El asesinato de Javier Ordoñez y 13 pobladores más. Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional*

"Se puede engañar a algunos todo el tiempo y a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo". Abraham Lincoln.

Los días 9 y 10 de septiembre de 2020 quedarán en la memoria nacional como fechas trágicas pero también de apertura esperanzadora de una vitalidad social vestida de indignación, templanza, solidaridad, emancipación.

Aquellos corresponden a dos días vestidos de duelo y de vida en los que, una vez más, la inexistente democracia colombiana salió a flote tal cual es, sin apariencias ni disfraces. El 9, la coraza protectora del poder[1] asesina a Javier Ordóñez, saciando toda su vileza en el cuerpo de la víctima hasta reventarlo a golpes, patadas y descargas de pistola taser, homicidio así comprobado por el informe forense a cargo de Medicina Legal[2].

La noticia de un asesinado a manos de la policía ahora no pasa inadvertida y, como debía ser, suscitó indignación y asco. Se da entonces una fuerte reacción por la violación del derecho a la vida y también, quizá por las circunstancias de injusticia acumuladas a lo largo de seis meses de promesas y pocas realizaciones de parte de los gobiernos nacional, departamentales y municipales; quizá por la memoria de dolor acumulada de otras tantas actuaciones violatorias de los Derechos Humanos por el cuerpo policial, la mayoría de ellas negadas o dilatadas por la impunidad; pero quizá con aporte igualmente de las condiciones de desempleo y falta de estudio que afectan a decenas de miles de jóvenes, justo los movilizados en rechazo de lo sucedido y quienes en forma espontánea rodearon los Centros de Atención Inmediata (CAI), tanto en Bogotá como en Soacha.

La acción sorprendió a los agentes cuyos mandos seguramente recibían, sin guardar silencio, los reportes provenientes de cada uno de esos centros de operación y abuso La protesta gana tamaño y voces dolidas por lo sucedido increpan a los uniformados por su proceder autoritario, por el irrespeto a la vida. El reclamo contenía en su fuerza iracunda miles de denuncias de los despropósitos cotidianos de un cuerpo armado erigido en dios y señor, sufridos en carne propia por jóvenes y no tanto, y por hombres y mujeres. ¡Rabia contenida que explota con la fuerza eruptiva del volcán!

Pero sin comprender esa rabia ni tratar de encauzarla en debida forma, y sí como mensaje para romper solidaridades y atemorizar a los presentes como a otros que pretendieran sumarse a la protesta, la Policía desata una bacanal de muerte y dolor traducida en 13 manifestantes asesinados, en su totalidad jóvenes, más decenas de heridos a bala, más otros tantos a golpes y gases. La rabia se multiplica. Reportes en tiempo real muestran a quienes supuestamente velan por la vida de todos y por el bien común, disparando sin piedad alguna contra las personas que les inquieren, así como contra quienes por una u otra razón cruzan en esos momentos los territorios alterados[3].

El proceder oficial desnuda la apariencia y viste con su traje real a la Policía, cuerpo militarizado, instruido bajo la doctrina de ‘seguridad nacional’, que visualiza como enemigo a quien reclama respeto y justicia, sin ver en el mismo al ciudadano en ejercicio de sus deberes y en defensa de sus derechos. Se manifiesta así una mentalidad de ejército de ocupación, el de esta policía, acostumbrada a golpear, arrastrar, insultar, amenazar, disparar a quien desatienda sus peligrosas y desmedidas órdenes. Se trata de una unidad policivo-militar autoprotegida por un fuerte espíritu de cuerpo, revestido de impunidad, evidencia de lo cual quedan varios homicidios, todos ellos de jóvenes e incluso menores de edad, como se ve:

1) Nicolás Neira (1º de mayo de 2005), producto de un disparo de munición recalzada que le impactó la parte posterior del cráneo, acción encubierta –por orientación de sus mandos– por quienes acompañaban al sindicado, al decir que la muerte era consecuencia de un supuesto golpe del occiso contra un bolardo. Luego de 15 años, y tras múltiples demoras y componendas, incluso con presión de la Fiscalía para firmar un preacuerdo al que se oponía la familia de Nicolás, y anulado por la Corte Constitucional, la justicia aún no falla en este asesinato.

2) Óscar Leonardo Salas (8 de marzo de 2006), quien perdió la vida por un ataque en grupo de parte de efectivos del Esmad, cuya investigación está perdida en los recovecos del maleable sistema judicial colombiano.

3) Diego Felipe Becerra (19 de agosto de 2011), asesinado por un agente de la policía en servicio por estar pintando un grafiti. La investigación judicial fue bloqueada con varios montajes y en repetidas ocasiones por el ya referido espíritu de cuerpo policial, a fin de desvirtuar el motivo del crimen, así como la propia investigación, hasta permitirle al inculpado salir de la cárcel un día antes del final del juicio para que se fugara. Al día siguiente fue condenado a 38 años de prisión.

4) Andrés Camilo Ortiz Jiménez (15 de junio de 2018) Con fallo condenatorio del inculpado, el asesinato se produce porque Andrés Camilo trataba de colarse en el servicio de Transmilenio, en la estación Calle 142. La decisión judicial condenatoria a 10 años de prisión –en casa por cárcel– no satisfizo a la familia.

5) Dilan Cruz (25 de noviembre de 2019, herido el sábado 23 en la calle 19 de Bogotá), El asesinato resulta de un disparo de recalzada –¡otra!– por parte del Esmad y amplía la letanía de homicidios a manos de un cuerpo policial de choque cuyo proceder está lejos de proteger la vida y sí claramente configurado para contener, desordenar y dispersar la protesta social, no importa el precio que ello conlleve. La paquidermia judicial parece favorecerlo.

Otros homicidios, como los cometidos por unidades policiales contra indígenas en medio del proceso social denominado “Liberación de la Madre Tierra”, con un registro de decenas de heridos de diversa gravedad, también permanecen en el limbo.

Pero toda barbarie tiene su límite. La encarnada por uno de los cuerpos de protección del poder realmente existente en Colombia lo encontró en la magnitud de su propia violencia y muerte que produjo al verse cercado por la protesta ciudadana, reacción que no parece espontánea y sí responder a un dispositivo B o de emergencia, al que pueden acudir los agentes cuando se sienten sitiados, como ocurrió durante los días 9 y 10 de septiembre.

La cantidad de muertes, así como de lesionados por el accionar de sus armas, en esta ocasión fue imposible de ocultar por la solidaridad de cuerpo, más aún con el surgir de interrogantes desde el establecimiento mismo por la forma de proceder, llegando hasta exigir su reforma inmediata. Pero, pese a la demencial violación de Derechos Humanos protagonizada, todo indica que el poder está decidido a que el costo sea mínimo en términos de efectivos juzgados y condenados, mensaje así enviado por el Presidente, que el 16 de septiembre acudió a varios CAI a felicitar a la unidades policiales. Asimismo, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo lo propio en otros puntos, expresando sin rubor: “Nuestra gratitud, apoyo y cariño por la tarea que hacen ustedes en la Policía. Queremos recomendarles permanentemente hacer su tarea: protección a los ciudadanos, siempre con el máximo cumplimiento de la ley, respetando y velando por los derechos de cada colombiano, sabiendo que es una tarea difícil, abnegada y sacrificada".

De igual manera, y como parte de este mismo despliegue de solidaridad de cuerpo, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, partido al que pertenece el Presidente, acudió al CAI del barrio Cedritos –sector donde tres jóvenes fueron asesinados en las jornadas comentadas– a llevar igual mensaje. El rechazo comunitario impidió la impunidad de su acto.

El proceder censurado por la sociedad en estas jornadas se rubrica con la simultaneidad en el envío de mensajes de complacencia con lo actuado por parte de sus alfiles y peones, protectores del poder, actuación similar a la que lideró la ministra de Justicia al saludar la actuación de la guardia penitenciaria en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá en marzo de 2020 y que culminó con 23 internos asesinados[4]. En ambos casos, estamos una vez más ante la evidencia del autoritarismo y el militarismo que impregnan a la institucionalidad colombiana, soporte de su modelo de control y dominio social, y parte de los diques que bloquean la emergencia de la democracia que requiere el país para cerrar una historia de dos siglos de régimen presidencialista, centralista, militarista, autoritario y policivo.

De esta manera, con violencia y muerte como recurso eterno del poder para atemorizar y prolongar su dominio, iniciamos la mal llamada “nueva normalidad”, real continuidad de las constantes que caracterizan a los detentadores del poder y su forma de gobernar en el país, donde imperan los gobiernos de los ricos y para ellos. El enfrentamiento a la pandemia desplegó sus primeras medidas a la par de la masacre al interior de la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá. En ambas ocasiones, la muerte sobrepuesta a la vida; en ambas ocasiones, la irreal democracia existente en Colombia exteriorizando sin apariencia alguna su real fisonomía, protegida por un inmenso poder y un dispositivo militar que pisotean sin cesar los derechos de las mayorías de Colombia.

Es la actual una constante de muertes, concentración de la propiedad y de la riqueza en general, del poder y de todas sus mieles, a través de una histórica, ampliada e inocultable brecha social que impera en el transcurso de más de dos siglos de la historia nacional, realidad que permite reclamar, con la voz de los ausentes y con la acción de quienes aún izan la bandera de la dignidad de la humanidad: Democracia que no has de ejercer, déjala ser.

