Condiciones de trabajo decente son aún esquivas para millones de trabajadores(as) en Colombia

Es claro que la economía colombiana creció (4,3% en 2013), y que las variables de empleo mostraron una leve mejoría, pero también lo es que buena parte de este crecimiento se dio en sectores que no necesariamente son generadores de empleo. Además, no hubo cambios significativos en las condiciones de concentración del ingreso y bajaron los niveles de pobreza, pero más por efectos metodológicos en su medición que por una política efectiva de redistribución de la riqueza.

El comportamiento de la economía no se correspondió con la dinámica del mercado laboral y la coyuntura social; la economía colombiana tuvo la capacidad de crecer sin tener cambios sustanciales en las condiciones laborales.

En este sentido, una política pública de trabajo decente sería una herramienta fundamental para la reducción sostenible de la pobreza y un medio para conseguir un desarrollo equitativo, inclusivo y sostenible; y sería una gran contribución a la consolidación de una paz duradera. El trabajo decente entendido como expresión de los 4 objetivos estratégicos de la OIT: 1) Acceso a un pleno empleo productivo. 2) Principios y derechos fundamentales en el trabajo. 3) Protección social. 4) Promoción del diálogo social y tripartismo; objetivos que corresponden a una aspiración universal de dignidad, justicia, seguridad material y realización personal.

A continuación una lectura de las condiciones de trabajo decente para los y las trabajadoras del país, con base en cada una de las dimensiones que lo componen:

 

I. Oportunidades y riesgos del mercado laboral

 

En 2013 la tasa de desempleo disminuyó. Se ubicó en 9,6% (2´243.000 desocupados), o sea 0,8 puntos porcentuales menos con respecto a 2012. Sin embargo, el desempleo se estancó en su decrecimiento. Su disminución ha estado jalonada por el incremento en la tasa de inactividad (35,8% en 2013) y la caída en la tasa global de participación (64,2% en 2013), más que por un dinamismo en la creación de nuevos empleos, ya que para el 2013 el empleo solo creció 1,7%, mientras que en 2012 había crecido 3,4%.

Por otro lado, la tasa de ocupación fue de 58,0%, teniendo un cambio marginal de 0,2 puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuando era de 57,8%. En total fueron 21´048.000 ocupados, 352.000 más que en 2012; empleos que representan menos de la mitad de los generados en 2012, cuando fueron 676.000.

La población asalariada creció 3,6% con respecto a 2012, pero es alarmante que la mayoría de la población no es asalariada. De cada 100 ocupados, 47 son asalariados (9´979.000 ocupados) y 53 no lo son (11´069.000). El aumento de los no asalariados se fundamenta en el crecimiento de los trabajadores cuenta propia, 1,3% con respecto a 2012, ubicándose en 9´002.000, y los trabajadores familiares sin remuneración en otras empresas, que aumentaron 7,9%, para un total de 136.000 ocupados en esta categoría.

El empleo crece en ramas de actividades que se caracterizan por la vulneración de los derechos laborales. Es el caso de comercio, hoteles y restaurantes, que creció 4,37%. Además, aumentó el empleo en la intermediación financiera (11,5%) y actividades inmobiliarias (7,4%). Decreció el empleo en sectores representativos, que han perdido participación en el PIB. Caso de la agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura, que disminuyó 2,02%, expulsando 73 mil empleos; y la industria manufacturera, que disminuyó en 4,7%, eliminando 123 mil empleos.

Los subempleados a pesar de disminuir con respecto a 2012, representaron el 42,6% de la población ocupada (31,2% tasa de subempleo subjetivo y 11,4% tasa de subempleo objetivo). Lo que indica que 4 de cada 10 ocupados no están satisfechos con su empleo, lo consideran inadecuado por competencias, por horas y/o por ingresos.

En cuanto a la tasa de informalidad, según el DANE, en las 13 áreas metropolitanas ésta fue de 49,4%, representando a 5´025.000 informales. Sin embargo, existen otras cifras. Según el Ministerio de Trabajo en 2013 la informalidad fue del 68%, y una cifra diferente presenta la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal): 59,9%; mientras que para la OIT la informalidad fue de cerca del 80% . Es una situación alarmante si se tiene en cuenta que son trabajadores cuenta propia en labores de baja producción económica, que no reciben beneficios en salud y pensiones. Lo anterior también refleja las múltiples formas en que se concibe la informalidad, y explica en parte la dificultad de promover políticas eficientes y con destacado impacto.

La población informal es muy poco educada. El 80,1% había hecho educación primaria, secundaria el 51,6%, y sólo el 17,2% tenía educación superior.

Las mujeres, los jóvenes y otros grupos de trabajadores vulnerables se ven obligados a aceptar empleos en condiciones de informalidad. En Colombia la tasa de trabajo informal para mujeres fue 52,5%, frente a 46,7% para hombres.

 

 

Por otro lado se encuentra la generación NiNi, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Se estima que el 20% de los jóvenes latinoamericanos entre los 15 y 30 años, no hace parte ni del sistema educativo ni del sistema laboral. En Colombia se estima que los NiNi constituyen el 19,3%. Para el Departamento de la Prosperidad Social (DPS) el 27% de los jóvenes de estratos 1 y 2 no estudia, ni trabaja, ni busca empleo. Factores como la desigualdad social, las dificultades económicas, el desequilibrio familiar, entre otros, hacen que se acentúe el fenómeno y se traduzca en mayores riesgos para la deserción escolar y la inestabilidad laboral.

En 2013 la tasa de desempleo de los jóvenes fue de 16.4%, 1,3 puntos porcentuales por debajo a la reportada en 2012. Sin embargo, es alarmante que los jóvenes desocupados representaron el 51% del total de desocupados: 1'139.000 jóvenes.

 

II. Remuneración al trabajo

 

Los ingresos de los ocupados en el país son muy bajos, al punto de que el ingreso promedio nacional en 2013 fue de $816.646, aumentando en 6,1% con respecto a 2012, año en el que fue de $770.057. Si bien las estadísticas muestran un incremento en el ingreso promedio del país, también indican que un destacado 45,3% de los ocupados recibió hasta un salario mínimo, y de éstos 6,9% no recibieron ingresos. Es decir, de cada 100 ocupados, 45 recibieron el 72% del ingreso promedio del país, esto es $589.500.

Por otro lado, el ingreso promedio representa el 97% de la línea de pobreza por hogar , lo que obliga a que más de un miembro del hogar se vea obligado a ingresar al mundo laboral, el cual no le garantiza una mejor calidad de vida.

Algunas de las ramas de actividad que mayores ingresos laborales reportaron son a la vez las que menos incidencia tienen en el empleo. Es el caso de explotación de minas y canteras, con un ingreso promedio de $1´315.537, y suministro de electricidad, gas y agua, con $1´308.387; mientras que ramas que tienen una participación destacada en el empleo, como agricultura e industria manufacturera, reportaron ingresos promedios de $448.693 y $832.531 respectivamente.

Por posición ocupacional se encontró que el ingreso laboral promedio para los cuentapropistas, es decir, para el 42,8% de la población ocupada, fue de $755.139, mientras que el ingreso promedio de los empleados particulares fue de $1'099.108.

 

III. Trabajo infantil: de lo inadmisible a lo conciliable

 

Según el DANE, en el trimestre octubre-diciembre de 2013 la tasa de trabajo infantil fue del 9,7%, y de 14,8% ampliado, es decir, niños y niñas que trabajan en su hogar por más de 15 horas a la semana. Si bien se presenta una disminución con respecto al año anterior (cuando eran de 10,2% y 15,8% respectivamente) es muy alta y representa a 1´091.000 niños y niñas que trabajan.

Por sexo, la tasa de trabajo infantil fue de 12,5% para hombres y 6,6% para mujeres. Sin embargo, la tasa de trabajo infantil ampliada fue mayor para las mujeres, al ubicarse en 15,1% frente a 14,6% de los hombres. Las ramas de la economía en que mayor trabajo infantil se presentó fue en comercio, hoteles y restaurantes (34,6%); agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (34,3%) e industria manufacturera (11,4%).

El 49,6% de los niños y niñas son trabajadores sin remuneración, 26% son asalariados y 24,3% son independientes.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT), en 2013 las mujeres en un 89,4% participaron en el trabajo no comprendido en el Sistema de Cuentas Nacionales (trabajo no remunerado); mientras que la participación de los hombres fue de 63,1%.

Además en la ENUT se observa que el tiempo promedio poblacional dedicado por las mujeres a las actividades personales, no difiere de manera relevante del de los hombres. Sin embargo, hay una enorme diferencia en la composición del tiempo promedio poblacional dedicado al trabajo remunerado y a las actividades no remuneradas de cuidado, pues mientras las mujeres dedican 2:31 al trabajo comprendido en el SCN y 6:35 al trabajo no comprendido en el SCN en un día promedio, los hombres dedican 5:11 y 2:00 respectivamente. Así las cosas, las mujeres dedican a actividades no remuneradas de cuidado 3 veces el tiempo que dedican los hombres. Y de manera inversa: dedican la mitad del tiempo que los hombres al trabajo remunerado.

Al desagregar el trabajo por las diferentes actividades, se encuentra que las mujeres dedican más tiempo promedio poblacional que los hombres en todas las actividades del cuidado, destacándose el suministro de alimentos a miembros del hogar de manera no remunerada (1:33), frente a los hombres (0:12); y estar pendiente de miembros del hogar (2:34) frente a (0:53) de los hombres.

Lo anterior tiene varias implicaciones: provoca que las mujeres tengan una doble o triple jornada de trabajo, y que las mujeres que se dedican exclusivamente a las actividades del cuidado no gozan de ningún tipo de protección social y otras garantías laborales.

 

IV. Seguridad en relación con el empleo

 

La dinámica laboral colombiana atraviesa por uno de los problemas estructurales y progresivos más fuertes: la tercerización laboral o subcontratación. Si bien ha habido una disminución en el número de Cooperativas de Trabajo Asociado y sus "asociados", no significa que la intermediación laboral ilegal haya disminuido. Al contrario: ha hecho metástasis en nuevas y "creativas" formas de tercerización laboral, tales como Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), los contratos sindicales, o se han mimetizado en otras figuras existentes y legales, como las Empresas de Servicios Temporales.

Todas estas figuras, aunque con naturalezas jurídicas diversas, han servido para mantener, e incluso incrementar, la intermediación laboral ilegal. Pero lo más preocupante es el incremento de la figura del contrato sindical, que en 2013 alcanzaron a ser 964, un aumento del 37% con respecto al año anterior. 939 de ellos, o sea el 97,4%, pertenecen a la categoría económica "servicios sociales y de salud" .

