Viernes, 30 Noviembre 2018 05:42

Trump se acerca a China, pero no tanto

Trump se acerca a China, pero no tanto

El republicano dijo que podrían lograr un acuerdo comercial, pero que él preferiría no hacerlo

En medio de la guerra comercial, el magnate neoyorquino afrimó que el mundo está abierto a hacer un trato, pero que le gusta el acuerdo que tiene ahora con China. Trump y Xi se reunirán mañana con agenda abierta y en un lugar secreto.


El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que un acuerdo comercial con China estaba “cerca”, pero agregó que él preferiría no llegar a uno, enfriando las esperanzas de un avance en la cumbre del G-20. Trump y el presidente chino, Xi Jinping, se reunirán durante la cumbre en Argentina, que comienza hoy. “Creo que estamos muy cerca de hacer algo con China pero no sé si quiero hacerlo”, les dijo Trump a los periodistas de la Casa Blanca antes de iniciar su viaje a Buenos Aires.


Estados Unidos inició en julio una guerra comercial con el gigante asiático al imponer un aumento de los aranceles a la importación de productos chinos por valor de 34.000 millones de dólares. En septiembre, Washington gravó además un arancel del 10 % a 200.000 millones de dólares de importaciones chinas, que subirá al 25 % en enero de 2019, y ha amenazado con sancionar bienes por otros 267.000 millones de dólares. Las autoridades estadounidenses han renovado en los últimos días sus críticas a China ante la reunión entre ambos mandatarios.


China criticó la agresiva política comercial de EE.UU. “por sus dañinas consecuencias” y aplicó medidas recíprocas a más de 60.000 millones de dólares en importaciones estadounidenses.


Los mercados esperan que se pueda llegar a un acuerdo antes de fin de año, cuando los aranceles estadounidenses aumenten significativamente.


Ayer, Trump también reiteró que los aranceles estadounidenses generaban ingresos fiscales: “Lo que tenemos ahora es que miles de millones y miles de millones de dólares ingresan a Estados Unidos en forma de impuestos”, dijo, resaltando los beneficios de la disputa comercial.


Es más, Trump recomendó a aquellas empresas que sufren los impuestos que trasladen sus fábricas a su país. “Si las empresas no quieren pagar aranceles, que produzcan en Estados Unidos”.


Los economistas y críticos de las políticas comerciales de Trump señalan que los impuestos son pagados por los importadores y, por lo tanto, constituyen un gravamen a la industria y a los consumidores de Estados Unidos que China no paga.


El magnate republicano dijo que creía que Beijing esperaba llegar a un acuerdo. “Creo que China quiere hacer un trato. Estoy abierto a hacer un trato, pero francamente me gusta el acuerdo que tenemos ahora”, dijo.


En una entrevista del diario The Wall Street Journal publicada anteayer, Trump consideró “muy improbable” una postergación de la subida de aranceles al 25 % para bienes por valor de 200.000 millones de dólares importados de China, como quiere Beijing mientras las dos partes negocian.


Señaló que si no se llega a un acuerdo con Xi Jinping para la apertura de su mercado a las exportaciones estadounidenses, proseguirá con su presión comercial sobre la segunda economía mundial gravando otros bienes sobre los que aún no ha aplicado subidas arancelarias.


Se confirmó que Trump y su par chino Xi Jinping cenarán juntos mañana, con agenda abierta y en un lugar secreto.

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 Los contratos para las edificaciones fueron otorgados, a dedo, por el Kremlin a multimillonarios amigos del presidente Putin.

Construirlas y remozarlas fue blanco de severas críticas, debido a que el gasto resultó 20 veces más elevado de lo estimado



Quien tenga la oportunidad –y por supuesto el dinero para comprar los boletos– de asistir a unos de los 12 estadios, tres remozados y nueve construidos desde cero, que serán escenario de los enfrentamientos durante este mundial, seguramente quedará maravillado por su impresionante semblante arquitectónico y funcionalidad, sobre todo si gana su equipo y pasa a la siguiente ronda.


Los rusos, y no porque los chamanes de Siberia predigan que su selección no va a llegar muy lejos, quizás no estén tan de acuerdo con la impresión de un visitante foráneo que no paga impuestos en Rusia. Tienen motivos de sobra para criticar que esas moles de cemento, que en nada se diferencian de las que hay en otros países, aquí hayan resultado unas 20 veces más costosas.


Millonarios ingresos


El prototipo de ese despilfarro –fuente de los multimillonarios ingresos de los consorcios que recibieron del Kremlin, a dedo, el encargo de construir o modernizar los recintos deportivos, aeropuertos, carreteras, hoteles y demás componentes de la logística mundialista– es el estadio Krestovsky, en San Petersburgo, ciudad natal del presidente de Rusia, Vladimir Putin.


Estrenado por fin como Zenit Arena o estadio de San Petersburgo el año pasado, empezó a construirse en 2007 y, 10 años después, con un presupuesto inicial de 112 millones de dólares, terminó costando mil 400 millones de billetes verdes. Casi nada, si se compara con los 51 mil millones de dólares en 2014 que gastó Rusia para organizar los Juegos Olímpicos de Invierno en Sochi, un balneario con clima tropical en la costa del mar Negro.


Este estadio, formalmente, es la casa del club de futbol Zenit, que a su vez, legalmente, pertenece a Gazprom, monopolio estatal del combustible azul, el cual, en realidad, es la gran caja chica del Kremlin, que dispone de sus ganancias como le viene en gana.


Un ejemplo: Gerhard Schroeder, ex canciller federal de Alemania y amigo personal de Putin, cobra –según trascendió y se publicó en la prensa rusa– algo así como 25 mil euros mensuales como cabildero principal de uno de los gasoductos que se construyen para transportar el gas ruso a Europa, sin pasar por Ucrania.

Además, también saca algún dinerito en calidad de presidente del consejo de administración de la petrolera Rosneft y desde niño le va a un equipo ahora segundón de la Bundesliga, el Schalke-04, motivo por el cual el logotipo de Gazprom, desde hace 12 años, engalana su camiseta por la módica suma de 33 millones de euros por temporada.


Gazprom encargó la construcción del estadio de San Petersburgo a uno de los más grandes holdings de la construcción de Rusia, Transstroi, cuando pertenecía de hecho al magnate Oleg Deripaska, ahora afectado por las más recientes sanciones de Estados Unidos, que en diciembre de 2014 vendió sus acciones al empresario Yegor Andreyev, su compañero de estudios en la universidad y actual accionista mayoritario.


Transstroi, quien ya se había despachado con la cuchara gorda con las obras para los Juegos Olímpícos de Invierno en Sochi, obtuvo varios jugosos contratos en materia de infraestructura para el mundial, entre otros los aeropuertos Sheremetievo (una de las terminales) y Vnukovo de Moscú y el de Sochi, pero no pudo terminar el oneroso estadio en San Petersburgo y, tras salir a la luz varios escándalos de auténtico saqueo por parte de sus directivos, tuvo que ceder en el verano de 2016 la obra a otra compañía, Metrostroi, que con 400 millones más la concluyó sin problemas.