*Este escrito corresponde al Posfacio del libro "Democracia que no has de ejercer, déjala ser", que Ediciones Desde Abajo publicará en el mes de octubre 2021.


Represión y asesinatos

 

En aquella jornada de solidaridad, resistencia y protesta ciudadana cayeron bajo la acción violenta policiva protectora del poder las siguientes personas, todas ellas jóvenes y con edades entre los 17 años y máximo 30.

Barrio Verbenal

Camilo Hernández

Jaider Fonseca

Andrés Rodríguez

 

Localidad de Suba

Germán Smith Puentes

Julieth Ramírez

Freddy Alexander Mahecha

 

 Localidad de Kennedy

Julián Mauricio González

 

Localidad de Ciudad Bolívar

Eidier Jesús Arias

 

Municipio de Soahca

Marcela Zúñiga

Gabriel Estrada Espinoza

Cristhián Andrés Hurtado,

Lorwuan Estiwen Mendoza

 

Crimenes aleves, a mansalva, sobre pesonas desarmadas. Asesinatos con impunidad total, a pesar que en su momento el general de la policía Gustavo Moreno, encargado del mando general de la institución en ese momento, aseguró que 35 agentes habían reconocido haber accionado sus armas de dotación contra los manifestantes.

Por la tortura y asesinato de Javbier Ordoñez fue condenado uno de los patrulleros del CAI donde fue brutalmente violenetado, se trata de Juan Camilo Lloera, condenado a 20 años de edad.

La impunidad perdura, y la solidaridad de cuerpo se expresa una vez más, como en otros muchos crímenes a cargo de uniformados.

 

[1] “La policía, brazo protector del poder”, periódico Desde Abajo Nº 272, septiembre 18-octubre 18, 2020, p. 4.

[2] “Javier Ordoñez murió por múltiples traumas contundentes producidos por terceros”, https://bit.ly/34IM1Gf.

[3]https://bit.ly/2FhDJMO.

[4] Periódico Desde Abajo, marzo 23/2020, Colombia. ¿La justicia es ciega?, op. cit.

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En protestas sí hubo uso indiscriminado de la violencia por parte de la Policía: fallo del Consejo de Estado

El alto tribunal ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización de protección de los derechos de los manifestantes en medio de las manifestaciones

 

El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como las marchas, la libre reunión y la libertad de expresión.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.

La orden, que fue impartida a la Policía, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanzacohetes Venon. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta.

El tribunal recalcó que los uniformados deben actuar más como agentes de paz y garantizar el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.

 “Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, señaló el Consejo de Estado.

En el fallo, también se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.

El Consejo de Estado invitó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.

Por otra parte, solicitó que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas. También pidió que se le ordenara al presidente asegurar que los comandantes de cada fuerza se vieran en obligación de dejar constancia escrita del armamento asignado a cada uno de los integrantes de cada organismo asignados a los operativos, patrullaje y acciones de recuperación del orden público. Finalmente, requirió que el jefe del Ejecutivo prohíba vuelos bajos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos, cohetes, bengalas y bombas aturdidoras.

8 de Septiembre de 2021

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Familiares y organizaciones escriben cartas por la memoria de jóvenes víctimas de desaparición forzada

Agosto 30 de 202de 202de 202de 202 de 2021: En el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, familiares y organizaciones escribieron cartas para honrar la memoria de 13 jóvenes detenidos – desaparecidos entre marzo y septiembre de 1982.


Madres, hermanas, hijas y jóvenes universitarios escribieron estas cartas desde el dolor de la ausencia, desde el recuerdo del último encuentro, desde la lucha y la resistencia porque se haga justicia y algún día conozcan la verdad. Pero también, con estas letras siguen gritando ¿Dónde están?


¿Dónde están? Las 13 personas detenidas - desaparecidas entre marzo y septiembre de 1982, entre ellos, 9 estudiantes de la Universidad Nacional, la Universidad Distrital y el Colegio Gonzalo Bravo Páez, un agricultor, un trabajador metalúrgico y dos habitantes de Gachalá, Cundinamarca.


Con estas cartas los familiares del Caso Colectivo 82 y organizaciones, traen a la memoria a estos 13 jóvenes desaparecidos 39 años atrás, pero también invitan a la sociedad a dimensionar el flagelo de la desaparición forzada y las afectaciones que ha generado a más de 82.000 familias en Colombia.


Algunos fragmentos de las cartas estarán en espacios públicos de Bogotá y contarán con un código QR para que la sociedad pueda leer los escritos completos.

 

 


Estos mensajes junto a otras acciones hacen parte del proceso que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad lleva a cabo con familiares del ´Caso Colectivo 82´, quienes viajarán a la ciudad de Bucaramanga para participar en el encuentro por la verdad donde se reconocerán las violencias y las afectaciones contra el sector universitario en el marco del conflicto armado, el próximo jueves 2 de septiembre en la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga.

 

A continuación, compartimos la descripción de cada carta y sus imágenes originales.


A mis tíos


Esta carta escrita por Hilda Maritza, está dirigida a Alfredo Rafael San Juan, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia e Ingeniero Catastral de la Universidad


Distrital Francisco José de Caldas y a Samuel Humberto San Juan, estudiante de la Universidad Nacional, quienes fueron detenidos - desaparecidos el 8 de marzo de 1982.


Alfredo Rafael y Samuel Humberto, fueron quienes pintaron al revolucionario argentino el Che Guevara en la fachada del Auditorio León de Greiff De la U. Nacional, también eran activistas estudiantiles y políticos, según su hermana María Teresa San Juan, quien también afirma: “Cada vez que venimos a la Nacional es tan doloroso y más cuando vemos el Che en frente porque simboliza como el rostro de mis hermanos”.

 

Señores desaparecedores

 

 


Estas letras escritas por Martha Ospina, están dirigidas a los responsables de la desaparición de su padre Hernando Ospina Rincón, trabajador metalúrgico quien fue detenido de forma ilegal el 11 de septiembre de 1982 en su taller del barrio Las Ferias.


Martha, quien perdió a su padre manifiesta que “son 39 años de ausencia donde el dolor sigue latente, porque la ausencia de mi papá para mi familia nos marcó profundamente a todos, nos transformó nuestros proyectos de vida y hasta hoy nos lastima y duele hablar de mi papá”.

 

Semblanza de Hernando Ospina Rincón

 

Hasta encontrarte

Este texto escrito por Mercedes Ruiz Higuera hace memoria sobre su cuñado Hernando Ospina Rincón, quien fue detenido – desparecido el 11 de septiembre de 1982. Sus palabras también están en el libro “Almas que escriben, memorias y esperanza” donde describe a Hernando desde su humanidad y la lucha que junto a su familia emprendieron por la vedad y la justicia. Así mismo, este texto rinde homenaje a Hernando Ospina, pero también a los estudiantes que han sido víctimas de la violencia en Colombia.

 

América Cristo Siglo XX

 

Gustavo Campos Guevara, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional, fue víctima de desaparición forzada el 23 de agosto de 1982. Su hermana, Rosalba Campos nos comparte este poema escrito por él y su reflexión acerca de la lucha emprendida “el logro más grande hubiera sido que nos hubieran devuelto a nuestro familiar, pero que no hubieran seguido desapareciendo a las personas. Es muy triste como en este tiempo han desaparecido a muchos jóvenes”.

Carta a los estudiantes de hoy y de mañana

 

 

Esta carta escrita por la organización Archivos del Búho que realiza proyectos de investigación sobre las memorias del movimiento estudiantil, comparte mensajes y reflexiones sobre el rol de los estudiantes en las universidades.

Es así, como desde la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad también traemos a la memoria a las demás personas del colectivo 82 que fueron detenidos – desparecidos, y a sus familias, quienes siguen luchando por la justicia y la verdad.


• Orlando García Villamizar, desaparecido el 4 de marzo de 1982.
• Pedro Pablo Silva Bejarano, desaparecido el 4 de marzo de 1982.
• Alfredo Rafael San Juan A., desaparecido el 8 de marzo de 1982.
• Samuel Humberto San Juan A., desaparecido el 8 de marzo de 1982.
• Rodolfo Espitia Rodríguez, desaparecido el 18 de agosto de 1982.
• Edgar Helmut García Villamizar, desaparecido el 18 de agosto de 1982.
• Gustavo Campos Guevara, desaparecido el 23 de agosto de 1982.
• Hernando Ospina Rincón, desaparecido el 11 de septiembre de 1982.
• Rafael Guillermo Prado J., desaparecido el 12 de septiembre de 1982.
• Edilbrando Joya Gómez, el desaparecido 13 de septiembre de 1982.
• Francisco Antonio Medina, desaparecido el 13 de septiembre de 1982.
• Bernardo Heli Acosta Rojas, desaparecido el 15 de septiembre de 1982.
• Manuel Darío Acosta Rojas, desaparecido el 15 de septiembre de 1982.

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Colombia. Con asesinatos y amenazas pretenden silenciar el descontento social

Asesinan al joven y activista estudiantil Esteban Mosquera

Dolor y frustración en amplios sectores sociales dejó el asesinato del joven activista estudiantil Esteban Mosquera, a quien le arrebataron la vida en la tarde del pasado lunes 23 de agosto en las inmediaciones de su residencia en el barrio La Pamba de su natal Popayán.

