Una casa en la localidad de Ittoqqortoormiit, en la costa este de Groenlandia. Rob O

El nuevo Gobierno es una coalición de izquierdas liderada por un primer ministro de 34 años ecologista que se opone al proyecto para explotar los mayores yacimientos de uranio y tierras raras en el mundo

 

Durante la mayor parte del año la nieve y el hielo cubren las escarpadas montañas del sur de Groenlandia, peinadas por un viento feroz y constante que sopla desde el mar. No es hasta finales de primavera cuando el deshielo desvela el paisaje que impresionó al explorador en tiempos de los vikingos, Erik el Rojo, cuando descubrió una zona de fiordos con prados verdes, fuentes termales, y la mayor biodiversidad de vegetación que se puede encontrar en la isla. 

Hoy el sur de Groenlandia es conocido como "el granero" ártico por ser la única zona en la isla donde el deshielo permite la agricultura y la cría de renos y ovejas en granjas. Un paisaje que también ha ayudado a desarrollar un incipiente sector turístico atraído por los vestigios milenarios vikingos e inuit de Kujataa, protegidos como patrimonio Mundial de la Unesco. 

Es en el subsuelo de este remoto y frágil ecosistema donde se han descubierto los yacimientos sin explotar de tierras raras más grandes en el mundo: un conjunto de 18 elementos minerales claves para la fabricación de teléfonos móviles, coches eléctricos, turbinas eólicas y armas. Actualmente en Groenlandia hay activas 90 licencias de explotación minera, pero en el último año la atención internacional y la controversia se ha levantado con el yacimiento de Kuannersuit, la segunda mina de tierras raras conocida más grande en el mundo, situada a unos pocos kilómetros de la localidad de Narsaq, en el sur de la isla. 

Los expertos y grupos ecologistas locales advierten del grave impacto ecológico de este proyecto, ya que con la extracción de minerales también se extraería una cantidad importante de uranio. "El polvo radioactivo y los residuos afectarían a la pesca, la agricultura y la ganadería en la zona", advierte Niels Henrik Hooge, miembro de NOAH en Dinamarca. Según los informes de impacto ambiental, el proyecto de Kuannersuit implicaría un aumento del 45% de las emisiones de Co2 en Groenlandia, un factor que se suma al retroceso año tras año de la capa permanente de hielo en la isla. 

Desde Narsaq la activista Gretha Nielsen, miembro de la organización Urani? Naamik ("no al uranio"), dice: "La empresa explotadora nos dice que el proyecto traerá riqueza y puestos de trabajo para la comunidad, pero sabemos del impacto negativo de las minas de uranio en otros sitios del mundo y tenemos miedo que esto también pase aquí".  

Unas elecciones claves para la extracción de minerales

En los últimos meses se ha intensificado mucho el debate sobre el papel de la minería en la economía de Groenlandia, hasta convertirse en una de las principales razones del adelanto en las elecciones principios de abril. 

A pesar de que Groenlandia tiene un gobierno autónomo, continúa formando parte de Dinamarca, país que colonizó la isla ártica hace 300 años. En 2009, el Parlamento danés aprobó el nuevo Estatuto de Autonomía, en el que se reconoce el derecho a la autodeterminación y otorga al Gobierno de Nuuk las plenas competencias en la gestión de áreas estratégicas como la explotación de los recursos naturales y mineros, mientras que desde Copenhague se siguen dirigiendo las políticas de defensa y política exterior. 

Sin embargo, los anhelos de independencia de la mayoría de partidos políticos y de los groenlandeses chocan frontalmente con la realidad económica de la isla, que hace que su autosuficiencia sea hoy un objetivo aún muy lejos de alcanzar: Groenlandia depende casi exclusivamente de dos fuentes de ingresos: la pesca (que representa el 90% de las exportaciones) y la aportación anual de 500 millones de euros por parte de Dinamarca, lo que supone casi la mitad del presupuesto público. 

"En los últimos años el debate ha girado en torno a la explotación más intensa de los recursos naturales", explica el politólogo e investigador de la Universidad de Copenhague, Kristian Søby: "Hasta ahora, el partido socialdemócrata Siumut, que había estado al frente del Ejecutivo durante 40 años, mantenía una posición favorable a la explotación minera, con el objetivo de diversificar la economía y alcanzar un mayor grado de independencia de Dinamarca". 

Pero las elecciones del 6 de abril, que se plantearon como un plebiscito sobre la minería en Kuannersuit, dejaron un claro mensaje en las urnas hacia las empresas internacionales interesadas en los recursos del subsuelo ártico. El partido de izquierdas, ecologista e independentista inuit Ataqatigiit (IA), con un 36,6% de los votos, alcanzó un resultado histórico con una posición clara y firme en contra del proyecto: "Tenemos algo que el dinero no puede comprar, haremos todo lo posible para parar la minería en Kuannersuit", aseguró el nuevo primer ministro, Mute Egede, de 34 años, después de formar un Gobierno de coalición con otras fuerzas progresistas. "Por el momento, todo apunta a que el proyecto minero quedará parado, probablemente durante bastante tiempo", vaticina Kristian Søby. 

El ártico, centro de interés geoestratégico 

La importancia de los minerales de Groenlandia está en el punto de mira geoestratégico, especialmente desde que China controla y procesa más del 70% de los minerales de tierras raras en el mundo. En un principio, la licencia para explotar el yacimiento de Kuannersuit se otorgó en 2007 al conglomerado australiano Greenland Minerals, cuyo principal accionista es la empresa china Shenghe Resources.

"El proyecto minero de Kuannersuit supone una inversión a medio plazo mucho mayor que el conjunto del PIB de Groenlandia", explica Jesper Zeuthen, profesor en la Universidad de Aalborg y experto en la presencia de China en la región ártica. "La dependencia política y económica de Groenlandia con China preocupa en Dinamarca, pero también en Estados Unidos", asegura el profesor, que explica así el intento fallido en 2019 por parte del expresidente Donald Trump de "comprar" el territorio prometiendo inversiones millonarias.

Si el proyecto Kuannersuit se llevara a cabo, supondría que en Groenlandia se extraerían el 10% de minerales raros en el mundo, el mayor yacimiento fuera de China. Además, las consecuencias del calentamiento global han abierto la veda a las potencias mundiales para explorar nuevas rutas de transporte marítimo que hace décadas eran imposible por el hielo, y a facilitar el acceso a los recursos naturales como el gas y el petróleo que atesora el ártico. 

Una vía verde hacia la independencia

"El debate en Groenlandia no está en si debe ser un país independiente, si no en como conseguirlo", señala Kristian Søby. "El incremento del interés internacional, no solo en los recursos minerales, sino también en la construcción de nuevas infraestructuras o en el desarrollo del turismo, es una buena señal para las aspiraciones de los groenlandeses".

Para la activista Gretha Nielsen, el futuro de su país pasa por un camino más verde hacia la independencia: "Tenemos que mejorar la economía, pero también las condiciones de vida de los groenlandeses". Según Nielsen, la prioridad debería ser buscar alternativas económicas como la agricultura, la inversión en productos pesqueros o el turismo responsable, sin perder de vista el equilibrio con el cuidado del medioambiente: "No podemos basar toda nuestra economía en un proyecto minero. En los próximos años Groenlandia debería ser el territorio clave para la protección del ártico". 

Por Òscar Gelis Pons

Copenhague — 30 de abril de 2021 22:27h

@Oscargls

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Zhang Yiming, fundador de ByteDance, donde posa en su sede en Pekín en 2019.Gilles Sabrie / Bloomberg

Por primera vez, la ciudad china adelanta a Nueva York y se coloca como la localidad que acoge al mayor número de grandes fortunas del mundo

Ni Nueva York, ni Londres, ni París. Por primera vez, Pekín se ha convertido en la ciudad que concentra mayor número de supermillonarios en todo el planeta, en una ilustración de la fuerza de su economía —la única de las grandes que creció el año pasado— mientras el resto del mundo lucha aún por superar la pandemia de la covid 19. La capital china, de 20 millones de habitantes, es el hogar de cien de las personas más ricas del mundo, mientras que su inmediata competidora, Nueva York, acoge a 99, según un estudio de la revista Forbes.