En contraste, el estadio Luzhniki, escenario de encuentros relevantes como el partido inaugural, una semifinal y la final, aparte de otros partidos en distintas fases y uno especialmente esperado por los paisanos que ya llegaron a Rusia, el debut de México contra Alemania en el Grupo F, quedó renovado por completo y sin sobresaltos de última hora, aunque como todos costó una millonada.


Entre colegas


Se encargó de la obra el Mosinzhproyekt, compañía cuyas acciones pertenecen al ciento por ciento –gracias a los contribuyentes capitalinos– a la alcaldía de Moscú, feudo de Serguei Sobianin, mientras el Kazan Arena, el Samara Arena y el Mordovia Arena quedaron en manos de uno de los hombres más ricos de Tatarstán, Ravil Ziganshin, quien también es diputado por el partido oficialista Rusia Unida.


El multimillonario Guennadi Timchenko, colega de Putin en la estación del KGB en Dresde, Alemania del Este, consiguió para su compañía Stroitransgas los contratos para construir dos estadios, el de Volvogrado y el de Nizhni Novgorod. Timchenko empezó a hacer su fortuna como socio de Gunvor, comercializadora de petróleo que por indicaciones del Kremlin, según las malas lenguas, llegó a vender una tercera parte de todo el oro negro que extraían las petroleras rusas. Otro socio de sus tres propietarios era Guennadi Kolbin, amigo de la infancia de Putin.


Uno de los mayores contratistas de Gazprom, Arkadi Rotenberg, compañero de Putin en la escuela de judo, invirtió sus ahorros en otra de las terminales del aeropuerto Sheremetievo, mientras el magnate Viktor Vekselberg, también muy cercano al titular del Kremlin, se encargó de modernizar los aeropuertos de Ninzhni Novgorod, Samara y Yekaterimburgo, así como de levantar un nuevo en Rostov del Don.


Ahí, en la llamada puerta rusa del Cáucaso del norte, el dueño de Crocus International, Agas Agalarov, se hizo cargo de la construcción del Rostov Arena y, en el extremo más occidental de Rusia, el enclave de Kaliningrado, de la Arena del Báltico.


Agalarov, azerbaiyano afincado en la capital rusa, trajo a Moscú al actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, cuando era un exitoso vendedor de bienes raíces y se divertía como propietario de la franquicia del concurso de Miss Universo. Hablaron de construir juntos un rascacielos cerca del Kremlin y, al parecer, no se pusieron de acuerdo en los términos.


Otros multimillonarios participaron también en el negocio de la construcción mundialista: a Dimitri Pumpiansky, con su grupo Sinara-Development, le tocó el Yekaterimburg Arena, al tiempo que Leonid Fedun, accionista de la petrolera Lukoil y dueño del Spartak de Moscú, puso 550 millones de dólares de su bolsillo para tener un nuevo estadio, y los herederos de Mijail Rudiak, quien falleció en 2007, al frente de la empresa familiar, Ingeokom, edificaron el estadio Fisht en Sochi, inaugurado hace cuatro años.


Conatos de huelga


Hubo fuertes críticas por la falta de pago a los obreros, incluso varios conatos de huelga, en su mayoría migrantes de las repúblicas ex soviéticas y muchos albañiles que vinieron desde Turquía, siguiendo la amoral máxima de algún prócer del capitalismo de que para hacer dinero hace falta contratar a quien trabaje más y cobre menos.


De acuerdo con la prensa local, el robo del dinero de los contribuyentes rusos llegó a convertirse en un fenómeno generalizado por la nociva práctica del otkat (reflujo), como aquí se llama la manía que tienen los beneficiarios de los contratos de agasajar con insultantes comisiones ilegales a sus valedores, los funcionarios del gobierno.


Y para demostrar que el combate a la corrupción es un compromiso firme, de vez en cuando se somete a juicio a pequeños subcontratistas como sucedió con uno de la Arena del Báltico, en Kaliningrado, acusado de desaparecer, con más habilidad que un mago del circo de Moscú, 500 millones de rublos o, al cambio oficial, más de 8 millones de dólares.


Eso sí, justo es reconocerlo, los estadios del mundial están a todo dar.

 

Por Juan Pablo Duch
Corresponsal/ III

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Miércoles, 25 Abril 2018 05:57

La Bella y la Bestia

La Bella y la Bestia

La eterna disputa entre Europa y los Estados Unidos por la hegemonía en Medio Oriente volvió a plasmarse en el viaje que el presidente francés Emmanuel Macron realiza a Estados Unidos. Fuera de las decorativas teatralidades a que da lugar toda visita, el tema por excelencia era Irán. Trump y Macron pugnan por objetivos contrarios: el primero tiene una vaga noción de lo que está en juego más allá de sus mediáticas gesticulaciones, el segundo es consciente de los desastres que acarrearían una ruptura del acuerdo nuclear con Irán que Teherán negoció con la precedente administración de Barack Obama.


El texto congelaba el programa nuclear iraní por un lapso de 10 años y fue firmado en julio de 2015 en Viena por el grupo 5 más uno (los cinco miembros del Consejo de Seguridad, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia, más Alemania e Irán). Actualmente, además de Francia, Gran Bretaña, China y Rusia abogan por que se “respeten” los términos y la vigencia de dicho acuerdo. Irán rehúsa que se modifique el corazón del texto y amenazó con retirarse del Tratado de No Proliferación Nuclear.


La escena de fondo de este antagonismo entre Macron y Trump bien podría sintetizarse como un intercambio entre la Bella y la Bestia. Mientras el presidente francés le ofrecía a Trump la posibilidad de un acuerdo revisado, Trump, ante su invitado, calificó el acuerdo de 2015 como “ridículo, demente y ruinoso” y advirtió que si Teherán reactiva el programa nuclear “habrá un problema más grande que nunca”.


Fiel a su impulsividad, el presidente norteamericano fijó un ultimátum, tanto a los europeos como a Irán: si de aquí al 12 de mayo los europeos no cambian de posición y no acrecientan su presión diplomática ante Teherán, el acuerdo sobre el programa nuclear iraní dejaría de tener valor. La palabra que usó Trump es una pura fruta de su campo de odio: “despedazar”. Macron le respondió con otro estilo. “No se despedaza un acuerdo para ir hacia ningún lado. Se construye un acuerdo más amplio capaz de cubrir el conjunto de nuestras preocupaciones”. El territorio de la pedagogía será arduo. El jefe del Estado francés trata de que Trump entienda de que, en caso de nueva crisis, el tema no se limitaría a Irán sino que rebasaría a toda la región, empezando por Siria.


