La amenaza científica de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios

KUALA LUMPUR – Las oportunas intervenciones de la sociedad civil, incluidos los científicos preocupados, han evitado muchos posibles abusos de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, el 23 de este mes. El secretario general de la ONU debe evitar ahora que el organismo mundial secunde la agenda corporativa de los líderes políticos.

La amenaza de la Cumbre

La narrativa sobre los desafíos alimentarios ha cambiado en los últimos años. En lugar del derecho a la alimentación, la seguridad alimentaria, la eliminación del hambre y la malnutrición, la agricultura sostenible y etcétera, se están promoviendo soluciones sistémicas que suenan neutrales. Estas fomentarán la influencia, los intereses y los beneficios de las empresas transnacionales.

La convocatoria de la Cumbre, que finalmente sesionará mayormente en forma virtual, provino supuestamente de la oficina del secretario general de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), António Guterres. La consulta previa con los responsables de las agencias alimentarias de la ONU, con sede en Roma, fue escasa o nula.

Sin embargo, este aparente descuido fue rápidamente abordado por Guterres y dio lugar a la reunión preparatoria de la Cumbre, realizada en Roma entre el 26 y el 28 de julio.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) fue creada por el sistema multilateral dirigido por la ONU tras la Segunda Guerra Mundial para hacer frente a los problemas alimentarios. Posteriormente, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (Fida) también se establecieron en Roma bajo los auspicios de la ONU.

El unilateralismo soberanista impuesto en Estados Unidos por el presidente Donald Trump (2017-enero 2021) aceleró las tendencias anteriores que socavaban el multilateralismo liderado por la ONU, especialmente tras la invasión de Iraq dirigida por Washington.

La proliferación de iniciativas supuestamente multisectoriales, financiadas normalmente por empresas agrícolas transnacionales y fundaciones filantrópicas, también ha marginado el multilateralismo dirigido por la ONU y las agencias alimentarias de Roma.

Hasta ahora, el proceso de la Cumbre se ha resistido a las acciones multilaterales de seguimiento dirigidas por la ONU. Sin duda, la marginación del sistema de las Naciones Unidas ha sido sutil y tampoco ha sido un obstáculo.

Además del trío de Roma, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la ONU y su Grupo de Alto Nivel de Expertos en Seguridad Alimentaria y Nutrición (Ganesan) han sido otras víctimas de esa marginación.

El CSA ha evolucionado en los últimos años para implicar a un amplio abanico de actores del sistema alimentario, incluidos los intereses empresariales privados y la sociedad civil. Esta última incluye a los movimientos sociales de los agricultores, otros productores de alimentos y partes interesadas de la sociedad civil que en gran medida han sido dejadas de lado por los procesos de la Cumbre.

A través de la Cumbre, el Foro Económico Mundial (FEM) y otras iniciativas similares se han presentado como de la ONU. De hecho, estas han involucrado mínimamente a los líderes del sistema de la ONU, y menos aún a los Estados miembros. Muchos se refieren a la Cumbre sin el prefijo de la ONU para rechazar su legitimidad, ya que cada vez más personas la llaman cínicamente el FEM-FSS (sigla en inglés de Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios).

Toma de posesión del nexo ciencia-política

La propuesta de un nuevo nexo entre ciencia y política, ya sea “ampliando el mandato del Grupo Científico de la Cumbre o estableciendo un nuevo panel permanente o un mecanismo de coordinación a su molde”, es especialmente preocupante.

El Grupo Científico de la Cumbre está compuesto en su mayoría por científicos y economistas elegidos por los principales impulsores de la Cumbre, integrantes del FEM. Además de marginar a muchas otras partes interesadas en el sistema alimentario, sus prejuicios son contrarios a los valores de la ONU y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sus evaluaciones apenas tienen en cuenta las consecuencias de las innovaciones para los más vulnerables. Al dar prioridad a las innovaciones técnicas sobre las sociales, no han sido transparentes, y mucho menos han rendido cuentas públicamente.

Su enfoque pretenciosamente científico es condescendiente y, por lo tanto, es poco probable que aborde eficazmente los complejos retos del sistema alimentario contemporáneo que implican a múltiples partes interesadas.

Extender el mandato de su Grupo Científico más allá de la Cumbre, o hacerlo permanente, traicionaría el compromiso de que la SFS apoyaría y fortalecería, no socavaría, al CSA. El CSA debe ser el lugar donde se discutan y evalúen en última instancia los resultados de la Cumbre, utilizando sus mecanismos de participación inclusiva.

Un nuevo organismo de este tipo socavaría directamente la función establecida del Ganesan y su cometido de proporcionar orientación científica a los Estados miembros a través del CSA. En julio, cientos de científicos advirtieron que un nuevo panel científico socavaría tanto la gobernanza del sistema alimentario como al propio CSA.

Salvar el multilateralismo liderado por la ONU

Al igual que los preparativos de la Cumbre han desplazado al CSA, la propuesta de interfaz científico-normativa marginaría al HLPE – la sigla en inglés por la que también se conoce al Ganesan-, socavando la reforma del sistema de la ONU que más éxito ha tenido hasta la fecha en el avance significativo y productivo del multilateralismo inclusivo.

Tras la crisis de los precios de los alimentos en el bienio 2007-2008, el CSA se reformó en 2009 para proporcionar una plataforma inclusiva que garantizara la legitimidad de un amplio abanico de grupos de interés y mejorara la coherencia de diversas políticas relacionadas con la alimentación.

Al igual que el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), el Grupo de Alto Nivel consulta amplia y abiertamente a las partes interesadas sobre sus evaluaciones de investigación y sus prioridades de trabajo.

Sus informes se someten a extensas revisiones por pares para garantizar que responden a las necesidades de los constituyentes del CSA, siguen siendo relevantes para las políticas y abordan diversas perspectivas.

Este mismo mes, varios líderes cruciales de la sociedad civil, que trabajan estrechamente con el sistema de la ONU, advirtieron que los resultados de la Cumbre podrían erosionar aún más el apoyo público y la legitimidad de la ONU, así como la capacidad de las agencias de Roma para guiar la necesaria reforma del sistema alimentario.

En el llamamiento también participaron el relator especial de la ONU sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, a su predecesor Olivier De Schutter, actual relator especial de la ONU sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, al presidente del CSA, Thanawat Tiensin, y al presidente del Ganesan, Martin Cole.

Sus preocupaciones reiteran las de cientos de científicos, expertos en gobernanza global, grupos de la sociedad civil y el Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES-Food), entre otros.

La principal preocupación es “la amenaza que supone para el papel de la ciencia y el conocimiento en la toma de decisiones del sistema alimentario”, plantean.

Conscientes de la controversia que rodea a la Cumbre desde el principio, los cuatro instan a Guterres a que una vez que se realice, “será imperativo restablecer la fe en el sistema de la ONU… Por lo tanto, sería inestimable un compromiso claro de apoyar y reforzar el HLPE y el CSA”.

Subrayan también que hay mucho que hacer para garantizar que el Ganesan del CSA esté equipado para seguir desempeñando su papel crucial en la interfaz de la ciencia y la política del sistema alimentario.

Tras estos reveses previos a la Cumbre, el secretario general de la ONU debe defender el progreso que el CSA y el HLPE representan para un multilateralismo significativo dirigido por la ONU y que valorice el compromiso con la sociedad civil.

22/09/2021

Por Jomo Kwame Sundaram, profesor de economía y antiguo secretario general adjunto de la ONU para el Desarrollo Económico.

T: MF / ED: EG

Publicado enEconomía
En el Congreso Mundial de la Naturaleza se mezclan debates sobre ecología con negocios

La trastienda de la cumbre en Marsella

La Unión Mundial por la Naturaleza, organizadora del evento, ya cerró acuerdos con Huawei, la OMT y el gobierno alemán. Grandes compañías como BMW, Volvo, Google y Samsung reciclan sus discursos ante acusaciones de contaminar. 

