Martes, 28 Septiembre 2021 05:36

Un aniversario desabrido

Un aniversario desabrido

Llegamos de manera casi inadvertida al aniversario de los dos siglos de la independencia centroamericana. Los fastos oficiales son escasos, y los gobiernos de las antiguas provincias que un día constituyeron la república federal no han programado ni los tradicionales juegos pirotécnicos para la magna fecha del 15 de septiembre, ni vistosos desfiles militares.

Tampoco parece que los presidentes de los países centroamericanos se verán las caras, aún en un encuentro ceremonial a distancia; si aún no han podido ponerse de acuerdo en nombrar un nuevo secretario general del Sieca, el organismo regional de integración es porque hay desavenencias, algunas de fondo, que afectan aún a los actos protocolarios.

La independencia de las provincias de Centroamérica, proclamada en 1821 en Guatemala, entonces sede de la Capitanía General, cayó como una fruta madura después que en los otros países latinoamericanos culminaban, o estaban por culminar, las grandes epopeyas libertadoras. Y quienes la proclamaron corrieron de inmediato a anexar a la recién independizada Centroamérica, que incluía entonces a Chiapas, al imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que no tardó en fracasar.

Según el acta misma, la independencia se declaraba "para prevenir las consecuencias, que serían temibles en el caso de que la proclamase de hecho el mismo pueblo". Desde entonces aprendimos la regla de oro de que entre nosotros todo cambia para que no cambie nada, según la regla gatopardeana. En lugar de próceres y revolucionarios, lo que hemos tenido casi siempre son ilusionistas de oficio.

Lo primero que se precisa es un balance de la democracia tras estos 200 años. Al romperse con el molde colonial, lo que se escribió en las constituciones fue un credo de libertad cimentado en las ideas de la ilustración, la revolución francesa y el acta de independencia de Estados Unidos.

Si un denominador común había en estas proclamas liberales, era la convicción de que todos los caminos de regreso hacia el autoritarismo monárquico quedaban cerrados y el ideal era la formación de una república federal cimentada con independencia de poderes y elección libre de autoridades.

Este modelo político se había vuelto insoslayable para quienes dieron la lucha libertaria en el continente americano, de Bolívar, a Sucre, a San Martín; y al general Francisco Morazán, quien, lograda la independencia de Centroamérica, peleó por la sobrevivencia de la república federal; aquel proyecto finalmente frustrado tras largos años de guerras civiles le costó la vida.

La historia independiente de Centroamérica parte así de un gran fracaso, el de la república federal. Los cinco países estaban marcados por las inquinas entre caudillos, y el provincianismo más cerril pugnaba por la dispersión. Estar unidos o separados se volvió, por desgracia, un asunto de divisas políticas: los liberales eran los federalistas y los conservadores, los localistas, con la añoranza de la autoridad monárquica. Y entonces la unión centroamericana pasó a ser asunto militar, que debía dilucidarse por medio de las guerras. Y así siguieron fracasando estos países, ya sueltos, entre el acoso de las grandes potencias coloniales e imperiales.

Más tarde, ya en el siglo XX, el siglo de las dictaduras bananeras, el asunto de la unidad política se volvió una mofa. Cuando al viejo Somoza le preguntaban por la unión centroamericana, respondía con todo cinismo que su renuncia a la presidencia estaba a la orden para facilitar esa unión. Un pícaro, que igual que sus congéneres vecinos, ofrecía lo que sabía no estaba en riesgo, su propio poder, porque la unidad no era sino una proclama vacía. Había llegado a ser un sainete.

Centroamérica tiene un territorio conjunto de más de medio millón de kilómetros cuadrados, con una población de 50 millones de habitantes, inmensamente joven. Se trata de un gran país, visto en su conjunto, y, por tanto, de un gran mercado potencial. El Tratado de Integración Económica de 1960, fue un intento, cada vez más maltrecho.

Pero lo que más agobia a Centroamérica, ya entrado el siglo XXI, es la persistente debilidad de sus instituciones, carcomidas por el autoritarismo, que sigue tan campante como en el siglo XIX, cuando los caudillos armados en guerra no querían bajarse del caballo, ni tampoco de las sillas presidenciales, que matriculaban como suyas para siempre.

Unas instituciones carcomidas por la corrupción, que contribuye al descrédito de la democracia, bajo la amenaza permanente del narcotráfico que se cuela en las esferas más altas del poder, en el sistema de justicia y en el aparato de seguridad pública.

La población joven de Centroamérica, que es mayoritaria, está llamada a hacerse cargo sin demora de revisar el pasado que nos frena, con sus rémoras antidemocráticas y excluyentes, y sus egoísmos y perversidades, para abrir el camino hacia el futuro común.

Las oportunidades en este siglo XXI en que nos adentramos serán de conjunto para los países centroamericanos, y no las habrá para pequeñas parcelas aisladas, que no son viables por sí mismas.

Y sin democracia, sin instituciones creíbles, no vamos a ningún lado.

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Costos de las usurpaciones simbólicas

Algunos, adictos históricos a la libertad de “chayote” o de subsidios, que fijan su “época de oro” en la etapa de mayor corrupción para sus negocios “informativos”, simulan amor por la libertad para esconder su amor al dinero. Así ha sido desde antes de que el Informe MacBride se lo advirtiera al mundo. Por cierto, cuando hablamos del Artículo 19º: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión». Declaración de los Derechos Humanos proclamada por la resolución 217 A(III) 10 de diciembre de 1948. ¿Qué “Libertad de Expresión” es posible bajo el capitalismo?

Sean MacBride ya en el informe oficial de la UNESCO especializado en problemas de Comunicación, “Un solo Mundo Voces Múltiples” (1980) veía venir las “manías” manipuladoras contra la “Libertad de Expresión” que distorsionarían los Derechos Humanos, incluso con financiamientos trasnacionales. Como hacen la UNED y la USaid, por ejemplo. “En teoría, todos tenían derecho a la libertad de expresión, pero en la práctica no podía ejercerse en términos de igualdad… mientras tanto, ha habido un movimiento de concentración generado por las presiones financieras…” pág 44 

En nombre de la “Libertad de Expresión” se han cometido fechorías desvergonzadas a mansalva. Una de ellas consiste en suplantar a las voces múltiples con intermediarios obedientes a una sola voz: la de sus jefes. Otra consiste en cercenar, todo o en partes, el pensamiento, la obra y hasta los cuerpos de quien se empeña en expresarse libremente y “devolverle el habla al pueblo”. Otra más, consiste en inventar organizaciones, con emboscadas jurídicas o políticas, para “legalizar” la concentración de las herramientas de comunicación y el “linchamiento mediático”.

En nombre del artículo 19, y sus contenidos más claros, se han disfrazado mil canalladas que reclaman su derecho a la Libertad de Expresión (en realidad libertad de empresa) para la calumnia impúdica e impune, como si fuese lo mismo la expresión de las clases subordinadas y la expresión de las clases privilegiadas. Decía Trotsky: “El procedimiento moralizador del filisteo consiste en hacer creer que son idénticos los modos de actuar de la reacción y los de la revolución…El rasgo fundamental de esas asimilaciones e identificaciones lo constituye el ignorar completamente la base material de las diversas tendencias, es decir, su naturaleza de clase, y por eso mismo su papel histórico objetivo”. León Trotsky

El papel de los “medios” hegemónicos es enmudecer a los pueblos, hacer invisibles sus luchas y sus demandas. Nadie debe esperar una “Libertad de Expresión” democrática en un sistema corrupto donde campea el culto a la personalidad de los mediocres, la publicidad hinchada con exageraciones, la conspiración sistemática contra la memoria y contra la dignidad, la cultura, la ciencia… mucho menos esperable es la “libertad” con fundaciones -u ONG- creadas ex profeso como caballos de Troya ideológicos. “Surge otra situación peligrosa cuando quienes tienen acceso a los medios masivos exigen una libertad total para sí mismos y se niegan a aceptar alguna responsabilidad hacia el público” Informe MacBride pág 46 

El plan es usar el artículo 19 para inyectar odio burgués camuflado de mil modos filantrópicos, especialmente en forma de miedo a diestra y siniestra gracias, entre otros, a sus “profesionales”. Su modelo de usurpación simbólica no es otra cosa que la simulación cínica de organizaciones burguesas que se camuflan de “libertades”, rellenas con falacias. Eso es principalmente una lucha por los mercados mass media. Si los medios, modos y relaciones de producción informativa siguen siendo mercancías o “propiedad privada”, la metástasis de organizaciones espurias tenderá a agudizarse y a hacerse cada día más violenta. “En muchos países del mundo se viola todavía la libertad de expresión por la censura burocrática o comercial, por la intimidación, la persecución, y por la uniformidad impuesta. El hecho de que un país afirme que tiene libertad de expresión no significa que tal libertad exista en la práctica.” Informe MacBride pag. 42

La Libertad de Expresión en manos de los pueblos no puede ser decorativa ni en estado pasivo, con una objetividad ilusoria o aletargada… debe florecer en la praxis de las luchas populares. La Libertad de Expresión nuestra, debe ser, también, ejercicio de transparencia financiera que exprese libremente de dónde se saca el dinero para la libre expresión de la verdad construida entre todos.

La usurpación de la Libertad de Expresión es una monstruosidad. No importan las “lágrimas del cocodrilo” burguesas ni los gritos histéricos de los oligarcas -y sus amigos- que ocupan cargos poderosos… no importa el palabrerío de los “políticos” ni de los “académicos”, ni de los “periodistas” ni de las ONG que les son serviles. ¿Qué hacer?: Organizarse, movilizarse, elevar la conciencia… ganar las batallas simbólicas, avanzar hacia un Nuevo orden Mundial de la Información y de la Comunicación donde quepan, en un solo mundo, las voces múltiples.

