La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, en una oficina de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, La Paz, Bolivia, el 13 de marzo de 2021

La ex presidenta de facto exige juicio de privilegio, por pacificar al país

 

La Paz., La juez Regina Santa Cruz decretó ayer cuatro meses de prisión preventina para la ex mandataria de facto, Jeanine Áñez y para sus ex ministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra. Horas antes la Fisca-lía de Bolivia había pedido seis meses de cárcel preventiva para Áñez, detenida por su papel en el derrocamiento del mandatario Evo Morales, en noviembre de 2019, y ella exigió un "juicio de privilegio", al asegurar que se busca "criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado".

Tres fiscales habían firmado la imputación para la aplicación de prisión preventiva por seis meses también para los dos ex ministros Guzmán y Coimbra, acusados igualmente de delitos de sedición, conspiración y terrorismo por asumir el poder luego que Morales fue conminado a renunciar por las cúpulas castrense y policial, en medio de manifestaciones impulsadas por la derecha, que, sin pruebas, alegó fraude en las elecciones que ganó Morales, y que dejaron un saldo de 33 muertos.

La fiscalía sostiene además que el 10 de noviembre el líder cívico Fernando Camacho presentó en la sede presidencial una carta "en la que recomienda la renuncia del presidente Evo Morales".

A esta petición se sumó el comandante de las fuerzas armadas, Williams Kaliman, quien junto a otros "deliberaron" y pidieron a Morales que dimitiera.

“La fuerza armada no delibera, no realiza acción política (...). Se concretiza un golpe de Estado, toda vez que la policía y las fuerzas armadas tienen armamento letal y deciden obedecer a una persona que no tenía facultad jurídica (...)

"Por todos los hechos sediciosos y terroristas llevados a cabo el 10 de noviembre de 2019 el ex presidente Evo Morales, con el riesgo de perder la vida y velando por el pueblo boliviano, para no ser masacrados y humillados sus ministros, alcaldes y otros, renuncia a la Presidencia, junto con el vicepresidente Álvaro García Linera", añade la Fiscalía en su denuncia.

Tras la renuncia de Morales, Áñez y sus allegados habrían obligado a renunciar a Adriana Salvatierra, quien ocupaba el cargo de presidenta del Senado, y a Víctor Borda, presidente de la Cámara de Diputados, para que Áñez asumiera la presidencia de Bolivia.

La Fiscalía considera que "de esta manera posibilitaron que (Áñez) asumiera la Presidencia (...) de una forma amañada".

El caso tiene su origen en una denuncia de la ex diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS) Lidia Patty, por presunta sedición contra ocho ex autoridades policiales y militares por la muerte de manifestantes luego de asumir Áñez la presidencia.

La Fiscalía menciona a Camacho como uno de los principales impulsores de hechos ilegales, entre ellos la quema de instalaciones de distintos tribunales electorales departamentales, destrucción de actas electorales, así como de distintas presiones que impidieron el recuento oficial de votos.

Fiscalía: la ex mandataria preparaba "actos de fuga"

En cuanto a la justificación de la prisión preventiva, en el caso de Áñez, la Fiscalía expone que ésta "se encontraba realizando actos preparatorios de fuga" en el momento de su detención.

Áñez, abogada y ex presentadora de televisión, permanece detenida en un cuartel de la policía desde el sábado tras ser arrestada mientras se escondía en un baúl en la casa de un familiar, en Trinidad, 600 kilómetros al noreste de La Paz, donde residía. La propia Áñez, de 53 años, declaró desde una ventanilla de la celda donde se encuentra detenida y exigió "juicio de privilegio", lo que impediría la prisión cautelar.

"Es absolutamente arbitraria, ya lo he manifestado porque es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento con un golpe de Estado. Es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez”, dijo la ex mandataria golpista.

"Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de Corte, pero acá no tiene ninguna validez el estado de derecho y esto lo lamentamos tantísimo", agregó.

Más aún, aseguró tener "todo el apoyo del pueblo y de todos quienes creen en la democracia", menos de Evo Morales porque "él desprecia la democracia".

“Me envían cuatro meses detenida para esperar el juicio por un ‘golpe’ que nunca ocurrió”, afirmó Áñez en Twitter, tras escuchar que la juez le dictó prisión preventiva.

Por fin llegará la justicia, aunque tarde: Evo Morales

Morales afirmó que la detención significa que "por fin llegará la justicia, aunque tarde. Esperemos que se haga un acto de justicia con las víctimas de tanta injusticia en Bolivia".

"Solo pedirles que haya un debido proceso, todos tienen derecho a la defensa, pero también tienen que demostrar que son inocentes, como tratan de mostrar los medios de comunicación", declaró a la radio Kawsachun Coca.

Morales subrayó que investigaciones internacionales demostraron que no hubo fraude electoral en 2019 y sí golpe de Estado. "A más de un año del golpe no se ha podido demostrar el supuesto fraude y la mejor prueba es el resultado del 18 de octubre del año pasado, cuando ganó nuevamente el MAS."

Tras la detención de Áñez, el líder opositor Carlos Mesa denunció que el MAS pretende usar un "inexistente golpe de Estado" para perseguir y "descabezar" a la oposición.

El dirigente cívico Fernando Camacho manifestó que "no hay motivos para festejar" su elección como gobernador del departamento de Santa Cruz, porque "está dándose una persecución en toda la nación hacia aquellos que estuvieron luchando por la democracia y la libertad".

El arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, criticó en su homilía dominical el "ánimo de revancha" del gobierno que “pretende tachar de golpista al pueblo y a sus representantes que defendieron al voto ciudadano y a la democracia (...) mientras los autores del fraude electoral se muestran como víctimas“. La Conferencia Episcopal Boliviana pidió la liberación inmediata de los detenidos.

Estados Unidos, la Unión Europea, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaron por separado que se siga el debido proceso y no haya interferencia política en los juicios.