 

Un crimen que al ser puesto en contexto genera aún más indignación. Esteban, joven estudiante de música, activista y periodista comunitario, objeto de asesinato selectivo, había padecido los estragos de la represión estatal: el 13 de diciembre de 2018, en el marco de las manifestaciones estudiantiles de ese entonces, fue violentado por el Esmad en su rostro, acción por la cual había perdida su ojo izquierdo.

Ataque aleve sufrido mientras hacía el ejercicio periodístico como fotógrafo, pues Esteban a lo largo de su vida colaboró con tres medios alternativos locales: Red Alterna, Contraportada y Raíz Grafica. Además, se desenvolvía como estudiante de música en la Universidad del Cauca, en la que era conocida su labor como activista en favor de los derechos estudiantiles y símiles reivindicaciones sociales.

Objeto de la violencai estatal, y también víctima de la incomprensión hogareña. “No hay que ocultarlo”, nos dice alguién que compartió vivencias con él: Esteban también estuvo atravesada por acoso y violencia intrafamiliar, agresiones que en parte padecía por su participación activa en la protesta social y por el ejercicio del periodismo.

Una realidad que, rompiendo el silencio que muchas veces prevalece ante litigios familiares, él ventiló en Red Alterna, denunciando el maltrato que padecía en su sitio de residencia producto de su forma de pensar. Cotidianidad dificil, ya que entre maltrato físico y otras practicas su día a día se veía coartado por humillaciones, como cerrarle con llave el servicio sanitario e impedirle el acceso al piano de cola para perfeccionar sus estudios.

Víctima en todo sentido de la ignorancia e intolerancia, que históricamente se han incrustado en la idiosincrasia del colombiano de a pie, alienación que celebra gobiernos corruptos y rechaza tajantemente la crítica, la protesta, la demanda de justicia social, así como la diferencia.

Tendencias macabras

La muerte de Esteban Mosquera se suma a la sombría estadística de líderes sociales, activistas y estudiantes asesinados a lo largo del 2021, cuyas estadistícas, según Indepaz, totalizan 108 víctimas, de las cuales 56 asesinatos se produjeron dentro del marco del Paro Nacional y movilizaciones posteriores. Asesinatos a los que se suman 82 víctimas jóvenes impactados por el Esmad con sus armas “no letalres” producto de lo cual quedaron con un ojo menos, agresión, violación de sus derechos humanos, padecido por Esteban en el 2018.

El nombre de Esteban Mosquera se suma al de Juan Sebastián Quintero Munera, Yeison Benavides y Camilo Galindez, otros jóvenes asesinados desde el mes de junio en el departamento del Cauca,.

Nombres, números y fechas que alimentan las estadísticas del oprobio, en las que, caso por caso, se hallar patrones comunes, y donde aparentemente el ‘crimen’ es protestar, dignidad que en Colombia es cobrada con sangre. Intimidar, multiplicar el mideo, es sello del poder.

Números que dejan entrever patrones claros de represión y persecución contra todo tipo de personas que manifiesten sus sentires y exprese su voz en aras de tejer lazos de colaboración en tiempos de “posconflicto”. El modus operandi del establecimiento deviene de prácticas totalitarias también implementadas en protestas sociales de otras latitudes, pues las lesiones oculares también han tenido lugar en Chile, Francia, Hong Kong y demás países donde la ciudadanía ejerce su derecho a la protesta. Pero los homicios solo tienen lugar en uno que otro país y nunca en cantidades como las registradas en Colombia donde la criminalización de la protesta social tiene la huella de estrategia y operatividad militar.

El día de ayer miércoles 25, fue velado el cuerpo de Esteban en la ciudad de Popayán, luego de múltiples actos simbólicos en su alma mater y varias movilizaciones convocadas en su nombre. El día de hoy, jueves 26 de agosto, a las 5pm en el Boulevar del río en la ciudad de Cali han convocada una velatón en su nombre para honrar la memoria de Esteban Mosquera, joven comprometido con la transformación social, cuya muerte significa un duro golpe para la resistencia estudiantil en la ciudad de Popayán.

La consigna de “Ni un muerto más” se diluye entre más víctimas. Cada día se sienten los pasos totalitarios del establecimiento, uniformado o de civil, resguardados en la impnidad, porque nada más colombiano que “tapen, tapen”, procurando que las cosas se queden como están.

http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/

https://www.infobae.com/america/colombia/2021/07/06/en-colombia-han-asesinado-1201-homicidios-de-lideres-sociales-desde-la-firma-del-acuerdo-de-paz/

http://www.indepaz.org.co/victimas-de-violencia-homicida-en-el-marco-del-paro-nacional/

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Magnicidio, encubrimiento y marines “humanitarios”

Estados Unidos y Colombia

Parece una mala novela policial, donde un comando de mercenarios comete un magnicidio y donde los gobiernos que envían y financian a los asesinos luego se aseguran de que sean funcionarios propios quienes investiguen el hecho, amparados por un comando “humanitario” de marines estadounidenses.

Todo esto hace cada vez más difícil que alguna vez se sepa realmente la verdad sobre el asesinato del presidente de Haití, Jovenal Moïse, el 7 de julio pasado.

Una serie de revelaciones, versiones encontradas y filtraciones a la prensa, salpican directamente a los países que están colaborando con las investigaciones sobre el crimen: Colombia y Estados Unidos. Pero sobre llovido, mojado. El 14 de agosto, un terremoto, de más potencia pero con menos víctimas fatales que el de 2010 que dejara más de 300 mil muertos, se abatió contra Haití, con sus secuelas de muertes, destrucción y hambruna. 

La respuesta humanitaria de Washington, fue enviar un contingente de “marines”, que si bien no necesitan dar rodeos para invadir países, en este caso han utilizado el recurso de ser «bondadosos» y «solidarios» con la tragedia haitiana, y han hecho pie nuevamente en un país que invadieron en varias ocasiones y en donde casi siempre controlaron a sus gobernantes.

Unos 420 marineros y alrededor de 200 infantes de marina, trabajarán en la limpieza de escombros y reapertura de carreteras, búsqueda, rescate y evacuación de heridos. Las tropas podrían permanecer en Haití hasta cuatro meses o más según sea necesario. El transporte anfibio USS Arlington se desplegará con dos helicópteros MH-60 Seahawk, un equipo quirúrgico y una lancha de desembarco. 

Además, Estados Unidos está enviando el USNS Burlington Spearhead Class Expeditionary Fast Transport (T-EPF-10) –un transporte rápido expedicionario- que también servirá como plataforma para lanzar drones para vigilancia aérea, así como dos aviones de patrulla marítima P-8A Poseidon. ¿Ayuda humanitaria?

 La población haitiana que viene sufriendo una desgracia tras otra, entre los malos gobernantes, el asesinato de su presidente Jovenal Moïse por mercenarios colombianos y estadounidenses, y la reacción de la Naturaleza en forma de terremoto frente a tanta agresión, ahora tendrán que lidiar con la prepotencia y el afán represivo de una tropa como la de los marines estadounidenses, acostumbrada a matar, a violar y a torturar. 

Los haitianos aún recuerdan el terremoto de 2010 que mató a cerca de 300 mil personas, en particular en la capital Puerto Príncipe y sus alrededores, y ahora vuelven a preguntarse sobre la frontera entre la ayuda de buena fe ante una emergencia humanitaria y la alimentación carroñera del “capitalismo del desastre”, ya que éste lucra con los cadáveres y el dolor ajeno. El terremoto pasa, las invasiones no.

Las familias haitianas que trataban, durante más de una década, de superar el duelo, de un momento a otro se vieron literalmente obligadas a enfrentar sus viejos fantasmas: el miedo, la incertidumbre, la zozobra, los turbulentos estados emocionales y psíquicos e incluso los complejos cuadros psicopatológicos que provocaron el terremoto y sus múltiples réplicas de sur a norte del país. 

Mercenarios y algo más

Los largos años de conflicto armado en Colombia han proporcionado un prolífico campo de entrenamiento para los militares, generalmente por parte de expertos estadounidenses e israelíes. Empresas de seguridad privadas en el mundo contratan a soldados entrenados en Estados Unidos por su experiencia contra guerrillas, campesinos, obreros e incluso cárteles de la droga (a veces contra y otras a favor).  Para el NYT, una veintena de comandos retirados colombianos viajaron a Haití este año, después de que un colega les prometió trabajos de seguridad con un salario de 2.700 dólares mensuales, cifra casi siete veces mayor que sus pensiones, que ascienden a 400 dólares y sirve apenas para subsistir.

El gobierno colombiano incumple el tratado de paz con la guerrilla y no tiene más argumentos que una creciente represión para detener el estallido social en el país, mientras el ejército entrena y despliega a una nueva generación de soldados que, de no mejorar las oportunidades en Colombia, seguramente será captada por una industria global de mercenarios cada vez más voraz que tiene el potencial de desencadenar más operativos de desestabilización en todo el mundo.

Colombia fue ganando reputación como tierra fértil para mercenarios. Hasta ahora, alrededor de seis mil soldados colombianos retirados han trabajado como guardias de seguridad, pilotos o técnicos de mantenimiento de aeronaves y vehículos en los Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Afganistán y Dubai. Las ofertas llegan por whatsapp y por empresas colombianas administradas por oficiales retirados, muchos de ellos cobertura de altos cuadros en actividad.  Pero no solo seducen a personal retirado, sino a militares en actividad: a mediados de la deácada del 2000, renunciaron en masa pilotos de helicópteros Black Hawk, capacitados por instructores estadounidenses e israelíes, para trabajar con empresas privadas. Y algunos terminaron bombardeando aldeas en Afganistán o Irak.

