https://www.kienyke.com/radar-k/proyecto-seguridad-ciudadana-debate-populismo-punitivo

“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.

 

Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.


La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.


…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.


Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).

 

* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

 

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Publicado enEdición Nº287
https://www.kienyke.com/radar-k/proyecto-seguridad-ciudadana-debate-populismo-punitivo

“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.

 

Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.


La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.


…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.


Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).

 

* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

Publicado enColombia
Macri propone reformar el código penal. En Argentina, un juez decidirá en cada caso punibilidad del aborto

Buenos Aires

Tras el rechazo del Senado argentino a la legalización del aborto hasta las 14 semanas de embarazo, el gobierno del presidente Mauricio Macri indicó este jueves que evalúa incluir la despenalización de esta práctica en el nuevo Código Penal, aunque la iniciativa señala que la decisión final de cada caso quedará en manos de cada juez.

Mariano Borinsky, presidente de la Comisión de Reforma del Código Penal, indicó que el anteproyecto será presentado el 21 de agosto ante la cámara alta, y de confirmarse, los congresistas deberán de debatir sobre el aborto en cuestión de pocas semanas.

La iniciativa, elaborada por un panel de expertos a petición de Macri, propondrá que un magistrado pueda eximir de pena a la mujer que realice un aborto. "No va a haber sanción a la mujer, porque por fuera de los casos de excepción, el juez podrá dejar en suspenso la punibilidad o eximirla de una sanción penal", profundizó Borinsky en declaraciones al canal Todo Noticias.

Aclaró que en el texto del anteproyecto se tomará en cuenta el fallo F.A.L de la Corte Suprema, que en 2012 precisó los alcances del aborto no punible en los casos de violación y garantiza un protocolo de asistencia médica para los embarazos interrumpidos por una agresión sexual o que expongan la vida de la mujer o el producto.

A ellos se agregaría una nueva causal: "evitar un peligro para la salud mental de la mujer", aclaró el titular de la comisión.

La nueva iniciativa mantendrá la penalización a los médicos que practiquen las cirugías o emitan recetas con medicamentos o prácticas caseras. El Código Penal actual sentencia hasta con cuatro años de prisión a cualquiera de los practicantes.

"(El aborto) seguirá siendo un delito. Seguirá penalizado tal como se venía haciendo", reiteró Borinsky.

Tras casi 17 horas de debate, el Senado rechazó la madrugada de este jueves con 38 votos a favor, 31 en contra y dos abstenciones el proyecto que proponía legalizar el aborto hasta la semana 14 de gestación. La propuesta fue aprobada por la Cámara de Diputados en junio.

Hasta el amanecer de este jueves millones de mujeres ataviadas con pañuelos verdes –color de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, además de la ampliación de sus derechos– se manifestaron frente al Senado pese a la incesante lluvia.

Algunas de ellas lanzaron piedras y quemaron basura, mientras la policía las reprimía con chorros de agua y gas lacrimógeno. Los incidentes dejaron siete detenidos, según la policía.

La decisión fue recibida con júbilo por manifestantes con prendas color celeste, quienes se oponían a la norma, y cuyo número fue sensiblemente menor a las defensoras por el derecho a decidir.

"¡Vamos todavía, vamos!", festejó la presidenta del recinto, Gabriela Michetti, tras emitir el veredicto de la jornada y segundos antes de apagar el micrófono de su lugar. Durante la maratónica sesión también interrumpió fuera de reglamento a varios senadores e intentó, con el argumento de una supuesta falta de garantía de seguridad, concluir el debate antes de las 10 de la noche.

Momentos antes, el senador Fernando Pino Solanas increpó a Michetti con un discurso en el que abordó los derechos de la mujer a "gozar y a decidir sobre su cuerpo". Consideró que en todos los debates parlamentarios "hubo un gran y lamentable ausente: la mujer".

Solanas también reclamó a Michetti por qué se negó el acceso a la cofundadora de Madres de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas, quien está en silla de ruedas y presenció el debate bajo la lluvia y en medio de las multitudinarias protestas, pese a que se le aprobó el acceso a la sesión.

La ex presidenta (2007-2015) y actual senadora Cristina Fernández sostuvo que "se puede estar de acuerdo o no, pero lo más grave de esta noche es que estamos rechazando un proyecto sin proponer nada alternativo y la situación va a seguir siendo la misma", en alusión a los abortos clandestinos.

La bióloga Andrea Zamparini, del equipo de prensa de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, dijo que "el Senado terminó siendo mucho más conservador de lo que pensábamos. Claramente, nosotras vamos a volver a presentar esto en marzo del 2020... Vamos a poner presión social".

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, advirtió que esta decisión "no hace más que perpetuar el círculo de violencia que se ejerce contra las mujeres, niñas y personas con capacidad de gestar".

La periodista Luciana Peker tuiteo: "Ganó la presión de la Edad Media. No los votos. No escucharon a las mujeres en la calle."

Las iglesias católica y evangélicas felicitaron por separado a los senadores por "honrar la dignidad de la vida del niño/a por nacer".

La tarde de este jueves, el presidente Mauricio Macri comentó en la Casa Rosada, tras una reunión de gabinete, que el aborto y otros temas como la educación sexual son debates "que se van a seguir sucediendo, porque los argentinos estamos entendiendo qué significa vivir en democracia".

El mandatario consideró importante trabajar "en la educación integral de los docentes, que incluya el capítulo de educación sexual, la asesoría integral en las escuelas e introducir métodos anticonceptivos de larga duración".

La prioridad del gobierno será comenzar en las provincias del noreste y noroeste argentino y en la de Buenos Aires, donde se registran los mayores índices de embarazos adolescentes. "El problema está y tenemos que seguir trabajando para que esas chicas tengan esas posibilidad de elegir y planificar sus vidas", subrayó Macri.

En Argentina cada año se practican 354 mil 627 abortos, según estimaciones oficiales divulgadas por el ministro de Salud, Adolfo Rubinstein, aunque informes de organizaciones civiles indican que alcanzan hasta los 500 mil.