Por Fernando Buen Abad Domínguez | 26/04/2021

Dr. Fernando Buen Abad Domínguez. Director del Instituto de Cultura y Comunicacióny Centro Sean MacBride, Universidad Nacional de Lanús. Miembro de la Red en Defensa de la Humanidad. Miembro de la Internacional Progresista. Miembro de REDS (Red de Estudios para el Desarrollo Social)

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Independentistas del Frente Polisario, quienes retomaron las armas en noviembre pasado, desfilaron con motivo del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática. El responsable del organismo, Khatri Addouh, responsabilizó a la ONU del bloqueo político y de apoyar a Marruecos en el Sahara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas tras la retirada de España. La imagen, en un campo de refugiados cerca de Tinduf, al sur de Argelia. Foto Ap / Afp

 

Tindouf. Los independentistas del Frente Polisario, que retomaron las armas en noviembre, responsabilizaron ayer a la Organización de Naciones Unidas (ONU) del "bloqueo político" y de apoyar a Marruecos en el Sáhara Occidental, territorio disputado desde hace tres décadas.

"Marruecos no podría haber hecho lo que hizo sin el apoyo de la comunidad internacional, el apoyo de la ONU, el Consejo de Seguridad, así como del secretario general de la ONU", sostuvo el responsable del Frente Polisario, Khatri Addouh.

Sus declaraciones tuvieron lugar en los campos de refugiados saharauis de Tindouf, en el oeste de Argelia, con ocasión del 45 aniversario de la proclamación de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Las negociaciones de paz cuatripartitas (Marruecos, Polisario, Argelia y Mauritania), realizadas con auspicio de la ONU, están en punto muerto desde marzo de 2019.

Tras casi 30 años del alto el fuego, las tensiones resurgieron en noviembre cuando Marruecos desplegó sus tropas en el Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental, después de que un grupo de militantes bloqueó la única carretera hacia la vecina Mauritania.

Desde entonces, el Polisario, frustrado por el estancamiento del proceso auspiciado por la ONU, ha dicho que está "en estado de guerra legítima". Aun así, es complicado comprobar lo que sucede en el terreno, de difícil acceso.

"El Frente Polisario ha intentado durante 29 años evitar la guerra haciendo concesiones, pero hace frente a la falta total de cooperación tanto por parte de Marruecos como por parte de la ONU", criticó Addouh, citado por la agencia saharaui SPS. El dirigente del Frente Polisario responsabilizó a la ONU del "bloqueo político" de la cuestión saharaui por su "laxismo" frente a Marruecos.

El jueves, durante una reunión con el presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, el secretario general del Polisario, Brahim Ghali, lamentó "el silencio de la comunidad internacional" e instó a las organizaciones de defensa de los derechos humanos a visitar la ex colonia española "para proteger a los ciudadanos saharauis indefensos".

Este sábado, el Polisario presentó a sus fuerzas armadas en un desfile en presencia de los dirigentes saharauis, como suele hacer en cada aniversario de la fundación de la RASD, autoproclamada el 27 de febrero de 1976. Columnas de soldados, equipados con mascarilla, presentaron armas, siguiendo a una mujer completamente envuelta en la bandera saharaui.

Referendo de autodeterminación

La cuestión del estatus del Sáhara Occidental, considerado "territorio no autónomo" por la ONU en ausencia de un acuerdo definitivo, ha opuesto a Marruecos y al Polisario durante décadas.

El Polisario reclama un referendo de autodeterminación previsto por la ONU, mientras Marruecos propone un plan de autonomía bajo su soberanía.

Rabat controla alrededor de 80 por ciento de este vasto territorio desértico, donde se han lanzado grandes proyectos de desarrollo marroquíes en años recientes.

Poco antes de dejar la Casa Blanca, el ex presidente estadunidense Donald Trump reconoció la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental en su conjunto, a cambio de que Rabat normalizara sus relaciones con Israel.

Ahora, los saharauis esperan que la administración de Joe Biden dé marcha atrás al respecto, al considerar que la decisión de Trump vulnera "todas las decisiones y resoluciones de las instancias internacionales".

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Lunes, 27 Abril 2020 16:44

Miedos e incompresiones que maniatan

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“Ahí viene el coco”, eso nos decían cuando niños para asustarnos, para que no fuéramos desobedientes. Y el coco tenía una forma y color únicos, y unos poderes inmensos, poderes que no podíamos enfrentar. El temor que despertaba en nosotros tal imagen nos llevaba a pedir protección, casi siempre bajo el ala protectora de mamá.

Solo llegamos a cuestionar y superar tal poder cuando ya estábamos grandecitos, cuando ganábamos cierta comprensión de la realidad, mientras ello llegaba a conjugarse la amenaza lograba su cometido.

Similar, no igual, está sucediendo ahora: con la imagen construida con un virus que puede llegar a quebrar nuestras vidas. Que es cierto, pero que en su manejo mediático los medios oficiosos se han encargado de construir un monstruo que justifica todo tipo de excesos por parte del poder, dándole paso a sociedades no solo cada vez más controladas, sino conformes de ese mismo control, pues, en este caso no mamá sino papá Estado se tiene que hacer cargo de nosotros.

 

Una sola lectura

 

Como es reconocido por todos los estudiosos del tema, el factor fundamental que está en juego con el Covid-19 y las medidas interpuestas para controlar la pandemia que desató es que la infección no suceda en masa sino a cuentas gotas, de manera que el sistema de salud no colapse. De así ocurrir todos tendrían atención plena y el número de pacientes finalmente muertos no sería dantesco.

Ese es el ideal, ya que en la realidad las sociedades se han encontrado con la privatización de los sistemas de salud y con su real postración, un quiebre que lleve a que la atención a toda la sociedad no sea plena ni eficiente, facilitando de esa manera muertes que podrían prevenirse.

También reconocen los estudiosos que en el curso de meses todos habremos sido infectados, lo que provocaría que pasado un tiempo deberíamos ser inmunes –esto siempre y cuando el virus no mute-. Una realidad que no niega la necesidad de la vacuna, la que de manera afanosa entes privados y públicos investigan y tratan de descubrir.

Un riesgo real que prolongará en los meses la alarme que nos conmueve. En su cubrimiento de esta realidad, los medios oficiosos no se han esforzado por informar de manera plena, con todas sus facetas, sobre esta realidad y las opciones existentes para enfrentar el virus; tampoco lo hacen los gobiernos del orden nacional, departamental y municipal, sometiendo a una parte de la población a un encierro “voluntario”, complacidos del poder creciente que ahora amasan, negando con ello derechos fundamentales –a la locomoción, como a la información plena, a reunión, etcétera–, dejando en vilo logros históricos de la humanidad, los mismos que de ahora en adelante se verán limitados de manera directa o indirecta –a través del registro que capturan cámaras instaladas a lo largo de las ciudades y la identificación por su conducto de posibles disidentes, señalados como enemigos del orden, tal vez “terroristas”, necesarios de aislar o “neutralizar”, todo ello por el “bien común”.

Es una (des)información que también niega una realidad palpable: ¿por qué aislar a toda la población y por qué no hacerlo solamente con quienes sufren el impacto del virus y todas aquellas personas con quienes haya tenido contacto directo o indirecto? Una opción que nunca se valoró ni se le explicó al gran público, el mismo que aterrorizado por el “coco” acepta sin mayor resistencia, pese a la precariedad económica que sobrelleva, la orden de encierro.

Tampoco se explica el origen profundo de la crisis en curso, y la posibilidad de que una y otra vez otros virus afecten a la sociedad global sino se atacan las causas estructurales que lo posibilitan, a saber, el modelo extractivista, en producción de vegetales y animales, la manipulación genética y la utilización de sus productos en el control de plagas, infecciones y en el mismo engorde de animales.

Una forma de procurar alimento que ha encubado multiplicidad de enfermedades en el ser humano, propiciando la muerte de millones por diabetes, cáncer de las vías digestivas, obesidad, y otras enfermedades producto de un sistema económico y social que en su afán de reproducir el capital desprecia la vida.

Al no aludir a las causas de lo que ahora nos afecta es obvio, por un lado, que las mayorías estén realmente desinformadas, además de asustadas y temerosas de una muerte eminente, y por el otro que reduzcan la solución –temporal– del problema al comportamiento de cada uno, dejando a un lado al modelo socio-económico, a las multinacionales del agro como de los alimentos, al modelo urbano soporte de la industria automotriz y la alta tasa de contaminación atmosférica que desprende, haciendo cada vez menos respirable el aire en las urbes.

Una visión y comunicación parcelada de la coyuntura que de parte de los gobierno, en una proyección de mediano y largo plazo, tampoco llama a la sociedad en general a emprender proyectos asociativos de base, de todo tipo, para no salir de esta crisis sometidos y dependientes del Estado, y sí airosos y con dinámicas solidarias en curso, unas dinámicas tales que también rompan la dependencia de las multinacionales y retomen la experiencia y producción local, autosostenible, que para el caso de la agricultura retome técnicas de sol y maleza, la convivencia en un mismo terreno de variedad de plantas, dejando a un lado la permanente fumigación de las plantas; y en el caso de los animales deshacinando su cría, así como variando su alimentación –que ahora está basaba en granos producidos bajo manipulación genética. De no ser así, la toxicidad, los venenos incorporados por plantas y animales, en su ciclo final seguirán llegando al cuerpo humano, propiciando el cúmulo de enfermedades “raras” que hoy le acechan.

Es un discurso, una reproducción de imágenes y mensajes que encuentra a las organizaciones alternativas sin capacidad para contrarrestarlo. Una incapacidad soportada sobre la inexistencia de un modelo comunicacional integral, dinámico, moderno, con soporte en los bastiones más fuertes de la cultura nacional, de las propuestas tejidas por las comunidades más diversas en décadas de resistencia, y de los ecos de transformación global que vivimos, desde los cuales y con los cuales disputar la opinión pública.