 

Para entrar al Congreso Mundial de la Naturaleza que se desarrolla en Marsella entre el 2 y el 11 de septiembre y que organiza la Unión Mundial por la Naturaleza (UICN) en el Centro de exposiciones Chanot, hay que atravesar dos controles de seguridad y sanitarios. Se puede entrar gratis hasta los más de 500 stands de gobiernos, empresas y ONG 's. El objetivo de cada stand es “generar conciencia”. En un rincón de uno de los nueve pabellones, una soprano coreana emula el canto de las ballenas que aparecen en una pantalla detrás de ella. En otro rincón la gente descansa en unas reposeras organizadas en círculo alrededor de parlantes que reproducen el sonido de pájaros del Amazonas. Para tener acceso a las conferencias -de las que en total al finalizar el congreso habrán participado más de 1400 panelistas- hay que pagar una acreditación que sale 1500 euros. Quienes lo hacen en su mayoría no llegan aquí para aprender a reciclar sino para cerrar tratos y dar debates alrededor de la conservación.

Los debates

Los temas a discutir están organizados en siete categorías: paisaje, agua dulce, derecho y gobernanza, sistemas económicos y financieros, innovación, océanos y cambio climático. Hay mesas redondas, plenarios, debates, monólogos, conferencias y algunas cumbres: de la juventud, de jueces, de jefes de empresa y de indígenas.

En la “Cumbre de la juventud'', Brighton Kaoma, director de juventud de ONU Sustentable, le habló a “los viejos”: “estamos cansados de sus palabras, todo lo que necesitamos es que entren en acción. Si ustedes no pueden actuar dejen a los jóvenes que lo hagan”.

La “Cumbre de Jefes de Empresa” nuclea a líderes industriales para “explorar los pasos que pueden dar para acelerar la transformación hacia una sociedad sostenible”. Allí una representante del Banco Mundial dijo por qué le parecía importante: “más de la mitad del PIB mundial está generado por industrias que dependen en gran parte o de forma moderada en los servicios de los ecosistemas, tales como la polinización, el filtrado de aguas y las materias primas”. WWF aprovechó para recordar que “el costo real de producir plástico y soportar su contaminación” es superior al PIB de la India.

A las 9.25 de la mañana del martes en Francia, las 4.25 en Argentina, en un encuentro titulado “Jueces y el medio ambiente” expuso por videollamada el juez de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti. Frente a pares de México, Barbados, Costa Rica, Pakistán y la Unión Europea, no se mostró nada conservador: “Debemos cambiar lentamente nuestra concepción de derechos basados puramente en la propiedad y en lo individual y abrir un paradigma legal diferente, un enfoque ecocéntrico y sistémico".

El financiamiento

Un representante de la COMIFAC (la Comisión de Bosques de África Central) se acerca a este cronista para dejar un folleto. Está promocionando el stand de la Cuenca del Congo que tiene un slogan: “Un capital de biodiversidad excepcional”. Justo en esa región es donde se denuncia que la ONG conservacionista WWF quiere expulsar a los indígenas baka para crear el parque nacional Messok Dja. Paul Kanyinke Sena, un camerunés que dirige el Comité de Pueblos Indígenas de África y que articula con la UICN dialogó con PáginaI12 en una conferencia de prensa tras la cumbre de pueblos indígenas y desafió: “esas denuncias las estamos investigando pero las organizaciones de derechos humanos que las hicieron necesitan que haya problemas, si no hay violaciones a los derechos humanos no tienen cómo financiarse”.

El líder indígena guatemalteco Ramiro Batzin, de la Asociación SOTZ´IL, tomó la palabra tras Kanynke: “yo sé que los conservacionistas, como con este proyecto del 30% de la tierra como área protegida para el 2030, tienen buenas intenciones, pero tienen que respetar el consentimiento previo libre e informado de los indígenas”. Los conservacionistas se defendieron en primera persona: “Nuestras metas globales de proteger la Tierra y conservar la biodiversidad no pueden lograrse sin el liderazgo, el apoyo y la colaboración de los Pueblos Indígenas”, dijo Bruno Oberle, Director General de la UICN.

Como se contó en este diario el sábado, el proyecto “30 x30”, que impulsa la ONU y consiste en tener dentro de 10 años a la tercera parte del planeta como área protegida, es el eje de este congreso y fue el disparador de una contra cumbre la semana pasada. Para Lara Domínguez del Minority Rights Group es un proyecto político pero no científico: “no hay estudios serios de impacto económico y social y 300 millones de personas podrían ser desplazadas”.

Los tratos

Algunas grandes empresas aprovecharon este encuentro global para reciclar su discurso sobre acusaciones que pesan sobre ellas. BMW, Volvo, Google y Samsung se comprometieron a "no utilizar minerales extraídos de aguas profundas o financiar la explotación minera en aguas profundas hasta que se haga un nuevo estudio de impacto”. La UICN, por su parte, ha cerrado varios tratos en lo que va de su Congreso. Hizo un acuerdo con la tecnológica china Huawei para “mejorar la conectividad digital en 300 áreas protegidas”, un covenio con la Organización Mundial del Trabajo para fomentar la creación de “empleo verde” y otro con el gobierno alemán, que invertirá 17 millones de euros en fomentar el ecoturismo en áreas protegidas.

El antecedente

En enero de 1994 este mismo Congreso Mundial por la Naturaleza se realizó en Argentina. Fue en el Sheraton del barrio de Retiro y lo inauguraron Menem y la entonces Secretaria de Ambiente María Julia Alsogaray. Así lo recuerda Raúl Montenegro, el ecologista cordobés laureado con el Premio Right Livelihood (conocido como el premio Nobel alternativo): “entre quienes fueron mencionados por su aporte económico, o asimilable, a ese Congreso figuraron Cemento Avellaneda, Loma Negra y Celulosa Argentina, no precisamente paladines de la conservación ambiental”.

Para Montenegro, que dirige la Fundación para la Defensa del Ambiente (Funam) en la provincia de Córdoba, la UICN “no cuestiona los estilos de vida ni las peores fuentes de disturbio ambiental y social” (como la desigualdad o las guerras) y “ofrece un modelo sesgado e ineficaz donde coexisten la conservación que excluye a las personas y registros muy serios del creciente deterioro de la biodiversidad clasificada”.

En un comunicado divulgado este martes la UICN informó que “ha estudiado 138.374 especies, de las cuales 38.543 se clasifican bajo amenaza”. Por ejemplo: el 37% de las especies de tiburones y rayas en el mundo están en peligro.

Para Raúl Montenegro “el concepto de biodiversidad nativa manejado por la UICN y la mayoría de los gobiernos es fragmentario e inexplicablemente incompleto. En Argentina por ejemplo no tenemos mapas de biodiversidad. Solo mapas de algunos grupos dominantes y visibles de la biodiversidad, por ejemplo árboles y vertebrados”. Además recuerda que hay una biodiversidad “no clasificada”: “son entre 10 y 100 millones de especies, solo a nivel de virus se han clasificado algo más de 6.000 especies y se estima que existen unas 900.000 a 1.000.000 de especies de virus sin clasificar”.

Para el director de la FUNAM esta no es una cumbre por la naturaleza, sino un encuentro de miembros gubernamentales y no gubernamentales. Ya desde la época en la que este Congreso se hizo en Argentina Montenegro insistía en algo que aún no se hizo: “la necesidad de una Convención de Naciones Unidas sobre estilos de vida y conducta humana”.

10 de septiembre de 2021

Publicado enMedio Ambiente
Vacuna covid-19: ¿protección, negocio o violación de derechos?

La regulación legal, base para la vacunación en Colombia, es la ley 2064 del 9 de diciembre de 2020, en la cual se declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el covid-19, la lucha contra cualquier pandemia y se dictan otras disposiciones. Es importante resaltar que en ningún momento se regula en esta Ley sobre la obligatoriedad de participación en el proceso de vacunación; lo que especialmente aclará la misma es el principio de gratuidad, particularidad que se menciona expresamente en el artículo nueve; otro principio fundamental que deja en claro es la Universalidad.

La Ley 2064, es una previsión del proceso de vacunación que en efecto se desarrolla desde la tercera semana de febrero de 2021, y la que no previó un desafío posterior, presentado justo en el momento que se desarrolla la vacunación por etapas, y sí contemplado en múltiples decretos que desarrollan la norma: la apatía, o el temor o el rechazo directo que puede tener un sector de la población y que los lleva a la decisión de no aceptar el biológico.