En total, un 10% de los 2.750 mayores millonarios mundiales residen en cuatro ciudades chinas: además de Pekín, las urbes favoritas de los magnates chinos son Shanghái, la capital económica del país; Shenzhen, la capital tecnológica, y Hangzhou, sede del gigante del comercio electrónico Alibaba. Esta última ciudad, en el este de China, se sitúa por primera vez entre las diez metrópolis con mayor concentración de superricos y expulsa de la lista a Singapur.

Entre las cuatro provincias han sumado 96 nuevos supermillonarios —aquellos que poseen una fortuna personal superior a los mil millones de dólares—, mientras que las otras seis en la lista de diez ciudades con mayor número de ricos “solo” agregan 53 más. En Pekín, el elenco de magnates creció en 33 personas a lo largo del año pasado.

Las fortunas del centenar de los más ricos en Pekín acumulan 484.300 millones de dólares, más que todo el PIB anual de Argentina (unos 450.000 millones de dólares) y el doble del de Portugal. Entre ellos, el más adinerado es el fundador de Bytedance, la empresa propietaria de la red social TikTok (o Douyin, su versión china), Zhang Yiming, que tras ver doblar su valor es dueño de 35.600 millones de dólares, según los cálculos de Forbes.

Entre los magnates pequineses que han cruzado este año el umbral de las grandes fortunas, el que acumula un mayor peculio personal es el fundador de la cadena de jugueterías PopMart, Wang Ning, que con solo 34 años suma 5.800 millones de dólares tras la salida de su empresa a Bolsa en Hong Kong el pasado diciembre.

Pero si Pekín ostenta el número uno entre las ciudades con mayor número de millonarios, la segunda, Nueva York, le supera en riqueza total de los suyos. Los Cresos de la Gran Manzana, que incorporó a siete nuevos superricos a su lista el año pasado, acumulan 560.500 millones de dólares entre sus respectivas fortunas personales. Una cantidad superior en 80.000 millones de dólares a la que suman sus homólogos de la capital china, que supera el PIB anual de Suecia y el de Bélgica, y que equivale a la suma de los de Chile, Perú y Costa Rica. El neoyorquino con más posibles es su exalcalde Michael Bloomberg, al que se le calculan bienes por valor de 59.000 millones de dólares.

Donde China recupera el liderazgo es en el número de nuevos supermillonarios: de los 388 que contaba el año pasado ha pasado en 2021 a 626, y queda solo por debajo de Estados Unidos, que presenta 724 fortunas superiores a los mil millones de dólares. Entre los magnates chinos que aparecen listados este año, 205 figuran por primera vez, mientras que otros 53 son empresarios que reaparecen después de que sus nombres salieran del Olimpo de los más ricos en años anteriores. Los chinos más ricos controlan bienes por un valor total de 2,5 billones de dólares, más del doble de los 1,2 billones del año pasado.

Muchas de las nuevas entradas que aporta China a la lista de las mayores fortunas han labrado su riqueza en el pujante sector tecnológico de su país, que el año pasado registró un crecimiento explosivo durante la pandemia tras dispararse la demanda de mayor ocio en internet y las compras electrónicas. Entre los mayores millonarios del gigante asiático figuran personalidades desde Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba y que desde el año pasado arrastra un insistente escrutinio de las autoridades, a Lei Ding, propietario de la firma de juegos online NetEase. La fortuna del primero asciende, según Forbes, a 48.400 millones de dólares. La del segundo, a 33.000 millones.

Aunque el hombre más rico de China no ha hecho su dinero con el sector tecnológico. Tampoco reside en Pekín, sino en Hangzhou. Es Zhong Shanshan, al que la revista le calcula bienes por valor de 68.900 millones de dólares después de la salida a Bolsa de su compañía de agua embotellada, Nongfu Spring, en septiembre pasado.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 20 abr 2021 - 5:20 CEST

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Comirnaty, la vacuna desarrollada por Pfizer, causa efectos secundarios y se ha mencionado que requiere una tercera dosis para que sea efectiva. Todo esto no ha evitado que ese laboratorio alcanzara un valor de 235 mil millones de dólares.Foto Afp

Acumulan ganancias de 152 mil mdd desde el inicio de la pandemia

Casos de coágulos y polémicas por su eficiencia no han afectado el valor de las firmas

 

Las gigantes farmacéuticas son inmunes a la incertidumbre que ha provocado la eficacia de algunas de sus vacunas contra Covid-19, pues según datos de mercado, su valor bursátil continúa en aumento. Desde el inicio de la pandemia a la fecha, estas empresas acumulan una ganancia de 152 mil millones de dólares, es decir, poco más de 3 billones de pesos.

Para poner en contexto, este beneficio es tres veces lo que el gobierno mexicano gasta anualmente en el pago de pensiones, que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es de un billón de pesos.

La suma también es más de cuatro veces superior a los 660 mil millones de pesos presupuestados para el sector salud este año, y es casi la mitad de los ingresos totales que se estima tendrá el país este año, que serán 6.2 billones de pesos.

A inicios de 2020 el valor de mercado de Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Novavax, BionTech y CanSino, siete de las farmacéuticas más grandes del mundo, ascendía a 686 mil 908 millones de dólares, mientras que al cierre del viernes pasado se ubicó en 838 mil 961 millones de dólares.

En las semanas recientes ha crecido la incertidumbre en torno a las vacunas contra Covid-19, pues algunas de las desarrolladas por dichas farmacéuticas han enfrentado problemas de aprobación en ciertos países, dado que los gobiernos han detectado anomalías e inclusive efectos secundarios en los pacientes que las reciben.

Lo anterior no ha detenido el impulso del valor bursátil de las empresas, pues apenas el 10 de enero pasado, según un seguimiento de este diario, la ganancia acumulada de las farmacéuticas era de 90 mil millones de dólares, mientras ahora es de 152 mil millones.

Es decir, en menos de tres meses, en medio de un ambiente de cuestionamientos, su valor se ha disparado 70 por ciento, equivalente a poco más de 60 mil millones de dólares.

Johnson & Johnson, la empresa más grande del sector, registra un valor bursátil de 426 mil 477 millones de dólares, 10 por ciento más respecto de los 384 mil 272 millones de dólares que registraba hasta antes del inicio de la pandemia.

El valor de esta farmacéutica abrió 2021 en un nivel de alrededor de 422 mil millones de dólares, mismo que siguió en aumento pese a que recientemente los reguladores federales de salud de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna por detectar casos de coágulos de sangre en mujeres de entre 18 y 48 años.

Pfizer, la segunda firma más grande tenía un valor de 217 mil millones de dólares antes del brote de la pandemia, que alcanzó un pico a finales del año pasado de 235 mil millones, el cual bajó 206 mil millones en enero de 2021, esto luego de que la farmacéutica decidió vender parte de sus acciones para materializar las ganancias.

En cuanto a la vacuna desarrollada por esta empresa, se ha revelado que causa algunos efectos secundarios e inclusive que se necesita una tercera dosis para que sea efectiva, lo cual no ha afectado su valor, pues incluso ha aumentado un poco hasta volver a alcanzar el nivel que tenía hace un año.

Un caso parecido es el de AstraZeneca, la tercera del mercado, que antes de la pandemia valía 66 mil millones de dólares, mismo nivel que mantiene hasta la fecha pese a que su vacuna ha sido una de las más controversiales al ser suspendida su aplicación por potencias de la Unión Europea y Estados Unidos tras darse muertes sospechosas en pacientes que recibieron la dosis.

Respecto a las demás, Moderna acumula una alza en su valor bursátil de 60 mil 700 millones de dólares, BionTech 27 mil 600 millones, Novavax 8 mil 600 millones y CanSino 6 mil 900 millones de dólares.

