de la tierra, imponiendo el miedo como estrategia. Y en esta forma, empujar a la renuncia en su activismo a muchos y muchas, y obligar al Eln a acoger el modelo oficial de desmovilización con la concentración de los guerrilleros en un solo punto del país.

 

Aunque en su más reciente ofensiva, con un cálculo errado, el paramilitarismo se encontró con un dolor y una solidaridad que hasta ahora no conocía el país, la misma que llevó, el pasado 6 de julio, a miles y miles de colombianos a alumbrar con velas la oscura noche que transita el país. Luces para la vida, como diría el maestro Simón Rodríguez cuando ofrecía las que él fabricaba.

 

Tales velas evidencian la disposición inclaudicable de un conglomerado nacional de seguir pugnando por la paz sin la venganza y el statu quo. La misma paz que parece estar hecha jirones, tanto por la transformación sufrida por los Acuerdos de La Habana a través de la cadena de remiendos de distinta índole –todos a favor del poder– como por el desangre ya anotado. El ritmo y la encrucijada en que parece estar el diálogo con el Eln reafirman esta realidad. Un sueño de paz que parece deshacerse ante los embates del poder. Sueño transformado en pesadilla, que desdice y sindica al gobierno saliente de conspirar contra el bien de la paz, para abortar el necesario avance hacia una sociedad que respete el derecho a la vida.

 

En todo caso, dentro de la condición de notoria mayoría electoral del nuevo gobierno –que le otorga ventaja para un “reacomodo del régimen”, a la par de sus formas de cooptación, control y violencia–, Iván Duque no tendrá las manos libres de Juan Manuel Santos. No las tendrá, aun con la fragmentación popular sin un referente colectivo, diverso, de convocatoria con carácter de mayoría, dada la dinámica social y política en el nivel popular y las limitadas influencias de los sectores revolucionarios que pasa y tiene un acelerón y un mayor cubrimiento. Un nuevo punto, en la proyección por la vida, la búsqueda de la paz y la configuración de ¡Otra Democracia!, con sus comunidades y territorios con identidad.

 

Tales límites y limitantes de y para el nuevo gobierno abren una puerta de acción, resistencia y levantamiento de opciones por parte de los sectores alternativos, tanto para retomar un sendero certero de paz como para darle paso a un posible gobierno de nuevas mayorías. El 2019-2020 será un período de tiempo de intensa confrontación social. Así allí cruzan todas las señales de la política, la economía y la resistencia del país nacional. ¡Bienvenido el nuevo gobierno!

 

1 www.indepaz.org.co/.
2 Los ataques contra los líderes se llevaron a cabo entre el 14 de junio y el 4 de julio. “Para Colombia se acabó el Mundial pero siguen las masacres”, www.desdeabajo.info.
3 Informe de derechos humanos: “Todos los nombres, todos los rostros”, junio 1 de 2018, www.marchapatriotica.org/todos-losnombres-todos-los-rostros/.

Publicado enEdición Nº248
Bonett, otro militar que muere en total impunidad

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano.

 

El pasado 15 de junio, a los 78 años de edad, murió el general(r) Manuel José Bonett quien se desempeñó como Comandante del Ejército colombiano a principios de los años noventa y como Comandante de las Fuerzas Militares entre 1996 y 1997, durante el gobierno Samper. Una vez conocido su deceso los principales medios de comunicación del país le reconocieron su respaldo al proceso de paz con la guerrilla de las Farc e incluso algunos lo ubicaron como un demócrata y pacífico militar, que fue jurado del Premio nacional de paz durante quince años.

 

Pero, aunque es cierto que el General le dio su respaldo irrestricto al proceso adelantado en La Habana y eso amerita reconocimiento, su hoja de vida está lejos de ser un intachable currículo en materia de Derechos Humanos y tratamiento a la población civil. En la larga carrera militar de Bonett, desde cuando en 1964 comandó con apenas 21 años de edad uno de los grupos que integró la ofensiva a Marquetalia, hasta cuando alcanzó el más alto grado militar, comandar las Fuerzas Militares colombianas, muchas de las unidades bajo su mando se vieron involucradas en graves violaciones a los Derechos Humanos contra la población no combatiente.

