Francia Márquez. Luis Grañena

Ella es mucho más que la vicepresidenta de Colombia. Es un puente de lo particular a lo universal político; es un impulso desde el cuerpo y el territorio hacia un horizonte de dignidad compartida. Nos habla de un futuro mucho más fértil

Por Iván Olano Duque 6/08/2022

Sus primeros recuerdos tienen que ver con el río, la fertilidad de la tierra y los lazos comunitarios. Recuerda que iba a pescar con su madre, una partera que ayudó a nacer a más de setenta personas, y que iba con su abuelo y sus primos a armar barbacoas –una trampa de madera en el río, donde la corriente es más fuerte–, y subía en la mañana con muchos pescados que no eran para vender, sino para compartir con la comunidad. Recuerda que aprendió a trabajar la tierra, los cultivos de pancoger (la denominación en Colombia de la agricultura para el consumo propio), el maíz, la yuca, el plátano y el frijol. Y recuerda que fueron sus abuelos quienes le enseñaron la minería tradicional. Hay que empezar imaginándola ahí, en ese lugar y punto de vista específico: una niña de cinco años en el río, con una batea, lavando la arena para buscar pepitas de oro. 

Estas primeras imágenes de una vida comunitaria y arraigada en el territorio sirven para entender por qué, ante la primera conciencia de los distintos conflictos, Francia Márquez no los interpretó como un infortunio personal, sino como realidad y desafío colectivo. Y hubo un momento en que la amplitud territorial y comunitaria se convirtió en conciencia y reivindicación histórica. Le habían enseñado que era descendiente de esclavos, pero su posición en el mundo cambió radicalmente cuando descubrió que ese enunciado era falso: ella no era descendiente de esclavos, sino de hombres y mujeres libres que fueron esclavizados.

El territorio y la identidad misma venían cargados de lucha, los recuerdos más íntimos eran el punto de partida de un relato más amplio, de antagonismos estructurales, y entonces se desencadenaron todas las fuerzas. ¿Quién es Francia Márquez? Es una mujer en un régimen patriarcal, y afrodescendiente en un sistema racista y colonialista; es de la periferia rural, campesina, en un país centralista, y es ambientalista en una época en que la fractura metabólica entre humanidad y naturaleza nos tiene al borde del colapso; es latinoamericana en un orden que entiende el sur global como cantera de recursos sin agencia propia, es de clase trabajadora, fue madre adolescente, madre soltera, víctima y desplazada por la violencia. Y por todo lo anterior fue líder social desde muy joven, se convirtió en una de las voces más potentes contra las distintas violencias, y se posiciona con claridad: es antirracista, antipatriarcal, anticolonial y anticapitalista.

Por esto se volvió una referencia internacional. Por eso Angela Davis la considera un ejemplo de lucha política y vital. Y por esto y un acumulado de movilizaciones es hoy la vicepresidenta de la República de Colombia. Francia Márquez reúne casi todos los vectores de la opresión contemporánea, pero lo admirable –lo conmovedor incluso– es que impulsa todas las resistencias.

Donde tengo sembrado el ombligo

Francia Elena Márquez Mina nació en 1981 en la vereda Yolombó, corregimiento de La Toma, al sur de Colombia. Es una región montañosa, fértil y rica en oro, cercana al océano Pacífico y justo antes del valle geográfico del río Cauca.

Durante la Colonia, todas las minas eran propiedad de la Corona y se daban en concesión a familias acaudaladas. Cuenta Alfredo Molano Bravo –el más notable cronista del conflicto social en Colombia– que al principio la mano de obra en esa región fue indígena, pero las rebeliones fueron constantes y los españoles decidieron comprar esclavos africanos para la explotación del oro, pero también para el trabajo complementario en las haciendas de la planicie: la ganadería y la caña de azúcar. Para disminuir costos de alimentación los patrones permitían a los esclavos que trabajaran la tierra cercana a la mina. Eso determinó que, desde mediados del siglo XVII hasta hoy, las familias tradicionales de la región no fueran sólo mineras, sino además agricultoras.

En la Colonia, y luego en la Independencia, cambiaban poco a poco los beneficiarios de las concesiones en la región, los grandes apellidos y hasta comunidades religiosas se repartían la tierra y las minas, negociaban montañas enteras desde las ciudades, pero las familias afrodescendientes permanecían. Con la abolición de la esclavitud en Colombia en 1851 hubo una indemnización a los esclavistas, pero se les dijo a los esclavos libertos que si querían seguir trabajando las minas –que ya habían trabajado en condición de esclavitud por doscientos años– debían arrendarlas o comprarlas. Es decir, no sólo no los indemnizaron por la injusticia histórica, sino que pasaron de trabajar como esclavos a pagar para poder trabajar en su propio territorio. Muchos grandes esclavistas se convirtieron así en rentistas. Recuerdo el comentario amargo de Estanislao Zuleta: no fue la generosidad de la élite ni la reflexión sobre la dignidad humana lo que acabó la esclavitud en América, sino su encarecimiento y el hecho de que fuera preferible pagar un salario bajo. En otras palabras, la idea de la libertad se puso de moda cuando la esclavitud dejó de ser un buen negocio. 

Pero un campesino próspero también es un mal negocio para los grandes hacendados, porque vuelve escasa y costosa la mano de obra. Así que los campesinos del Valle, muchos de ellos afrodescendientes, fueron arrinconados por la voracidad de los poderosos propietarios de haciendas de caña de azúcar. Desde principios del siglo XX se registra un aumento significativo de la conflictividad por la tierra, la violencia, el desplazamiento forzado a las cordilleras y a las grandes ciudades, lo que multiplicó la población pobre asalariada. Los latifundistas –que tenían también el poder estatal– no dejaron de apoderarse del Valle, y de organizar bandas armadas para reprimir a sangre y fuego toda rebelión campesina, negra e indígena. Los grandes poderes con intereses mineros tenían ahora nombres en inglés. A mediados de siglo XX, durante el periodo que conocemos en Colombia como La Violencia (desde antes del asesinato de Jorge Eliécer Gaitán hasta una década después) la dinámica anticampesina y antipopular se mezcló con el discurso anticomunista: entre Policía, Ejército y bandas mercenarias avanzaron por el norte del Cauca –con claro criterio racista– tratando de borrar todo conato de insumisión. 

Esa ha sido la constante histórica. Hubo conquistas populares significativas, como el artículo transitorio 55 de la Constitución de 1991 que le dio paso a la Ley 70 de 1993 y que reconoce al fin la propiedad colectiva de las tierras de las comunidades negras, pero el esquema de las tensiones políticas y sociales es el mismo desde la Colonia hasta la actualidad: una población campesina, indígena y afrodescendiente que se aferra al territorio, que rebusca el modo de seguir viviendo ante los embates de latifundistas y grandes capitales –incluidas las mafias del narcotráfico– que recurren sistemáticamente a la violencia estatal y paraestatal. Pero entre tantas montañas la rebeldía siempre sobrevive. Y me atrevo a decir que se convierte en una suerte de patrimonio cultural.

Allí nació Francia Márquez. Los más viejos enseñan a cuidar el territorio, pues costó años de sufrimiento y trabajo. Hay un sentido común establecido de que nadie les regaló nada, que cada milímetro de conquistas es el resultado de la voluntad, la resistencia, la organización y la lucha de los de abajo. Y por esa conciencia, y sobre todo ese ejemplo vivo que ninguna violencia ha logrado desaparecer, ella decidió dar desde muy joven un paso al frente. Lo ha dicho en múltiples ocasiones a lo largo de los años: si ella veía toda esa fuerza en las mayoras, mujeres que decían “a mí me matan aquí... este es el territorio donde tengo sembrado el ombligo”, ¿cómo es que ella, que tenía juventud y fuerza, no iba a hacer nada?

La casa común

Cuando Francia Márquez terminó la primaria su madre le dijo que no podía pagarle más los estudios, así que le tocó trabajar en la mina para pagar el bachillerato, para comprar el uniforme, los zapatos, los libros. Le gustaba el teatro, quería dedicarse a bailar y cantar. En la casa cultural de su municipio, Suárez, armaron un grupo de música del Pacífico, y fueron varias veces a Cali a participar en el Festival Petronio Álvarez. Pero ella siempre veía que la comunidad, incluidos varios miembros de su propia familia –su madre, su abuela, sus tíos– se reunían a discutir sobre amenazas urgentes al territorio.

En 1977 se inició la construcción del embalse La Salvajina, en la cuenca alta del Cauca. A la comunidad de Suárez le dijeron que llegaría el progreso, y cientos de campesinos se vieron obligados a vender sus parcelas –con mina incluida– a un precio irrisorio. Las armas del Ejército intimidaron las voces críticas, la gente se lanzó a sacar el oro de la tierra removida por las obras, y cuando la mayoría comprendió el enorme daño económico y cultural del embalse ya era demasiado tarde. Se organizó un Paro Cívico en 1985, cuando las obras ya estaban terminadas y se inauguró la hidroeléctrica. Al final se quedaron sin la tierra, el represamiento dividió comunidades, destruyó la vida del río y modificó hasta la temperatura y los ecosistemas de la zona, mientras que los grandes ganadores, además de las multinacionales que gestionarían la represa durante varios años, fueron los latifundistas río abajo que secaron humedales y extendieron incluso más el monocultivo de caña de azúcar.

En las comunidades quedó el sabor de un nuevo atentado histórico: gente que vivía muy lejos acumulaba beneficios en tanto que los negros e indígenas seguían poniendo muertos y desplazados, y pagaban el costo ecológico, económico y cultural. Por eso cuando anunciaron en 1995 el proyecto de desviación del río Ovejas, para aumentar el nivel del embalse y la generación eléctrica, la comunidad se opuso con firmeza. Más que sustento y modo de vida, “el río ha sido el papá y la mamá de nosotros”, decían, el corazón de la existencia misma de la comunidad.

Entonces empezó el activismo de Francia Márquez. Era adolescente, pero vivió y aprendió de primera mano cómo la organización comunitaria, exigiendo su derecho fundamental a la consulta previa, logró frenar la nueva avanzada de destrucción de la casa común que vendían como progreso.

Paramilitares y multinacionales

En 2001 hubo una fuerte presencia de paramilitares en el norte del Cauca. Como en muchas otras regiones del país se coordinaban con el Ejército, usaban sus vehículos y su logística, andaban bien uniformados, bien armados, y tenían bases en grandes haciendas. El argumento público es que era una operación antiguerrillera, pero casi no hubo combates, y en cambio sí hubo numerosos retenes a la población civil, torturas, ejecuciones públicas y masacres. Alrededor del río Naya los campesinos denunciaron el asesinato en tres días de más de cien personas, muchos de ellos descuartizados, en lo que luego se conocería como la masacre del Naya. En realidad fue una avanzada del proyecto paramilitar, en su mayor momento de expansión, para instaurar el terror y dominar una región estratégica para el narcotráfico –por sus rutas al océano Pacífico– y siempre atractiva para poderosas multinacionales.

El Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) otorgó en toda la región concesiones mineras a gran escala a influyentes individuos y empresas foráneas, y entre ellas a un hombre que –denunció la comunidad– actuaba como testaferro de la AngloGold Ashanti, una de las multinacionales mineras más grandes del mundo. En 2010 llegó una orden judicial de desalojo: mil trescientas familias que habitaban el territorio desde hacía siglos eran señaladas de repente como intrusos, ocupantes ilegales que impedían hacer efectivo el título minero del empresario-testaferro. Según las autoridades, en la región no había registro alguno de la existencia de grupos étnicos. Para entonces Francia Márquez ya hacía parte del Consejo Comunitario de La Toma y del Proceso de Comunidades Negras. Su voz era cada día más fuerte. Cuando los funcionarios, despóticos, se atrevieron a decir que ellos no eran una comunidad negra Francia Márquez contestó: “Ustedes, los racistas, que toda la vida nos han negado, en un sistema colonial, ¿son los que van a decir si somos o no somos?”

No iban a dar ni un paso atrás así se les viniera todo el Estado encima. Las mayoras volvieron a decir “a nosotras nos matan aquí”. Interpusieron una acción de tutela (el mecanismo judicial más efectivo y accesible, establecido por la Constitución de 1991, para la protección de derechos fundamentales) y lograron frenar el desalojo. Pero como el proceso de desviación del río Ovejas, nada es definitivo; los lobbys del gran capital persistían, así que llegaban nuevas órdenes y tocaba movilizarse para conseguir nuevos amparos legales. Entonces se multiplicaron las amenazas de los paramilitares –listas, panfletos, llamadas– contra todos los líderes de La Toma, y muchos tuvieron que salir del territorio. Sabían que las amenazas nunca eran vanas: por poner sólo un ejemplo, en 2010 asesinaron a ocho mineros al lado del río Ovejas.

Es el modus operandi en toda Colombia: las multinacionales llegan respaldadas por el Estado. Si la resistencia de las comunidades logra frenarlas con organización y algún amparo legal, entonces intentan comprar a algunos líderes. Si no lo logran, pasan a la intimidación o la violencia directa. Ganan a toda costa, por las buenas o por las malas.

A la luz de un problema

El argumento de las multinacionales es que hay mucho oro en esas montañas, y que sacarlo es una gran oportunidad de trabajo, riqueza y desarrollo. El argumento de los mayores y las mayoras de las comunidades es que la extracción a gran escala destruye todos los equilibrios, que “es mejor una gotera siempre, que un chorro que usted no pueda contener”, que la minería es una actividad cultural y ancestral que debe complementarse con la agricultura, no una simple fuente de riqueza, y que el único modo de garantizar que los nietos de sus nietos sigan viviendo en el territorio es extrayendo sólo lo necesario, poco a poco y sin avaricia, con la fuerza de los brazos y una batea de madera dura.

La fuerza de las multinacionales está en la riqueza y en sus palancas estatales; la fuerza de la comunidad está en la organización y, aunque parezca paradójico, también en su apropiación del Estado. Esta es una dinámica que vale la pena subrayar: el Estado colombiano –en su marco histórico, oligárquico y racista– ha sido el principal victimario de las comunidades étnicas, pero la disputa popular del mismo Estado ha sido garantía de su sobrevivencia. Y es que el Estado puede y suele ser una herramienta de dominación de la clase dominante, sí, pero también es la única estructura que puede garantizar a largo plazo los derechos y la dignidad de las clases subalternas. El discurso antiestatal es, pues, combustible antidemocrático. Sin Estado –sin instituciones formales y leyes claras– la sociedad queda a merced de la ley del más fuerte; es decir, del que tenga la riqueza y las armas.

El derecho es por tanto una herramienta al mismo tiempo hegemónica y contrahegemónica. A la luz de este problema Francia Márquez deja a un lado su proyecto de estudiar antropología y decide que para servirle a su comunidad debe estudiar derecho. Era claro: la amenaza del poder venía cargada de fusiles y brutalidad, pero también de argumentos burocráticos, leyes y procesos laberínticos. Habían logrado defenderse en ese terreno desigual, pero siempre con abogados de otros lados, gente que no conocía el territorio. Aunque ganaran batallas, era una pérdida tácita de soberanía. ¿Qué sucedería el día en el que no llegaran los abogados solidarios de las grandes ciudades? Si para defenderse necesitaban a alguien de muy lejos, serían siempre dependientes y vulnerables. Había que defender a la comunidad con las herramientas del adversario. 