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Covid y vacunas: Monopolios farmacéuticos contra la salud pública

Las leyes de patentamiento, otra fuente de desigualdad

La lucha de los laboratorios para proteger sus beneficios choca con las necesidades del mundo menos desarrollado por proteger la vida. Reglas  cuestionadas y el rol de los organismos internacionales.

 

Cuando en 1998 África superó ampliamente la cantidad de infectados de HIV con respecto al resto del mundo, varios países del continente pidieron retirar las patentes de los medicamentos para evitar las muertes. Los países ricos en los que se encuentran la mayoría de las farmacéuticas se negaron y los costosos medicamentos que estaban disponibles desde 1996, tardaron diez años en llegar a los países de bajos ingresos a un precio accesible.

Cuando India y Sudáfrica propusieron suspender el cumplimiento de obligaciones de propiedad intelectual mientras la carrera de las vacunas contra la Covid-19 entraba en fase 2, el mundo acumulaba alrededor de un millón de muertos. Hoy en día, la lógica de mercado volvió a imponerse: el debate sigue abierto y los muertos también. El mundo ya acumula casi tres millones

En la industria farmacéutica, cuando un laboratorio desarrolla un medicamento, alguna empresa patenta su descubrimiento para proteger la propiedad intelectual del producto y evitar que otras puedan copiarse. Patentar un medicamento significa adquirir exclusividad para producir y comercializarlo durante veinte años.

El modelo de producción en la industria farmacéutica funciona basado en un esquema en que la inversión más riesgosa (por su capacidad de fracaso), el de Investigación y Desarrollo (I+D) es financiada pública o privadamente; y luego es patentada permitiendo al titular actuar como un monopolista y fijar altos precios con su consecuente rentabilidad extraordinaria. La consecuencia: se generan ganancias extraordinarias.

A modo de ejemplo, las acciones del laboratorio Moderna con base en Boston, Estados Unidos, que produce una de las vacunas contra la covid-19 aumentaron un 160 por ciento entre octubre del 2020 y abril del 2021. Algunas estimaciones de mercado aseguran que puede generar más de 5.000 millones de dólares al año.

Desigualdad y mutaciones

La Organización Mundial de la Salud, que releva la administración de las vacunas a nivel mundial, aseguró que el 75 por ciento de las vacunas contra la covid-19 se dieron en 10 países ricos. Como contracara unos 130 países, donde viven más de 2.500 millones de personas, no se ha recibido ni una sola vacuna y se calcula que muchos de ellos deberán esperar hasta el 2024.

Uno de los impactos más directos y a la vez contraproducente incluso para los países que apoyan este modelo son las mutaciones que van surgiendo por la propia reproducción del virus. Se seguirán desarrollando variantes y algunas vacunas no serán efectivas, lo cual generará nuevas formas de esta pandemia. 

“La intención de los patentamientos era promover la innovación, pero en el caso de las tecnologías médicas, el tiempo ha demostrado lo contrario”, explicó a Página 12  Lorena Di Giano, directora ejecutiva del Grupo Efecto Positivo (GEP) y abogada especialista en derechos de propiedad intelectual, al tiempo que cuestionó a las farmacéuticas: “Se convirtieron en empresas que especulan en mercados bursátiles.  La combinación de acciones más patentes nos traen precios que no podemos pagar ni los usuarios ni los Estados. Tienen la obligación de garantizar la salud pública”.

Salud o comercio

El hashtag #liberenlasvacunas llegó a los medios estos últimos días, pero desde la etapa de fase 2 algunos países y organismos especializados reclaman por la liberalización de patentes, derechos de autor, diseños industriales y protección de la información para el tratamiento, prevención y contención de la covid-19. De esto se trata la propuesta de India y Sudáfrica ante el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Adpic) en la Organización Mundial de Comercio.

Adpic es un acuerdo que se firmó entre 1986 y 1994 y obligó a todos los países miembros de la OMC a conceder patentes sobre medicamentos. Argentina fue uno de ellos: adhirió en 1995 y comenzó a aplicarse en el 2000. 

"Numerosos países que excluían –por razones de salud pública– el patentamiento de productos farmacéuticos, debieron adaptar su legislación a esa nueva normativa internacional. No hacerlo suponía exponerse a represalias comerciales legitimadas mediante el mecanismo de solución de controversias de la OMC", explica la investigación "Acceso a medicamentos" llevada adelante por Carlos Correa y Germán Velásquez de la organización Centro del Sur. 

Aunque cuenta con el apoyo de un centenar de países de ingresos bajos y medios y más de 400 organizaciones de la sociedad civil, la propuesta de India y Sudáfrica  (que ya fue tratada en tres ocasiones desde que comenzó la pandemia en la OMC) no prospera. 

Aún no se pudo obtener el consenso necesario (el apoyo de tres cuartas partes de los países que integran el organismo) para que se trate en la instancia siguiente, que es el Consejo General de la OMC. De los 123 apoyos necesarios, ya cuentan con más de 100.

Para resumir el mapa geopolítico, algunos de los países a favor de la liberalización son Argentina, Bangladesh, Chad (en representación de los miembros de los países con menores ingresos), Egipto, Honduras, Indonesia, Mozambique, Pakistán, Sri Lanka, Túnez y Venezuela. Por el contrario, los países más ricos donde se encuentran las sedes de las principales farmacéuticas se oponen: Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Japón, Noruega, Suiza y la Unión Europea. En tanto que Chile, China, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Filipinas, Jamaica, Nigeria, Senegal, Tailandia y Turquía analizarán la propuesta.

Qué dicen los laboratorios

Las grandes farmacéuticas levantan por lo menos dos argumentos por los cuales justifican su rechazo al pedido de acceso equitativo a las vacunas: que el problema no es la propiedad intelectual sino la capacidad de producción; y que sin derechos de propiedad intelectual no van a tener los incentivos necesarios para seguir investigando por ejemplo para las nuevas cepas que se van presentando.

"Los derechos de Propiedad Intelectual no son el problema" declaró Thomas Cueni, director de la Federación Internacional de Productores y Asociaciones Farmacéuticas (Ifpma) que representa a los principales productores de vacunas durante una conferencia organizada por la OMS, "los cuellos de botella son la capacidad, la escasez de materias primas, la escasez de ingredientes. Y tiene que ver con el conocimiento".

Este enunciado fue desmentido por distintos países: "En América Latina, Brasil y Argentina tienen la infraestructura necesaria para empezar a producir ya. Algunos países no tienen la tecnología para encarar nuevas investigaciones pero sí tienen la capacidad de fabricar las vacunas que ya están aprobadas", asegura Di Giano y agrega que de cualquier manera generaría una ampliación de la oferta, contribuyendo a bajar su precio y abrir la negociación por parte de los países de menores recursos.

El documento del Centro del Sur mencionado anteriormente asegura que "según la industria farmacéutica para el desarrollo de una nueva molécula de uso medicinal se requería una inversión de 2.500 millones de dólares.  En contraste, un estudio realizado por investigadores independientes, publicado por la London School of Economics estimó un costo medio para el desarrollo de un nuevo medicamento en sólo 43.4 millones de dólares ", explica y concluye: "mientras no exista transparencia sobre cuáles son los costos reales de la I+D, el problema del precio y, por lo tanto, del acceso a los medicamentos, seguirá sin resolverse". 

Asimismo, un informe publicado en febrero en la revista médica The Lancet muestra que los productores de vacunas recibieron unos 10.000 millones de dólares fondos públicos y de organizaciones sin fines de lucro para financiar sus vacunas, aun entendiendo que puede ser un número subestimado. 

Un estudio detallado sobre el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca coincide en lo esencial de este dato: la industria farmacéutica soportó menos del 3 por ciento de los costos de investigación: la mayor parte de los 120 millones de euros fueron invertidos por el Reino Unido (45 millones) y la Comisión Europea (30 millones) y otras entidades de fondos públicos. 