¿Una trasnacional del crimen?

El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada introdujo la semana pasada un documento ante el Consejo de Seguridad para que se investiguen las operaciones mercenarias que vinculan a EEUU y Colombia y denunció que los mercenarios colombianos formarían parte de una red de crimen transnacional narcoparamilitar, que presuntamente cuenta con el apoyo del Estado colombiano y «su aparato de propaganda» para lavar sus actos criminales.

Pero vayamos a los hechos. La detención de 18 veteranos colombianos en Puerto Príncipe por su participación en el magnicidio del presidente Moïse, desató un debate sobre el trato que el gobierno de Colombia da a sus soldados retirados y sobre los contratistas de éstos para perpetrar asesinatos y otros actos delictivos para desestabilizar gobiernos y favorecer los negocios de sus financistas.  También Estados Unidos está involucrado en el magnicidio, no solo porque le ofreció atención sanitaria a la exprimera dama, Martine Moïse, sino porque al menos siete de los mercenarios fueron entrenados por el Pentágono, o sea el Departamento de Defensa.

La canciller Marta Lucía Ramírez y el gobierno de Iván Duque han asegurado que los mercenarios «fueron engañados». O sea, no se niega que sean mercenarios ni que el gobierno supiera de sus actividades, sino que además ha encabezado las gestiones para que los familiares de los exmilitares tengan permitido viajar a Puerto Príncipe y sea posible lograr la repatriación de los cuerpos de tres asaltantes abatidos en enfrentamientos con la policía haitiana.

Colombia salió muy rápidamente a pretender organizar el proceso de investigación de los hechos en Haití e intentó producir un mantoque le permitiera desviar la atención y encubrir lo que está ocurriendo.  Por su parte, Washington envió a altos funcionarios del FBI y del Departamento de Seguridad para «apoyar» la solicitud del Ministro de Interior de Haití, Claude Joseph, quien –siguiendo el libreto- pidió «investigadores» a Interpol y a las agencias de seguridad de Estados Unidos y Colombia.

La policía colombiana confirmó que los asesinos de Moïse salieron en dos vuelos desde suelo colombiano, planearon el crimen entre Haití, EEUU y República Dominicana, y que al menos cuatro empresas habrían sido responsables de reclutar a los comandos.  Pero a mediados de julio, el discurso oficial dio un giro, y la vicepresidente Ramírez -quien fuera ministra de Defensa del genocida presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002 y 2003-  anunció el envió de una misión consular para asistir a los mercenarios colombianos detenidos y gestionar la repatriación de los asesinos muertos en el magnicidio.  Y lanzó la especie –que tomaron varios medios trasnacionales- de que varios de los conspiradores, lamentablemente habían sido engañados: algunos de los colombianos que fueron a Haití sabían de qué se trataba, la mayoría fue a otra misión, que supuestamente consistía en apoyar las fuerzas de seguridad de ese país. Y en arenga patriotera dirigida quizá al mercado interno, aseguró que «jamás un militar colombiano» sería capaz de pensar «en la hipótesis de participar en un magnicidio».

Obviamente, el Gobierno de Colombia y los medios de comunicación en ese país buscan imponer la narrativa de que los mercenarios son héroes y caballeros militares (no sería de extrañar que apareciera alguna película sobre el hecho), pero se trata de otra operación de desinformación en desarrollo contra Haití.

Paralelamente, el Departamento de Estado estadounidense anunció que Dabniel Foote sería el enaviado especial a Haití para colaborar «con los socios haitianos e internacionales«, «facilitar una paz y una estabilidad duradera», y apoyar «los esfuerzos para celebrar elecciones presidenciales y legislativas libres y justas». Amén.

El magnicidio de Moïsepuso en evidencia la compleja situación a lo interno del Ejército colombiano, convertido en el mayor exportador de mercenarios para las empresas militares de seguridad privada,  asociadas con actores políticos actuales, que relacionados estrechamente con actores económicos estadounidenses, israelíes y del Reino Unido, países a los que se les hace rentable contratar mano de obras asesina colombiana, ya utilizada en los conflictos de Irak, Siria, Afganistán y Yemen.   «Marta Lucía Ramírez y otros funcionarios están ligados y comprometidos con el segundo producto de mayor exportación que tiene Colombia, el paramilitarismo, que se ha convertido en mercenarismo internacional», denuncia el activista de Derechos Humanos y de migrantes Juan Carlos Tanus.

Unos 15 mil soldados, con alta preparación castrense, salen del Ejército colombiano tentados por contratos apetitosos de contratistas como la británica G4S o la estadounidense CTU Security LLC (investigada por el magnicidio a Moïse). Los dineros los reciben a través de empresas legalizadas en Colombia que guardan vínculos con el paramilitarismo y las redes del narcotráfico.

Por Aram Aharonian | 24/08/2021

Fuentes: Rebelión - CLAE

*Periodista y comunicólogo uruguayo. Magíster en Integración. Creador y fundador de Telesur. Preside la Fundación para la Integración Latinoamericana (FILA) y dirige el Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)

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El general en retiro Mario Montoya (en imagen de archivo) enfrentará cargos por eldelito de los "falsos positivos", uno de los casos de violación a los derechos humanos más graves en Colombia cometido durante la presidencia de Álvaro Uribe. Foto Ap

La Interpol busca a líder de la disidencia de las FARC que ordenó el atentado contra Iván Duque

 

Bogotá. La Fiscalía General de Colombia informó ayer que formulará cargos contra el general en retiro Mario Montoya por las ejecuciones de 104 civiles, entre ellos cinco menores de edad, todas presentadas como falsos positivos durante su tiempo al mando del ejército de Colombia (2006-2008), uno de los casos más notorios de violaciones a los derechos humanos en el país.

La acusación contra Montoya se relaciona con casos que habrían ejecutado tropas del ejército entre noviembre de 2007 y el mismo mes de 2008, cuando estaba vigente una directiva del Ministerio de Defensa y del comando de las fuerzas militares que dejó de priorizar las bajas en combate durante la presidencia de Álvaro Uribe, para privilegiar la desmovilización y las capturas.

Sin embargo, la fiscalía evidenció que las ejecuciones extrajudiciales continuaron y Montoya, de 72 años, incentivó una política de premios como condecoraciones y permisos por resultados operacionales a oficiales, suboficiales y soldados, por lo que le imputará cargos por homicidio agravado.

"El material de prueba indica que el general Montoya comunicó las directrices del Ministerio de Defensa y del comando general de las fuerzas militares a las unidades del ejército, pero no las aplicó, es decir, siguió evaluando a los comandantes por la cantidad de muertes en combate reportadas", indica un documento de la fiscalía al que tuvo acceso la agencia de noticias Reuters.

El texto citado agrega que "Montoya continúo ejerciendo presión a todos los comandantes del país para que cumplieran su política de resultados operacionales, en la que las muertes en combate eran el único criterio para evaluar la campaña".

El fiscal general Francisco Barbosa señaló en entrevista con la revista Semana: "lo vamos a imputar como el determinador por homicidio agravado en concurso homogéneo simultáneo de 104 de los llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales en Colombia, dentro de las cuales hay cinco menores de edad".

La fiscalía denuncia que Montoya desconoció o ignoró la llamada Directiva 300-28, que recomendaba políticas de desmovilización de combatientes, por delante de cualquier otra consideración, incluyendo su muerte en combate, y favoreció operaciones que desembocaron en el asesinato de estos civiles.

"La investigación lo que nos da es que en 2006 se empezaron a presentar denuncias de la sociedad civil de unas personas que habían sido asesinadas en condiciones atroces", apuntó Barbosa, e indicó que "Montoya, como está comprobado en el expediente, desconoció la directiva 300-28. Fue a las brigadas, a los batallones, a las divisiones, siguiendo con la política de premios por esas ejecuciones".

Si bien el ex titular del ejército se acogió en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la fiscalía mantiene la competencia de casos relacionados con el conflicto armado ocurridos hasta el 1° de diciembre de 2016, siempre que no se tomen decisiones de fondo.

El oficial en retiro, quien está en libertad y renunció en 2008 tras casi 40 años de servicio, negó en el pasado los delitos por los que es acusado, mientras su abogado, Andrés Garzón, dijo ayer a periodistas que el caso es investigado por la JEP, por lo que la fiscalía no tiene competencia para incriminar a su cliente.

Este tribunal especializado es parte del acuerdo de paz firmado en 2016 con la desmovilizada guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia para poner fin a un largo conflicto armado interno que ha dejado más de 260 mil muertos y permitió la desmovilización de unos 13 mil miembros del grupo rebelde, pero algunos rechazaron el pacto y continúan con la lucha armada.

La JEP reveló hace poco que al menos 6 mil 402 personas fueron asesinadas por efectivos militares y presentadas falsamente como rebeldes entre 2002 y 2008, durante los dos mandatos de Álvaro Uribe. Grupos de derechos humanos aseguran que la cifra de víctimas podría ser mayor.

Decenas de oficiales del ejército detenidos y condenados por su participación en los asesinatos han comparecido ante la JEP, entre ellos varios subordinados de Montoya, en busca de penas más leves que las que les corresponderían en el sistema de justicia ordinario a cambio de verdad, justicia, reparación y no reparación.