Las complicaciones en abortos generan un promedio de 49 mil hospitalizaciones anuales, mientras en los pasados 30 años más de 3 mil mujeres murieron a causa de abortos clandestinos. Rubinstein reconoció estar "un poquito frustrado" con el final del debate parlamentario, pero reconoció que "los grandes cambios no se pueden dar de una sola vez y necesitan un proceso de decantación y de maduración".

Publicado enSociedad
El Tribunal Constitucional de Bolivia prohíbe casarse a las personas transgénero

 

En el marco de la Ley de Identidad de Género, se reconoce el cambio de sexo, de nombre y de imagen, pero se ha declarado inconstitucional que las personas trans dispongan de derechos como el matrimonio.

 

El Tribunal Constitucional de Bolivia ha declarado inconstitucional parte de un artículo de la ley sobre la Identidad de Género, que permite al colectivo transexual contraer matrimonio tras cambiar datos en sus documentos oficiales.

El secretario general de ese órgano judicial, Álvaro Llanos, señaló a los medios que la sentencia emitida este jueves reconoce como constitucional el cambio de identidad de género, de nombre y de imagen de las personas, pero eso no conlleva que éstas dispongan de todos los derechos.

Precisó que la modificación de toda esa información en el carné de identidad no implica a las personas que lo hicieron tener "derechos como matrimonio, adopción o derechos políticos como la paridad de género".

Las uniones civiles entre un hombre o una mujer con una persona transgénero no puede producirse al amparo del parágrafo II del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género, según el funcionario.

La sentencia declara inconstitucional la frase de ese parágrafo que dice que se permitirá a la persona con cambio de identidad "ejercer todos los derechos fundamentales, políticos, laborales, civiles, económicos y sociales".

Desde que fue promulgada la ley de Identidad de Género en mayo de 2016, decenas de personas modificaron su documentación y algunas llegaron a contraer matrimonio apelando a esa normativa.

En junio pasado, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) instruyó al Servicio de Registro Civil para reconocer el matrimonio civil de las personas transgénero y transexuales que cambiaron sus datos.

La demanda contra la norma fue presentada por un grupo de parlamentarios alegando que atentaba contra la familia tradicional.

El diputado Horacio Poppe, del Partido Demócrata Cristiano (PDC) e impulsor de la demanda, dijo que los matrimonios realizados al amparo de esa norma ahora deben ser anulados.

La norma también es rechazada por las iglesias católica y evangélica.

 

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Lunes, 06 Noviembre 2017 08:17

Una lucha pacífica y transversal

Representantes soberanistas tras una pancarta en Barcelona.

 

Con la distancia que proporciona el tiempo, aun el breve tiempo transcurrido, podemos encarar ahora el análisis del dato duro de la coyuntura política en Cataluña, esto es, el “exilio” del president Puigdemont en Bélgica.

La realidad de las cosas, confusa al principio por obra de un fuego mediático interesado menos en aclarar que en oscurecer, ha ido sedimentando, paulatinamente, la certeza de que Carles Puigdemont tomó la mejor decisión -tal vez la única con que contaba en su circunstancia concreta- que podía tomar. Evitó la violencia. Evitó la masacre. Sus partidarios y aun los que, sin serlo, aspiran a la independencia o, simplemente, a que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo y la negociación, lo hubieran defendido. Y las fuerzas policíacas del Estado español, que el 1 de octubre no escatimaron violencia descargada sobre ciudadanos que manifestaban en paz, habrían hecho lo mismo esta vez y -el lógico presumirlo- tal vez se hubieran perdido vidas.

La gran lucha por la independencia es grande porque es pacífica, transversal e inclusiva; y porque es una lucha que nace de valores como la democracia, la libertad y la dignidad. Por eso la gente sale a la calle y se manifiesta y expresa su indignación cantando. Brilla con luz propia la calidad espiritual del pueblo catalán, y mucho más brilla por oposición con la desaforada imagen represiva del gobierno del Partido Popular de España presidido por Mariano Rajoy.

La inteligente actitud del pueblo catalán (que no por inteligente deja de ser espontánea) contrasta con la de un gobierno ya vivido como exterior a Cataluña que, además, se halla, por estos días, persiguiendo a muchos jóvenes activistas de la redes debido a que muestran videos de los actos de violencia del 1 de octubre; así fue como se llevaron esposada, frente a sus hijos menores, a una señora joven por manifestar su indignación en el Facebook. Junto al miedo que se intenta derramar en la población, se ven las detenciones de 9 consellers del govern y el pedido de detención del president Puigdemont y los 4 consellers que faltan para poner en prisión a todo el gobierno Catalán.

Hay allí un propósito avieso y perverso: la provocación. El Estado español provoca buscando escenarios de violencia. Tendría, de ese modo, una excusa frente a Europa para intervenir por más tiempo y desactivar el entramado social pacífico catalán. Y, junto a ello, la amenaza: el Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de España, general de Ejército Fernando Alejandre, ha escrito una columna, en el diario monárquico ABC, en la que señala que “la historia demuestra que, llegado el caso, los españoles y con ellos las Fuerzas Armadas, sabemos defender nuestra Nación”.

Pero hasta ahora Rajoy está fracasando en su objetivo de enervar la pacífica lucha independentista catalana. No sólo porque los catalanes no se han dejado provocar ni lo harán en el futuro, sino porque es la propia Unión Europea la que sintoniza mejor con la actitud de paz y diálogo. Claramente Europa le dijo a Rajoy que se abstenga de la violencia y que la intervención dure poco. Y así, de los seis meses planificados en un principio, el gobierno español ha dicho ya que la anomalía institucional que significa su presencia cuasimilitar en Cataluña sólo durará siete semanas, es decir, hasta las elecciones del jueves 21 de diciembre próximo.