La marcha de los turbantes

Su primer hijo lo tuvo a los dieciséis años (con un hombre que se fue y no volvió a aparecer). Francia trabajó en la mina hasta el día anterior al parto, que fue asistido por su madre, así como el de su segundo hijo algunos años después. Le tocó ser madre soltera, pero vivía en la casa familiar, y a veces vivían allí hasta más de veinte personas. Mamá, abuela, hermanas y hermanos, tíos... todos daban una mano en la crianza. Muchas veces, por dedicar jornadas enteras al activismo, temió que al no trabajar en la mina no tendría con qué alimentar a sus hijos, pero su familia grande estuvo allí. Cuando estudiaba derecho en Cali no tenía el dinero de la matrícula, y algunos profesores la sacaban antes de los exámenes al comprobar en una lista que aún no había pagado. Tuvo que posponer varios semestres por falta de recursos. Trabajó como empleada doméstica, donde no le pagaban ni el salario mínimo, y llegó a montar un pequeño local de tamales con sus primas –que tuvieron que cerrar después de recibir amenazas– para el que se despertaba a las tres de la mañana. Entre tanto continuaba su activismo político. Hay que decirlo: esta es la historia de Francia Márquez, pero también es la historia de la mayoría social en uno de los países más desiguales del planeta. En medio de la violencia, con mil vientos en contra, cada nuevo día hay que rebuscar cómo seguir viviendo.

Francia Márquez ya era la representante legal del Consejo Comunitario La Toma. Habían logrado frenar los títulos mineros otorgados por el Gobierno Uribe, pero el precio del oro estaba en máximos históricos y a la región llegaron, amparados por las mafias, miles de mineros ilegales de todo el país con maquinaria pesada. El Gobierno no hacía nada a pesar de las denuncias. Un día Francia estaba en clase en la universidad en Cali cuando la llamaron varias mujeres de su comunidad: ante la inacción del Gobierno habían tomado la decisión de ir ellas mismas a parar las máquinas. “Si nos morimos nos morimos, pero ya no aguantamos más”, dijeron, “no queremos seguir escuchando las retroexcavadoras en la noche... no queremos que el río se siga destruyendo”.

Francia Márquez viajó a Suárez y ya todas las mujeres habían organizado a la comunidad y fueron a enfrentar las cuadrillas que destrozaban el lecho del río Ovejas. Les dijeron que tenían que irse, que ese territorio estaba protegido. Contestaron que no. Dijeron que si no se iban, quemarían la maquinaria. Contestaron que sí, que se atrevieran, que al fin y al cabo ellos –la comunidad– no eran nada. Las mujeres regresaron impotentes, y en las mañanas siguientes encontraron folletos con amenazas de muerte que habían repartido bajo las puertas de todas las casas.

En medio de la desesperanza y la frustración, Francia Márquez recordó otros ejemplos de visibilización de causas políticas, y entonces propuso una gran movilización: que todas las mujeres hicieran una marcha de muchos días, que caminaran todo el país si era necesario, y que no se detuvieran hasta que el Gobierno les prestara atención. Las mujeres de la comunidad rechazaron la idea: tenían miedo, y argumentaron que eso era exponerse al maltrato lejos del territorio. Francia les dijo: “Vean, si ustedes no van, yo me voy sola con mis dos hijos. Salgo el próximo lunes”.

Su determinación impulsó a otras mujeres. Discutieron estrategias, rutas, y plantearon la necesidad de un símbolo que las identificara: los turbantes, ese legado ancestral usado por las matronas y que significaba autoridad y fuerza. Compraron telas y toda la comunidad ayudó en su elaboración. Los mayores llegaron en la noche, les dieron la bendición y sólo exigieron una cosa: que regresaran sanas. El 17 de noviembre de 2014, 15 mujeres salieron de La Toma –junto a treinta jóvenes que se convirtieron en guardianes cimarrones–, pasaron por otras comunidades, dialogando, explicando la necesidad de interpelar directamente al gobierno nacional, y muchas otras mujeres se fueron sumando en el camino. Al principio los discursos los daba siempre Francia, pero al ver el recibimiento de la gente las demás mujeres se fueron empoderando, y hablaban más, contestaban entrevistas, daban sus propios discursos en las plazas. Después de nueve días de marcha, cuando llegaron a Bogotá, ya no eran quince sino ochenta mujeres.

La marcha de los turbantes –el nombre de la movilización– empezó a sonar en cada vez más medios, y una alta funcionaria del Gobierno llamó a Francia Márquez para ofrecerles alojamiento. Lo discutieron en colectivo y se negaron: ellas no caminaron hasta Bogotá para quedarse en un hotel esperando a que les dieran una cita; la situación era urgente y exigían interlocución inmediata. De modo que fueron al edificio del Ministerio del Interior, se tomaron un auditorio y se negaron a salir de allí. “De acá no nos vamos hasta que no saquen las dos mil retroexcavadoras de minería ilegal que están a esta hora en el Cauca destruyendo el territorio”, dijeron.

El Gobierno Santos se vio forzado a establecer una mesa de diálogo. Se lograron valiosos reconocimientos y una serie de acuerdos (que, como de costumbre, el gobierno terminó incumpliendo), pero sobre todo se logró una gran visibilidad nacional e internacional. La marcha de los turbantes era la muestra de una crisis ecológica y social que se replicaba en todo el país, pero también de una sociedad civil que –en simultáneo al Proceso de Paz con las FARC– ya no estaba dispuesta a soportar impotente hasta que las instituciones les prestaran atención, sino que estaba dispuesta a tomarse las instituciones mismas.

La gran voz

La voz de Francia Márquez era inmensa por su propio proceso vital, por su talento y sus decisiones, pero sobre todo porque detrás había una comunidad con la conciencia y la urgencia política en las venas. Para entonces muchos periodistas y comunicadores populares la buscaban, los movimientos sociales de todo el país la reconocían como una compañera fundamental, los estudiantes universitarios más politizados querían aprender de ella. Pero la dinámica histórica es implacable: en Colombia todo aquel que desde los sectores populares da un paso al frente queda marcado como objetivo militar.

Había recibido muchas amenazas, pero esta era la peor. Estaba en una reunión en La Toma, en ese mismo 2014, cuando un compañero recibió una llamada en la que le informaban que la orden de asesinar a Francia Márquez ya había sido dada, y que un grupo armado la estaba buscando y andaba cerca. Alarmados, temiendo lo peor, pidieron un taxi a Cali (a más de dos horas de carretera) para sacarla escondida con sus dos hijos. Fueron horas muy tensas. Salieron al fin a las cinco de la mañana. Ya estaba amaneciendo cuando pasaron por un puente donde estaban los sicarios en una camioneta. “Como que el mundo se me vino encima –relató Francia después–, como que todo se acabó”. Los sicarios no la vieron.

A partir de entonces Francia Márquez fue oficialmente una desplazada más por la violencia en Colombia (según el Registro Único de Víctimas, más de ocho millones desde 1985). Esto siempre es doloroso, pero lo es incluso más en una tradición específica como la de Francia en la que, tras el parto, el cordón umbilical se entierra, de modo que la conexión vital con la madre se vuelve conexión vital con el territorio. Ya no pudo regresar a vivir en la casa familiar en La Toma, le tocó limitar los viajes para ver a su familia y discutir con su comunidad, pero esto no disminuyó su horizonte político.

En ese año fue a La Habana a los diálogos de Paz entre el Estado y las FARC-EP, en nombre de diversas autoridades afrocolombianas, para exigir un capítulo étnico en el Acuerdo. En un principio les dijeron que no, que ellos no tenían nada que ver con ese proceso entre actores beligerantes, pero insistieron: el conflicto se había ensañado especialmente con población indígena y afro. Después de mucha presión con distintas organizaciones (entre ellos la bancada afroamericana del Congreso de Estados Unidos) lo consiguieron. El planteamiento era que ante el libre mercado las comunidades étnicas son más vulnerables, y con simples titulaciones individuales se despiertan todas las violencias. Así que el Acuerdo Final quedó con un capítulo étnico que retoma elementos de la Constitución de 1991 y los refuerza: era fundamental la formalización de tierras enfocada en la titulación colectiva y la protección de derechos étnicos territoriales.

En 2015 Francia Márquez ganó el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, participó en cada vez más encuentros, viajó a distintos países, recibió otro premio de una organización sueca, pero sabía que los reconocimientos y foros públicos eran poco significativos mientras las relaciones de poder siguieran intactas y a los defensores y las defensoras del medio ambiente los siguieran asesinando todas las semanas. Según la ONG Global Witness, Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para el activismo ambiental, y en varios años ha sido el país con más líderes asesinados. Por todo esto cuando en 2018 la llamaron y le dijeron que había ganado el Premio Goldman, el más importante reconocimiento en el mundo para los defensores del medio ambiente, casi no reaccionó. Pero cuando le dijeron que ese mismo premio lo había recibido Berta Cáceres –a quien conoció en un foro en Perú dos años antes de su asesinato– no pudo contener las lágrimas. 

Seguir la historia personal y política de Francia Márquez es saltar permanentemente de lo más particular al panorama político más amplio; desde su río específico al desequilibrio planetario; del deseo de vivir tranquilo en comunidad al compromiso ético con las grandes luchas. Lo dijo al recibir el premio Goldman: “Resistir no es aguantar”. Y lo comprendió en algún momento y ya no pudo perderlo de vista: lo que está violentando a las mayorías sociales no son conflictos aislados. El sistema está podrido.

Soy porque somos

En 2018 Gustavo Petro impugnó la hegemonía del relato en los grandes medios de comunicación y devolvió la discusión política a las plazas. Respetando siempre la inteligencia de la gente de a pie, argumentando cada tema, elaborando discursos largos sobre un nuevo modelo de país basado en la justicia social y que pusiera punto final a la violencia estuvo muy cerca de ganar ese año la elección presidencial. Es más, debido al fraude sistemático y multimodal en las elecciones colombianas, y a la fuerte influencia de las mafias de las distintas regiones, es muy probable que en ese 2018 Petro ya haya tenido mayorías sociales a su favor. Nunca sabremos si fue así. Oficialmente ganó el candidato del uribismo.

Francia Márquez se sumó desde el principio a la Colombia Humana, ese proyecto transformador, de izquierdas, e incluso gritó un viva en su nombre cuando recibió el premio Goldman. Los años siguientes, con pandemia mediante, no hicieron sino agravar en Colombia la desigualdad social, el asesinato de líderes y la represión oficial de un régimen en crisis. Así que todos sabían que lo más probable –a menos que hubiera un magnicidio o un fraude electoral demasiado grotesco– era que Gustavo Petro se convirtiera en el próximo presidente.

¿Quién iba a ser su fórmula vicepresidencial? Francia Márquez era uno de los nombres más recurrentes, pero ella no creció ni se formó a la sombra de ningún poder. Su proceso siempre fue con su comunidad y en lucha frontal contra todas las injusticias, así que dijo que no, que ella no pelearía por la plaza máxima que le asignaba un sistema, sino que su derecho y su deber era apuntar más allá. Su pregunta hizo temblar un régimen anquilosado en lógicas coloniales: “¿Acaso una mujer negra no puede ser presidenta de la República?”

Su plataforma se llamó Soy porque somos, una de las posibles traducciones del concepto filosófico africano Ubuntu, y que establece una ética de la interdependencia; un conjunto de prácticas y valores en los que la condición humana está justificada y dignificada por su pertenencia a un colectivo, una comunidad solidaria, un espacio físico para cuidar y una cultura –un lugar de pensamiento– para reivindicar. En ese concepto estaba sintetizado su programa, y por ello trató siempre de apartar el foco de ella misma, como individuo, y de reivindicar el impulso conjunto del cual ella era portavoz provisional. Nunca habló de “mi candidatura”, sino de “nuestra candidatura”.

Por todo esto se presentó a las primarias del Pacto Histórico —la coalición de izquierdas— y su resultado fue impresionante. Gustavo Petro ganó, pero Francia Márquez sacó la segunda votación más alta, y la tercera teniendo en cuenta las primarias de todas las demás coaliciones. Es decir, se impuso a casi todas las candidaturas de la ultraderecha y la derecha, a las grandes fortunas y a hombres que llevaban décadas en política electoral, en los medios de comunicación y en los círculos del poder. Había muchas presiones para que Gustavo Petro, el ganador, eligiera a otra persona como su fórmula vicepresidencial. Pero el resultado de Francia era un mandato claro que él debía obedecer.

Fue así como la líder social afrocolombiana, de clase trabajadora, hija y nieta de agromineros se convirtió en candidata a la vicepresidencia. Y mientras Gustavo Petro hablaba de justicia social y de un conjunto de reformas urgentes, Francia Márquez iba incluso más allá: hablaba de combatir las políticas de la muerte, de la mercantilización antihumanista que nos degrada y destruye, de las luchas históricas del pasado, de las reivindicaciones de los pueblos negros, indígenas y campesinos; hablaba de feminismo, de comunidades diversas, de los derechos LGTBIQ+; hablaba de Colombia, sí, pero también de las opresiones sistemáticas e intolerables en todos lados.

Sucedió otra cosa inédita en Colombia: tanta gente se identificó y se entusiasmó con su proyecto que, como candidata a la vicepresidencia, ella sola estaba llenando plazas. Hizo su gran cierre en solitario el penúltimo día de campaña, en Bogotá, con los cerros orientales justo al lado, y le tocó interrumpir el discurso porque un rayo láser desde un edificio cercano empezó a apuntar a su cara e hizo reaccionar a su esquema de seguridad que la sacó de la tarima entre escudos antibalas. Es imposible ver el video de ese acto –intimidatorio y peligroso en el contexto colombiano– sin sentir en el propio cuerpo y en la propia garganta la frustración de Francia Márquez y el grito quebrado al que se aferró: “¡No pasarán!”

Mientras tanto, los opinadores de grandes medios, tras el barniz del culto a la tecnocracia, pero exhibiendo en realidad su racismo y su elitismo habitual, repetían una y otra vez que le faltaba experiencia, que no tenía la trayectoria suficiente para un cargo de tanta responsabilidad. Por eso la noche siguiente, el domingo 22 de mayo de 2022, en el cierre de campaña del Pacto Histórico en la plaza de Bolívar de Bogotá y con un esquema de seguridad reforzado (detrás de un cilindro metálico que la cubría hasta el pecho), Francia Márquez dijo con toda su elocuencia, su franqueza y su emoción:

Muchos dicen que yo no tengo experiencia para acompañar a Gustavo Petro a gobernar este país, y yo me pregunto ¿por qué la experiencia de ellos no nos permitió vivir en dignidad? ¿Por qué su experiencia nos ha tenido sometidos por tantos años a la violencia? ¿Por qué la experiencia generó más de ocho millones de víctimas en este país?