Un modelo inexistente y que para las prácticas dominantes en lo social termina reducido a la utilización y la circulación de mensajes por las redes sociales, que más allá de lo que piensan unos y otras, no alcanza a entretejer lo fundamental de lo que debe ser un sistema de comunicación alternativo y, por lo tanto, no pasa de seguir reproduciendo imágenes y discursos que por más válidos que sean, por ese simple hecho no implica que permeen el tejido social ni alcancen a sensibilizar a las mayorías, que siguen bebiendo en los vasos que le extiende el establecimiento. Mensajes autocomplacientes con matrices ideológicas que no se preocupan por desestructurar el discurso del contrario ni por cuestionar de manera efectiva el sometimiento y la dependencia ampliada de la sociedad respecto del Estado.

Es una realidad tan potente que permite sin consecuencia alguna que el gobierno, y el establecimiento en su conjunto, puedan prolongar la cuarentena, quincena tras quincena, basados en un modelo impuesto internacionalmente que desprecia o desconoce otros escenarios posibles para enfrentar igual problemática, así como las consecuencias sociales, económicas y otros órdenes que su actuar desprende sobre el conjunto social, en especial los excluidos de siempre, en una primera escena los 13 millones y más de informales, así como los más de dos millones de desempleados.

Con el “coco” encima, con su sombra que nos obliga a cerrar los ojos, sin querer mirar ni al frente, ni atrás ni a los lados, buscando el ala protectora en este caso del Estado, ¿será posible así construir una alternativa social a esta crisis como a la que se avecina en el campo económico? ¿Será posible así mostrarle a las mayorías que tenemos alternativas colectivas para enfrentar y superar ambas contingencias? ¿Será posible así no olvidar el 21N y todas sus demandas pendientes de resolución efectivas, así como contener la ofensiva aniquiladora que prosigue arrebatando vidas a los liderazgos locales? ¿Será posible así romper el silencio sobre esos mismos asesinatos y evidenciar cómo los mismos están relacionados con un modelo social que en su esquema industrial, agropecuario y territorial es la causa de situaciones como las que hoy nos aislan a unos/as de otros/as?

 

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La alternativa por construir

 

Incapacidad informativa que permite, por un lado, que una parte sustancial del peso del encierro caiga sobre los sectores populares, donde residen los más de 13 millones de trabajadores que viven al día –revisen la excepciones para el encierro y verán que esto es así–, pero por otro lado impide confrontar al establecimiento, a su modelo neoliberal propiciador de las crecientes exclusiones que reinan en nuestro país, como de la privatización efectiva de todos los servicios públicos, entre ellos la salud.

Un modelo político, social y económico tal que agarró a más de 200 mil hogares por todo el país desconectados del servicio de agua por incapacidad económica para pagar la factura, que no tarda en llegar mes a mes.

Incapacidad, pobreza, miseria que desnuda la negación efectiva en nuestro país de los derechos humanos, unos derechos reducidos a vil mercancía, para recuperar los cuales (uno de los retos que desprende la crisis en curso), los sectores alternativos reciben la bandera para izar la demanda de desmercantilizarlos, pasando a una administración común de los mismos, para no volver al viejo modelo estatal–clientelar que ya padecimos.


Unos retos que nos demandan, para su disputa efectiva ante la opinión pública, la puesta en marcha de un Sistema Nacional de Comunicación Alternativo, síntesis de la multiplicidad de experiencias que en este campo existen entre estudiantes, sindicatos, Ongs, cooperativas, organizaciones sociales, etcétera. Un Sistema que responda de manera dinámica, plural y en tiempo real, al reto comunicativo potenciado por la tercera como por la cuarta revolución industrial.

Precisamente, es lo producido por estas revoluciones industriales lo que ha fortalecido el poder de las comunicaciones, facilitando que los medios oficiosos difundan un mensaje de status quo que por lo menos confunde o desmoviliza a un segmento importante de nuestra sociedad. Es un poder reconfirmado por el virus de moda. Verificación con valor sustancial toda vez que la emergencia y ampliación de las redes sociales había creado entre múltiples expresiones de los actores sociales alternativo la sensación contraria.

Una errada apreciación nacida del acceso abierto y múltiple a un conjunto de canales de comunicación a través de los cuales es posible interactuar al instante, en vivo, lo que multiplica su impacto. Un acceso que deja por fuera los impedimentos de otras épocas para poder contar con medios propios, en especial el de capital.

Es una posibilidad que con el paso de los años todos y cada uno de los procesos sociales fue asumiendo, bien a través de diseñar y administrar sus páginas web y en ellas presentando a la sociedad sus diferentes propósitos, bien dándole onda a programación radial, bien construyendo sus canales de video, como también poniendo a rotar sus informativos escritos.

Una dinámica abordada a pulso, con el esfuerzo y afán de cada organización –pequeña, mediana o grande– de hacer lo mejor posible en este campo, y con la ilusión de que lo está haciendo bien, pese a lo cual, para unas como para otras, el impacto de su mensaje no trasciende a sus propios afiliados, socios, amigos o influencia más cercana. Es decir, se cambió de soporte –mayoritariamente el papel– por lo virtual pero se continúo haciendo lo mismo que antes: chapolas, agitación, denuncia, pero no mucho más.

Una acción comunicativa que como antes era norma, no intenta conjunción de esfuerzos con procesos similares o simplemente cercanos gremial, social o políticamente, pero que tampoco pretende ascender sobre el conjunto social, para plasmar y ampliar en su tejido un proyecto de país alterno, sino que se conforma, como premio de consolación, con actuar y dejar sus huellas sobre el entorno inmediato.
Un desinterés por la acción común que también se extiende al desconocimiento efectivo que tienen y nos ofrecen las nuevas tecnologías y su posible eco sobre la sociedad –de lo comunicativo– de ser bien usadas.

Conformes con su utilización parcial o mínima, también su impacto es parcial o mínimo. Queda al margen su valoración y utilización efectiva de las nuevas tecnologías, y con ello la posibilidad de interactuar con escritura, imagen y sonido, así como de hacerla en tiempo real, buscando construir audiencias cada vez más amplias, las cuales ya no sean las receptoras de mensajes sino también, y esto es lo ideal, quienes crean el mensaje. Un camino para construir o potenciar desde el movimiento social.

Un proceder comunicativo conformista para el cual, mientras trasmita lo que pienso, con la falsa ilusión que mucha gente está sintonizada conmigo, me doy por satisfecho. Así, con este proceder y este mar de islas ahora llamadas dominios .com, .co, .org, .info, persiste, se multiplica y prolonga la atomización social. Un accionar que oculta, que lleva a insuflar la imagen de lo que no es, como resultado del eco alcanzado por el mensaje alternativo en ciertas coyunturas, bien de lucha callejera, bien en tiempo electoral.

Un actuar que no es ajeno a la concepción política-alternativa imperante, para la cual continúan dominando los proyectos de un solo color político, inflamados de voluntarismo, abrigados en la certeza histórica de su causa, concluyendo por ello, por ese solo precepto, que toda la sociedad está de acuerdo con sus ilusiones: –nosotros somos el centro del país y del universo–.

Nada más lejano de la realidad. La comunicación, como la sociedad toda, es un campo en permanente disputa y en el cual no es posible disputar de manera efectiva a través de islas dispersas ni de mensajes cargados de ideología. De ahí la importancia irrenunciable de construir un Sistema Nacional de Comunicación Alternativo, el cual reúna, retome y potencie las capacidades, recursos y acumulados de diversos procesos, para entre todos y todas darle forma a un mensaje pensando para todos los públicos , interactivo, dinámico, abierto, plural, que fluya por diversidad de canales; mensaje puesto a circular con la consciencia que está en disputa con otros muchos y entre ellos con el construido y difundido por los medios oficiosos, el dominante entre nosotros pues son parte del poder que controla y prolonga una realidad aceptada desde hace mucho tiempo por las mayorías. Es decir, la disputa no es simplemente con los otros mensajes, es con toda la superestructura vigente y al ser así en disputa con la raíz cultural que ahonda un dominio, unos valores, una moral, una ética, un sentido de la vida.

Una superestructura soporte del “coco” que ahora deambula en forma de virus y con el cual nos han llevado a guardar un silencio que le deja expedito todo el terreno al establecimiento. Sin mensaje no es factible la disputa de proyecto histórico, por más que aremos en el terreno local.

 

 

Publicado enEdición Nº267
Tierra Forme y Nuevo Reino de Granada y Popayán. Willem Blaeu, Amsterdan, 1647 (1ª. Edición: 1635). Mapoteca 4, X-61, Archivo Nacional, Bogotá.

Mucho antes de la invasión/conquista y la Colonia, cuando los pueblos originarios dominaban el territorio que hoy es Colombia, éste ya se había configurado como una nación de regiones geográficas con características y particularidades en clima, vegetación, cuencas y microcuencas hidrográficas, factores fundamentales que a su vez marcan las costumbres de sus habitantes e incluso su idioma. Si bien la conformación política ha variado o evolucionado de acuerdo con las circunstancias no naturales, la conformación geográfica regional se mantiene invariable hasta nuestros días. La denominación de Colombia, “país de regiones”, es un concepto moderno lingüístico, y por lo tanto científico, que resume la configuración geográfica ancestral, en un intento de acomodarla con la configuración político administrativa, pero sin encontrar la solución a las contradicciones políticas criollas que afloraron tempranas en el movimiento de los Comuneros de 1781, se manifestaron belicosas en la revuelta del 20 de julio de 1810, que propulsó un proceso de lucha para ponerle fin al régimen colonial, y se agudizaron y se exacerbaron a partir del establecimiento de la República en 1821, y han perdurado hasta nuestros días.

Como la define el arquitecto, escritor y geógrafo Alberto Mendoza Morales en su obra trascendental Colombia, Estado Regional (Bogotá, 2000) “Región es una porción de territorio, de tamaño variable, definida por límites arcifinios [naturales], individualizada por algún elemento unificador que la distingue, le imprime carácter único y la hace singular frente a otras regiones”.