Es de lamentar, sin embargo, que los problemas no terminen ahí. El gobierno español jugó la baza de que los independentistas no se presentarían a elecciones, pero ha perdido o está en vías de perder, porque los partidos de la independencia no sólo se presentarán sino que es probable que vuelvan a ganar. Ante ello, los que se llenan la boca con “la ley” han dicho que, de nuevo, cambiarán la ley por el garrote. En efecto, Enric Millo, delegado del gobierno de Madrid en Barcelona, dijo: “si ganan, aplicaremos nuevamente el 155”. Y lo mismo dijeron el vicepresidente del Senado de Madrid, Pedro Sanz, y el presidente del Partido Popular (PP) en Cataluña, Xavier García Albiol.

Por tales motivos cabe citar aquí la prescripción de Jesús: “El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado” (Mc 2, 27). Las leyes están para servir al hombre y no de otra forma. Así deberán ser las cosas y por el camino de la paz social. Si hay una mayoría catalana que reclama ser escuchada, no se la puede ignorar con una mala interpretación de la Constitución. Y debo enfatizar aquí lo de “mala interpretación”, ya que la autodeterminación de los pueblos es una de las bases del derecho internacional, es parte de los Pactos internacionales de derechos civiles y políticos, y de derechos económicos, sociales y culturales de 19 de diciembre de 1966 que España aceptó en ese año y, luego ratificó en el artículo 96 de la Constitución Española del 78.

 

* Presidente de la Asociación Catalana de Socorros Mutuos Montepío de Montserrat.

 

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Esta semana, Greenpeace se instaló a las afueras del Congreso para pedir que Colombia sea un país libre de asbesto.

 

El Congreso empieza a estudiar una ley para prohibir el uso de este material en el país, que en los últimos cinco años ha dejado más de 1.500 muertos

 

En Colombia algunas leyes llevan el nombre de personas. Es una forma de reivindicar sus luchas, aunque el valiente que estuvo detrás pocas veces alcanza a ver que su esfuerzo valió la pena. Esta semana después de siete intentos fallidos, el proyecto de ley Ana Cecilia Niño pasó su primer debate en el Senado. El camino para que sea realidad todavía es largo, pero el país ya habla del asbesto y recuerda la historia de la mujer que mientras luchaba contra un cáncer (mesotelioma pulmonar), batallaba contra la política, que a veces parece poner los intereses económicos sobre el bienestar de los ciudadanos. Según el Ministerio de Salud, en Colombia han muerto en los últimos cinco años al menos 1.500 personas por enfermedades asociadas al uso de ese material de construcción.

A Ana Cecilia le diagnosticaron la enfermedad en 2014. Haber vivido durante 17 años cerca de una fábrica en donde usaban asbesto para hacer tejas le costó la vida. Murió en enero de este año con el deseo incumplido de ver prohibido el uso de esa fibra. Colombia sin asbesto fue el movimiento que lideró junto con su esposo Daniel Pineda, que siguió insistiendo en su lucha a la que se fueron uniendo otras víctimas, organizaciones sociales, el Gobierno y Greenpeace, que puso el tema en las calles y esta semana acompañó a Pineda en la primera victoria contra el asbesto. “La excusa para que el proyecto de ley siempre terminara hundido era que no había evidencia del daño que causaba, pero ahora con el concepto, entre otros, del Instituto Nacional de Cancerología, quedó clara la urgencia de su prohibición”, dice Pineda.

Aunque la Organización Mundial de la Salud ha considerado que la exposición a amianto, como también se conoce este material, puede causar cáncer de pulmón, laringe, ovario, entre otros males, y más de 50 países han prohibido su uso, Colombia recién decide prestarle atención a las miles de víctimas que reclaman su prohibición. Silvia Gómez, coordinadora de Greenpeace en Colombia, ve con optimismo el paso que por fin da el Congreso y asegura que el tema es cada vez más conocido gracias a que la ciudadanía se ha movilizado. “Ahora más personas saben de esto, la gente está más enterada de sus nocivos efectos. Es un asunto de salud pública. Todos estamos expuestos de alguna forma”, explica Gómez, que recuerda que al menos 100.000 muertes al año se registran en el mundo por culpa de esta fibra.

Una de las empresas cuestionadas ha sido Eternit que, de acuerdo con la investigación liderada por Greenpeace, ha cubierto más de 300 millones de metros cuadrados con sus tejas (para lo que más se usa el material en el país), ha provisto a un millón y medio de viviendas con sus tanques de agua y ha extendido cerca de 40.000 km de tubería de acueducto y alcantarillado. Es un peligro silencioso y mortal para los colombianos”, agrega Gómez. Pero mientras la ley no lo prohíba, las empresas tienen libertad de usarlo, a pesar de los testimonios y de las cifras oficiales de muertos. Con el respaldo de 50.000 firmas de colombianos, el proyecto de ley, impulsado por la senadora Nadia Biel, establece un tiempo de transición de cinco años para que las empresas adapten sus procesos industriales con tecnologías más limpias.

El asbesto es un mineral conocido por su resistencia (permite aislar el calor y el ruido), por barato, por nocivo. Julio César Granada, cirujano de tórax y transplante de pulmón de la Fundación Santa Fe, insiste en que este tema es un asunto de salud pública. “Cada año se calculan 350 nuevos casos de personas con mesotelioma en el sistema de salud, la mortalidad es alta y por lo general las enfermedades se diagnostican cuando han avanzado. Es una fibra casi imperceptible al ojo humano y está disperso en diferentes escenarios, en la cotidianidad”, explica. El riesgo del amianto está en las fibras que desprende al ser manipulado o a medida que se va desgastando.

Los efectos en la salud pueden aparecer hasta 30 años después de la exposición al material. Como le ocurrió a Ana Cecilia Niño, a Joyce López, a Luis Alfonso Mayorca, tres víctimas mortales del asbesto que estos días, cuando el Congreso ha abierto sus puertas para el debate, han vuelto a ser recordados.