En un procedimiento judicial ordinario el oficial en retiro podría ser condenado hasta a 50 años de prisión, pero bajo la JEP recibiría una sanción de cinco a ocho años de restricción efectiva de la libertad en establecimientos no carcelarios.

En tanto, seis militares colombianos fueron condenados a 16 años de prisión por abusar sexualmente de una niña de 12 años perteneciente a la etnia embera katío, y otro soldado fue condenado a ocho años de cárcel por ser cómplice, informó la fiscalía.

En tanto, la Interpol de Colombia expidió una circular de búsqueda contra Javier Veloza, líder de la disidencia de las FARC, acusado de ordenar el atentado contra el presidente Iván Duque, reportó Jorge Luis Vargas, director de la Policía Nacional.

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Familiares de víctimas de los ‘falsos positivos’ piden que el general (r) Mario Montoya sea imputado

Según los afectados, hay suficientes elementos de prueba que presuntamente vinculan al uniformado con el asesinato de 50 personas

 

Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, más conocidas como ‘falsos positivos’ ya no pueden esperar para ver avances en los casos que involucran al general en retiro (r) Mario Montoya Uribe. Este 30 de julio el grupo pidió que la Fiscalía General de la Nación no dilate más el proceso y llame a una audiencia para imputarle cargos al uniformado

La petición la hizo el abogado Sebastián Escobar, representante civil de un grupo de víctimas de los ‘falsos positivos’, quien aseguró que hay suficientes elementos de prueba que presuntamente vinculan al uniformado con el asesinato de 50 personas. Además, señaló que el proceso está demorado, aunque la Fiscalía General de la Nación aseguró, desde inicios de 2019, que la indagación preliminar contra Montoya se encontraba plenamente concluida y que el paso siguiente era la imputación de cargos.

Sin embargo, hay que recordar que en este proceso han habido cambios que ralentizaron las acciones judiciales. Uno de estos es que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entró a revisar el caso y la Fiscalía aseguró que cuando esto pasó se paralizó el trabajo de la entidad.

Ante este hecho, este 29 de julio la misma Fiscalía expidió una circular interna en la que le pide a sus funcionarios seguir adelante con investigaciones relacionadas al conflicto armado. En el documento se especifica que reactivar estas investigaciones, incluyendo la de los ‘falsos positivos’, se hará sin interferir con el trabajo que adelanta la JEP.

“Es imperativo que la Fiscalía avance en las investigaciones relacionadas con el conflicto armado que sean de competencia de la JEP, hasta el punto procesal máximo permitido por la regulación transicional”, se lee en la circular.

Es por ello que el único alcance que puede tener el ente acusador es vincular formalmente a una investigación e imputar cargos a los procesados, pero no podría emitir órdenes de captura, solicitar medidas de aseguramiento o llevar las investigaciones a etapa de juicio, ya que esto es competencia exclusiva de la justicia especial.

Precisamente, uno de los casos que volvería a investigar la Fiscalía sería la del general Mario Montoya.

“Saludamos que la Fiscalía haya emitido esta nueva circular corrigiendo la directiva anterior que resultaba en una denegación de justicia e insistimos ante la tercera delegada en que se cumplen todos los requisitos para que avance con la imputación del general Mario Montoya Uribe, en cumplimiento de las normas citadas, del deber de garantía de los derechos de las víctimas a la verdad y la justicia, y para que crímenes como estos jamás se repitan”, dijo Escobar a RCN Radio.

El caso de Montoya es uno de los más polémicos porque cuando el general retirado compareció ante la JEP, aseguró que los soldados que cometieron los ‘falsos positivos’ fue por “falta de capacitación”. Argumentó que, actualmente quienes ingresan a la milicia colombiana son jóvenes de estrato uno que no saben cómo comportarse y mucho menos seguir las instrucciones que se les da en el Ejército Nacional.

“Me duele decirlo, pero los muchachos que van al Ejército son los de abajo, estrato uno. Ya no va el estrato dos, ni tres ni cuatro. Voy a hablar con el corazón, como comandante: nos toca enseñarles a cómo se utiliza el baño, cómo se utilizan los cubiertos. Esa es la calidad”, dijo Montoya el 13 de febrero de 2020 ante la JEP.

Estas palabras fueron pronunciadas frente a 41 víctimas de los ‘falsos positivos’ y 15 representantes judiciales. Uno de los asistentes, padre de un civil dado de baja y presentado como excombatiente, se levantó en medio de la audiencia e insultó al general Montoya, hecho que obligó a los magistrados de la JEP a hacer una pausa.

En el espacio, el uniformado también aseguró que él no tuvo nada que ver en las ejecuciones extrajudiciales, pues nunca exigió bajas a cambio de ascensos.

“Yo no exigí bajas, exigí operaciones. Nadie puede decir que el general Montoya mandó a matar ni que me enteré que habían matado. Nunca. Para mí los que cometieron eso (falsos positivos) son unos cobardes. (...) Fue terrible. ¿Cómo así que se tenía que reportar un número determinado de bajas para dar una condecoración? Eso fue una equivocación”, dijo Montoya, y agregó que, la determinación vino desde el presidente y el ministro de Defensa de esa época, Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos, respectivamente.

30 de Julio de 2021

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Entre saboteos y festejos asoman los fines a los cuales se sirve

El desangre de nuestra región por el poder de las armas no tiene límites, pues cada día que sigue transcurriendo es una gota de tormento para la vida campesina. Ya se le prohíbe al campesino sembrar en su propio lote de tierra. El Estado de ninguna manera ha buscado cómo proteger la vida digna del campesinado en nuestra región y en el resto del país, pues los paramilitares y otras numerosas estructuras armadas que se alimentan del reciclaje de la guerra que paradójicamente ha sucedido a los “acuerdos de paz”, controlan el país a su antojo y el que más sufre las consecuencias al fin y al cabo es el campesino, que las tiene que enfrentar en el día a día, en las diversas regiones del país.

¿Hasta cuándo se va permitir que se destruya la moral del campesino? Se nota que los grupos armados buscan cómo desesperar a la población civil para que abandone sus tierras, con el fin de que las empresas multinacionales mineras hagan de las suyas con los recursos naturales, destruyendo la vida en los territorios.

Este cáncer paramilitar destructor que el gobierno no quiere erradicar de esta y otras regiones porque lo necesita para controlar lo que no pueden hacer a plena luz las fuerzas militares, está acabando con los sueños de los niños y niñas que reclutan a diario. El campesino se ve cada vez más asfixiado en su propia parcela, pero eso es algo que no le ha importado al gobierno.

Las veredas de San José son corredores paramilitares y de fuerza pública. No se percibe el más mínimo enfrentamiento entre ambas fuerzas, pero la “malicia indígena” de nuestro campesinado ha detectado claramente las supuestamente disimuladas estrategias de coordinación y unidad de acción entre ambas.  Cuando estaban las FARC, por el contrario, la hostilidad era feroz, pero al accionar sus armas los militares, las dirigían predominantemente contra la población civil, bajo la consigna de los “falsos positivos”, para no arriesgar la integridad militar en combates reales. En el conflictivo panorama actual, el paramilitarismo cuenta con toda la aquiescencia estatal y mediática, como fuerza eje de control territorial, ya se sabe al servicio de quiénes.

Los hechos de los cuales dejamos constancia son los siguientes:

  • El domingo 04 de julio de 2021, tuvimos conocimiento de que los paramilitares están comprando casas o terrenos en las veredas de San José para construir allí viviendas para los “PUNTOS” (o informantes) que tiene esta estructura en cada vereda para el control de la población civil en la zona.
  • Ese mismo domingo 04 de julio de 2021, en horas del día nuestra Comunidad fue informada de que los paramilitares estarían prohibiendo a pobladores de las veredas Arenas Altas y Arenas Bajas sembrar cacao en sus propias fincas.
  • El martes 06 de julio de 2021, en horas del día fueron vistos varios paramilitares armados cuando cruzaban por una de nuestras propiedades privadas en la vereda La Resbalosa, de San José.
  • El miércoles 07 de julio de 2021, paramilitares que controlan la zona de Mulatos Medio, de San José de Apartadó, estuvieron preguntando con mucha insistencia por miembros de nuestra Comunidad de Paz, con intención de espiarlos, sobre todo cuando trabajan comunitariamente, y penetrar en los terrenos de nuestra “Aldea de Paz Luis Eduardo Guerra”.
  • El jueves 08 de julio de 2021, nuestra Comunidad de Paz conmemoró los 21 años de la masacre del 8 de julio de 2000, perpetrada en el caserío de La Unión por paramilitares en conjunto con militares de la Brigada XVII, mientras un helicóptero del ejército sobrevolaba el poblado y supervisaba la barbarie. Integrantes de nuestra Comunidad llegaron muy temprano al lugar de la masacre para realizar el acto de memoria y organizar el espacio de memoria que nuestra Comunidad ha construido en el mismo sitio en que nuestros compañeros fueron masacrados. Estando allí, pudimos comprobar una vez más la alta presencia de paramilitares que hoy día ha invadido el caserío de La Unión y su intenso consumo de licor. Hicieron todo lo posible por impedir nuestro acto de memoria poniendo en el más alto volumen los equipos de sonido de las cantinas donde se encontraban tomando licor y colocando allí canciones alusivas al paramilitarismo. Nunca nos habíamos imaginado que ese caserío, hace años santuario de la resistencia y la defensa de la dignidad, llegara a esos niveles de degradación humana. De todas formas, en medio de ese vulgar e inmundo saboteo, rendimos los honores merecidos a quienes entregaron su vida con gran valentía y dignidad en defensa de nuestro proyecto de paz y de justicia.
  • El miércoles 14 de julio de 2021, en horas del día, llegaron informaciones a nuestra Comunidad de Paz, según las cuales, en la vereda La Unión, Arenas, Las Nieves, El porvenir, entre otras estaría patrullando un grupo de paramilitares, portando a la vista armas largas, al parecer preparando el ambiente para celebrar a su manera la “fiesta del campesino”, preparada por la Brigada XVII en coordinación con el funcionario de FEDECACAO y agente de la Alcaldía de Apartadó,  César Jaramillo, y la Junta de Acción Comunal, fiesta programada para los días 17 y 18 de julio. Desde hace un tiempo se viene haciendo propaganda entre los paramilitares para participar en esa fiesta, a la cual se está invitando al campesinado de las veredas y en la cual se anuncia la presencia de reconocidos cantantes nacionales. Lo grave es que se invite a concentrarse en un lugar tan marcado por la presencia paramilitar sin que al parecer las instituciones del Estado muestren la más mínima preocupación y sin importar las constancias de hechos tan graves que nuestra Comunidad ha hecho públicas, incluso suministrando los nombres o los alias de los líderes paramilitares que han protagonizado los escándalos. Es preocupante la connivencia de la Brigada XVII, al parecer la principal anfitriona del festejo, con la representación de FEDECACAO, la Alcaldía de Apartadó y varias Juntas Comunales sin importar la alta presencia de los paramilitares que ya se muestran a plena luz, incluso exhibiendo sus armas largas, en el profanado caserío y sus alrededores.