El racismo estructural

Decían que no estaba preparada, que no conocía el Estado, que era muy radical, brava, impulsiva. No eran alegatos nuevos. Desde los tiempos en los que intentaron desalojar a las mil trescientas familias de La Toma para beneficiar al empresario-testaferro, los funcionarios hacían lo posible por deslegitimar la voz que les hacía frente, y decían que era grosera, que no medía sus palabras, que no entendía de lo que estaba hablando. Y cuando surgió como una líder con potencial electoral, la derecha empezó a decir que pertenecía al ELN (difundían fotos de una guerrillera con una pañoleta cubriéndole el rostro y decían que era Francia), e incluso el presidente del Senado dijo antes de las elecciones que esa guerrilla la apoyaba. Y cuando los grandes poderes cayeron en la cuenta de que esa mujer insumisa podría ser la próxima vicepresidenta, llegó una nueva oleada de descalificaciones en medios, pusieron en duda su origen y su biografía, y hasta se burlaron del término mayoras (esencial en la historia y cultura de la población afrocolombiana) como si fuera una ocurrencia torpe de esa misma mañana. Eran espasmos en la esfera pública del patriarcado y el racismo estructural. 

La antropóloga afrocolombiana Mara Viveros Vigoya explica que “Francia encarna el personaje de ‘la igualada’, una expresión colombiana (clasista, racista y sexista) utilizada para designar a una persona que se comporta como si perteneciera a una clase social más alta o que se toma derechos, privilegios o atribuciones que supuestamente no le corresponden”. Francia Márquez es tan disruptiva para el orden establecido en Colombia que es evidente la incomodidad de algunos comunicadores de grandes medios, habituados a entrevistar a la élite, a los que les cuesta encontrar las palabras y el tono para referirse a ella; se nota el esfuerzo por disimular su trato histórico, entre el desprecio y la condescendencia, hacia todo lo que ella significa.

Pero Francia continúa, y no sólo reivindica en todos los escenarios las voces y saberes de su tradición ancestral, sino incluso una estética que ha sido relegada a postales turísticas o directamente negada. Como sus palabras, los vestidos tradicionales que decidió usar durante toda la campaña también estaban cargados de significado político. Vuelvo a citar a Mara Viveros Vigoya: “Ha desarrollado un proceso pedagógico que ha puesto en evidencia la neurosis social que produce la constante negación de la ancestralidad amerindia y amefricana de la historia, cultura y subjetividad colombianas, y más ampliamente latinoamericanas”.

Ahora bien, en la amalgama de vectores políticos de Francia Márquez creo que lo más disruptivo –en Colombia, pero tal vez en todos lados– es que siempre es contestataria. En otras palabras, cuando considera que algo es incorrecto o injusto, ella no se detiene a ver si es conveniente manifestarse; algo se activa en sus venas, su identidad y su memoria y siente la absoluta necesidad de articular con palabras y con vehemencia su rechazo. Y esto no sólo es significativo para el establishment colombiano, que sistemáticamente acalla con violencia las voces críticas, sino que lo es incluso para la izquierda. Es más, esto intimida a determinados sectores progresistas con experiencia en la política institucional, que se sumaron al Pacto Histórico, pues saben que hay muchos frentes en los que ella no va a dar ni un paso atrás.

Con la rebeldía como patrimonio, con el “soy porque somos” como clave ética, con la consciencia de que las palabras son también semillas que abren grietas, Francia Márquez no obedece al cálculo sino a los principios. Y ni con todas las fuerzas en contra, ni en la minoría absoluta, ni siquiera cuando le digan que es mejor esperar a que el escenario y la correlación de fuerzas sean más propicias, ella va a contener su propia voz. Esto también es una lección y un impulso para la izquierda: quedarnos callados nunca puede ser una opción.

Hasta que la dignidad se haga costumbre

Por eso la resonancia de Francia Márquez en los movimientos sociales y en todo el litoral Pacífico colombiano, mayoritariamente negro, excluido y empobrecido. Desde Buenaventura (que en su Paro Cívico de 2017 reimpulsó la consigna de los tiempos de Allende, “¡El pueblo no se rinde, carajo!”), pasando por los ríos del Chocó y las montañas de Cauca y Nariño, hasta llegar a Cali, la segunda ciudad con mayor población afrodescendiente de América Latina y el epicentro nacional del estallido social de 2021, Francia Márquez llama a todos a una rebelión vital. Y la gente responde al llamado porque lo estaba esperando. En el aire de todo el Pacífico se siente que, incluso por encima de muchos liderazgos populares y de izquierda –mayoritariamente masculinos–, Francia Márquez es quien por fin sintetiza las distintas luchas contra el acumulado de injusticias y, más que hablar por ellos, los está impulsando a hablar. Me lo explicó Marcela Ulloa Murillo, científica y antirracista afrocolombiana:

En comunidades negras muchos se acostumbran a quedarse callados, a no incomodar, a dejar pasar los desplantes. Sucede todos los días y es algo que hemos heredado... un modo de sobrevivir. Pero Francia por fin se planta, no se deja intimidar, y tiene tanta fuerza que nos cuestiona a todos. A ver si la gente entiende lo que es la dignidad.

Y este es precisamente uno de los pilares discursivos de Francia Márquez, porque es la piedra angular de la resistencia histórica afrodescendiente e indígena: la consciencia de la propia dignidad como punto de partida, y la vida digna como horizonte. Y a estos dos extremos –el punto de partida y el horizonte– se ata el ejercicio político que es, por definición, colectivo. Esto es algo que la derecha nunca va a entender. Su consigna “Hasta que la dignidad se haga costumbre” implica una refutación del orden de los privilegios y del discurso neoliberal que entiende la mejora de las condiciones de vida como algo estrictamente personal, de ascenso individual.

Sucedió dos días después de la elección. Una periodista le preguntó en un directo por televisión si se iba a mudar a la residencia oficial de la vicepresidencia en el centro de Bogotá, justo al lado de la Casa de Nariño, “o si eso –dijo– no hace parte de lo que usted denomina vivir sabroso”. Francia Márquez no se echa para atrás; está curtida en la exclusión y el menosprecio; la hostilidad, en lugar de disminuirla, potencia la necesidad de sus palabras. Su respuesta en vivo y en directo es una lección política:

No creo que vivir sabroso se refiera a tener una casa (...) Si creen que porque soy una mujer empobrecida y ya porque me dan una casa presidencial estoy viviendo sabroso está muy equivocada... eso es parte del clasismo de este país (...) Y te invito más a reflexionar lo que significa el ‘vivir sabroso’ para el pueblo negro en las entrañas de nuestra identidad étnica y cultural. Se refiere al vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos. Entonces cuando me dices que voy a vivir sabroso porque voy a ir a la casa vicepresidencial seguramente estás muy equivocada.

El sentido común capitalista entiende el bienestar como acumulación y aumento de capacidad adquisitiva. El sentido común oligárquico establece el bienestar como la pertenencia a los círculos del poder. Francia Márquez contesta que el bienestar es la dignidad compartida de la vida cotidiana:

Con todo el respeto, yo no hice esta carrera política por un cargo. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi Yolombó, allá en mi comunidad. Ojalá yo hubiera podido seguir en mi territorio, tranquila, sembrando la tierra.

Vivir sabroso

Mucha gente creyó que era un simple eslogan de campaña, una decisión de marketing político. No fue así. Como el término mayoras, el vivir sabroso es un concepto histórico esencial en la cultura afropacífica, y lo que Francia Márquez hizo fue proponerlo a escala nacional. “Vamos a vivir sabroso”, decía. Y también acá hubo menosprecio; lo acusaron de ligero y pintoresco. Pero ¿por qué habría de elegir otro concepto cuando desde pequeña había escuchado y asimilado su potencial político?

Francia Márquez lo explicó en todos los escenarios: vivir sabroso es vivir sin miedo, en dignidad, en libertad, en comunidad, con derechos plenos y en relación armónica con el territorio. Es el objetivo último de su praxis política. Y hay que decir que en muchas latitudes se han desarrollado términos y conceptos políticos que apuntan en la misma dirección. Pienso en la búsqueda del bienestar y la felicidad del pueblo como derrotero institucional, y que consta en varias declaraciones de derechos y constituciones; pienso en el “buen vivir” de distintos pueblos indígenas de la cordillera de los Andes, acuñado en el quechua Sumak kawsay y el aimara Suma qamaña, y acogido por las constituciones de Ecuador y Bolivia; y pienso también en el Wët Wët Fxi’zenxi del Plan de vida Nasa (un pueblo indígena del sur de Colombia que es ejemplo de organización y resistencia) y que podría traducirse por “vivir bien, contentos y en armonía”. Son conceptos amplios, vivos, arraigados en cosmovisiones precisas y que impulsan la acción política.

Esto nos conduce a un debate interesante. Es cierto que la sociedad es un amasijo de tensiones y luchas perpetuas, y todo el que tenga formación política desde la izquierda sabe que la lucha siempre continúa, que ninguna batalla es definitiva. Como dijo admirablemente Álvaro García Linera: “Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse... hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino”. Pero sólo sectores muy politizados están dispuestos a aceptar esto, y no es ni será nunca un horizonte deseable para las mayorías sociales.

La mayoría no quiere –y con todo el derecho– una vida de lucha, sino certidumbres, tranquilidad y seguridad material. El grito famoso de Jorge Eliécer Gaitán, “¡A la carga!”, es pirotecnia coyuntural, agitación necesaria, pero se quema muy rápido en la disputa política de largo aliento. La gente quiere vivir bien, dormir bien, comer bien, saber que sus hijos no serán víctimas de las injusticias. Así que mientras el capitalismo ofrece desequilibrios y crisis crecientes, la izquierda debe proponer no sólo confrontación, sino la idea palpable de una nueva estabilidad. Es allí donde esta serie de conceptos aparentemente simples y conservadores revelan su urgencia y su potencial contrahegemónico. 

Vivir sabroso es un concepto que nace de las comunidades negras del Pacífico colombiano, que se enriquece en el tiempo y la práctica con distintos anhelos y reivindicaciones, y Francia Márquez se encargó de que millones de personas lo acogieran en un momento político excepcional.

Es una de las sensaciones dominantes al comparar la discusión política colombiana con la discusión en otros países: en Colombia todo es tan alarmante, tan al borde del abismo, que siente uno que apenas queda espacio para discutir y proyectar un futuro posible. Es la lógica del rebusque y la violencia. Y tal vez haya una nueva dignidad en la posibilidad de vivir sin tener que apagar los nuevos incendios de cada día. Lo dice mejor la filósofa Laura Quintana:

El vivir sabroso también puede empezar al dejar de sentir el presente como una urgencia constante e implacable. Al dejar de esperar que lo peor tenga siempre que pasar. Así como lo hemos empezado a percibir en estos días.

La fertilidad del futuro

Hay que ver el video del momento en el que le entregan la credencial de vicepresidenta electa. Francia Márquez camina hacia el frente del escenario, hay un ensamble de cuerdas preparado para musicalizar la ceremonia, y de repente desde el fondo del auditorio y entre los aplausos empieza a sonar un tambor. Vemos entonces la sonrisa inmensa de Francia, y contra toda una historia de protocolos rígidos, de pesadez en las formas, de impostura heredada; contra toda una historia en la que la pertenencia a los círculos del poder se afirmaba en una diferenciación radical con la estética popular, el entusiasmo y la libertad de los cuerpos; contra todo ese peso colonial y con la mayor espontaneidad, Francia Márquez empezó a bailar.

No fue planeado, no fue escrito por nadie, y sin embargo ya está entre los documentos audiovisuales más potentes de la historia colombiana. Y ese baile tuvo un reflejo multitudinario. Lo vimos en la tarde y la noche del triunfo electoral, el 19 de junio de 2022, en los carnavales improvisados que se armaron en las calles de las grandes ciudades, pero sobre todo lo vimos en los pueblos y las regiones más apartadas. Fue hermoso. Hubo fiestas populares toda la noche en Quibdó –la capital de una de las regiones más biodiversas del mundo y al mismo tiempo la ciudad con mayor índice de pobreza de Colombia– y en Timbiquí –en medio de la selva del Pacífico, donde casi el 99% de los votos fueron para el Pacto Histórico–, e incluso circuló un video conmovedor de una lancha que avanzaba en medio de un río con más de cuarenta indígenas, muchos niños, y tocaban instrumentos y cantaban vivas al nuevo gobierno mientras una mujer mayor bailaba en el medio.

Fue un estallido de felicidad, un estallido democrático de la Colombia históricamente excluida, violentada, racializada, empobrecida. Celebraban el triunfo del primer gobierno popular y de izquierdas en la historia de Colombia, el nuevo país de justicia social y paz que –palabra tras palabra– Gustavo Petro convocó en las plazas. Pero sobre todo celebraban que Francia Márquez estaba y estará allí, en la vanguardia de su construcción colectiva.

Propongo que volvamos a ese lugar y punto de vista específico: una niña de cinco años en el río y entre montañas, con una batea, lavando la arena para buscar pepitas de oro. Volvamos a la larga historia que condujo a ese momento. Y permitámonos sentir la fuerza estética y política de que ella, Francia Márquez, represente hoy la gran resistencia a esa triada de la dominación contemporánea de la que habla Boaventura de Sousa Santos: el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Y que sea por tanto un cimbronazo a todo el orden establecido.

Es un cimbronazo al racismo estructural de las élites, que no tienen ningún problema en reconocer su convicción anticomunista, antiguerrillera y hasta antipopular. Pero jamás reconocerían su racismo. Así mismo, es un cimbronazo a la oligarquía colombiana, a la que le molesta mucho que un exguerrillero nieto de campesinos sea el presidente, sí, pero sobre todo le molesta muchísimo que una mujer negra y de clase trabajadora sea la vicepresidenta de la República.

Es un cimbronazo al neoliberalismo, el aparato ideológico del capitalismo contemporáneo, y que ella define como un modelo económico de muerte. Lo sabe desde la experiencia: la explotación de las personas y la naturaleza, el discurso del crecimiento y el desarrollo sólo sirve a unos pocos. Todos los victimarios –los grupos armados, las multinacionales, los funcionarios del régimen oligárquico– acusaron siempre a su comunidad de oponerse al desarrollo. Pero ella sabía que en nombre del desarrollo trajeron esclavizados a sus ancestros del África; en nombre del desarrollo les robaron por siglos la libertad y el fruto de su trabajo; en nombre del desarrollo represaron el río, inundaron las parcelas campesinas, contaminaron el ecosistema; en nombre del desarrollo llegan siempre los actores armados y asesinan a la gente. Así que contesta: “¿De qué desarrollo hablan?”. Frente a los discursos del gran capital: soberanía y ecologismo. No sólo es necesario el respeto por los equilibrios planetarios y la redistribución de la riqueza, sino incluso una nueva senda de decrecimiento para preservar la vida.