En cuanto a las SAS, los múltiples beneficios y flexibilidades que en materia económica, fiscal, tributaria y laboral pueden obtenerse de la constitución de una de éstas sociedades, es lo que explica que en el solo periodo de 2008 a 2012 se hayan creado más de 160.000 empresas de este tipo, y resulta imposible determinar cuántas de ellas operan como tercerizadoras encubiertas.

 

V. Seguridad del ambiente de trabajo

 

En 2013 sólo el 39,3 del total de población ocupada del país estaba afiliada a riesgos laborales, esto es 8´269.950, lo que deja a más del 60% de la población ocupada excluida y desprotegida por el sistema. Preocupa además la situación de los independientes, ya que sólo el 2,81% de ellos se encontraba cubierto.

En 2013 se presentaron 542.406 accidentes de trabajo, 10.189 enfermedades laborales (incremento de 7% con respecto a 2012) y 752 muertes en el trabajo (incremento de 41,4% con respecto al año anterior, cuando fueron 532).

 

VI. Seguridad Social

 

En el último año se evidenció un trabajo informal, precario y sin cambios significativos en materia de protección social. Solo el 47% de los ocupados hacían parte del régimen contributivo de salud. En 2013 estaban afiliados como cotizantes a pensiones (en fondos voluntarios y privados) 5´491.424 ocupados, es decir, de cada 100 ocupados tan solo 26 estaba afiliado a pensiones en estos fondos.

El 70,7% del total de ocupados estaba excluido del régimen de cesantías (sin incluir a los afiliados al Fondo Nacional del Ahorro), lo que reitera la precarización que sufre la mano de obra en el país. En total se encontraban 6´160.784 ocupados en este régimen, presentando un incremento de 4,3% con respecto a 2012.

Por otra parte, el 67,9% de los ocupados no estaba afiliado al sistema de cajas de compensación familiar. Este sistema solo afilia a 6´759.470 ocupados, que si bien se incrementaron frente al 2012, solo representaban el 32,1% de los ocupados.

VII. Trato y libertades individuales en el trabajo

 

En 2013 las mujeres tuvieron tasa de desempleo de 12,7%, esto es 5,3 puntos porcentuales por encima de la reportada por los hombres la cual fue de 7,4%. La brecha de género en materia de desempleo es el doble que la de América Latina. A finales de 2013 Colombia presentó la segunda tasa más alta de desempleo en la región, donde sobresale una brecha de género de 5,3 puntos porcentuales, mientras que este indicador para la región es, en promedio, de 2 puntos porcentuales para el mismo período. En comparación con el 2012, esta brecha presenta una leve reducción por 0,7 puntos porcentuales .

A finales de 2013, en materia de remuneración, las mujeres ganaban 18,5% menos que los hombres; en el 2012 alcanzó su expresión más aguda: el 20,9%. De hecho, la mayor concentración salarial para las mujeres (27,3%) se halla en de 0 a 0.5 smlmv, y para los hombres (29,7%) en más de 1 hasta 1.5 smlmv.

 

VIII. Libertades sindicales y diálogo social

 

En el año 2013 no cesaron las violaciones a la vida, la libertad y la integridad cometidas contra trabajadoras y trabajadores sindicalizados. Se destacan el aumento de homicidios (se incrementaron en 50% con respecto a 2012) y de los atentados (que aumentaron en 157,1% de un año a otro). En total se presentaron 436 casos de violencia.

 

 

Así mismo, se registraron al menos 51 violaciones a la vida, la libertad e integridad de las mujeres sindicalistas, entre ellas 3 asesinatos, un atentado con o sin lesiones, y 38 amenazas de muerte.

En materia de impunidad puede decirse que son todavía muy leves los avances en las investigaciones de crímenes contra sindicalistas. Se encuentran en investigación 1.545 casos, correspondientes a hechos ocurridos entre el 30 de agosto de 1988 y 23 de febrero de 2013. Es de señalar que sólo en 808 de estos casos se ha probado la calidad de sindicalistas, y se evidencia la aparición de casos en los que se vincula como procesados a sindicalistas (por lo menos en cuatro casos).

En cuanto a la dinámica de la negociación colectiva, se encontró que en 2013 se presentaron 1.827 casos, de los cuales el 52,8% (964) correspondieron a contratos sindicales, 25,1% (459) a convenciones colectivas, 11,2% (204) a pactos colectivos, y 10,9% (200) a acuerdos en el sector público. Es importante resaltar dos cosas: primero, los pactos colectivos son una de las estrategias utilizadas por las empresas para debilitar a los sindicatos, o para impedir que éstos se formen en las empresas; y segundo, los contratos sindicales en muchas ocasiones son utilizados para precarizar la mano de obra.

Por último, se encontró que durante el año 2013 la dinámica de la movilización sindical y laboral evidenció un logro que merece destacarse: la unificación de distintos sectores para protestar contra las políticas estatales en materia económica, política y social. En este año hubo 364 protestas laborales y sindicales, 74 más que en 2012, lo cual indica un incremento del 25,5%.

Según el tipo de acciones colectivas, predominaron las jornadas o manifestaciones con un 71,7% del total. En segundo lugar se ubicaron los ceses de actividades, con un 24,5%. Ambas formas de protesta aumentaron de manera significativa con respecto al año anterior.

En lo que respecta a la clasificación desglosada de todas las variables, se reiteran la marcha y el mitin o plantón como las dos más destacadas, agrupando el 44,2% del total. Este entramado indica que los trabajadores valoran este tipo de acción porque lograron ver el impacto que genera en el gobierno y la sociedad. Además, demostraron que las marchas son mecanismos de resistencia que propenden por la participación colectiva, la presión para reclamar soluciones rápidas, la unidad y la solidaridad.

En materia de Trabajo Decente los retos son pues inmensos, máxime en un proceso de paz histórico, donde diversos sectores económicos y académicos del país quieren aportar a la construcción de mejores condiciones para las y los colombianos.

Publicado 6 octubre de 2014.

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Dos meses cumple toma de planta de Prodenvases en Barranquilla por parte de los trabajadores

Desde el pasado 10 de julio, 24 trabajadores de la planta de Prodenvases Crown en Barranquilla adelantan la toma pacífica de la misma, como una manera de resistir a la decisión que tomó la empresa de cerrarla pasando por encima de sus derechos laborales.

Estos trabajadores, afiliados a los sindicatos Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal (ambos de industria), justifican su acción en el hecho de que el cierre de la planta no solo les viola derechos laborales y el fuero sindical, sino que se hizo sin el permiso expreso del Ministerio de Trabajo.

Prodenvases Crown es filial de la multinacional estadounidense Crown Corp and Seal Company, líder mundial en la fabricación de envases metálicos para productos industriales y alimentos, como atún, sardinas y otros. Y en Colombia está asociada al Grupo Mundial, cuya matriz está en Antioquia.

La toma de esta planta se suma a otra que en la misma ciudad de Barranquilla, y casi por los mismos motivos, protagonizan trabajadores de Aluminio Reynolds, quienes ya casi completan dos años de toma de la planta de producción de esta empresa.

Por su parte, el sindicato global IndustriAll manifestó su apoyo a la lucha de estos 24 trabajadores. Carlos Bustos, su coordinador en Colombia, dijo al respecto: "Nosotros hicimos un pronunciamiento muy fuerte a la empresa. Ahora estamos haciendo un llamado a todo el movimiento sindical nacional e internacional para que se pronuncien a favor de estos compañeros, rechazando la actitud de la empresa y que se desplacen a Barranquilla para que se solidaricen con ellos".

La cronología del conflicto

El conflicto laboral en Prodenvases Crown, asociado a la intención de ésta de cerrar la planta de Barranquilla, no es nuevo, se remonta a 3 años atrás y, según las organizaciones sindicales, ha sido traumático.

El 8 de septiembre de 2011 Prodenvases Crown solicitó al Ministerio de Trabajo autorización para cerrar la planta y dar por terminados los contratos de sus trabajadores, aduciendo como causa su inviabilidad técnica y económica. Un año después, el 29 de octubre de 2012, el Ministerio autorizó el despido de los trabajadores y el cierre de la planta, decisión que las dos organizaciones sindicales, Sintraprodenvasescrown y Sinaltrametal, califican de irregular porque no tuvieron la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Ante la violación clara de sus derechos, Sinaltrametal interpuso acción de tutela contra el Ministerio de Trabajo, presentada ante la sala laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, el cual falló en contra Aspecto interno de la planta tomada por los trabajadores.
del sindicato; fallo que
fue impugnado y el caso pasó a segunda instancia en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que mediante la sentencia T–706 de 2012, tutelando los derechos al debido proceso y el derecho de defensa del sindicato, ordenó al Ministerio de Trabajo retrotraer el procedimiento para darles a los sindicatos la oportunidad de intervenir en el proceso administrativo.

Así que dos días después de este fallo la Dirección Territorial de Atlántico del Ministerio de Trabajo revocó la resolución del permiso de cierre de la planta y el despido de los trabajadores.

Pero el 21 de marzo de 2013, la misma Dirección Territorial de Barranquilla nuevamente autorizó el cierre de la planta y el despido colectivo. Tal decisión volvió a ser impugnada por las organizaciones sindicales ante la Dirección Nacional Territorial del Ministerio, que todavía no ha tomado decisiones al respecto, y por tanto no está en firme la decisión de la Territorial de Barranquilla.

No obstante lo anterior, a primera hora del 8 de julio de 2014 se presentaron en la planta de Barranquilla varios directivos de Prodenvases Crown, para comunicarles a los trabajadores que ese día dejaba de funcionar la planta, ya que las máquinas serían enviadas a la planta de Medellín. Y llamaron uno por uno de los trabajadores para ofrecerles $5 millones de bonificación si aceptaban un acuerdo de retiro voluntario, argucia con la que lograron convencer a 20 trabajadores.

Cuando las directivas sindicales indagaron por el recurso de apelación que cursaba en el Ministerio de Trabajo, y que mientras no fuera desatado la empresa no podía proceder al cierre, los directivos de Prodenvases Crown explicaron que lo hacían porque el proceso en los estrados judiciales y en el Ministerio "se había tornado muy extenso". Es decir, tomaron la decisión por su cuenta, sin que les importara las normas legales colombianas.

