Asciende a 326 cifra de líderes sociales asesinados

Desde enero de 2016 a la fecha han sido asesinados 326 líderes sociales en todo el país, según cifras que maneja el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.

El funcionario, que adelanta una correría humanitaria por el departamento del Cauca, entregó esta estadística después de conocer la muerte de Ibes Trujillo Contreras, líder social del municipio de Suárez, así como el hallazgo del cuerpo sin vida de Luis Eduardo Dagua, en aguas de un río en Caloto, ambos municipios del departamento del Cauca, y el asesinato de Robert Jaraba, uno de los líderes del Sindicato de Trabajadores de Cerromatoso.


“La cifra cada día aumenta. Son 326 líderes sociales en toda Colombia y en el departamento del Cauca son 81. Me preocupa de esta visita que los tres corregimientos los líderes sociales nos hicieron saber que tienen serias preocupaciones por las amenazas de las que son víctimas”, explicó el Defensor.


Negret se refiere a los corregimientos de El Sinaí, El Mango y el Plateado, lugares que visitó en un recorrido que finalizó en el casco urbano de Argelia, Cauca.


Adicionalmente, Negret se reunió con las comunidades y las autoridades locales con el propósito de verificar la situación de derechos humanos en esa región del país debido que en ese territorio tenía presencia el Frente 60 de las Farc y es necesario que se lleve a cabo la implementación de los acuerdos de paz.


De otro lado, Asocaña rechazó las amenazas hechas a líderes sociales de los municipios de Corinto y Caloto por parte de las autodenominadas ‘Águilas Negras’. Así mismo, manifestó su solidaridad con las personas amenazadas y sus familias.


De igual forma, hizo un llamado al Gobierno nacional para que proteja la vida de las personas amenazadas y evite que se continúe con los asesinatos e intimidaciones a líderes sociales como ha venido ocurriendo en los últimos días.


El gremio, manifestó preocupación frente a este tipo de acciones que ponen en riesgo la paz y la estabilidad del país, contribuyendo además a generar miedo y zozobra en la comunidad.
Finalmente, hizo un llamado a que se haga una investigación exhaustiva sobre el origen de esta amenaza que, al contrario de aportar al desarrollo económico y empresarial de la región, perjudican el normal desarrollo de las actividades propias del sector privado y afectan especialmente a todos los ciudadanos indefensos e inocentes que, en esa región, aspiran un territorio en paz.

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Monólogo del Cauca en Dolor sostenido mayor

Ante la catástrofe ocasionada por los constructores de Hidroituango, y que puede ser mayor si pronto no se echa atrás la afrenta a la naturaleza, no solo se ha desnudado la improcedencia del modelo hidroeléctrico, sino la maraña de corrupción y errores que encierra el proyecto. Le Monde diplomatique ha escuchado lo que el río tiene qué decir.

El agua que se queda atrás del río descansa…
¡Pero nunca será mar!
Dulce María Loynaz
(La Habana, 1902-1997)

 

Bajo el cielo no hay nada tan blando y maleable como el agua;
 Pero no hay nada como el agua para erosionar lo duro y rígido.
Lao Tse, Tao Te King, 78

Turn down the wall, turn down the Wall!
(¡Derrumben el muro,
derrumben el muro!)
Pink Floyd, The Wall

 

Silencio. Ahora hablo. Hablo cuanto he callado. Lo que he callado días y días, meses y meses, años y años. Ahora usted escuchará lo que quiero decir. Yo soy el Cauca, el Cauca milenario que está aquí desde antes de que ustedes llegarán con sus máquinas, utensilios y herramientas; desde antes, incluso que llegaran, hace miles de años, los pobladores originarios, los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Yo soy el Cauca, uno más entre miles y miles de cuerpos fluviales que surcan la faz de la tierra, y a la vez, la segunda arteria fluvial de este país. Yo soy el río, el río que da vida, que da alimento, que da riego, que da oro, que da riqueza y esperanza. Usted me conoce. Desde que nació me ha visto. Me ha cruzado cientos de veces, de una orilla a otra. Conoce el color de mis aguas terrosas, ha sentido el caudal que amenaza con llevárselo si no está atento, usted se ha bañado, quizá, en él, aunque nadie se baña dos veces en el mismo río porque el ser humano comparte el destino del agua que fluye.


Soy el Cauca, un Cauca maltrecho, contaminado, herido, pero afortunadamente no de muerte. Aniquilarme no es fácil. Soy sobreviviente de otras afrentas de las que he salido airoso. Hoy usted y yo nos damos cita aquí, en Ituango, a medio camino del recorrido entre la laguna del Buey en el Macizo Colombiano, lugar de mi nacimiento, y el municipio de Pinillos, cerca de donde entrego mis aguas a mi hermano mayor. Estamos hoy aquí en este cañón, entre mis hermanas, las dos cordilleras donde me acogen y me estrechan entre sus faldas en fraternal abrazo.


Aún no salgo del asombro, de la indignación. Aquí me quieren detener esos individuos, los que usted ve allá, esos de cascos blancos, amarillos y azules; agitados, nerviosos, sudorosos que van de un lugar a otro, con sus camiones y palas, erigiendo un muro que quieren con él raspar las nubes. Buscan ponerme preso, por eso han erigido este muro de la infamia que llaman la presa, para que yo no escape, para que me quede, a la fuerza y en contra de mi voluntad, represado, anegando tierras fértiles, ahogando especies naturales, autóctonas, extinguiendo para siempre la vida verde tan necesaria para este equilibrio que hemos logrado construir durante millones de años. Un muro de concreto, indestructible, dicen –¡ja!–, capaz de detenerme, de aislarme, de regularme. Escuche usted semejante osadía. Dizque regularme, encausarme por unos túneles infames, revestidos del frío concreto, para que yo filtre por esas cavidades, a su antojo, mis aguas, mi caudal, en la medida y en la porción que ellos quieran, cuando ellos digan y de la manera que ellos desean.


Sostienen que necesitan poner a su servicio mi fuerza, mi ímpetu, mi furor para producir lo que llaman electricidad. No sé si reír o llorar. Con su arrogancia infinita, con sus saberes y ciencias de ingeniería me quieren torcer el brazo, a la brava. Ya lo hicieron una vez, allá arriba, por los lados de Suárez, Cauca; allá también me han represado, en lo que llaman La Salvajina; una salvajada, en realidad, lo que hicieron conmigo; pero arriba soy sumiso y joven e ingenuo, aun no he alcanzado el valle que lleva mi nombre, donde me vuelvo portentoso e indetenible; a ese valle riego y doy vida y color y calor. Acá es diferente, ya soy adulto, un adulto que ha recogido experiencias y vivencias de cientos de afluentes, de lluvias, mi caudal ha crecido gracias a mi inmensa capacidad de encausar toda el agua de esta cuenca. Aquí vengo fuerte, impetuoso, hondo, embravecido; encañonado, ya dije, por la calurosa acogida que me brindan dos cordilleras. Y cuando más energía traigo, cuando más caudal porto, zas, la zancadilla artera, el muro, la presa; me estrello de narices de manera violenta. ¡Ay! Qué inesperado encontronazo, yo que a estas alturas quiero alcanzar las tierras bajas, que ansío las llanuras de la sabana cordobesa, para ir a mi encuentro final con mi gran hermano, aquel que va paralelo a mi entre las otras dos cordilleras.