Mientras el debate sigue abierto, los países centrales no pierden el tiempo, las multinacionales farmacéuticas que están trabajando en su desarrollo ya cuentan con solicitudes de patentes en distintas partes del mundo. “Encontramos 188 patentes asociadas a las vacunas con una respuesta inmune demostrada”, reveló Di Giano.

Frente a la cantidad de adhesiones, la OMC propuso una “tercera posición" que habilita el otorgamiento de licencias voluntarias. Esto significará mantener los derechos de propiedad intelectual fomentando acuerdos privados entre laboratorios y gobiernos para permitir transferencias de tecnología. “Las licencias voluntarias no funcionan, apelan a la voluntad de cada laboratorio. Lo que hace es correr el verdadero foco del debate que es la suspensión de patentes”, reflexiona Di Giano.

Otra de las propuestas en este sentido diseñada por la OMS en junio del 2020, es el Acceso Mancomunado a la Tecnología contra la covid-19,  que también apela a la voluntariedad de compartir datos y propiedad intelectual de tecnologías. Sin embargo, el programa ha tenido pocas adhesiones. 

El tercer intento y fracaso es la Covax, cuyo impacto es muy menor: hasta fines de febrero, tenía acceso solo al 2 por ciento de todo lo que Pfizer producirá y para repartir entre 145 países.

Pareciera ser que las soluciones intermedias no son viables. "Los medicamentos no son mercancías", explicó el activista colombiano Luis Guillermo Restrepo: "algún día recordaremos a las patentes como hoy recordamos a la esclavitud”. 

Por Natalí Risso

Yellen propone un impuesto global a las corporaciones

La secretaria del Tesoro dijo que Estados Unidos va a negociarlo con el resto del G-20

La secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que Estados Unidos va a negociar con el resto de las naciones del G-20 la coordinación de un impuesto mínimo sobre las corporaciones. "Juntos podemos usar un impuesto mínimo global para asegurarnos de que la economía prospere sobre la base de una mayor igualdad de condiciones de tributación para las empresas multinacionales y que se impulse la innovación, el crecimiento y la prosperidad", señaló.

Las declaraciones de la funcionaria norteamericana se inscriben en la reciente propuesta del presidente Joe Biden para elevar el impuesto que pagan las corporaciones sobre la renta, desde el 21 por ciento actual hasta un 28 por ciento, para recuperar parte de la baja aplicada por el anterior gobierno de Donald Trump, que redujo ese impuesto desde el 35 por ciento. En líneas más generales, Yellen dijo querer “poner fin a una carrera de 30 años a la baja en las tasas impositivas corporativas".

La administración demócrata busca subir el impuesto a la renta empresarial para financiar un gigantesco plan de infraestructura que asciende a unos 2,3 billones de dólares con el objetivo de crear empleo. Bajo el nuevo paraguas impositivo global, Yellen quiere evitar que las empresas eludan la mayor tributación trasladando sus actividades hacia otras jurisdicciones con menores gravámenes. Por eso abogó por un “esfuerzo internacional para terminar con una carrera para llevar este gravamen a un mínimo en busca de ganar competitividad”. Con el impuesto global, las empresas se verían impedidas de realizar las típicas acciones de elusión impositiva disfrazando operaciones en jurisdicciones de baja tributación.

"La propuesta anunciada por el presidente Biden llama a tomar acciones ambiciosas, incluyendo subir la tasa mínima de impuesto a empresas en Estados Unidos y un renovado compromiso a nivel internacional, reconociendo que es importante trabajar con otros países para terminar con la presión de la competencia fiscal y la erosión del impuesto a la renta de las empresas", indicó Yellen, quien detalló que quiere presionar a favor de un acuerdo fiscal internacional en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), con miras a establecer una serie de estándares que incluyan a las empresas tecnológicas.

Por su carácter global, la iniciativa hace recordar a la llamada "tasa Tobin", un impuesto sobre las transacciones financieras que tomó vuelo con la crisis subprime de 2008. La idea ese tributo era reducir la volatilidad de los mercados cambiarios internacionales y robustecer las finanzas de los Estados nacionales.

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La comunicación en la era de internet

Cada avance tecnológico suscita un sueño utópico y una pesadilla distópica. La invención de internet hacia 1990 generó expectativas entusiastas. Su propio comienzo fue utópico. Su creador Tim  Berners-Lee se negó a registrar las patentes que lo hubieran hecho multimillonario, para ponerlas a disposición de la humanidad. Un dispositivo al principio apropiado por el complejo militar industrial como red  subterránea invulnerable al ataque atómico, devino instrumento aparentemente a disposición de todos para el libre intercambio de mensajes y conocimientos. Si en la era que vivimos el bien más preciado es la información, un canal que prometiera multiplicarla y comunicarla de manera prácticamente gratuita y universal parecía puerta abierta hacia Utopía.

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Esta  perspectiva optimista fue prontamente clausurada. Así como todos los bienes a disposición de la humanidad –tierra,  aguas,  minerales,  organismos biológicos- no tardaron en ser acaparados, internet no demoró en caer bajo el poder y los planes de los operadores. La red concebida para transmitir mensajes no tardó en encontrar quien quisiera hacerse dueño de éstos  y a través de ellos de sus emisores. En la actualidad, cerca del 70% del PIB global es producido por el sector terciario (finanzas, investigación, educación, publicidad, informática, entretenimiento) que a su vez se maneja mediante la Red. Desde el siglo pasado, Estados Unidos desarrolló el sistema de espionaje Echelon para decodificar ofertas en las licitaciones y hacer que las ganaran las empresas estadounidenses. La información, como la plusvalía, es expropiada de la sociedad  que la crea, y tiende a concentrarse en un número cada vez menor de manos. Dominar la Red es dominar la economía.

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Todo control sobre la economía deviene control social. Internet y las  redes acumulan membrecías que superan con mucho a las ciudadanías de muchos de los Estados soberanos. A principios de 2021, usan internet 4.660 millones de personas: el 59,5% de la población mundial. Emplean teléfonos celulares 5.200 millones, el 66,6% de los habitantes del planeta. Están atrapadas en las redes sociales 4.200 millones de personas: el 53,6% de los terrícolas. En estas redes, sólo Facebook junta 2.740 millones de seres; You Tube, 2.291; Whats App, 2.000. Los usuarios de internet invierten en ella  en promedio seis horas  y 54 minutos diarios: la duración usual de una jornada de trabajo (https://marketing4ecommerce.net/usuarios-de-internet-mundo/). Estas desmesuradas clientelas son mercados inconmensurables que incesantemente aportan a sus operadores datos invalorables y reciben a cambio publicidad y propaganda.

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Imaginemos que un servicio postal por el mero hecho de transmitir correspondencia se atribuyera el derecho de abrir todas las cartas que transmite y de utilizar su contenido libremente. Tal servicio no tardaría en ser denunciado como  inadmisible instrumento de tiranía y en perder la totalidad de sus usuarios. Tal es el caso de internet. Desde los primeros tiempos, primero los gobiernos, y luego los operadores de la Red se atribuyeron abusivamente ambos privilegios. Hoy en día, el usuario puede tener la casi seguridad de que todos sus mensajes son abiertos, escrutados y utilizados para sus propios fines por las organizaciones que los transmiten y sus cómplices. Programas de análisis de contenido detectan la presencia de ciertas palabras o construcciones claves y alertan a mecanismos de vigilancia que aplican estrechos controles sobre los emisores del mensaje. En un avance del cerco, los canales instalan en los computadores de los usuarios cookies, programas espías que informan detalladamente sobre el contenido de los ordenadores y de los mensajes que emiten. Estos mecanismos acercan a todos los usuarios de internet a un mundo de control total, frente al cual parece un juego de niños la televisión de dos vías imaginada por George Orwell, que no sólo transmitía imágenes al espectador, sino que además vigilaba todos los actos de éste.