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Tras su detención, Añez es escoltada miembros de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen en La Paz.  ________________________________________ Imagen: AFP

Detenida en Bolivia, fue acusada de sedición, conspiración y terrorismo

Tras ser arrestada el viernes, la expresidenta de facto eligió no declarar  en la primera oportunidad que tuvo. Hasta ahora se limitó a enviar cartas: una al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y otra para Michael Dóczy, embajador de la delegación europea en Bolivia.

 

La expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, decidió no declarar este sábado ante la Fiscalía de La Paz. La exmandataria hizo uso de su derecho al silencio en el Ministerio Público luego de ser trasladada desde las instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de la sede de Gobierno, donde pasó la primera noche después de su detención.

Áñez está siendo investigada por delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa por el golpe de Estado al presidente constitucional Evo Morales Aymá en noviembre de 2019. También fueron acusados varios de los miembros de su exgabinete, así como exaltos mandos militares y de la policía.

Áñez fue detenida ayer en la localidad de Trinidad en Beni, casi 600 kilómetros al noreste de la capital boliviana un poco antes de la una de la madrugada y después de una búsqueda intensa por parte de agentes de la policía. Según informó el  diario santacruceño El Deber, la familia de la exmandataria de facto intentó impedir la detención de Áñez. Sus primos y su hija incluso fueron detenidos brevemente por resistir el arresto  de la exsenadora y exmandatario de facto. El matutino La Razón informó que Áñez cumplió con una entrevista policial realizada por el comandante Aguilera y posteriormente fue transportada en avión a la capital.

Detención  y cartas a la OEA


Las imágenes que trascendieron en la televisión boliviana mostraron a una Áñez que no llegó esposada al aeropuerto y que estuvo escoltada por el actual ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Castillo y varios policías. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook.

Por su parte, Áñez giró en las últimas horas cartas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea (UE). Así lo informó el diario La Razón de Bolivia. Según el matutino, la exmandataria interina espera que los organismos envíen misiones para evidenciar la supuesta persecución política por las acusaciones que se le hacen a raíz del golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. Una de las cartas están dirigidas al secretario general de la OEA, Luis Almagro, quién aún no se ha pronunciado sobre la detención de Áñez. La otra misiva tiene como destinatario al embajador de la delegación europea en Bolivia, Michael Dóczy.

Respuesta internacional

El Grupo de Puebla, una de las alianzas de países más activas de Iberoamérica, mostró su respaldo a la detención. “Cuando se cometen atrocidades contra el pueblo, los responsables deben pagar. Sin justicia ni reparación ante las violaciones de DDHH, las sociedades no sanan. Justicia para el pueblo boliviano, lo que ocurrió fue un Golpe de Estado y debe ser juzgado”, compartieron en el perfil de Twitter.

En cambio desde la Casa Blanca no fue emitido ningún comunicado sobre las detenciones de la administración de facto. El único mensaje de Estados Unidos vino de la encargada interina de Latinoamérica del Departamento de Estado, Julie Chung y tampoco hizo una alusión directa a los arrestos por la investigación del golpe de Estado que depuso al exmandatario constitucional en 2019. "Instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y las garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana", publicó Chung en su cuenta de Twitter.

Sacaba y Senkata

Mientras tanto, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, reveló que el Alto Mando Militar hizo desaparecer documentación e información digitalizada sobre las represiones en Sacaba y Senkata, que dejaron 37 muertos y más de 500 personas heridas. Novillo habló el viernes en un acto realizado en el comando de Estado Mayor de la ciudad de La Paz. “No existe al cien por ciento toda la información, es el primer dato. Al momento de irse los militares golpistas han limpiado huellas, documentación (e) información cibernética, en datos y computadoras,” dijo. Además, afirmó que cada una de las fuerzas iniciará un sumario para identificar a los responsables de la pérdida de documentación e información digital.

La Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa hizo un llamado para recordar a las víctimas de Sacaba y Senkata. Segundina Flores, dirigente de la Federación de Mujeres Campesinas descartó que la detención de la expresidenta y sus funcionarios se trate de una cacería. “No es cacería, que rindan cuentas a la Justicia”, aseveró Flores en conferencia de prensa.

La causa

La orden de la fiscalía para detener a la expresidenta de facto y a miembros de su gabinete se realiza a partir de la denuncia por el golpe de Estado de 2019 presentada por la exdiputada Lidia Patty (MAS). El viernes se conocieron las disposiciones de captura para Jeanine Áñez y los exministros Yerko Núñez (Presidencia), Arturo Murillo (Gobierno), Luis Fernando López (Defensa), Álvaro Coimbra (Justicia) y Rodrigo Guzmán (Energía). El documento de la fiscalía además argumenta que las órdenes de detención se establecen por el riesgo de fuga de los involucrados  y la facilidad  que tienen de abandonar el país. Actualmente los exministros de Gobierno y Defensa,  señalados en la causa por la ruptura constitucional de 2019, residen en EE.UU.

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Martes, 09 Marzo 2021 06:00

Trenes, muros y mentiras

Trenes, muros y mentiras

La impunidad es la principal característica del poder.

Le permite decir, hacer, prometer, incumplir y, sobre todo, maquillar sus verdaderas acciones e intenciones.

Decir, por ejemplo, “evangelizar”, cuando la corona española perpetraba genocidio contra los pueblos originarios.

Decir, por ejemplo, “democracia”, en cuyo nombre el imperio de ahora invade, bloquea y descuartiza naciones, para apropiarse del petróleo en Libia y en tantos otros rincones del mundo.

Decir, por ejemplo, “desarrollo”, perpetrando la destrucción de pueblos y plantas, comunidades y fuentes de agua, en nombre de un progreso que beneficia sólo a los de más arriba.