 

 

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Sábado, 29 Abril 2017 07:38

Destrucción neta de biodiversidad

Destrucción neta de biodiversidad

 

Se puede medir cuánto vale la vida de un pueblo indígena o campesino? ¿O cuánto vale su muerte? Las empresas que quieren explotar sus territorios y a las cuales esas comunidades les molestan, piensan que sí. Por eso inventaron el concepto de compensaciones por biodiversidad (biodiversity offsets). Así, una empresa minera o hidráulica, una constructora, enormes plantaciones de monocultivos de árboles, o cualquier otro megaemprendimiento que implica devastar un territorio, podría compensar la destrucción, supuestamente conservando biodiversidad en otra parte. Las que más están usando este perverso concepto son mineras, pero otras, como Cemex, no se quedan atrás.

La propuesta que se discute en el senado sobre una Ley General de Biodiversidad, de la senadora Ninfa Salinas del PVEM, aunque no nombra esta modalidad específicamente, la facilita a través de los vacíos y las nuevas regulaciones que establece y sobre todo, por el desconocimiento que predomina en la propuesta sobre el rol esencial, histórico y actual, de las comunidades indígenas y campesinas en el cuidado y crianza de la biodiversidad.

El concepto de compensaciones por biodiversidad es una mina de oro para las empresas, porque les permite aumentar sus ganancias y aparecer como verdes. Primero ganan con el emprendimiento contaminante que instalen y por salir impunes por la devastación causada. Segundo, se apropian o pasan a gestionar un área de biodiversidad en otra zona, con la que pueden conseguir ganancias adicionales, sea por el incipiente mercado secundario de bonos de compensación por biodiversidad, como por la venta de servicios ambientales, mercados de carbono, o por contratos que podrían firmar para patentar elementos de la biodiversidad, como plantas, insectos o microorganismos que se encuentren en ese predio, como dice la propuesta de ley nombrada.

Parte de la estrategia de las empresas para facilitar la operación es denigrar a los pueblos que viven allí, a quienes acusan de que si la empresa no se hubiera hecho cargo, hubieran devastado su territorio, por lo que al desplazarlos, están cuidando la biodiversidad.

El desplazamiento de territorio, como bien saben todos los pueblos que lo han sufrido, es una sentencia de muerte para las comunidades, sus culturas, sus formas de vivir y trabajar. Cuando las reubican, las trasladan a zonas que no conocen, que no son fértiles y donde no pueden practicar sus formas tradicionales de sustento. Un ejemplo de compensación por biodiversidad que presenta la minera RioTinto como modelo, es el caso de una mina en Madagascar, a partir de la cual reubicaron a una comunidad. Nunca les informaron que no podría acceder al bosque y que el lugar que les dieron para sembrar eran dunas de arena. El Movimiento Mundial de Bosques fue allí y publicó un informe sobre lo que realmente ocurrió, que muestra el significado de este tipo de compensación. Un modelo, sí, de cómo operan las trasnacionales. (http://tinyurl.com/mdm4gd5)

Estas compensaciones parten de las mismas bases teóricas que los mercados de carbono, los pagos por servicios ambientales y el concepto de cero emisiones netas en cambio climático. El supuesto básico es que las emisiones de gases, la contaminación y la devastación, pueden ser compensadas. No se trata de parar la devastación y contaminación ambiental ni la destrucción de la biodiversidad, sino de hacer la contabilidad correcta: si el daño producido supuestamente se compensa en otra parte, la suma total dará cero. Esto de nada sirve para frenar el cambio climático, cuidar la biodiversidad y mucho menos a los pueblos desplazados o a quiénes ya no pueden beber más agua de su río, a quiénes pierden su bosque, su tierra y su sustento. Pero cuantificar la destrucción, permite emitir bonos y créditos comerciables.

En el caso del cambio climático, esta operación obvia realidades muy graves. No existe ninguna evidencia de que los mercados de carbono hayan mejorado en nada el cambio climático, aunque sí hay evidencias de las ganancias de quienes comercian emisiones. Pero de todos modos, ya no queda espacio climático para seguir emitiendo, porque el exceso de gases de efecto invernadero de unos cuantos países ha sido tan grande que no hay posibilidad de compensar para seguir emitiendo gases; la única solución real es reducir las emisiones. En el caso de la biodiversidad, el planteo es descabellado, porque la diversidad biológica y cultural son procesos locales, co-evolutivos y de larga historia, no se puede destruir un espacio y pensar que conservar otro lo compensará, mucho menos que se puede arrancar a una comunidad de su territorio.

En el contexto de la COP 13 del Convenio de Biodiversidad que se realizó en 2016 en Cancún, esta modalidad de compensación fue un tema entusiasta del Foro de Negocios y Biodiversidad, con empresas de todo el mundo. También integra la visión de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios, formada poco antes de la COP13, integrada por empresas mexicanas y transnacionales como Bimbo, Cemex, Grupo México, Nestlé, Basf, Syngenta, Walmart, Banorte, CitiBanamex, Proteak, BioPappel, Televisa, Masisa, Canaco Cdmx, junto a instituciones y ONG como Cespedes, Pronatura, The Nature Conservancy, Rainforest Alliance, Conservación Internacional México, Reforestamos México, Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Biofin, Cemda, COBI y Ecovalores, muchas de las cuales han tenido un rol clave en la mercantilización de la biodiversidad.

Es importante conocer y no permitir que avancen estas nuevas trampas que justifican la destrucción de la biodiversidad y nuevos ataques a comunidades campesinas e indígenas, sus verdaderos custodios.

 

*Investigadora del Grupo ETC

 

 

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Implementando el Acuerdo de Paz: borrador de proyecto de Ley

 

Como parte de la implementación de Acuerdo de Paz, está circulando un borrador de un proyecto de ley sobre el Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales. Un grupo de congresistas y organizaciones sociales ha enviado una carta a la Comisión de Seguimiento expresando su preocupación y rechazo a varias partes del borrador. Según los firmantes “varios de sus contenidos particulares, desconocen abiertamente la Constitución Política de 1991, la jurisprudencia de la Corte Constitucional e incluso el propio contenido del Acuerdo Paz de La Habana suscrito entre el Gobierno Nacional y Las FARC EP en noviembre de 2016.”(1)

Sin lugar a dudas hay partes del borrador que son inconstitucionales, y también tienen razón sobre la jurisprudencia de la Corte Constitucional, pues es cierto que la legislación que afecta a las comunidades étnicas requiere un proceso de consulta previa y hay una larga lista de fallos sobre asuntos agrarios. Donde se equivocan los congresistas es cuando hablan del Acuerdo de Paz. Pues las contradicciones que ellos señalan no son ciertas.