Y es un cimbronazo, también, para la izquierda. Ella sabe que el mandato que recibe no responde a un número determinado de votos, sino a siglos de resistencia y lucha. El adanismo es antipolítico. Situarse en las relaciones de poder es situarse también en la historia, así que su voz es siempre la voz de los que la alzaron en el pasado, de Marielle Franco y Berta Cáceres, de Temístocles Machado y de María del Pilar Hurtado Montaño... de todos los que ya no están. De modo que ante los moderados y cómodos, los tibios y timoratos, los equidistantes y rebeldes orgánicos, los que dicen que hay que cambiar las cosas poco a poco, sin enfrentar mucho a los grandes poderes, contesta que cualquiera que conozca de verdad el horror y la barbarie del orden establecido sabrá que no nos podemos permitir eso. Si gracias a las luchas del pasado hemos logrado disputar espacios de poder, ¿por qué habríamos de bajar la voz, moderar el tono, disminuir nuestras reivindicaciones?

Nada ha sido fácil para Francia Márquez, porque nada ha sido nunca fácil para las mayorías sociales. Pero a veces se da la mezcla precisa de conciencia, talento, inteligencia y experiencias vitales, y entonces surge una voz como esta, que nos representa en medio de la diversidad y nos impulsa al gran horizonte político –el más conservador y el más revolucionario–: el buen vivir. Y nos recuerda que el internacionalismo es urgente, porque por más distintos que sean los pueblos las luchas tienden a ser las mismas. Y nos advierte que ya no es hora de los centralismos, que el conocimiento y la respuesta pueden venir de la periferia. Y nos dice que hay que respetar y honrar los procesos colectivos, las distintas culturas y cosmovisiones, y que no existe lucha aislada, y que el análisis interseccional es tan vital como el agua, y que la fuerza para nuestra propia sobrevivencia está en “los nadies” y en las manos callosas.

Así que repitamos la pregunta. ¿Quién es Francia Márquez? En un mundo en crisis, y en el que los desafíos se multiplican, se vuelve incluso más importante la articulación de las distintas luchas. Ella es mucho más que la vicepresidenta de la República de Colombia: ella es un puente de lo particular político a lo universal político; es un impulso desde el cuerpo y el territorio, desde la tradición específica y las diversas resistencias, hacia un horizonte de dignidad compartida para la gente del común. Nos interpela a todos. Y nos habla de un futuro mucho más fértil.

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Iván Olano Duque es escritor colombiano. Premio de ensayo “Miguel de Unamuno” por su libro El sueño de la especie. Siete ensayos al borde del abismo (Devenir, 2019). 

 Twitter: @IvanOlanoDuque

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Algunos desafíos del gobierno del Pacto Histórico

Tras haber logrado la hazaña de ganar las elecciones, el Pacto Histórico debe afrontar la difícil tarea de gobernar una Colombia que votó por el cambio.

Este 7 de agosto toma posesión el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para convertir al país en una “potencia mundial para la vida”. Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones tradicionalmente excluidas —indígenas, afrocolombianos...—, constituyeron el sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.

El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico (PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía tomar esas amenazas a la ligera. No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con más del 40 % de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.

Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país y cumplir con los objetivos propuestos a los electores. Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios apoyos parlamentarios.

En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra. El apoyo del 50 % de la población que lo eligió sería insuficiente para acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados. Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos cargos del ejecutivo.

Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”), un instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial de Iván Duque.

Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por las siete organizaciones indígenas más representativas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pacha Mama, Gobierno Mayor, AISO y CRIC). Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.

El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.

El desafío de consolidar la paz

Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, “hecho trizas” durante el período presidencial de Iván Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos de líderes sociales.

La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH. Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53 masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.

Este es el escenario en el que deberá maniobrar cuidadosamente el nuevo gobierno, a sabiendas de las resistencias que encontrará en estructuras de la fuerza pública que han actuado en alianza con los grupos paramilitares, al servicio de terratenientes y de empresas extractivistas. Sin duda uno de los mayores desafíos, vinculado a la ambición de consolidar y extender la paz, es la remoción de los altos mandos del Ejército y la Policía y una profunda reforma institucional de estas fuerzas. Otro importante desafío será el de reestructurar los presupuestos y el número de efectivos de estas instituciones para adecuarlas a las expectativas de una ciudadanía que ha superado las dinámicas de guerra y que se ha impregnado del “clima de la paz”.

La primera aparición pública de Gustavo Petro tras la victoria electoral fue el 28 de junio, día en el que acudió a la presentación del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Aunque también había sido invitado al evento el presidente saliente, Iván Duque, este declinó acudir alegando motivos de agenda, por su compromiso de asistir a la cumbre de la OTAN en Madrid (dedicada a la guerra de Ucrania y el aumento del gasto militar). El contraste simbólico entre ambos escenarios no podría ser más brutal.

El Informe de la CEV da cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de medio siglo por los distintos actores armados (guerrillas, paramilitares y fuerza pública) y concluye proponiendo estrategias para enfrentar la violencia que genera el narcotráfico, así como para evitar la impunidad y abordar la transformación de las fuerzas de seguridad. Gustavo Petro se comprometió en su discurso a asumir las recomendaciones de la Comisión desde el inicio de su mandato. Petro afirmó que el organismo se constituyó como “una de las instituciones de la paz, precisamente como la posibilidad nacional de una reconciliación, de [alcanzar] la convivencia nacional y social”. En su alocución argumentó:

“¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión [...] cortar los ciclos de la venganza. Cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos donde una víctima se vuelve otra vez victimario. Cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez —a pesar de acuerdos de paz, tratados, reformas— hacia la violencia. La violencia no está en nuestros genes. […] Cortar los ciclos de la venganza es lo mismo que cortar los ciclos de la violencia.”

Hay un claro trasfondo filosófico de origen cristiano en la idea de reconciliación y perdón que se propugna desde de la CEV y que Petro asume también como suya. Más allá de cualquier reparo ideológico, este enfoque arraigado en la tradición religiosa del país ofrece un diagnóstico fundamentado de las causas psicológicas de la violencia que azota a la sociedad colombiana, una violencia que se ha vuelto en cierto modo idiosincrática de amplios sectores sociales y que desde esta perspectiva sólo podría detenerse con un gran cambio colectivo de mentalidad.

Las propuestas de reconciliación y perdón social no implican impunidad para los autores de masacres y otras atrocidades, ya sean miembros de la fuerza pública o de grupos irregulares. Petro aseguró que bajo su gobierno la justicia hará su trabajo sin interferencias del poder ejecutivo. No obstante, uno de los desafíos del nuevo presidente consistirá en dar impulso a un sistema judicial creíble, eficaz y depurado de funcionarios corruptos.

La Convocatoria a una Paz Grande, lema con el que convocó la CEV, supone activar inmediatamente los mecanismos necesarios para cumplir con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las FARC, y al mismo tiempo, ampliar los espacios de paz mediante el diálogo con otros grupos insurgentes que aún no han negociado su incorporación a la vida civil. El nuevo contexto político abre posibilidades hasta ahora inéditas a la ampliación de los diálogos de paz con otros actores armados. Pocos días antes de asumir la presidencia, Gustavo Petro confirmó a fin de julio que aspiraba a reanudar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras haber recibido una invitación del ELN en este sentido.

Desfosilización de la economía y reforma agraria

El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento, además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.

En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno. El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las comunidades para proteger sus acuíferos.

Uno de los aspectos más destacados del programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural está en manos del 0,4 % de la población. La superficie apta para agricultura está infrautilizada, mientras que la ganadería extensiva —que en gran parte encubre la tenencia de tierras improductivas— abarca el 30 % de la superficie del país. El instrumento para alcanzar la reforma agraria será un impuesto a la renta presuntiva, que evitaría la tenencia improductiva de la tierra por parte de los grandes latifundistas. De manera complementaria, el PH se propone desarrollar también un plan de reforma acuaria con el fin de proteger los cauces de agua para uso de la población y los campesinos.

El objetivo de la reforma agraria es asignar tres millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto. Se tratará de una reforma sui generis, inspirada en la que realizó Japón a principios de los años sesenta, que no expropiará latifundios improductivos, con o sin indemnización (pese a que la Constitución colombiana lo permite cuando se incumple la función social de la propiedad). Esto le ha valido críticas desde la izquierda, porque será el Estado el que cargará con el peso económico de la compra de esos tres millones de hectáreas, aunque se presupone que lo hará a precio de saldo con la tierras improductivas que sufran el nuevo gravamen. El riesgo es que los capitales transnacionales aprovechen la ganga para desarrollar megaproyectos. La inversión extranjera aumentó en Colombia un 77 % durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo período del año anterior, procedente en su mayor parte de empresas mineras y energéticas. Otro reto del nuevo gobierno será evaluar si este flujo de inversiones se adapta a los requisitos del desarrollo sostenible.

La reforma agraria deberá poner fin a la estructura feudal de posesión de la tierra que representan las grandes haciendas ganaderas y las extensiones de tierras robadas a la selva para cultivo de palma africana. En su lugar, se entregará tierra al campesino para que pueda cultivar sus alimentos y vender una parte en el mercado, avanzando así en la autosuficiencia alimentaria y reduciendo la dependencia de la exportación de combustibles fósiles para importar alimentos.

Potencia mundial para la vida

En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica, o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo necesite por estar desocupado.

“Colombia, potencia mundial para la vida” es el nombre génerico del plan de gobierno de Petro y Márquez. Este plan incluye un paquete de estrategias regionalizadas y un programa transversal con cuatro ejes estructurantes de gobierno: el cambio es con las mujeres, economía para la vida, sociedad para la vida y plan de tecnología para la vida.

Este último eje se ha desarrollado más en un documento del Pacto Histórico titulado “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el buen vivir, el vivir sabroso y el ejercicio efectivo de una democracia multicolor”, documento base del futuro Ministerio de Ciencia. En él se plantea la necesidad de cambiar el modelo de ciencia y tecnología hegemónico, que ha hecho “mucho daño a la naturaleza y a las sociedades” y de iniciar un debate sobre la producción y distribución del conocimiento, poniendo el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación en manos de la mayoría de la población y no sólo de algunos estratos privilegiados. Este documento con las intenciones del PH al asumir el gobierno provocó un debate académico aún abierto, tanto en Colombia como más allá, que ha sido recogido en la página de CLACSO.

Extender el debate sobre el conocimiento más allá de la lógica académica no es una idea abstracta, ya que tiene arraigo en las experiencias productivas de los sectores populares de la sociedad colombiana. Por ejemplo, en el plano energético algunas comunidades campesinas llevan mucho tiempo desarrollando sistemas para autoabastecimiento basados en la explotación de biogás generado con desechos de materia orgánica, energía solar y gasificación de la biomasa para obtener combustible. El nuevo modelo de conocimiento científico y tecnológico “para el buen vivir” apoyaría a estas experiencias desarrolladas de forma autogestionada en el campo colombiano, que además servirían como precedente para cambiar el patrón energético y evitar el “capitalismo verde” que promueve megaproyectos de energías renovables rechazados por las poblaciones nativas. En palabras de Camilo González, director de Indepaz, “la discusión no es si se va a hacer una transición con energías renovables sino con qué modelo”.

Unidad en la diversidad de América Latina

En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados Unidos. En el transcurso del gobierno del PH se deberán redefinir las formas de colaboración entre ambos país, desde la política de seguridad hasta la estrategia antinarcóticos. Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto plazo.

Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque, el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso antes de haber tomado posesión. El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva, con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.

Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y ex presidente) Lula da Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el ex presidente Evo Morales. Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de está última visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.

Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.

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Gigantes del combustible fósil anuncian ganancias récord mientras la crisis climática se agrava

Exxon, Chevron, BP, Shell y Total consiguieron ganancias trimestrales de las más altas de su historia mediante la producción de petróleo y gas, responsables de los gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global.

 

El martes, la británica BP reportó su ganancia trimestral más alta en 14 años, con ganancias que ascendieron a a 8,5 mil millones de dólares, o sea, más del triple de lo que registró en el mismo período del año pasado.

Se trata del segundo trimestre más rentable de la historia de la compañía y el último de una serie de informes de ganancias sorprendentes de la industria petrolera.

BP fue el tercer gigante del combustible fósil en anunciar ganancias récord: las estadounidenses ExxonMobil y Chevron ya habían anunciado hace pocos días ganancias trimestrales récord. Exxon se embolsó 17.900 millones de dólares en el trimestre finalizado el 30 de junio, superando su récord anterior en 2.000 millones de dólares. Mientras que la ganancia del segundo trimestre de Chevron fue de 11.600 millones de dólares, también un récord.

Pero la bonanza de ganancias en el segundo trimestre también incluyó una ganancia récord de $ 11,5 mil millones para Shell y más $ 9,8 mil millones para Total de Francia. En los primeros seis meses del año, las empresas obtuvieron ganancias ajustadas combinadas de casi $ 100 mil millones.

Estas ganancias, subproducto también de la guerra en Ucrania, esto se da en el contexto de temperaturas récord en Europa, Estados Unidos y Asia, incendios e inundaciones y sequías con capacidad destructiva creciente en esos países y en todo el mundo, producto justamente de la emisión de gases efecto invernadero (GEI) generados por la combustión de petróleo y gas (y también, secundariamente, por la deforestación y los cambios en el uso del suelo por el agronegocio).

Un sistema irracional que privilegia las ganancias por sobre el cuidado del planeta

Mientras, en pocas semanas tendrá lugar la COP27 (Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), una nueva puesta en escena en la que se recordarán las metas del Acuerdo de París de no reducir las emisiones de GEI a la mitad en 2035 y a cero en 2050, para evitar traspasar 1,5 grados centígrados de calentamiento global por sobre los niveles preindustriales y evitar que el planeta se encamine a niveles de de consecuencias catastróficas inauditas.

La publicación de las tres partes del informe del Panel Científico Climático Intergubernamental de la ONU señaló que los cambios catastróficos producidos por el calentamiento global están llegando más temprano, más fuertes, recayendo sobre los sectores más pobres de la población mundial y que la ventana de tiempo se acorta para reducir la emisión de GEI.

Antonio Guterres, Secretario General de la ONU planteó al respecto que estas ganancias son "inmorales" y se dan "a costa del sufrimiento de las comunidades más pobres". Pero al contrario del planteo de la ONU de que el problema es "la humanidad" y de las propuestas centradas en el consumo, estos anuncios develan que quienes se benefician son un puñado de empresas que concentran la producción energética global mediante una matriz fósil completamente irracional, respaldadas por gobiernos y Estados que garantizan sus negocios.

El problema no es "la humanidad" sino el capitalismo, y está en las mayorías trabajadoras de todo el mundo ponerle un freno de mano y avanzar en una transición energética planificada racionalmente según las necesidades de las mayorías y el cuidado del ambiente.

Jueves 4 de agosto

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Fuentes: La marea climática [Imagen: Selwin Hart durante su intervención. Foto: #LaUniClimática2022.FacebookTwitterTelegramWhatsAppCopy LinkCompartir]

El asesor especial del secretario general de la ONU para la Acción por el Clima se muestra muy crítico con el papel de países, empresas e instituciones financieras frente a la crisis climática e «invita» a la ciudadanía a presionarles.