A los trabajadores sindicalizados la empresa les dio a escoger entre dos opciones: su traslado a la planta de Medellín, donde se les respetaría su trabajo; o una bonificación irrisoria para dejar la empresa. Los sindicalizados se niegan a aceptar cualquiera de las dos, ya que ambas violan sus derechos.

En respuesta a la arbitrariedad de la empresa, el 10 de julio los trabajadores se presentaron en la planta acompañados por otros trabajadores de la ciudad, y de manera pacífica 24 de ellos se tomaron la planta. Desde entonces allí permanecen a la espera de solución a sus problemas laborales.

Como una forma de presión, el 21 de julio la empresa decidió no cancelarles más su salario. De ahí que estos trabajadores hayan hecho un llamado al movimiento sindical nacional e internacional en busca de ayuda y solidaridad para su causa.

Publicado 11 de septiembre de 2014.

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Sábado, 22 Marzo 2014 11:54

El mito del trato justo

Se afirma que el mercado es el camino idóneo para ejercer la actividad económica porque allí cada uno remunera de acuerdo a su esfuerzo y a su productividad. De acuerdo con esto, cuando dos personas realizan una transacción transparente (sin trampas), mediada por un pago en dinero, están realizando un intercambio de valores equivalentes.

 

Esta visión ha sido criticada por las ciencias sociales cuando se trata del contrato laboral. Por un lado, el trabajador no puede negarse a la transacción porque de ello depende la reproducción de su vida y la de su familia. Por el otro, no es un intercambio entre equivalentes porque lo que recibe el trabajador como salario es una fracción del valor que genera con su trabajo. Hay quienes afirman que esto no es cierto, que al fin y al cabo se trata de un contrato en el mercado laboral, el cual debe funcionar de forma libre, sin las rigideces del código laboral. Este es un tema que ha sido tratado por la literatura respectiva.

 

Aquí lo que se quiere abordar es el caso del trabajador que vende directamente en el mercado el producto de su trabajo, como es la situación del vendedor ambulante, el mecánico automotriz, la costurera, el técnico en computadores. Se lo llama el trabajo por cuenta propia, y se afirma que su situación, como la de cualquier empresario, mejoraría si se capacita, asume riesgos y se vuelve un emprendedor. En otras palabras, si hace las acciones adecuadas para una buena inserción en el mercado.

 

Sin embargo aquí tampoco hay una relación de intercambio entre iguales, como no la hay en el contrato laboral. Se presenta una asimetría que esconde una distribución injusta y regresiva contra ese trabajador de la economía popular. Esto se ilustrará con un ejemplo.

 

Cuando un alto ejecutivo bancario en una noche de farra consume licores de alta gama en un bar de una zona exclusiva, la cuenta que paga al final es alta. ¿Que incluye ese valor?: El precio de los licores refleja el pago de un arriendo costoso (se trata de una zona exclusiva), los impuestos (en esas zonas no se puede consumir licor de contrabando), los salarios del personal de servicio que debe incluir la seguridad social, y por supuesto la ganancia extraordinaria que recibe el dueño por estar en un sitio de moda. Lo que paga el ejecutivo corresponde a una porción pequeña de su alto ingreso, el cual se genera con una jornada laboral normal (ocho horas diarias de lunes a viernes).

 

Sin embargo cuando después de beber el licor consume alimentos en la calle para calmar el hambre, esos alimentos son producidos por un vendedor ambulante, que debe arrastrar por un trayecto largo su carro con todos los insumos. Su jornada empieza en la mañana, cuando se abastece de los insumos, luego realiza las preparaciones previas, posteriormente se está toda la noche a intemperie esperando el cliente, y finalmente debe regresar a guardar su carro. Si la jornada empieza a las diez de la mañana y termina a las cuatro de la mañana del día siguiente, se trataría de una jornada de 16 horas.

 

¿Que muestra el ejemplo? Que el trabajo del ejecutivo y el del vendedor ambulante se valoran de forma diferente porque su posición en la jerarquía social es distinta. El intercambio mercantil entre ambos no es equivalente. Esa pizza que para el vendedor puede significar un trabajo de horas, para el ejecutivo comprador no equivale ni un segundo del suyo. Y si se habla de productividad el vendedor ambulante al menos fabrica pizzas, mientras que el ejecutivo maneja relaciones públicas para que los clientes del establecimiento financiero y a los dueños del mismo puedan extraer rentas financieras que son la expresión del trabajo social que se genera en otra parte. Más allá de intercambios de equivalentes lo que está detrás es una jerarquía social, y conforme a ella una valoración diferente del trabajo, y una distribución desigual del excedente económico.

 

De tal forma que no pueden reducirse los intercambios mercantiles a una mera relación cuantitativa. No sólo se trata que el trabajo de cada uno tiene una valoración distinta, sino que en el caso de la economía popular hay dos características adicionales que deben ser tenidas en cuenta. La primera, que en la economía popular se carece de derechos sociales pero al mismo tiempo no se paga impuestos directos por la actividad económica. Se trata de una población que está excluida del contrato social sobre el cual se construye la ciudadanía. Su actividad económica se mueve en el terreno de la ilegalidad (que no es lo mismo que la criminalidad). Ilegalidad porque no se pagan impuestos, no se tiene registro mercantil, ni contabilidad auditada, ni derechos de propiedad definidos y debidamente registrados.

 

La segunda característica de la economía popular consiste en que en general su actividad económica se hace en el seno del hogar. La consuencia no sólo consiste en la introducción de relaciones mercantiles en el seno de la familia, sino que se va borrando la separación entre el mundo privado que se da en el seno de la familia, y la esfera pública donde se realiza el trabajo mercantil.

 

Se genera una tensión en el seno de la familia entre su función de reproducción de la vida a través del afecto y el cuidado, y la reproducción de la vida a través de la inserción en el mercado, y el impacto que esto tiene sobre la familia está por estudiarse. En este campo hay una imbricación entre la economía doméstica (realizada desde los hogares, la famiempresa) y la economía popular.

 

Estas características hacen que la relación con el Estado tienda a moverse en terrenos de la justicia penal y los códigos de policía, el clientelismo político, y una relación inestable que oscila entre la negociación y la confrontación. Esa relación es distinta a la del trabajador estatutario cuya relación se mueve en los códigos de la legislación social (entre ellas un código laboral), los derechos sociales, y la negociación colectiva; o la del ciudadano que paga impuestos, es sujeto de derechos sociales, y participa en la discusión y definición de las políticas públicas, como es el caso del ejecutivo señalado atrás.

 

De manera que el mercado no es una relación entre iguales. Esto no es nuevo, pero siempre se olvida. Se vende la ilusión a los trabajadores de la economía popular que si se lanzan con todo su ánimo al mercado salvador serán emprendedores exitosos. Vana ilusión. Siempre serán maltratados por las asimetrías ocultas en la supuesta igualdad mercantil.

Publicado enEdición Nº200
No solo los pilotos están inconformes con las políticas laborales de Avianca

—Habla la presidenta de la Asociación de Auxiliares de Vuelo—

Hoy los reflectores y micrófonos de los grandes medios están puestos en la protesta de los pilotos de Avianca, llamada por éstos "Operación cero trabajo suplementario", con la cual buscan presionar mejoras salariales.

 

Pero los pilotos no son los únicos que tienen motivos para protestar en Avianca, ni el suyo es el único conflicto laboral que se vive al interior de ésta, la aerolínea insigne de Colombia, hoy de capital brasilero.

 

El resto del personal, tanto de la operación aérea como de tierra, también acumula una buena cantidad de motivos para protestar, pues son trabajadores que año tras año han visto el deterioro de sus condiciones laborales, cómo el salario apenas les sube el índice de precios al consumidor, si mucho; cómo se les imponen pactos y se les niega el derecho a la negociación colectiva, y cómo acosan a quienes se atreven a afiliase a un sindicato.

"Los pilotos se han hecho sentir porque se unieron y son mayoría", dice Cristina Cadavid, presidenta de la Asociación Colombiana de Auxiliares de Vuelo, ACAV, para indicar lo difícil que es la lucha para las demás organizaciones sindicales, antes fuertes y hoy debilitadas por las políticas antisindicales de Avianca.

 

"Por ser minoritarios nos toca recurrir a la denuncia y a la vía legal, una vía que es lenta y poco eficaz, entre otras cosas porque los medios difunden todo lo que diga Avianca. Ayer leyeron un comunicado en el que supuestamente los demás trabajadores apoyamos la empresa en su pulso con los pilotos. Eso es mentira, nosotros todos estamos apoyando a los pilotos en su lucha", precisó la presidenta de ACAV, organización que representa a 280 auxiliares de vuelo y acumula ya un buen récord de querellas y demandas judiciales contra Avianca.

 

En efecto, ACAV y otras organizaciones han logrado de la OIT recomendaciones al Estado colombiano para que cese la agresión antisindical en esta aerolínea; han obtenido sentencias favorables del Consejo de Estado, han ganado tutelas y propiciado multas millonarias por parte del Ministerio de Trabajo, pero nada de eso ha hecho modificar la política laboral de Avianca, que Cristina Cadavid califica de "perversa".

 

Una política que ya cumple 10 años

 

La mala hora de los trabajadores de Avianca ya va para diez años. Empezó cuando la compañía fue adquirida por el empresario brasilero Germán Efromovich, que cambió completamente la política laboral. Se congelaron los aumentos salariales y se limitaron los pagos de festivos y nocturnos, se eliminó el sindicato mayoritario, se suplantó la negociación colectiva por los llamados Planes Voluntarios de Beneficios, y se le apostó a la contratación por cooperativas de trabajo asociado (CTA), entre otras acciones. Todo bajo la premisa de que también a los trabajadores les tocaba poner de su parte para salvar la empresa, que atravesaba serias dificultades financieras.

 

"Pero ahora que quedaron atrás los años de penuria y Avianca ha vuelto a ser una empresa boyante, se niega a compensar el aporte y el esfuerzo hecho por los trabajadores en todos estos años", alega la presidenta de ACAV.

 

Es que ni siquiera ha desmantelado las cooperativas de trabajo asociado, pese a la sanción millonaria que el Ministerio de Trabajo le aplicó el año anterior por ese concepto, junto a sus 4 CTA, cada una con multa de 2.000 salarios mínimos ($1.133 millones).

 

El Ministerio estableció que eran cooperativas de fachada, sin autonomía ni autogestión, creadas para hacer intermediación laboral. Encontró que Avianca lo hacía todo: seleccionaba el personal, lo dotaba de carné y uniforme, lo ponía a laborar en sus equipos, y le designa funciones y jefes. O sea que eran trabajadores misionales. En total tenía 3.473 por cooperativas, más de la mitad del total, pues con contrato directo solo había 3.021. La sola CTA Servicoopava aglutinaba en ese momento 1.524 personas.