 

El Modelo Agrario y los Baldíos

 

Apelan primero a puntos generales del Acuerdo de Paz antes de proceder a mirar las propuestas concretas de la ley. Citan una parte del Acuerdo de Paz que afirma que:

 

"una verdadera transformación estructural del campo requiere adoptar medidas para promover el uso adecuado de la tierra de acuerdo con su vocación y estimular la formalización, restitución y distribución equitativa de la misma, garantizando el acceso progresivo a la propiedad rural de quienes habitan el campo y en particular a las mujeres rurales y la población más vulnerable, regularizando y democratizando la propiedad y promoviendo la desconcentración de la tierra, en cumplimiento de su función social."

 

Además citan partes del Acuerdo que hablan de la erradicación de pobreza etc. Esos son como los preámbulos de las constituciones, son aspiraciones. Hay varias partes del borrador de ley que son más técnicas y los congresistas aciertan de nuevo. Es cierto que la ley pretende hacerlo mucho más fácil entregar los baldíos a empresas extranjeras para proyectos supuestamente de “utilidad pública e interés social (como las empresas mineras o petroleras).” Además introduce un nuevo concepto, una nueva figura jurídica Unidad de Producción Rural, que puede permitir la acumulación de baldíos de la nación en manos distintas a los campesinos. Como dicen los firmantes de la carta.

 

“Además, abre la posibilidad para que con la tenencia de las UPA puedan acumularse grandes extensiones de tierra para fines empresariales u otros, lo cual, en la práctica reducirá la superficie disponible destinada para el campesinado y para la producción alimentaria.”

 

De nuevo aciertan, aunque ellos mismos reconocen que la entrega de baldíos a empresas nacionales y extranjeras no es algo nuevo. De hecho, a lo largo del proceso de paz el Estado colombiano siguió con su política de ignorar la legislación vigente, la Constitución Política y la jurisprudencia. Los firmantes dicen que:

 

“...es de suma gravedad, porque tal y como lo ha denunciado La Contraloría General de la República, en sus diversos informes, se han evidenciado casos de acumulación irregular de baldíos en la altillanura colombiana, en los cuales estaban involucradas importantes empresas y personas naturales (nombres como el de Luis Carlos Sarmiento Angulo, Pablo Valencia Iragorri, Cargill, Riopaila, entre otros). Es inaceptable que el Estado en lugar de profundizar en las herramientas legales para lograr la recuperación de esas tierras y la anulación de esas negociaciones fraudulentas, pretenda legalizarlas y sanearlas.”

 

No puede decirlo mejor. El Estado tiene una práctica nefasta de entregar las tierras a empresas nacionales y extranjeras, y no obstante las declaraciones hechas por varias ONG y organizaciones sociales (entre ellas firmantes de la carta) el Estado no tiene la más mínima intención de transformar el campo colombiano a favor del campesinado. Empero, esto no se debe sólo a una falta de voluntad de su parte, sino el Acuerdo de Paz tampoco lo obliga, como creen los firmantes. Según ellos la ley “Profundiza el modelo que da prevalencia a la agroindustria a través de figuras como las Zidres.” Pero eso no es contrario al Acuerdo de Paz, lo cual reconoce la legalidad y legitimidad de ese modelo. Como afirma la versión definitiva del Acuerdo de Paz en la página 12 se enumeran una serie de nada más y nada menos que principios, entre los cuales se encuentra la siguiente perla:

 

Desarrollo integral del campo: el desarrollo integral del campo depende de un adecuado balance entre las diferentes formas de producción existentes – agricultura familiar, agroindustria, turismo, agricultura comercial de escala-; de la competitividad y de la necesidad de promover y fomentar la inversión en el campo con visión empresarial y fines productivos como condición para su desarrollo; y de la promoción y fomento, en condiciones de equidad, de encadenamientos de la pequeña producción rural con otros modelos de producción, que podrán ser verticales u horizontales y en diferente escala. En todo caso se apoyará y protegerá la economía campesina, familiar y comunitaria procurando su desarrollo y fortalecimiento.” (Énfasis fuera del original)

 

¿Se lo explicamos con plastilina? El Acuerdo contempla la agroindustria, agricultura de escala y la competitividad. Aquí el gobierno no es quien miente, quien miente son los que dijeron que el Acuerdo era distinto a lo que parece escrito en blanco y negro. Los firmantes si aciertan cuando dicen que eso es regresivo para el campo colombiano, pero ellos mismos pidieron el voto a favor de ese acuerdo e hicieron campaña a favor del Acuerdo. Sí, la derecha colombiana pudo introducir algunos cambios en el Acuerdo, como el que citamos arriba, pero los congresistas firmantes votaron a favor de dicho acuerdo con los cambios.

También los firmantes se quejan de los artículos del borrador de proyecto de ley que intentan vincular el campesinado al gran capital y los proyectos agro-exportadores. Según los firmantes el borrador

 

“...limita sus [las comunidades] posibilidades para la definición del modelo productivo y económico que permita la construcción de paz con justicia social, atándola a lineamientos y criterios técnicos en cabeza de la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Planificaci6n Rural Agropecuaria y la Agencia de Desarrollo Rural, que priorizan el establecimiento de alianzas y encadenamientos entre la pequeña y gran producción, el uso eficiente del suelo rural, la innovación tecnológica, asistencia técnica, crédito, riego y comercialización que favorecen un modelo de producción empresarial agroindustrial a gran escala.”