El mundo está sumido en múltiples crisis. Desde la pandemia de COVID-19 hasta la guerra en Ucrania, pasando por otras que se derivan de ambas, como la inflación económica o los problemas relacionados con el suministro de gas. Sin embargo, «la principal emergencia a la que nos enfrentamos hoy en día es la crisis climática». A la hora de hacer una evaluación de este problema prioritario, la conclusión es clara: «El mundo va por mal camino».

El responsable de estas afirmaciones es Selwin Hart, asesor especial del secretario general de la ONU para la Acción por el Clima que ha participado en #LaUniClimática2022. El diplomático, nacido en Barbados, intervino a través de un extenso discurso en vídeo donde abordó una serie de cuestiones.

Hart comenzó repasando los indicadores sobre cambio climático, los cuales señalan que «estamos yendo en la dirección equivocada». Y es que, a día de hoy, «los compromisos de lucha contra el cambio climático a nivel nacional supondrían un incremento del 14% de las emisiones a finales de esta década«, detalla Hart, quien remata: «A esto cabe añadir que, en su mayoría, las grandes economías no están tomando las medidas necesarias para cumplir siquiera estas promesas ya de por sí insuficientes».

Debido al aumento sin cesar de las emisiones de gases de efecto invernadero, «estamos viendo impactos climáticos catastróficos y sin precedentes —inundaciones, sequías, tormentas, incendios forestales— a lo largo y ancho del planeta». Unas palabras que resuenan entre las olas de calor e incendios que asolan desde el mes de junio a España y parte de Europa.

Menos fósiles, más renovables…

Si bien es cierto que los impactos del cambio climático son ya visibles, la buena noticia es que está en manos de todas y todos –desde los gobernantes que toman las decisiones hasta la ciudadanía que exige– hacer que el daño, dolor y sufrimiento sea muchísimo menor que si no se hiciera nada. Así lo recuerda, una y otra vez, la comunidad científica en cada uno de sus informes y estudios.

Los eventos y fenómenos extremos que se suceden en la actualidad y que acaban con tantas vidas son fruto de un planeta que se ha calentado, a nivel global, cerca de 1,2 ºC. El objetivo es quedarse por debajo de 1,5 ºC, cifra todavía al alcance. Para ello, el IPCC –el mayor panel de especialistas en cambio climático– ha apuntado que es necesario reducir las emisiones globales a la mitad en esta década. Con esa meta en mente, Hart señala los primeros pasos ineludibles: «acelerar de forma decidida y a nivel global la descarbonización y la eliminación de todos los combustibles fósiles«. En palabras del representante de Naciones Unidas, «cada día que pasa sin que hayamos hecho lo bastante en ese sentido nos acerca un poco más al punto de no retorno».

Asimismo, el asesor de António Guterres pide «apostar de forma igualmente decidida por la revolución de las energías renovables» pues «ya existen alternativas energéticas más baratas, limpias y fiables en todas las regiones del planeta». Una afirmación avalada por los datos del último informe del IPCC, que señalan que el coste de la energía y las baterías solares se ha desplomado un 85% en la última década y el de la energía eólica, un 55%. «La inversión en energías renovables genera tres veces más empleo que las inversiones en energías contaminantes», remata Selwin Hart.

En este sentido, ha recordado las cinco acciones «fundamentales» para impulsar la transición hacia las energías renovables que anunció hace unos meses el secretario general de la ONU. Las medidas van desde tratar las renovables como un bien público mundial de libre acceso hasta invertir cuatro billones de dólares al año en energías limpias.

… y más adaptación

Ningún rincón del planeta está a salvo de la crisis climática. Tampoco ninguna persona, aunque no les afecta ni afectará de igual manera. Como ocurre en muchos aspectos cotidianos, los peores efectos del calentamiento global lo sufrirán no solo quienes menos culpan tienen de la situación, sino quienes menos capacidad y recursos tienen para esquivar o aminorar los daños.

Selwin Hart, que no ha dejado pasar este hecho, sostiene que «quienes viven en uno de los ‘puntos calientes‘ de la crisis climática a nivel global —es decir, África, América Central o del Sur, Asia meridional o algún pequeño país insular en vías de desarrollo— tienen 15 veces más probabilidades de morir por el impacto derivado de esta crisis«. «No podemos ignorar semejante injusticia», apunta.

A raíz de esto, el diplomático insiste en no centrarse únicamente en la transición energética, y pide invertir «en proteger a las personas y los medios de subsistencia frente al creciente impacto de la crisis climática. De hecho, ambos objetivos deben perseguirse con idéntica urgencia y determinación».

Una manera de empezar a corregir esta desigualdad creciente es potenciar los sistemas de alerta temprana. Según explica Hart, una de cada tres personas en el mundo carece de ellos. «Sabemos que un aviso de 24 horas sobre la llegada de una tormenta o una ola de calor puede reducir los daños sufridos en un 30%». Por este motivo, la ONU anunció en marzo de este año que liderará una nueva una campaña destinada a garantizar que, en el plazo de cinco años, todos los habitantes del planeta cuenten con la protección de sistemas de alerta temprana.

Contra la industria fósil y su ‘lavado verde’

El asesor especial del secretario general de la ONU para la Acción por el Clima, Selwin Hart, también ha tenido palabras para los activistas. Valora cómo el movimiento climático «ha crecido exponencialmente y ha logrado que varios países, empresas e instituciones financieras se comprometan a alcanzar cero emisiones».

Aun así, avisa de que «estamos asistiendo a un aumento del greenwashing o ‘lavado ecológico’». Si bien ve «fundamental» los planes climáticos a largo plazo, cree que «el año 2050 sigue quedando muy lejos». Es por eso que, según Hart, «un compromiso de cero emisiones que no incluya objetivos intermedios para 2025 y 2030 ni un plan de cumplimiento de dichos objetivos no es más que un brindis al sol». Y avisa: «Estos planes deben ser creíbles y transparentes, y deberán traducirse en una avalancha de cambios antes del final de la presente década».

Para evitar al máximo ese lavado verde, narra el líder climático, el secretario general de la ONU ha encargado a un grupo de especialistas la creación de normas más claras y solventes a la hora de medir y analizar los compromisos de cero emisiones por parte de entidades no estatales. Una labor en la que puede participar cualquier persona enviando su sugerencia a través de la página web de la ONU dedicada a la acción climática.

La acción individual también importa

Si bien las medidas más transformadoras y efectivas para afrontar la crisis climática y las diversas crisis medioambientales deben implantarse desde los gobiernos y empresas, las personas también juegan un rol clave en el cambio que se necesita. Así lo ve Selwin Hart: «Como individuos, tenemos la capacidad adoptar cambios que nos permitan aspirar a un mundo más verde y resistente al cambio climático».

En esta línea, la mano derecha en asuntos climáticos de António Guterres considera que «lo más importante que podemos hacer en este momento es seguir informándonos sobre la crisis climática y alzar la voz como ciudadanía«. Y va más allá en esa petición al invitar a presionar a los líderes políticos, «en el seno de vuestra comunidad y en las redes sociales —a todos los niveles, en todas partes— para que se tomen en serio la crisis climática y den pasos mucho más decididos para combatirla».

También apuesta por instar a cualquier institución relevante –»ayuntamiento, entidad bancaria, escuela, universidad o empresa»– a tomar medidas urgentes para alcanzar el objetivo de cero emisiones. Finalmente, Hart lanza una petición que ya ha hecho en ocasiones anteriores el propio secretario general de la ONU, Antonio Guterres: «Poned vuestra inteligencia y talento al servicio de un futuro renovable. No trabajéis para quienes destruyen el clima«.

Publicado enMedio Ambiente
Lunes, 01 Agosto 2022 05:48

Horas inciertas

Estados Unidos es líder mundial en generar el calentamiento global, y aunque por un lado presume de promover ambiciosas medidas para enfrentar el problema, por otro permite mayor producción de combustibles fósiles. En la imagen, daños en Kentucky por fuertes lluvias producto del cambio climático. Foto Afp/Guardia Nacional de Kentucky

“Y no conozco a un alma que no haya sido golpeada / No tengo un amigo que se sienta tranquilo / No conozco un sueño que no haya sido destrozado /… Aun así, cuando pienso / Del camino sobre el cual estamos viajando / Me pregunto qué es lo que salió mal… Llegamos en las horas más inciertas de esta época…”

Estos versos de American Tune, de Paul Simon, identifican acertadamente algunas de las esencias del momento actual en Estados Unidos a pesar de que fue escrita en 1973.

Se desmoronan rápidamente los mitos fundamentales y necesarios, para bien y para mal: eso de libertades civiles y derechos, junto con los engaños sobre las bondades y la "misión divina" de esta democracia/imperio. La cúpula política sólo cuenta con un viejo vocabulario y paradigmas obsoletos repletos de nostalgia de guerra fría con qué enfrentar esta crisis sin precedente.

Nunca antes se ha hablado tan abiertamente de una crisis existencial: sobre si la democracia estadunidense sobrevivirá o no, sobre si el planeta sobrevivirá el cambio climatico. En torno a la tercera amenaza existencial, tal vez sea consuelo perverso que no es tan nueva: desde hace más de 75 años siempre ha estado presente la absurda y obscena posibilidad de un enfrentamiento apocalíptico entre potencias nucleares, hoy día entre Estados Unidos/OTAN y Rusia, y por otro lado China.

Casi todos los días despiertan con otra alerta más de la comunidad científica sobre las implicaciones mortales de extraer, producir y emplear otra gota de petróleo para el futuro de las próximas generaciones, o como lo formuló Antonio Guterres de la ONU: "tenemos una decisión: acción colectiva o suicidio colectivo" para poner fin a la "adicción" a los combustibles fósiles.

Estados Unidos es el líder mundial histórico en generar el calentamiento global y, como tantos otros, vive en una realidad política esquizofrénica en torno a la crisis ambiental. Mientras se congratula por promover una ley con la serie de medidas más ambiciosas en una generación para abordar el cambio climático, el gobierno, a la vez, como tantos otros, permite mayor producción de petróleo y gas.

Al mismo tiempo, Estados Unidos está aprobando otro presupuesto récord de gasto militar para mantenerse como la suprema potencia de toda la historia, supuestamente para defender "la democracia y la libertad" a nivel mundial, las cuales no está logrando proteger ni dentro de su propio territorio.

Van siete años de una serie sin precedente de delitos graves antidemocráticos, incluido un intento de golpe de Estado, donde hasta la fecha el autor intelectual y el responsable principal aún no ha tenido que rendir cuentas. (https://twitter.com/donwinslow/status/ 1552761592139223040).

Aquí se está jugando la vida o muerte de esta república democrática, afirman desde ex jefes militares hasta líderes políticos, incluido el propio presidente actual; aquí, advierten y reconocen los líderes mundiales en sus grandes reuniones, se está jugando el futuro del planeta al aceptar el veredicto de la comunidad científica, sólo para regresar a casa para jugar con el "suicidio colectivo". Y ni hablar de aquellos supuestos estadistas y todos sus intelectuales militares, jefes de "seguridad nacional" y otras cosas que no son más que una patética bola de mentes infantiles armadas con suficientes juguetes mortales como para aniquilar el mundo, literalmente.

Aunque muchos aún no se han dado cuenta, ha llegado nada menos que el momento para decidir a favor de un futuro para todos. Eso es demasiado importante para dejarlo en manos de la cúpula política estadunidense y, con algunas excepciones, la mundial. Es hora de obligarlos a dejar de jugar con el futuro del planeta en estas "horas más inciertas de la época".

Paul Simon y Rhiannon Giddens. American Tune https://www.youtube.com/watch?v=IZTWSJFuuAY

Queen/David Bowie. Under Pressure. https://www.youtube.com/watch?v=ZyT8mVwf_40

Con un fuerte abrazo a la familia y amigos del Dr. Alberto Ysunza, uno de aquellos héroes modestos que rescatan a sus países y pueblos todos los días. QEPD

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Francia Márque junto a Pérez Esquivel en el CCK.. Imagen: Télam

Conferencia de la vicepresidenta electa de Colombia en el CCK 

Dijo que el mayor desafío que tendrá su gobierno es promover la paz y también atacar las causas de la violencia: el hambre, el racismo y el abandono del Estado. 

 

Francia Márquez Mina, vicepresidenta electa de Colombia, habló de feminismo, medio ambiente, racismo y las reformas planeadas con su compañero de fórmula, Gustavo Petro, este sábado en el Centro Cultural Kirchner (CCK). En diálogo con la autora Verónica Gago, la vicepresidenta remarcó su descendencia, consciente de que representa a comunidades vulneradas.“Mi presencia no es solamente la presencia de Francia Márquez, soy muy consiente que mi presencia es la representación de pueblos históricamente excluidos, marginados, racializados y olvidados” exclamó la presidenta.

Márquez se presentó saludando a los colombianos migrantes, a los pueblos afrodescendientes, a las mujeres, a las comunidad LGTBQ y, por último, a todo el liderazgo social y político argentino que mantiene un gobierno en resistencia.

El auditorio nacional, o la ballena azul, como se lo llama comúnmente, estaba a su máxima capacidad. El ganador del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, presentó a la vicepresidenta y la saludó con un fraterno abrazo. “Tenemos que abrir la mente y el corazón para mirarnos y ser solidarios con el pueblo hermano de Colombia” expresó Perez Esquivel luego de pedir que prendieran las luces del auditorio para verle la cara a la audiencia.

Desafíos 

Frente a la pregunta del futuro del gobierno que van a liderar Márquez y el presidente electo Petro, la vicepresidenta respondió que el mayor desafío que tienen es promover la paz, silenciar los fusiles, pero también, atacar las causas de la violencia armada. “Esas causas tienen que ver con el hambre, tienen que ver con la garantía de derechos. Esas causas tienen que ver con el abandono del Estado. Esas causas tienen que ver con el racismo” explicó Márquez. En su objetivo de restaurar la paz, la vicepresidenta confirmo que se abrirá la mesa de dialogo con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En relación con la intención de promover la paz, Márquez agregó que es necesario discutir la política de drogas. Por un lado, estableció que era necesaria la discusión sobre la marihuana. “Se puede generar toda una industria, en términos farmacéuticos, alimenticios y textil, para generarle oportunidades a las mismas comunidades que han sido víctimas del narcotráfico” expresó la vicepresidenta. Por otro lado, cree necesario que se traten a los problemas de adicciones como un problema de salud publica y no como criminalidad.

La vicepresidenta colombiana criticó la política de tolerancia cero de Colombia y estableció que era una vía para la corrupción. “No se atacan todos los eslabones de la cadena del narcotráfico. La droga sale igual del país, sale con la complacencia de muchos corruptos que han estado en las desilusiones del estado colombiano” denunció Márquez.