 

Pero Avianca encontró la forma, no sólo de neutralizar la sanción, sino de seguir usando las cooperativas como intermediarias laborales, es decir de seguir pasándose por la faja el Artículo 63 de la Ley 1429 de 2010, y el Decreto 2025 de 2011, normas que prohíben a las CTA hacer intermediación en labores misionales. Eso gracias a un acuerdo de formalización que firmó con el Ministerio de Trabajo, por el cual se compromete vincular con contrato directo a los trabajadores de las cooperativas en un plazo de 5 años, tiempo durante el cual la multa se congela, y sólo se hará efectiva si incumple el acuerdo.

 

Peo según Cristina Cadavid, el tal plan de formalización deja mucho que desear, porque hasta ahora sólo ha formalizado personal de la parte administrativa, los de la parte operativa siguen vinculados por tres cooperativas: Servicopava, Clave Integral y Serdan, está última subcontratista de la primera.

 

"Lo cierto es que el Ministerio hace lo que Avianca diga. Si dice que las niñas que trabajan en los counters, o los señores que recogen los equipajes de las bandas y los llevan a los camioncitos, o los que trasladan los aviones hasta la plataforma, no realizan labores misionales, pues lo acepta", concluye la señora Cadavid.

 

Una lista larga de inconsistencias

 

Cristina Cadavid opina que las condiciones laborales del personal tercerizado son pésimas. En promedio ganan entre $900 mil y un millón de salario, pero reciben menos por los descuentos que les hace la cooperativa.

 

Las auxiliares de vuelo que gozan de contrato directo y convención colectiva, desde el 2010 no negocian condiciones laborales. Esto porque la empresa presentó un contrapliego con el que pretendía eliminar beneficios en materia de transporte, alojamiento en hoteles, viáticos y notificaciones.

 

"El trato de los jefes tampoco es bueno para los compañeros tercerizados, son como capataces. Se enferma la gente y no les importa. Conozco el caso de un muchacho al que le amputaron un dedo y la empresa lo tiene reubicado en un sitio donde lo obliga a usar botas, y él en el estado en que está no pude usarlas", se queja Cristina.

 

De ahí que el pasado 6 de mayo los trabajadores tercerizados del Puente Aéreo de El Dorado hicieron un paro de un día para llamar la atención sobre su precaria situación laboral. Ese día un buen número de ellos se afilió a Sintratac, sindicato de industria del sector aeroportuario conformado por pilotos, auxiliares de vuelo, operarios de mantenimiento y controladores de diferentes empresas, hoy con unos 1.200 afiliados.

 

Pero la gran dificultad para el ejercicio de la actividad sindical en Avianca, según la presidenta de ACAV, es que el Plan Voluntario de Beneficios otorga mejores condiciones salariales a los trabajadores que no están sindicalizados. Incluso plegarse a este plan es requisito para ingresar a la empresa, lo cual es ilegal, no solo porque viola el derecho fundamental a la Igualdad, sino porque es un ataque al derecho de asociación y negociación colectiva, una estrategia para promover la deserción de afiliados y debilitar al sindicato.

 

De hecho lo ha logrado. ACAV en el año 2005 tenía 552 auxiliares de vuelo afiliados, en el 2006 éstos se redujeron a 382 (el 58% del total de auxiliares), y hoy solo tiene 280 afiliados, el 18% del total.

 

Todas estas circunstancias fueron las que el año pasado motivaron a ACAV a denunciar a la junta directiva de Avianca, con su presidente Fabio Villegas a la cabeza, por violación del Artículo 200 del Código Penal, que tipifica como delito la violación del derecho de libertad sindical, proceso que está en curso en la Fiscalía General.

 

"Falta saber si la Fiscalía tiene el valor institucional de imputar cargos a tales celebridades y es coherente con los anuncios de protección de los derechos sindicales", dijo la presidenta de ACAV.

 

También por persecución y acoso sindical esta organización entabló querella contra Avianca ante el Ministerio de Trabajo, que en primera instancia le dio la razón al sindicato. Pero Avianca presentó recurso de apelación, y ahí va el proceso.

 

"Uno esperaría que Avianca, una empresa tan grande, tan rica y consentida, emblemática en el país, basara su éxito económico y empresarial en el respeto a los derechos humanos y laborales de sus trabajadores. Pero desgraciadamente no es así", dijo para finalizar la señora Cadavid.

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¿La ETB sería pública y moderna sin contar con sus trabajadores?

El pasado 7 de diciembre el sindicato de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá –ETB– (Sintrateléfonos), presentó su pliego de peticiones a la administración de la empresa. Sorpresa. Desde ese mismo día, la gerencia no ha cesado de entorpecer el normal desarrollo de la negociación laboral, hasta el punto de salir a los medios de comunicación a desvirtuar el pliego presentado, todo indica, sin haberlo conocido.

 

Esta postura de la administración, que en nada contribuye al cabal desarrollo del Plan de Gobierno de la actual administración de la ciudad, parece ser proyección pública de una visión neoliberal, que sustenta la tercerización y no la estabilidad laboral, al tiempo que, en asuntos de administración interna, facilita el detrimento patrimonial de la Empresa, permitiendo su arrinconamiento en el mercado, y con ello, la reducción de sus ganancias, lo que daría pie para sustentar la necesidad de venderla a operadores privados.

 

De esta manera, el dilema entre lo público y lo privado prosigue con la actual administración, la que en otros sectores de la economía capitalina optó por defender y recuperar para todos lo que es de todos. Lo extraño es por qué se pierde tiempo y oportunidad de avanzar y ahondar tal senda, entablando un diálogo amable con los trabajadores/as de la ETB, y enviando así un nuevo mensaje a toda la ciudadanía de que la hora de lo público llegó a la ciudad.

 

Para conocer la opinión de los trabajadores sobre este conflicto laboral, nos encontramos con Janeth Zabaleta, presidenta de Sintrateléfonos, que como nota por destacar, es la segunda mujer que en los 75 años de historia de esta organización sindical, se ha hecho cargo de esta responsabilidad, después de su fundadora Rosa Tulia Gómez.

 

Carlos Valbuena (CV). ¿Cuáles son los puntos de mayor tensión en la presente negociación?

Janeth Zabaleta (JZ). Este pliego tiene dos focos principales: fortalecer la ETB como empresa moderna, que preste el servicio de telecomunicaciones a todos los sectores que habitan la ciudad, y estabilidad laboral. Se deben rescatar áreas en vías de tercerización –o tercerizadas– que desmejoran notablemente el servicio. Esta situación, promovida por la administración de la ETB va en contravía del artículo 17 del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", donde se habla de la promoción del empleo formal en el sector público del Distrito.

 

CV. ¿Qué dificultades se presentan en la negociación e impiden su avance?

JZ. Habíamos acordado entre las partes, el pasado 21 de enero, un acta para iniciar el proceso, pero lamentablemente ese mismo día el presidente de la empresa, Saúl Kattan Cohen, publicó un comunicado en El Tiempo en donde dice que los estados financieros de la empresa se verán seriamente afectados por este pliego. Dijo eso cuando ni siquiera se habían sentado con nosotros para conocer el pliego de peticiones.

 

Es incomprensible esta actitud. Para nosotros nuestro pliego no es sólo económico, es un pliego reivindicativo que debe ayudar a fortalecer la Empresa en la medida que las telecomunicaciones le lleguen a toda la ciudadanía, reduciendo la brecha digital, garantizando con ello su derecho a la comunicación y a la información.

 

CV. Sabiendo que el actual pliego retoma la lucha contra la privatización de ETB, ¿nos puede recordar algunos de los momentos vividos en esa lucha?

JZ. Desde las alcaldías de Mockus y Peñalosa se empezó a buscar la llegada del capital privado a través de la venta de acciones y la entrada de un socio estratégico. La Empresa no ha sido privatizada porque el sindicato y la comunidad nos resistimos. Por ejemplo, en el año dos mil Peñalosa quiso venderla por un monto de dos billones de pesos, cifra que para hoy –con los aportes generados desde ETB para el Plan de Desarrollo– está superada. Y seguimos con la empresa.

 

Por su parte Antanas Mockus sacó en el 2003 una declaración de socio mayoritario, en la que hizo una distribución desigual y totalmente desproporcionada en la representación de los socios minoritarios en la Junta Directiva de ETB (estos representan un 12 por ciento, mientras el Distrito cuenta con el 88 restante), y por arte de magia –y a pesar de su pequeña proporción– les entregó a los socios minoritarios 2 de los 7 puestos principales en la Junta Directiva. Pero no sólo esto, cualquier decisión trascendental que tome la Junta debe contar con seis de los 7 votos. Increíble. Pero además, les otorgó poder de veto.

 

Un ejemplo de este poder de los privados minoritarios en las decisiones que afectan el patrimonio público vía tercerización: en el año 2010 se aplicó un plan de retiro voluntario para 750 trabajadores. Un plan inconveniente para la ciudad y para la Empresa, toda vez que retiraba a experimentados trabajadores de planta sustituyéndolos por tercerizados que difícilmente se apropiarán de la misión de la Empresa. Esta decisión, errada, fue declarada por la Contraloría como detrimento patrimonial por 64 mil millones de pesos.

 

No se puede permitir que esto prosiga. Y ahora tenemos la ocasión para que así sea: el 13 de mayo vence esa declaración de socio mayoritario, y debemos trabajar para lograr su reforma, pues favorece a los accionistas privados que representan grupos financieros y de pensiones, excepto la Universidad Distrital quien de esta manera recibe un aporte para la educación pública desde la administración central.+

 

CV. ¿Cómo entender dos vías contrarias en un mismo gobierno: por una parte la Alcaldía, que en su Plan de Desarrollo tiene una política para el fortalecimiento de lo público y la estabilidad laboral en el Distrito, y por la otra la ETB que no aplica esa política?

JZ. Así es. Desde el inicio de su gestión el alcalde Petro va por la izquierda mientras la administración de la ETB lo hace por la derecha. Prueba de ello es que la gerencia de la Empresa no se ha comprometido con solucionar los problemas derivados de la implementación de la tecnología Siebel del Customer Relationship Management tecnología que debe responder por el 95 por ciento de la atención en los Call Center. Llevamos más de un año denunciando problemas generados por esta tecnología: facturas de estratos altos que pasan como populares, demora en el traslado de datos o de líneas, llamadas a larga distancia sin facturar, entre otras. En medio de esta situación hemos conocido que hay personas que las rotan mucho en los Call Center y les dicen a los usuarios que se cambien a otros operadores, como Claro.