 

Tienen razón, el borrador de ley, sí hace eso y obliga a los campesinos a asociarse con empresas grandes. Respecto a eso, hay dos puntos. Primero eso ha sido la política del Estado desde hace tiempo, algo que trataremos ahora, pero segundo es una parte explícita del Acuerdo de Paz. Otra vez nos falta la plastilina. En la página 33, punto 1.3.3.6 el acuerdo dice claramente que:

 

Asociatividad: el Gobierno fomentará y promoverá la asociatividad, encadenamientos y alianzas productivas entre pequeños, medianos y grandes productores así como con procesadores, comercializadores y exportadores con el fin de garantizar una producción a escala y competitiva e insertada en cadenas de valor agregado que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de los habitantes del campo en general y en particular de los pequeños productores. Para ello brindará asistencia técnica, jurídica y económica (crédito o financiamiento) a los pequeños productores con el fin de garantizar proyectos de economía familiar y asociativos, equilibrados y sostenibles.” (Énfasis fuera del original)

 

¿Acaso queda alguna duda? No. Pero es más, como señalamos esta idea no es nueva, y no nos sorprenderá saber el papel que han jugado las ONG y varios personajes de la izquierda en eso.

 

 

Las Alianzas Productivas

 

Esta propuesta que resulta tan repugnante para los firmantes es política oficial del Estado desde hace mucho rato con el apoyo de los EE.UU., la Unión Europea, las ONG y el silencio de la izquierda.

La idea de unir el campesinado en proyectos comunes con la agroindustria no es ni colombiana, ni nada nueva. Pero en el caso colombiano, toma fuerza en los noventa con el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio. El PDPMM se fundó en 1995 como iniciativa de Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera. En 1998 recibe un crédito de innovación y aprendizaje del Banco Mundial, pero realmente la suerte del PDPMM y su ideólogo el cura Francisco de Roux cambia radicalmente con el Plan Colombia. Reciben apoyo del Plan Colombia para fomentar las Alianzas Estratégicas donde los campesinos forman una alianza con el gran capital para producir Palma Africana, Cacao y luego Caucho. Este modelo transfiere los costos de producción de las empresas grandes a los campesinos. En ese momento, De Roux recibió el apoyo político de grandes ONGs como las que se agrupan en OIDHACO (Oxfam, Christian Aid, Trócaire, Caritas Francia y Mundubat [Paz y Tercer Mundo en ese entonces] entre otros). Además la coordinación de ONG de derechos humanos como la Coordinación Colombia Europa EE.UU, guardaron silencio. No querían criticarlo ni a él ni a su modelo. De hecho, este nefasto personaje es invitado a dar conferencias por organizaciones de la izquierda, reparten sus artículos y hablan de él en tonos venerados.

Luego vino el ministro de agricultura, Felipe Arias, en el gobierno de Uribe Vélez quién adoptó el modelo promovido por De Roux y lo hizo propio. En su Apuesta Exportadora detalló no sólo los cultivos a promover sino las regiones prioritarias para cada cultivo y en eso coincidió con la Unión Europea y sus Laboratorios de Paz, que también promovieron ese modelo agro-exportador que vincula el campesinado al gran capital y lo implementaron en varias regiones del país. Las ONG no sólo guardaron silencio ante las maniobras del imperialismo europeo, o como ellas dicen el buen imperialismo que no echa bala en Colombia, sino organizaciones sociales como el CRIC y el CIMA manejaron el Laboratorio de Paz de Cauca, promoviendo el modelo tanto criticado por los firmantes de la carta, y sembrando los cultivos señalados por Felipe Arias, como espárrago, brócoli, hortalizas etc.

En 2011, la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras fortaleció ese modelo, obligando a los campesinos a sembrar agro-exportables si querían créditos para las tierras devueltas a ellos. No es nuevo el modelo, lo que sí es nuevo, es que los firmantes de la carta lo criticaran. Pero si quieren criticar a la Asociatividad del Acuerdo de Paz y del borrador de Ley, tendrán que explicar a los campesinos porque eso es malo, y porque no dijeron nada hace 17 años cuando De Roux implementaba el mismo modelo con los fondos del Plan Colombia y porque no dijeron nada cuando los europeos promovieron lo mismo. Es una respuesta que merece el campesinado, pues son actores políticos no son carne de cañón en peleas políticas de las ONG y los políticos colombianos. Tómensen su tiempo, pero una respuesta sería bienvenida.

 

 

Debilidad de Acuerdo

 

El Acuerdo de Paz es muy débil, cuando no abiertamente reaccionario en materia agrícola, no puede servir como la base ni el referente para la oposición a las políticas agrarias del Estado, pues como se explicó, el Acuerdo incluye muchos de esos elementos. Pero el Acuerdo tiene una gran debilidad política que pocos quieren reconocer. Las Alianzas Estratégicas, la entrega de baldíos, el fomento de la agro-industria, el robo de tierras etc., todo eso comenzó mucho antes de iniciar el proceso de negociación entre las FARC y el Estado y siguió y se intensificó a lo largo de los cuatros años de negociaciones. Ni las FARC, ni ninguno de los firmantes fueron capaces de poner sobre la mesa los temas denunciados en la carta. No quiere decir eso, que ellos nunca se pronunciaron sobre los baldíos, por ejemplo, pues sí lo hicieron todos los congresistas, pero no lo hicieron en el marco de su apoyo al proceso de paz. El Acuerdo de Paz, iba a transformar el campo colombiano, decían, pero no exigían públicamente lo que ahora piden en la carta.

Es más cuando la ONU y la Universidad Nacional organizaron el Foro Agrario, como parte del proceso, lo presidió y lo cerró Francisco de Roux. En su discurso de cierre, De Roux dijo a los campesinos y los empresarios presentes (el foro contaba con la participación de la SAC y Fedepalma entre otros) que iba a llevar sus propuestas a La Habana pero también la propuesta de lo que él llamaba los cultivos tropicales permanentes, es decir, palma, caucho, cacao. Los firmantes de la carta que asistieron a ese foro nunca dijeron nada sobre los comentarios de cierre del cura De Roux.