Un desafió que no es menor. Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) 44,2 por ciento de los colombianos dijo no estar interesado en aplicarse la vacuna, situación que genera tensión frente a los espacios de la convivencia común e incluso en el ámbito laboral. Algo que para algunos eran impensable sucediera en esa magnitud. El quid del asunto es que poco a poco se llega a una obligatoriedad encubierta que ni siquiera la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado, salvo insistir en la necesidad de lograr inmunidades de rebaño a partir de coberturas masivas en la población.


¿Vacunación obligatoria o no? Derechos involucrados

Para establecer una hipotética obligatoriedad de la vacunación, es necesario establecer de manera somera los derechos que se encuentran involucrados en tensión, para decidir si se obliga o no, y nos vamos a referir a derechos fundamentales desde la Constitución en un Estado Social y Democrático de Derecho.

El derecho a la vida (art. 11), libre desarrollo de la personalidad (art. 16), libertad de conciencia (art. 18), el derecho al trabajo (art. 25), esto en relación con algunos derechos fundamentales involucrados conforme el capítulo I, del título II de nuestra Constitución, y también entra en tensión uno muy importante del capítulo II, de los Derechos Sociales, económicos y culturales: Derecho a la Salud (art. 49).


La valoración de los citados derechos involucrados, nos puede llevar al mismo tiempo a decisiones contradictorias, porque sobre la base de estos mismos derechos podría negarse o imponerse la obligatoriedad. De antemano obsérvese que la balanza la puede inclinar básicamente el derecho a la salud, frente a los fundamentales de la vida, la libertad de conciencia, libre desarrollo de la personalidad, etcétera.

En este proceso hay que tener en cuenta que la vacunación requiere la introducción de una sustancia ajena al cuerpo, por lo que en principio necesita la voluntad de la persona que acepta o da su consentimiento para recibir el biológico. Desde este primer punto de vista, la vacunación nunca podría ser obligatoria ya que requiere una expresión voluntaria y libre de la personalidad del sujeto. En sentido contrario, al entenderse la vacunación como parte de un tratamiento que incluso puede considerarse preventivo, en libre expresión de su personalidad el sujeto también puede negarse a ser innoculado, blandiendo objeción de conciencia frente. Pero acá aparece otro importante derecho como obstáculo a este tipo de determinación: la salud pública, que como derecho colectivo podría imponerse sobre todo cuando es un sector amplio de la población el que se vería en riesgo frente a la actitud o el derecho de un solo individuo o en todo caso de un grupo minoritario. Consideramos entonces que esta podría ser la única excepción fuerte a la no obligatoriedad.

 

 

Que la OMS y todos los Estados hayan declarado que estamos en medio de una pandemia denominada covid-19 y que todos los Estados estén tomando medidas para contenerla, entre ellos la vacunación, y que ello obedezca a un riesgo ostensible para la salud de la mayoría deja en evidente ventaja el derecho a la salud frente a los derechos individuales en cuestión, ante una hipotética obligatoriedad de la vacuna que ya están aplicando o proyectando entre las medidas que toman los diferentes Estados.

En los derechos involucrados mencionamos expresamente el derecho al trabajo, porque este vive una tensión particular frente a los efectos de la pandemia, porque es en la población trabajadora que la tensión entre la obligatoriedad de la vacuna ha tomado un tono más fuerte, pues la consigna parece ser que la necesidad de trabajar cede frente a la voluntad de querer o no aceptar la vacunación; de hecho, es común que la empresa pública o privada envíe permanentemente links en plataformas digitales para que los empleados reporten en que momento se encuentra su proceso de vacunación.

Expertos en el área de derecho laboral se oponen abiertamente a que pueda amenazarse o derivarse algún tipo de sanción para los trabajadores que no accedan a la vacunación de forma “voluntaria” ya que atentarían contra la estabilidad laboral, y ni siquiera aceptan la imposición de otras modalidades como pasarlos a teletrabajo o a áreas que impliquen menor exposición a contagios, lo cual podría ser considerado un “castigo”. Sin embargo, en la práctica triunfa otra premisa y es que si el Gobierno o la empresa determinan que la vacunación es obligatoria, el empleado prácticamente no puede abstraerse de la obligación pues el Estado o la empresa privada resaltarán que deben garantizar un servicio no para el privilegio de uno sino de toda una comunidad. Por lo mencionado hasta este punto, todo indica que la tensión está a favor de los derechos colectivos y no de los individuales, y en tal punto podría prevalecer la obligatoriedad.


Vacunación y medias sanitarias: otro paso a la obligatoriedad


A medida que avanza la pandemia, y sobre todo la estrategia de vacunación mundial, con consecuentes desafíos y diferencias abismales entre Estados y poblaciones del primer y el tercer mundo, no hay duda que los países que imprimen la marcha en el orden mundial también van imponiendo poco a poco sus políticas públicas de obligatoriedad “velada” de la vacunación, como es el caso de la Unión Europea que a partir del 1 de julio de 2021 oficializó el Certificado covid digital de la UE, con la aplicación del reglamento acordado por los principales organismos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo Europeo), lo que han dado en llamar implementación de los pasaportes sanitarios, que incluso ofrecen un reparo desde la cantidad de información personal que recaban de los ciudadanos pero que ellos aseguran “no realizaran tráficos indebidos con los datos personales” ya que solo es con fines de autenticación de la información sobre el estado de vacunación o cantidad de dosis aplicadas.

Sin embargo, con asombro puede observarse como en la aplicación de políticas dominantes, también desde el punto de vista sanitario, este bloque de países se da el gusto de aceptar o rechazar, para efectos de permitir la circulación en el territorio Schengen, entre las vacunas homologadas; según lo cual las autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento (EMA), son: BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson&Johnson.


Tras establecer el pasaporte que en principio no es obligatorio, pero que es un requisito a cumplir esté o no vacunado el ciudadano, muchos de los países europeos lo están considerando prácticamente obligatorio para poder realizar muchas actividades de ocio y turismo, en teoría con una finalidad absolutamente preventiva ante posibles contagios masivos en las actividades descritas.

Un protocolo que están retomando los demás países del orbe, incluso en nuestra realidad, ya es común exigir el certificado de vacunación covid 19 para poder asistir a espectáculos masivos como el fútbol, conciertos, entre otras actividades. Incluso se exige un esquema de vacunación ya completo, dejando cada vez más en entredicho la no obligatoriedad de la vacuna.

Estrategia que apunta a fomentar la vacunación masiva, con el objetivo de lograr la denominada “inmunidad de rebaño”, todo ello sin tener en cuenta la afrenta que implica frente a la violación de otros derechos fundamentales, como los ya listados supra, poniendo de presente la tensión entre la reactivación económica y la posibilidad que los “desjuiciados”, sobre todo población joven, hagan valer sus derechos y se sometan a los designios de las mayorías.

Estas medidas de política pública, de restricción de ciertos derechos y resumidas en los pasaportes sanitarios, o como se les quiera denominar, ante el privilegio alcanzado por la necesaria reactivación económica, lo que pretenden es evitar los confinamientos, lastre de la producción y el mercadeo. En este punto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha dictaminado que las vacunas obligatorias no violan las leyes de derechos humanos e incluso podrían considerarse necesarias en una sociedad democrática donde la salud pública, como derecho colectivo, está por encima de unos de carácter meramente individual.


Vacunación y Bioética: qué dice la ciencia


Otro punto de vista que necesariamente debe tenerse en cuenta en este debate, es la posición de la ciencia desde la bioética, que aborda asuntos de fondo que muy posiblemente no tienen una respuesta segura en este momento, como: ¿Sí son eficaces las vacunas para prevenir la transmisión? ¿Hay en realidad acceso igualitario a la vacunación en el mundo?