Dentro de esta definición se desarrolló la vida de las naciones o regiones que conforman el territorio invadido por los conquistadores españoles a partir de 1500. Aquí habitaban la nación Calamarí (Caribe), la nación Mwiska, la nación Pijao, la nación Patía, y otras, formadas alrededor de doce grandes cuencas fluviales, que tienen como ejes los ríos Magdalena y Cauca (pues influyen ellos dos en la totalidad del territorio) y las otras diez grandes cuencas: Amazonia, Orinoquia, Catatumbo, Sierra Nevada, Sinú, Atrato, Baudó, San Juan, otros ríos, Patía y Mataje. El Himat ha identificado en Colombia 714.300 minicuencas hidrográficas (fluviales y lacustres) menores de 10 kilómetros.

Los españoles reorganizaron la división político administrativa del que bautizaron Nuevo Reino de Granada, subdividiéndolo, con base en la delimitación geográfica, en gobernaciones. La Gobernación de Santa Marta, la Gobernación de Cartagena, la Gobernación del Río de La Hacha (Guajira), las gobernaciones de Venezuela y Quito, la Gobernación de Popayán, los territorios de las Misiones (Llanos Orientales, Casanare, Arauca, Meta), y la Audiencia de Santafé, erigida en capital del Nuevo Reino de Granada. Esa división administrativa se mantuvo hasta el final de la Colonia, con las variantes de que la Gobernación de Venezuela fue convertida en capitanía, y la de Quito en presidencia, con una Real Audiencia auxiliar de la de Santafé. Tales regiones o gobernaciones estuvieron determinadas en su funcionamiento económico por una institución común: la Encomienda. Por orden del rey Carlos V la Encomienda estaba destinada a garantizar la propiedad de los indígenas sobre sus tierras y a darles la protección que necesitaran, para lo cual se nombraba un encomendero que tendría a su cuidado determinada porción de tierras (por lo general latifundios) y el cuidado de los indígenas que las habitaban y que eran sus dueños legítimos, en cuyo servicio obraba el encomendero, remunerado por los mismos indígenas. A los pocos años los encomenderos pasaron a ser los dueños de las tierras y los indígenas sus sirvientes.

De ahí se formaron enormes latifundios y los encomenderos pasaron a ser la clase de los terratenientes, de modo que a finales del siglo dieciocho la totalidad de las tierras productivas del Nuevo Reino de Granada era propiedad de no más del tres por ciento de la población. Los encomenderos terratenientes utilizaban para trabajarlas la mano de obra de los indígenas (que no eran esclavos, pero recibían un trato peor que si lo fueran) y de los esclavos.
Tras el movimiento del 20 de julio de 1810, que, si no estableció formalmente la independencia, sí le torció el pescuezo al régimen colonial español, se organizó un primer ensayo de Estado Regional, de tipo federal, en imitación al adoptado por los Estados Unidos de Norteamérica, y se le dio el nombre de Provincias Unidas de la Nueva Granada, con gobiernos y administraciones autónomas, y sujetas políticamente a la autoridad del Congreso. Esas Provincias Unidas surgieron de la conformación Geográfica natural del país. Venezuela y Quito no entraron a formar parte de la nueva organización post colonial y adoptaron su propio régimen político- administrativo.

Un observador tan agudo como Antonio Nariño, que llevaba casi treinta años de lucha por la libertad de su pueblo, y sufrido varias prisiones por esa causa, al salir de su celda en las mazmorras de Bocachica, en Cartagena, donde lo tenía encerrado el régimen español a raíz de la conspiración en 1809, analizó la forma como la organización de las Provincias Unidas no iba a derivar en un Estado nacional libre y soberano, integrado por regiones con verdadera autonomía económica, política y social, según las características regionales, sino en una supuesta nación hecha a semejanza de los Estados Unidos, pero con regiones que constituiría el feudo de los terratenientes herederos de las encomiendas y del dominio de la tierra en esas provincias. Tendríamos entonces un Estado feudal y no un Estado regional.

A su regreso a Santafé, Nariño asumió dos posturas inaceptables para los nuevos dominios. La primera, propuso un gobierno central, que facilitara la organización de las provincias para la defensa del país ante la inminencia de un intento de reconquista por parte de la antigua metrópoli, que lo emprendería tan pronto terminara su guerra contra Napoleón. Y la segunda, acabar con la encomienda y redistribuir las tierras entre los campesinos e indígenas que las trabajaban y que eran sus dueños legítimos. No podíamos pensar en fundar una democracia si pensábamos continuar bajo el mismo sistema feudal de la Colonia. La propuesta audaz de Nariño les produjo náuseas a los nuevos encomenderos, nada dispuestos a repartir sus fundos entre los trabajadores, así como así.

De ahí surgieron los dos primeros partidos políticos en Colombia con posiciones antagónicas. El centralista, encabezado por Antonio Nariño, y el federalista, por el doctor Camilo Torres. De ahí también surgió la primera de las nueve guerras civiles generales del Siglo diecinueve en Colombia, motivadas en apariencia por la misma razón: centralismo versus federalismo; pero no se trataba de dos posiciones políticas ni ideológica opuestas. A los federalistas les interesaba ese sistema porque se adaptaba mejor al dominio feudal de las tierras productivas de la República, mientras que los centralistas aspiraban a un gobierno que pudiera efectuar hacia la periferia una distribución equitativa no solo de la propiedad de la tierra sino de las riquezas que pudiera generar el trabajo nacional. Entró en juego también el libre cambio, del que se hicieron campeones los federalistas (o liberales radicales) y al que combatieron, apoyados en el centralismo, los artesanos que pretendían crear una industria nacional y pedían para ello la protección incondicional del gobierno. La lucha auténtica no fue entre centralistas y federalistas, sino entre librecambistas y artesanos, entre el libre comercio y el proteccionismo industrial.


En su discurso de Instalación del Congreso de Angostura, el Libertador Simón Bolívar encareció a los diputados adoptar una constitución de tipo centralista, que se adaptaba a las características de los pueblos (Nueva Granada, Venezuela y Quito) que habrían de integrar la futura República de Colombia. El Congreso de Angostura elaboró una Constitución de tipo centralista con carácter provisional, mientras se decidía la suerte de la Guerra de Independencia. La victoria de Boyacá en 1819 y la liberación de la Nueva Granada, le permitieron al Libertador convocar el Congreso Constituyente de Cúcuta, instalado por Antonio Nariño. Allí se adoptó una constitución de tipo centralista y proteccionista, que impulsara el desarrollo de la industria artesanal nacional, y de la agricultura, como efectivamente las impulsó; pero las ambiciones de poder y de riqueza de la clase dirigente criolla, los intereses de los terratenientes, que ejercían el poder verdadero, y las intrigas de los ministros plenipotenciarios de Estados Unidos y de Inglaterra, que encontraban en el proteccionismo constitucional un obstáculo fastidioso para sus intereses comerciales, instaron a la separación de Venezuela y de Ecuador, y a la disolución de Colombia tras la muerte del Libertador en 1830. La República de la Nueva Granada, y las que le siguieron en el curso tormentoso del Siglo XIX colombiano, tampoco pudieron organizar Estados Regionales, en parte porque los terratenientes y los comerciantes se opusieron, y en parte porque los tratados de libre comercio y amistad con Estados Unidos (1835 y 1848) hicieron imposible que las regiones pudieran librarse de su vasallaje feudal.

Con las constituciones semilibrecambistas y semifederalistas de 1853 y 1857 el librecambio avanzó hacia el dominio total de la vida granadina, lo que se dio con la Constitución de 1863, que instauró nueve estados soberanos aupados bajo el denominador común de República de los Estados Unidos de Colombia. Sin embargo, las contradicciones se agudizaron. La soberanía pomposa de los nueve estados de 1863, como la autonomía de las doce provincias Unidas de 1811, era la misma máscara con que se encubrían los soberanos incuestionables: los terratenientes. El régimen feudal seguía imperando bajo la Constitución más liberal que pudiera imaginarse. Esa misma Constitución liberal que favorecía los intereses del libre comercio, pero no el nuestro sino el de las potencias que nos vendían sus productos, sumieron en la ruina a los artesanos colombianos, y se originó una confrontación que tuvo muchas refriegas en las plazas públicas entre gólgotas (librecambistas) y draconianos (artesanos). O como decían entonces. “entre los de casaca y los de ruana”.

En esas condiciones, se produjo una escisión política profunda e irreconciliable. La Iglesia y los conservadores, por un lado, que decían combatir el ateísmo de los radicales y la abusiva expropiación de los bienes sagrados (tierras, conventos, iglesias) por el decreto de bienes de manos muerta que expidió el presidente Tomás Cipriano de Mosquera, con destino a la recaudación de fondos para financiar el Estado, pero cuyo producido, en su mayor parte, terminó en los bolsillos de los radicales (liberales librecambistas). Y por otro lado los liberales independientes (no librecambistas) y los artesanos que pugnaban por un gobierno proteccionista. El líder de los independientes fue el pensador liberal Rafael Núñez, que comenzó a publicar una serie de artículos (enviados desde Europa, donde ejercía el consulado de Colombia en Liverpool) a favor de una política de protección a la industria artesanal, la creación de empleo y de riqueza productiva, y de restricción al libre cambio, pensamiento en contravía de los postulados de la Constitución de Rionegro, que abolió por completo el proteccionismo.


Una lucha de varios años en la cual, el movimiento artesanal organizado llevó a Núñez a la presidencia en 1880. Dos años antes, al dar posesión de la presidencia al liberal independiente Julián Trujillo, Núñez había resumido su doctrina en dos postulados: Regeneración administrativa fundamental o catástrofe y Paz científica. Los radicales hicieron burlas, chanzas y sátiras sobre esos programas de Núñez, que les demostró que tan serio era su programa cuando, al iniciar su período, estableció el Banco Nacional, con carácter de Banco Emisor, y les quitó a los bancos de los estados, y a los privados, la facultad de emitir sus propios billetes. Como el período presidencial era apenas de dos años, Núñez no tuvo tiempo de avanzar en la regeneración administrativa fundamental, ni en la Paz Científica, hasta su segunda elección, en 1884.