Hoy, París propone un plan que consta de cuatro etapas y que parte del mantenimiento de la vigencia del actual acuerdo: una, el bloqueo de cualquier actividad nuclear iraní hasta el año 2025. Dos, impedir las actividades nucleares; tres, parar también la actividad balística y, por último, crear las condiciones de una estabilidad política en la región. Macron también considera que es imposible pactar con Irán sin tomar en cuenta un capítulo en donde se asocie a Teherán para revertir la crisis Siria, lo cual debería también implicar a Rusia y Turquía.


Macron reconoció que a este respecto Washington y París no comparten “las mismas posiciones”. Sin embargo, pese al belicismo patotero de Trump, la divergencia no parece haber cerrado la posibilidad de avanzar. Macron dijo que “las discusiones permiten abrir el camino de un nuevo acuerdo”. Según adelantan analistas de la prensa francesa, el choque de fondo entre Macron y Trump es táctico: el primero va con guantes de seda, el segundo con misiles, empezando por los retóricos a los que ya ha acostumbrado al mundo. Para Trump -y así es su vocabulario- todo se divide entre “bueno” y malo”. Entre ambos y más allá no hay nada. Lo cierto es que detrás de todas estas bravuconadas hay una mesa de trabajo activa. Miembros del Departamento de Estado norteamericano a cuyo frente está Brian Hook negocian con París, Londres y Berlín la forma en que se podría completar el acuerdo. Encerrado entre sus halcones y otros lobbies, Trump no ve más allá de nada. Compulsivo, caprichoso, el mandatario puede precipitar un desastre en Medio Oriente. Ya lo hizo el ex presidente George W. Bush con su guerra mentirosa (2003, Segunda Guerra de Irak).


Las consecuencias se siguen pagando. Tal vez, como ocurrió con la misión punitiva en Siria, sólo se trate de un jueguito sucio de amenazas y provocaciones por parte de un mandatario que ha tomado al mundo por una pelea de barrio. Esta vez, sin embargo, hay quien puede ponerle límites. Rusia, China, Gran Bretaña y Francia se han coordinado para trazar un cordón de seguridad ante la demencia geopolítica de Trump.
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Francia: los ferroviarios lanzan 36 jornadas de huelga contra la privatización del ferrocarril


El 3 de abril empiezan las 36 jornadas de huelga convocadas por los trabajadores ferroviarios de aquí a junio (dos días de huelga de cada cinco) para defender su estatuto como trabajadores públicos y luchar contra la privatización de la empresa pública de ferrocarriles.

 

Macron se enfrentará a partir de hoy a su primer gran desafío en la calle. Los ferroviarios de Francia convocan huelga dos de cada cinco días durante los próximos meses. La razón es defender su estatuto como trabajadores públicos, mientras el Gobierno no cede en su estrategia de liberalización del trabajo, ya comenzada en la anterior legislatura cuando el ahora presidente de la República era ministro de Economía.

Antes del verano se quiere aprobar una reforma total de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), en la que la supresión del estatuto de los ferroviarios es su punto más polémico, aunque no el único. La reforma se traducirá en la entrada de capital privado en la empresa pública, con el objetivo, según el Gobierno, de reducir los 50.000 millones de euros de deuda de la SNCF.


Fiel a su estilo de los últimos meses, el primer ministro anunció que la reforma se realizará mediante la vía de ordenanzas. Estos decretos permiten “agilizar los trámites legislativos”, es decir, no tener que pasar por debate parlamentario, lo que según el Gobierno no significa obviar el debate, ya que ya han pasado más de 300 horas de negociaciones con los sindicatos. Pero ésta no es la única razón; el primer ministro, Edouard Philippe, lo dejó claro en su intervención anunciando las reformas: “Si algunos intentan pervertir el debate ferroviario convirtiéndolo en un debate ideológico desconectado de las necesidades de movilidad de los franceses, el Gobierno tendrá que asumir su responsabilidad”.


Antes de tomar esta decisión se encargó un informe de la situación del modelo ferroviario a Jean-Cyril Spinetta, exdirector de Air France: “La apertura a la competencia debe ser la ocasión de modernizar el ferrocarril y hacerlo más competitivo, será un éxito que se traducirá en la mejora de la calidad, la diversificación de servicios propuestos a los viajeros y una bajada de costes para los usuarios y las finanzas públicas”.


Basándose en este informe y sus recomendaciones, se tomó la decisión de suprimir el estatuto para garantizar la competitividad de la empresa frente a otros competidores. La lectura que realiza el Ejecutivo es que es necesario modernizarse y eso conlleva la pérdida de ciertos derechos históricos que habían adquirido los trabajadores ferroviarios, que a partir de ahora se regirán por el Código del Trabajo como cualquier trabajador de la empresa privada. El primer ministro ha asegurado que los trabajadores que ya se encuentran al amparo del estatuto lo conservarán.


Cassandra trabaja en la venta de billetes de tren en la estación de París Saint-Lazare. Entró a trabajar en la SNCF hace dos años y medio y es la última de las personas contratadas en su servicio que disfruta del estatuto: “Tenemos que trabajar cada día más y más para aumentar la productividad, todo con el objetivo de facilitar la apertura a la competencia. Si el día de mañana nuestro puesto es transferido a una empresa privada, perdemos el estatuto”. Explica que, a día de hoy, el estatuto les protege de los despidos colectivos, situación que cambiará con el nuevo modelo.


“Nuestras condiciones de trabajo son bastante complicadas, no somos privilegiados como intentan hacer creer”, añade. En su caso, la lucha no es sólo por su propio trabajo, sino por solidaridad con los nuevos trabajadores que no tendrán ese estatuto: “El cambio de modelo en Francia no nos afecta sólo a nosotros, es una precarización general del mundo del trabajo”.


En la SNCF ya hay trabajadores que no gozan de la protección del estatuto. Laura es argentina y lleva dos años trabajando en el control del tráfico ferroviario. En su caso no puede acceder al estatuto por no tener la nacionalidad francesa y haber sido contratada siendo mayor de 30 años, las dos razones por las que hasta ahora ciertos trabajadores eran excluidos. “En la SNCF no existe el despido por razones económicas, pero para un trabajador como yo es mucho más fácil para la empresa despedirnos”, dice. Su puesto es de alta responsabilidad, “si me equivoco puedo causar accidentes”. En su opinión la cuestión de la seguridad debe priorizarse a la de la rentabilidad y la puntualidad, ya que se trata de un servicio público: “Los trabajadores deben tener la estabilidad suficiente en su empleo para denunciar en caso de que la empresa intente hacer pasar esto por encima de la seguridad”.


Ella también piensa que la reforma es un ataque global a los servicios públicos que no afectará sólo a los ferroviarios. Y explica que existe un debate entre los trabajadores sobre la modalidad de huelga y que los sindicatos podrían verse sobrepasados por las bases. La SNCF ha dejado de vender billetes para los días de huelga, “la empresa se adapta a la huelga gracias a que el sindicato mayoritario (CGT) realizó un calendario”. Su sindicato, Sud Rail, apuesta por una huelga dura e indefinida ya que “a un ataque sin precedentes debe darse una respuesta sin precedentes”. En los próximos días se decidirá si se mantiene el calendario o si se lanza una huelga indefinida.