Un día amanezco con la tristeza alborotada. Otro, con la ira encendida. Otro, con la desesperanza y otro, con el coraje y la determinación que caracteriza a mis amigos, los Nutabes, que han poblado este cañón desde tiempos sin memoria. Todos estos parajes que usted ve en torno nuestro, en este punto, son, eran, de los Nutabes. Hoy los tienen confinados en el resguardo indígena Nutabe de Orobajo. ¡Y ese resguardo está siendo inundado por la represa! ¿Había visto usted semejante despropósito? Ellos, los usuarios ancestrales (a mí no me gusta la palabra ‘dueño’ porque de la naturaleza nadie se puede sentir dueño) de estas fértiles laderas, ahora serán unas víctimas más de este despropósito descomunal.


Pero a los Nutabes los han diezmando, es la forma de doblegarlos. Lo de siempre, carajo. A su cacique Virgilio Sucerquia lo asesinaron fuerzas oscuras en el año que ustedes contabilizan como 1998. Estas tierras, desde siempre, eran aprovechadas para asentarse y cultivarlas los Nutabes, los Tahamíes, los Yamesíes. Entre todos formaron una trinchera para protegerse de las barbaridades de los españoles que llegaban con arcabuces, un garrote vil, un libro y una cruz abriéndose camino como diera lugar. A los que capturaban los arrojaban vivos a los mastines hambrientos y luego sus despojos a mi cauce. Desde entonces mis aguas se han manchado de sangre sin cesar. En épocas más recientes, cuando llegaron esos que ustedes llaman paras, cundió el terror en las riberas de mi cauce.


Me cuenta, gente bien informada, que de aquí, entre los años 1990 y 2016, hay 110.000 personas, de un total de 173.000 habitantes de mi zona de influencia, que han sido víctimas de este conflicto atroz –que algunos de ustedes, aquellos que viven siempre a la derecha, bien a la derecha, de los caminos, se niegan a poner fin, y al contrario, quieren exacerbar–. De esos 106.000 fueron desplazados forzosamente; 616 fueron desaparecidos, ¿me escuchó?, desaparecidos; 163 fueron víctimas de agresión sexual y 3.557 fueron asesinados dentro de ese conflicto. Muchos de esos infelices fueron a dar a mis aguas donde no tuve más opción que acogerlos y llevarlos aguas abajo hasta que algún ser caritativo los recogió para darles sepultura como merece todo ser humano.


¿Usted sabe cuál es el peor desprecio a la vida humana? Quitarla, por supuesto, pero hay algo aun peor: quitar la vida y además dejar insepulto el cuerpo. Eso lo sabía Antígona hace casi tres mil años. Pero aquí se han ensañado para ultrajar de la manera más atroz la vida, la muerte, el descanso de los cuerpos. Soy testigo, soy vehículo, pero no cómplice. Por eso no quiero callar más; por eso no puedo voltear mi cauce, en un meandro más, y hacer como si no hubiera visto nada.


Hablemos de lo que está ocurriendo ahora, no del pasado con todo el dolor que me causa. ¿Usted cree, amigo, que es justo lo que está sucediendo por culpa de ese puñado de insolentes y desvergonzados ingenieros, tecnócratas, políticos y empresarios? Usted bien sabe cuál es mi naturaleza: fluir por lo más bajo. “Los ríos y los mares son los reyes de los Cien Valles porque se mantienen abajo” y también: “La Suprema Bondad es como el agua. El agua es buena y útil a los diez mil seres por igual. No tiene preferencias por ninguno en especial. Fluye en sitios que los hombres suelen rechazar”, dice el Libro del recto camino, también llamado el Libro del sendero luminoso. Por eso, yo estoy con los de abajo y desde abajo es donde emana mi fuerza.


Mire, esos barequeros que están allá me llaman “el Mono”; será por mi color amarillo oscuro. Dicen que soy el patrón de ellos. A la persona que se me acerque le doy trabajo sin pedir cartas de recomendación, ni antecedentes, ni certificados de experiencia o acreditaciones. Ellos saben que no pueden ir a otro lugar a buscar trabajo, en una empresa. Muchos son mayores y no saben leer. ¿Qué trabajo les van a dar por allá? Yo no les exijo nada, solo que me traten bien. Algunas pepitas de oro alcanzo a dejarles para que puedan subsistir después de tanto que me han saqueado.


Ahora véalos allá, sin trabajo, hacinados en una bodega, se han quedado sin los ranchos que mis aguas arrasaron una madrugada del 10 de mayo. ¿Culpa mía? Sí, dicen aquellos, los que están allá arriba mirándonos con recelo, los de cascos blancos, amarillos y azules. “El río está embravecido, si ustedes no salen, el agua los sacará” les dijeron a los habitantes de mis riberas y me echaron toda la responsabilidad. ¿Habráse visto tanta infamia, tanta insolencia? ¡Tras de ladrón, bufón! ¿Ah? ¿Es que acaso no entienden que mi naturaleza es fluir hacia lo más bajo? ¿Qué tiene que suceder para que comprendan que a mí no me pueden detener, a la brava, poniéndome un muro en la mitad del camino por más ancho y aparentemente sólido como el que ellos se empeñan en construir cada vez más alto y así desafiar mis aguas?


Dicen que sí, claro, es posible, que eso se hace incluso con ríos diez veces más grandes y caudalosos que yo. Me hablan del Yangtsé y la represa de las Tres Gargantas, del Paraná y la represa de Itaipú, del Nilo y la represa de Asuán. Yo no sé, amigo. Jamás he ido por allá, pero no quiero imaginar el daño que hicieron los colegas de estos hombres de cascos blancos, amarillos y azules, para represar esos tres grandes portentos fluviales. No quiero saber de las especies animales y vegetales sacrificadas, de los seres humanos desplazados, de los templos, cementerios y sitios de pagamento anegados para siempre. La historia se repite una y otra vez desde hace más de ciento treinta años cuando les dio por represar ríos para sacar energía, en su insaciable sed de tener cada vez más y más potencia eléctrica; como si el progreso fuera ilimitado; como si los recursos fueran inagotables y no se pensara en una armoniosa colaboración entre la naturaleza y ustedes, los individuos que se han convertido en nuestro principal depredador.


Claro. No aguanté más. Por algún lado tenía que reventar. Busqué camino. Lo encontré y me desbordé. Ellos, los habitantes de mis riberas del cañón nunca habían visto algo semejante. Jamás habían presenciado que mis aguas corrieran hacia arriba. Pero sucedió. Y seguirá sucediendo si la obstinación no cesa.


Ahora me responsabilizan de la tragedia que pueda ocurrir, la que está a punto de ocurrir: agotada mi paciencia, yo mismo ya no podré seguir conteniendo mis aguas y romperé la presa y me llevaré por delante –¡ay, mi destino!– poblaciones tan vivas, pujantes y hermosas como Puerto Valdivia, Tarazá, Caucasia, Ayapel, Guarandá, Nechí, San Jacinto del Cauca, Majagual y Achí, entre otras. El daño lo han hecho los de cascos blancos, azules y amarillos, pero ahora, dicen, el responsable de causar la tragedia soy yo. Eso es ser infame. El daño, a hoy, que se ha ocasionado al tejido social de toda esta cuenca hidrográfica es irreparable. ¿Qué se hará para resarcir e indemnizar a toda esta gente? ¿A dónde tendrán que dirigirse? De nuevo: más desplazados, más gente empobrecida inundando las ciudades que no tienen como acogerlos si no es en los cinturones de miseria. “Cuando pase la emergencia”, dicen ellos. ¿Y es que acaso creen que este proyecto será viable algún día? Si las alarmas y sirenas que ellos mismos han instalado siguen sonando todos los días, si las alertas rojas no se han levantado y no se levantarán hasta tanto yo no recupere mi cauce y mi caudal normal, sin muros, ni presas, ni túneles, ni artificios humanos.