Por más difícil que se presente la situación en nuestro territorio, nuestra Comunidad no dejará de suplicarle al país y al mundo por nuestras vidas y las de los demás pobladores que a diario tienen que soportar la opresión de un Estado-Paramilitar en la zona y en el resto del país. Somos fuertes porque hemos sabido construir comunidad; porque nuestra resistencia es única e inquebrantable; por eso hoy de nuevo agradecemos todos los esfuerzos de personas, organizaciones, comunidades, ayuntamientos, cantones,  entre otras colectividades, que desde muchos lugares del país y del mundo, a pesar del aislamiento soportado a causa del Covid-19, nos brindan esa fuerza moral que en todo momento nos anima a seguir adelante, en la exigencia del derecho a la tierra y a la vida, en un país donde reinan la muerte y la impunidad. A todos ellos nuestra profunda gratitud.

sáb, 17 jul a las 14:35

                        

                                                          Julio 17 de 2021

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Sábado, 10 Julio 2021 06:42

El sueño del país sin indios

El sueño del país sin indios

Los internados para niños indígenas de Canadá

Para los sobrevivientes, el hallazgo de restos de casi un millar de niños desaparecidos en Kamloops y Cowessess es apenas la punta del iceberg. Hasta la década de 1990 el Estado y la Iglesia dirigieron un sistema escolar dedicado a erradicar las culturas originarias del país.

 

Roberta Hill era apenas una niña cuando ella y cinco de sus hermanos fueron inscritos a la fuerza en un internado para menores indígenas. Con 70 años, la impactó enterarse del reciente descubrimiento de los restos de 215 niños, enterrados en el área de la Escuela Residencial India de Kamloops, en la provincia de Columbia Británica.1 El hallazgo fue comunicado a comienzos de junio por la nación originaria Tk’emlúps te Secwépemc. «¿Cómo no ibas a saber que tenías 215 personas enterradas», se pregunta Hill, «cuando los padres te decían “no me han devuelto a mi niño, quiero saber dónde está”?». «¿Quiénes son los responsables?», cuestiona.

Hill y otros activistas piden una investigación masiva acerca del destino de otros niños desaparecidos en los internados de Canadá, mientras el país se enfrenta a su historia de genocidio cultural contra los pueblos indígenas. Recientemente, el primer ministro Justin Trudeau pidió un mayor apoyo a los sobrevivientes del sistema de internados y ordenó que las banderas estuvieran a media asta en todos los edificios federales de Canadá.  Manifestantes colocaron cientos de pares de zapatos en los escalones de esos mismos edificios y en torno a monumentos de todo el país, en honor a los niños que murieron en la escuela de Kamloops. Ninguna de estas muertes había sido registrada oficialmente. «Lamentablemente, esta no es una excepción o un incidente aislado», dijo a la prensa Trudeau luego de conocido el hallazgo en Kamloops. «Tenemos que reconocer la verdad. Los internados eran una realidad», aseguró.

Durante más de un siglo se obligó a los niños indígenas de Canadá a ingresar a estas escuelas residenciales. De las 139 que existieron en el país, más de la mitad fueron administradas por la Iglesia Católica, incluida la de Kamloops, una escuela inaugurada en 1890 que llegó a tener hasta 500 inscritos en sus momentos de mayor actividad. Como sobreviviente de este sistema, Hill compartió sus experiencias con la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá (CVR). Establecido en 2008, este organismo tuvo entre sus fines crear un registro histórico de lo que debieron enfrentar los niños indígenas. Recopiló miles de documentos y entrevistó a 6.750 supervivientes.

Hill y sus hermanos asistieron al Instituto Mohawk, un internado dirigido por la Iglesia Anglicana de Canadá, en la ciudad de Brantford. Contó a la comisión que allí fue abusada sexualmente entre los 6 y los 10 años. «Había dos sacerdotes. A uno le gustaban las niñas y a otro los niños, por lo que los varones tampoco se salvaban. El trato era brutal, y cuando no los golpeaban, los violaban», dice. Para Hill está claro que la investigación llevada a cabo por la comisión no fue lo suficientemente profunda. «A pesar de lo triste y desgarrador que es, realmente no sorprende», sostiene. «Creo que habrá más si la gente busca», agrega. Hill y muchos pueblos originarios, incluidas las Seis Naciones del Gran Río, están ansiosos porque se haga una investigación seria sobre los niños desaparecidos.

El rol de la Iglesia

No está claro cuándo fueron enterrados los cuerpos ahora descubiertos en Kamloops. El Estado canadiense se hizo cargo de los internados en 1969. El de Kamloops cerró en 1978. Antes de que el Estado asumiera el control, la mayoría de las escuelas estaban a cargo de varias instituciones religiosas. La Iglesia Anglicana de Canadá emitió una disculpa en 1993 por su papel en el sistema de internados. Un año después, se disculparon los presbiterianos. También lo han hecho los metodistas y la Iglesia Unida de Canadá.

«No hay duda de que la Iglesia estuvo involucrada en esto», dice el reverendo Larry Lynn, sacerdote católico de la Arquidiócesis de Vancouver. «La Iglesia estaba a cargo de esa institución.» Trudeau solicitó una disculpa al papa Francisco durante una visita al Vaticano en 2017. Entre las 94 llamadas a la acción incluidas en el informe final de la CVR se encuentra un pedido de perdón oficial del jefe de la Iglesia Católica. Pero si bien los obispos locales se han disculpado, el Papa se ha negado.

El 2 de junio, el arzobispo Michael Miller emitió una declaración en nombre de la Arquidiócesis de Vancouver en la que reflexionó sobre una disculpa pública que hizo en 2013 ante la CVR. «Si las palabras de disculpa por hechos tan atroces son para traer vida y sanación, deben ser acompañadas de acciones tangibles que fomenten la revelación plena de la verdad», afirmó Miller. La arquidiócesis ha ofrecido apoyo psicológico y de salud mental a las familias que perdieron a sus hijos y se encuentra ahora proporcionando asistencia financiera y expertos para ayudar a la identificación de los fallecidos en Kamloops.

El caso es observado con atención desde Estados Unidos. Entre 1869 y la década de 1960, ese país financió más de 350 internados para niños indígenas bajo administración de las iglesias. Las historias de los sobrevivientes estadounidenses son similares a las de Canadá, e incluyen torturas, hambre, abuso sexual y físico.

«En Estados Unidos necesitamos cuanto antes una comisión de la verdad», afirma Christine McCleave, directora ejecutiva de la Coalición Nacional de Sanación por los Internados Indígenas. «Necesitamos que el gobierno federal dé un paso adelante y revele el daño causado.» La organización de McCleave está trabajando en una versión estadounidense de la CRV. El año pasado se presentó un proyecto de ley en este sentido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, pero no prosperó.

Hill, en tanto, cree que aún queda mucho por revelar. Con lo sucedido en la escuela de Kamloops ahora a la vista, espera que no tome mucho tiempo descubrir la verdad.

(Publicado originalmente en Public Radio Exchange como «Gruesome boarding school discovery forces Canada to reckon with its cultural genocide history». Traducción al español de Brecha.)

  1. Luego del hallazgo del 28 de mayo en tierras del antiguo internado de Kamloops, 751 tumbas de niños sin identificar fueron encontradas el 24 de junio junto a lo que fuera el internado de Marieval, en la actual localidad de Cowessess, en el centro sur del país. La Escuela Residencial India de Marieval funcionó desde 1899 a 1997 y, al igual que la de Kamloops, también estaba bajo la dirección de la Iglesia Católica (N. de E.).

 La historia de los internados canadienses

Asimilación forzada y expolio

… [Si] se va a hacer algo con el indio, debemos agarrarlo muy joven. Los niños deben ser mantenidos constantemente dentro del círculo de las condiciones civilizadas.