Ante las reformas de Macron, la sociedad francesa continúa dividida. Por una parte la transformación de la SNCF no es ninguna sorpresa, y menos aún que la intención del Gobierno pase por la liberalización del trabajo. Cuando Macron ganó las elecciones y posteriormente se formó una Asamblea Nacional con amplia mayoría de su partido, ya se conocían sus intenciones a este respecto. La prensa nacional tampoco es muy favorable a la causa de los ferroviarios, presentándolos a menudo como privilegiados y categorizando sus derechos como reliquias del pasado. Sin embargo, la huelga del pasado 22 de marzo fue un éxito, con uno de cada tres trabajadores en huelga según la SNCF. Algunos líderes de partidos de izquierdas, como Mélenchon y Hamon, estuvieron presentes en la manifestación junto a los ferroviarios. También se ha abierto una caja de resistencia para los huelguistas, que en apenas una semana acumula más de 60.000 euros. Las previsiones a partir de hoy hablan de más de un 70% de huelguistas y de un país paralizado.


Los ferroviarios no son los únicos que están en pie de guerra. A día de hoy los funcionarios públicos, los universitarios, los trabajadores del sector de la energía y los de Air France, entre otros, se están movilizando contra diversas reformas del Gobierno. La lucha contra “Macron y su mundo”, como muchos lo llaman ya, intentará aprovechar la huelga de los ferroviarios para hacerse fuerte. En un mes se cumplirán 50 años de las revueltas de mayo del 68 y de la mayor huelga de la historia de Francia, secundada por entre siete y nueve millones de trabajadores. El nuevo Código de Trabajo y las liberalizaciones, entre ellas la de la SNCF, son los mayores pasos atrás en materia de derechos laborales desde entonces. El seguimiento y la fuerza de las protestas serán decisivas, no sólo para los planes del Gobierno, también para el futuro de los franceses. La primavera no ha hecho más que comenzar.

 

Por MIGUEL EGEA
@MIEGEAP

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Los que fríen el planeta y la geoingeniería

La semana pasada, se filtró a la prensa un informe sobre cambio climático que está preparando el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). Se trata de un informe sobre los impactos del calentamiento global a 1.5o C sobre los niveles preindustriales. Según los datos obtenidos por Reuters, si se sigue en el ritmo actual de emisiones, se sobrepasará este límite en 2040 (tinyurl.com/yaehlbzc), lo cual conllevará impactos graves sobre muchos países, principalmente estados islas y con costas bajas, daños probablemente irreversibles a arrecifes de coral (que son el primer eslabón de la cadena alimentaria marina) y derretimiento del hielo en Groenlandia y Antártida occidental.

Aunque el informe es un borrador y el IPCC declaró que puede cambiar luego de las revisiones a que es sometido, no van a cambiar los datos de la ciencia, lo que podría –y debería– cambiar son las propuestas que hace el IPCC frente a esta realidad.

El Acuerdo de París sobre cambio climático que firmaron 197 gobiernos en 2015, estableció la meta de que el aumento del calentamiento global sea muy por debajo de 2o C hasta 2100. Con los datos revelados, hay un riesgo muy alto de que se sobrepase esa meta mucho antes de esa fecha. La única manera de evitarlo sería que inmediatamente se pusieran en marcha reducciones drásticas de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a escala global.

El IPCC había afirmado desde antes la necesidad de estas reducciones, pero este informe plantea, además, que habrá que remover el excedente de dióxido de carbono de la atmósfera por otros medios, como tecnologías de geoingeniería.

El clima planetario ya se ha calentado un grado centígrado en promedio desde sus niveles preindustriales, pero en realidad, más de las tres cuartas partes ocurrieron en los pasados 50 años, debido al aumento vertiginoso de emisiones de GEI.

Esas emisiones son provocadas en su mayoría por las economías industriales basadas en combustibles fósiles (petróleo, gas y carbón). Las principales actividades emisoras son la industria de extracción y producción de energía, el sistema alimentario agroindustrial y el crecimiento urbano descontrolado, incluyendo los transportes que todas esos rubros implican.

El IPCC no está mirando ahora qué actividades causan las emisiones. Se supone que esto ya lo hicieron en los informes de evaluación globales que elaboran periódicamente. El más reciente es su Quinto Informe, que se publicó en 2014. El próximo será en 2021.

Un aspecto de enorme relevancia que el IPCC no considera es la desigualdad enorme que existe sobre quiénes causan las emisiones GEI. El 10 por ciento de la población más rica del planeta es responsable de la mitad de todas las emisiones globales. En el otro extremo, 50 por ciento de la población mundial, empezando desde los más pobres, no causa ni 10 por ciento de las emisiones totales. El nivel medio de emisiones generadas por una persona que forme parte de 10 por ciento más pobre de la población mundial es 60 veces inferior al de alguien que pertenezca al 10 por ciento más rico. (Oxfam, 2015, tinyurl.com/gnvz99r) Según Kevin Anderson, del Centro Tyndall de investigación sobre cambio climático, si la población más rica del planeta redujera su nivel de vida al promedio europeo, se reducirían 30 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

No obstante, estos datos no son considerados por el IPCC. En general, en las negociaciones de cambio climático –y también en el panel, que finalmente es una instancia no sólo técnica sino también política– hay un pacto de los gobiernos en las regiones que más emisiones causan, para no interferir en las ganancias de los más ricos, incluidas las trasnacionales petroleras y otras que lucran con las actividades que generan el caos climático.

En lugar de ello, que sería lo necesario, el IPCC propone técnicas de geoingeniería, como grandes plantaciones para bioenergía con sistemas de captura y almacenamiento de carbono en fondos geológicos (BECCS, por sus siglas en inglés). Ya en el Quinto Informe global del IPCC, incorporaron esta técnica, como una de las posibles soluciones para aminorar el calentamiento global, lo cual motivó muchas críticas, tanto de organizaciones de la sociedad civil, como de científicos, porque el requerimiento de tierra, agua y nutrientes de las megaplantaciones para bioenergía para afectar realmente al cambio climático, sería mayor que toda la tierra usada actualmente en agricultura. Competiría por tanto en forma devastadora con la producción de alimentos, desplazaría campesinos e indígenas, con fuerte impacto en la biodiversidad.

BECCS, al igual que todas las propuestas de geoingeniería, no va nunca a las causas del cambio climático –propone remover carbono cuando ya fue emitido– por lo que éste seguiría en curso, generando así un negocio cautivo para quienes vendan las tecnologías para absorber y almacenar carbono. Que casualmente a menudo son las mismas empresas petroleras (Exxon, Shell y otras). Empresas que cómo explicamos en un artículo anterior, tienen incluso a dos de sus empleados, que el IPCC aceptó, como autores de este reporte (https://tinyurl.com/y9k3xe4l).

por Silvia Ribeiro, investigadora del Grupo ETC.