“Y entonces, ¿de dónde vamos a sacar la energía que este país necesita?” me han venido a gritar aquí, a mis riberas, algunos de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos. “¿Es que no se da cuenta –vociferan–, que en este país la energía proviene de las hidroeléctricas que hay por toda la geografía montañosa? Además, este proyecto será –‘sería’, deberían decir– el más grande jamás construido en el país de esta naturaleza”. Y me preguntan a mí como si debiera dar respuesta a su codicia inagotable. A mí me informan que hay soluciones bien implantadas en otros países, con energías renovables –eólica, solar, biomasa, mareomotriz– y sin afectación tan grande a la naturaleza. Si tanto es su apetito, deberían haber hecho la tarea hace mucho tiempo para buscar soluciones alternativas. Si hubieran partido al amanecer a esta hora ya habrían llegado. El modelo energético de este país no podía seguir en esa carrera ciega de más y más hidroeléctricas, cada vez más grandes, cada vez más invasivas, cada vez más temerarias. Tantas veces va el cántaro a la fuente que al final se rompe, dicen los más sabios.


Afortunadamente, amigo, no estoy solo. Tengo aliados formidables, portentosos. ¿Sabe quién? La montaña. Las cordilleras. Las que me abrazan y acogen en este bellísimo cañón. Ellas están colaborando, se están movilizando, reacomodando, con el crujir de las fallas geológicas que yo ayudo a crear gracias a la inconmensurable presión que ejerzo con estas aguas represadas, y así alcanzaremos el propósito que nos alienta: que yo pueda fluir naturalmente. Entre los dos, montaña y río, haremos justicia. Recuperaremos mi cauce. Salvaremos la vida: por una parte, a mí, el Cauca y, por la otra, a todo lo que me rodea y se nutre de mi y habita en torno a mí. ¿No se da cuenta que me quieren robar? ¿Qué me quieren aniquilar?


Ya va para un mes que a esas personas las hicieron salir de sus hogares y las llevaron a vivir hacinadas en unos coliseos, en unas escuelas, en unas bodegas. Desacomodaron toda la economía, las dinámicas sociales, la educación, la prestación de salud de todos estos lugares, de las poblaciones que evacuaron y de las poblaciones adonde llevaron los evacuados. Aquí todos pagan por los errores, las improvisaciones y la corrupción de esos individuos de cascos blancos, azules y amarillos y de los que están allá en Medellín y en Bogotá, dirigiendo todo desde sus cómodas oficinas, con tinto, agua y alimentos servidos a sus mesas, con baños a unos pocos pasos. Regresan en las noches a sus casas a dormir en cómodos lechos, no en el piso sobre unas colchonetas que casi no llegan, a pesar de la emergencia, a los lugares donde hacinaron los evacuados. A los que no quieren acudir a esos refugios les ofrecen dinero para que busquen dónde irse y así lavarse las manos del problema social que han generado. Como si uno o dos millones de pesos resolviera un problema tan grande. “A finales de junio estará superado cualquier riesgo en Hidroituango” dicen los titulares mentirosos para tratar de calmar los ánimos. ¡Ja! Si cada día hay una nueva alerta, una nueva alarma que se enciende, por lo que he dicho: río y montaña estamos aliados para no dejarnos vencer de esos hombres de cascos blancos, azules y amarillos y de sus jefes en las oficinas “inteligentes” de Medellín y Bogotá.


Si ellos, esos individuos arrogantes, llenos de sabiduría técnica y científica, colmados de títulos y cartones (y de codicia por los billones de pesos que mueve este proyecto) tan solo atendieran por un momento los principios que rigen la filosofía andina, otra cosa pensarían, otra cosa harían. Pero ellos no saben ni quieren saber nada de filosofía; y mucho menos de filosofía andina, ni de los saberes ancestrales de nuestros pueblos originarios.


Si lo hicieran, sabrían qué leyes rigen a la naturaleza y al ser humano, cuál es la lógica (ya que ellos son tan racionales) andina que aquí es ley. Sabrían –pero no quieren saberlo– que hay un principio general de relacionalidad de todo. En el principio todo era relación, la relación es la verdadera ‘sustancia’ andina. Para la filosofía andina, el individuo es “nada”, es algo perdido si no se halla insertado en una red de múltiples relaciones. El ser humano no se puede desconectar de los vínculos naturales o cósmicos. Esta relacionalidad se cristaliza a través de la reciprocidad, la complementariedad y la correspondencia entre los aspectos afectivos, ecológico, éticos, estéticos y productivos. ¿Me explico? Todo está unido, todo está relacionado, todo esta entrelazado. No hay forma de romper esos vínculos relacionales. No hay forma de cortar en dos un río, aguas arriba y aguas abajo, como ellos intentan e insisten hacer. A todo daño corresponde otro. Todo está en un equilibrio perfecto. A cada acción corresponde una reacción; a toda gestión corresponde un efecto, no hay causa sin efecto. Así de sencillo. Pero ellos no han logrado entenderlo. Y, de allí, todo lo que ustedes, y yo, estamos viviendo. Y como digo, ya sabemos quiénes son los que están pagando las consecuencias de esta ceguera infinita.


“Perdimos el control de la obra” dijeron hace unos días. ¡Qué gran verdad! ¡Qué coraje (o qué vergüenza) tuvieron al haberlo admitido! Ahora sólo queda un camino: deshacer lo que hicieron. Desarticular el monstruo que fabricaron en su soberbia infinita: desmontar esa presa, piedra a piedra, roca a roca y dejarme fluir como ayer, como hace años, decenios, centurias, milenios.


Yo soy el Cauca. Yo soy el río, el río que agoniza contaminado por las industrias del Valle, por el mercurio, y los químicos que vierten en mis aguas esas industrias y me hieren de muerte y que aún así me resisto a morir, a ser nada más que una cloaca fétida. En mi aun hay vida, mucha vida. En mi todavía nadan, viven y se reproducen la sardinata, el barbudo, la picuda, la cucha, el mazorco, el bocachico, el jetudo, el chango, la sabaleta, la guabina, el guachilejo y la dorada, en mis aguas todavía hay aluviones de oro, en mis riberas vuelan la zarceta azul, la lora cabeciazul, a mis orillas fangosas se acercan para desovar las cecilias, las salamandras, las ranas y sapos, las tortugas, los cocodrilos.


No hay alternativa. Entiendan, hombres sin razón, el principio de relacionalidad, de reciprocidad, de correspondencia. Ustedes no pueden hacer tanto daño y no pagar las consecuencias. Dejen de hacer sufrir a tanta gente despojada y desplazada de sus hogares, de sus sitios de trabajo, de sus centros educativos, de sus puestos de salud.


Desbaraten lo construido, háganlo pronto antes de que la montaña y yo tengamos que hacerlo. ■

 

*Escritor. Miembro del Consejo de redacción del mensuario Le Monde diplomatique, edición Colombia. Director de la colección de literatura Ríos de letras de Ediciones Desde Abajo.

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Condena simbólica para 28 exparamilitares que dejaron más de 6.000 víctimas en Colombia

Los exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia tendrán que "cumplir con actos públicos de reconocimiento de culpa y arrepentimiento" y resarcir a los afectados


Un tribunal de Medellín ha condenado a 28 exparamilitares de las antiguas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) por más de 1.708 actos criminales que dejaron 6.069 víctimas entre 1997 y 2006 en varias regiones del país. Los condenados han sido juzgados a través del sistema de Justicia y Paz ideado por el expresidente Álvaro Uribe para la desmovilización de estos grupos armados de extrema derecha a principios de la década de 2000. Este tipo de jurisdicción contempla sanciones de cárcel de hasta ocho años y penas alternativas.