 

CV. Una actitud para acabar a la ETB...

JZ. Sin duda. Y sus consecuencias impiden consolidarla como patrimonio de los bogotanos/as, contribuyendo a su detrimento patrimonial. Mire, producto de estos errores y mala administración, de acuerdo al Ministerio de las Tic´s, entre el primero y el segundo trimestre de 2012, se retiraron cerca de cincuenta mil usuarios de banda ancha. Para mitigar este problema, como trabajadores, le hemos propuesto a la Empresa hacer jornadas cívicas, de cara a la comunidad, pero no escuchan.

 

CV. ¿Son consecuencia de una mala gestión que también se manifiesta en temas como la tercerización...?

JZ. Es claro. En el tema de la tercerización también la administración de la Empresa tiene un enfoque diferente al propuesto en el Plan de Desarrollo "Bogotá Humana". Por medio de la tercerización se desmejoran las condiciones de quienes prestan el servicio del parque automotor de ETB. En este momento los contratan por tres meses, pero además, sino cumplen las 48 horas de trabajo semanal, les descuentan del sueldo. ¿Quién se beneficia con esto? No hay duda, las empresas que intermedian, pues se quedan con las ganancias generadas por estos trabajadores. Hemos denunciado a la empresa "Seleccionemos", propiedad de Fernando Cepeda y su familia, como lo reportó Noticias Uno. Ahora estamos atentos de la empresa "Conexiones Laborales" que desmejoró las condiciones laborales de 320 conductores.

 

Los trabajadores tercerizados se multiplican. Mientras los vinculados directamente a ETB suman 2.750, los que laboran a través de terceros se acercan a 8.000. Miren, mientras 2.250 convencionados nos llevamos el 52 por ciento de la nómina, el restante 48 por ciento prácticamente se lo llevan 480 trabajadores, entre ellos, lógico, la administración, que cuenta con privilegios y prevendas especiales, como la prima de compensación variable que hasta el año 2007 iba por más de 22 mil millones pagado con detrimento patrimonial para ETB. ¿No sería mejor destinar y usar este dinero para contratación directa? ¿Esto no sería equidad?

 

CV. ¿Qué significa esta empresa para los bogotanos y qué opciones tiene dentro de un modelo público con sus diferentes propuestas y alianzas?

JZ. Como empresa de los bogotanos, la ETB brinda muchas posibilidades. Por ejemplo, al hablarse en el actual Plan de Desarrollo de un gobierno digital, corresponde a ETB, como operador público, liderar, proponer y prestar los diferentes servicios para que los ciudadanos –apoyados en medios virtuales y de comunicación– participen y gestionen con mayor eficacia, e incluso puedan enfrentar el tema de la corrupción.

 

Para hacer esto posible, se avanza con la implementación de la fibra óptica en las comunidades, arrancando por Suba. Los estudiantes podrán satisfacer de manera adecuada su derecho a la comunicación y a la información, acceder a una visión crítica del panorama mundial. Como empresa de telecomunicaciones de Bogotá, hemos sido los pioneros ante la Secretaría de Educación de la Red P.

 

Sobre las alianzas. Sin duda, ETB debe hacer una alianza estratégica con otros operadores públicos para buscar la asignación directa del espectro de cuarta generación, y así consolidar su viabilidad como empresas públicas en un sector tan dinámico y estratégico. Otras iniciativas: el endeudamiento 300 millones de dólares con la emisión de bonos, que salió el 10 de enero, y el proyecto de ampliar nuestra red con fibra óptica al hogar. Se quiere que en todas estas iniciativas los trabajadores lideren.

 

Para terminar, le decimos al alcalde Petro que este sindicato está comprometido con la implementación del Plan de Desarrollo "Bogotá Humana", por tal razón pedimos que la administración de ETB reflexione en la postura política y que, además de esto, le dé un tratamiento a todos los ciudadanos acorde al Plan de Desarrollo, porque si algo hemos evidenciado en estos meses del nuevo gobierno es que la administración de ETB dice muchas cosas, pero lo realizado es mínimo.

 

Pero nosotros persistimos, apenas resolvamos este conflicto con la administración de la Empresa, invitaremos a la sociedad a un foro para ver qué vamos a hacer con esta empresa, patrimonio colectivo.

 

Publicado enEdición N°188
Jueves, 28 Junio 2012 07:06

Italia flexibiliza su mercado laboral

 Italia flexibiliza su mercado laboral
La llamada reforma laboral, que tanto ha dado que hablar en estos últimos meses, con las protestas de las tres centrales sindicales, con huelgas y manifestaciones, fue aprobada ayer por la Cámara de Diputados italiana luego de haber conseguido la aprobación del Senado. Pero no porque se haya transformado en ley dejará de provocar polémicas y descontento. Manifestaciones y protestas en toda Italia han sido ya anunciadas para los próximos días por la central sindical de izquierda, CGIL.


La ley fue aprobada por 393 sí, 74 no y 46 abstenciones. Curiosamente, un cuarto de los diputados del Pueblo de la Libertad (PDL), el partido de Silvio Berlusconi, estuvo ausente en el momento del voto. La ministra de Trabajo, Elsa Fornero, centro de los ataques porque ha sido quien ideó la reforma, ha confirmado que el proyecto igualmente estará “abierto a modificaciones” siempre que estén de acuerdo los partidos que apoyan al gobierno, es decir PDL, Partido Democrático (PD, centroizquierda) y UDC (Unión de Centro).


La reforma prevé, entre otras cosas, que sea más fácil cesantear por motivos económicos. También introduce cambios en los contratos de colaboración y en la duración de los contratos a plazo fijo. En caso de cesantía por motivos económicos, no está prevista la reintegración automática, aunque en algunos casos está prevista una indemnización.


Esta es sin duda la norma que más hará discutir, porque cambia el famoso artículo 18 del estatuto de trabajadores que durante 40 años ha protegido a los obreros y empleados de ser despedidos injustamente. Se aplicaba a las empresas con más de 15 empleados y si eran agrícolas, con más de cinco. Disponía que el trabajador fuera reintegrado en su trabajo si se demostraba que no había una justa causa para despedirlo, o bien que fuera indemnizado por los daños que se le ocasionaban. Este artículo, que en teoría era la garantía del “trabajo seguro”, ha estado en el centro de las negociaciones entre el gobierno de Mario Monti –en particular la ministra Fornero– y las centrales sindicales CGIL-CISL-UIL que mayormente lideran el movimiento obrero de la península. Las centrales, y no sólo ellas, no querían saber nada de cambiarlo.


La nueva ley prevé además que el despido discriminatorio por razones políticas, religiosas o por actividad sindical, será siempre considerado nulo. En casos de despido de tipo disciplinario, con motivo justificado, el juez laboral tendrá un cierto margen de maniobra en materia de reintegración. Con las nuevas normas, la reintegración al trabajo sólo será posible en los casos previstos por los contratos colectivos de trabajo.


La ley fue aprobada gracias al llamado “voto de confianza”, es decir al voto de los tres partidos que apoyan al gobierno de Mario Monti y tienen mayoría en el Parlamento, sin demasiada discusión, porque la Unión Europea había pedido que fuera aprobada antes del 28 de junio como para tener nuevos y más fuertes elementos para la discusión que los países europeos realizarán el 30 de junio en Bruselas.


La reforma laboral no tuvo oposición abierta del PD, aunque este partido y su secretario Bersani en particular se habían opuesto a la reforma del artículo 18. Tampoco hubo reacción de parte de los otros dos partidos que apoyan a Monti, PDL y UDC. Mientras tanto en la plaza de Montecitorio, frente al edificio del Parlamento, se reunían decenas de sindicalistas y trabajadores de la CGIL, pero también de los sindicatos de base que no respetan la autoridad de ninguna de las tres centrales sindicales. Juntos llamaban a gritos al paro general. En esta manifestación no hubo mayores desmanes, pero, en otra, algunas cuadras más allá, que se había hecho por otros motivos pero fue aprovechada para protestar contra la reforma laboral, volaron huevos, tomates y zapallitos.

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El crimen se combate conociendo sus causas
¿Cuáles son las opciones abiertas a los pueblos latinoamericanos frente a la creciente ola de criminalidad que azota la región? No descartamos al hacer esta pregunta la creciente penetración del crimen organizado en nuestras instituciones. ¿Quiénes son los actores sociales que pueden enfrentar este flagelo con valor y decisión? Los gobernantes no pueden esconderse detrás de cifras manipuladas o echarle la culpa a grupos sociales inventados por las agencias internacionales.

El incremento de la criminalidad y sus consecuencias son el resultado de un proceso de desindustrialización que afecta a Panamá y a toda la región latinoamericana. La desindustrializacion ha tenido un impacto que va mucho más allá de los números y de las cifras económicas. La masa de trabajadores disciplinada tiende a desaparecer y ser reemplazada por el trabajador informal o precario. El trabajador informal es el ideal en la concepción equivocada del empresario que busca un “colaborador” para cumplir con tareas en el marco del concepto de “just in time” o justo a tiempo.

Este trabajador no tiene empleo estable y, como consecuencia, tampoco tiene una disciplina que le permita organizarse como trabajador y tampoco puede organizarse como hombre o mujer de familia.

No sólo se debilita el sindicato y todo lo que eso implica, también se desintegra la familia y todos los valores asociados a esa institución. La desintegración de la familia hace estragos a nivel de la comunidad donde desaparece la red solidaria de jefes de familia, amas de casa y, sobre todo, de niños y adolescentes que adquieren sus valores primarios en ese marco.

Las instituciones comunitarias tienden a desparecer. Las escuelas son abandonadas por las familias desintegradas y los maestros que quedan tienden a frustrarse al no encontrar una referencia de apoyo en la comunidad. La escuela es invadida por elementos extracomunitarios asociados a la delincuencia, incluso al crimen organizado. Los jóvenes son reclutados por estas organizaciones con amplias redes. La corrupción, la “protección” y la trata de personas constituyen los primeros escalones. Después son introducidos a las tareas de distribución de drogas ilícitas y al control territorial de los mercados.

La desintegración de los centros de trabajo y de las organizaciones laborales son los primeros pasos en el camino hacia la formación de delincuentes. No hay que olvidar que a mediados del siglo XX (en el caso de Panamá), la desintegración de la comunidad campesina y la desaparición de ese tipo de organización familiar, fue reconstruida - tras un trauma - por la familia obrera en las formaciones urbanas.