Para ambientar brevemente esta discusión, nos parece oportuno referenciar al experto en Bioética Julian Savulescu, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, quien en su artículo: “Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk?”* considera que sólo cabe proceder a la vacunación obligatoria cuando se dan cuatro condiciones fundamentales:

a. Hay una amenaza grave para la salud pública.
b. La vacuna es segura y efectiva.
c. Las políticas de vacunación obligatoria muestran una ratio de coste/beneficio superior a otras alternativas.
d. El nivel de coerción impuesto es proporcionado.

Responder a cada uno de estos puntos que correctamente plantea el experto, podría llevarnos a otra columna sobre la materia, pero a groso modo podemos decir que prácticamente la única premisa que se cumple es la grave amenaza para la salud pública, porque sobre la seguridad y efectividad de las vacunas por ahora no hay estudios científicos unívocos; menos sobre el coste-beneficio de la obligatoriedad, y en cuanto a la coerción de derechos de manera proporcionada, en realidad está por verse.

Recordemos, incluso que, frente a la efectividad, recientemente nos enfrentamos a la “proposición” de una tercera dosis por parte de las farmacéuticas, como es el caso de la estadounidense Pfizer, con la justificación de proteger contra la nueva variante delta del coronavirus y según datos preliminares de un estudio, que como siempre son preliminares y en desarrollo.

Sobre lo anterior obliga decir que existen numerosas variantes del virus: Cepa alfa (Reino Unido), Beta (África), Gamma (Japón) Delta (India) y Delta Plus (varios países), por lo cual otras farmacéuticas propietarias de la vacuna Moderna, AstraZeneca, Sinovac, también están “sugiriendo” tercera dosis. En Colombia, y según datos del ministerio de Salud, con la variante Delta el país completó 61 linajes covid.

El problema de las variantes, advierte la OMS, es que las mismas están asociadas a un aumento de la transmisibilidad o cambio en la epidemiología del covid-19, aumento de la virulencia o cambio en la presentación clínica de la enfermedad, o disminución de la efectividad de las medidas sociales y de salud pública o de los diagnósticos disponibles.

Lo anterior indica que ni el virus está resuelto, ni está completamente diagnosticado, pero que alguien está tomando ventaja en el comercio “obligado” de las vacunas, y que lo que podrían ser solo dos dosis para obtener un “pasaporte sanitario” podría convertirse en dosis periódicas y necesarias siempre frente a las nuevas fuentes de riesgo biológico y, por lo tanto, los derechos siempre estarán en permanente tensión frente a la obligatoriedad.

A todo lo expresado, el tema nos obliga volver al origen y preguntarnos sobre todo en estos países del trópico de una fuerte tradición ancestral indígena: ¿Por qué no volvemos a las hierbas y a las raíces de los árboles? ¿Por qué, aunque sin el supuesto sustento científico (como tampoco lo tienen ciertamente las vacunas hasta ahora homologadas) no ayudamos a enfrentar la pandemia con las recetas tradicionales y sus propiedades que también han salvado vidas, y sin obligar a nadie?

Es una opción viable, junto con otro tipo de medicinas, que ha evidenciado efectividad en barrios populares, penales, comunidades indígenas y campesinas en general, incluso aplicada de distinta manera por galenos de amplia trayectoria que actúan en silencio ante el temor de perder su licencia profesional. Todo lo cual evidencia que la solución no puede ser solo la obligatoriedad a la que nos conducen los intereses de las multinacionales farmacéuticas, del empresariado y de los gobernantes para obtener pasaportes sanitarios, que por lo visto y por el nivel de dificultad que ofrece el virus en cuanto a desarrollo y variantes, nunca serán suficientes.

* Good reasons to vaccinate: mandatory or payment for risk? Disponible en: https://jme.bmj.com/content/47/2/78 BMJ Journal of Medical Ethics. Consultado 8(08/2021.

 

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Publicado enEdición Nº283
Miércoles, 14 Julio 2021 05:37

Piratas pandémicos

Piratas pandémicos

Ganancias multimillonarias del sector farmacéutico mundial

La industria farmacéutica mundial es uno de los grandes ganadores de esta etapa marcada por la pandemia. Saca provechos multimillonarios por derecha e izquierda. Multiplica las ventas y se beneficia, al mismo tiempo, de suculentos fondos públicos destinados a la investigación.

La empresa Moderna anunció recientemente que las vacunas anti COVID 19 le significarán este año una facturación de 19.200 millones de dólares estadounidenses en tanto BioNTech proyecta 15.000 millones.  En mayo, Pfizer, hizo pública su proyección de 26.000 millones en ventas lo que representa casi el doble de los 15.000 millones que calculaba apenas hace algunos meses.

En el primer trimestre del 2021, Moderna contabilizó una ganancia de 1.200 millones de dólares a partir de la venta de sus vacunas, entre las más caras en el mercado internacional. En igual periodo, la Pfizer reconoció beneficios netos de 4.877 millones de dólares, un 45 % más que en el mismo momento del pasado año, gracias, en buena medida, a las ventas de su vacuna contra el COVID-19.

El periódico mexicano El Financiero anticipaba ya en mayo pasado que nueve empresas “farmacéuticas disfrutarán multimillonarias ganancias de hasta 190.000 millones de dólares”, si alcanzan las metas de producción previstas para 2021.

Cifras llamativas si se recuerda que, al inicio de la pandemia, algunas de esas firmas afirmaron no tener intención alguna de obtener ganancias con la producción de los medicamentos preventivos, tal como lo señala el analista suizo Dominik Gross en un reciente artículo publicado en le revista Global de Alianza Sur.

Sin embargo –acota el portavoz de la plataforma helvética que reúne a las más importantes ONG de cooperación al desarrollo del país–, estas cifras no son tan sorprendentes si se consideran los modelos y mecanismos de mercado empleados por los gigantes farmacéuticos.

La ONG Public Eye (mirada ciudadana) analizó recientemente estos modelos en su informe Big Pharma takes it all (Las grandes farmacéuticas se lo llevan todo) https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Medikamente/2021_PublicEye_BigPharmaTakesItAll_Report.pdfY subraya, que uno de los principales instrumentos para maximizar los beneficios de la industria farmacéutica es la concesión de patentes sobre los principios activos de los medicamentos.

Por otra parte, el informe recuerda que en 2020 se inyectaron 93.000 millones de euros –más de 100.000 millones de dólares– de fondos públicos para la investigación y el desarrollo mundial de estos principios activos, como parte de una intensa cooperación con las universidades. Sin embargo, los derechos de patente aseguran que solo las empresas (co)desarrolladoras de estos principios se beneficien de los ingresos por la venta de los medicamentos.

No se autoriza a terceros a fabricar o vender los ingredientes activos sin adquirir una licencia de los propietarios. Estas normas están vigentes desde hace 25 años en el marco del Acuerdo ADPIC que regula los diferentes aspectos de los derechos de la propiedad intelectual relacionados con el comercio, recuerda Dominik Gross.  (https://www.wto.org/spanish/tratop_s/trips_s/t_agm0_s.htm).

Este Acuerdo se firmó en 1995 como producto de la presión de los países del Norte. Desde hace meses, numerosas naciones, organizaciones ciudadanas y la misma OMS (Organización Mundial de la Salud) advirtieron que este Acuerdo agrava el riesgo sanitario planetario. Ya que la protección a las patentes crea una escasez artificial de vacunas, lo que produce el aumento de los precios y dificulta así la eficaz y equitativa distribución entre todas las naciones. Llamaron y siguen exigiendo que, ante la emergencia pandémica, se libere ese derecho de patente y se permita democratizar la producción de vacunas en forma descentralizada allí donde se puedan fabricar.

El enfoque de las grandes transnacionales farmacéuticas perjudica especialmente a los habitantes de los países del Sur con bajos ingresos que no pueden permitirse una atención sanitaria ni vacunas costosas. Según el blog Our World in Data, al que hace referencia la revista Global, mientras que en América del Norte y Europa ya se han administrado, respectivamente, 58 y 43 vacunas por cada 100 habitantes, en África sólo se contabilizan 2 vacunas cada 100. Asia y Sudamérica se sitúan en un punto intermedio, con 18 y 24 vacunas administradas.