El discurso del poder puede invertir la realidad. Según las autoridades, las víctimas se convierten en victimarias, en particular este 8 de Marzo de instituciones amurallas y de prohibiciones, simulando que las mujeres son el problema porque salen a calles y pueden ser violentas.

Curiosa forma de afrontar los feminicidios: prohibiendo marchas en Madrid y rodeando palacios con muros de hierro en Ciudad de México. Ya hay quienes dicen que el feminismo es una “patología social” y que las verdaderas privilegiadas en el mundo actual son las mujeres (https://bit.ly/3t25r3A).

Es sólo el comienzo. Como ellas son el verdadero problema, dicen arriba, y como no hacen falta muros para contener la violencia paramilitar en Chiapas, Guerrero y en medio continente; como ellas son el problema, después de los muros llegarán las balas. Es sólo cuestión de esperar.

El poder impune puede decir: “sería un rotundo fracaso” no terminar el Tren Maya en dos años. Léase: el fracaso consiste en no doblegar pueblos, comunidades y ejidos que incluso han ganado la paralización en instancias internacionales. Claro, se oponen al desarrollo y, por eso mismo, merecen desaparecer.

Los discursos del poder son auto referenciales, no les importa la realidad, ni están sujetos a debate, discusión ni interpelación.

Jair Bolsonaro se despachó con insultos a quienes lo critican por el mal manejo de la pandemia. Escupió un “basta de mimimi”, algo así como “fifi”, a quienes se quejan de la enorme cantidad de muertos cuando las camas para tratamiento intenso están desbordadas, con ocupaciones de hasta el 107% en Porto Alegre. Una vez más, los culpables son las víctimas.

Estados Unidos exporta democracia dónde y cuando le interesa. Por ejemplo, exige democracia en Venezuela y en Cuba, o sea elecciones, pero ignora que el país menos democrático y más represivo del mundo se llama Arabia Saudí, donde las mujeres son brutalmente humilladas y no pueden siquiera conducir coches. Pero la monarquía saudí es el segundo mayor aliado de la Casa Blanca en el mundo.

Estados Unidos exporta igualdad racial cuando la esclavitud enriqueció durante siglos a las clases dominantes, que abolieron el apartheid a regañadientes para llenar las cárceles de afroamericanos. Ahora empiezan a exportar “medio ambiente”, para aislar a los países que quieren someter acusándolos de ser los responsables de un desastre ambiental que es exclusiva responsabilidad de un sistema al que llamamos capitalismo.

En fin, aquí y allá la impunidad del poder.

Hay quienes dicen que mienten. Depende. Ellos son los que determinan lo que es mentira y lo que es verdad. De modo que no tiene mucho sentido debatir en las redes, en un inexistente espacio público, mercantilizado y destruido tiempo atrás.

Y no hay justicia.

Parafraseando al poeta, la justicia vale menos, infinitamente menos que el orín de los chuchos.

Por esto, este 8M debe ser para las de abajo, para seguir construyendo lo nuevo, lo diferente entre nosotras, sin mirar arriba, sin prestar atención al “tablado de la farsa” (León Felipe).

8 marzo 2021

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Miércoles, 03 Marzo 2021 05:46

Los medios y la pederastia clerical

Los medios y la pederastia clerical

Las perversiones sexuales de los personajes públicos son resultado de las relaciones de poder que guardan los individuos con el establishment. Michel Foucault, en su Historia de la sexualidad, encuentra un estrecho vínculo del poder como factor represivo y la sexualidad como una dimensión construida por este poder. Hombres poderosos como Salgado Macedonio se saben protegidos por el poder. Dicha impunidad no guarda mucha diferencia con los sacerdotes pederastas. Bajo el predominio de una cultura patriarcal, políticos y pederastas clericales se sienten por encima de la sociedad. Conductores y dueños de las conciencias de los individuos y, por tanto, también de sus cuerpos. Políticos desenfrenados y sacerdotes encuentran refugio en el Estado, unos, y otros en la estructura eclesiástica. Así, la patología de los abusos sexuales va de la mano de la corrupción.

Los medios de comunicación han jugado un papel determinante para evidenciar ante la sociedad los abusos sexuales cometidos por sacerdotes. Los medios de comunicación en el planeta pasaron de un trato privilegiado a un tratamiento implacable hacia la Iglesia. A partir de las investigaciones periodísticas de The Boston Globe en 2002, los medios han jugado un rol de denuncia que ha tenido alto impacto en las audiencias. Incluso se creó una especie de género sobre la pederastia clerical, con películas premiadas, series de televisión, documentales, telenovelas, mesas de análisis y grandes reportajes de investigación. En muchos casos la pederastia clerical se convirtió en mercancía rentable. También es cierto que han favorecido romper la cultura del silencio imperante en la institución eclesiástica. Han presionado a la Iglesia para abrirse. Los medios evidenciaron la reinante opacidad y el mutismo cómplice de la Iglesia. En cierta medida, desnudaron el artificio de la hipocresía institucional y doble moral. La institución despreció, en un inicio pensó que la sociedad tomaría las denuncias mediáticas como calumnias momentáneas. Sin embargo, ocurrió lo contrario. Por todos los rincones del planeta surgían dolorosos relatos y testimonios verídicos cargados de dramatismo. La denuncia no sólo se centró en los abusos, sino en la inaceptable complicidad de las estructuras eclesiásticas.