Las FARC no fueron capaces de incluir ni una sola palabra contra ese modelo agrario. El Acuerdo no tiene nada que decir sobre el modelo ni el sometimiento de los campesinos a los proyectos agroindustriales. Tampoco tiene mucho que decir sobre los baldíos (la palabra ocurre apenas tres veces en un documento de 310 páginas). Mientras las ONG y los “intelectuales de izquierda” nos exigían un apoyo total y ciego al Acuerdo de Paz, los empresarios siguieron con el despojo y la preparación del borrador del proyecto de ley.

Las críticas de los firmantes son bienvenidas, pero si insisten en tomar el Acuerdo de Paz como referente, no serán más que papel mojado. La oposición a las políticas agrarias del Estado deben estar por fuera del Acuerdo y donde siempre se ha hecho, las calles, carreteras y campos del país y sin la mediación ni las buenas intenciones de los que en nombre de la paz, sacrificarían a los campesinos. Queda por ver cuántos de los firmantes siguen con sus críticas una vez que las FARC y/o el gobierno invoquen la estabilidad y futuro del Acuerdo de Paz. La próxima vez, hagan el favor de leer el Acuerdo de Paz antes de decirnos lo que es contrario a dicho documento.

 

(*) Contactos: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Referencias:

(1) Los firmantes son: Senador Iván Cepeda, Senador Alberto Castilla, Representante Alirio Uribe, Representante Ángela María Robledo, Representante Víctor Correa y de organizaciones sociales Fensuagro, Coordinación Étnica Nacional de Paz- Cenpaz, Comisión Colombiana de Paz, Grupo Género en la Paz, CINEP/Programa de Paz, Grupo Semillas, Corporación Jurídica Yira Castro.

 

Fuente: http://www.elsalmon.co/2017/04/implementando-el-acuerdo-de-paz.html#more

 

 

 

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Una joven salvadoreña protestó el pasado miércoles contra la minería en la Asamblea Legislativa en San Salvador.

 


IPS

El más pequeño país de América Central, El Salvador, se convirtió en la primera nación del mundo en prohibir, por ley, la minería metálica en todas sus formas, sentando un precedente para que otros pueblos del mundo sigan el ejemplo, aseguran activistas y pobladores.

“Es histórico, estamos enviando una señal al mundo, de que los países pueden tener otros caminos diferentes y decir no a esa industria”, dijo a IPS el líder ambiental Edgardo Mira, de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, un colectivo de organizaciones ecologistas.

Con 69 votos, de 84 posibles, los diputados de la unicameral Asamblea Legislativa aprobaron el miércoles 29 de marzo la ley, calificada de histórica, en que mediante 11 artículos prohíbe de tajo esa industria, ya sea subterránea o a cielo abierto.

Decenas de activistas se concentraron desde temprano ese día en la entrada de la Asamblea para exigir, en un ambiente de júbilo, el cumplimiento del acuerdo en favor de la prohibición alcanzado la víspera por los diputados en la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático, paso previo para la votación en plenaria.

“He visitado las antiguas minas que se explotaron en el siglo pasado, donde se ve claramente las secuelas dejadas, como el drenaje ácido en los ríos, eso pasaría en el resto del país”, apuntó a IPS el jubilado César Augusto Jaco, del populoso barrio capitalino de Cuscatancingo.

Sosteniendo un rótulo de fondo amarillo con la imagen de una calavera, en negro, este miembro de 76 años, de la Red de Ambientalistas Comunitarios de El Salvador, subrayó, frente a la Asamblea: “la minería es nefasta, no concibo que no va a dañar nuestras fuentes de agua”.

El riesgo de dañar los mantos acuíferos ha sido uno de los frentes de lucha de los activistas ante la industria extractiva, que se sabe usa millones de litros del líquido para obtener el oro.

El Salvador es uno de los países con mayor vulnerabilidad ambiental, según organismos internacionales.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el Tribunal Latinoamericano del Agua y la Asociación Mundial del Agua coinciden en que el país camina a una situación de estrés hídrico, explicó a IPS el investigador Andrés McKinley, de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

La ley también veta el uso de cianuro, mercurio y otros metales usados en esa actividad. Otorga, no obstante, un periodo de gracia de dos años a las personas que se dedican a la minería metálica artesanal, para que puedan reconvertirse a otras actividades productivas.

Mira, de la Mesa Nacional, calculó que alrededor de 300 personas se dedican a ello, sobre todo en la Mina San Sebastián, en la jurisdicción de Santa Rosa de Lima, en el oriental departamento de La Unión.

La legislación es retroactiva y de ese modo cierra con candado los permisos de exploración que pudieran estar en trámite.

El informe “La Amenaza de la Minería Metálica en un Mundo con Sed”, elaborado por McKinley y publicado en 2015 por la UCA, documenta los casos de países donde se ha restringido la actividad, pero sin vetarla legalmente.

Costa Rica, dice el documento, aprobó en 2012 una legislación que prohibió la minería metálica de cielo abierto, permitiendo la subterránea.

En 2002, agrega, el gobierno de la provincia de Mindoro Oriental, en Filipinas, aprobó una moratoria de 25 años para proyectos mineros, y en 2011, la provincia de Zamboanga hizo lo propio en cielo abierto.

En Estados Unidos, en 2014, la Agencia de Protección del Medioambiente (EPA, en inglés) prohibió la apertura de la mina Pebble, ubicada en el estado de Alaska, para proteger el hábitat más extenso del mundo del salmón rojo (Oncorhynchus nerka).

Antes, en 1989, el entonces presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, impuso 50 años de moratoria de toda actividad minera en el sureño estado de Amazonas. Pero eso no impidió la expansión de la minería ilegal en la selvática región y el gobierno actual revertió de facto la medida, permitiendo la explotación minera allí.

“El Salvador es el primer país del mundo que evalúa los costos y beneficios para el país de esta industria y ejercer su derecho a decir no”, acotó McKinley a IPS.

La aprobación de la ley fue producto de diversos factores que confluyeron para convencer a los parlamentarios de cumplir de una vez por todos con el largo anhelo de activistas y comunidades cercanas a yacimientos mineros, de vetar la industria manera.

Entre ellos, la presión tanto de las organizaciones ambientalistas que han luchado por años por ese objetivo desde hace más de una década, como de la Iglesia Católica, que hizo suya esa exigencia popular.