Reformas

En un contexto donde el gobierno de Petro tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso e incluso obtuvo el apoyo del partido derechista Unión por la Gente o, Partido de la U., Márquez comunicó que tomará el mando del Ministerio de la Igualdad a propuesta de Petro. El presidente, dijo, le propuso tres objetivos inmediatos al crear ese ministerio: la igualdad salarial entre géneros, el reconocimiento del trabajo de hogar para jubilaciones y la implementación de un salario mínimo para las madres.

Otras medidas primordiales para el entrante presidente de Colombia son la reformas tributaria, agraria y política. Con respecto a la primera, la vicepresidenta estableció que los principios implicados son los de una justicia tributaria donde quienes mas tienen, son los que mas tienen que aportar. “Uno puede hablar bonito, pero es con plata con lo que se hacen las transformaciones” dijo Márquez.

Feminismo

Unos de los primeros temas tocados por Márquez fue la lucha de las mujeres, poniendo el foco en las mujeres negras. En la entrevista, remarcó que aprendió de la lucha de su madre y su abuela, pero también de ejemplos argentinos como las Madres de Plaza Mayo, señalando a Nora Cortiñas que se encontraba presente.

Remarcó la difícil lucha que tienen las mujeres negras incluso dentro del feminismo. “Las mujeres negras e indígenas no estamos haciendo la lucha para romper el techo de cristal, las mujeres negras e indígenas están luchando para ponerse de pie y caminar con sus hermanas, porque siempre han estado de rodillas” expresó Márquez.

La fuerza del pueblo

La entrevistadora le preguntó a Francia Márquez por el Paro Nacional en Colombia llevado a cabo en 2021, en el marco de protestas contra el Gobierno neoliberal de Iván Duque. La vicepresidenta estableció la importancia del hecho, el cual le dio fuerzas para postularse junto a Petro a las elecciones. “No eran los jóvenes universitarios ni los movimientos estudiantiles los que salieron las calles. Eran jóvenes que nunca habían pisado las puertas una universidad”, contestó.

Luego, remarcó la importancia de que se haga justicia por las agresiones, abusos y asesinatos policiales a manifestantes y por los presos que dejó el paro colombiano, estableciendo que puso a disposición de las víctimas abogados para hacer cumplir el debido proceso judicial. “Gracias a todos ellos es que estoy aquí. Ellos se pusieron en primera línea en el paro y yo me voy a poner en primera línea en el gobierno para defenderlos” remarcó la vicepresidenta.

Márquez culminó su charla esperanzada por los próximos cuatro años de cambio que se darán en Colombia. “Espero que después de cuatro años, mi corazón siga estando bien puesto” deseó la vicepresidenta frente a una audiencia que la aplaudía de pie.

La entrevista entre la vicepresidenta y la autora y docente feminista Gago se dió en el marco del Proyecto Ballena del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es la generación de encuentros con referentes políticos y culturales para elaborar alternativas que ayuden a problematizar y mejorar el presente. Siendo este año la tercera edición, la directora del proyecto, Lilliana Viola, propuso debatir el concepto de libertad poniéndolo como consiga. En un mundo donde la libertad es cada vez más una construcción individual, el proyecto propone una libertad creada desde lo comunitario.

Quién es Francia Márquez

La vicepresidenta electa, de 40 años, nació en la aldea de Yolombó, ubicada en Suárez, un pueblo del departamento del Cauca, al suroeste de Colombia. En ese pueblo, la explotación minera es el principal factor de la dependencia económica y de las luchas sociales. La mandataria trabajó como minera de oro artesanal, al igual que su padre, y luego fue empleada doméstica. Siendo madre soltera desde los 16 años, estudió en la Universidad de Santiago de Cali para recibirse de abogada.

Como la primera vicepresidente afrodescendiente de su país, y con lema de campaña “Soy porque somos”, refiriéndose a la idea de que su personalidad surge de una construcción colectiva, Francia Márquez consiguió mayoría el 19 de junio junto a su compañero de fórmula, Gustavo Petro. “Logramos un gobierno del pueblo, un gobierno popular, el gobierno de la gente de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie. El gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, exclamó Márquez en su primer discurso como presidenta electa.

Márquez tiene larga experiencia en activismo ambiental desde el año 2009, donde fue reconocida por los reclamos para salvar el río Ovejas en su departamento natal, Cauca. Un activismo que la llevó a ganar el Goldman Environmental Prize, uno de los premios más importantes en términos de medio ambiente y ecología.

Gira por Latinoamérica

La vicepresidenta comenzó esta semana su gira por América del sur con el principal objetivo de entablar dialogo con sus pares de izquierda antes del cambio de mando. “Queremos establecer un diálogo fraterno con líderes políticos y sociales en temas de paz, Igualdad, cambio climático y justicia racial en la región” tuiteo Márquez al comienzo de la gira.

Su primer parada fue en Brasil, donde se reunió con Lula Da Silva en Sao Pablo. Encuentro que la vicepresidenta describió como fraterno y constructivo y en el que expresó su apoyo al candidato a presidente. Luego pasó por Chile, donde tuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric, aquien le agradeció su disposición para trabajar por la paz en Colombia, y por la creación conjunta de una nueva política de drogas, cambio climático y justicia de género.

En su visita en Argentina se reunió con el presidente Alberto Fernández. Conversaron sobre la agenda en común entre los países y sobre la coyuntura política internacional. Antes visitar al presidente, Márquez había estado con Cristina Kirchner, con quien habló de temas relacionados a la integración regional, la paz y la igualdad. Sin embargo, en el CCK no se mencionó la actualidad política argentina.

Márquez finalizará su gira por América del Sur en Bolivia. Este domingo tiene pactada una reunión con el vicepresidente boliviano, David Choquehuanca, en La Paz. La vicepresidenta regresará a su país el lunes luego de diálogar con organizaciones sociales de mujeres indígenas y campesinas bolivianas. A la semana siguiente, el 7 de agosto, participará, junto a Petro, en la ceremonia de envestidura y cambio de mando

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Donella Meadows

Editorial Nature, 18 junio 2022

Los investigadores deben intentar resolver una disputa sobre la mejor manera de utilizar y cuidar los recursos de la Tierra.

 

Este mes se cumplen cincuenta años de que el grupo de Dinámica de Sistemas del Instituto Tecnológico de Massachusetts (Cambridge) lanzara un duro mensaje al mundo: el continuo crecimiento económico y demográfico agotaría los recursos de la Tierra y provocaría el colapso económico mundial en 2070. Esta conclusión se desprende de su libro de 200 páginas Los límites del crecimiento, uno de los primeros estudios de modelización que preveía las repercusiones medioambientales y sociales de la industrialización.

Para su época, se trataba de un pronóstico impactante, y no cayó bien. Nature calificó el estudio de "otro tufillo a catástrofe" (véase Another Whiff of Doomsday, Nature 236, 47-49; 1972). Era casi una herejía, incluso en los círculos de investigación, sugerir que algunos de los fundamentos de la civilización industrial -la extracción de carbón, la fabricación de acero, la perforación de pozos de petróleo y la pulverización de cultivos con fertilizantes- podrían causar daños duraderos. Los líderes de la investigación aceptaban que la industria contaminaba el aire y el agua, pero consideraban que esos daños eran reversibles. Los que se formaron en una época anterior a la informática también se mostraron escépticos respecto a la modelización, y defendieron que la tecnología acudiría al rescate del planeta. El zoólogo Solly Zuckerman, antiguo asesor científico jefe del gobierno británico, dijo: "Independientemente de lo que digan los ordenadores sobre el futuro, no hay nada en el pasado que dé crédito a la opinión de que el ingenio humano no pueda sortear a tiempo las dificultades materiales del ser humano".

Pero la autora principal del estudio, Donella Meadows, y sus colegas se mantuvieron firmes, señalando que la estabilidad ecológica y económica sería posible si se actuara con prontitud. Los límites fueron decisivos para la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, también en 1972. En total, se han vendido más de 30 millones de ejemplares del libro.

Pero los debates no han cesado. Aunque ahora existe un consenso sobre los efectos irreversibles de las actividades humanas sobre el medio ambiente, los investigadores no se ponen de acuerdo sobre las soluciones, especialmente si éstas implican frenar el crecimiento económico. Este desacuerdo impide actuar. Es hora de que los investigadores pongan fin a su debate. El mundo necesita que se centren en los grandes objetivos de detener la destrucción catastrófica del medio ambiente y mejorar el bienestar.

Investigadores como Johan Rockström, del Instituto de Investigación del Impacto Climático de Potsdam (Alemania), defienden que las economías pueden crecer sin hacer inhabitable el planeta. Señalan que hay pruebas, sobre todo en los países nórdicos, de que las economías pueden seguir creciendo aunque las emisiones de carbono empiecen a bajar. Esto demuestra que lo que se necesita es una adopción mucho más rápida de la tecnología, como las energías renovables. Un movimiento de investigación paralelo, conocido como "post-crecimiento" o "decrecimiento", afirma que el mundo debe abandonar la idea de que las economías deben seguir creciendo, porque el propio crecimiento es perjudicial. Entre sus defensores se encuentra Kate Raworth, economista de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y autora del libro de 2017 Doughnut Economics, que ha inspirado su propio movimiento mundial.

El crecimiento económico se suele medir por el producto interior bruto (PIB). Este índice compuesto utiliza el gasto de los consumidores, así como la inversión empresarial y gubernamental, para obtener una cifra de la producción económica de un país. Los gobiernos tienen departamentos enteros dedicados a garantizar que el PIB siempre apunte hacia arriba. Y eso es un problema, dicen los investigadores del postcrecimiento: cuando se enfrentan a una elección entre dos políticas (una más ecológica que la otra), es probable que los gobiernos opten por la que sea más rápida a la hora de impulsar el crecimiento para reforzar el PIB, y esa puede ser a menudo la opción que cause más contaminación.

Un informe publicado la semana pasada por la Organización Mundial de la Salud (Valuing Health for All: Rethinking and building a whole-of-society approach) afirma que si los responsables políticos no tuvieran una "obsesión patológica por el PIB", gastarían más en hacer asequible la sanidad a todos los ciudadanos. El gasto sanitario no contribuye al PIB del mismo modo que, por ejemplo, el gasto militar, dicen los autores, dirigidos por la economista Mariana Mazzucato, del University College de Londres.

Ambas comunidades deben esforzarse más por hablar entre ellas, en lugar de hacerlo contra ellas. No será fácil, pero el aprecio por la misma literatura podría ser un punto de partida. Al fin y al cabo, los límites inspiraron tanto a la comunidad del crecimiento verde como a la del poscrecimiento, y ambas se vieron igualmente influidas por el primer estudio sobre los límites planetarios (J. Rockström et al. Nature 461, 472-475; 2009), que intentó definir los límites de los procesos biofísicos que determinan la capacidad de autorregulación de la Tierra.

Las oportunidades de cooperación son inminentes. A finales de enero, la Plataforma Intergubernamental Científico-Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas anunció un gran estudio sobre las causas de la pérdida de biodiversidad, incluido el papel de los sistemas económicos. Más de 100 autores de 40 países y de diferentes campos pasarán dos años evaluando la literatura. Recomendarán "un cambio transformador de los sistemas que nos llevan a la catástrofe", dice el copresidente del estudio, el politólogo Arun Agrawal, de la Universidad de Michigan en Ann Arbor.

Otra oportunidad es la próxima revisión de las normas de medición del PIB. Estas normas serán acordadas por los jefes de estadística de los países y organizadas a través de la ONU, y deberán estar finalizadas en 2025. Por primera vez, los estadísticos se preguntan cómo la sostenibilidad y el bienestar podrían alinearse más estrechamente con el PIB. Tanto los defensores del poscrecimiento como los del crecimiento verde tienen perspectivas valiosas.

La investigación puede ser territorial: a veces surgen nuevas comunidades científicas por desacuerdos entre los campos. Pero los científicos del crecimiento verde y del postcrecimiento deben ver el panorama general. En este momento, ambos articulan visiones diferentes ante los responsables políticos, y existe el riesgo de que esto retrase la acción. En 1972, todavía había tiempo para debatir, y menos urgencia para actuar. Ahora, el mundo se está quedando sin tiempo.

Nature 603, 361 (2022), 16/3/2022

https://www.nature.com/articles/d41586-022-00723-1

Traducción: viento sur

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Colombia: Duque es condenado a cinco días de arresto domiciliario por no proteger un parque nacional

El Tribunal Superior de Ibagué entiende que el mandatario no atendió un fallo de la Corte

De acuerdo con la sentencia, el gobierno colombiano no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en el parque Los Nevados, ubicado en el Eje Cafetero.

El Tribunal Superior de Ibagué ordenó el arresto domiciliario por cinco días del presidente colombiano, Iván Duque, por incumplir una orden judicial para proteger el Parque Nacional Natural Los Nevados. La sanción obedece al desacato a una orden que había emitido la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que declaró como sujeto de derechos al parque natural ubicado en la región del Eje Cafetero.

De acuerdo con la sentencia publicada por medios locales este sábado, el gobierno que encabeza Duque no cumplió con la creación de un Comando Especial de la Fuerza Pública para delitos ambientales en ese parque nacional. La orden judicial ordena "imponer como sanción medida de arresto domiciliario por cinco días", para cuyo cumplimiento se encargará el director de la policía colombiana o el superior que atienda las funciones en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo.

El alto tribunal también ordenó que se imponga una multa de quince salarios mínimos legales mensuales vigentes al jefe de Estado colombiano "a menos que antes se acredite el cumplimiento de la orden tenida como cumplida". En diciembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia dio a las autoridades nacionales, departamentales y locales un plazo perentorio de un año para poner en marcha un plan conjunto para la recuperación, mantenimiento, manejo y conservación del Parque Nacional Natural Los Nevados, al que consideró como sujeto de derechos a la vida, salud y ambiente.

La reacción de Duque

"Esa sentencia está más que cumplida y los reportes están, pero aparte de eso la decisión no solamente es inconstitucional, no está en firme, es un abierto prevaricato", aseguró Duque desde la caribeña ciudad de Montería, capital del departamento de Córdoba. 

El mandatario de derecha explicó que su gobierno acata las decisiones judiciales porque con sus funcionarios han ido "trabajando para darle cumplimiento a la protección del Parque de Los Nevados". Pidió además a la Procuraduría que actúe para que "quede absolutamente claro y se pueda saber cuál era el verdadero sentido de una decisión política sin soporte jurídico".

El parque natural está conformado por cinco picos nevados: el Ruiz, el Tolima, el Cisne, el Santa Isabel y el Quindío y abarca terrenos de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Tolima, en el centro del país. Alberga ecosistemas de páramos y bosques altoandinos, que se caracterizan por la presencia de tres volcanes nevados que lo visibilizan en toda la ecorregión del Eje Cafetero.

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Miércoles, 01 Junio 2022 05:17

La Constitución del pueblo

La Constitución del pueblo

Una entrevista con Karina Nohales. Entrevista Pablo Abufom

El borrador de la nueva Constitución chilena fue aprobado el 16 de mayo. Consagra grandes cambios para la sociedad, que van desde derechos laborales colectivos hasta la creación de un sistema público de cuidados.