En México, los medios llegaron tarde. Y tuvieron un comportamiento dual. Periódicos como El Norte no sólo guardaron silencio, sino que salieron a la defensa abigarrada de Marcial Maciel. Grandes consorcios mediáticos aliados del cardenal Norberto Rivera disimularon su complicidad en el encubrimiento de los depredadores sagrados como Nicolás Aguilar. Pese a ello, la incidencia internacional fue abriendo nuevos cauces para evidenciar los inevitables crímenes eclesiásticos. Periodistas como Carmen Aristegui, Javier Solorzano, Sanjuana Martínez y aquel lejano Ciro Gómez Leyva fueron pioneros, atrevidos, en colocar sobre la agenda pública, el corrompido comportamiento de la Iglesia. En México recordemos el papel de CNI Canal 40, la revista Proceso y La Jornada, que se distinguieron por dar cabida y voz a las víctimas, desde los 90, para denunciar a los depredadores. Ha sido un camino farragoso posicionar el abuso infantil clerical como un grave problema social y un flagelo encubierto por la institución. Un obstáculo no menos importante, en el caso de México, ha sido la tibieza o confabulación del gobierno. Desde Zedillo hasta AMLO, el Estado ha sido negligente. Su actuar ha sido medroso, porque no se atreve a tocar las poderosas estructuras eclesiásticas. Los diversos gobiernos han calibrado los costos políticos que representa afectar intereses eclesiásticos y han optado por jugar un rol pasivo, finalmente cómplice, de cara a los crímenes perpetrados por sacerdotes y encubrimientos de obispos.

A más de 20 años de denuncias y continuos escándalos, la tarea no parece tener término. A pesar de que la Iglesia ha mostrado mayor sensibilidad, aún está lejos de responder las expectativas de una opinión pública crítica y expectante. En los años recientes, la novedad, es la intervención creciente de los gobiernos en las investigaciones y denuncias. Si en 2002, el epicentro estalla en Boston con las investigaciones periodísticas de The Boston Globe, ahora diferentes gobiernos empiezan atraer los casos y realizar diligencias e investigaciones oficiales. En la actualidad se han sumado estructuras gubernamentales como fiscalías, ministerios, comisiones especializadas. Es decir, son investigaciones de Estado sobre la pederastia cuyo alcance es mucho mayor. Tales son los casos de las pesquisas en Irlanda, Australia, Chile y Estados Unidos (Pensilvania). Utilizan la documentación confiscada de los archivos de la propia Iglesia. En Chile, ante la cerrazón de la Iglesia, el gobierno procedió mediante un allanamiento de los archivos ­eclesiásticos.

Analizando el comportamiento de diferentes países, otro elemento central emerge. El comportamiento de la sociedad civil organizada. En Estados Unidos las víctimas se unieron y conformaron frentes de denuncia social y legal contra la Iglesia católica. La Red de Sobrevivientes de Abuso de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) jugó un papel central en por lo menos tres frentes: el mediático, el lobby legislativo y negociaciones legales con la jerarquía eclesiástica en nombre de las víctimas. Chile es otro caso emblemático, que cuenta con una tradición civilista. Ante la cerrazón de la alta jerarquía, se desata un fenómeno social que permitió que se levantaran con fuerza voces de organizaciones de víctimas y sobrevivientes, tales como los Laicos de Osorno, Red de Sobrevivientes de Abuso Sexual Eclesiástico en Chile, Red Nacional de Laicos y Voces Católicas. No basta la denuncia mediática y lamentablemente en México estamos aún muy lejos de contar con una sociedad civil dinámica y un gobierno sensible. Vivimos aún en el reino de Maciel y de Salgado Macedonio.

Por Bernardo Barranco

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Martes, 02 Marzo 2021 06:07

La ruta del sacrificio

La ruta del sacrificio

 

Como cada año, el 21 de febrero nuestra Comunidad de Paz de San José de Apartadó convocó a sus amigos a darse cita en los sitios sagrados de memoria de nuestros mártires. Subimos varias cuestas en la Serranía de Abibe para llegar a aquel sitio, junto al río Mulatos, donde los defensores de este Estado criminal le arrancaron la vida cruelmente a nuestros líderes y a nuestros niños. Han pasado 16 años, pero para la justicia colombiana “no ha pasado nada”. Cuando abogados amigos hicieron el gran esfuerzo de llevar el caso a Casación en la Corte Suprema de Justicia y lograron la condena de los primeros 10 militares responsables de la masacre, los militares acudieron a la JEP y la JEP los puso en libertad inmediatamente y los vinculó a su proceso sin exigirles lo mínimo que tenía que exigirles: un mapa de la verdad que irían a confesar.

Pero mientras la “justicia” sigue en su ruta de degradación al servicio de la impunidad más desvergonzada, la memoria del pueblo se va fortaleciendo. Volvimos a escuchar las palabras de Luis Eduardo Guerra, uno de nuestros líderes históricos más claros; desde una grabación que se conservaba, él nos volvió a contar el proceso de surgimiento de la Comunidad de Paz como respuesta al cerco de violencia tan aterrador que vivíamos. Los poemas que el Profeta Isaías escribió hace miles de años para describir la espiritualidad y la pasión del Servidor Sufriente del Señor, nos sirvieron para recordar a Luis Eduardo y para darle gracias a Dios por su vida. En La Resbalosa recordamos la crueldad con que militares y paramilitares descuartizaron a nuestros niños y la canción de José Luis Perales: “que canten los niños”, acompañó nuestra memoria dolorosa de su sacrificio, como también otros poemas y canciones.

A la vez que inauguramos la ermita junto al Río Mulatos, ya terminada con cúpula de color, con mural y con vitrales y rejas, construida en el sitio donde derramaron su sangre Luis Eduardo, Bellanira y el niño Deiner André, nos animamos a avanzar en la construcción de otra ermita en La Resbalosa, sobre las fosas que guardaron durante las primeras horas los restos despedazados de la familia de Alfonso y Sandra y sus niños y Alejandro. En medio de las dos fosas se levanta todavía el palo de cacao que sigue proclamando la resistencia de la vida en medio de la muerte.

Todos salimos fortalecidos con el ejemplo de esa primera generación que sostuvo la vida de nuestra Comunidad de Paz en medio de una persecución a muerte tan despiadada por parte del Estado colombiano. Ellos nos dijeron con sus mismas vidas que el proyecto comunitario en el cual estaban embarcados era más valioso que sus propias vidas.