¿En qué consistían la Regeneración administrativa fundamental y la Paz científica? Ambas nociones las había tomado Núñez del discurso del Libertador en Angostura. La Regeneración administrativa fundamental era gobernar con honradez, con pulcritud y con eficiencia para hacer de los recursos públicos un instrumento de prosperidad del común de los ciudadanos, y no del beneficio de unos pocos. En consecuencia, había que castigar con severidad el mal uso de esos recursos, y para ello se requería un gobierno central con autoridad (no autoritarismo) capaz de proteger y estimular el trabajo de los colombianos y darles vigor a las regiones. La Paz científica era la proveniente de la satisfacción de las necesidades básicas de los ciudadanos, y de la tranquilidad que la solución de esas necesidades podía darles equitativamente a todos y a cada uno de los habitantes del país.

Los artesanos entendieron a Núñez. Lo llevaron a la presidencia en 1880 y 1884. Lo apoyaron en la guerra civil que declararon los radicales en 1885 “contra el régimen regenerador” al que tildaban de dictatorial, y después de la guerra, ganada por Núñez, respaldaron la reforma constitucional, que entre otros cambios fundamentales extendió el período presidencial a seis años. Por una gran mayoría, Núñez fue elegido para inaugurar el primer período de la Nueva Era (1886-1892).

Paradójicamente, aquel mandatario liberal y escéptico, cuasi ateo, atacado con ferocidad por los librecambistas variopintos, tuvo que aliarse con un segmento del conservatismo y hacerle a la Iglesia concesiones lamentables, pero necesarias para poder gobernar.

La Constitución de 1886 no alcanzó los objetivos anunciados por Núñez de Regeneración administrativa fundamental y Paz científica. Las concesiones a la Iglesia consiguieron que se mantuviera el mismo orden feudal que venía ininterrumpido desde la Colonia. Reformas como el papel moneda de curso forzoso, la prohibición de negociar en moneda extranjera (prohibición de estipular), y amplias medidas de protección a la industria artesanal, dinamizaron la economía, permitieron la creación de empleo, generaron un importante crecimiento industrial, mas no modificaron la propiedad feudal de la tierra, ni lograron crear el estado regional.

Varias décadas después, las reformas de la Revolución en Marcha impulsadas por el primer gobierno de López Pumarejo –en 1936– que pretendía, con la ley de tierras ponerle fin a nuestro feudalismo agrario, tropezaron igual con el poder de los terratenientes, que lejos de disminuir en 116 años de vida republicana se había acentuado y fortalecido.

La Carta de 1886, a la que hoy se cataloga de regresiva y conservadora, fue necesaria en su momento, como lo reconoció López Pumarejo, para implantar la unidad nacional y modernizar el país. Tan es así que se mantuvo vigente por ciento cinco años, hasta que, obedeciendo una ley natural de obsolescencia, fue sustituida por la Carta de 1991, que ha cumplido veintiocho años, y ha sido reformada, alterada en su esencia, incumplida y violada por las autoridades otras tantas veces. La Carta del 91 tiene una contradicción original. Al tiempo que ordena la organización de Colombia como un Estado Social de Derecho, tiene numerosos artículos de carácter neoliberal, que es lo opuesto al Estado Social de Derecho, sobre el que han prevalecido al socaire de sucesivos gobiernos neoliberales.

Aunque la Carta del 91 contiene herramientas jurídicas para organizar un estado regional, o un país de regiones, tampoco ha conseguido ese propósito. Como lo anota Alberto Mendoza Morales en su obra citada: “La riqueza de Colombia está en la heterogeneidad. Un Estado [como el colombiano] de tan fuertes características regionales está llamado a la descentralización, a aceptar y acoger de frente esas diferencias, a integrarlas, a fomentar la población de cada espacio, de modo que se maneje por sí misma, crezca por esfuerzo propio y elabore su propio plan de vida y desarrollo” (pero) “Los constituyentes de 1991 desecharon la definición geográfica de la región natural y adoptaron una definición político administrativa. En efecto, dispusieron: ‘Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de planificación con personería jurídica y patrimonio propio (Art. 306 C. N.). La respectiva Ley Orgánica establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la región en entidad territorial (Art. 307 C. N.)’”.

Estima Mendoza Morales que “Los constituyentes, con su definición, confundieron regiones, que son entidades geográficas, con asociaciones de departamentos, que son entidades político administrativas”.

En esa confusión, no hubo ignorancia de los legisladores. Fue hecha a propósito para amparar los intereses de los terratenientes y de las asociaciones privadas que tienen negocios en las regiones, a las que de ningún modo conviene que esas regiones puedan tener administraciones soberanas y vida propia. El ordenamiento jurídico está enderezado a proteger el interés privado de unos pocos, bien sea a las buenas, cuando la ley les es propicia, o con la violencia, cuando no encuentran la complicidad de la ley. Así, las consultas populares y los cabildos abiertos, dispuestos por la Constitución como mecanismos democráticos, de hecho han resultado írritos, y los planes de ordenamiento territorial, en los que la participación de la comunidad es cero, sirven para favorecer negocios inmobiliarios o propiciar el despojo de tierras, con disfraz de legalidad. Como en 1811, hoy sigue imperando en Colombia un régimen feudal férreo. El anhelo de un país de regiones, no parece estar todavía a nuestro alcance.

Bolsonaro bebe vino durante la ceremonia religiosa. Imagen: AFP

Hacia un Estado ( "terriblemente" ) confesional. Jair Bolsonaro participó en una ceremonia religiosa celebrada por el Frente Parlamentario Evangélico en la Cámara de Diputados. Ese bloque, conocido popularmente como la Bancada de la Biblia, reúne a congresistas de varios partidos, en general de derecha, y cuenta con un centenar de miembros es decir cerca del 20 por ciento de la Cámara baja.

"Ustedes saben como las familias fueron atacadas por los últimos gobiernos, ustedes fueron decisivos en el rescate de los valores familiares", sentenció Bolsonaro.

"Cuántos intentaron dejarnos de lado diciendo que el Estado es laico, sí el Estado es laico pero nosotros somos cristianos, o plagiando a la querida Damares, somos terriblemente cristianos", dijo citando a la ministra Damares Alves, la pastora a cargo de la cartera de Mujer, Familia y Derechos Humanos.

Durante el culto, en el que también intervino un pastor, los asistentes celebraban las frases más tocantes extendiendo sus manos al cielo.

En Brasil el mandatario tiene la atribución de presentar al Congreso los nombres de candidatos al Supremo Tribunal Federal cada vez que un integrante del mismo se jubila o renuncia.

Hasta el 31 diciembre de 2021, cuando finaliza el actual mandato, se jubilarán dos magistrados de la máxima Corte.

Al referirse a ese tema anticipó que "entre los dos cupos que tendré que indicar para el Supremo Tribunal Federal uno de ellos será para un juez terriblemente evangélico".

La misma promesa había sido formulada el mes pasado cuando criticó a los jueces del Supremo por haber determinado que la homofobia es un delito equivalente al del racismo, condenado con prisión.

A pesar de ser católico el ocupante del Palacio del Planalto no esconde sus diferencias con el papa Francisco --profundizadas debido a las opiniones de Bergoglio en defensa de la Amazonia-- y su simpatía por el poderoso movimiento neopentecostal del cual recibió apoyo en los comicios del año pasado. A través de la prédica de miles de pastores las principales corrientes pentecostales, como la Iglesia Universal del Reino de Dios, orientaron a sus fieles para votar al candidato de ultraderecha contra el "pecaminoso" Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores.

Para agradecer ese voto duro el mes pasado participó en la multitudinaria Marcha por Jesús realizada cada año en San Pablo, siendo el primer presidente que toma parte en esa movilización religiosa.

Contrario al aborto, la "ideología de género" y la criminalización de la homofobia Jair Messias Bolsonaro fue bautizado por un pastor las aguas del rio Jordán, en Israel, en 2016.

Al tomar parte de acto religioso realizado ayer en el Parlamento el capitán retirado dio otro paso de una alianza cuyo correlato internacional ha sido su aproximación al movimiento cristiano-sionista que patrocina tanto a Donald Trump como al premier israelí Benjamin Netanyahu.

El secretario de Estado Mike Pompeo, representante del lobby cristiano-sionista, fue el enviado de Trump a la ceremonia de toma de posesión del mandatario brasileño en enero pasado y uno de los arquitectos de la cumbre Trump-Bolsonaro en la Casa Blanca celebrada en marzo.

Fue durante esa visita a Washington que Bolsonaro se reunió con el pastor-electrónico Pat Robertson, propietario de la cadena Christian´s Broadcast Nework y mundialmente famoso desde su apoyo a la cruzada anticomunista de Ronald Reagan en la década del 80.

Pat Robertson y su hijo Gordon pidieron a Dios que Washington y Brasilia "estén cada vez más próximos" y manifestaron su intención de apoyar a Brasil en su "ayuda humanitaria" destinada a Venezuela.

Bolsonaro, que aspira a tener un imperio mediático que responda orgánicamente a su proyecto reeleccionista en 2021, habló ayer de su deseo de encontrarse en breve con el obispo Edir Macedo dueño del multimedios Record y de visitar el Templo de Salomón, construido en 2014, perteneciente a la Iglesia Universal del Reino de Dios la cual fue homenajeada ayer al cumplir 42 años.

La visita de Bolsonaro al Legislativo dejó dos mensajes:uno hacia la Bancada de la Biblia, sustenada por los dipu-pastores, y otro hacia la Bancada de la Bala, cuyos miembros son en su mayoría policías estaduales y federales, entre quienes hay presuntos simpatizantes de las "milicias" paramilitares.

A estos últimos les prometió un régimen especial, que los pone a salvo de la draconiana reforma previsional que comenzó a ser tratada este miércoles en el Plenario de la Cámara baja.

Se trata de un proyecto redactado por el ministro de Economía Paulo Guedes, inspirado en la reforma previsional del dictador Augusto Pinochet, con cuyo gobierno colaboró a fines de los años 70.

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Manifestantes en Hong Kong toman el Congreso

Tras cerca de tres horas de ocupación, pasada la medianoche local la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento.