Nicholas Flood Davin, «Informe sobre escuelas industriales para indios y mestizos», 1879

Quiero deshacerme del problema indio. De hecho, no creo que el país deba proteger continuamente a una clase de personas que se mantienen aparte … Nuestro objetivo es continuar hasta que no haya un solo indio en Canadá que no haya sido absorbido en el cuerpo político y no haya ya una «cuestión india», ni un Departamento Indio. Es este el único objetivo de este proyecto de ley.

Duncan Campbell Scott, Departamento de Asuntos Indígenas de Canadá, 1920

El gobierno canadiense persiguió esta política de genocidio cultural porque deseaba deshacerse de sus obligaciones legales y financieras con los aborígenes y hacerse con el control de sus tierras y recursos. Si todas las personas aborígenes hubieran sido «absorbidas en el cuerpo político», no habría reservas, tratados ni derechos aborígenes.

Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá, Honoring the Truth, Reconciling the Future: Summary of the Final Report of the Truth and Reconciliation Commission of Canada, pág. 3

Los internados para niños indígenas operaron en Canadá durante más de 160 años, y más de 150.000 niños pasaron por sus puertas. Cada provincia y territorio –con la excepción de la Isla del Príncipe Eduardo, Terranova y Nuevo Brunswick– albergaba escuelas administradas por la Iglesia y financiadas con fondos federales. La última de ellas cerró en 1996, en Saskatchewan. Los niños de las Primeras Naciones, Métis e Inuit fueron apartados de sus familias y comunidades, a menudo contra su voluntad. Se los llevó a escuelas donde se vieron obligados a abandonar sus tradiciones, prácticas culturales e idiomas.

El sistema de internados fue solo una herramienta en un plan más amplio de «asimilación agresiva» y de colonización de pueblos y territorios indígenas. Si bien el sistema federal de internados comenzó alrededor de 1883, sus orígenes se remontan a la década de 1830, cuando la Iglesia Anglicana estableció un internado en Brantford, Ontario. Antes de eso, las iglesias habían construido escuelas para niños indígenas desde mediados del siglo XVII. Durante ese período inicial, estas escuelas misioneras se ubicaron principalmente en el este de Canadá. A medida que las misiones y los esfuerzos coloniales se trasladaron al oeste de los Grandes Lagos, también lo hicieron las escuelas. El gobierno canadiense y las iglesias desarrollaron el sistema de internados como un medio para resolver la «cuestión india»: la amenaza y el obstáculo que en su opinión planteaban los pueblos indígenas a la construcción en curso de la nación de Canadá.

Para ello, llevaron adelante un sistema que imitaba las escuelas construidas en Estados Unidos y en las colonias británicas, donde los gobiernos y las potencias coloniales usaban grandes escuelas industriales que funcionaban como internados para convertir a las masas de niños indígenas y pobres en católicos y protestantes y volverlos «trabajadores laboriosos». Estas escuelas se desplegaron a lo largo de Irlanda, Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda, así como en Suecia con los niños indígenas sami, con el fin de que los nuevos colonos pudieran reclamar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos originarios. Canadá adoptó este modelo para imponer a los niños de las Primeras Naciones, Métis e Inuit la adopción de tradiciones, idiomas y estilos de vida europeos.

Originalmente, el sistema de internados estaba enfocado en el desarrollo de escuelas de trabajo industrial y de escuelas agrícolas. Para 1900, en Canadá había 22 escuelas industriales y 39 internados. En 1931, en el apogeo de este sistema, había 80 escuelas en funcionamiento y, aunque la mayoría de ellas se llamaban residential schools (escuelas residenciales o internados), mantenían a menudo el trabajo industrial a través de grandes jardines, graneros, talleres y salas de costura. Las iglesias católica y protestante proporcionaron gran parte de las directivas originales acerca de dónde ubicar estas escuelas y cómo debía crecer el sistema. Los agentes y funcionarios gubernamentales de los diversos «departamentos indios» desempeñaron un papel central en su desarrollo y mantenimiento. Muchos de los primeros internados se construyeron cerca de escuelas misioneras ya existentes.

La calidad de la educación y la de los propios edificios fue deficiente durante gran parte de la historia. Los primeros internados estaban notoriamente mal financiados y mal administrados. Los relatos de sobrevivientes y del personal de las instituciones indican que los edificios a menudo se encontraban en mal estado y que, en algunos casos, eran incluso peligrosos. Los incendios los arrasaron con frecuencia. Algunas escuelas del norte se quedaban sin carpas ni refugios temporales. Posteriormente, se construyeron nuevas escuelas con una arquitectura pesada, ladrillos y cemento, en un esfuerzo por mostrar la permanencia de las políticas educativas del Estado hacia los pueblos indígenas. Estos nuevos internados, si bien representaban una mejora con respecto a los anteriores, seguían caracterizándose por la baja calidad de los alimentos que brindaban y las pésimas condiciones de vida de sus estudiantes.

Por Emily Schwing
9 julio, 2021

(Historia de las Escuelas Residenciales, Atlas de los Pueblos Indígenas de Canadá. Disponible en inglés y francés en indigenouspeoplesatlasofcanada.ca. Traducción de Brecha.)
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Laura Guerrero, madre de Nicolás: “Él era muy soñador con todo eso...”

Perder un hijo o un familiar por exigir un país mejor no debería suceder, sin embargo, en Colombia esta realidad parece la norma. Son cientos de familias que han perdido a sus seres queridos desde el 28A, ya sea por la muerte o la desaparición. Laura Guerrero es una madre víctima del terrorismo de Estado, también es ejemplo de dignidad y fortaleza para toda la sociedad.

 

Su semblante está tranquilo, a pesar del dolor que con seguridad la embarga. Ella está allí, recibida con cariño por unos y otras, y a pesar de la nostalgia, de los recuerdos de madre y amiga, expresa alegría por lo que ve.

En realidad, la juventud la llena de confianza de que vendrán días de cambio, días de esperanza, días de mejor vida, con seguridad los mismos anhelos que inspiraban a su hijo Nicolás para plasmar en paredes antes abandonadas y deterioradas, en compañía de compañeros, grandes murales para alegrar la ciudad, para llenar de color la vista de quienes por allí transitarán.

Cuando la saludamos y le pedimos la entrevista no duda, accede de una, y no demora en responder a nuestra primera pregunta: –“Mi nombre es Laura Guerrero, soy la mamá de Nicolás. Vengo hoy a la biblioteca porque un amigo muy cercano de mi hijo me cuenta que van a pintar lo que era el CAI, que fue quemado y quedó muy dañado. Me dicen que el proyecto es que esto sea una biblioteca…”.

Al expresar esta palabra parece rememorar algo y enfatiza: –“La idea me pareció muy buena, y me llevó a recordar a mi hijo que le gustaba mucho leer y que se hizo a una llave del saber para poder estar yendo a la biblioteca con su niña pequeña y con su hermanito menor. Por eso le entré de una al proyecto, porque vi que era algo bueno y cuando ya llego y me encuentro con esta cantidad de jóvenes maravillosos, con tantas ideas, empieza a formarse una lluvia de ideas y veo que una es más encantadora que le otra; realmente, digamos, que también me metí en el cuento”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 

Mientras Laura, como de una la llamamos con confianza, al sentir su espíritu y ver su joven semblante, así como al sentir su afinidad con la juventud, atiende a nuestras preguntas, el espacio gana más concurrencia y una y otra expresión artística encuentra lugar para compartir con toda la gente allí convocada. Hay lugar para la creación y para fraternizar, y todos están felices de que así sea.

Ella nos cuenta que el espacio apenas tiene con ocho días de existencia, y prosigue con la entrevista: –“Todo lo vivido en estos pocos días de construcción de la biblioteca es la muestra de que la gente tiene necesidad de contar con sitios y oportunidades para satisfacer su sed de cultura, que hay una aceptación de la comunidad, que la gente quiere y necesita este espacio para que haya una oferta cultural más cercana”.

Hay alegría en su narración, pero también nostalgia, no es para menos. Aprovechamos los segundos de meditación en lo que nos está compartiendo para dirigir nuestra mirada hacia los músicos que se presentan con alegría ante la multitud de comunidad. Pero solo tras unos segundos más su palabra convoca de nuevo nuestra atención: –“Esto es como un oasis en medio de tanta tensión; aún estamos a la defensiva, en muchos momentos de tranquilidad igual no deja de pasar la policía, no dejamos de sentirnos merodeados, pero hemos podido permanecer y la compañía de tanta comunidad ha sido increíble, han traído muchos libros, han donado dinero y pintura; el dinero se ha invertido en reparaciones y en seguridad, en candados, y en otras muchas cosas.

En este momento nos vemos respaldados por la comunidad, que tenía la biblioteca más cercana realmente lejos: entonces, la gente ha podido acercarse al picnic literario y ha encontrado muchísima oferta cultural”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 


¿Cómo era Nicolás?

Del presente para el pasado, el inmediato y el más lejano. A pesar de las fibras que pudiera sensibilizar no podíamos dejar de preguntar por el ser humano, y ante la pregunta, con serenidad, la madre cuenta: –“Era un joven con muchos sueños, sueños de una mejor ciudad y por consecuencia, de un mejor país. Soñaba con traer a su hija al país, soñaba con que existiera, a menor costo, muchísimo material para que los jóvenes pudieran expresarse culturalmente, porque él sentía que dentro de las escuelas y colegios había un vacío en cuanto a lo que muchos jóvenes quieren; entonces, pensaba en talleres, en muchos momentos especiales con los muchachos más pequeños para que pudieran aprender.