Sabemos que muchos amigos nos acompañaron en esta peregrinación de memoria desde países y regiones muy remotas. Gracias por esa energía que supieron transmitirnos desde la distancia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Marzo 01 de 2021

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Represión policial en la Universidad Nacional de Honduras en junio de 2019

Numerosas instituciones internacionales han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas.

 

Este artículo surge del enfado, la indignación, las alianzas con compañeras y compañeros de Honduras, la investigación y el análisis fruto del Monitor de Violencia Política y Violaciones de DDHH de Honduras. Este proyecto es una herramienta analítica y política para las personas defensoras de derechos humanos y socioambientales en el territorio, que responde a uno de los mayores desafíos que enfrentan: la falta de datos consolidados y fiables de violaciones de derechos humanos relacionados con la violencia política, que es especialmente invisible y difícil de detectar debido a la participación de actores armados estatales y no estatales, locales y globales.

Antes de indagar en cómo y por qué se manifiesta la violencia política en Honduras, es preciso romper algunos mitos sobre la violencia en el territorio. Detrás del estigma que caracteriza a Honduras como un territorio cuya violencia es fruto exclusiva e inequívocamente de maras o pandillas, reside un silencio social y sociológico que oculta la violencia política. Numerosas instituciones internacionales, como Global Witness, han situado a Honduras entre los países más mortíferos para los defensores de la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. La atención total sobre las pandillas deja en la oscuridad la violencia contra activistas instrumentalizada por los grupos dominantes. Es más, la violencia política es la que crea las condiciones propensas para que se den otros tipos de violencia —como pandillas o doméstica. Por eso, debemos desbordar los discursos dominantes prestando atención a las causas de la violencia, y no sólo a los síntomas (como las migraciones forzosas), para reconocer su multidimensionalidad. Esto nos llevará también a cuestionar una noción de seguridad elitista que promueve la inversión en las fuerzas de seguridad del estado como el remedio para acabar con la violencia.

La violencia política es ya una tendencia global cuya característica definitoria es la represión de personas y movimientos sociales que defienden la tierra, el medioambiente y los derechos humanos. En Honduras, esta forma de violencia —ocultada— se ejerce cada vez más sobre defensores de la tierra y el medioambiente que articulan una resistencia frente al extractivismo y la mala praxis de proyectos agroindustriales, de minería, turismo y energía, y que la mayoría provienen de o tienen alianzas con el Norte Global. Es decir, la expansión de proyectos a gran escala cuentan con una serie de dispositivos de violencia, que emplean para expulsar a campesinos y comunidades indígenas del territorio y acallar las movilizaciones sociales que denuncian los ataques a la vida humana y ambiental de estas empresas. Los perpetradores de la violencia política son actores estatales y no estatales; guardias de seguridad privada de la empresa, militares en activo, ex-militares u otro personal de seguridad del Estado que participan en acciones que exceden sus obligaciones legales, sicarios, pandilleros y grupos armados. Estas alianzas al servicio del capital constituyen la violencia paramilitar.

Los grupos paramilitares en Honduras están aún en las primeras etapas de formación, a diferencia de los de Colombia o México que ya están consolidados. La violencia paramilitar está al servicio de corporaciones locales y extranjeras, y tiene lugar en entornos militarizados y con una historia colonial de despojo de tierras y violencia empleada por quienes poseen poder económico y político. Si bien en Honduras la desigualdad de acceso a la tierra es una cuestión histórica que se remonta a la colonización, en esta época se generaron conflictos entre campesinos y terratenientes que han sido y siguen siendo instrumentalizados para impulsar y consolidar un modelo económico capitalista; el gobierno de Estados Unidos, a mediados y finales de la década de los 90, empleó tácticas de contrainsurgencia mediante la alianza criminal de la “seguridad” pública y privada; también a finales del siglo XX y principios del XXI, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ofrecieron a Honduras una reestructuración de su deuda condicionada a la implementación de políticas neoliberales orientadas a la apertura al capital global y la explotación del territorio para la acumulación de capital. Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Más de 40 años de despojo de tierras, asaltos al tejido asociativo político, y erosión de los programas sociales han producido numerosos movimientos sociales desde abajo con una clara agenda antineoliberal que ha presentado un desafío permanente a las élites y sus aliados capitalistas extranjeros al resistir y luchar contra la legislación y las políticas económicas favorables al mercado, que los condenan al hambre y a la muerte. Es aquí donde la violencia ha servido como instrumento indispensable para los grupos económica y políticamente dominantes. Por eso, nombramos esta violencia como pro-capitalista (Hristov, 2020) para interpelar a las motivaciones económicas (del modelo neoliberal) e implicaciones estructurales de clase social, raza, etnia y género. El uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y personas LGTB y otros sectores de la sociedad civil tiene el objetivo de criminalizar a los y las que denuncian la reestructuración económica neoliberal y defiende un modelo de socioeconomía que ponga en el centro la vida humana y ambiental.

Es precisamente cuando se procura instaurar o expandir un negocio en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo, el momento y el lugar en los que prolifera la violencia paramilitar. Por ejemplo, en el caso de la agroindustria; el Valle de Bajo Aguán, en el Departamento de Colón, es una de las regiones más fértiles de América Latina, y también una de las más mortíferas para defensores de la vida humana y ambiental. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva. Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant —propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

También se hicieron 57 concesiones de tierra a grandes empresas bananeras extranjeras, incluyendo tierras y exenciones fiscales, entre ellas la transnacional estadounidense Standard Fruit Company. Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán. Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

Las corporaciones que a finales del siglo XX se hicieron con tierras en el Aguán, actualmente cuentan con grupos paramilitares que desalojan de manera forzosa a campesinos y comunidades indígenas, intimidan a los pobladores y acosan sexualmente a las mujeres. Sin ir más lejos, en el 2019, la comunidad de Guadalupe Carney fue víctima de la intimidación y el desalojo forzoso llevado a cabo por militares y policías hondureños, militares israelíes y colombianos, una avioneta de Standard Fruit Company y dos helicópteros de la Fuerza Aérea Hondureña. Adolfo Cruz, de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) publicó en Facebook: “este día sábado 1 de junio se escribe una página negra más para los pobres que reclaman su derecho a una vida diferente, sin embargo, como recompensa el ejército y la policía apoyados por personal israelí, colombianos, y otros han llevado a cabo un desalojo violento ya que solo les interesa el dinero que reciben de Standard Fruit Company, Corporación Dinant, René Morales y Reinaldo Canales”.