En una perspectiva a mediano plazo, según las previsiones publicadas por The Guardian – y retomadas recientemente en el sitio francés Statista, se calcula que Moderna será la empresa con mayores ventas de su vacuna por más de 35.000 millones de euros entre 2021 y 2023 (unos 43.000 millones de dólares). Las ventas de Pfizer, en ese mismo periodo, se proyectan en casi 20.000 millones de euros.

La misma fuente asegura que el costo medio mundial, a valores de marzo 2021, de las dos dosis, es de 31 euros (casi 37 dólares) tanto para la Pfizer/BioNTech como para la Moderna; 23 euros cuestan la Sinovac; 17 euros la producida por Gamaleya y 6 la de AstraZeneca. Una dosis única de la Johnson-Johnson oscila en los 8 euros.

¡Al abordaje!

La pandemia causa un impacto devastador en todo el mundo, pero especialmente en los países en desarrollo y emergentes. Las naciones ricas han acaparado casi todas las vacunas, tratamientos y pruebas disponibles en el mundo.

La desigualdad en el acceso a estos dispositivos médicos esenciales se debe a una escasez artificial creada por el sistema de monopolio farmacéutico basado en patentes. En lugar de cuestionar este modelo de negocio perjudicial, los países ricos lo defienden con vehemencia, denuncia Public Eye.

Y pone de manifiesto la hipocresía de esas naciones, así como de la industria farmacéutica, cuyas grandes declaraciones de solidaridad nunca han estado tan alejadas de la realidad como durante esta crisis sanitaria mundial. “Los Estados tienen el deber de proteger el derecho humano a la salud: deben intervenir para garantizar un acceso equitativo a las tecnologías médicas para combatir el COVID-19. Las soluciones existen; es una cuestión de voluntad política”, subraya la ONG helvética.

El Big Pharma takes it all analiza las diez estrategias utilizadas por los gigantes farmacéuticos para maximizar sus beneficios y aprovechar la crisis sanitaria en su beneficio, en detrimento del interés público.

Un punto de arranque de esas estrategias es la definición de las prioridades de investigación y desarrollo en función de la ganancia que obtendrán. El control abusivo de las patentes constituye otro pilar del modelo transnacional que prioriza, fundamentalmente, las necesidades de los países ricos y no el bien común planetario.

Como lo señala el estudio, “los gigantes farmacéuticos y los países ricos también son cómplices durante una pandemia como la de COVID-19. Las naciones ricas como Suiza firman acuerdos exclusivos (ndr: con esos gigantes) a precios excesivos y hacen recaer la carga de estos contratos opacos en la salud pública”, que paga el contribuyente con sus impuestos.

Todo esto, sin ninguna transparencia y rechazando la obligación de rendir cuentas; socializando los riesgos, pero “privatizando los beneficios”; aprovechando al máximo de los fondos públicos; imponiendo precios injustificables e incontestables y priorizando la distribución de dividendos por sobre la inversión en nuevos medicamentos.

La estrategia multinacional farmacéutica integra también el trabajo a gran escala de cabildeo y presiones en las esferas de decisión. En Estados Unidos, señala Big Pharma takes it all, el mayor mercado del mundo, 39 de los 40 representantes legislativos que han recibido las mayores contribuciones de las empresas farmacéuticas forman parte de los comités que se ocupan de las cuestiones parlamentarias relacionadas con la salud. También en Suiza, “los grupos de presión de la industria farmacéutica son omnipresentes y no están regulados”, y cualquier intento de reducir el precio de los medicamentos –que es uno de los más caros del mundo–, se enfrenta a una intensa resistencia, subraya.

Resistencia ciudadana

Sin poner en duda la importancia decisiva de la vacunación para enfrentar la pandemia, cada vez son más los actores de la sociedad civil planetaria que critican con vehemencia esta nueva ofensiva de las multinacionales del sector.
Y se pronuncian, como los autores del Pharma takes it all , a favor de medidas posibles, que están a la mano de gobiernos y empresas, para abaratar costos, democratizar la producción de vacunas y generalizar el derecho de cada ser humano a estar protegido contra el COVID-19.

Entre ellas, el apoyo al fondo común de acceso a la tecnología COVID-19 (C-TAP), lanzado por la Organización Mundial de la Salud como solución global para el acceso equitativo a pruebas de diagnóstico, tratamientos y vacunas. Así como el sostén a la solicitud de una exención temporal de determinados aspectos del Acuerdo ADPIC para productos médicos necesarios en el control pandémico. Instan –sobre todo a los países ricos—a no almacenar vacunas y apoyar el mecanismo internacional COVAX para la equidad de la distribución de las vacunas.

Como ejercicio básico de transparencia, proponen que se publiquen los contratos firmados con los fabricantes de vacunas. Y se pronuncian a favor de fomentar las iniciativas de ciencia abierta para un acceso equitativo a la prevención, al diagnóstico y al tratamiento de enfermedades. Y la necesidad de aplicar la resolución de la OMS sobre la mejora de la transparencia de los precios de los medicamentos.  La inversión pública en investigación y desarrollo debe estar sujeta a condiciones claras y a una política razonable de precios.

En síntesis, estos actores sociales del mundo entero denuncian a los piratas modernos del sector farmacéutico. Les exigen que bajen de sus naves, que entreguen sus espadas y dejen de aprovecharse del COVID 19 para maximizar sus beneficios. Que no impongan cláusulas de confidencialidad a los gobiernos y acepten que los contratos salgan a la luz pública.

El debate de sociedad está abierto y toca a su misma médula: la vida de la humanidad y el tipo de sistema de salud para asegurarla. Anteponiendo a los piratas modernos de la industria farma ávidos del botín con el hombre de a pie que exige gratuidad y reivindica un servicio de salud pública de calidad al servicio de todas y todos.

14/07/2021

Por Sergio Ferrari, desde Berna, Suiza.

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La Justicia hondureña declara culpable a David Castillo, autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres

El Tribunal de Sentencia de Honduras ha fallado en contra de Castillo, directivo de la compañía DESA S.A. responsable del proyecto contra el que luchaba la histórica defensora de la Tierra.

 

El Tribunal de Sentencia de Honduras ha fallado este lunes en contra de Víctor David Castillo, considerado autor intelectual del asesinato en 2016 de la activista ambiental y líder indígena Berta Cáceres, quien se opuso a través de la lucha social a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de la zona noroccidental del país centroamericano. La magistrada ha dictado prisión preventiva para el condenado y ha señalado el 3 de agosto como fecha para anunciar la pena a la que se enfrenta.

El fallo llega después de 45 días de audiencia, iniciados el pasado 6 de abril, en los que el Ministerio Público y la acusación que representa a la familia de Cáceres han presentado 62 pruebas para acreditar los vínculos de Castillo con los autores materiales del asesinato y las siete personas que ya fueron condenadas en 2018. 

Los familiares y los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) señalaron desde el primero momento a Castillo, a quien le consideran autor pleno de la muerte de la activista, pues él era directivo de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico al que se oponía Cáceres y todo el pueblo indígena lenca. 

"En este juicio se ha demostrado que David Castillo, bajo órdenes de la familia Atala Zablah [dueña de la empresa DESA], coordinó con la estructura inferior de sicarios acciones de persecución, vigilancia y ataque que culminaron en el asesinato de Berta Cáceres", argumentan a Público miembros miembros del equipo legal del COPINH, organización que considera el fallo emitido este lunes como una "victoria popular".

Durante el juicio se han acreditado los vínculos que Castillo tenía con personas ya condenadas por la muerte de Cáceres. Entre ellos, destacan las conversaciones telefónicas que el gerente de la hidroeléctrica tuvo con Douglas Bustillo, empleado de DESA S.A. condenado a 30 años de cárcel en 2018. Esta persona mantuvo varias comunicaciones reveladoras con el directivo, entre ellas, unos mensajes relacionada con un primer intento de asesinato que fue fallido. Además, según ha indicado la jueza, fue el nexo de unión entre Castillo y el resto de sicarios.