 

En una jornada de caos sin precedentes, decenas de miles de manifestantes salieron a la calle ayer y al menos un centenar irrumpió en el Parlamento de Hong Kong, después de derribar la puerta de entrada. La protesta a favor de la democracia y contra el gobierno pro Beijing de Carrie Lam había comenzado temprano a propósito del 22º aniversario del traspaso a China de la soberanía de la antigua colonia británica. Estas nuevas manifestaciones se suman a las que vienen dándose desde principios de junio para reclamar contra el proyecto de ley del gobierno que autorizaría las extradiciones a China continental.

En cada aniversario del traspaso de la soberanía, activistas locales por la democracia organizan enormes manifestaciones para pedir por sus exigencias democráticas, incluyendo la posibilidad de elegir a un nuevo Ejecutivo local por sufragio universal. Este año, unas 550.000 personas se habían volcado a las calles hongkonesas para exigir la renuncia de Lam y el abandono del proyecto de ley de extradición a China. “No a la extradición a China”, “Hong Kong levantate”, se leía en muchos cárteles que portaban los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes vestidos de negro, que recorrieron pacíficamente los cerca de tres kilómetros que separan el Parque Victoria de la zona de Admiralty, donde se encuentra el Parlamento y la sede del Gobierno. Sin embargo, poco antes de la tradicional ceremonia de izamiento de las banderas de China y Hong Kong, todo se desbandó. Al llegar a Admiralty varios cientos de manifestantes se dirigieron hacia la sede del Legislativo y allí un grupo de ellos comenzó a tumbar las barreras de acero que protegían la entrada de la institución para después usarlas para derribar las puertas de cristal blindado del Parlamento. 

Tras casi cinco horas de asedio, los manifestantes, protegidos por escudos de fabricación casera, cascos amarillos y paraguas, superaron el blindaje desplegado por la policía, que optó por retirarse, según informó el diario local South China Morning Post en su edición digital. Alrededor de un centenar de personas irrumpieron, entonces, en el edificio abriéndose paso al romper ventanas, mientras cantaban las consignas de la protesta. En las primeras horas de la noche, habían ocupado el principal recinto del Parlamento, pintado gratifis en las paredes y de negro el escudo de la ciudad, y desplegado una bandera de la época colonial británica en el podio. 

Tras cerca de tres horas de ocupación -pasada la medianoche local-, no obstante, la policía antidisturbios de Hong Kong retomó el control del Parlamento. Los manifestantes que habían tomado el edificio huyeron antes de que las autoridades ingresaran y mientras las unidades antimotines lanzaban gases lacrimógenos contra otros grupos que se encontraban en los alrededores. 

A la sede parlamentaria también habían acudido algunos diputados opositores que, aunque mostraron su rechazo a la violencia, destacaron que a los manifestantes se les había agotado la paciencia tras semanas de masivas protestas sin que el Gobierno local atendiese sus demandas. “Estamos en la crisis política más grave desde el traspaso de la soberanía a China, es una situación sin retorno”, dijo el diputado independiente y activista, Eddie Chu, quien, además, expresó su temor a una intervención del Ejército chino en Hong Kong si Lam no es capaz de resolver la crisis políticamente.

Hace semanas, Hong Kong está inmersa en una ola de protestas multitudinarias y violencia política de tono ascendente debido a un intento del gobierno de modificar las leyes de extradición, lo que permitiría que los sospechosos sean enviados a China para ser juzgados. 

La normativa, duramente cuestionada por una mayoría de hongkoneses y cuyo debate fue suspendido indefinidamente, aumentó los temores de que este territorio semi-autónomo devuelto a Beijing por Reino Unido el 1 de julio de 1997, pierda una serie de libertades de las que gozan sus ciudadanos bajo la modalidad “un país, dos sistemas”. Esta modalidad fue requisito para el acuerdo Londres-Beijing previo a la devolución de la isla y deberá aplicarse a la antigua colonia durante 50 años.

Lam, quien recibió severas críticas por tratar de impulsar la legislación, prometió ser más receptiva al sentimiento público, pero no ha respondido directamente a las demandas de los manifestantes. En un discurso tras la ceremonia de izamiento de la bandera que conmemoraba el aniversario de la entrega, Lam dijo que las protestas y las dos marchas que atrajeron a cientos de miles de participantes le enseñaron que necesita escuchar mejor a los jóvenes y las personas en general. “Esto me hizo dar cuenta de que yo debo recordarme todo el tiempo de la necesidad de captar los sentimientos públicos con precisión”, dijo.

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Junqueras, líder del ERC preso por sedición, durante una comparencia en el Congreso español. Imagen: EFE

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU considera contraria a los DD.HH. la prisión preventiva de los dirigentes catalanes.

 

Un grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) ha pedido este miércoles la liberación inmediata de los líderes independentistas catalanes en prisión, en un informe que ha sido cuestionado por el gobierno español. El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del organismo internacional considera contraria a los derechos humanos la prisión preventiva dictada contra los dirigentes catalanes Oriol Junqueras, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Los tres elevaron su situación a principios del año pasado a ese órgano, que en sus conclusiones insta a España a poner en marcha una “investigación exhaustiva e independiente” de las circunstancias en torno a la “privación arbitraria de la libertad” de los imputados.
El abogado británico que representa a los políticos catalanes, Ben Emmerson, afirmó en una rueda de prensa en Londres que el Gobierno español no debe ignorar la comunicación del grupo de trabajo. Si lo hace, “estará cometiendo de manera continuada y flagrante una violación de la ley internacional”, sostuvo el letrado, que ha defendido en otros casos al fundador del portal de filtraciones WikiLeaks, Julian Assange.


El Ejecutivo español, por su parte, ha trasladado a la ONU su “malestar” por el informe y ha pedido una auditoría sobre el funcionamiento del grupo de trabajo que lo ha publicado, según indicó el embajador de España en la capital británica, Carlos Bastarreche. El diplomático consideró, en un encuentro con medios de diversos países europeos en su residencia en Londres, que la comunicación del grupo de trabajo supone “una clara interferencia” al proceso judicial que se sigue contra los líderes por la organización de un referéndum independentista en 2017 declarado ilegal. Expresó asimismo su “preocupación” por “el uso de un grupo de la ONU” en lo que considera “una campaña de desinformación”.


Fuentes del Ejecutivo español han puesto en duda por su parte la imparcialidad del documento, al considerar que sus redactores no conocen los delitos de los que están acusados los dirigentes independentistas, entre otros los de desobediencia, malversación y rebelión, que les pueden acarrear entre 17 y 25 años de cárcel. Esas fuentes sostienen que el grupo de trabajo cree que en España es legal la convocatoria de un referéndum de independencia y critican que los autores no tienen en cuenta “el principio de separación de poderes ni la independencia judicial”.


El documento divulgado ayer solicita al Gobierno que le proporcione información sobre las medidas de seguimiento que espera que ponga en marcha respecto a las “recomendaciones” que ha formulado. El grupo pide al Ejecutivo que le proporcione esos datos en un plazo de seis meses a partir de la fecha de transmisión de este dictamen, aunque afirma que se reserva el derecho de emprender su propio seguimiento si se señalan a su atención nuevos motivos de preocupación en relación con el caso.
Para Emmerson, el informe es la “última palabra” de un grupo amparado por la autoridad de la ONU a fin de interpretar las obligaciones que marca la legislación internacional. “Si los jueces en Madrid les condenan a penas de cárcel, aunque sean de una semana, España estará en curso hacia una colisión con las Naciones Unidas”, consideró el abogado.
El documento hecho público ayer “está acreditando una vulneración flagrante de derechos de los dirigentes catalanes”, expresó por su parte la presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), Elisenda Paluzie.


El texto del grupo de trabajo se ha difundido después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazara una demanda del ex presidente catalán Puigdemont contra la decisión del Tribunal Constitucional, de anular el pleno del Parlament del 9 de octubre de 2017, en el que se declararía la independencia de Cataluña.

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En el centro de este mural de Diego Rivera se observa el pago de un impuesto en monedas de plata.  Una reconstrucción aproximada del peso de la fiscalidad en la vida cotidiana de Nueva España. De Wolfgang Sauber - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3965016

Los primeros brotes de inconformidad de los vasallos del Nuevo Reino de Granada, como la rebelión de las Alcabalas en Vélez (1740) y de los Comuneros de Cali (1765), tuvieron un carácter económico limitado a la queja contra el cobro desmedido de impuestos. Reprimidas ambas, y sancionados con prisión sus cabecillas, consiguieron no obstante su objetivo. Por un tiempo se suavizó la política tributaria en las colonias de Indias; pero, a finales de los años setenta, la corrupción de los funcionarios de la corte, y de las mismas colonias, y los gastos que exigía la guerra contra Inglaterra, llevaron a un endurecimiento progresivo tanto en la exacción como en el aumento del valor y la cantidad de los tributos que las colonias deberían pagar a la hacienda española. Para hacer más efectivo el cobro, la corona envió visitadores con la misión de “desocupar el bolsillo de los vasallos” a fin de recoger las cuotas que les correspondieran en los distintos ramos de tributación (alcabalas, estancos, guías y tornaguías, armada de Barlovento, gracioso donativo, etc.).

La tributación exagerada no les hizo gracia a los vasallos de América, indígenas, mestizos, mulatos y criollos (los esclavos de origen africano solo tenían valor como mercancía, y en ese sentido, valían mucho). Estallaron grandes revueltas contra los impuestos en el Alto Perú (Bolivia), Perú y El Nuevo Reino de Granada. Además del motivo económico contra el pago de impuestos, esos levantamientos incluyeron un ingrediente político: la lucha por la independencia. Mientras que en el Perú la revuelta indígena encabezada por Túpac Amaru (José Gabriel Condorcanqui) fue sangrienta y terminó con la derrota de los rebeldes, la de los criollos del Nuevo Reino de Granada , conocida como Rebelión de Los Comuneros, que movilizó a más de veinte mil hombres en la provincia de Tunja (hoy Cundinamarca, Boyacá y Santander), fue neutralizada por la intermediación ladina del arzobispo de Santafé. Al ofrecer unas Capitulaciones que concedían a los rebeldes cuanto pedían, el arzobispo Caballero y Góngora dividió el movimiento comunero. La mayoría de los alzados, satisfechos con las Capitulaciones, guardaron o entregaron las armas precarias que habían puesto a temblar a las autoridades de Santafé, no tanto por las armas (machetes, azadones, palos y unos pocos fusiles y pistolas) como por el volumen asustador de los amotinados.