No sólo las luchas de los movimientos campesinos se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales, en ocasiones incluso de terrorismo. Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Las personas y movimientos víctimas y supervivientes de esta violencia sin precedentes articulan una crítica sobre el sistema económico capitalista que, priorizando la acumulación del capital sobre la vida humana y ambiental, despoja a comunidades indígenas y campesinas de sus tierras y su forma de vida. Es decir, no son sólo ambientalistas si no también anticapitalistas, aunque desde ciertos lugares de poder del Norte Global se nombran únicamente como lo primero para promover una especie de “greenwashing” o capitalismo verde perverso que impide el cuestionamiento del conjunto de la estructura y la denuncia pública y punidad de los responsables. Reducir la lucha campesina al ambientalismo es inexacto y daña cualquier esfuerzo en identificar y abordar las causas de la violencia política en Honduras, y otros países del Sur Global.

Por todo ello, es urgente que desde el Norte Global hagamos reflexión crítica y articulemos una demanda pública sobre el papel que juegan las inversiones extranjeras en empresas que operan gracias a la violencia política, paramilitar y pro-capitalista y a costa de la vida humana y ambiental. También debemos reconocer y desmantelar la dinámica colonial de extracción de bienes naturales, que ha acompañado al capitalismo desde su origen. Su transformación requiere re-pensar el modelo económico actual, poniendo en el centro la reproducción de la vida humana que, como defienden los grupos y movimientos campesinos, funciona también fuera de los mercados capitalistas.

Por Paula Jiménez Argumosa

Jasmin Hristov

27 feb 2021 13:00

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Jeider Ospina fue soldado profesional entre el 2002 y el 2008. En el 2006 participó de una operación en la que ejecutaron a dos inocentes para ser pasados como guerrilleros.

25.02.21 - Jeider Ospino fue soldado profesional entre los años 2002 y 2008. En 2006 estuvo adscrito a la contraguerrilla Arpía 1, una fuerza especial del Ejército colombiano que operó en la Costa Caribe bajo el mando del Batallón Cartagena. Ospino era un soldado raso y joven. Hoy es un trabajador informal en las calles de una de las grandes ciudades de Colombia. Hace 15 años fue retirado del servicio por un crimen que asegura no cometió. Pero sostiene que su conciencia le impide dormir tranquilo sobre lo que sí hizo: participar de los mal llamados falsos positivos.

Ospino está decidido a contar lo que sabe en la Jurisdicción Especial de Paz [JEP], la cual hace poco reveló que el universo de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública que investigan suma más de 6.402 y no 2.000 como creía la Fiscalía. La revelación del tribunal de paz ha sacado a la luz pública relatos desconocidos sobre cómo, en medio del conflicto armado, los uniformados de Colombia actuaron como una fuerza criminal que, atraídos por recompensas y bonificaciones, asesinaron a personas desarmadas que registraron como guerrilleros muertos en combates.

Uno de esos testimonios es el de este soldado retirado, quien asegura que en los primeros años del primer gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) se mantuvo la legalidad en las operaciones, pero pronto empezaron las presiones para dar mayores resultados.

"En donde yo operé, el enemigo se fue retirando hacia la frontera y al no encontrar con quien combatir fue que se inventaron los falsos positivos, porque había mucha presión para entregar resultados que se pagaban con bonificaciones, premios, vacaciones, comisiones y medallas", narra este soldado.

Cuando habla del tema, Ospino detiene su narración. Intenta mencionar lo que ocurría sin contar lo que él hizo, pero en un momento toma fuerza y continúa: "Bueno señor, para decirle la verdad, la verdad, hoy hace 15 años, un 19 febrero, participé en Villanueva, La Guajira, de un resultado que no era legal. Se están cumpliendo 15 años de la desaparición de esas personas, porque esos dos señores no aparecen en víctimas ni nada de eso, y para serle sincero y para decirle de la verdad a usted y a Colombia, sí participé en los falsos positivos".

El exsoldado titubea pero retoma su confesión. "Eso fue en Villanueva, La Guajira, señor, y después, el 2 de abril del mismo año participamos en otra operación ilegal. Le estoy diciendo la verdad porque Colombia y el mundo tienen que saber lo que se vivió en esos gobiernos. Mire que antes decían una cifra de 2.000 y pico falsos positivos, ahora dicen 6.000 y algo, pero en realidad yo creo que por ahí pasó la cifra hace rato".

Combates simulados

"Esa mañana me acuerdo de que nos levantaron temprano para hacer un registro en las estribaciones de la Sierra Nevada. En el eje de avance llevábamos 20 minutos caminando, cuando entramos en combate. Diez minutos después dejaron de sonar los disparos y yo me acerqué al punto donde estaba la avanzada vi que había dos hombres tirados en el piso. Se me hizo raro que el teniente dijera que siguiéramos disparando hacia cualquier lado", relata Ospino.