La magistrada ha informado que, pese a no haber pruebas directas que puedan vincular a Castillo con los autores materiales del crimen, existen numerosas pruebas indiciarias de su implicación en el delito. En ese sentido, ha sostenido que las conversaciones telefónicas y los mensajes enviados con lenguaje en clave es una señal clara que, unida a otras "de manera causal", dejan la defensa del acusado en una situación delicada. El contexto social también parece determinante para los jueces, pues la magistrada ha señalado este lunes la importancia que tuvo Cáceres para frenar las obras de la represa y cómo su liderazgo pudo generar cierta animadversión en la compañía hidroeléctrica.

Berta Cáceres sufrió una persecución constante durante años que culminó con su asesinato. Parte de su familia tuvo que abandonar el país durante algunos meses y ella misma se vio obligada a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar ser secuestrada. La fuerza de su discurso y su capacidad de movilización social llevó a visibilizar el conflicto más allá de las fronteras de Honduras, por lo que algunas compañías internacionales, como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional (adscrita al Banco Mundial) terminaron retirando su inversión. Para el Tribunal, este contexto es una prueba indiciaria más de los vínculos que pudo tener Castillo, como directivo de la empresa DESA S.A., en el asesinato de la activista.

Una puerta abierta para seguir investigando

El fallo de este lunes no sólo declara culpable a Castillo, sino que le señala como coautor intelectual del crimen, lo que significa que el Tribunal deja la puerta abierta para seguir investigando el asesinato. Este hecho ha sido celebrado por el COPINH, la Plataforma Solidaridad por Honduras y por las hijas de Cáceres, quienes consideran que había alguien por encima de Castillo, además de otros funcionarios y personas de la administración que presuntamente podrían haber estado al tanto de los planes de DESA S.A..

Laura Zúñiga, hija de Berta Cáceres, dice en declaraciones a Público que durante todo el juicio ha quedado patente "la poca decisión del Estado para investigar a las personas poderosas, como la familia Atala Zablah, que tienen grandes influencias en el país". Asimismo, argumenta que la culpabilidad de Castillo debe servir para "romper con la impunidad" y para "abrir procesos judiciales en contra de los otros autores intelectuales".

madrid

05/07/2021 19:10 Actualizado: 06/07/2021 10:17

Alejandro Tena@AlxTena

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Puerto de Santos en Brasil, el país que registró la mayor caída en la inversión extranjera de la región. Foto: IBEMAR

Latinoamérica fue la zona en desarrollo donde la pandemia perjudicó más a las inversiones extranjeras, ya que éstas cayeron un 45 % en los países latinoamericanos, por encima del 35 % de media mundial, analizó hoy un informe de Naciones Unidas que prevé una lenta recuperación en la región.

El estudio anual de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que actualiza datos de principios de año, indica que América Latina recibió 88.000 millones de dólares en inversiones extranjeras directas, lejos de los 160.000 millones de 2019.

En contraste, el flujo de inversiones en África bajó un 16 %, en Asia incluso subió (un 4 %), y como media en las economías en desarrollo la caída fue de sólo el 8 %.

"Las economías latinoamericanas enfrentaron un colapso en la demanda de exportaciones, la caída de los precios de las materias primas y la desaparición del turismo, lo que provocó una de las peores contracciones en la actividad económica en todo el mundo", analizó el director de inversiones y empresas de UNCTAD, James Zhan.

En Brasil, la recepción de inversiones cayó un 62 %, para totalizar 25.000 millones de dólares, afectada esta economía por la menor entrada de capital en extracción de petróleo y gas, suministro de energía y servicios financieros.

Especialmente dramático fue el caso de Perú, donde una de las peores recesiones económicas del mundo, combinada con la inestabilidad política, provocó que las inversiones se desplomaran: de 8.000 millones de dólares en 2019 se cayó a 982 millones en 2020.

En Centroamérica el descenso fue algo menor, de sólo el 24 %, debido sobre todo a la situación en México, donde a causa de ganancias reinvertidas la inversión extranjera sólo se redujo un 15 %, hasta totalizar 29.000 millones de dólares el pasado año.

Para 2021, la UNCTAD espera que los flujos de inversión hacia y desde Latinoamérica se mantengan a un nivel bajo, y vaticina que no recuperen niveles previos a la pandemia hasta 2023, un año más tarde de lo apuntado por las predicciones a nivel global.

"Los inversores extranjeros (en Latinoamérica) se centrarán en la energía limpia y los minerales críticos para ella, impulsados por un nuevo progreso mundial hacia una recuperación sostenible", prevé el informe de Naciones Unidas.

A nivel global, la inversión foránea directa, que ascendió a un billón de dólares (un tercio menos que el billón y medio de 2019) cayó de manera más pronunciada en los países desarrollados (un 58 %), especialmente en Europa (80 %), aunque también se espera que la recuperación sea más rápida en esas economías.

UNCTAD estima que para este año la inversión extranjera aún será un 25 % menor a la de 2019, último año antes de la pandemia.

También subraya que las perspectivas de crecimiento en 2021 y 2022 aún están rodeadas de incertidumbre, ya que dependerán de factores tales como posibles recaídas de la pandemia, el impacto potencial de los planes estatales de recuperación económica en la inversión o las presiones políticas.

 

21 junio 2021

(Con información de EFE)

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La industria de la salud privada rinde cuentas sólo a sus accionistas, y eso se mide en ganancias, no en el bienestar de las comunidades, afirma el doctor Eric Manheimer, autor de Doce pacientes, obra en la cual se basa la serie New Amsterdam. Foto cortesía del Fondo de Cultura Económica

La pandemia no fue un accidente, fue pronosticada; el Covid ha sido estudiado por más de 20 años, dice

La industria sanitaria tiene un componente de élite que ofrece lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino que también estaría minando la democracia, señala el médico que manejó 14 años el hospital público estadunidense más famoso y antiguo

 

Nueva York., El doctor Eric Manheimer, director médico durante 14 años del hospital público más famoso y antiguo de Estados Unidos y autor de Doce pacientes, que narra desde ese hospital la gran pugna por el bienestar y rescate de seres humanos ante condiciones sociales y económicas que nos enferman –libro en que se basa la serie de televisión New Amsterdam–, comenta que después de más de un año de la pandemia queda claro que la lucha por la salud del pueblo debe rechazar el modelo de salud privatizador y de lucro estadunidense que se propaga a nivel mundial.

La ira digna de quien fue director médico del hospital Bellevue en Nueva York –el cual atiende desde jefes de Estado y ejecutivos de Wall Street hasta inmigrantes indocumentados y reos de la prisión Rikers– centra su crítica en la industria médica y el amor a sus compañeros que diariamente buscan rescatar y sanarnos.

La Jornada: ¿Qué está al centro de la disputa por la salud en el mundo hoy día?

Eric Manheimer: “El sistema de salud de Estados Unidos se está globalizando, poco a poco, en parte por un proceso deliberado de privatización de servicios de salud.

“Les cuento un ejemplo de esto en México. Una amiga pidió verme porque estaba preocupada por un diagnóstico de cáncer de mama que recibió de un doctor que todos quieren y recomiendan. Llega con unos fólders grandes –resultado de que el médico no te ve, sino te receta muchos exámenes médicos y te entrega ese archivo. Si uno realiza suficientes exámenes sobre cualquiera, siempre se va a detectar algo, pero generalmente son falsos positivos. ¿Qué es lo que pasa? Ese doctor tiene un negocio que se dedica a recetar exámenes médicos, 99 por ciento de los cuales son innecesarios, y ahí comienza el proceso de canalizar el caso a especialistas. Resulta que esta amiga no tenía lo que le habían dicho. ¿Qué ocurrió?: No tienes un doctor, tienes una máquina de exámenes que genera mucha lana. Es sólo un ejemplo de cómo el sistema en México está imitando al de Estados Unidos, donde hay un exceso de exámenes, lo cual nutre los temores de pacientes, mientras generan indicaciones de otros malestares que requieren aún más exámenes y segundas opiniones. En este ejemplo ni uno solo de los especialistas le hizo un examen físico básico a esta mujer. Fue una biopsia de su cartera. Eso es lo que está ocurriendo en México, como en otros países.