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El espionaje emplea todo tipo de dispositivo capaz de registrar información. Edward Snowden decidió desertar de los servicios de inteligencia estadounidenses cuando advirtió que éstos espiaban los teléfonos, y que el número de dispositivos de espionaje dedicados a vigilar ciudadanos estadounidenses era mayor que el de los aplicados contra el resto del mundo. Ya es casi imposible abrir una página web sin que ésta nos informe que usa cookies para servirnos mejor –en realidad, para espiarnos mejor- y que el mero hecho de utilizar la página equivale al consentimiento para alojar un espía en el aparato del cual depende nuestra comunicación con el mundo. Algunas, de manera inocente, nos piden de entrada la clave de nuestro correo electrónico, que es como solicitarnos a la vez la llave de la casa, del auto y de la caja fuerte. Pero nuestros llamados servidores ya las tienen: en realidad somos sus sirvientes. Las páginas web, las redes sociales se atribuyen explícita o implícitamente  el derecho de utilizar para sus propios fines todos los contenidos que los usuarios hagan circular en ellas. Es como si un servicio postal se atribuyera la propiedad de cuantos mensajes y objetos le fueran confiados. Fácil es comprender lo que esto significa en un mundo donde el bien económico fundamental es la información. Apropiarse de la información es apropiarse del mundo. 

Por Luis Britto García | 29/03/2021

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El lobby del agronegocio y la captura de la cumbre alimentaria de la ONU

La Vía Campesina y el Centro Europeo-Tercer Mundo (CETIM) expresaron su preocupación sobre la captura por los lobbies del agronegocio de los preparativos de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Sistemas Alimentarios, que se realizará en septiembre próximo en Nueva York, y que ocupa un lugar central en la agenda de la ONU para 2021, pero también en la de los movimientos y organizaciones rurales y campesinas

Resulta difícil tratar un tema de esta índole sin indignarnos, sin emocionarnos. Desde hace tiempo se ha empleado la alegoría espacial centro-periferia para no recurrir al inoportuno díptico “países desarrollados – países subdesarrollados, Norte – Sur, o simplemente Tercer Mundo, esta abundancia de connotaciones geográficas muy ambiguas esconde un hábil confusionismo, que se limita a perpetuar en realidad a un mundo mal-desarrollado.

De este modo la ambigüedad cada vez mayor que caracteriza la noción de este mal-desarrollo no se debe al azar, ni a defectos semánticos, sino que es el resultado de un fenómeno histórico, de un proceso de producción capitalista y difusión de ideas que se prolongan en los tiempos de injusticias. La arrogancia, el avasallamiento del eurocentrismo con su paternalismo patético nos demuestran que aun, ¡no han comprendido nada!

Recientemente Perla Álvarez Brítez, representante de La Vía Campesina, se dirigió a la asamblea plenaria del 46o periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la ocasión de la presentación del informe del nuevo Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri.

En su trabajo, el Fakhri ofrece una visión general de los temas y prioridades que pretende abordar durante su mandato, destacando la cuestión de la gobernanza mundial de los sistemas alimentarios, refiriéndose en particular, y con preocupación, a la Cumbre de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios “Es clave que los poderos públicos protejan las zonas rurales y promuevan sistemas agrarios más equitativos y transparentes, promoviendo también la cooperación multilateral internacional para resolver esta crisis”, dijo Brítez. Añadió que enla situación internacional actual, los poderes políticos y económicos dominantes apuntan a desmantelar los espacios multilaterales, a favor de la denominada gobernanza multipartes (“multistakeholderism”).

De hecho, esta última tiene como objetivo favorecer la entrada e influencia del sector privado en los espacios de decisión que deberían relevar de lo público y de la búsqueda del interés general de los pueblos; un hecho particularmente grave en periodo de crisis sanitaria global como la actual.
Se ha denunciando cómo los lobbies empresariales que defienden los intereses del agronegocio están influyendo y capturando los preparativos de esta Cumbre. El objetivo de esta estrategia es claro: asegurarse que los debates se focalicen únicamente en el enfoque de soluciones de mercado para los sistemas alimentarios, ignorando soluciones propuestas por sistemas campesinos, como la agroecología.

Frente a esta situación, es evidente que “los Estados miembros de la ONU tienen el deber de proteger este espacio de la ONU de la captura corporativa y garantizar que los titulares de derechos, las y los campesinos, los pueblos indígenas y otras personas que trabajan en las zonas rurales, estén al centro de la Cumbre”, afirmó Perla Álvarez.

La representante de Vía Campsina resaltó la importancia de continuar promoviendo la implementación de la Declaración sobre los derechos de los campesinos, como “hoja de ruta común” y baluarte en favor de sistemas alimentarios y agrícolas equitativos y justos, que defiendan la vida de los pueblos y no el interés privado.

Como dijo Fakhri, el Relator Especial, al final del debate en la ONU, “La Declaración es uno de los caminos más relevantes para que los países cumplan con el derecho a la alimentación y transformen sus sistemas alimentarios al mismo tiempo».

«La Declaración proporciona una perspectiva sistémica y creo que, si los países la implementan legalmente, si incorporan esta Declaración de la ONU en su legislación nacional, capacitaría a los gobiernos transformar sus sistemas alimentarios y cumplir con muchas de sus obligaciones en materia de derechos humanos”, añadió


El hambre durante la pandemia

En su primer informe al Consejo de Derechos Humanos, el Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, ofreció su visión de las preocupaciones temáticas y las cuestiones prioritarias para todo su mandato.

Fahri asumió su cargo el 1 de mayo de 2020, al comienzo de la pandemia, y presentó a la Asamblea General su informe, en el que trataba del derecho a la alimentación en el contexto de la política comercial y el derecho mercantil internacionales en julio de 2020.

En ese momento, la situación ya era alarmante. La gente estaba perdiendo el empleo a un ritmo sin precedentes. En abril de 2020, en el momento en que más escuelas estaban cerradas, 369 millones de niños no comían las tres veces al día: hoy más de 246 millones de niños siguen en esa situación. Aunque los gobiernos intentaban hacer frente al problema, millones de personas seguían privadas de recursos esenciales. El virus era desconocido, pero como era de esperar, resultaba más dañino para las personas marginadas y vulnerables.

En ese informe combinó las perspectivas de los derechos humanos y de la política comercial para ofrecer un mapa institucional y principios nuevos que puedan guiar a los Estados, las entidades de la ONU y a la sociedad civil y ayudarles a orientar el régimen comercial mundial hacia la realización del derecho a la alimentación.

Expuso sus conclusiones en el Acto Especial de Alto Nivel sobre el Fortalecimiento de la Gobernanza Mundial de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición, organizado por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial del 13 al 15 de octubre de 2020 y presentó sus recomendaciones a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en un simposio de alto nivel celebrado el 2 de diciembre de 2020.

El Relator Especial decidió centrarse en cuatro esferas temáticas: la pandemia de enfermedad por coronavirus (Covid-19) y la crisis de hambre; los sistemas alimentarios y la gobernanza global; las semillas y los derechos de los agricultores; y el derecho a la alimentación en los conflictos armados y las crisis prolongadas.

Además, debido al carácter agudo de la pandemia, ha incluido algunas recomendaciones sobre el modo de hacer efectivo el derecho de las personas a la alimentación a pesar de la Covid-19 y la crisis de hambre inminente.

Las voces en el desierto de la indiferencia

Las terribles condiciones de la pandemia condujeron a que el Secretario General de Naciones Unidas y la Alta Comisionada para los Derechos Humanos hicieran llamamientos en los que se afirmaba que las personas y sus derechos eran fundamentales para que todas las respuestas de salud pública resultaran eficaces. Si bien todos los derechos humanos son esenciales y están interconectados, el derecho a la alimentación contribuye especialmente a todas las soluciones a corto y largo plazo.