En la actualidad, sin embargo, la familia obrera no está siendo reemplazada. Es lo que algunos ideólogos llaman la sociedad post industrial o pos moderna, sin valores y destinada a reproducirse sin referentes o valores.

La debacle o recesión económica del sistema capitalista a escala mundial ha creado un vacío que urge llenar con nuevas propuestas de organización social que le permitan a los pueblos del mundo reconstruir sus sociedades libres del crimen. El “boom” económico panameño – pasajero – debe servir para enfrentar la recesión que se avecina. Sin embargo, los gobiernos se resisten a planificar para el futuro.

Además, en muchos foros se insiste en levantar falsas expectativas en torno al problema del crimen organizado, planteando que no son problemas o que se deben a estructuras dañadas que pueden ser reparadas. En otras palabras, son problemas que pueden resolverse mediante ajustes parciales en las políticas sociales. Estos son los famosos programas focalizados que distribuyen prebendas en el marco de políticas clientelistas destinados al fracaso.

No se percatan que el crimen organizado es el resultado de políticas que se aplican en forma coherente al más alto nivel. Constituyen un conjunto de leyes que hacen inviables las actividades económicas productivas: industria y agricultura. Que impide que los niños y adolescentes puedan completar su educación. Son políticas que destruyen sistemáticamente a las comunidades del país. ¿Por qué la legislación privilegia y promueve los negocios relacionados con los juegos del azar, la trata de blancas y el blanqueo de dinero? ¿Por qué se legisla para legalizar y supuestamente justificar la expropiación de las tierras de campesinos, indígenas y pescadores?

¿Qué justifica que se crean batallones militares especiales para reprimir a las comunidades que defienden sus tierras y que son acusadas de ser aliadas de fuerzas políticas insurrectas?

La seguridad nacional responde a una ecuación sencilla que no puede ser manipulada. En la base de la sociedad tiene que existir una población constituida por trabajadores – hombres y mujeres - productivos en cuya instancia familiar se forma la generación de relevo, que garantiza la estabilidad de la sociedad a largo plazo. Las políticas al más alto nivel tienen que resguardar esa constitución básica mediante planes y una legislación consecuente.

En la actualidad, sólo existen planes para que ciertos sectores de la sociedad puedan invertir capitales (de dudoso origen) en negocios rentables. No existen planes para invertir los enormes ingresos del gobierno en actividades productivas, como la industria y el agro. Esta contradicción que se presenta en todos los países de la región explica la profundización cada vez más peligrosa de la criminalización de las relaciones sociales a todos los niveles de la sociedad.

Panamá, 24 de mayo de 2012.

- Marco A. Gandásegui, hijo, es docente de la Universidad de Panamá e investigador asociado del Centro de Estudios Latinoamericanos (CELA) Justo Arosemena.
http://marcoagandasegui11.blogspot.com
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Domingo, 19 Febrero 2012 11:39

Involución laboral en España

 Involución laboral en España
La reforma laboral llega en un momento de agravamiento de la crisis financiera y económica. Según los autores, la norma empeorará esta situación y abrirá camino a la desaparición del carácter garantista del derecho laboral.

El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, RDL 3/2012), que constituye la expresión más significativa y acabada de la política legislativa enderezada a la flexibilización y desregulación de las relaciones laborales en nuestro país. Ciertamente, el contenido de la norma evidencia la plena alineación del Gobierno del Partido Popular con los intereses económicos y empresariales dominantes, alumbrando una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia. Nuestro análisis se orienta fundamentalmente a situar el RDL 3/2012 en un escenario de conjunto, identificando las concretas opciones de política jurídica que han inspirado al legislador. Como podrá advertir el lector, esta síntesis puede efectuarse con relativa sencillez, sin pecar por ello de superficialidad, realizando una lectura sistemática de ciertos artículos y proponiendo algunas hipótesis sobre el verdadero alcance de la intervención legal que se analiza.

La reforma se produce en un marco económico y social cada vez más degradado, con una situación de desempleo masivo que amenaza prolongarse durante un largo período y que, sumada a la destrucción de los servicios públicos, entraña un grave riesgo para la estabilidad sociopolítica de nuestro país. La crisis económica empeora por momentos y es previsible una segunda caída todavía más intensa que la desatada en el año 2008. En este contexto, hostigado por los mercados financieros internacionales, el Gobierno ha asumido los principios de los sectores ultraliberales que controlan la política económica, lanzando un ataque fulminante contra los trabajadores y sus organizaciones representativas. Ante la imposibilidad de acometer una devaluación externa por la pertenencia al euro, el RDL 3/2012 impulsa la aplicación de un violento ajuste de salarios, confiando ingenuamente en que ello contribuirá a resolver los gravísimos desequilibrios que padece nuestra economía e ignorando las consecuencias de la involución social legislada en términos de pauperización y precarización para el conjunto de la ciudadanía.

La estrategia es clara y demoledora: por un lado se acomete una profunda devaluación salarial, sobre salarios ya de facto en involución, por la vía de la amputación de la capacidad colectiva de negociar el precio del trabajo y, por tanto, de la individualización del trabajador frente al empresario; por otro, se consigue la sumisión del trabajador y se limita la capacidad de respuesta del movimiento obrero bajo la continua amenaza del despido libre o poco indemnizado en una situación de paro generalizado. Para conseguir el ajuste salarial, el Gobierno ha optado por promover y facilitar la fragmentación de la autonomía colectiva, afectando al equilibrio mismo de las fuentes del Derecho del Trabajo y de los sujetos implicados en las relaciones laborales. En efecto, la reforma consagra el protagonismo de la negociación colectiva en el seno de la empresa y procura un desplazamiento de las unidades de contratación hacia los ámbitos inferiores, es decir, hacia las empresas, que se convierten en el principal y casi exclusivo centro de decisión en materia de relaciones laborales. Por lo pronto, se amplían sensiblemente las causas que justifican el descuelgue de las condiciones de trabajo previstas en el convenio, extendiendo esta posibilidad a los principales elementos de las relaciones laborales (artículo 82.3 ET, jornada, distribución del tiempo de trabajo, horario, turnos, salario, funciones… incluso mejoras voluntarias de la Seguridad Social). Además, se otorga prioridad aplicativa a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, desvirtuando la regulación sectorial de variables estratégicas como la cuantía del salario (artículo 84.2 ET), lo que puede dar lugar a un agresivo proceso de dumping social al colocar el salario como un factor de competitividad entre las empresas del mismo sector: la carrera hacia la fijación generalizada del SMI (641 euros al mes) está abierta y la pauperización servida.

En nuestra opinión, la “empresarización” de la negociación colectiva auspiciada por el RDL 3/2012 pone en cuestión el principio de autonomía colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, vulnerando el art. 37 de la Constitución Española y favoreciendo el poder del empresario individual. No es ningún secreto que el poder de los sindicatos decae en los niveles empresariales de negociación, ya que, en última instancia, todo el proceso negociador se halla condicionado por las facultades de coerción empresarial. Por otra parte, la debilidad sindical se acrecienta si consideramos la escasa fiabilidad que, sobre todo en las pequeñas empresas, tiene la representación de las y los trabajadores, frecuentemente controlada por el empresario. Si a ello se añade la limitación de la ultraactividad de los convenios a un período de dos años (artículo 86.3 ET), situando en el horizonte el SMI como suelo de la contratación, se advierte fácilmente la voluntad de inducir una profunda reestructuración de las normas de reparto del excedente económico en detrimento de los trabajadores.

“La reforma sitúa el salario mínimo como suelo de la contratación al eliminar la ultraactividad de los convenios”


El segundo pilar de la reforma se centra en el despido, pues se facilita la ejecución del mismo hasta el punto de convertirlo en una opción más del abanico de posibilidades de gestión cotidiana de la empresa, ignorando las consecuencias que esta medida conlleva en la vida de las y los trabajadores. El vínculo entre la desregulación del despido y la imposición del ajuste salarial se advierte nítidamente si consideramos la amenaza que supone aquél en una situación de paro como la actual, que coloca al trabajador en la fatal choice, quedarse sin empleo, en el mejor de los casos con una indemnización cada vez menor, o aceptar unas condiciones salariales miserables. Conviene recordar que el derecho a no ser despedido sin justa causa forma parte fundamental del derecho al trabajo en su vertiente individual, que la Constitución Española reconoce en su artículo 35.1 y que se consagró con claridad en el convenio 158 de la OIT, normas que ignora y vulnera la reforma operada por el RDL 3/2012.

En efecto, dicho texto acoge dos grandes vías para la desregulación de la extinción contractual: por un lado, se permite el despido libre o sin causa durante un año en las pequeñas empresas, incrementando la precariedad de determinados colectivos de trabajadores cuya contratación se bonifica (mujeres, jóvenes y desempleados mayores de 45 años); por otro, se flexibiliza el despido rebajando sus costes económicos (abaratamiento de la indemnización por despido improcedente, que se limita a 33 días por año con un límite de 24 mensualidades, y eliminación de los salarios de tramitación) y procedimentales (ampliación de los supuestos que justifican el despido por causas objetivas y eliminación de la autorización administrativa en los procesos de despido colectivo, suspensión del contrato y reducción de la jornada de trabajo).

Como puede observarse, la reforma de la legislación laboral persigue el ajuste salarial mediante la desarticulación de la negociación colectiva y el abaratamiento del despido, amén de otros aspectos periféricos o secundarios, pero no por ello menos importantes. Así, junto con estos dos conjuntos de medidas, se incorporan modificaciones normativas que tienden a la precarización de los precarios, en particular las personas menores de 33 años con la ampliación de la duración y posibilidades del contrato para la formación, y a la híper-flexibilidad del tiempo de trabajo, con la introducción de horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial y el otorgamiento al empresario de la facultad de distribuir de manera irregular el 5% de la jornada de trabajo a lo largo del año.

En definitiva, podemos concluir que el RDL 3/2012 socava el principio de estabilidad en el empleo y protagoniza una auténtica refundación de las bases y estructuras que conforman el sistema laboral, otorgando el máximo rango a la voluntad del empresario y multiplicando su capacidad de gestionar unilateralmente la vida del contrato de trabajo. Es innegable que, en un escenario caracterizado por la asimetría contractual, la desregulación del trabajo asalariado significa la libertad para la parte económica más fuerte, el patrono. En la práctica, el trabajador aceptará las condiciones impuestas por éste, puesto que se encuentra en una situación de inferioridad y dependencia que impide cualquier negociación de las condiciones contractuales. Desde este punto de vista, puede concluirse que el RDL 3/2012 pone en cuestión el cuadro institucional del Derecho del Trabajo y facilita la sobreexplotación de la clase obrera, abriendo el camino a la implantación de condiciones extremadamente duras.