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Tratos sospechosos del yerno de Trump en Israel

Hubo un tiempo en que todos nos creíamos el mito de que los esfuerzos de paz de Washington en Medio Oriente eran imparciales, neutrales, sin influencia de la religión, el historial o las actividades de negocios de los pacificadores. Incluso cuando en el gobierno de Clinton los cuatro principales pacificadores eran todos judíos estadunidenses –su principal negociador, Dennis Ross, había sido un prominente ex miembro del equipo del más poderoso cabildo israelí, Aipac (Comité de Asuntos Públicos de Estados Unidos e Israel)–, la prensa occidental rara vez lo mencionaba. Solo era noticia en Israel, donde el periódico Maarev los llamó "la misión de cuatro judíos".

El escritor y activista israelí Meron Benvenisti escribió en el periódico Ha’aretz que si bien el origen étnico de los cuatro diplomáticos estadunidenses podría ser irrelevante, “es difícil pasar por alto que la manipulación del proceso de paz fue confiada por Washington en primer lugar a judíos estadunidenses, y que al menos un miembro del equipo del Departamento de Estado fue seleccionado para la tarea porque representaba el punto de vista del establishment judío estadunidense. La tremenda influencia de ese establishment en el gobierno de Clinton encontró su manifestación más clara al redefinir los ‘territorios ocupados’ como ‘territorios en disputa’.”

Pero, para no ser acusados de antisemitismo, señaló Benvenisti, los palestinos “no pueden, ni Dios lo permita, hablar de la ‘conexión judía’...” Tras ser acusada de antisemitismo solo por condenar la brutalidad israelí y la ocupación de Cisjordania y Jerusalén Oriental, el mismo miedo socava el valor de la Autoridad Palestina. Cuando el yerno judío de Trump, Jared Kushner, se volvió el malhadado enviado de paz del presidente, los palestinos, bien conscientes de que apoyaba la persistente –e internacionalmente ilegal– colonización de tierras árabes, recibieron con cortesía su súbita exaltación a pacificador. Fueron los medios israelíes los primeros en destacar lo poco que sabía del verdadero Medio Oriente, y las muy pocas personas que conocía allí.

Sin embargo, Dennis Ross, el ex hombre de Aipac, cuya inclinación hacia Israel fue criticada por colegas israelíes al igual que árabes, apoyó fuertemente a Kushner cuando fue designado enviado especial. En cuanto a Trump, he aquí el registro oficial de sus ideas sobre la eficiencia de Jared Kushner: “Saben, Jared es un excelente muchacho y hará un pacto con Israel (sic) que nadie más puede lograr. Tiene talento natural –ya saben de lo que hablo, natural–, un negociador natural. Le cae bien a todo el mundo.”

Como inversionista en bienes raíces, tal vez Kushner sí sea un "negociador natural". Pero nadie hubiera esperado descubrir –como hizo el New York Times hace unos días– que, poco antes de que Kushner acompañara a Trump en su primer viaje diplomático a Israel, en mayo, su compañía familiar inmobiliaria recibió unos 30 millones de dólares en inversiones de Menora Mivtachim, una de las instituciones aseguradoras y financieras más grandes de Israel. El acuerdo –sorpresa, sorpresa– no se publicó. No hay evidencia de que Kushner estuviera directamente involucrado en el acuerdo y no parece haber alguna violación de las leyes federales sobre ética, según el diario.

Pero, como señaló el NYT, aparte de la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, el acuerdo con Kushner "podría socavar la capacidad de Estados Unidos de ser visto como un negociador independiente en la región". Vaya, vaya. ¿Cómo podría ser eso? ¿Acaso el NYT no acepta que Kushner "se toma muy en serio las reglas sobre ética" (así lo dijo un secretario de prensa de la Casa Blanca) y que, si bien no se puede impedir que las empresas Kushner hagan negocios con una firma extrajera porque Kushner trabaja en el gobierno, "no hacen negocios con entes soberanos o gobiernos"?

Kushner sigue siendo beneficiario de fideicomisos que tienen intereses en las empresas de su familia, pese a que renunció como ejecutivo en enero del año anterior. Mi cita favorita viene de uno de los abogados de Kushner, Abbe D Lowell, quien dijo que "conectar cualquier de sus muy publicitados viajes a Medio Oriente con cualquier asunto relativo a las empresas Kushner o a sus negocios es absurdo, y es un intento de sacar una nota sobre algo que no existe".

Así que está bien, entonces. Y si un miembro futuro de un importante equipo negociador de paz estadunidense en Medio Oriente resultara ser musulmán –por pura casualidad– (su origen étnico tan irrelevante como dicen que es el de Kushner) y, al momento de trabajar para el presidente estadunidense, fuera beneficiario de fideicomisos de una compañía que hiciera negocios con, digamos, empresas en Arabia Saudita, Egipto o –Dios nos libre– en Ramalá, en Cisjordania, sería una práctica abierta y aceptable para un tipo cuyo único deseo en la vida sería llevar la paz a isralíes y palestinos. Y si esas compañías árabes invirtieran en esa compañía inmobiliaria del negociador de la paz, nadie alzaría una ceja ni insinuaría que tal cosa fuera un poquito irregular o –no usemos la palabra "falta de ética"– no del todo apropiada.

Después de todo, los funcionarios electos estadunidenses siempre han sido un poco escépticos respecto de la "ayuda" financiera árabe a Estados Unidos, aun cuando haya llegado libre de cargo y sin interés adosado. Pensemos en el príncipe saudita Al-Waleed bin Talal –uno de los hombres más ricos del mundo, que hoy vive en un colchón del hotel Ritz de Riad como invitado involuntario del príncipe heredero Mohamed bin Salman–, quien en 2001 ofreció una donación de 10 millones de dólares al Fondo de las Torres Gemelas, para las familias y víctimas del ataque del 11-S. También mencionó la causa palestina porque, dijo, "desde el ataque los reporteros han preguntado repetidas veces cómo erradicar el terrorismo". Estados Unidos tiene que entender, añadió, que "si quiere extraer las raíces de este acto ridículo y terrible, tiene que resolver este asunto".

¡Sopas! Esta verdad evidente en sí misma fue demasiado para el alcalde Rudolph Giuliani de Nueva York, que al instante dijo al príncipe Al-Waleed bin Talal que se guardara su cheque. No se puede ofrecer dinero y hablar de política al mismo tiempo. Pero mostró lo delicada que puede ser la conexión entre dinero –incluso donaciones de un árabe– y política en el eje Medio Oriente-Estados Unidos. No parece haber tales problemas, en cambio, con respecto a Jared Kushner, quien obviamente aprobó la grotesca decisión de su suegro de aceptar a Jerusalén como capital israelí, con la cual cortó a los palestinos del acuerdo natural que Trump aseguraba que podría lograr. Y por supuesto que la relación de la compañía inmobiliaria de Kushner con las instituciones financieras isralíes nada tiene que ver con ello.