El mundo ya se estaba quedando atrás en el logro de la plena efectividad del derecho a la alimentación incluso antes de la pandemia actual. A juzgar por las estadísticas, el número de personas hambrientas y subalimentadas en el mundo ha ido en aumento desde 2015.

Al tiempo que la crisis climática sigue causando estragos, está disminuyendo la biodiversidad en la alimentación y la agricultura a medida que la dieta mundial se homogeneiza cada vez más en torno a un pequeño número de cultivos, entre otras cosas por una marcada tendencia a consumir cada vez más alimentos muy elaborados.

Además, la Covid-19 es solo el virus más reciente -y, lamentablemente no el último- que ha afectado a la humanidad como resultado de la continua disrupción de los ecosistemas y hábitats animales que hemos provocado, lo cual ha aumentado el riesgo de transmisión zoonótica de enfermedades. Paralelamente, el mundo no se ha recuperado de la volatilidad de los precios de los alimentos que se produjo entre 2007 y 2010.

El virus sigue asolando a la humanidad; a pesar de las primeras vacunas, y pasará algún tiempo antes de que la situación sanitaria mundial se estabilice y al menos un decenio -según los expertos- antes de que el mundo se recupere económicamente.

Entretanto, los Estados Miembros y las organizaciones internacionales aún no se han unido para hacer frente a la crisis de hambre inminente. Peor aún, a pesar de las advertencias, no hay ninguna actuación coordinada internacionalmente para responder a la crisis de hambre causada por la pandemia. Solo los lobistas se movilizan por sus mercados y la rentabilidad.

Algunos datos: según informe de la FAO:

-Durante 2020 la FAO, señalo que hay 690 millones de personas que pasan hambre, lo que significa que hemos empeorado: 10 millones más de hambrientos en un año y 60 millones más en el último lustro.
-Dos de cada tres niños menores de cinco años de países de renta baja o media están recibiendo dietas que no satisfacen sus necesidades nutricionales.

-Si la población mundial llevase una dieta sana podría ahorrarse el 97% de costes derivados de enfermedades no transmisibles.

-La carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constituyendo un desafío. Se han realizado algunos progresos en relación con el retraso del crecimiento infantil, la insuficiencia ponderal y la lactancia materna exclusiva, aunque a un ritmo demasiado lento todavía. En relación con el sobrepeso infantil no se han logrado mejoras.

Nota
1. Fakhri es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregón, donde imparte clases sobre derechos humanos, derecho a la alimentación, desarrollo y derecho comercial. También dirige el Proyecto Resiliencia Alimentaria del Centro del Derecho Medioambiental y los Recursos Naturales. Fakhri es titular de un Doctorado de la Universidad de Toronto, una Maestría de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard, una Licenciatura en Derecho de la Queen’s University y una Licenciatura en Ciencias Ecológicas de la Western University.

Por Eduardo Camin. Periodista uruguayo acreditado ante ONU-Ginebra. Analista asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la

25/03/2021

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Imagen promocional del antiviral de AstraZeneca, en retrato de noviembre pasado.Foto Afp

AstraZeneca sufre otro descalabro en EU debido a la presentación "caduca" de sus datos (http://wapo.st/3f5hWrj) –y eso que no ha recibido la expedita "aprobación de emergencia" en la fase 3 muy laxa de la FDA que favorece a sus tres vacunas Pfizer/Moderna/Johnson&Johnson–, cuando también se libra otra batalla logística entre Gran Bretaña y la Unión Europea ( FT, 22/3/21), sin contar que una encuesta de YouGov "exhibe que la mayoría de los ciudadanos en Francia, Alemania, Italia y España piensan ahora que la vacuna AstraZeneca es muy insegura" (http://bit.ly/3ccUwOD). ¿Cómo ocultar sus trombosis?

En forma aterradora, The Washington Post dio vuelo a la antihumana confesión del Departamento de Salud y Servicios Humanos (sic) –HHS, por sus siglas en inglés–, de EU de que sus funcionarios presionaron a Brasil para rechazar la vacuna rusa Sputnik V (http://wapo.st/3sl518k).

En la pagina 48 de su reporte anual de 72 paginas, el HHS alardea "combatir las influencias malignas (sic) en las Américas" (https://bit.ly/3vSLrm3): La “OGA (Office of Global Affairs, Oficina de Asuntos Globales: http://bit.ly/2NJPD6j) usó sus relaciones diplomáticas (¡megasic!) en la región de las Américas para mitigar los esfuerzos de los estados, incluyendo Cuba, Venezuela y Rusia, que trabajan para incrementar su influencia en la región en detrimento de la seguridad y protección de EU”. ¡Para quienes dudan de la guerra geopolítica de las vacunas de carácter tripolar!

El HSS expone que la "OGA se coordinó con las otras agencias del gobierno de EU para fortalecer los lazos diplomáticos y ofrecer ayuda humanitaria (sic) y técnica con el fin de disuadir a los países en la región (sic) de aceptar ayuda de estos estados mal intencionados (sic)". Confiesa sin tapujos que "el funcionario agregado (attaché) de la salud en la OGA" fue requerido para “persuadir a Brasil a rechazar la vacuna rusa contra el Covid-19 ofreciendo la ayuda técnica de la CDC ( https://www.cdc.gov/) en lugar de la aceptación de Panamá de la oferta de médicos cubanos”.

Como que se tardaron casi tres meses en descubrir el reporte malévolo de EU, publicado en enero, que no perturbó a ningún "filántropo" de EU.

El ese sí "malévolo" boicot a la vacuna rusa por el gobierno de EU fue descubierto en un tuit oficial de la vacuna Sputnik V que colocó una foto de pantalla (https://bit.ly/3f85uHl) citando un reporte de Brazil Wire: "Washington presionó a Brasil para no comprar la maligna (sic) vacuna rusa" (http://bit.ly/2NJdJhw).

¿Cuáles habrán sido las presiones "diplomáticas" de EU en México?

Más que las consabidas presiones de la OGA del HHS, resulta más ultrajante que las autoridades sanitarias de Brasil –el país más grande, poblado y próspero de Latinoamérica– hayan sucumbido en forma ignominiosa.

Como era de esperarse también, la embajada de EU en Brasil, puesta en la picota y a la defensiva, publicó un inverosímil desmentido (https://bit.ly/3vRQByE), y The Washington Post considera que tal "respuesta no significa un desmentido total (sic)".

Un portavoz del hoy vilipendiado HHS realizó acrobacias retóricas para lavarse campantemente las manos.

Un día antes del inconcebible ­dicterio de Biden al zar Vlady Putin (https://bit.ly/2NLEe69) y tres días antes de los aparatosos tropiezos en la escalinata del Air Force One del presidente de EU (http://bit.ly/2NJuyJe), Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin, ­comentó que la "presión de algunos países a ­rechazar la compra de la vacuna rusa Sputnik V ­contra el Covid-19 se encontraba a niveles sin ­precedente, pero que no tenía oportunidad de tener éxito" (http://reut.rs/3fgh7M6). El flagrante cuan inhumano boicot de EU contra Sputnik V cobra mayor relieve cuando Brasil sufre los embates de una nueva cepa del Covid-19 que ha llevado a cambiar tres ministros de Salud en tan solo un año (http://bit.ly/2QyESVD).

Cunde la geopolítica de las ­vacunas –corolario de la guerra tripolar entre EU, Rusia y China– que tiende a la balcanización regional de una inoculación que debiera ser, soñando un poco, plural/ecuménica/universal.

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Negocios petroleros, privatizaciones y remate de empresas en Venezuela

Salarios por el suelo y exención de impuestos

Si el mundo es una “tómbola” como dice una canción popular, Venezuela se ha convertido en el mar abierto para los negocios en un curso acelerado jamás visto. “Oportunidades” para hacerse de empresas y activos, donde las facilidades se aseguran, empezando por una de las manos de obra más baratas del mundo, excepciones de todo tipo de impuesto, y lo más importante, el secretismo completo para no correr riesgos y la seguridad de los obscuros movimientos, al paso de una dolarización ad-hoc de la economía.