La historia del siglo XX demuestra que el Derecho del Trabajo ha sido un instrumento decisivo para humanizar las condiciones laborales de los que, careciendo de medios de producción propios, devienen obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir. Nuestra disciplina no ha neutralizado, ni pretendía hacerlo, el conflicto entre capital y trabajo que se produce en el capitalismo, pero ha mitigado las fracturas sociales removiendo sus efectos más indeseables y contribuyendo a la estabilidad de un sistema que, desde su aparición sobre la faz de la Tierra, ha arruinado la vida de millones de personas. Tanto es así, que puede afirmarse sin la menor duda que la democracia occidental se ha consolidado, entre otros aspectos, porque la legislación social otorgaba a los trabajadores un estatus de ciudadanía capaz de imponerse a las exigencias del mercado, garantizando una existencia civil relativamente soportable a la inmensa mayoría de la población. Los juristas del trabajo no podemos predecir los acontecimientos que deparará el naciente siglo XXI, pero sabemos, o deberíamos saber, que la desregulación del trabajo asalariado erosiona gravemente las bases de la convivencia en nuestra sociedad.


Sigue la manifestación 19F en Madrid en twitter: @DiagoDirecto

Adoración Guamán Hernández y Héctor Illueca Ballester

Domingo 19 de Febrero de 2012. Número 167 Número 168

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Sábado, 11 Febrero 2012 07:02

Rajoy aprobó la reforma y se vino la noche

Rajoy aprobó la reforma y se vino la noche

El gobierno conservador de Mariano Rajoy decretó una reforma laboral que incluye la decisión de abaratar el despido para todos los contratos fijos, con el argumento de fomentar el empleo en España. La medida provocó la protesta instantánea por parte del movimiento 15-M, que fue reprimido anoche a las puertas del Congreso.
 

El líder del Partido Popular (PP) había adelantado en Bruselas en una conversación off the record que la medida le costaría una huelga general.
 

“Esta reforma estructural marcará un antes y un después en la legislación laboral española”, aseguró la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Las declaraciones fueron formuladas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó la medida. La nueva reforma, decimosexta de la democracia, llega en medio de un desempleo histórico que afecta a 5,4 millones de personas, el 22,85 por ciento de la población económicamente activa, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
 

Los sindicatos mayoritarios y el movimiento de los indignados convocaron a protestas en distintas ciudades de España para oponerse a la reforma laboral de Rajoy, que consideran recorta derechos de los trabajadores. El ministro de Economía español, Luis de Guindo, había anticipado el jueves en Bruselas que la reforma iba a ser extremadamente agresiva, en una conversación con el comisario europeo de Asuntos Económicos, Olli Rehn. La nueva reforma, que entrará en vigor el lunes y tendrá que ser convalidada después por el Parlamento, simplifica los contratos fijos, de dos a uno, eliminando el contrato con indemnización de 45 días por año trabajado hasta 42 meses en los despidos improcedentes.
 

De esta forma, regirá un único contrato indefinido, con 33 días de indemnización por año trabajado hasta un máximo de 24 meses.
 

“Queremos hacer la contratación indefinida más atractiva”, argumentó la ministra de Empleo española, Fátima Báñez, quien calificó la reforma de histórica. Según dijo, así combate la temporalidad y la rigidez del mercado laboral español. La última reforma laboral, aprobada durante el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero en septiembre de 2010, ya había generalizado el contrato con indemnización de 33 días en detrimento del de 45 días. Pero esta vez la medida no afectará sólo a los contratos que se hagan a partir de la reforma, sino también a los que cuenten con un contrato en vigor. Así, en caso de despido, en la indemnización quedarán reflejados los años acumulados en uno y otro sistema.
 

“Se respetarán los derechos adquiridos por los trabajadores. Habrá un doble nivel en caso de despido”, explicó la ministra de Empleo.
 

Además de esta vía, también se facilita el despido procedente por causas objetivas, con indemnización de 20 días, al que pueden recurrir las empresas con problemas económicos.
 

A partir de ahora, podrán recurrir a él las empresas que registren pérdidas o caída de los ingresos o ventas durante tres trimestres consecutivos, es decir aun teniendo beneficios, y eliminando el requisito de control judicial. Según Soraya Sáenz de Santamaría, el principal objetivo de la reforma es facilitar la contratación de nuevos trabajadores, en especial los jóvenes, los desempleados de larga duración y personas con mayores dificultades. De ahí que anunciara en primer lugar la creación de un nuevo contrato indefinido para pymes, que constituyen el 95 por ciento del tejido productivo, de hasta 50 trabajadores que tendrá una deducción fiscal de 3000 euros por la contratación de menores de 30 años. Además, el trabajador podrá compatibilizar el 25 por ciento del subsidio por desempleo con el nuevo sueldo, mientras que a la empresa se le podrá deducir el 50 por ciento durante un año. También se bonificarán con hasta 3600 euros la contratación de menores de 30 años y con 4500 euros la contratación de desempleados de larga duración.
 

Otra novedad importante es que se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales durante más de 24 meses, como medida para luchar contra la elevada temporalidad y la dualidad del mercado laboral español.
 

Cientos de indignados, junto con organizaciones madrileñas como los sindicatos CGT, Solidaridad Obrera y CNT Villaverde se manifestaron en la Puerta del Sol contra las medidas de ajuste. “Hace falta ya una huelga general”, fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, que se preguntaban por los sindicatos mayoritarios, comisiones y UGT. “Dónde están, no se ven, comisiones y UGT”, gritaban unos, y otros respondían: “Yo lo sé, yo lo sé, están con la patronal”.
 

Por la noche, un grupo de cincuenta personas abandonó el lugar y se dirigieron hacia el Congreso, donde la policía antidisturbios les cercó el camino y embistió contra alguno de ellos. Se registraron al menos tres detenidos, al tiempo que la policía dejó toda la zona del Congreso vallada. Las autoridades atinaron a justificar la represión porque la manifestación se produjo sin aviso previo.
 

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Puerto Gaitán julio 2011
En medio de un mar de multinacionales, cientos de trabajadores petroleros reivindican sus derechos, así como la legislación vigente en Colombia, la misma que debiera hacer cumplir el propio gobierno. Puerto Gaitán (Meta) es el epicentro de la movilización que recuerda otras épocas y otras historias.

Sucede en Puerto Gaitán (Meta). Desde el pasado 20 de junio, 1.100 trabajadores de la empresa contratista Montajes J.M., que trabaja para la petrolera Cepscolsa (con el 70 por ciento del contrato), esta última socia de Ecopetrol S.A. (con el 30 por ciento del contrato) y filial de la petrolera española Cepsa, pararon sus actividades y se declararon en asamblea permanente, la misma que se mantiene hasta el momento de escribir esta nota (julio 13).

El suceso asombra por lo novedoso: trabajadores en movilización defienden sus derechos, sin dejarse amilanar por los poderes reales que se ejercen sobre el territorio donde laboran. Son obreros sin experiencia de organización ni lucha sindical y mucho menos política, que ahora sufren en carne propia el irrespeto de sus derechos laborales, consignados en la legislación vigente (ver recuadro “Irrespeto a lo acordado…”).

El conflicto que conmociona a esta región llanera no es nuevo. Es una constante que recrea la cotidianidad del lugar, ahora con nuevas formas, pues los irrespetados ganan conciencia sobre sus derechos y sus potencialidades. En otros momentos, a pesar de intentar acciones semejantes, se vieron burlados a mitad de camino por el ‘inexplicable’ retiro de algunos impulsores, entre ellos algunos líderes de Asojuntas (Asociación de Juntas).

Dilaciones y complicidades


Tal vez esa misma realidad de indecisiones y burlas multiplicó la confianza de la patronal para proseguir en el irrespeto, hasta el 20 de junio pasado, cuando la taza se llenó. Los inconformes bajan los brazos, paran las máquinas, se reúnen, conversan, opinan, exigen. Ahora son un colectivo fuerte.

Día histórico para quienes apenas empiezan a ver la importancia de hacerse colectivo y reconocerse como clase. Al día siguiente hace presencia la USO (Unión Sindical Obrera), y para el día 23 Cepcolsa, amparada en las sempiternas razones de seguridad –sin apoyo legal, pues no hay memorandos o quejas al respecto–, le suspende el contrato a la compañía contratista J.M. S.A., decisión aceptada con mansedumbre y diligencia por Ecopetrol S.A.

La tensión se incrementa. Ese 23 de junio la USO se contacta con el Ministerio de la Protección Social, que envía un funcionario para analizar la situación. Las partes de reúnen y acuerdan encontrarse en Bogotá el 28. Contra lo esperado, Cepcolsa no asiste, lo que obliga a programar una nueva cita para el día siguiente, esta vez en Villavicencio. De nuevo suena la misma música: Cepcolsa persiste en no hacer presencia. Como si fuera poco, en medio de la reunión, que se hace a pesar de la ausencia de una de las partes, se descubre que un asistente es agente infiltrado de la Policía Nacional: J.M. dice que el agente es parte de su seguridad, pero éste desmiente y asegura estar allí para evitar protestas sociales. El Ministerio dice que ellos no estaban enterados. La reunión se cierra sin acuerdo.

El tiempo pasa, las empresas dilatan, pero los obreros están activos. Ya se han hecho sentir, y ahora, cuando el calendario indica ya es 6 de julio, deciden marchar desde la cabecera municipal hasta el pozo petrolero Jaguar: protesta sencilla, derecho humano ejercido en colectivo, pese a lo cual, cuando avanzan a la altura del kilómetro 4, el Estado (que debiera protegerlos) se hace sentir: el Esmad, con su parafernalia de intimidación y abusos, cierra el paso e intimida con gases y garrote. La marcha se interrumpe, no así el bloqueo de la vía, logrando interrumpir durante todo el día el paso de petróleo cargado por carrotanques. Un toque de queda, decretado por la Alcaldía, obliga a la población a recogerse temprano.

Obreros, más indígenas, más comunidad…


El efecto de la protesta se extiende. Indígenas y población urbana también plantean sus reivindicaciones, lo que obliga a una reunión de la USO, representantes de la comunidad, voceros de los nueve cabildos indígenas de la región (de las etnias Sicuani, Piapoco y Sáliba), el Gobernador, el Alcalde, el vocero departamental de la CUT, el cura y la fuerza pública.