"Los sentenciados deberán cumplir con actos públicos de reconocimiento de culpa y arrepentimiento, en los que solicitarán perdón a las víctimas y se comprometerán a no incurrir nuevamente en conductas punibles como las que protagonizaron", ha explicado la Fiscalía de Colombia. Además, tendrán que resarcir a las víctimas económicamente.
Es decir, no ingresarán en prisión por haber reconocido su responsabilidad y haber aportado información de los delitos de homicidio, desaparición forzada, desplazamiento, reclutamiento y violencia de género, "en patrones de criminalidad sistemáticos, generalizados y repetidos".


"Las cinco conductas identificadas hicieron parte de una directriz establecida para ganar violentamente territorio sin importar el nivel de afectación a la población civil, especialmente mujeres, afrocolombianos e indígenas de la comunidad Emberá Dobidá", se lee en el comunicado de la Fiscalía.


Los 28 exparamilitares formaban parte del bloque Élmer Cárdenas que actúo en 54 municipios de los departamentos de Antioquia, Chocó, Boyacá, Córdoba, Cundinamarca y Santander. Entre los sentenciados está el máximo líder de este grupo, Freddy Rendón Herrera, alias "El Alemán", responsable también del secuestro de la excandidata a la presidencia Piedad Córdoba en Medellín en 1999.


Este grupo armado ha reconocido haber participado en la masacre de La Horqueta, en Cundinamarca (centro de Colombia) en 1997 en la que fueron asesinadas 17 personas. El bloque paramilitar fue el que se enfrentó a las FARC en mayo 2002 en un combate que dejó a la población de Bojayá (Pacífico) en mitad de los bombardeos. El resultado de aquella batalla fue de 79 muertos y el desplazamiento de la población.


En el norte del Pacífico ordenaron una intervención armada conocida como Operación génesis o cacarica en 1997. Pretendían arrebatarle a la guerrilla territorio y decapitaron a un campesino. El miedo provocó el desplazamiento de las comunidades afrocolombianos e indígenas que viven en esta región del país.

 

Bogotá 9 JUN 2018 - 12:53 COT

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Sábado, 02 Junio 2018 07:09

Abrir los archivos oficiales del Estado

Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

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Abrir los archivos oficiales del Estado

La posibilidad de sobrepasar la frontera de verdad sobre el conflicto armado está en los archivos del Estado, verdadero cofre protector de la impunidad, de los impulsores de la guerra contra la sociedad colombiana, así como de los autores intelectuales de miles de crímenes.

Con la renuncia del secretario ejecutivo de la Justicia Especial de Paz –JEP–, Néstor Raúl Correa, dada a conocer el 3 de abril, el tema de los archivos de inteligencia y contrainteligencia del Estado colombiano ha vuelto a ocupar un lugar central en el debate nacional. Con su salida de la JEP, Correa dejó entrever que el acceso a este tipo de documentación es uno de los puntos de mayor controversia entre las instituciones del Estado, el Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición (en adelante Sivjrnr1) acordado en La Habana, y las organizaciones sociales y de derechos humanos.

 

Precisamente la salida de Correa, entre otras razones, estuvo ligada al poco respaldo recibido por la presidencia de la JEP, precedida por la magistrada Patricia Linares, y de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación, a su solicitud de decretar medidas cautelares sobre los archivos de inteligencia, contrainteligencia y gastos reservados del extinto Departamento Administrativo de Seguridad –DAS– que hoy reposan en el Archivo General de la Nación –AGN–. Situación que avivó de nuevo las brasas del debate sobre la necesidad social de acceder a los archivos oficiales del Estado, como posibilidad de conocer de manera más profunda y compleja el pasado reciente de nuestro país y su conflicto armado.

 

En un momento de cierre de la confrontación armada entre las Farc y el Estado colombiano, la posibilidad de conocer mayores grados de verdad sobre lo sucedido en estas décadas de guerra, permitiendo con ello un efectivo derecho, por parte de las víctimas. a la justicia y a la no repetición, está estrechamente ligado al acceso a la información que reposa en los archivos de inteligencia oficial. Allí puede encontrarse la ventana hacia el reconocimiento de actores, prácticas, métodos y estrategias desarrolladas en el ejercicio de la guerra interna, que de otra forma podrían permanecer en la impunidad.

 

De hecho, los pocos archivos oficiales de las Fuerzas Armadas hoy públicos, gracias a investigaciones históricas como las adelantadas por el padre Javier Giraldo, han develado varios manuales contraguerrilleros del Ejército Nacional que, orientados por los principios de la Doctrina de Seguridad Nacional, presentan una concepción de enfrentamiento al “enemigo interno”, entendiendo por tal a los opositores políticos del Estado en las pasadas 6 décadas, confrontados desde prácticas y nociones ilegales, y en directa contravía de la garantía a los derechos humanos.

 

Ante esta situación, algunas instituciones de la transición política como la JEP, la CEV y la Comisión de búsqueda de personas desaparecidas, se presentan como una oportunidad real para acceder a ese tipo de información, pues los mandatos que las originaron demarcan expresamente la garantía de dicho acceso, pero también porque de no conseguirlo su tarea de presentarle a la sociedad colombiana una reconstrucción jurídica e histórica del conflicto armado, que amplíe los márgenes de conocimiento y verdad hasta ahora alcanzados, terminará en el fracaso.

 

Sin embargo, el acceso a este tipo de archivos no pasa exclusivamente por la intención de los funcionarios de estos organismos, hace falta que la voluntad política del Estado, y por supuesto de sus instituciones de seguridad e inteligencia, trasciendan lo consignado en el acuerdo del teatro Colón, reflejándose en disposiciones legales e institucionales que así lo posibiliten. De hecho, el ambiente nacional e internacional ante esta posibilidad es cada vez menos alentador: varias organizaciones de víctimas y defensoras de derechos humanos, y la propia ONU, han alertado en reiteradas ocasiones y desde hace varios años, la necesidad de una acción de depuración de los archivos de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Militares, sin atender a las recomendaciones de la Comisión Asesora para la Depuración de Archivos de Inteligencia y Contrainteligencia2. A lo que se ha sumado la negativa castrense de atender a los pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –Cidh– y la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para que depuren y abran sus archivos que vienen haciendo desde hace ya varios años.

 

Las perspectivas son incluso más desalentadoras si se contempla el anuncio del Ministro de Defensa del 18 de abril pasado, donde comunicó el cierre de la Regional de Inteligencia Militar Estratégica Conjunta –Rimec– y del Comando Conjunto de Inteligencia –Cconi–, columna vertebral de la inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, sin que se sepa la razón de esta reorganización estratégica ni qué pasará con sus archivos.

 

La experiencia histórica en otros países también agudiza las perspectivas: la Comisión de la Verdad de Sudáfrica reconoció que durante los años 1994-1997 fueron destruidos sistemáticamente miles de archivos sobre el apartheid. Igual suerte corrió la Comisión de la Verdad de la ONU sobre El Salvador a la que se le negó el acceso a los archivos oficiales de seguridad. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico de Guatemala también se vio obligada a desarrollar su informe sin acceso a los archivos de inteligencia que sólo y por azar aparecieron años más tarde.