Y continúa: "El resultado fue dos hombres muertos, que después se hicieron pasar por guerrilleros. Me quedó la duda sobre lo que había pasado, pero al rato supimos que estábamos participando en una ejecución extrajudicial. Un mes después ocurrió el otro caso, la baja la dio la otra sección de la misma compañía. Y aunque yo no disparé directamente siento que participé del falso positivo porque en mi conciencia quedó que habíamos matado a dos inocentes y que los hicimos pasar por guerrilleros sin serlo".

Este exuniformado, que salió en 2008 del Ejército colombiano en un caso conocido como Atila 1, donde 19 oficiales fueron retirados del servicio por negarse a matar a una guerrillera capturada, afirma que por los cuatro asesinatos descritos recibieron premios: "En la baja dieron como recompensa $30 millones [8.332 dólares], y en la segunda ejecución dieron un mes de permiso. Cada guerrillero legalizado se tasaba en una recompensa en dinero".

¿Quién dio la orden?

Para Ospino estas ejecuciones extrajudiciales no eran acciones aisladas de algunos uniformados, sino que fueron posibles por las órdenes y directivas de altos mandos del Ejército.
"En el año 2006, mi general Montoya [Mario] fue a Aracataca [otro municipio de la costa caribe colombiana] y en el centro de entrenamiento El Cenizo instauró una división en la que había casi 1.000 soldados y la orden era dar como veintipico de bajas. Para no alargar tanto el cuento, de enero a diciembre, creo que fueron como 70 y algo de bajas y si 10 eran guerrilleros era mucho, los demás eran falsos positivos", relata.

"Yo quiero llegar a la JEP y contar esas cosas. Denunciar a quien estaba de segundo comandante de ese batallón, el mayor Leonardo Fabio Caro Cancelado, que en diciembre ascendió a general de la República. No es justo que un señor de esos, que tienen el uniforme empapado de sangre, sea general de la República. Yo siempre pienso en los soldados que están presos, personas que los condenaron a veinte, treinta hasta cincuenta años, o sea con todo el peso de la ley, pero los comandantes de batallón sí siguieron su carrera militar".

Para Ospino ese es uno de los rasgos más injustos de ese crudo capítulo de la guerra en Colombia: "No es justo que los que están pagando todas estas consecuencias sean los soldados, los comandantes de bajo rango, como sargentos o tenientes, mientras quienes comandaron las fuerzas continuaron su carrera militar y hasta se convirtieron en generales", agrega con indignación.

¿Se arrepiente?

"Sí señor, primero que todo quiero pedirles perdón a esas familias, y segundo, pedirle a la JEP que se haga justicia, para que se encuentren los cuerpos de esas personas que asesinamos y enterramos como guerrilleros. Creo que en las ejecuciones que fueron en abril, fueron una muchacha y un muchacho. A la muchacha la reclamaron, pero los señores siguen enterrados como guerrilleros", señala Ospino.

El exsoldado concluye dando algunos datos que podrían ayudar con la labor de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) que junto con la JEP surgió tras el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las FARC: "Escuché a un soldado que tenía un primo desaparecido y yo creo que uno de los falsos positivos era primo de ese soldado. Pero la verdad es que quisiera pedirle perdón, tanto a su familia, como a Colombia entera, porque sí fue un procedimiento demasiado doloroso".

El testimonio de Jeider Ospino no ha sido entregado en la JEP, pero es una clara muestra de que sobre los llamados falsos positivos aún falta mucho que esclarecer.

 

Por Sputnik. Febrero 26/2020

Publicado enColombia
En los últimos cinco años se registraron 1.539 muertes de habitantes de calle en el país. El 66% fueron homicidios

El pico más alto de asesinatos fue en el año 2017 en Bogotá, Medellín y Cali.

 

Durante una audiencia realizada en la Comisión Primera de la Cámara, la representante Ángela María Robledo presentó un balance sobre la situación de los ciudadanos y ciudadanas habitantes de calle.

En su intervención, Robledo compartió las últimas cifras de Medicina Legal, que revelan que entre 2016 y 2021 se han registrado 1.539 muertes de habitantes de calle en el país, presentándose para el año 2017, 429 lesiones fatales; 256 en 2018, 267 en 2019, 220 en 2020 y, a corte de 31 de enero de este año, 21 fallecimientos.

Del total de casos, 1.018 han sido asesinados con arma blanca o de fuego (el 66,14%), lo que convierte al homicidio en la mayor causa de muerte de este sector de la población. Se registró que, 941 habitantes de calle eran hombres y 77 mujeres, en esos cinco años.

Según informó RCN Radio, la representante a la Cámara Ángela María Robledo, señaló que pareciera que estos datos presentan un exterminio urbano como una práctica sistemática.

“Después de este informe quedan enormes preguntas: ¿Hay un patrón de exterminio de los habitantes de calle? ¿Qué ocurrió en 2017 en el país? Pero de manera especial, ¿cómo fue la intervención en el Bronx por parte del Gobierno de Enrique Peñalosa, que aumentó de manera desproporcionada el número de muertes de habitantes de calle?”, señaló la congresista.

Datos alarmantes

Después de presentar las cifras del informe de Medicina Legal, Robledo señaló que esta es una situación que amerita la activación urgente por parte de los gobiernos nacional y distrital, además de la Mesa Interinstitucional de Habitante de Calle, pues “está clara la falta de coordinación entre las entidades encargadas de implementar políticas públicas claras e integrales para su atención”.

“Estas cifras son preocupantes, pero más alarmante es que al revisar cuántos homicidios fueron con armas de fuego. Encontramos que en Bogotá, para el año 2019, el porcentaje fue de 27% y en el 2020, 33%, cifras que incluso aumentan al contrastarlas con las entregadas por la propia Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. Nos llama mucho la atención que las cifras de homicidios por arma de fuego que reporta Medicina Legal sea tan alta en estos últimos cinco años, sobre todo en municipios como Bello, en Antioquia, y Dosquebradas, en Risaralda, que al ser ciudades pequeñas, presentaron cada uno respectivamente 15 casos de homicidio”, manifestó Robledo durante la audiencia desarrollada este martes y transmitida en su cuenta de Facebook.