Traducción: Jorge Anaya

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El insoportable autoritarismo del alcalde de Bogotá

La pobreza que caracteriza las intervenciones del Alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, para justificar su obstinación en la construcción de una troncal de transmilenio por la carrera séptima, no hace más que imprimirle una impronta de insoportable autoritarismo En efecto, controvertir con futilezas los argumentos técnicos, económicos, de contaminación ambiental, de afectación a la salud, de desvalorización de los bienes inmuebles, de afectación al trabajo, de inseguridad, esgrimidos con suficiencia y profundidad por expertos nacionales e internacionales y consignados en diversos documentos, refleja la ligereza y falta de responsabilidad con que un proyecto de la magnitud de una troncal de Transmilenio por la séptima se ha abordado por parte de la actual administración de la capital.

A continuación sintetizamos algunas de las razones que al comité de ciudadanos que defendemos la Séptima nos mueven a continuar con la oposición al mencionado proyecto, y que apoya una inmensa mayoría de habitantes de Bogotá, porque esta emblemática avenida es patrimonio de todos los habitantes de la capital.
1. Es un proyecto contaminante del medio ambiente que atenta de manera severa contra la salud de los ciudadanos de la Séptima y sus zonas aledañas, por la utilización del combustible diésel, altamente cancerígeno . Mientras que en Europa se restringe y tiende a eliminarse su uso, en Bogotá y el resto del país, como expresión de menosprecio por la salud de sus habitantes, se pretende incrementar la alta toxicidad causada por la combustión del diésel.
2. Existen conceptos de expertos según los cuales, las dimensiones de la Séptima –que en algunos tramos es demasiado angosta, solo 22 metros– exigirían como mínimo disponer de 32 metros para alojar los carriles que permitan, en cada sentido, movilidad fluida máxime, si se tiene en cuenta que el Transmilenio debe compartir el espacio con vehículos livianos (taxis, carros particulares, motos y bicicletas). Los anteriores señalamientos y la historia y tradición, que lleva tras de sí esta importante y emblemática vía, no admiten duda sobre la inconveniencia de imponer una troncal de Transmilenio.
3. Este proyecto vulnera, entre otros, los derechos fundamentales contemplados en los artículos 2, 8, 11, 23, 44, 49, 79 y 80 de la Constitución Nacional, no sólo de las personas que habitan sobre el corredor de la Séptima, de los comerciantes, de los transeúntes que diariamente recorren la avenida, si no de la ciudadanía en general, forzando el desplazamiento de algunos y desconociendo, adicionalmente, el enunciado y vigencia del Estado Social de Derecho, igualmente contemplado en el artículo primero de la Constitución Nacional
4. Si se implementa el proyecto de transporte pesado de Transmilenio por la Séptima, más que la Caracas, sufrirá nefastas consecuencias de mayor inseguridad, incremento de la polución del aire, deterioro urbano, mayor contaminación acústica y visual y depreciación de los inmuebles residenciales y comerciales circunvecinos, con el agravante aumento de las vibraciones mecánicas, ya existentes en algunos predios.
5. Monopolizar el uso del reducido espacio de que dispone la carrera Séptima para los buses, no solo afecta a los que viven entre las calles 32 y la 100, sino a los que viven de ésta hacia el norte, en su mayoría habitantes de clase media asalariada, que verían afectada su calidad de vida y bienestar, al tener que aguantarse un trancón interminable que se va a generar por la carrera Séptima, precisamente por no tener las dimensiones espaciales apropiadas requeridas para una movilidad fluida, aspecto que olímpicamente desconoce el alcalde Peñalosa. Al quedar un solo carril para que fluyan motos, bicicletas y carros particulares, el caos que se prevé será de una magnitud insoportable.
6. Es un crimen urbano el arboricidio que se dará con la construcción de esta troncal, convirtiendo la Séptima en una mole de cemento que afecta la estética de esta emblemática vía, que encierra un valioso patrimonio histórico y cultural. Las 21 estaciones que se anuncian en los diseños y que más parecen unos galpones, atentan contra el paisaje urbanístico de la avenida
Señor Alcalde, si usted fuera un exponente del ejercicio de la democracia y no como lo es, del autoritarismo y por ende del desconocimiento del buen juicio de una inmensa mayoría de ciudadanos y de expertos en movilidad (nacionales y extranjeros) que rechaza por inconveniente y justificadamente lesivo el proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima, expresado en diversos escenarios, no aduciría de manera tan simplista, populista y además polarizante (entre ricos y pobres), que el asunto de la oposición al proyecto en mención obedece a que por la Séptima viven los más ricos. Expresar lo anterior, refleja el absoluto desconocimiento de la heterogeneidad social y económica que caracteriza a la población que habita sobre el corredor de la Séptima y su área de influencia; es dejar, además sin sustento a un importante segmento de familias que viven de sus actividades comerciales ubicadas en esta avenida. Tratar de convencer –con costosas campañas– a los habitantes de barrios populares como El Codito y San Cristóbal Sur entre otros, de que ellos serán los más beneficiados con el “dichoso proyecto”, es una burda y engañosa utilización de los sectores menos favorecidos de la sociedad, en pro de beneficiar eso sí, a los más ricos.
Un Alcalde debe representar los intereses de la mayoría ciudadana y no, como en el caso de la troncal de Transmilenio por la Séptima, defender las ventajas económicas de unos pocos constructores, contratistas y hombres de negocios, que derivarán jugosas ganancias del proyecto que nos ocupa, a costa de la afectación de una inmensa mayoría de ciudadanos. Recuerde señor Alcalde que el interés particular no debe primar sobre el interés general.
Por las razones expuestas, reiteramos nuestro rotundo rechazo al proyecto de la troncal de Transmilenio por la carrera Séptima y solicitamos al Gobierno DistritaL la suspensión de dicho proyecto, a la vez que hacemos un nuevo llamado a concertar de manera democrática y participativa con los vecinos de la Séptima y la ciudadanía en general, la mejor solución para la movilidad de la ciudad y la renovación urbanística de esta vía. Esta transformación se debe dar con proyecciones de largo plazo que resultarían menos costosas, amigables con el medio ambiente, que propicien la salud, la innovación estética, acorde con los avances tecnológicos en armonía con la protección del medio ambiente, con los desarrollos modernos y sostenibles de movilidad y con la significación cultural e histórica, no solamente de la Séptima si no de nuestra ciudad capital.
Bogotá, Enero 5/2018

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Martes, 19 Diciembre 2017 07:40

La defensa de PPK fue floja

La defensa de PPK fue floja

“No soy corrupto, no he mentido”, dijo Pedro Pablo Kuczynski, pero no logró aclarar las acusaciones en su contra. No probó con ningún documento que hubiera delegado en un amigo el manejo de su empresa Westfield Capital.