Los criollos de Santafé, y varios de los del movimiento comunero de la región de Guanentá y de El Socorro, quisieron continuar la rebelión. El charaleño José Antonio Galán, que actuaba en acuerdo con los criollos ilustrados de Santafé, desconoció las Capitulaciones, pregonó la lucha de los oprimidos contra los opresores, y se lanzó a una campaña militar brillante en el alto Magdalena que lo llevó a dominar el territorio ribereño hasta Neiva, pero fue derrotado en el intento de tomar el puerto de Honda, que estaba defendido con artillería.

El fracaso del movimiento comunero de 1781 no marcó el fin, sino el principio de la lucha por la Independencia. En los años siguientes el motivo económico varía esencialmente. Los jóvenes criollos, como Antonio Nariño, Pedro Fermín de Vargas y Francisco Antonio Zea han estudiado las nuevas doctrinas económicas expuestas por el español Bernardo Ward en su Proyecto Económico (Madrid, 1762/1782, tercera impresión) y por el escocés Adam Smith en Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones (Londres, 1776). Esos libros, que sustentan la necesidad de poner fin al colonialismo y de levantar las trabas proteccionistas al comercio, y que le ponen al análisis económico una base científica, influyeron de modo decisivo en el pensamiento y en la orientación económica de la generación granadina educada de la mano y bajo el talento del sabio José Celestino Mutis, así como encontró en la Ilustración y en los enciclopedistas franceses su pensamiento político revolucionario. Antonio Nariño es quizá el primer americano que expone con claridad científica y filosófica las aspiraciones económicas de los criollos, en su artículo Los Frutos del Árbol Noble, que firma como Un Observador Amigo del País, en el Papel Periódico de Santafé (1791) cuya síntesis la encontramos en el párrafo siguiente:

“Nosotros no conocemos lo que en el mundo se llama Comercio activo, el cual consiste en la exportación de nuestros frutos, de las obras de nuestras manos, y de las de nuestras industrias: por consecuencia ignoramos sus utilidades,, sus resortes y sus relaciones: nos contentamos con el bastardo y servil Comercio a quien se da el nombre de pasivo, y que solo estriba en el indolente abandono de sufrir el escarnio y ridiculez de todas las Naciones industriosas, permitiéndoles insensatos que nos estén continuamente extrayendo el escaso jugo de nuestro dinero y dejándonos sin esta miserable sustancia, tanto más apreciable, cuanto nos cuesta más dificultad que a nadie el adquirirla”.

Después del levantamiento de Los Comuneros (1781), y hasta la revolución francesa (1789) la lucha de los criollos se concentra en lograr la libertad de comerciar sus productos sin las restricciones (comercio activo) a que han estado sujetos (comercio pasivo) desde el principio de la Colonia (1538) y que ha generado, como es natural, un constante y cuantioso contrabando hacia el exterior, especialmente en los ramos del tabaco y las harinas. En 1793, Antonio Nariño traduce, publica y divulga clandestinamente, con el apoyo de los masones, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Convención Nacional en París el 4 de agosto de 1889. Ese documento transforma las aspiraciones por una libertad de comercio en el deseo de independencia y libertad total de pensamiento y de expresión, y demás derechos incluidos en la Declaración de 1789.

Más adelante, ya en prisión (1797) Antonio Nariño su clásico y formidable Ensayo sobre un nuevo plan de Administración en el Nuevo Reino de Granada, ampliará las ideas liberales que plantea en Los Frutos del Árbol Noble. (En este Suplemento reproducimos los fragmentos cardinales de dicho Ensayo).


Aunque, en apariencia, la Corte no dio importancia al Ensayo de Nariño, remitido por el Virrey de Santafé en diciembre de 1797, no es coincidencia que, con el nuevo siglo se relajen las medidas restrictivas de todo orden que regían en las colonias, se fomente el comercio activo y se permita la circulación de nuevos periódicos como El Correo Curioso, Erudito y Mercantil de Santafé (1801-1802) o El Redactor Americano (1806-1809) con su Alternativo, en los que, por las ideas que exponen, no parece que el gobierno virreinal haya ejercido sobre ellos mayor censura. Aun así, la idea de la independencia ya está anclada en la conciencia criolla, y en consecuencia sus promotores conspiran, fomentan el desarrollo de las tertulias literarias y económicas, siguen con atención los acontecimientos en la Península, y saben que, tras la derrota de la flota aliada hispano francesa en Trafalgar por los ingleses, el poder de la metrópoli se ha debilitado. La posterior invasión de España por Napoleón, el derrocamiento de de los reyes y la instauración de un monarca francés (José I, hermano de Napoleón), apuntan que ha sonado la hora en el reloj de la Independencia. Antonio Nariño (en libertad condicional desde 1803) prepara con otros criollos, entre ellos el canónigo Andrés Rosillo, el golpe para deponer al Virrey Amar, liquidar la Real Audiencia e instaurar un gobierno criollo soberano; pero los conspiradores son delatados por un espía (1809), Nariño es preso de nuevo, junto con el canónigo Rosillo, y enviado a las mazmorras de Cartagena. Rosillo es desterrado y confinado en El Socorro.

La conspiración no se detiene. Finalmente, el 20 de julio de 1810 los criollos deponen el gobierno colonial y asumen el mando, sin declarar la Independencia, limitándose a suscribir su fidelidad al rey Fernando VII (en el exilio) siempre y cuando el monarca venga a gobernar en Santafé, propuesta que los criollos astutos asimilan a imposible. El hecho de procrastinar la declaración de independencia genera la primera división política entre los criollos. La corriente partidaria de Antonio Nariño, que no está en la élite criolla, sino entre los artesanos y la gente del pueblo, y de la que es líder el “chispero” José María Carbonell, así llamado por ser el que encendió la chispa popular del 20 de julio, se amotina, pide la prisión de los virreyes y la declaración de independencia absoluta. El presidente de la Junta criolla de gobierno, Camilo Torres, responde al clamor popular ordenando la prisión de Carbonell. Ante tamaña arbitrariedad la protesta popular, e incluso de los propios amigos del doctor Torres Tenorio, fue tan grande que lo obligó a poner en libertad al “chispero” Carbonell. La misma presión popular hizo que la Junta de Gobierno, reacia a ello, enviara a Cartagena los fondos necesarios para el viaje de regreso a Santafé de Antonio Nariño, liberado pocos días después del 20 de julio.

La vuelta de Nariño a Santafé acentuó la división política y sacó a flote las diferencias económicas. El grupo de Camilo Torres, compuesto por miembros de la alta clase criolla aristocrática y feudal terrateniente, no estaba interesado en modificar las estructuras económicas coloniales, sino en conservarlas, pero gozando ellos de los privilegios del poder. Nariño proponía en cambio la abolición completa del régimen colonial, la redistribución de la propiedad de la tierra, que debería transferirse a los campesinos que la trabajaban; la aplicación de los Derechos Humanos; y la libertad de comercio para facilitar a los campesinos productores, y a los artesanos industriales, la distribución y venta de sus productos en el interior y en el exterior de la República. Camilo Torres y sus seguidores se opusieron furiosamente a las ideas y al gobierno de Nariño, quien había sido proclamado presidente de Cundinamarca después de una inteligente campaña periodística que dio en tierra con el gobierno de Jorge Tadeo Lozano, ficha de Camilo Torres.

Para enmascarar su verdadero rostro de terratenientes feudales, los torristas proclamaron la Constitución de un gobierno federal, a semejanza de la república modelo del Norte de América, y le pusieron un nombre similar: Provincias Unidas de la Nueva Granada, desconocieron el gobierno de Nariño y trasladaron a Tunja la capital de las Provincias Unidas. Nariño, con argumentos históricos, filosóficos y económicos, sostuvo la inconveniencia, para ese momento, de un gobierno federalista. Dadas las posibilidades nada remotas de un intento de reconquista por parte de la monarquía española, que acababa de ganar la guerra de liberación contra Napoleón y repuesto en el trono a los borbones, en cabeza de Fernando VII, Nariño había previsto que la única forma de enfrentar victoriosamente a España era con un gobierno central fuerte, que aglutinara y organizara las energías de la Nación para la defensa frente a la reconquista inminente. Los federalistas no quisieron escuchar razones y declararon la guerra al gobierno de Cundinamarca, presidido por Nariño. El 9 de enero de 1813 las tropas del Congreso pusieron sitio a Santafé y atacaron la capital con un contingente de cinco mil hombres a los que el gobierno de Tunja había prometido tres días de saqueo. Ese 9 de enero los federalistas fueron derrotados aparatosamente gracias al valor de los habitantes de Santafé y a la habilidad estratégica del presidente Nariño. Tunja tuvo que rendirse y pactar la paz con Cundinamarca. El presidente Nariño aceptó de buena gana firmar la paz sin poner condiciones a los vencidos. Ahora se precisaba la unidad. Se estaba organizado en la península la expedición Pacificadora, y reductos importantes de fuerzas realistas mantenían en su poder a Pasto, Quito, Lima y La Paz, e intentaban sitiar a Caracas, donde el Libertador Simón Bolívar resistía con recursos escasos.