“La industria de salud privada no rinde cuentas sobre la salud de poblaciones. Lo único que sabemos de ellos es cuánto dinero ganan las empresas de servicios de salud cada trimestre. Sólo rinden cuentas a sus accionistas y eso se mide en ganancias, no en la salud de una población.

“La industria de la salud podría ser una de las más responsables de la falta de sanidad en una población… Hoy día, el gasto en el sector representa 20 por ciento del PIB en Estados Unidos, es decir, 4 billones de dólares anuales, y sigue subiendo. Es tan grande, que según algunas investigaciones ese gasto no sólo limita lo que se debería gastar en educación e infraestructura, sino que podría ser el mayor factor en suprimir el ingreso de la clase trabajadora, el cual no se ha elevado en 40 años al tener que pagar costos cada vez más altos.

"En resumen, la industria de la salud tiene un componente de élite que ofrece todo lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino hasta minando la democracia."

–¿Cómo diagnosticaría esa lucha diaria de doctores que se dedican a la salud de seres humanos dentro de este modelo?

–Al inicio de mi carrera me di cuenta de que mucho de lo que aprendí en la escuela de medicina no es relevante. Obvio que los tratamientos y otros conocimientos médicos sí, pero no explicaba por qué la gente estaba en un hospital, cómo llegaron ahí, cómo y qué tanto se les trató.

“A lo largo de los siguientes 10 años, tuve que aprender más sobre sociología, antropología médica, economía, historia, todos los aspectos de contexto que rodean a los pacientes, sus comunidades incluyendo la estructura socioeconómica, raza, el tema de disparidad de género. Me di cuenta de que lo que necesitaba hacer era aprender a través de mis pacientes, escucharlos, entender sus historias.

“Para ilustrar lo que digo: estás en un consultorio donde hay un doctor y un paciente. Están solos, aislados, la puerta cerrada. Pero la realidad es que hay un sinnúmero de fuerzas gigantescas presentes dentro de esa oficina. Está el lugar de donde llegó el paciente, su código postal, la historia de su familia, la historia de su migración, su educación, el tema de alcoholismo y drogas, o no, entre otras cosas. Para el doctor, también están presentes varios factores, incluidos algunos que limitan su visión, su capacitación, el sistema en que trabaja, y si éste es público o privado, cómo se les paga, entre otras variables infinitas.

"Lo que tuve que hacer durante los años siguientes fue detectar esos campos gravitacionales invisibles (en encuentros entre pacientes y médicos), los cuales pueden ser manifestaciones de desigualdad, racismo, todas las construcciones sociales de la salud. Al atender al paciente tenía que tomar eso en consideración y no sólo con la libreta de recetas médicas a la mano y ordenando más y más exámenes, de hecho, justo aprendiendo a no hacer eso. Cuando llegué a mi máximo punto de madurez como doctor es cuando logré decirme a mí mismo que no, que ya basta."

–A más de un año de que estalló la pandemia, ¿qué hemos aprendido y qué no?

–Primero, la pandemia fue pronosticada. No fue un accidente, no fue un evento, no fue un meteorito que llegó de repente. El virus Covid ha sido muy estudiado por más de 20 años, y es porque ha habido otras manifestaciones del virus en 2003 y otra más. Se supone que fue transmitido de animales a humanos, igual que funciona la pandemia de la influenza cada año. De hecho, 60 por ciento de todas las infecciones en humanos se originan en animales, esto ha sido desde siempre. No hay nada raro con eso.

“¿Pero por qué estamos padeciendo estas pandemias? Tiene que ver con la invasión de la población humana al hábitat animal. Hemos cruzado las líneas. Habrá más pandemias, algunas recurrentes, otras nuevas. Sabemos por qué.

“Pero la pregunta es si podemos, como agrupaciones de naciones, lograr que instancias como la Organización Mundial de Salud tenga la capacidad para enfrentarlas. Hasta ahora, no ha existido la voluntad política para lograrlo. Veamos: el monto de dinero que Estados Unidos gasta en construir un portaviones fácilmente podría pagar, y varias veces, todo lo que se necesita hacer de manera colectiva para lograrlo, no estamos hablando de nada extraordinario, sino de hacer lo que ya hacemos con la influenza.

“Qué más aprendimos? Que se lograron producir todas estas vacunas, pero el problema está en quiénes tienen acceso. Estamos viendo tasas de mortalidad enormes en países donde no están disponibles. No sabemos si habrá acceso universal a la vacuna, eso de a quién se le tiene que pagar, quién tiene la patente o la licencia, todo esto está al centro de la pregunta sobre si la pandemia es un asunto monetario y no de salud pública.

"Lo otro que aprendimos es que gobiernos autoritarios son un gran problema. Estados Unidos, cuando estaba gobernado por Trump, causó medio millón de muertes excesivas (o sea, innecesarias). Eso, de hacer de esto un tema político, jugar con eso de los cubrebocas, y más, igual que Bolsonaro."

Doce pacientes (Twelve Patients) será publicado en español próximamente por el Fondo de Cultura Económica. New Amsterdam, del cual Manheimer no sólo es la inspiración, sino el principal asesor médico, se puede ver en Netflix.

Manheimer sobre la pandemia en La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/politica/008a1pol).

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Zhang Yiming, fundador de ByteDance, donde posa en su sede en Pekín en 2019.Gilles Sabrie / Bloomberg

Por primera vez, la ciudad china adelanta a Nueva York y se coloca como la localidad que acoge al mayor número de grandes fortunas del mundo

Ni Nueva York, ni Londres, ni París. Por primera vez, Pekín se ha convertido en la ciudad que concentra mayor número de supermillonarios en todo el planeta, en una ilustración de la fuerza de su economía —la única de las grandes que creció el año pasado— mientras el resto del mundo lucha aún por superar la pandemia de la covid 19. La capital china, de 20 millones de habitantes, es el hogar de cien de las personas más ricas del mundo, mientras que su inmediata competidora, Nueva York, acoge a 99, según un estudio de la revista Forbes.

En total, un 10% de los 2.750 mayores millonarios mundiales residen en cuatro ciudades chinas: además de Pekín, las urbes favoritas de los magnates chinos son Shanghái, la capital económica del país; Shenzhen, la capital tecnológica, y Hangzhou, sede del gigante del comercio electrónico Alibaba. Esta última ciudad, en el este de China, se sitúa por primera vez entre las diez metrópolis con mayor concentración de superricos y expulsa de la lista a Singapur.

Entre las cuatro provincias han sumado 96 nuevos supermillonarios —aquellos que poseen una fortuna personal superior a los mil millones de dólares—, mientras que las otras seis en la lista de diez ciudades con mayor número de ricos “solo” agregan 53 más. En Pekín, el elenco de magnates creció en 33 personas a lo largo del año pasado.

Las fortunas del centenar de los más ricos en Pekín acumulan 484.300 millones de dólares, más que todo el PIB anual de Argentina (unos 450.000 millones de dólares) y el doble del de Portugal. Entre ellos, el más adinerado es el fundador de Bytedance, la empresa propietaria de la red social TikTok (o Douyin, su versión china), Zhang Yiming, que tras ver doblar su valor es dueño de 35.600 millones de dólares, según los cálculos de Forbes.

Entre los magnates pequineses que han cruzado este año el umbral de las grandes fortunas, el que acumula un mayor peculio personal es el fundador de la cadena de jugueterías PopMart, Wang Ning, que con solo 34 años suma 5.800 millones de dólares tras la salida de su empresa a Bolsa en Hong Kong el pasado diciembre.

Pero si Pekín ostenta el número uno entre las ciudades con mayor número de millonarios, la segunda, Nueva York, le supera en riqueza total de los suyos. Los Cresos de la Gran Manzana, que incorporó a siete nuevos superricos a su lista el año pasado, acumulan 560.500 millones de dólares entre sus respectivas fortunas personales. Una cantidad superior en 80.000 millones de dólares a la que suman sus homólogos de la capital china, que supera el PIB anual de Suecia y el de Bélgica, y que equivale a la suma de los de Chile, Perú y Costa Rica. El neoyorquino con más posibles es su exalcalde Michael Bloomberg, al que se le calculan bienes por valor de 59.000 millones de dólares.