 

Con la amenaza de la destitución –que se debe resolver este jueves– pendiendo sobre su cabeza, el presidente Pedro Pablo Kuczynski intentó una defensa que lo salve sobre la hora. “Pido disculpas al pueblo peruano porque no he explicado bien de que se trata esto”, dijo el todavía presidente peruano, al comenzar una entrevista dada el domingo en la noche a cinco periodistas en Palacio de Gobierno y transmitida en cadena de televisión. Pero su argumentación posterior para tratar de “explicar bien” su supuesta inocencia de los cargos en su contra, fue floja, con vacíos y contradicciones. “No soy corrupto, no he mentido”, insistió, pero no pudo aclarar las acusaciones que se le hacen. Kuczynski no salió bien parado de la entrevista que esperaba le sirva para apuntalar su hasta ahora precaria defensa.


Acusado de recibir, a través de una empresa de la que es único propietario, Westfield Capital, 782 mil dólares de Odebrecht, pagos que comenzaron cuando era ministro de Economía y primer ministro entre 2004 y 2006, cargos desde los cuales tomó decisiones que favorecieron a la constructora brasileña, Kuczynski se defendió diciendo que no sabía nada de lo que su empresa hacía cuando él era ministro porque en esos años delegó el manejo de la misma a su amigo y socio Gerardo Sepúlveda. “Recién conozco esos contratos”, aseguró, dejando muchas dudas. Pero no pudo demostrar con documentos que efectivamente había delegado el manejo de su empresa y terminó admitiendo que como único accionista de Westfield Capital se ha beneficiado con las utilidades que dejaron los contratos con Odebrecht en los años en los que él era ministro y estaba impedido por ley de hacer negocios con empresas privadas que tuvieran relación con el Estado.


Tampoco ha sonado convincente cuando insistió en que no tenía relación con First Capital, empresa propiedad de Sepúlveda, el mismo personaje que supuestamente manejó su empresa. First Capital también contrató con Odebrecht y recibió de la constructora brasileña algo más de cuatro millones de dólares entre 2004 y 2014, relación que comenzó cuando PPK era ministro.


“La vacancia (destitución) presidencial ya está definida, los actos de corrupción por los que Kuczynski está acusado no se pueden aceptar”, le declaró a PáginaI12 el sociólogo y analista político Alberto Adrianzén


Por su parte, el historiador y analista político Nelson Manrique le señaló a este diario que “la defensa que ha hecho Kuczynski diciendo que no sabía nada de la relación de su propia empresa con Odebrecht es muy poco verosímil”. “Estoy a favor de la vacancia –precisa Manrique– si el presidente no da una explicación satisfactoria, pero se debe respetar el debido proceso y darle al presidente el derecho democrático elemental a una adecuada defensa, algo que no está ocurriendo.”


El presidente, que durante el año y medio que lleva su gestión se mostró débil frente al fujimorismo y siempre intentó, sin éxito, un acercamiento con este grupo, denunció que su vacancia, que calificó como “exprés” por la rapidez con la que se ha tramitado y se votará, era parte de “un asalto al poder” del fujimorismo, con mayoría absoluta en el Congreso, que incluye la captura de la fiscalía de la nación y del Tribunal Constitucional, proceso de copamiento que el partido de Fujimori ya puso en marcha parapetado en su mayoría parlamentaria. Esta arremetida fujimorista se da cuando la fiscalía avanza una investigación sobre un financiamiento oculto de Odebrecht a la campaña electoral de Keiko Fujimori.


Sin argumentos sólidos para levantar los cargos de corrupción en su contra, el argumento político de advertir que la vacancia está siendo aprovechada por el fujimorismo para acumular poder y ganar impunidad, terminó siendo el principal punto de apoyo de PPK para cuestionarla.


“La vacancia presidencial se puede justificar, pero está siendo aprovechada por el fujimorismo para sus propios intereses”, indica Manrique, quien, como PPK, también habla de un “golpe de Estado” fujimorista.”Estamos ante un golpe parlamentario del fujimorismo –dice Manrique– porque no solamente van a derribar al presidente, sino también copar el Tribunal Constitucional y la fiscalía, en un operativo simultáneo.Los que ahora hablan de moralización y van a sacar al presidente son ellos unos corruptos. Este no es un intento de sanear al Estado, sino de sacar al presidente para controlar el Ejecutivo, controlar el aparato judicial, y sumar eso al control que ya tiene el fujimorismo del Legislativo, y así bloquear las investigaciones que comprometen a Keiko Fujimori”.


Adrianzén también advierte sobre los peligros del fujimorismo en un escenario post-destitución: “Kuczynski hizo muchas concesiones al fujimorismo, pero su vacancia le sirve al fujimorismo para presentarse como abanderados de la lucha contra la corrupción y para hacer una demostración de su fuerza, y crea un escenario favorable a sus intereses, porque la consecuencia de la vacancia presidencial será que tendremos un nuevo presidente débil (el cargo lo debe asumir el vice Martín Vizcarra, que hace unos meses debió renunciar al cargo de ministro de Transportes presionado por el Congreso por los cuestionamientos a un contrato para construir un aeropuerto) y el mismo Congreso fuerte donde el poder del fujimorismo es omnímodo. Ese es un escenario que le conviene al fujimorismo en sus intenciones de buscar tapar las investigaciones por las implicancias del caso Lava Jato en el Perú en las que aparece seriamente comprometido”.

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Miércoles, 06 Diciembre 2017 06:39

Temer y Morales

Temer y Morales

Los presidentes de Bolivia, Evo Morales, y de Brasil, Michel Temer, firmaron hoy acuerdos de cooperación para crear un corredor bioceánico desde el puerto de Santos hasta Perú, pasando por el territorio de Bolivia y fortalecer la seguridad en la región de la frontera, en particular en la lucha contra el narcotráfico. Morales fue recibido durante dos horas en el Palacio del Planalto por Temer, un año después de haber calificado como “golpe” el juicio político con el cual fue destituida la ex presidenta Dilma Rousseff y que le permitió al dirigente del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) acceder a la primera magistratura. Morales fue recibido con honores por la guardia de los Dragones de la Independencia en la rampa del Palacio del Planalto, donde mantuvo una reunión de trabajo con los gabinetes de los dos países. La visita se había postergado dos veces desde octubre a raíz de problemas médicos de Temer y hoy ambos se mostraron sonrientes frente a los fotógrafos y camarógrafos en la casa de gobierno brasileña. Ambos presidentes firmaron dos tratados que habían consensuado durante meses los cancilleres: en especial para Bolivia se encuentra el corredor bioceánico que incluye a su territorio. Fue la quinta visita como presidente de Morales a Brasil.

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Foto: Cortesía de Consejo de Redacción

Michael Bock embajador de Alemania en Colombia, Rachel Braizer encargada de Negocios de la UE en Colombia y María Llorente directora de la Fundación Ideas para la Paz plantean los retos sobre la implementación de los Acuerdos de Paz y su visión acerca de la cooperación internacional para financiar el postconflicto. En paralelo están los intereses comercialesque rondan no tan evidentes cuando se habla de paz.