 

De hecho, en varios países fue el azar o la persistencia de la justicia u organizaciones de la sociedad civil lo que permitió que ese tipo de documentación pudiese ser conocida. En 2005, y por causalidad, 80 millones de folios de la Policía de inteligencia guatemalteca fueron encontrados cuando algunos vecinos pidieron a la propia Policía revisar una casa por la posible presencia de explosivos. En Paraguay, los archivos secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Strossner, conocidos como Los archivos del terror, fueron hallados sólo tras un allanamiento ordenado por dos jueces de ese país a las instalaciones del Departamento de Producción de la Milicia de Asunción en 1992. Otros archivos de inteligencia de gran valor histórico para América Latina han sido conocidos gracias a su desclasificación por parte de organizaciones como The National Segurity Archive –NSA–, que permitió el conocimiento de documentos como El Diario Militar de Guatemala, que contenía un listado de personas asesinadas y desaparecidas por las fuerzas de seguridad, junto a un diagnóstico de organizaciones consideradas como auxiliadoras de las guerrillas; lo mismo sucedió con El Libro Amarillo de El Salvador, que condensaba el listado de personas detenidas, desaparecidas y asesinadas por parte de las fuerzas oficiales en ese país durante el conflicto armado.

 

El marco normativo que hoy rige el Sivjrnr, fruto de la lenta implementación del Acuerdo de La Habana, es un reflejo de la poca voluntad política que existe para permitir el acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia estatal. Aunque decretos como el 588 de 2017 que rige la CEV –declarado exequible por la Corte Constitucional–, facultan a los comisionados para requerir la información necesaria a cualquier institución pública (Artículo 16) para llevar a cabo sus funciones, máxime al tratarse de información relacionada con violaciones a los Derechos Humanos o infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), también establece que la forma de hacer real dicho acceso debe estar ceñido a las normas y leyes vigentes, conllevando una traba de facto a esta posibilidad.

 

En Colombia existen por lo menos cuatro leyes que reglamentan el acceso a la información oficial del Estado, pero dos de estas condensan la tensión política que este tema supone: la Ley de inteligencia y contrainteligencia (1621 de 2013) y la Ley de transparencia y acceso a la información pública (1712 de 2014). Basadas en la primera de éstas las Fuerzas Militares han entendido que toda su información es de carácter reservado o clasificado, mientras que la segunda, al basarse en el principio de divulgación, supone que toda información de los funcionarios públicos es de carácter público, salvo si se demuestra que es más peligroso hacerla pública, lo que en concreto significa la imposibilidad de acceder a ese tipo de archivos.

 

La CEV, que hoy se encuentra en su fase de pre alistamiento no la tiene nada fácil, tendrá que recurrir a los principios internacionales de acceso a la información consagrados por La declaración universal sobre archivos y principios Tshurane y los Principios internacionales de lucha contra la impunidad de la ONU, que reconociendo el derecho inalienable a la verdad, el deber de recordar y el derecho a las víctimas a saber, presentan alternativas de desclasificación donde la información que se considera que aún puede poner en riesgo la seguridad nacional sea “censurada” de los documentos y se permita el acceso a versiones “públicas” de los mismos, para poder revisar tal información.

 

Pero además, la CEV, junto a la sociedad colombiana, deberá buscar que la voluntad política del Estado y las Fuerzas Militares se inclinen por acoger tales principios, acompasen su mentalidad con el momento nacional, y le permitan conocer al país la información sobre el conflicto condensada en sus archivos, que pueden ampliar la frontera de verdad y conocimiento sobre el pasado reciente, con el que hoy contamos. No hacerlo solo supone la venia a lo que intuitivamente y por medio de algunas investigaciones, movimientos sociales y académicos han logrado filtrar y denunciar de las violaciones a los derechos humanos e infracciones del DIH por parte del Estado, que seguramente están documentadas en dichos archivos.

 

1 Este sistema está conformado por la Justicia Especial de Paz, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición –CEV–, y la Comisión de búsqueda de personas desparecidas.
2 Está Comisión entregó su informe el 21 de julio de 2016 pero se vio forzada a adelantarlo sin acceder a los archivos de inteligencia, debido a la negativa de las Fuerzas Militares, por lo que el mismo se limitó a lineamientos teóricos y metodológicos que, sin embargo y hasta el día de hoy, el Presidente se ha negado a difundir.

Publicado enEdición Nº246
¡Asesinaron a Ramón! Liberador de tierra de Corinto-Cauca

Con dolor e indignación lamentamos informar que en la noche del 14 de mayo fue asesinado el liberador de tierras Ramón Ascué Calix; los hechos se presentaron a las 9:15 pm en pleno casco urbano de Corinto cuando, después de seguirlo, sicarios dispararon contra Ramón Ascué arrancándole la vida.


El año pasado fueron asesinados dos comuneros indígenas en las inmediaciones de la hacienda Miraflores, propiedad del Ingenio Incauca, mientras la comunidad indígena Nasa adelantaba acciones de control y recuperación de sus tierras ancestrales. El 22 de marzo fue asesinado el liberador Javier Oteca por miembros de la seguridad privada de Incauca; luego, el 9 de mayo del 2017, fue asesinado Daniel Felipe Castro, un joven liberador de tierras de apenas 16 años, por miembros de la Policía Nacional cuando los uniformados abrieron fuego indiscriminado contra la comunidad indígena desarmada.


Estos asesinatos no solo se encuentran en la impunidad sino que, además, para este año las acciones de violencia y represión contra la comunidad indígena han llegado a un nuevo nivel de recrudecimiento, ya que los liberadores de la Madre Tierra son seguidos por sicarios y hombres armados, en lo que amenaza convertirse en una serie de asesinatos selectivos que busca detener el proceso de Liberación de la Madre Tierra en Corinto. Así, el pasado 30 de abril, a las 6:40 pm, fue asesinado el liberador indígena Héctor Janer mientras se movilizaba en una moto desde la cabecera municipal de Corinto hasta la vereda el Guanabano, mientras que hoy cae muerto otro liberador de la Madre Tierra en el casco urbano de Corinto.


Ramón Ascué Calix fue un hombre comprometido con el proceso de Liberación de la Madre Tierra, siempre estuvo junto a la comunidad realizando registros en fotografía y vídeo sobre las constantes agresiones de la Policía, el Ejército y grupos paramilitares, utilizando la denuncia como una herramienta para proteger a la comunidad indígena. Una noche, para comienzos del 2017, mientras caminábamos por las vías veredales de Corinto, Ramón Ascué comentó que pensaba retirarse un tiempo del proceso de Liberación ya que presentía que lo iban a matar, sin embargo su amor y entrega a la lucha por la Liberación de Tierras no se lo permitió, y continuó luchando, hasta que en la noche de hoy sicarios al servicio del capital agro-industrial le arrancaron su vida.


Le enviamos un saludo de solidaridad a la familia, ya que en poco tiempo perdieron a dos hermanos comprometidos con el proceso de Liberación: Javier y Ramón Ascué Calix. Pero sus muertes no han sido en vano, ya que su ejemplo, su determinación y su lucha quedan vivas en la memoria para seguir este camino de Liberación.

 

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Permite a los militares ser juzgados en foros propios. Denuncian la “ley Temer”

La denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro.

 

La Defensoría Pública de Río de Janeiro informó ayer que le pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que revocase la ley que transfiere a tribunales militares el juicio de los crímenes contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en Brasil. “En su denuncia, la Defensoría relató que la legislación establece un foro especial para los militares y dificulta la responsabilización de los agentes estatales mediante investigaciones imparciales e independientes”, informó la Defensoría en un comunicado.


De acuerdo con la nota, la denuncia fue presentada oficialmente en la sede de la CIDH en Washington por el titular del Núcleo de Defensa de los Derechos Humanos de la Defensoría de Río de Janeiro, Daniel Lozoya. El organismo alegó en su recurso que la ley viola jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), así como las normas internacionales de protección de los derechos humanos. “Ese hecho fue incluso alertado por el representante Regional del Alto Comisario de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en una carta enviada al Senado brasileño cuando el proyecto aún era discutido en el Congreso”,explicó la nota.