En esta reunión se pone en cuestión el papel de las petroleras, los problemas sociales acumulados en la región y la necesidad de buscarles solución. El primer logro fue contactar vía telefónica –por mediación del Gobernador– a las empresas, las cuales aseguraron que responderán por los aspectos laborales de ley; el segundo logro –el acuerdo– fue trabajar para instalar una mesa regional con la participación de las petroleras, los pueblos indígenas, la comunidad, la USO, las autoridades políticas y los gremios.

Hay otras inquietudes: que las multinacionales se comprometan a respetar la legislación laboral y los derechos sindicales; que se unifiquen criterios regionales y nacionales respecto a los parámetros laborales de la industria petrolera y se defina el sueldo petrolero; que las empresas asuman la responsabilidad social empresarial; y que en lo municipal y lo departamental haya soluciones para los graves problemas reinantes.

Se ventila, además, la necesidad de un encuentro de alcaldes y gobernadores de las zonas petroleras, y la aplicación de una política pública de empleo. El Gobernador estuvo de acuerdo con la USO respecto a que no es aceptable, de parte de Cepcolsa, retirarle el proyecto a J.M. por razones de ‘seguridad’, y enfatizó que, si hay problemas, se les brindará la seguridad necesaria. Finalmente, expresa que si las multinacionales no asumen compromisos él se vería obligado a cerrar las vías para que no pasen los carrotanques y la maquinaria pesada, como lo hizo el gobernador del Casanare en noviembre de 2010 para presionar a las empresas a participar en una discusión sobre regalías.

Sin perder el paso


Pocos días después, el 11 de julio, se acordó una reunión en el Ministerio del Interior para discutir con las empresas, y ese mismo día los trabajadores y las comunidades indígenas realizaron una marcha por el casco urbano del municipio. El ambiente genera confianza entre los manifestantes, y los trabajadores mantienen la asamblea permanente hasta cuando se concrete una respuesta positiva a las demandas. Sin embargo, una solución para estos 1.100 trabajadores es sólo una parte de lo que se requiere en la región, pues en situación similar está el resto de trabajadores de la zona, entre ellos los 12.800 de la canadiense Pacif Rubiales. Además, no hay que olvidar la problemática que agobia a las comunidades indígenas y al resto de la población que habita en el ahora crecido Puerto Gaitán.

Con 20 días de conflicto a cuestas, con la presión de la policía encima, con las dilaciones de la patronal, con la actitud ‘pasiva’ de Ecopetrol, con el ambiente caldeado en el municipio, todo indicaría que el ánimo de los inconformes está menguado; pero no es así: el ambiente colectivo, de solidaridad y clase, se impregna como el crudo en las manos y la ropa del obrero. Cada día llegan más trabajadores a llenar el formulario de sindicalización. El giro, sin duda, es a favor de los trabajadores.



Recuadro 1

La mentalidad antisindical


Según Rodolfo Vecino, presidente de la USO, Montajes J.M. expresó que Cepcolsa les prohibía sentarse con el sindicato; también manifestó que a la empresa no le preocupaba tanto el problema salarial como el aspecto político de la sindicalización. Esta actitud antiorganizativa no es patrimonio de Cepcolsa sino una característica generalizada entre las empresas del sector, las cuales acuden a la artimaña de suspender el contrato cuando los trabajadores reclaman sus derechos. Pasados unos días, los buscan de nuevo pero bajo la condición de que no se sindicalicen y no protesten. Veamos los siguientes ejemplos:

–En septiembre de 2010, en Monterrey (Casanare), Ecopetrol quiso liquidar el contrato que tenía con G.P.I., encargada de construir unos tanques de almacenamiento. Ello sucedió cuando los trabajadores expusieron sus reivindicaciones, pero al final se logró un acuerdo.
–En marzo de 2011, en la estación de Chichimene, en el municipio del mismo nombre, en el departamento del Meta, la empresa contratista Maco Servinci, al servicio de Ecopetrol, estaba construyendo un cuarto y laboratorios, y cuando sus 47 trabajadores plantearon sus reivindicaciones, fueron despedidos y la petrolera nacional pidió cancelar el contrato con tal empresa.
–A principio de este año, también en Monterrey, la empresa Ocensa intentó cancelarle el contrato a la contratista SNC Lavalin a causa de las reivindicaciones de los trabajadores. La lucha se inició en la planta El Porvenir y se extendió a Miraflores, Caucasia, Coveñas y Bosconia. Luego de casi un mes, los trabajadores lograron sus reivindicaciones.



Recuadro 2

Puerto Gaitán, con rostro de economía de enclave


Puerto Gaitán es un municipio ubicado al oriente de Villavicencio, a tres horas por carretera pavimentada. Su población pasó en 10 años de 5.000 a 15.000 habitantes, más la población flotante.

Su nombre hace honor al líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, asesinado el 9 de abril de 1948. Desde el puente construido sobre el bello río Manacacias, se desprende una carretera rojiza de la cual se levantan nubes de polvillo que se confunden con el sudor de los trabajadores y el ruido de los carrotanques. A lo lejos, las curvas del trayecto se ven como venas abiertas, como aquellas que desangraron a Nuestra América.

Pasan y pasan. Últimamente, este puerto es reconocido porque a la entrada hay un arco gigante que infortunadamente simboliza lo que acontece en el lugar. Como en una avenida de gran ciudad, día y noche pasan y pasan cientos de carrotanques cargados de crudo, volquetas y ágiles y pomposas camionetas. Allí las calles son recorridas constantemente por hombres cargados con sus maletas, procedentes de diferentes lugares del país.

La vida de este municipio llanero está definida por las petroleras, con el agravante de la presencia paramilitar. En su entraña se constituye una estructura social como un círculo vicioso, donde la población carece de capacidad organizativa y autonomía, y es remplazada por Asojuntas.

Varias petroleras hacen presencia en la zona: Pacific Rubiales Emergy, Cepcolsa, Hocol y Ecopetrol S.A. Para éstas trabajan, entre otras, empresas contratistas y subcontratistas como Montajes J.M., ODL, Schrader-Morelco, que agrupan en labor directa a unos 20.000 trabajadores, los mismos que viven en términos laborales como en repúblicas independientes, La producción diaria alcanza a 200.000 barriles, y los posos en producción son Caracara, Toro Sentado, Jaguar, Ocelote y Campo Rubiales.

Como toda economía de enclave, de la cual hay signos notables en la región, se dice que a campamentos como Rubiales no se puede ingresar ni salir sin previa autorización. Algunos trabajadores se quejan del reglamento interno, que regula hasta la afeitada constante.

En la zona se producen 200.000 barriles de petróleo diario que salen por tubería y en carrotanques que cruzan sin descanso por el municipio. El hecho de que la zona sea petrolera hace que la inmigración contribuya al agravamiento de problemas de vivienda, servicios, educación, salud, inseguridad, prostitución, desempleo, desarraigo, costo de vida, etcétera.

Carlos Andrés Pérez, de Monterrey (Casanare), dice: “Muchos van de lado a lado en busca de que las petroleras los empleen, sin pensar mucho en que el trabajo que se consigue es temporal. Es marcado el aumento de problemas como la prostitución. Además, el arriendo de un apartamento pequeño puede costar hasta 500 mil pesos mensuales y la gente se acostumbró a vivir pendiente de que le den trabajo en la petrolera”.

Uno de los problemas que más afectan a los lugareños de Puerto Gaitán o zonas cercanas es que el 70 por ciento de los empleos está en manos de foráneos, cuando la prioridad debiera ser para los locales, exceptuando obviamente la mano de obra calificada.

En virtud de la “responsabilidad social”, las petroleras han designado a Asojuntas como representante de la comunidad para que asigne los empleos. Este poder de Asojuntas le permite definir quien tiene o no tiene empleo en Puerto Gaitán. Es vox populi que la mediación de Asojuntas favorece a quien pague hasta 400 mil pesos por un puesto de trabajo empleo, lo mismo que a quien sea funcional para los intereses de las petroleras.

Como regalías, Puerto Gaitán recibe anualmente $ 138’000.000, los cuales no se ven por lado alguno. La reciente reforma aprobada sobre estos recursos los pasa de los entes municipales y departamentales a un fondo nacional. Esta disminución de los dineros deja en la incertidumbre a los municipios que dependen de los mismos. No hay que olvidar que hacia 2002 el Gobierno, para atraer inversión extranjera, pasó de cobrarles a las multinacionales un 20 por ciento de regalías para aplicar un 11, y ahora les quitará a las regiones parte de las regalías, en vez de cobrarles a las petroleras aquel 20 por ciento. En estas circunstancias, sin duda, los problemas que padecen los habitantes del municipio se agravarán.


Recuadro 3

Irrespeto a lo acordado y jornadas hasta de 18 horas


–    Incumplimiento del turno 21-7 (21 días trabajando de corrido y siete días de descanso), cambiado unilateralmente por otros turnos como 28-7 u otros que pueden llegar hasta los 40 días seguidos sin descanso.

Para el irrespeto, la empresa parte de conocer que los trabajadores proceden en su mayoría de otras regiones del país, lo que les dificulta viajar a sus casas cada 21 días.

Hay que tener en cuenta que las jornadas de trabajo son extensas. Los trabajadores que deben desplazarse cada día a los campamentos tienen que levantarse muy temprano para acometer trayectos de dos, tres o más horas en bus. Por el estado de las carreteras, en temporada invernal el transporte se complica, debiendo llegar a sus sitios de labor incluso a pie. De este modo, no es raro toparse con jornadas hasta de 18 horas diarias. Quienes proceden de otras regiones viven concentrados en los campamentos todos sus días de turno.

–    No pago de salarios a trabajadores en período de prueba.
–    Incumplimiento, desde hace dos meses, del pago salarial a un grupo de trabajadores de la cooperativa de conductores (empresa subcontratista).
–    Casos de pérdida del sueldo de trabajadores de las cuentas bancarias.
–    Desconocimiento del pago de bonos prometidos a los trabajadores.
–    Condiciones insalubres y antihigiénicas de los alojamientos.
–    Discriminación en el salario y la duración del contrato entre los trabajadores de la región y los que vienen de otras regiones.
–    Cambio unilateral de las condiciones del contrato.
–    Trabajadores obligados a desarrollar actividades por completo diferentes de las que fueron contratados.
–    Trabajadores sin afiliación social luego de tres meses o más de empleo.


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Publicado enEdición 171