Donde China recupera el liderazgo es en el número de nuevos supermillonarios: de los 388 que contaba el año pasado ha pasado en 2021 a 626, y queda solo por debajo de Estados Unidos, que presenta 724 fortunas superiores a los mil millones de dólares. Entre los magnates chinos que aparecen listados este año, 205 figuran por primera vez, mientras que otros 53 son empresarios que reaparecen después de que sus nombres salieran del Olimpo de los más ricos en años anteriores. Los chinos más ricos controlan bienes por un valor total de 2,5 billones de dólares, más del doble de los 1,2 billones del año pasado.

Muchas de las nuevas entradas que aporta China a la lista de las mayores fortunas han labrado su riqueza en el pujante sector tecnológico de su país, que el año pasado registró un crecimiento explosivo durante la pandemia tras dispararse la demanda de mayor ocio en internet y las compras electrónicas. Entre los mayores millonarios del gigante asiático figuran personalidades desde Jack Ma, fundador del gigante del comercio electrónico Alibaba y que desde el año pasado arrastra un insistente escrutinio de las autoridades, a Lei Ding, propietario de la firma de juegos online NetEase. La fortuna del primero asciende, según Forbes, a 48.400 millones de dólares. La del segundo, a 33.000 millones.

Aunque el hombre más rico de China no ha hecho su dinero con el sector tecnológico. Tampoco reside en Pekín, sino en Hangzhou. Es Zhong Shanshan, al que la revista le calcula bienes por valor de 68.900 millones de dólares después de la salida a Bolsa de su compañía de agua embotellada, Nongfu Spring, en septiembre pasado.

Por Macarena Vidal Liy

Pekín - 20 abr 2021 - 5:20 CEST

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En plena catástrofe sanitaria Bolsonaro anunció una semana de privatizaciones

El gobierno de Bolsonaro inicia este miércoles una gran subasta de 28 infraestructuras controladas por el estado, entre aeropuertos, terminales marinas y ferrocarriles.

Espera atraer en tan solo una semana inversiones por unos 1.800 millones de dólares, un proceso que pone a prueba el proyecto privatizador del mandatario en plena crisis del coronavirus y en medio de turbulencias políticas.

Mientras la población muere por miles, el presidente y su ministro de Infraestructura, Tarcísio Freitas, aprovechan para entregar la infraestructura brasileña al capital privado.

El gobierno prevé subastar 22 aeropuertos actualmente operados por la estatal Infraero, 5 terminales portuarias (cuatro en Itaqui y una en Pelotas) y el primer tramo del Ferrocarril de Integración Oeste-Este (Fiol), entre Ilhéus y Caetité, en Bahía. El proyecto incluye la venta de los derechos de explotación por 30 años.

"Nuestro principal objetivo no es la recaudación, es la generación de inversión", afirmó en una rueda de prensa el ministro de Infraestructura, quien dio por inaugurada lo que llamó "Infra Week", como el Gobierno ha bautizado la semana de concesiones que serán realizadas en la bolsa de Sao Paulo.

La agroindustria y la minería es uno de los sectores de los empresarios nacionales a los que el gobierno busca favorecer. El ferrocarril que se entregará puede consolidarse como un corredor logístico para la exportación y transporte de mineral de hierro y granos.

Para mostrar sumisión total a la voluntad del mercado, el gobierno de Bolsonaro decidió arrodillarse a voluntad de posibles compradores para contratar a otra empresa para que sea la operadora de la terminal subastada, es decir, además de privatizar, también avanza con la subcontratación que atenta contra los derechos y los salarios de los trabajadores.

Los proyectos de privatización se duplicaron con creces. En 2020, el ministerio de Suministro de Infraestructura, en línea con las políticas neoliberales del ministro de Economía, Paulo Guedes, había ofrecido voluntariamente 9 bienes públicos al mercado. Hoy, con el impacto de la pandemia en su negocio, la demanda en la zona portuaria ha aumentado, mientras que en los aeropuertos ha caído drásticamente.

El gobierno está entusiasmado mientras con las incertidumbres de la pandemia genera mayor desempleo, el hambre y la inflación. El “apetito” por concesiones de largo plazo se explica por el alto potencial de rentabilidad con compras de activos muy devaluados, con inversores que buscan rentabilidad en entornos con tipos de interés bajos y precios aún más rentables. La devaluación del real frente al dólar es uno de esos “triunfos” del gobierno de Bolsonaro, lo que demuestra que la crisis de salud y económica que afecta a la población trabajadora y pobre es una oportunidad de negocio entre ellos y el mercado.

Martes 6 de abril | 19:47
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En la pandemia fortuna de firmas deportivas de EU sube en 92 mil mdd

En un año marcado por la pandemia y las medidas que obligaron a los estadios a cerrar o tener aforo limitado, 64 propietarios de 68 franquicias deportivas en Estados Unidos incrementaron su fortuna en 92 mil millones de dólares, mientras millones de personas perdían empleo, ingresos o caían en la pobreza en ese país, revela un estudio realizado por el Instituto de Estudios Políticos (IPS, por sus siglas en inglés) y Americanos por la Equidad (ATF).

Los 64 multimillonarios que poseen las franquicias deportivas tenían una riqueza de 326 mil millones de dólares hasta el 18 de marzo de 2020; al finalizar enero de 2021 asciende a 418 mil millones de dólares, un alza de 28 por ciento desde que se iniciaron las primeras medidas de confinamiento a nivel global para aminorar los contagios de Covid-19.

Reciben elevados subsidios

"La ganancia privada de los multimillonarios deportivos, en medio de tanto dolor público, es irritante, pues muchas franquicias han sido beneficiarias de las donaciones de los contribuyentes", enfatizó el estudio.

Detalló que en las últimas décadas, según datos de Field of Schemes, firma especializada en temas deportivos, 25 equipos profesionales propiedad de 26 multimillonarios, han recibido 8 mil 900 millones en subsidios de los contribuyentes para ayudar a construir o actualizar estadios y hacer otras inversiones. "Estos propietarios de equipos subvencionados públicamente han visto aumentar su riqueza 20 mil millones durante la pandemia y 48 mil millones desde marzo de 2016", precisó.

"Sólo en cinco años, cuando se recortaron acuerdos fiscales, la riqueza colectiva de los multimillonarios del deporte se disparó 171 mil millones de dólares, o casi 70 por ciento. Su riqueza combinada, de 247 mil millones en marzo de 2016, había crecido a 418 mil millones para finales de enero de este año", refirió.

La ganancia de 92 mil millones entre los 64 multimillonarios dueños de franquicias deportivas desde marzo de 2020 podría pagar un estímulo para el alivio de la pandemia de 275 dólares por cada uno de los 330 millones de habitantes de Estados Unidos, calculó el estudio.

"El monto representa casi una tercera parte del costo de 290 mil millones al proporcionar 400 dólares por semana a los beneficiarios de programas de desempleo existentes hasta septiembre en ese país. Esa larga racha ganadora es sólo parte del dominio de una dinastía nacional de 660 multimillonarios estadounidenses, cuya riqueza ha crecido 1.2 billones de dólares, o 40 por ciento, durante la pandemia, pues pasó de de 2.9 billones a 4.1 billones", señaló.

El estudio fue hecho por las dos organizaciones, a propósito del Supertazón de futbol americano profesional, que enfrentará el próximo domingo a Kansas City y Tampa Bay. Al respecto, detalló que tanto la familia Hunt, propietaria de Jefes de Kansas City, como la Glazer, de Bucaneros de Tampa, continuarán su largo reinado en Estados Unidos.

Se estima que el patrimonio de los Hunts es de 6 mil 200 millones de dólares, un alza de 400 millones de dólares durante la crisis de Covid-19, mientras los propietarios de Kansas City recibieron 250 millones de dólares en subsidios de los contribuyentes para renovar el estadio en 2006.

"Todo eso mientras los fanáticos en casa están perdiendo sus vidas y sus medios de subsistencia. El trabajo en equipo real requeriría que los multimillonarios paguen su parte justa de impuestos", dijo Frank Clemente, director ejecutivo de ATF.

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