 

Es el país donde “las oportunidades de obtener ganancias son inmensamente altas” al decir de los asesores en negocios de EM Funding de Londres, donde la discreción tiene la garantía estatal. Y no por casualidad, en medio de la prohibición por la llamada Ley “Antibloqueo” en la que cualquier persona corre el riesgo de cárcel si revela los negocios más oscuros que se llevan adelante, dado el famoso secretismo de Estado hecho Ley, la mayoría de las informaciones van saliendo en caliente en los medios económicos internacionales que no tienen ningún riesgo de coerción.

Así leemos en el medio económico Bloomberg que: “En un elegante salón, los lobistas y los ejecutivos petroleros se codean hablando español, francés e italiano. Pero lo sorprendente es que este no es el hotel boutique ZaZa en Houston, el favorito de los peces gordos de la energía mundial. Es el Hotel Cayenne de Caracas. Atraídos por las promesas de privatización y más autonomía para aprovechar las mayores reservas de crudo del mundo, los grandes ejecutivos petroleros se están reuniendo con el gobierno de Nicolás Maduro y la estatal PDVSA para posicionarse mejor para cuando vuelva a abrirse la puerta a los negocios.”

Vienen atraídos por lo que el propio Maduro ha dicho, “que las puertas de Venezuela están abiertas para la inversión petrolera, gasífera y petroquímica al capital estadounidense”, pues "la Ley Antibloqueo lo permite todo ". Y los sabuesos económicos, sobre todo los que andan en la búsqueda de los mejores negocios, catalogan la situación venezolana como un “momento único”. Y es que, según sus propias palabras, las petroleras nunca habían tenido tanto poder para negociar el acceso a una parte de los más de 300.000 millones de barriles de crudo del país.

No por casualidad en el país se realizan eventos con títulos como "Venezuela, de nuevo en el radar de los inversores internacionales", como el organizado por Venecapital, una asociación local recién formada de capital privado, señalando a los sectores de telecomunicaciones, inmobiliario y de servicios de gas y petróleo como objetivos atractivos.

"Existe un potencial fácil para aumentar rápidamente la producción si EEUU levanta algunas sanciones", dijo Francisco Monaldi en entrevista con Bloomberg, un experto venezolano-estadounidense en economía energética en el Instituto Baker de Políticas Públicas de la Universidad Rice. Obviamente lo dice en clave privatizadora para que empresas estadounidenses puedan meterse sin problemas en el negocio. En cierto sentido pareciera tener razón, a pesar del descalabro a que ha llevado la industria petrolera el Gobierno de Maduro, y es que en Venezuela existe toda una infraestructura y estructura instalada construida a lo largo de cincuenta años por el propio Estado que ha costado miles y miles de millones -y párese de contar-, que no solo incluye los campos petroleros y sus instalaciones de producción, sino de refinerías, oleoductos, puertos marítimos, plantas de almacenamientos, en fin, que jamás un sector privado transnacional, y menos local, está en capacidad de montar. Y pesar del deterioro por falta de inversión estatal está allí, listo para la entrega al mejor postor, un “potencial fácil” para las grandes ganancias.

Si el curso privatizador en el sector petrolero tiene años, y los primeros movimientos se registran ya a mediados del 2015, con el acelerador apretado en los siguientes años, ahora con el nuevo control de la Asamblea Nacional (haciéndose del total control de los poderes del Estado), el Gobierno de Maduro se apresura a votar una ley que pondrá fin oficialmente al monopolio petrolero en manos de PDVSA. Es por eso que todos los ejecutivos que representan a las compañías petroleras extranjeras están celebrando reuniones para discutir cuáles serían los términos de la nueva legislación.

No pierden el tiempo, de allí la reunión que hace pública Bloomberg, así como tantas otras que se realizan y que jamás saldrán a la luz pública, sin hablar de los propios negocios. Las empresas petroleras multinacionales tendrían las manos libres para hacerse de las enormes reservas de crudo en el país con la nueva Ley de Hidrocarburos.

También el negocio es redondo por sus derivaciones. Como los propios analistas indican, aumentar la producción permitiría al Estado recaudar capital para pagar a los acreedores que tienen aproximadamente 60.000 millones de dólares en bonos en suspensión de pagos. En otras palabras, dinero que entraría por el remate, dinero que sale para pagar la odiosa deuda externa, con el descuento de lo robado en el camino.

Por eso es que hay movimientos en Washington, donde, de acuerdos a los analistas económicos, los ejecutivos de la industria petrolera y de los mercados de capital han estado haciendo lobby con miembros de la Administración de la Casa Blanca. “Su mensaje: si la puerta se va a abrir para todos, mejor entrar de los primeros”, destacan, no sin razón dada la gran apertura.

Siendo que los nuevos “inversores” se quedarán con los activos y el país saqueado. “Inversores” entre los que están, no solo transnacionales o capitalistas nacionales de vieja data, sino también los nuevos grupos económicos que se hicieron con el chavismo, así como los testaferros en los que tiene por atrás a gran parte de la alta burocracia estatal que incluye a los militares.

Pero no solo es el negocio petrolero, aunque es lo más atractivo en un país netamente extractivista y con una gran infraestructura instalada y con las mayores reservas del mundo. También se está dando el traspaso de decenas de empresas estatales claves a “inversores” privados a cambio de una parte de los ingresos o productos. En un reciente artículo hicimos un pequeño recuento en el sector agroindustrial, hotelería y cadenas de abastecimiento, que han pasado de manos del Estado al sector privado.

En el mismo reseñamos que: “En el sector agroindustrial, supermercado y hotelería muchas empresas han pasado a manos de privados. Entre las que han tomado relevancia noticiosa se encuentran los supermercados Éxito y Agropatria (una empresa de suministro agrícola del tamaño de un monopolio nacionalizada en 2010) donde ahora más de la mitad de sus 70 tiendas y dos de sus plantas de pesticidas son administradas por el Grupo Agrollano 2019 C.A; Lácteos Los Andes (una gran procesador de leche y fabricante de bebidas comprado por el gobierno en 2008) la estaría manejando un grupo iraní anónimo; Fama de América (productora de café) está en proceso de laudo arbitral; Industria Azucarera Santa Elena en Portuguesa pasó a manos del grupo Generoso Mazzoca, y el Central Azucarero Pío Tamayo ubicado en El Tocuyo, municipio Moran, desde finales de 2020 lo administra el Consorcio Veinca C.A.”

s que todos buscan activos a precio de remate en Venezuela. Pero no dejemos de mencionar, a manera de ejemplo, a los que nunca dejaron de hacer negocios en Venezuela, no solo ahora con Maduro, sino durante toda la época de Chávez, como el grupo Cisneros. Se trata de un grupo económico propietario de bancos, estaciones de televisión, telecomunicaciones, grandes almacenes, cerveceros, cadenas de refrescos, y hasta en petróleo desde la época de Chávez, sin contar su producción de telenovelas y hasta “concursos de belleza”, en fin, casi todo de donde se pudiera sacar dinero sin gran competencia.

A este sector se le ve en activo movimiento de acuerdo a los seguidores de los movimientos de inversión según un último artículo de Bloomberg, ya no solo para sacar provecho en los negocios con el Estado o las privatizaciones, sino también para apropiarse de empresas que ya eran privadas haciéndose de las mismas y sacar ventaja de las nuevas condiciones que pone el Gobierno, como la exoneración de impuesto y la libre importación, la mano de obra barata con contratos basura sin ninguna obligación social para con los trabajadores.