Angela María Robledo expresó que, también se han venido haciendo seguimientos a las violencias de la Fuerza Pública hacia este grupo poblacional desde 2016, “cuando hicimos nuestra primera audiencia sobre la situación de ciudadanos habitantes de calle, incluso antes, cuando del año 2001 al 2003 fui directora del Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá”.

Dijo que, al parecer, la situación cada día es peor y que nada justifica la violencia contra esta población, mucho menos en época de pandemia, cuando lo más importante es brindarles todos los elementos que necesitan para su cuidado, “como tapabocas, lavado de manos, y unas mínimas condiciones de manutención, dada la vulnerabilidad en que se encuentran, en lugar de corretearlos por toda la ciudad, y amedrentarlos con armas tipos taser, e incluso con armas de fuego”, agregó.

“Esta falta de condiciones para los ciudadanos habitantes de calle es un problema estructural que tiene efectos desproporcionados, profundiza su estigmatización y vulnera su dignidad humana. No es posible, que, como lo denuncia Sebastián Lanz de la Organización ‘Temblores’, a la fecha existan sólo 533 baterías sanitarias en toda la ciudad, que además tienen barreras de accesibilidad en las que además establecen horarios para ser utilizadas, medidas que claramente son discriminatorias para toda la población habitante de calle”, enfatizó la congresista.

Finalmente, Robledo manifestó su inconformidad por la no asistencia a la audiencia y la falta de respuesta a los cuestionarios enviados, por parte de ningún funcionario de la Fiscalía General de la Nación, quienes “deberían aclararnos, entre otros puntos, el avance en las investigaciones de los homicidios de estos ciudadanos habitantes de calle, sobre todo si se tiene en cuenta lo alto de las cifras que nos presentaron hoy”.

24 de Febrero de 2021

Publicado enColombia
El ejército colombiano asesinó a 6402 civiles 

Mil quinientos militares las presentaron como muertes en combate entre 2002 y 2008

Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe. 

 

El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados "falsos positivos", que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes. 

Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. "Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz", declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).

El Caso 03 está caratulado como "Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado". Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número. 

"La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008", planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso."No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP", aseguró Castillo. "Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país", agregó el vocero del MOVICE.

Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.

Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.

El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.

Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP "pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial" pese a que el tribunal de paz "tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia".

Publicado enColombia
Miércoles, 20 Enero 2021 05:14

Trump indulta a Steve Bannon

Trump indulta a Steve Bannon

Su exconsejero fue detenido en agosto de 2020 acusado de desviar fondos recaudados para la construcción del muro con México

 

Donald Trump ha indultado a Steve Bannon. A pocas horas de dejar su cargo como presidente de los Estados Unidos, el mandatario republicano ha cumplido con las previsiones y ha concedido el perdón a más de 70 personalidades, entre ellas su exasesor, quien está siendo investigado por apropiarse de dinero recaudado en donaciones por Internet para construir el muro en la frontera con México.

Su perdón presidencial llega tras días de debate en el círculo de Trump, donde se cuestionaba la idoneidad de otorgar el indulto al que fue uno de los arquitectos de su campaña electoral en 2016, ahora en el punto de mira por defraudar a trumpistas.

La detención de Bannon se produjo en agosto del pasado año, cuando fue acusado junto a otras tres personas de desviar más de un millón de dólares que habían sido recaudados para levantar el polémico muro fronterizo. Una parte del dinero habría sido destinada a pagar a un funcionario de campaña. La otra habría servido para sufragar los gastos personales de Bannon. Él se declaró inocente.

Pese al destacado papel que tuvo durante la campaña electoral del candidato republicano en 2016, Bannon fue apartado poco tiempo después de que Trump fuera investido presidente por criticar a los hijos del mandatario. De él llegó a decir que había “perdido la cabeza” y que “cuando fue despedido lloró y rogó por su puesto”. Sin embargo, en los últimos meses su relación dio un giro.

Fue el propio Trump quien, tras su derrota en las urnas frente al demócrata Joe Biden, acudió al asesor para que le ayudara a permanecer en el poder alegando un fraude electoral que nunca fue probado. De poco le sirvió.

Ahora, el indulto preventivo anula la acusación y evita que, en el caso de que hubiera sido hallado culpable de los cargos que se le imputan, Bannon tuviera que cumplir condena. El indulto presidencial solo se aplica a los delitos federales y para llevarlo a cabo el gobernante no debe aportar ninguna razón. Además, la Administración no puede revocarlo.

Hasta el momento, ni el propio Trump ni ningún miembro de su familia han sido indultados. Según detalló una fuente cercana al caso a la agencia Reuters, los asesores de la Casa Blanca le han recomendado no recurrir a ello porque consideran que daría a entender que son culpables de algún delito. Tampoco ha sido indultado su abogado Rudy Giuliani, quien no ha sido acusado formalmente de ningún cargo, pero ha sido objeto de investigaciones por sus actividades en Ucrania.

Trump también ha otorgado el indulto al exalcalde de Detroit Kwame Kilpatrick, quien cumplía una pena de prisión de 28 años por cargos de corrupción. El rapero Dwayne Carter, conocido como Lil Wayne, que se declaró culpable de un delito federal de tenencia de armas el año pasado, también figura entre los indultados; así como el rapero Bill Kapri, conocido como Kodak Black, quien cumple condena por falsificar documentos para obtener un arma de fuego. 

Se espera que Trump ofrezca hasta un centenar de indultos y conmutaciones en las horas previas a su salida del cargo al mediodía de este miércoles, según dos han revelado a la agencia AFP dos fuentes cercanas al presidente.

Por Miriam Elies

20/01/2021 07:00Actualizado a 20/01/2021 09:59

Publicado enInternacional