 

El primer paso para una nueva Constitución en Chile ya ha concluido. El 16 de mayo se entregó oficialmente el borrador de la nueva Carta Magna, que consagra grandes cambios para la sociedad chilena, particularmente en derechos sociales, participación política paritaria y reconocimiento constitucional de los pueblos originarios. 

En materia de derechos sociales, incorpora demandas que han sido bandera de lucha de las organizaciones populares desde el mismo inicio de la contrarrevolución neoliberal de la dictadura. La nueva Constitución busca recoger esas aspiraciones y garantizar el acceso a la salud, la vivienda, la educación, pensiones dignas, educación no sexista y derecho al aborto bajo la noción de un «Estado social y democrático» que se reconoce plurinacional, intercultural y ecológico. 

Pablo Abufom, de Jacobin América Latina, conversó con Karina Nohales —feminista, abogada y militante de la Coordinadora Feminista 8M—, quien es parte del equipo de la vocería constituyente de Alondra Carrillo. Analizaron la relevancia de las normas aprobadas, especialmente aquellas vinculadas a trabajo y los derechos laborales, y profundizaron en los desafíos que este nuevo periodo constitucional abre para la clase trabajadora plurinacional de Chile. 

PA

Uno de los hitos más importantes de la Convención Constitucional fue la aprobación de una serie de derechos sociales que venían siendo peleados por las organizaciones populares durante décadas. Esto incluye la aprobación de un conjunto de derechos laborales que estaban pendientes desde el fin de la dictadura. A tu juicio, ¿cuáles son los más significativos?

KN

En primer lugar, hay que destacar una dimensión tiene que ver con las lecturas feministas sobre el trabajo. El feminismo entra a la Convención con la fuerza de gigantescas movilizaciones y de importantes procesos de reflexión programática, logrando plasmar en términos constitucionales una innovación en lo que refiere al reconocimiento de los trabajos domésticos y de cuidados, consagrando una comprensión de estos trabajos que ha sido elaborada y sostenida principalmente por lo que podríamos denominar un feminismo socialista, estableciendo que los trabajos domésticos y de cuidados son trabajos socialmente necesarios, que son indispensables para la sostenibilidad completa de la sociedad y que, por tanto, tienen que ser socialmente sostenidos mediante un sistema integral de cuidados de carácter estatal.

Se trata de una perspectiva que los desprivatiza, desplazando las coordenadas de un feminismo más liberal que se detiene en las políticas de corresponsabilidad entre sexos, que por cierto son necesarias, pero que se mantiene dentro de esta concepción del hogar como un espacio privado. Hoy hemos avanzado en instalar, junto a su reconocimiento, una perspectiva de socialización de estos trabajos.

Luego están las normas que competen a la esfera del derecho individual del trabajo asalariado. En esta materia quedan consagradas cuestiones relevantes que recogen los principios y parámetros del derecho internacional, especialmente de la OIT, y que en la realidad local constituyen un avance respecto de lo hasta ahora existente, toda vez que en la Constitución de Pinochet el trabajo aparece desanclado de la esfera de los derechos, limitándose a consagrar la libertad de trabajo, es decir, la supuesta libertad del trabajador o la trabajadora de elegir dónde trabajar y la libertad de las empresas de elegir libremente a quiénes contratar.

Finalmente, una de las cuestiones más relevantes tiene que ver con los derechos colectivos del trabajo. La nueva Constitución reconoce el derecho a la libertad sindical en sus tres dimensiones: sindicalización, negociación colectiva y huelga, desmontando con ello algunos enclaves constitucionales y legales estratégicos impuestos por la dictadura y por la transición democrática. En primer lugar, consagra el derecho de los y las trabajadoras del sector público y privado a constituir sindicatos en cualquier nivel y el derecho de estas organizaciones a trazar sus propios fines. En segundo lugar, establece la titularidad sindical exclusiva en la negociación colectiva, el desarrollo de la negociación en cualquiera de los niveles que las y los trabajadores del sector público y privado decidan, y fija como único límite a la negociación los derechos laborales irrenunciables. En tercer lugar, garantiza el derecho a huelga a las y los trabajadores del sector público y privado, tengan o no sindicato, quienes podrán decidir el ámbito de los intereses que pretenden defender a través de ella y el nivel en que esta se desarrolla. Se establece además que la ley no podrá prohibir la huelga. 

Estos tres elementos, así consagrados, suponen un giro copernicano respecto de la Constitución de 1980 —que nombra solo una vez la palabra «huelga»: para prohibirla a los y las trabajadoras del sector público— y también respecto de la legislación vigente, que permite la negociación colectiva solo a nivel de empresa, de manera que no puede ser ejercida de manera conjunta por trabajadores o trabajadoras de dos o más empresas diferentes y que reconoce el ejercicio de la huelga únicamente dentro del marco del proceso de negociación colectiva «legal».

En un país donde más del 40% de la fuerza laboral formalmente asalariada trabaja en pequeñas y medianas empresas, en un país donde ha tenido lugar un proceso de descentralización productiva brutal, este marco legal ha reducido a la impotencia la herramienta de la negociación y de la huelga, llegando a configurarse una realidad más cercana a las negociaciones pluripersonales que colectivas. Esto último se refuerza por la existencia de los denominados «grupos negociadores» que pueden configurarse de manera transitoria dentro de las empresas con el único fin de negociar condiciones comunes de trabajo, práctica de carácter antisindical que es legal en Chile y que tiene un impacto fragmentador muy nocivo.

Hoy, con la titularidad sindical de la negociación colectiva, la nueva Constitución permitirá desterrar esta práctica que ha permitido a las empresas mantener dentro de una misma unidad laboral un sinnúmero de grupos de trabajadoras y trabajadores sujetos a condiciones diferenciadas de trabajo. Bueno, y obviamente otra de las grandes noticias es que las y los trabajadores del Estado ya no solo no tendrán prohibida la huelga, sino que tendrán derechos colectivos plenos.

Lo sorprendente es que estos avances han sido plasmados jurídicamente por un órgano que no cuenta con autorrepresentación directa del mundo sindical. Esto debe llevarnos a preguntarnos por qué fue posible algo así.

PA

Me interesa que conversemos sobre ese punto. ¿Qué otras normas se aprobaron que estén asociadas a las luchas sindicales o de trabajadoras no sindicalizadas?

KN

Hay dos normas más a destacar. Por una parte, se aprobó el derecho de los y las trabajadoras a participar, a través de sus organizaciones sindicales, de las decisiones de la empresa. La manera en que se va a llevar a cabo esa participación queda entregada a la ley. Sin duda, esto abrirá debates interesantes en el futuro próximo.

Por otra parte, inseparable del tema del trabajo, es el derecho a la seguridad social que se consagra. Tiene varias características destacables. Primero, se establece que le corresponde al Estado definir la política de Seguridad Social sobre principios como la solidaridad, el reparto y la universalidad. Segundo, se mandata la creación de un Sistema Público de Seguridad Social destinado a cubrir contingencias diversas e integrales. Tercero, establece que el financiamiento del Sistema se hará a través de aportes obligatorios de los y las trabajadoras y de los empleadores y por las rentas generales de la nación, no pudiendo destinarse este dinero a fines distintos que el pago de los beneficios del sistema. Finalmente, las organizaciones sindicales tendrán derecho a participar en la dirección del Sistema Público de Seguridad Social.

Todas estas características suponen un cambio absoluto respecto del sistema de capitalización individual que hoy existe, sistema que es administrado exclusivamente por empresas privadas (las Administradoras de Fondos de Pensiones, AFP), que es financiado exclusivamente por el aporte de las y los trabajadores (el empleador no aporta), que invierte estos dineros en acciones en la bolsa de valores generando pérdidas irrecuperables (en 2008, producto de la crisis subprime, se perdió cerca del 40% del ahorro previsional de las y los trabajadores de Chile) y que al no estar destinado a pagar pensiones ofrece al final de vida laboral ingresos de miseria.

PA

Respecto a los efectos que van a tener estas nuevas normas constitucionales me gustaría preguntarte, en primer lugar, qué implicancias van a tener las normas sobre reconocimiento del trabajo doméstico y del cuidado.

KN

Bueno, en todos los temas en que se consagran derechos sociales como este hay una dimensión que es legislativa, que es darle una bajada legal a lo que ha quedado consagrado en la Constitución. Una de las cuestiones que se aprobó en esta Constitución también es la posibilidad de presentar Iniciativas Populares de Ley.

Pienso que una de las primeras tareas va a ser elaborar una Iniciativa Popular de Ley que diga en qué consiste este sistema integral de cuidados: ¿Cómo funciona? ¿Cómo se financia? ¿Cuáles son sus dimensiones comunitarias? Y eso va a poner a sectores muy diversos dentro del movimiento feminista ante la necesidad de construir una posición, un debate y una propuesta transversal y echar a correr la imaginación política, porque este tipo de sistema, que existe en otros países, nunca ha tenido lugar en Chile.

Esa es una dimensión con respecto a la cual me siento optimista porque el movimiento feminista (así nombrado, en singular, en toda su diversidad) fue el único sector capaz de construir y presentar ante la Convención Constitucional iniciativas populares de normas unificadas, a diferencia de lo que ocurrió en salud, en educación, en trabajo o en seguridad social, donde hubo más de una iniciativa popular de norma para cada materia. En el caso de los derechos sexuales y reproductivos, del derecho a una vida libre de violencia y a una educación no sexista, tuvimos propuestas de normas unificadas. En ese sentido la experiencia de la Convención ha sido  muy importante para prefigurar esa dimensión de la tarea política que se viene.

Y por otro lado, creo que se viene el trabajo de difundir lo que significa una perspectiva de socialización de estos trabajos, porque realmente son términos todavía ajenos para la población, para muchas mujeres de sectores no necesariamente marginales, sino también de sectores medios donde toda la noción del problema, de la doble jornada de trabajo y de todo esto que nos dicen que es amor en vez de trabajo no pago, sigue en los márgenes de la corresponsabilidad entre géneros. Por ejemplo, sigue enmarcado en demandas como la exigencia de salas cuna financiadas por los empleadores, lo que implica también la monetarización como forma de sostener este tipo de trabajos.

Entonces creo que aquí se abre un desafío mayor y de más largo aliento que compromete horizontes políticos más profundos. No sé hasta qué punto se podrá sostener esa unidad transversal de los feminismos con respecto a esto, ya que históricamente tenemos concepciones muy diferentes sobre este problema. No necesariamente tendrá que resolverse de manera definitiva: puede que haya disputas también en los debates feministas, una disputa por qué lecturas feministas sobre estos trabajos se tornan más hegemónicas.

PA

En esa misma línea, hay algo inédito en este momento que es un gobierno que se autodenomina feminista: hay cuadros políticos del feminismo organizado que entraron al gobierno y tienen puestos importantes, desde el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género en adelante.

¿Cómo proyectas esa disputa de la que hablas, si tomamos en cuenta que una de las contrapartes de ese debate es un sector que está en el gobierno? ¿Va a significar un debate más difícil, una polarización más fuerte con respecto a las tendencias más institucionalizadas? ¿O quizá la posibilidad de realizar estas transformaciones de manera más rápida?

KN

Si lo ponemos en términos de más fácil o difícil yo diría que ambos, definitivamente. Más fácil porque, efectivamente, la existencia de un sistema integral de cuidados forma parte del programa del actual gobierno. Entonces van a posibilitarse, o por lo menos no obstaculizarse, estas perspectivas en lo que refiere a la institucionalidad y las políticas públicas. Pero, al mismo tiempo, se ve que no es fácil ser gobierno, manejar un presupuesto fiscal y tener recursos limitados. No es lo mismo que estar por fuera, y que la cuestión pase solo por demandarle cosas al Estado. Entonces va a ser más fácil y difícil a la vez. Pero si sumamos y restamos, por supuesto que las condiciones de viabilidad están habilitadas, cosa que no tendríamos con un gobierno de otro tipo.

PA

Uno de los problemas que señalaste tiene que ver con la fragmentación de la organización de trabajadores y trabajadoras, a partir de la fragmentación misma de la producción en Chile: una multiplicidad de pequeñas y medianas empresas comerciales o que prestan servicios a los principales sectores productivos, sobre todo agrícolas, forestales y mineros. Esto es reforzado por una legislación que fragmenta en grupos negociadores, en múltiples sindicatos en una misma empresa, etc. 

Dado este escenario, ¿qué implicancias crees que van a tener las normas sobre negociación colectiva en la nueva Constitución? ¿Qué desafíos va a suponer para el movimiento sindical hacerse cargo de ese cambio?

KN

Bueno, en Chile nunca hubo un sindicalismo fuerte, aunque existe ese mito de que antes del golpe de Estado de 1973 había un sindicalismo muy glorioso. Por supuesto, es real que los 17 años de dictadura aplastaron brutalmente al movimiento obrero, y eso conllevó un retroceso histórico irreversible en muchísimas dimensiones, pero eso no hace que ese pasado adopte las magnitudes que a veces se le atribuyen. Por eso es tan importante pensar estos procesos no como un retorno al pasado —que a veces es un anhelo en cierta izquierda: el retorno a un pasado que era virtuoso y que nos fue violentamente arrebatado— sino desde esa memoria que reivindicamos… construir siempre una alternativa de futuro que sea mucho más potente que lo que estaba planteado ahí.

Yo creo que los feminismos han sido particularmente enfáticos en decir «no se trata de volver a lo que teníamos». Y es esperable, porque también nos preguntamos dónde estábamos nosotras en esos procesos pasados. En particular, el mundo sindical siempre ha tenido una estructura  débil porque ha ido muy aparejada al sistema productivo en Chile, y nunca existió aquí —a pesar de que no estaba prohibida por ley— la negociación o la sindicalización por rama productiva, como hizo después la dictadura. Hubo ejemplos, pero fueron claramente la excepción a lo que era la estructura que subsiste hasta hoy, que ha sido la de sindicato base, federación, confederación, central. Una cadena orgánica absolutamente piramidal y que reproduce fuertemente las pulsiones  burocráticas, que siempre están presentes y que tienden a reproducirse. Y eso fue así desde siempre.

Los niveles de sindicalización nunca fueron muy altos en Chile. Hay un momento bastante excepcional cuando se dicta la Ley de Sindicalización Campesina en 1967. Ahí hay un salto porque el campesinado se puede sindicalizar, y después tiene su clímax en 1972 durante la Unidad Popular, cuando de hecho estábamos frente a una coyuntura absolutamente extraordinaria.