La agencia Bloomberg lo saca a la luz de la siguiente manera. “Eduardo Cisneros, nieto del patriarca Diego Cisneros, cofundó un fondo de capital privado en Florida que ha recaudado más de 200 millones de dólares de inversores, según un documento presentado ante la SEC. El fondo, llamado 3B1 Guacamaya Fund LP, ya ha utilizado alrededor de $ 60 millones de ese efectivo para comprar negocios venezolanos, incluido un fabricante de pintura (Corimon CA), durante el año pasado, según varias personas con conocimiento de los acuerdos que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el asunto” relata la agencia estadounidense. El fondo 3B1 Guacamaya opera en la misma sede de Coral Gables (Florida) que Cisneros Corporation, un servicio de consultoría, según su página web. Se posicionan en el país en “una lucha” por adquirir activos selectos a precios muy rebajados, de remate.

Y así van saliendo a la luz otros movimientos de empresas extranjeras haciéndose de compañías en el país. De acuerdo a la propia Bloomberg, el año pasado, Scale Capital, una empresa chilena de inversión y gestión, llegó a un acuerdo para adquirir las operaciones de DirecTV en Venezuela por una cantidad no revelada. DirecTV es una empresa que originalmente tuvo desavenencias con el Gobierno por la difusión de canales y atravesada por las sanciones, que cerrara por un tiempo la transmisión reapareciendo con el nombre de SimpleTV y con los nuevos propietarios. No se deja de especular que detrás de los chilenos haya sectores económicos locales con algún vínculo con personal del Gobierno.

Así como también revela que el año pasado, un fondo internacional llamado Phoenix Global Investment compró los activos del productor de alimentos Cargill en el país, además de que, en agosto de 2019, un grupo inversor chileno compró la sucursal local de la aseguradora estadounidense Liberty Mutual Holding Co. Aunque no especifica quién es el personal que está detrás de estos fondos o grupos económicos.

Mientras todo esto acontece, hay un mundo abajo, todo el pueblo, el de las grandes mayorías, que en un curso dolarizador de la economía, ven hundirse cada vez más en sus condiciones de vida. La Venezuela profunda, la de los trabajadores y las mayorías populares, queda condenada a la pobreza extrema, mientras se remata la nación, donde un puñado de capitalistas locales y extranjeros, y las clases altas, se hacen cada vez más ricos adueñándose de activos y del erario público, así como aprovechando toda la rienda suelta -exceptuándolos de todo tipo de impuestos- que el Gobierno les ha dado para sus negocios, no solo haciéndose del país, sino llevando la buena vida.

Como explica Ángel Arias, en un ensayo de marzo del 2020 titulado "Venezuela bajo el chavismo: de la débil “hegemonía nacionalista” a la debilidad extrema de la nación", “A lo largo de dos décadas, el país ha pasado por un proceso en el que, si durante todo un período primó un tibio nacionalismo, que conquistó importantes niveles de soberanía política y mantuvo el control “nacional” de la renta petrolera, asistimos hoy a un país en condiciones de enorme vulnerabilidad ante las apetencias de las potencias capitalistas: una catástrofe económica y social, con una nación quebrada y enormemente endeudada, un movimiento obrero y popular muy debilitado, y las principales fuerzas políticas, a pesar de sus evidentes diferencias y agudo enfrentamiento, ubicadas contra el interés nacional, la oposición, histórica y abiertamente proimperialista, el régimen gobernante, por su parte, ha girado cada vez más al entreguismo”.

Enfrentar todo este entreguismo y nuevo saqueo en curso, tanto por la política del actual Gobierno de Maduro como también la que propone la de la oposición de derecha, es una de las grandes tareas de la clase trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el país y, con particular énfasis, sobre el pueblo trabajador, en el que el capital privado local participa de la fiesta.

Por Milton D'León

Caracas @MiltonDLeon

Martes 23 de marzo | 00:35

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Potencias europeas prohíben la vacuna AstraZeneca y se inclinan por Sputnik V

Desde junio de 2020 fui de los primeros, dicho sea con humildad de rigor, en advertir los inconvenientes de AstraZeneca (https://bit.ly/3bTANne).

Nueve meses después, ya no es novedad que las principales potencias europeas –Francia, Alemania, Italia y España–, más casi una veintena de países europeos respetables ( FT, 16/3/21), prohibieron su uso por casos de trombosis y embolias fulminantes, después de su inoperancia en mayores de 65 años (https://bit.ly/3vI0fnA).

Tras la resonante bendición de la mejor revista médica del mundo, la británica The Lancet, en la Unión Europea (UE) se quedaron sin argumentos xenófobos para despreciar a la triunfal Sputnik V.

Organismos internacionales han mostrado sus patentes fallas e intereses globalistas, tales como la OMS y EMA infeudadas por la panoplia de Covax/Cepi/Gavi y toda la bursátil fauna escatológica de Bill Gates (https://bit.ly/3s75pHe).

La "reguladora" European Medicines Agency (EMA) no oculta su obscena rusofobia y tarda en dar luz verde a Sputnik V, mientras el premier de Bavaria –la región más próspera de Alemania–, Markus Soder, ha exhortado a los sesgados reguladores a "acelerar" la revisión de las vacunas (https://bit.ly/3tsV34V).

Rusia ha puesto en tela de juicio la "neutralidad" de la EMA, cuando una de sus principales funcionarias, Christa Wirthumer-Hoche, reliquia rusófoba de la guerra fría, instó a la UE de no usar la Sputnik V, aprobada en 46 países (https://bit.ly/3bTxDQ9).

La agencia del israelí-estadunidense Bloomberg "apoya" a la irlandesa Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, quien se ha deslindado de los gigantes europeos para bendecir los “beneficios (sic) de AstraZeneca (https://bloom.bg/3bR2kp5)”. La alemana y connotada rusófoba Úrsula von der Leyen –criticada ferozmente en Alemania por su pésimo manejo de las vacunas "occidentales"–, quien encabeza a la poderosa Comisión Europea, puso en tela de juicio la bondad de Moscú para exportar millones de dosis cuando la vacunación en Rusia ha sido muy lenta.

Kirill Dmitriev, mandamás del muy exitoso "fondo soberano de riqueza" ruso que financió el desarrollo de Sputnik V, del célebre Instituto Gamaleya, "reveló haber conseguido acuerdos con empresas de Francia, Alemania, Italia y España para la manufactura de un lote de inyecciones", mientras prosiguen las charlas para su producción.

Mientras se querellan en el seno de la UE los rusófobos y rusófilos, Moscú acaba de firmar un acuerdo con la farmacéutica suiza Adienne para producir pequeñas cantidades de Sputnik V en Italia, cuando la farmacéutica italiana ReiThera está a punto de concretar un vibrante acuerdo con Sputnik V, que para Rusia sería todavía mas significativo que los acuerdos que ha descolgado con Brasil, Argentina e India.

La UE se clavó en forma alocada con AstraZeneca que no cumplió sus compromisos de suministro y dejó vulnerablemente desnuda a la UE, que vuelve a mostrar su legendaria candidez geopolítica frente a Gran Bretaña, con o sin Brexit.

Reuters –una de las principales puntas de lanza de la geopolítica británica– expone estupefacta que “tras bambalinas, la UE gira a la vacuna Sputnik V (https://reut.rs/3vAkm7c)”, cuando 450 millones de europeos han quedado desvalidos. Viene todo el veneno de Reuters: "En público, la UE ha desechado la campaña de suministro global de la vacuna rusa como ardid de propaganda de un régimen indeseable (sic)". ¿Dónde quedó la universalidad de la ciencia? Reuters no oculta que "si Sputnik V se suma al arsenal de vacunas de la UE, significaría un triunfo (sic) diplomático para Rusia". ¡Pues sí!: todas las sanciones contra Rusia se vendrían abajo, así como toda la política disfuncional de la UE en Crimea y Ucrania oriental por órdenes de EU.

Suena increíble que, en medio de una pandemia, todavía existan misántropos "humanos" deshumanizados que, con el fin de conseguir sus aviesos objetivos geopolíticos, consideren a los rusos como inhumanos y antihumanos, lo cual no tiene nada que ver con la inmaculada ciencia universal.

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