Nariño organizó un ejército de tres mil hombres para marchar al sur, liberar a Pasto y Quito y quitar la presión que los realistas mantenía sobre Caracas. La traición del Congreso de las Provincias Unidas provocó la derrota de Nariño cuando se disponía a tomar a Pasto, y el consiguiente fracaso de la campaña del Sur, así como la caída de Caracas en poder de los hispanos. Simón Bolívar fue acogido por el Congreso de Tunja, que le encomendó la toma de Santafé y lo nombró comandante del ejército destinado a reforzar la defensa de Cartagena, hacia donde se encaminaba la flota pacificadora al mando del generalísimo Pablo Morillo. Bolívar fue rechazado en Cartagena por el comandante de la Plaza, Manuel del castillo y Rada. Castillo le advirtió al Libertador que lo atacaría si intentaba entrar en Cartagena. El Libertador, por evitar una guerra civil, abandonó el mando de su tropa y marchó al exilio en Jamaica, y después en Haití, donde, con ayuda del presidente Petion comenzó a organizar en 1816 el ejército Libertador, que inició el mismo año la guerra de Independencia y la culminó, en su primera etapa, entre derrotas y triunfos, los días 25 de julio, y 4 y 7 de agosto de 1819 en las batallas del Pantano de Vargas, Pienta (Charalá) y Boyacá.

La guerra de Independencia había dejado en suspensos el conflicto civil y económico entre los partidos Federalista y Centralista, iniciado en 1811-1813. Al terminar la Guerra Magna, en lo concerniente a Nueva granada (aún quedaban por liberar Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú, que ocuparían la atención del Libertador en los cinco años siguientes), la discordia se reanudó en el mismo Congreso Constituyente de la República de Colombia, realizado en Cúcuta en 1821, instalado por Antonio Nariño, como vicepresidente de la República encargado del Poder Ejecutivo. En esta ocasión, las posiciones cambiaron paradójicamente. Los antiguos federalistas, seguidores de Camilo Torres (fusilado por Morillo en 1816) tenían por nuevo caudillo al general Francisco de Paula Santander, que respaldó una constitución centralista, más apropiada para sus intereses, entretanto que el antiguo centralista, Antonio Nariño, propuso una constitución de carácter federalista, por estimarla más útil para gobernar una nación del tamaño de la que posiblemente conformarían la Nueva Granada, ya libre, y Venezuela, Ecuador, Perú y el Alto Perú cuando concluyera la campaña del Sur emprendida por el Libertador Simón Bolívar. También los intereses económicos que dieron nacimiento a los partidos federalista y centralista, habían cambiado sus posiciones en 1821. Los artesanos y los campesinos trabajadores que antes necesitaban del libre comercio para negociar con sus productos, se vieron enfrentados a la realidad de la producción creada por la Revolución Industrial de mediados del siglo XVIII. Esa realidad era que no habiéndose incorporado la producción del país, puramente artesanal, a los adelantes fabriles que impuso la Revolución Industrial, el libre comercio se había tornado en un factor que favorecía a las naciones industrialmente desarrolladas y desfavorecía a las que se mantuvieron en la forma artesanal de producción. En otras palabras, los artesanos criollos no estaban en capacidad de competir, ni en cantidad ni en calidad, con los productos de las potencias industriales. Si el gobierno de Colombia no aplicaba una política arancelaria proteccionista, llevaría a la ruina sin remedio del sector artesanal.

Esa dicotomía entre libre comercio y proteccionismo se prolongó a lo largo del siglo XIX, generó los partidos liberal (librecambista) y conservador (librecambista disfrazado de proteccionista) y dio origen a nueve guerras civiles. Los artesanos, que eran la fuerza electoral más poderosa, engañados reiteradamente por gobiernos liberales radicales, como los de López y Obando, o conservadores como el de Ospina Rodríguez, se sintieron interpretados por la exposición económica de Rafael Núñez, con la proyección de un programa proteccionista que no se limitara a los aranceles, sino que diera las facilidades necesarias a los artesanos para comercializar sus productos, y a los campesinos para adquirir la propiedad de la tierra, tal como lo habían propuesto al principio de la revolución, y en los comienzos de la república, los libertadores Simón Bolívar y Antonio Nariño.

Núñez instauró una política proteccionista científicamente estructurada y puesta en práctica, que modernizó al país en su desarrollo industrial, pero fracasó en la parte agraria por la incapacidad de doblegar a los terratenientes. La política proteccionista implantada por Núñez se mantuvo, con las necesarias variantes circunstanciales, hasta la década de los años 70 del siglo XX, cuando se empezaron a introducirse reformas neoliberales que se mantienen hasta hoy y que han conseguido liquidar la producción nacional en aras de una globalización desastrosa.

Periodismo y poder: ¿traición o independencia política?

La detención en Kiev del periodista del portal RIA Novosti Ukraina Kiril Vishinski puede ser una buena oportunidad para reflexionar sobre las relaciones entre periodismo y poder, ya que enseña el abuso de los Estados frente a la labor de información y opinión de los medios.


Sólo en 2017 fueron reportados 85 casos de agresión física en relación a los periodistas en Ucrania. Varios fueron asesinados en 2014 y 2015, a la vez que el país restringió el trabajo de los medios denegando el acceso al país a los reporteros de Rusia. En marzo de 2016 fueron suspendidas las acreditaciones de 115 medios rusos.


Vishinski fue acusado de "alta traición y presunto apoyo a las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk" y se le dictó arresto de 60 días sin fianza. Ese tipo de acusaciones remiten a la Guerra Fría y a situaciones bélicas, que suelen ser las ocasiones en las que el periodismo siente la presión del poder.
Los ataques a la libertad de expresión tienen una larga historia en el mundo. Quizá el caso más célebre fue el del escritor y periodista francés Émile Zola, quien en 1897 se implicó en el célebre 'caso Dreyfus', un militar francés, de origen judío, culpado falsamente por espía. El 13 de enero de 1898 publicó un largo artículo en el diario L'Aurore titulado 'Yo acuso', en el que demostraba las falsedades de los acusadores.


La edición del diario tuvo amplia circulación, con más de 300.000 ejemplares y fue una pieza central en la revisión del proceso. Sin embargo, el Gobierno francés condenó a Zola a un año de cárcel y a una multa de 7.500 francos, lo que lo forzó al exilio en Londres donde vivió de forma secreta para regresar recién cuando se había finalizado el proceso judicial. Vivió penosamente, ya que la justicia le embargó sus bienes y los grandes medios lo acosaron de forma permanente.
Aunque se trata de un caso muy particular por la notable influencia del escritor/periodista, no es el caso más sobresaliente. Las dictaduras en el Cono Sur de Sudamérica persiguieron y asesinaron al periodista argentino Rodolfo Walsh, cerraron el mítico semanario uruguayo Marcha y encarcelaron a su director Carlos Quijano y a colaboradores de la talla de Juan Carlos Onetti, quienes debieron exiliarse al salir de la cárcel.


El periodista estadounidense Gary Webb puso en evidencia las conexiones de la CIA con el mundo de la droga, mostrando cómo los barrios negros fueron inundados de drogas para abastecer de dinero y armas a la CIA. En sus investigaciones denunció también a Luis Posada Carriles y a otros cubano—americanos involucrados en este negocio.


El 10 de diciembre del 2004, Webb fue encontrado muerto en su vivienda con dos disparos de revólver en la cabeza. A pesar de esto, la policía dijo que se trataba de un suicidio. Varias investigaciones han demostrado que en realidad se trató de un asesinato.


En Saigón, actual Ho Chi Minh (Vietnam), hay un museo dedicado a los horrores de la guerra de Vietnam, que cuenta con un exposición titulada 'Réquiem: por los fotógrafos que murieron en Vietnam e Indochina', donde se detalla que durante el conflicto armado murieron 135 reporteros gráficos: 72 periodistas vietnamitas del lado revolucionario, otros 11 del régimen de Saigón, 16 estadounidenses, 12 franceses y 4 japoneses, entre otros.


En las relaciones entre periodismo y poder, observamos un conjunto de violaciones sistemáticas que tienen algunos puntos en común, desde el caso Zolá hasta el de Vishinski.


Recordemos a Julian Assange, cuyas denuncias en Wikileaks provocaron una aguda persecución en su contra que lo llevaron a exiliarse en la Embajada de Ecuador en Londres desde hace seis años.


La primera es la opacidad y los caprichos del poder. Habitualmente la acusación de 'traición de la patria' tiene escaso o nulo fundamento, además de vulnerar el derecho a la información de los ciudadanos y de forzar a los medios a cerrar filas con los Gobiernos de turno. De hecho, es un tipo de acusación demasiado general que suele encubrir otras intenciones.


La segunda cuestión es preguntarse por qué, en un período en el que no hay guerras mundiales, abundan este tipo de agresiones a periodistas críticos que se dedican a develar los secretos y atrocidades del poder, como es el caso de Assange y algunos otros. Aquí aparecen dos cuestiones.


Una de ellas gira en torno a la transición hegemónica que estamos viviendo, con una seria e inevitable decadencia del poder estadounidense, que provoca una reacción defensiva para alargar su dominación. Un férreo control de los medios, sobre todo en las zonas más calientes del planeta, parece ser un requisito indispensable en este período que tiende al caos. Por lo mismo, el periodismo crítico o no alineado con las grandes agencias mundiales es percibido como una 'amenaza'.


Por otro lado, aunque no existe una guerra mundial, hay numerosos conflictos entre Estados y pueblos que son de hecho verdaderas guerras de alta intensidad. Oriente Medio es el punto más caliente del planeta, fuera de dudas. Pero existen otros como Afganistán, Crimea y Ucrania, la frontera de México con Estados Unidos y el mar del Sur de China, entre los más evidentes, que nos impiden hablar de una situación de normalidad.


En el caso de Vishinski, la actitud antirrusa del régimen de Kiev es la única razón de su encarcelamiento. De ese modo, como en los demás reseñados, la lógica de la guerra es motivo de ataque a los periodistas. En períodos de alta tensión geopolítica la verdad y la calidad de la información son las primeras víctimas, como puede atestiguarlo cualquier lector más o menos imparcial de un medio que supo ser tan prestigioso como The New York Times, reducido según Robert Parry (quien denunció el caso Irán-Contra y ganó el premio Pulitzer) a una simple página de propaganda antirrusa.

03:38 22.05.2018 (actualizada a las 03:39 22.05.2018) URL corto

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