La cooperación internacional no reembolsable para el postconflicto que recibe Colombia se da mediante fuentes bilaterales como lo hacen Estados Unidos y China y de cuatro fondos fiduciarios multidonantes que son: el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Unión Europea (UE) y Naciones Unidas.


Alemania como donante


Según la Agencia Presidencial de Cooperación (APC) Alemania respalda el Proceso de Paz directamente con aportes deUSD $5.416.450 en elfondo de las Naciones Unidas y de la Unión Europea por la suma de € 3.000.000 y mediante la declaración conjunta de la Cumbre del Clima de París (COP21) en el año 2015 firmada en conjunto con Noruega y Reino Unido tiene participación en el fondo del BID con el compromiso de aportar entre los tres países USD $200.000.000.


La República Federal de Alemania durante varios años lleva haciendo presencia en Colombia con su agencia técnica GIZ enmarcados en la cooperación para el desarrollo. Respecto al Proceso de Paz desde el 2015acompañaron los diálogos de la Habana con la presencia de Tom Koenigs, el comisionado alemán para la paz, quien actualmente participa del grupo de países que apoya la mesa de diálogo con el ELN. En enero de éste año con la visita a Colombia del ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier se dio apertura al Instituto Colombo-Alemán para la Paz, que es un consorcio conformado por un conjunto de 10 universidades entre los dos países para apoyar la implementación de la JEP y el enfoque de desarrollo territorial.


Alemania contribuye con 1 billón de euros aproximadamente en aportes destinados a cooperación técnica, financiamiento de créditos blandos y proyectos para la implementación del Acuerdo de Paz. “Según nuestra experiencia en procesos de paz los primeros dos años tienen el riesgo más grande (...) Nosotros vemos un proceso importante para apoyar en la estabilización del país en el inicio del posconflicto” asegura el embajador alemán Michael Bock en su intervención durante un panel en el encuentro colombo-alemán de periodistas organizado por Consejo de Redacción, quienes mencionan que el objetivo del encuentro fue “intercambiar experiencias sobre la implementación de los Acuerdos de Paz y los retos próximos para la democracia en Colombia”. En el espacio de discusión participaron Rachel Brazier, encargada de Negocios de la UE en Colombia y María Victoria Llorente, directora de la Fundación Ideas para la Paz.


En dicho encuentro el embajador señaló a los periodistas participantes “ustedes han vendido todo como un éxito porque el desarme desde las Farc se realizó satisfactoriamente, su voluntad política funcionó, lo que empieza ahora es mucho más difícil, la integración de los grupos, el desarrollo social y económico de los territorios y la reconciliación de este país; nosotros sabemos que la reconciliación requiere tiempo y es un trabajo largo, de décadas (...)Hemos cooperado en diferentes frentes (...) y con la presencia de expertos en los territorios, pero por favor los extranjeros no les pueden construir la paz, son ustedes los colombianos que tienen esa tarea”


Es de señalar que Alemania es el socio comercial más importante de Colombia dentro de la Unión Europea; sus actividades comerciales en Colombia se concentran en el sector energético, la extracción de carbón a cielo abierto y algunos emprendimientos financiero como lo es Procredit el banco más pequeño del mercado colombiano, cuya empresa matriz es alemana.


La Cámara Colombo Alemana en la última semana de septiembre organizó una rueda de negocios en búsqueda de socios comerciales colombianos para producción de energía solar, bioenergía y energía eólica. “Nuestro interés es atraer la inversión, esta crea oportunidades de trabajo, tristemente pero es así, es la economía la que crea el bienestar de una sociedad y no es la ayuda al desarrollo” explico el embajador.


Colombia en la imaginación europea


Para Rachel Brazier menciona que Europa celebra el Proceso de Paz y advierte que “a veces la comunidad internacional quiere pensar que hacer la paz es fácil y ya está hecha, lo que viene en el futuro es una disminución de fondos porque a la gente le gusta las buenas noticias pero también cerrar el cuento para decir la paz ya está” Ello alerta que la proyección de la cooperación internacional es reducir cada vez más sus recursos en Colombia.


Braizer considera que la implementación de los Acuerdos de Paz tiene cuatro retos principales. El primero, la presencia aún de actores armados en las regiones; el segundo, la falta de presencia estatal y buena gobernanza “es una brecha en lo que necesitan los territorios y lo que tienen ahora. La paz no la va a construir la comunidad internacional” afirma Braizer; el siguiente desafío tiene que ver con la reincorporación de excombatientes “ya se convirtieron en un partido político y hay miles de excombatientes que siguen ahora en las llamadas Zonas Territoriales de Reincorporación pero necesitan algo qué hacer, los grupos armados ilegales les están ofreciendo dinero para seguir con la economía ilegal” plantea Braizer, y el cuarto punto está relacionado con la reconciliación y la polarización que observa ante las elecciones. Desde estas preocupaciones el Fondo Fiduciario de la UE para la Paz implementa sus líneas de acción en: asistencia técnica rural, productividad rural, empleo y generación de ingresos, resiliencia territorial y presencia estatal.


Colombia en el año 2013 estableció un Tratado de Libre Comercio con la UE y es su principal socio comercial en la Comunidad Andina, según un artículo del diario Portafolio “606 empresas colombianas exportan sus productos y servicios a la UE, el tercer mayor comprador de artículos nacionales, luego de Estados Unidos y la Aladi (Asociación Latinoamericana de Integración)” Las exportaciones se aglutinan en el sector agroindustrial y el agropecuario que coincide con dos de los ejes de acción del Fondo Fiduciario de la UE.

Entre la paz y avivar el conflicto


Estados Unidos es el principal socio comercial de Colombia, han transcurrido cinco años de la entrada en vigencia del TLC, “en el consolidado de este periodo, un total de 8.764 compañías diferentes han exportado a ese destino, en algún momento” según cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.


En el informe de gestión de la APC en 2016 registra que el 28% del total de la cooperación internacional proviene de EE.UU, que lo convierte en la fuente bilateral principal de recursos; al igual que en la línea estratégica de construcción de paz de la APC el financiamiento con mayor destinación presupuestal lo aportó EE.UU.


María Victoria Llorente señala ante la relación Colombia- EE.UU que “la esperanza de la paz y de esté proceso era que por fin íbamos a poder trabajar en esas agendas pendientes de la democracia, del desarrollo regional y en donde la prioridad no iba hacer arrancar unas matas de coca. Estamos otra vez en eso. No importa si el programa de sustitución funciona o no, lo que interesa es mostrarle a EE.UU que arrancamos 50 mil hectáreas de coca para que nos certifiquen y den unos dólares para seguir en nuestra implementación de la paz, sabiendo que eso es un reverso, la plata se está yendo en arrancar matas y no en construir territorio”

Cifras de la APC para la financiación del postconflicto cuenta con 1.709 millones de dólares. De la cooperación no reembolsable para el postconflicto EE.UU compromete 450 millones de dólares, siendo el donante que más deja recursos.

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