La ley en cuestión fue sancionada en octubre pasado por el presidente brasileño, Michel Temer, pese a que fue blanco de intensas críticas de los organismos de defensa de los derechos humanos, así como de la ONU y de la propia Organización de los Estados Americanos (OEA). La norma garantiza la competencia de los tribunales militares en los crímenes dolosos contra civiles cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad pública ordenadas por la Presidencia y el Ministerio de Defensa. La Defensoría destacó que la ley entró en vigencia tan sólo cuatro meses antes de que, en febrero pasado, el Gobierno brasileño decretara una intervención militar en la seguridad de Río de Janeiro, que puso en manos del Ejército el control del orden público en el estado más emblemático de Brasil. La intervención busca poner fin a la creciente ola de violencia que vive Río desde que organizó los Juegos Olímpicos de 2016 y que dejó 6.731 muertos el año pasado.


En su recurso ante la CIDH, la Defensoría citó específicamente una matanza ocurrida en noviembre pasado en la favela de Salgueiro, que dejó ocho muertes y en la que se investiga la participación de militares. Según el organismo, el caso no ha sido debidamente investigado hasta hoy ni se han señalado a sus responsables pese a, según alegó, los fuertes indicios de que se trató de una ejecución, ya que las víctimas fueron tiroteadas en la nuca, y a que testigos acusan a hombres que usaban armas con miras láser y cascos con visión nocturna como los utilizados por las Fuerzas Especiales del Ejército. “Con el uso cada vez más frecuente de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad y de policía en Brasil, como las previstas en la intervención federal en Río de Janeiro, es muy probable que los casos involucrando a militares sean llevados a la Justicia Militar”, indicó la Defensoría.


Por ello, agregó: “es necesario que esa ley sea revocada lo más rápido posible, ya que la Justicia Militar no es competente para juzgar violaciones de los derechos humanos practicadas contra civiles, de acuerdo con las normas internacionales de independencia e imparcialidad judicial de las investigaciones”, aseguró Lozoya. La ley ya había sido criticada por la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En un comunicado conjunto divulgado en octubre, ambos organismos argumentaron que la iniciativa impide la posibilidad de una investigación independiente e imparcial realizada por autoridades judiciales no ligadas a la jerarquía de mando de las propias fuerzas de seguridad.


Ayer, siguiendo con la política de militarización, el ministro de Seguridad Pública de Brasil anunció la conformación de un grupo especial compuesto por autoridades de la justicia, el Ejército y la Policía destinado a identificar milicianos para, según dijo, reducir y minimizar su influencia durante las campañas electorales de este año en Río de Janeiro.

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Lista de países bombardeados por Estados Unidos (desde el final de la II Guerra Mundial hasta el momento actual)

Si bien la “destrucción arbitraria de ciudades, pueblos y aldeas” se considera un crimen de guerra que no prescribe en el Derecho Internacional, resulta escandaloso que el bombardeo aéreo de ciudades sea un acto que no solo queda impune, sino que prácticamente tampoco se puede acusar a sus responsables. El bombardeo aéreo es terrorismo de Estado, es el terrorismo de los ricos. Se han asesinado con bombas más inocentes en las últimas seis décadas que todos los asesinatos juntos cometidos por el terrorismo en todos los tiempos. Algo ha bloqueado nuestra conciencia sobre esta realidad. En Estados Unidos ni siquiera valoraríamos la posibilidad de que pudiera ser elegido Presidente un hombre que hubiese arrojado una bomba en un restaurante lleno de gente; pero estamos felices de elegir a un hombre que una vez ordenó lanzar bombas desde aviones que destruyeron no solamente los restaurantes, sino también los edificios adyacentes y los barrios que los rodeaban. Fui a Irak después de la guerra del Golfo y vi por mí mismo lo que las bombas habían hecho: “destrucción sin sentido” es sólo un término para calificarlo. (C. Douglas Lummis) (1)

Lo anterior fue escrito en 1994, antes de la destrucción arbitraria generada por el bombardeo de Yugoslavia, otro en una larga lista de países que Estados Unidos ha bombardeado desde el final de la Segunda Guerra Mundial, lista que se presenta a continuación.


Parece que hay algo en el lanzamiento de bombas o misiles sobre ciudades y personas, efectuados desde larga distancia, que gusta especialmente a los líderes militares y políticos estadounidenses. En parte tiene que ver con un deseo consciente de no arriesgar vidas estadounidenses en combate terrestre. Y, en parte, tal vez no del todo consciente, tiene que ver con que no deseen contemplar los restos sangrientos de las víctimas, lo que permite que los telespectadores estadounidenses se aferren desde sus casas a sus cálidos y confusos sentimientos sobre sí mismos, su gobierno y sus maravillosos “valores familiares”. Los funcionarios de Washington tienen el cuidado de distinguir entre los explosivos que EE.UU. deja caer desde el cielo y las “armas de destrucción masiva” (WMD) que sólo los enemigos declarados oficialmente (ODE) son suficientemente depravados para usarlas [Nota traducción del blog: WMD: “weapons of mass destruction”; ODE: “officially-designated enemies”]. El gobierno de Estados Unidos habla con severidad de armas de destrucción masiva, definiéndolas como armas de naturaleza nuclear, química y biológica, e “indiscriminadas” (es decir, su uso no se limita a objetivos militares), en oposición a los favorables misiles de crucero estadounidenses de “precisión”. Esto malamente se sostiene en una semántica cuestionable, dado el conocido y extremadamente extenso daño provocado a objetivos no militares, incluyendo un cuantioso número de viviendas, escuelas y hospitales, provocado incluso por las bombas “inteligentes” estadounidenses, en la casi totalidad de los bombardeos que se enumeran a continuación.


Por otra parte, Washington no aplica el término “armas de destrucción masiva” a otras armas que Estados Unidos ha usado regularmente, como el uranio empobrecido y las bombas de racimo, que pueden ser, y a menudo son, altamente indiscriminadas.


Las armas de destrucción masiva se definen a veces como aquellas cuyos efectos causan un daño posterior en la gente. Sin duda, esto habría que aplicarlo a las bombas de racimo y a las armas de uranio empobrecido, peligrosamente radiactivas después de su explosión. Se aplicaría menos a las bombas “convencionales”, pero incluso sobre éstas quedan bombas sin explotar y además está el peligro de que posteriormente los edificios dañados se derrumben. Pero lo que es más importante, parece muy parcial y manipulador, por no decir extraordinariamente difícil de aceptar, tratar de pintar un rostro humano en un misil de crucero Tomahawk, cuya carga útil de media tonelada de TNT se estrella en el centro de una ciudad densamente poblada, a menudo con uranio empobrecido en su ojiva.


Un terrorista es alguien que tiene una bomba, pero no tiene una fuerza aérea.


Listado de países bombardeados


Corea y China 1950-1953 (Guerra de Corea)
Guatemala 1954
Indonesia 1958
Cuba 1959-1961
Guatemala 1960
Congo 1964
Laos 1964-1973
Vietnam 1961-1973
Camboya 1969-1970
Guatemala 1967-1969
Granada 1983
Líbano 1983, 1984 (ambos objetivos libaneses y sirios)
Libia 1986
El Salvador, 1980
Nicaragua, 1980
Irán 1987
Panamá 1989
Irak 1991 (Guerra del Golfo Pérsico)
Kuwait 1991
Somalia, 1993
Bosnia 1994, 1995
Sudán 1998
Afganistán 1998
Yugoslavia 1999
Yemen 2002
Irak 1991-2003 (EE.UU/RU de manera regular)
Irak 2003-2015
Afganistán 2001-2015
Pakistán 2007-2015
Somalia 2007-8 2011
Yemen, 2009, 2011
Libia de 2011, 2015
Siria 2014-2016


Más


Irán, abril de 2003. Caen en su territorio misiles estadounidenses durante el bombardeo de Irak, matando al menos a una persona. (2)
Pakistán, 2002-03. Bombardeado por aviones estadounidenses en varias ocasiones, como parte del combate contra los talibanes y otros opositores a la ocupación estadounidense de Afganistán. (3)


China, 1999. Su embajada en Belgrado fue fuertemente bombardeada. La embajada es legalmente territorio chino, y parece bastante seguro que el bombardeo no fue un accidente (véase el capítulo 25 de Rogue Estado).