El 9 de marzo, el arzobispo de San Salvador, Luis Escobar Alas, encabezó una marcha contra la minería metálica que culminó en las afueras de la Asamblea Legislativa, para presentar el proyecto de ley elaborado por la UCA, el documento que fue la base para la ley finalmente aprobada.

“La Iglesia Católica es un enorme poder en El Salvador, y su lucha junto a las comunidades no empieza este año, sino en 2007 cuando ya se posiciona, como Conferencia Episcopal, con su documento Cuidemos la Casa de Todos”, apuntó McKinley.

La ley es la culminación de años de lucha por parte de organizaciones ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron, sobre todo, a los trabajos desarrollados en la mina El Dorado, en el central departamento de Cabañas, por la compañía Pacific Rim, ahora OceanaGold tras ser adquirida en 2013 por esta corporación australiana-canadiense.

La compañía demandó a El Salvador por 250 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi, siglas en inglés), luego de que en 2008 el gobierno de entonces, de derechas, le negara el permiso de explotación.

Los dos gobiernos sucesivos del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional han mantenido desde el 2009 esa moratoria no declarada.

En octubre del 2016, el Ciadi resolvió a favor de El Salvador, y falló que la empresa debe además pagar ocho millones de dólares en costos procesales, lo que la empresa no cumplió hasta ahora.

Y en un nuevo revés, ese tribunal determinó el 28 de marzo que la corporación pague además los intereses, a una tasa de entre dos y cinco por ciento mensual, por la mora en saldar la deuda en que ha incurrido desde octubre.

Esos fallos contribuyeron, también, a generar un clima propicio para la prohibición.

“Venimos en plan de celebrar el triunfo de nuestra lucha, celebración continúa allá en las comunidades donde la gente ha estado en resistencia”, señaló a IPS la coordinadora de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas, Rina Navarrete.

Agregó que el logro obtenido es una reivindicación al trabajo de “los mártires caídos en esta lucha en contra de la corporación minera”, en alusión a Ramiro Rivera, Marcelo Rivera (sin vinculación con el anerior) y Dora Alicia Sorto, ambientalistas asesinados por sicarios entre junio y diciembre del 2009, en ese poblado de Cabañas.

Naverrete, una madre soltera de dos hijos, residente en la localidad de Llano de la Hacienda, en Cabañas, retomó el trabajo del asesinado Marcelo Rivera.

Los activistas fueron presuntamente acribillados por su liderazgo contra las actividades de la entonces Pacific Rim en esa zona, aunque eso no quedó confirmado por las autoridades judiciales.

 

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/04/el-salvador-el-primer-pais-del-mundo-en-prohibir-la-mineria-metalica/

 

 

Publicado enMedio Ambiente
Cada copa de vino representa una unidad de alcohol.

 

¿Es posible trabajar drogado o bajo los efectos del alcohol? Una polémica sentencia de la Corte Constitucional de Colombia ampara a los trabajadores que logren hacerlo sin que su rutina laboral o productividad se vea afectada. El fallo ha levantado pasiones y ha dividido a los expertos en un país donde en los últimos años ha repuntado la producción y el consumo de cocaína. El tribunal colombiano ha reinterpretado una parte de un artículo del Código del Trabajo que explicita la prohibición de “presentarse al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de narcóticos o drogas enervantes”. ¿Por qué? Porque no siempre esas sustancias entorpecen el desempeño del trabajo diario, argumenta la corte. La sentencia aborda también una reflexión que equipara la adicción con una enfermedad laboral, pero la rectificación de ese supuesto de la legislación laboral se debe a que “la prohibición allí contemplada solo se configura cuando el consumo de alcohol, narcóticos o cualquier otra droga enervante afecte de manera directa el desempeño laboral del trabajador".

Esta decisión empezó a gestarse el año pasado en la facultad de Derecho de la Universidad Uniciencia de Bucaramanga. Dos estudiantes presentaron un recurso de inconstitucionalidad apelando a una cuestión de principios. Según el escrito que enviaron a la Corte, ese precepto del Código del Trabajo chocaba con dos artículos de la Constitución. El primero consagra la igualdad de todas las personas ante la ley y llama a la protección del Estado de “aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta”. El segundo artículo establece la igualdad de oportunidades para todos los trabajadores.

El tribunal fija excepciones para “actividades que involucran riesgos para el trabajador, para sus compañeros de trabajo o para terceros”. "Un ejemplo de ello es lo que sucede con relación al personal aeronáutico", señala. En cualquier caso, aclara que "igualmente, respecto de actividades que impliquen un menor riesgo también puede exigirse el cumplimiento de la prohibición establecida en la norma demandada, en la medida en que es interés legítimo del empleador que los trabajadores presten de manera adecuada las labores contratadas". "Con todo, respecto de estos casos, no se podrán tomar medidas disciplinarias si no se demuestra por parte del empleador la incidencia negativa que el consumo de sustancias psicoactivas tiene sobre el cumplimiento de las obligaciones de los trabajadores", concluye el fallo.

La sociedad colombiana, los expertos y los políticos han encontrado otro motivo de polarización. El constitucionalista Juan Manuel Charry defiende la sentencia en conversación con EL PAÍS. "El solo hecho de estar bajo los efectos de una sustancia no puede ser sancionable si no hay daño o una negligencia de una conducta”, explica, poniendo el clásico ejemplo de un trabajador que toma dos copas de vino durante el almuerzo. “A uno no se le puede sancionar por cómo es o por cómo está, sino por lo que hace”, señala.

En las antípodas, la opinión de Augusto Pérez, terapeuta y director de la Corporación Nuevos Rumbos, dedicada a la investigación de las adicciones. Según su análisis, la sentencia “tiene consecuencias malas para la sociedad”. Aunque apunta que el fallo no abarca solo los casos de evidente embriaguez, lo considera “peligroso para los mismos empleados”, ya que sienta un precedente dudoso y da “patente de corso para que hagan lo que quieran”.

 

 

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