Mucho de estas cosas que a él le gustaban, como era el arte de pintar, el grafiti, no se lo patrocinan sino las mamás, y a veces nos vimos en dificultades para poder comprar materiales, por lo costosos, mucho más para él que le gustaba pintar piezas grandes y eso demanda muchos aerosoles.

En medio de sus anhelos él pensaba en todas las personas que tienen capacidades artísticas, para pintar, pero que no pueden explotarlas porque precisamente no tienen los recursos. Era muy soñador con todo eso, tenía esperanzas de que la ciudad y el país podía ser habitado por personas civilizadas que respetaran, porque muchas veces se sintió agredido, irrespetado por parte de la misma fuerza pública que llegaba simplemente a atropellarlos; cuando así sucedía regresaba aburrido a la casa y decía ‘mamá estábamos pintando un lugar bien feo, estábamos tratando de dejarlo bien y no faltó quien llegara a importunar, a impedir’, y muchas veces me dijo que les quitaban materiales; algunos de sus amigos me decían: ‘la policía nos quitó la cámara, la policía nos robó el celular’. Entonces, eso es muy triste, así que él esperaba que no tuvieran ese tipo de situaciones para vivir libres y en paz.

A él y a ellos lo motivaba, los motiva, sus manifestaciones artísticas, querían hacerlo simplemente sin ninguna oposición, no tanto por vandalizar y rayar y dañar, sino porque querían recuperar muchos espacios de la ciudad abandonados, que de hecho ya nadie pintaba, lugares donde la Alcaldía no lo hacía.

Él estaba con un colectivo, tenían muchas ideas, incluso para presentarlas a la Alcaldía. Él, digamos, que murió esperando esa oportunidad porque había que presentarlos como un proyecto y él no sabía hacerlo, entonces en alguna ocasión le dije mándemelo y lo revisamos y me decía: no mamá, yo quiero aprender a hacerlo porque a muchos se los van a pedir y quizás pueda enseñarles a otros cómo hacerlo”.

 

Fotografía Felipe Martínez

 

 


El asesinato

Su relato avanza sin voces de duda o inseguridad, lo que denota confianza en los proyectos de su hijo, en sus gustos artísticos, en su amor por lo que hacía y quería entregar a toda la ciudad. Agarrados por su voz y gestos, de madre, pero también de amiga de quienes estuvieron con su hijo, seguimos atentos a su testimonio:

–“Era una persona completamente independiente, ya vivía aparte, tenía su familia, sus ideas muy claras de lo que quería y quizá por eso el día que suceden los hechos estaba lleno de frustración y también de rabia por el momento que se estaba viviendo alrededor. Ese día ellos habían estado en una velatón por los muertos; él también estuvo llevando ayudas humanitarias para los puntos, lo que respecta a alimentos y a insumos médicos.

Así que en la noche estaba cansado, tomó su última comida y se iba a ir a dormir, pero en algún momento escuchó que había pocas personas aquí para resistir y se vino otra vez hacía este lado; entiendo que la velatón estuvo pacífica hasta que llegó el Esmad a intimidarlos, luego hay gases; dicen que había un sentimiento de mucha rabia, impotencia y frustración por el gas que lo cubría todo –las unidades residenciales están ahí cercanas–, así que él toma la decisión de ir adelante; la verdad no puedo saber en ese último instante las cosas que hayan pasado por su cabeza, pero ellos estaban haciendo resistencia y la policía no tuvo ningún problema en dispararle a mi hijo en su cabeza y pues cayó inconsciente, no tuvieron en ningún momento la más mínima consideración hacía mi hijo y parar, por el contrario, estando en el piso no lo dejaban auxiliar sino que tiraban más gases sobre los muchachos, ellos aguantaron y lo cogieron como pudieron y se lo llevaron para que fuera atendido, pero solo resistió unas horas conectado a aparatos y finalmente no pudo más. Esa fue la situación, bastante triste, que derivó en la muerte de mi hijo ese día después de haber estado en paz.

Tuve la oportunidad de regresar al día siguiente al lugar donde murió y era una escena de guerra, había cualquier cantidad de indicativos de que era una guerra. Revisando los videos grabados de lo sucedido, estoy segura que, si la fuerza pública se hubiera parado a evitar cualquier desmán, simplemente no hubiera pasado de allí porque los muchachos no estaban en son de pelear con nadie, y ese es el común denominador en todos estos lados, no hay afán por impedir, por cerrar la vía, como muchos dicen”.
¿Qué ha pasado con el caso?

–“Nada. Hasta el día de hoy solo vi unas declaraciones mentirosas del Ministro diciendo que el caso estaba siendo investigado y que había unas personas comprometidas, lo cual es falso.

Para reunir pruebas me ha tocado caminar la misma escena, los mismos escenarios, para poder buscar la información, porque en su momento también atrevidamente afirmaron que ese día habían vandalizado el D1, cuando mi hijo cae es en el TCC, y entre ambos puntos hay una distancia bien pronunciada; además, los daños en el D1 fueron muchos días después”.

¿Qué ha sucedido después de la muerte de su hijo?

–“Perder a Nico ha sido muy doloroso y cada día hay algo más que liberar, pero siento que me ha fortalecido muchísimo caminar al lado de los muchachos, verlos, conocerlos, escucharlos, saber el por qué están ahí, porque ellos la tienen clara y saben por qué están allí: sus pretensiones de que todo sea mejor, de no pedir nada regalado, pues es falso que aquí estén pidiendo cosas regaladas, por el contrario, acá estamos regalando arte, cultura y todo esto no ha costado un peso a ninguna institución, todo lo ha donado la comunidad, todos nosotros; el acompañamiento y la solidaridad que se ha encontrado es increíble.

Más allá de que sea mi hijo, su muerte ha sido algo que ha unido también en pensamiento a muchos, ha transformado el pensamiento de otros, porque habían personas que pensaban que el gobierno estaba haciendo lo que tenía que hacer y en el momento en el que ven que es Nicolás, al que conocían como persona, como ser humano, creo que fue un despertar para muchos que pensaron: mire, si están matando a los jóvenes, si están matando a los artistas, si están matando y queriendo callar a todas las voces que se levantan a pedir un mundo mejor es porque estamos muy mal.

Y esa es como parte de las razones que llevan a todos estos jóvenes a protestar. Una realidad en la que es muy triste que se hayan perdido vidas de lado y lado, tanto de la fuerza pública como de nuestros jóvenes, como personas que ahora están desaparecidas, de las jóvenes violadas, todo esto se suma en un indicativo muy grande de que nuestra sociedad no está bien, de que es necesario un cambio. Tenemos que pensar, más allá del dolor de cada uno, más allá de saber que he perdido a Nicolás, pues no soy la única madre que sufre o que llora por la pérdida de un hijo, de un familiar, entonces, si yo lo miro desde ahí también hago parte de ese resurgir de esta sociedad, porque realmente como sociedad estamos muy mal, muy mal, y si esto no cambia en este momento de la historia, realmente no sé cuándo será”.

Al concluir esta idea nos miramos mutuamente y reconocemos en su rostro el dolor pero también la esperanza en que esta sociedad logre el necesario cambio que los marginados, que son mayoría, han exigido desde siempre, deseo y exigencia que ahora mantiene en la calle a miles, cerrando vías o alzando su voz de protesta y de esperanza.

Y como eco de voces y tonos de luz que así lo presagian, llegan a nuestros oídos las palabras de quienes en los talleres de lectura comparten con quienes se han animado a congregarse allí, así como los alegres tonos desprendidos por las gargantas de quienes comparten su saber musical, así como las sombras que se proyectan desde los malabaristas. Las familias allí reunidas, con sus hijos, así como los jóvenes de distintas edades y sexos que llenan el espacio, le brindan a Laura, la madre de Nicolás Guerrero confianza en que así será. A nosotros también.


Las dos muertes

Julián Malatesta. Santiago de Cali, 20 de mayo de 2021

 

La tarde caía vertiginosa,
los estallidos y la pólvora le hurtaban la luz.
Los muchachos con sus escudos de lata y trozos de madera,
se ejercitaban como legionarios antiguos
en las tácticas del repliegue y la ofensiva.

Josué levantó la mano e imploró al sol que se detuviera,
ansiaba ponerle el tatequieto a la noche
que se les venía encima con sus densas manos negras.
A empellones me abrí paso hasta la barricada
y me puse en la primera línea.

Ese es mi muchacho, me dije,
y halé a Josué de la camisa, ordenando:
Nos vamos ya, es hora de irse.

¿Usted quién es? Contestó airado.
Soy tu muerte, la tuya, la propia.
Mi hermana, que trabaja a sueldo con las tropas,
La mercenaria, la traidora, te tiene en la lista.
Es hora de irse…
La vida del muchacho alucinaba con el brillo de los explosivos,
Lo sacudí con fuerza y grité:
¡Hasta que tu vida y yo cerremos el último umbral,
soy tu muerte, carajo!
¡Ese es nuestro pacto!

Pero mi hermana,
la mercenaria, la ajena, la súbita,
del otro lado ultima los detalles,
esos hombres de negro le pagan a destajo.

Estaba yo en estas, encontrando palabras…
Usted me entiende, señora,
cuando un balazo dobló a Josué entre mis brazos
y ya no pude traerlo a casa.

 

 

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