Francia, 1986. Después de que el gobierno francés rechazase el uso de su espacio aéreo por parte de los aviones de guerra estadounidenses que se dirigían a bombardear Libia, los aviones se vieron obligados a tomar otra ruta más larga. Cuando llegaron a Libia bombardearon tan cerca de la embajada de Francia que el edificio fue dañado y todos los enlaces de comunicación inutilizados. (4)


Filadelfia, Pensilvania, 13 de Mayo, 1985. Una bomba lanzada por un helicóptero de la policía incendió y destruyó toda una manzana: unas 60 viviendas destruidas y 11 muertos, entre ellos varios niños pequeños. La policía, la oficina del alcalde y el FBI estuvieron involucrados en esta operación para desalojar a la organización afroamericana MOVE de la casa en la que vivían [Nota traducción del blog: MOVE, “MOVIMIENTO”, fue un grupo de liberación afroamericana fundado por John África; ver NE 3]


Esos otros muchachos son realmente impactantes


“Debemos esperar conflictos en los que los adversarios, a causa de afinidades culturales diferentes a las nuestras, recurrirán a formas y niveles de violencia impactantes para nuestra sensibilidad.” – Departamento de Defensa de 1999 (5)


Los Objetivos


Se ha convertido en un lugar común en las acusaciones contra Estados Unidos, decir que se elige como objetivos de bombardeo sólo a las personas de color, a los del Tercer Mundo, o a los musulmanes. Pero no hay que olvidar que una de las campañas de bombardeo estadounidenses más intensamente sostenidas y feroces se llevó a cabo contra el pueblo de la antigua Yugoslavia, blanco, europeo, cristiano. Estados Unidos bombardea en igualdad de oportunidades. Los únicos requisitos para que un país se convierta en objetivo son:


Plantear un obstáculo suficiente para los deseos del imperio americano.


Estár prácticamente indefenso contra los ataques aéreos.


Los supervivientes


Según el estudio de la Asociación Médica de Estados Unidos, “Los trastornos psiquiátricos entre los supervivientes de los bombardeos de 1995 en Oklahoma City”:
“Casi la mitad de los supervivientes de los bombardeos estudiados tenían un trastorno psiquiátrico activo después del desastre, y un tercio de los supervivientes cumplía los criterios completos del trastorno de estrés postraumático. Los síntomas de PTSD fueron casi universales, especialmente los síntomas de reexperiencia intrusiva e hiperansiedad.” (6)


Martin Kelly, editor de un sitio web de la no violencia:


“Nunca vemos el humo y el fuego, nunca olemos la sangre, nunca vemos el terror en los ojos de los niños, cuyas pesadillas ahora tomarán la forma de misiles chirriantes de terroristas invisibles, conocidos como los estadounidenses.”


(Traducción blog del viejo topo)


Notas del autor


(1) Politólogo. En The Nation, 26 de septiembre 1994, p. 304.
(2) RFE / RL Newsline, 9 de abril de 2003 (Radio Europa Libre / Radio Liberty es un servicio “privado” comunicaciones internacionales en Europa y Asia, financiado por el gobierno de Estados Unidos.)
(3) Washington Post, 1 de enero de 2003; Australian Broadcasting Company, 1 de enero de 2003; Agencia France Presse, 19 de Septiembre de 2003.
(4) Associated Press , “France Confirms It Denied U.S. Jets Air Space, Says Embassy Damaged”, 15 de abril de 1986.
(5) Comisión Estadounidense de Seguridad Nacional / Siglo XXI, “New World Coming” (Fase I Informe), 15 de septiembre de 1999, p.3
(6) Journal of the American Medical Association, 25 de agosto de 1999, p. 761

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Muere impune el exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt

El general, de 91 años, fue considerado como uno de los militares más sanguinarios de América Latina

El exdictador José Efraín Ríos Montt, uno de los militares más sanguinarios de América Latina y quien dirigiera con mano de hierro los destinos de Guatemala entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de agosto de 1983, ha muerto este domingo en la Ciudad de Guatemala, a los 91 años.


Según confirmaron personas allegadas a Ríos Montt, falleció a primera hora de la mañana de este domingo por un paro cardiaco. Su salud se había deteriorado en los últimos meses. Ya en julio de 2015 fue declarado "mentalmente incapaz" para enfrentar un nuevo juicio en su contra, al que quedó sujeto tras la anulación del proceso en el que fuera condenado a 80 años de prisión por genocidio y otros crímenes de lesa humanidad, en mayo de 2013.


"(Ríos Montt) presenta un cuadro de deterioro que le impide rendir adecuadamente desde el punto de vista de pensamiento y juicio (...) No se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales..." reza el informe médico del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif, dependiente de la Fiscalía).


Tahúr de la política, el viejo militar, que guste o no manejó a su sabor y antojo los destinos de Guatemala durante la etapa final del siglo XX y la primera década del siglo XXI, murió sin conocer la cárcel, pese a haber sido condenado en mayo de 2013. No pudo evitar, eso sí, saberse condenado por la historia y tener que soportar, a lo largo del proceso, los testimonios de decenas de sobrevivientes del conflicto, quienes durante el juicio pusieron ante los ojos del mundo las atrocidades cometidas por el Ejército durante la guerra civil que ensangrentó Guatemala entre 1960 y 1996, y que alcanzó sus más altas cotas de salvajismo durante el Gobierno riosmonttista.


Desde su calabozo en un cuartel militar, donde tras su condena permaneció dos noches, Ríos maniobró con habilidad extrema para que el Constitucional, en un dictamen sin ninguna legitimidad por razones de competencia, anulara la condena y ordenara repetir el juicio. En la actualidad, y sin la presencia de Ríos, un tribunal de alto impacto conocía nuevamente el caso.


El sátrapa se benefició de todas las garantías procesales propias del Estado de derecho, que él negó a sus víctimas. Durante su Gobierno, 15 personas fueron fusiladas tras ser condenadas por jueces sin rostro en juicios sumarísimos. Los últimos cinco —tres civiles y dos militares de baja graduación— fueron pasados por las armas en la víspera de la visita del Juan Pablo II, la primera vez en la historia que un Papa visitaba Guatemala, lo que motivó un escándalo a nivel mundial. Oficialmente se dijo que los ejecutados habían admitido la comisión de los delitos que se les imputaban —integrar una banda de asaltantes y violadores—, extremo que sus abogados negaron ante la prensa local, señalando que habían sido obligados a aceptar la culpa en medio de salvajes torturas.


Ríos y sus abogados encontraron en la figura de genocidio la clave para revertir la sentencia. Explicaron a los poderes fácticos que ese delito abría las puertas para que algunos empresarios, particularmente de la patronal agraria que financiaron los operativos del Ejército y pusieron a disposición de los militares sus aeronaves para apoyar las operaciones de represión, pudieran ser igualmente procesados.