 

La medalla del crimen

 

La operación que buscó acabar las nacientes Farc y que por el contrario terminó por impulsarlas en Marquetalia, estuvo rodeada de inmensos vejámenes contra los campesinos de la región; ahí el General no era más que un simple subteniente. Los crímenes más preocupantes, y por los que el militar nunca fue sancionado, sucedieron cuando comandó grandes unidades militares, como la Tercera Brigada de Cali y la Segunda División del Ejército con sede en Bucaramanga.

 


Durante su comandancia al frente de la Tercera Brigada, se llevó a cabo la Operación Relámpago y la masacre de Trujillo. En la primera, 44 sindicalistas, defensores de Derechos Humanos y estudiantes, militantes del movimiento ¡A Luchar! en el Valle del Cauca, fueron detenidos, torturados y algunas de las detenidas fueron violadas en las instalaciones del Batallón Pichincha, durante el mes de marzo de 1990. Tras esta operación muchos de los detenidos, luego de salir en libertad, fueron forzados al exilio. Por la Operación Relámpago la Procuraduría Delegada para Fuerzas Militares abrió averiguación disciplinaria, pero solo formuló pliego de cargos a militares de menor jerarquía.

 

En la masacre de Trujillo, por su parte, fueron desaparecidos 5 ebanistas y 11 campesinos que según las confesiones de un paramilitar que participó de la misma, fueron torturados, asesinados y algunos de ellos arrojados al río Cauca mutilados o decapitados, con la activa participación de altos mandos del Batallón Palacé y la Tercera Brigada. Estos hechos sucedieron entre finales de abril y principios de marzo de 1990. Allí, aunque hubo serios indicios de la participación intelectual de Bonett, no hubo ninguna investigación en su contra.

 

En ambos casos no solo no hubo justicia, sino que quienes se atrevieron a investigar los crímenes también fueron asesinados o desparecidos. El equipo jurídico que defendió a los detenidos de la Operación Relámpago en su mayoría fue hostigado y algunos desaparecidos, como el abogado del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Alirio de Jesús Pedraza; igualmente el sacerdote Tiberio Fernández Mafla, párroco de Trujillo y quien investigaba la masacre, también fue desaparecido junto a sus tres acompañantes el 17 de abril de 1990.

 

Por otra parte, durante su comandancia al frente de la Segunda División del Ejército en 1993, la región de Santander experimentó un incremento de los grupos paramilitares y de las acciones de estos contra la población civil, sin que los militares ofrecieran mayor resistencia a los mismos.

 

Se escuchan las trompetas de la impunidad

 

La muerte del general Bonett, como la de muchos otros militares que han fallecido sin enfrentarse a la justicia por los actos cometidos durante su servicio, evidencia la entera impunidad con la que han contado los crímenes del Estado colombiano. Militares como Bonett, participes de graves violaciones a los Derechos Humanos –como el genocidio político de un movimiento como ¡A Luchar!–, mueren sin cumplir siquiera con el derecho y deber de verdad que tiene el pueblo colombiano.

 

Este horizonte de verdad, que podrían eventualmente ofrecer los militares, se ve cada vez más torpedeado por la situación de indefinición en la que se encuentran las comparecencias de estos ante la Justicia Especial para la Paz –JEP–. Pues salvo su voluntad de hacerlo, no existe hoy otra disposición judicial que los obligue acudir a esta institución, y lo que es peor, tampoco la justicia ordinaria puede actuar contra ellos, debido al ajuste promovido por el Centro Democrático en el Congreso que abre un periodo de 18 meses para reglamentar una sala especial en la JEP que atienda diferenciadamente a los militares. De hecho, en casos como los “falsos positivos”, la justicia ordinaria ya ha transferido varias investigaciones a la JEP, y no podrá dictar sentencia o imponer prisión preventiva, y la propia JEP quizá quedará frenada en este caso hasta que la sala especial se reglamente, conllevando un alto limbo de impunidad como fue denunciado por José Miguel Vivanco, División de las Américas de la ONG Human Rights Watch.

Publicado enEdición Nº248