Entonces lo que se está habilitando con la nueva Constitución son formas y niveles de negociación inéditos, no un volver atrás. Y esto viene a caer al presente en una tierra  bastante yerma, estéril, que es la del sindicalismo de la transición democrática, que se ha caracterizado por dos grandes corrientes: una, que es predominante, han sido los instrumentos sindicales ad-hoc de los partidos de la transición, de ese sindicalismo es expresivo la principal central sindical, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, que ha sido un sindicalismo de mucho entreguismo a las políticas de administración del neoliberalismo y que ha estado conducida siempre por los partidos de los treinta años. Del otro lado podríamos decir que están los reductos de la insistencia de un sindicalismo de combate, de la tradición obrera, de la lucha de clases. Estos sectores no se han propuesto (o aun habiéndoselo propuesto no lo ha conseguido) constituirse como una corriente de trabajadores y de trabajadoras en el sentido de no ser una corriente «autoafirmativa» de una tendencia política o ideológica en particular. Junto a eso han convivido sectores que sí han tenido una política de combate, en el sentido que han librado grandes huelgas y rebasando la ilegalidad dictatorial, poniendo en jaque a sectores importantes del empresariado en el país pero que no necesariamente tienen una formación política, una política sindical, que los unifique en un proyecto general. Estoy pensando, por ejemplo, en la Unión Portuaria.

PA

En el contexto que propone la nueva Constitución, ¿cuál sería el desafío para el sindicalismo?

KN

Yo no sé si este es un desafío para el sindicalismo, esa es mi duda. Yo creo que este es un desafío para la clase trabajadora. Uno, porque estamos ante un sindicalismo que no sabe cómo hacer esto que tenemos que hacer, en el sentido de que nunca lo ha hecho: nunca ha existido como parte de la estructura sindical en Chile, ni ahora ni hace 80 años. Y al mismo tiempo estamos frente a una clase trabajadora que tiene una experiencia muy ajena al sindicalismo. A mí me parece que uno de los desafíos va a ser poder generar una política de unidad de los y las trabajadoras para hacerse cargo de esta tarea política que nadie puede hacer en su nombre, que es generar su unidad para constituir organizaciones fuertes dispuestas a luchar y enfrentarse al empresariado.

No está claro si eso se conseguirá desde una posición de independencia de clase o no, y no me refiero a una ideología del tipo sindicalismo rojo, sino de una independencia de clase, sin compromisos con el gran empresariado. Eso va a tener que ver con qué sector toma la iniciativa, pero sin dudas me parece que en este momento quienes están en mejores condiciones para tomar esa iniciativa son aquellos sectores políticos que tienen una inserción importante en el mundo sindical. Lamentablemente, esa mayor inserción la ostentan en no pocas áreas clave sectores partidarios no independientes. Yo no sé si van a ser esas dirigencias o no las que en primera persona se hagan cargo de esa tarea, pero sí tienen ventaja quienes se han construido orgánicamente en las filas sindicales. Creo que si prospera esta tarea política de construcción de grandes organizaciones sindicales, grandes negociaciones colectivas y huelgas potentes, vamos a ver también la extinción fratricida entre muchas dirigencias sindicales. Hay muchísimos feudos en ese mundo… pequeños, pero feudos al fin y al cabo.

PA

Una de las sorpresas del resultado de la elección de constituyentes [el 15 y 16 de mayo de 2021] fue que a la Convención Constitucional ingresó solamente una dirigenta sindical, Aurora Delgado, trabajadora de la salud y vocera de la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadores NO+AFP en la ciudad de Valdivia.

Ningún otro dirigente sindical, pese a que hubo candidaturas de larga trayectoria y con posiciones de primera fila (como es el caso de Bárbara Figueroa, que en ese momento recién había dejado de ser presidenta de la CUT, y Luis Mesina, que fue el referente de la coordinadora NO+AFP durante muchos años). Se trataba de una coyuntura muy aguda, que podría haber catapultado a esas dirigencias a un lugar significativo políticamente. ¿Por qué crees que no hizo sentido que esas dirigencias asumieran tareas políticas en la Convención?

KN

Esa es una pregunta ineludible, muy necesaria. ¿Por qué en una elección en la que son amplísimos los sectores populares que van a votar por la «revuelta», cuando se elige el órgano constituyente, el sindicalismo en todas sus versiones, sea el sindicalismo de la transición, el sindicalismo combativo, todos los sectores del sindicalismo aparecen como algo ajeno y nadie resulta elegido, salvo la compañera Aurora Delgado, dirigenta de la salud pública?

¿Qué nos dice eso? Muchas cosas. Hemos afirmado que la revuelta también fue un balance de lo que han sido estos 30 años y creo que el sindicalismo —o un sector muy importante y hegemónico del sindicalismo— no escapa al cedazo de ese balance. Las conducciones tradicionales, en manos de la Democracia Cristiana, del Partido Socialista y del Partido Comunista, también aparecen a ojos de la población identificados con los partidos del orden, esos que han sido impugnados a través de la revuelta. Ese es un momento de este balance.

Otro momento de este balance tiene que ver con que este sindicalismo aparece como una experiencia ajena para sectores muy numerosos de la clase trabajadora. Eso por todo lo ya dicho sobre la estructura del trabajo en el país, por los niveles de informalidad laboral, por la estructura legal que habilita o no a unos y otros para sindicalizarse, pero también por lo que ha sido una política gremial muy impotente del mismo sindicalismo, incluso de esos sectores que están más dispuestos a la lucha.

Hoy día no existen herramientas sindicales que permitan agrupar en conjunto a trabajadores y trabajadoras informales, a trabajadores y trabajadoras inmigrantes, a trabajadores y trabajadoras no remuneradas, incluso a los sectores desempleados. En pocas palabras, no tenemos una corriente sindical que se haya propuesto deliberadamente generar una política de unidad de la clase trabajadora en torno al problema del trabajo, que no es un problema en singular, es un problema que tiene que ser comprensivo de todas estas realidades.

A pesar de esta terrible ausencia de una política sindical para la realidad efectiva de esta clase trabajadora, son muchos los sectores sindicales que pueden ser militantes o empujar posiciones de izquierda dentro del sindicalismo que conciben que en el sindicato está la titularidad general de la lucha de la clase trabajadora, y que afirman por lo tanto esa titularidad en las características con que se presenta formalmente: masculina, formalmente asalariada, y organizada en sindicatos. Pero podríamos preguntarnos ¿cuál es hoy el porcentaje de esa clase trabajadora masculinizada, formalmente asalariada y sindicalizada? Es la minoría.

Sin embargo, hay quienes afirman que esa titularidad orgánica de la clase trabajadora la tienen esos sectores, a pesar de un contexto político en que han emergido movimientos sociales con una potencia mucho mayor que la sindical, que han protagonizado movilizaciones masivas, que han sido además la antesala de la revuelta y del estallido social, en la que evidentemente estamos viendo demandas que hace 100 años podría haber portado el sindicalismo y que ya no aparecen portadas desde allí, y tampoco pareciera interesarle al mundo sindical disputar el podio para conducir en una perspectiva unitaria esas demandas.

De hecho, es tal la dislocación entre lo que clásicamente aparecía como portado por el sindicalismo dentro de un programa general de la clase trabajadora, que una de las demandas más relevantes del mundo sindical en estas décadas, el fin del Plan Laboral de José Piñera (hermano del ex Presidente) y de Pinochet, se ha logrado sin presencia sindical en la Convención, lo ha logrado un órgano en el que está autorrepresentado el pueblo trabajador, que ha hecho suya esa demanda central sin ser representante directo del mundo sindical. Ahí está la clase trabajadora actuando, aunque no lo haga bajo sus formas sindicales. Es la clase trabajadora la que ha logrado concretar esa demanda. Esa es una buena noticia.

 

PA

Para cerrar, creo que es relevante señalar que en el nuevo catálogo de derechos de la Constitución encontramos derechos sociales por los que se viene luchando hace muchísimo, con grandes organizaciones, movilizaciones, y una historia que se remonta décadas. 

La excepción a esto es el reconocimiento del trabajo doméstico no remunerado y de cuidado, una demanda que ha tomado muchas formas en nuestra historia, pero que es relativamente nueva en la forma en que fue aprobada [existe la propuesta de un Sistema Público de Cuidados]. Este es un derecho que logra dar un gran salto y entrar directamente al borrador de nueva Constitución. ¿Qué opinas de esa circunstancia? ¿Podría pensarse la nueva Constitución como una «puesta al día» respecto a esa composición de la clase trabajadora chilena a la que hacías referencia?

KN

Sí, en parte. O sea, es imposible que un órgano conformado por 154 personas pueda ser expresivo en su totalidad de eso. Pero hay dos sectores que ingresan masivamente a la Convención a través del voto popular, que son los sectores que se han organizado en torno a las luchas feministas, y los sectores que se han organizado en torno a la lucha socioambiental. En particular, los sectores que han sostenido las demandas y las movilizaciones feministas en estas décadas entran premunidos de un programa y de instancias previas muy transversales y nacionales de discusión y deliberación política, además del haber coordinado jornadas gigantescas de movilización. El «Encuentro Plurinacional de Las y Les que Luchan» hizo posible ese programa, y es una ventaja infinita que fue muy palpable dentro de la Convención.

Pero además el feminismo hoy en Chile se ha ido convirtiendo en sentido común y, sobre todo, tiene una especie de lugar de autoridad, incluso a ojos de quienes no se oponen radicalmente al feminismo, pero que tampoco les simpatiza o les parece que una serie de cuestiones que plantea el feminismo son «excesivas». Son sectores que no se atreven a quedar expuestos, a ojos del conjunto de la población, como opositores a las demandas feministas. Que el feminismo tenga una autoridad en el sentido común de masas ha sido muy relevante para que avancen cuestiones que son inéditas en el orden institucional a nivel local e internacional. Sabemos que este es el primer proceso constituyente paritario en el mundo, pero también ha logrado consagrar una democracia paritaria sin techo: todos los órganos del Estado, sean o no de elección popular, tienen que estar integrados al menos por un 50% de mujeres. No 50% y 50%: puede ser 80% o 100% mujeres.

Otra cuestión ha sido el derecho al aborto, algo que no podíamos alcanzar desde el poder constituido. Hace muy poco, en septiembre del año pasado, el Congreso Nacional rechazó la despenalización del delito de aborto y hoy día la interrupción voluntaria del embarazo se ha logrado consagrar como un derecho fundamental en todas las causales a través de la Convención. Ahí hemos contado con el voto de gente que jamás lo hubiese aprobado en el marco del debate parlamentario, sectores políticos que no aprobaron ni siquiera la despenalización.

Entonces la fuerza con la que ingresa el feminismo a la Convención es bastante impresionante, y se hace cargo de una serie de demandas históricas del feminismo, incluyendo la del trabajo doméstico y de cuidado. Concuerdo contigo que en Chile no hubo algo así como una ola de movilización feminista que pusiera esta demanda de la socialización de los trabajos como el más  central de los elementos, pero también vamos a estar de acuerdo en que no es una demanda nueva en el mundo. Ya en la Revolución Rusa se ensayó un programa de socialización de los trabajos; era parte de esa perspectiva programática, tuvo una centralidad muy importante en la denominada segunda ola feminista, y también en el momento de irrupción feminista internacional en el que estamos. En Chile ha llegado también en parte como contagio y afortunadamente ha podido caer en manos de sectores feministas organizados que han tomado la decisión deliberada de hacer suyas estas perspectivas que podemos considerar las más desarrolladas programáticamente que ha habido en la experiencia internacional e impulsarlas acá también.

Pero sí, la posibilidad de consagrar algo que tal vez no estaba en el corazón de las demandas de las movilizaciones feministas, y que constituye una perspectiva muy avanzada en la lucha feminista internacional de más de un siglo, es algo que da cuenta no solo de que el feminismo es capaz de hacerse cargo de su agenda histórica sino que además ha logrado empujar sin contrapesos serios dentro de la Convención Constitucional el carro de una serie de demandas que tradicionalmente nos dirían que no son «propiamente feministas» y que son demandas de la clase trabajadora «en general».

Siempre están los sectores que insisten de situar al feminismo en una lugar de particularidad, pero la apuesta feminista de los sectores organizados que han podido impulsar y de alguna manera conducir el proceso feminista de los últimos años en nuestro país se han planteado también deliberadamente esto, eso que denominamos una orientación de «transversalización del feminismo en el movimiento social», y que concibe su propia actividad como una forma de acción política de la clase trabajadora. Entonces, por ejemplo, el derecho a la vivienda queda consagrado en la nueva Constitución como una demanda histórica del movimiento de pobladores y pobladoras sin casa, pero al mismo tiempo dentro del mismo derecho a la vivienda está contemplada la existencia de casas de acogida para las personas que viven violencia de género.

Quiero decir que esta transversalización no implica solo hacernos cargo de demandas que largamente han existido en el mundo popular, sino también de imprimirles y de repensar cada una de estas demandas en su dimensión, en su impacto y en su alcance en términos de sexo y de género, porque para todas estas políticas —y así va a estar consagrado en el lenguaje de la nueva Constitución— vamos a hablar de mujeres, de disidencias y diversidades sexogenéricas, inscribiendo este proceso, uno de los procesos de mayor avance feminista de las últimas décadas, dentro de una perspectiva feminista deliberadamente transincluyente. Esto es parte ineludible de su potencia.

Este texto forma parte de la serie «Convención Constitucional 2022», una colaboración entre Jacobin América Latina y la Fundación Rosa Luxemburgo.

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A pesar de los olores fétidos, la gente de Mosquera continúa su vida cotidiana. Foto Afp

Mosquera. Una inmensa capa de espuma que sale de un río contaminado ha llegado hasta la puerta de las casas de los habitantes de Mosquera, Colombia, un pueblo a 22 kilómetros de Bogotá, quienes están cada vez más angustiados por este fenómeno que, aunque no es nuevo, se ha incrementado en la temporada de lluvias que atraviesa el país.

El olor es fétido y el viento se encarga de dispersarlo rápidamente junto a la espuma contaminada, mientras los habitantes del barrio Los Puentes, ubicado a la ribera del río, continúan su vida cotidiana.

"Esto es producto de la contaminación, de la mala disposición de los residuos, materiales, animales muertos, basura, grasas y detergentes", explica a la agencia de noticias Afp Sergio Valero, director de gestión del riesgo de Mosquera, un municipio de la cuenca baja del río Bogotá, que recoge los desechos en su curso por el límite occidental de la capital.

Gonzalo Roa, habitante del sector desde hace 40 años, aseguró a la agencia Ap que la contaminación del río causa enfermedades respiratorias en los niños y la espuma estropea las puertas y ventanas de las casas. "Ya llevamos muchos años en esta situación".

La autoridad ambiental de la zona explicó que la espuma contaminada está aumentando por la cantidad de detergentes que se vierten en los ríos, sumados a las recientes lluvias. Ante la situación, se están "adelantando operativos de monitoreo, control y seguimiento a los vertimientos para disminuir la generación de éstos", dijo en un video Edwin García, director del Laboratorio Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Desde 2020, agregó García, funciona en Mosquera una planta de tratamiento de aguas residuales que tiene entre sus funciones disminuir "la generación de los agentes que puedan generar la espuma".

La autoridad ambiental recomienda a la población evitar el contacto con la espuma contaminada por posibles afectaciones a la salud. La exposición prolongada a estos químicos puede producir daños a la fauna acuática e irritación en la piel humana, según estudios.

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