De acuerdo con los informes Guatemala, Nunca Más, del malogrado obispo Juan Gerardi, y Guatemala, Memoria del Silencio, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico patrocinada por la ONU, fue durante el mandato de Ríos Montt cuando se cometieron la mayoría de masacres de población civil desarmada. Unos 10.000 guatemaltecos, en su mayoría indios, fueron ejecutados extrajudicialmente y el número de refugiados ascendió a 100.000. El Informe de Esclarecimiento Histórico de la ONU eleva a 448 el número de aldeas borradas del mapa en los 17 meses de gestión riosmonttista.


Con el retorno a la democracia en 1985, Ríos aprovechó la disciplina prusiana impuesta a su grupo parlamentario para inclinar a favor de sus intereses la balanza en aquellas leyes que requieren del voto de dos terceras partes de la totalidad de escaños, extremo que le facilitó negociar exitosamente la impunidad que le permitió burlar los procesos en su contra.


Su mayor logro político fue llevar a su partido a la Presidencia de la República en el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2000 y la misma fecha de 2004. Como la Constitución de Guatemala prohíbe a los golpistas aspirar al poder –ocupó la jefatura del Estado tras derrocar al también general Romeo Lucas García, Ríos encontró en Alfonso Portillo al hombre que le permitió gobernar a su antojo desde la Presidencia del Legislativo.


El gobierno Portillo-Riosmonttista está considerado como uno de los más corruptos de la historia de Guatemala, solo superado por el gobierno del Partido Patriota, cuyos máximos líderes, el expresidente Otto Pérez Molina y quien fuera su vicepresidenta, Roxana Baldetti, acumulan procesos en la prisión preventiva a la que están sometidos.
Trayectoria sangrienta


Efraín Ríos Montt fue demandado en 1999 ante la Audiencia Nacional española por la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, acusado de delitos de lesa humanidad como genocidio, torturas, desapariciones forzadas y terrorismo de Estado. Gracias a la inmunidad que le garantizó su condición de diputado, el viejo general logró evadir su enjuiciamiento.


Con su muerte, Ríos se suma a los también fallecidos generales Romeo Lucas García, presidente de Guatemala entre 1978 y 1982, y Germán Chupina Barahona, jefe de la Policía durante el mismo periodo, considerados, con Ríos, como los mayores violadores de los derechos del hombre en Guatemala. Lucas y Chupina fueron los responsables intelectuales del asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala, el 31 de enero de 1980.

 

Por JOSÉ ELÍAS
Guatemala 2 ABR 2018 - 05:24 COT

 

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Francisco, el papa, entre pederastas y genocidas

La Iglesia chilena es una de las más conservadoras del continente. Su participación en el golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende la escoró más. Un tedeum en la catedral de Santiago elevó a los golpistas a la condición de salvadores de la cristiandad. Los escándalos durante décadas afectan a todas las congregaciones, ninguna está exenta de casos de violación a menores. Salesianos, maristas, dominicos, legionarios, jesuitas, Opus Dei. Existe un centenar de casos documentados.

La institución niega y considera las acusaciones, insidias para socavar la labor pastoral de sus miembros. Aún abiertas las heridas del prelado Fernando Karadima, durante años violando menores, el papa Francisco no ha querido reunirse con sus víctimas. Se ha limitado a pedir perdón. Karadima sigue siendo sacerdote. En sus 50 años de oficios religiosos amasó una gran fortuna personal. Condenado por pederastia, oficia misa a pesar de estar inhabilitado. Igualmente, resulta significativo que el papa Francisco reniegue de las acusaciones por encubrimiento de quien fue discípulo de Karadima, Juan Barros Madrid, hombre de confianza del Papa, nombrado obispo de Osorno. No menos impactante ha sido el nombramiento del ex arzobispo de Santiago, miembro del consejo cardenalicio, Javier Errázuriz Ossa, amigo personal de Pinochet, anticomunista declarado, en la actualidad empeñado en desarticular toda acción pastoral ejercida desde la Teología de la Liberación. Enemigo acérrimo de la Iglesia de los pobres, ha patrocinando querellas contra los sacerdotes militantes de la Iglesia de la opción por los pobres y del Cristo de los condenados de la Tierra, José Aldunate, Mariano Puga y Felipe Berríos.

Sin embargo, la Iglesia chilena cuenta con el apoyo de la clase política para realizar sus fechorías. La Democracia Cristiana, principal partido político durante décadas, hoy en declive, de ideología católica practicante, se alineó con las posiciones más reaccionaras del clero, siendo su correa de trasmisión. En cuanto a sus propiedades y bienes, el Episcopado posee canales de televisión, universidades, editoriales, centros comunitarios, clubes deportivos, clínicas privadas, instituciones seglares, colegios, agroindustrias y una red de empresas dedicadas a la divulgación de la fe. No hablemos de la riqueza acumulada gracias a las prerrogativas concedidas por el Estado. No paga contribuciones. Por ley se le exime del IVA. Tampoco necesita desembolsar dinero a la hora de los envíos postales. Todo lo que entra a sus arcas se convierte en patrimonio. Igualmente, su influencia se hace sentir a la hora de evitar que sean juzgados los capellanes militares y sacerdotes que prestaron colaboración en las sesiones de tortura durante los años de la dictadura.

La Iglesia católica se inhibió de investigar los casos de sacerdotes asesinados, torturados y desaparecidos, como Joan Alsina (31 años), Miguel Woodward (42), Antonio Llidó (38) y los fusilados Andrés Járlan (43) y Gerardo Poblete (31).

La Iglesia chilena no pasa por sus mejores momentos. La visita de Francisco precede la realizada por el papa polaco Juan Pablo II, hoy declarado santo por sus milagros, tal vez por transformar curas violadores y pederastas en hombres del señor, libres de polvo y paja. Su periplo está lleno de contradicciones. Mientras predica austeridad, critica el liberalismo económico, el consumo exacerbado, se manifiesta contra el calentamiento global y llama a una revangelización, no alude al coste de más de un millón de dólares desembolsado por el Estado chileno para sus fastos y mítines, además de la seguridad.

Guarda silencio ante la represión ejercida por el Estado chileno contra el pueblo mapuche. Su misa en Temuco contó con la acción de las fuerzas armadas y de Carabineros limpiando el terreno, deteniendo a los lonkos de las organizaciones del pueblo mapuche. El cordón de seguridad le garantizó una misa tranquila, con mapuches ad hoc, complacientes y sumisos. Así se ocultó el comunicado de la Conferencia Internacional de Pueblos Indígenas en cerro Ñielol, en el cual se señala: Los representantes de los pueblos indígenas ratificamos nuestros derechos colectivos, como a la libre determinación, hasta la conformación de un autogobierno. Asimismo, reafirmamos el derecho de restitución de las tierras usurpadas, exhortaremos a los estados y, en especial, a Chile, Argentina, el Vaticano y las iglesias a que depongan su política de colonialismo y domesticación con los pueblos indígenas. Exigiremos perdón del papa Francisco por los crímenes de genocidio y por la toma, confiscación y ocupación de los territorios y los recursos de los pueblos indígenas.

Al igual que sucedió con Juan Pablo II, Francisco hizo oídos sordos, llamó, como no podía ser de otra manera, al diálogo, sin mencionar el acoso, violación, asesinato y encarcelamiento de los dirigentes mapuches, donde no se respeta el habeas corpus. Calló ante las campañas contra el portavoz de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul.

Bergoglio ha tenido que hacer frente, en Santiago, Temuco e Iquique, ciudades visitadas, a manifestaciones de protesta por su actitud condescendiente con el poder, el silencio guardado frente a las demandas de justicia y su actitud protectora de una Iglesia, como la chilena, sumida en la corrupción y el descrédito. Su visita, sin tomar partido por la justicia social y denunciar a sus prelados, resulta irrelevante. Y ahora, en Perú, ¿rogará por el alma de Fujimori?

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