Portal de las Américas, 13 de mayo 2021 (Vía Twitter)

A grito limpio en contra de la reforma tributaria arrancó el paro el 28A. Asombroso, quienes entonaron el rechazo y llenaron las calles y plazas en su mayoría eran jóvenes que, ciertamente no pagan impuestos, o lo hacen en menor medida. Pero con su enérgico y convincente rechazo, que obligó al establecimiento a enterrar el proyecto radicado en el Congreso, quedó claro que sienten en carne propia la crisis económica que sobrecoge a la mayoría de los hogares colombianos.

Un potente rechazo que rompe la brecha espontáneamente creada entre generaciones. Un suceso que muchos padres de familia celebraron a través de entrevistas que circularon por redes, en los que comentaban con alegría y admiración la convicción con que la nueva generación de activistas dio vida a este paro, marcando con un triunfo su incursión antigubernamental.

Con idéntica energía, cientos de ellos empujaron rejas de almacenes de cadena en procura de alimentos, pero también dieron cuenta de oficinas de entidades privadas en las que ven y sintetizan el poder del capital que tanto daño causa a quienes viven al debe.

Vitalidad que trató de ser contenida a punta de bala, gases tóxicos, bombas de estruendo, garrote, y otras armas, es decir a punta de terror. Con inquina fueron perseguidos por las calles por la mal llamada “fuerza pública”, y sobre el piso fueron quedando cuerpos de alegres e indefensos retoños de vida. En Cali los asesinados se cuentan por decenas, pero también recibieron sobre sus cuerpos la acción de “la cara amable del Estado” en ciudades como Ibagué, Pereira, Bogotá y otras.

Pese al terror liberado desde las sacrosantas instituciones de la democracia formal, no renunciaron a continuar entonando exigencias, reclamos de vida digna, y en ello sus sueños de educación universitaria, de trabajo estable bien pago, denunciando el concubinato Estado-paramilitarismo, exigiendo el desmonte del Esmad, así como los privilegios de casta, de todo lo cual están hartos.

De esta manera, la renuncia al proyecto de reforma tributaria para contener ese inmenso alzamiento juvenil/popular que identifica en el de Iván Duque un gobierno de ricos y para ricos, sometido a un detestado personaje que la juventud siente e identifica con los peores males que padece el país, llega no por el peso y acción de actores sociales tradicionales sino como fruto de la masiva presencia de una nueva generación en las calles. Es así como, cual caja de pándora, la agenda de reivindicaciones queda abierta, planteándole también un reto a las llamadas organizaciones alternativas y de izquierda: asumir como propias todas estas demandas y contribuir para que más temprano que tarde sean una realidad. Y para que así sea, todas ellas deberían ser reivindicadas como prioritarias dentro de la agenda de negociación que se emprenda con el gobierno.


Voy por lo mío

“Yo siento que la gente sale a mercar, es que aquí hay mucha pobreza”. Así respondió un alcalde de un municipio de Cundinamarca a la pregunta de un periodista sobre el por qué de los saqueos a supermercados, en hechos ocurridos los días 29 y 30 de abril en el marco del paro nacional.

Una realidad vivida no solo en este municipio, sino en otros muchos, en los cuales con furia liberada miles de personas se volcaron a la calle a protestar en contra de las alzas en impuestos que traería la anunciada reforma tributaria, así como a rebuscar lo suyo, con afán individualista, sin esperar a que una posible reivindicación económica colectiva llegue como resultado final de la negociación del pliego de exigencias (llamado de emergencia) entregado al gobierno en el 2019 y precisado en sus prioridades en el 2021.

Es un proceder que resalta lo profundo de la crisis económica que afecta a la sociedad colombiana, pero también la insuficiencia de las medidas de “rescate” implementadas por el gobierno nacional y por las alcaldías para enfrentar la crisis de diverso orden potenciadas por la pandemia del covid-19,

Una reacción de furia que denota, asimismo, la desconfianza en cualquier promesa gubernamental, pero también la ausencia de una alternativa política y social que logre encausar la furia popular, ante lo cual lo que prevalece son las soluciones por cuenta propia.


Rabia con causa

Una detonación de inconformidades, de memorias colectivas, que en casos como el anotado pretende beneficios particulares, pero en otros demuestra sin duda alguna que el llamado pueblo porta en su memoria rabias acumuladas.
Desde el primer día de paro, su energía fue descargada contra todo aquello que representa al (mal)gobierno, todo aquello que le recuerda las injusticias y penurias cotidianas que no lo desamparan, pero también todo aquello que trae a su mente lo peor de los ricos, los mismos que hacen un negocio del empobrecimiento de millones.

Todo esto es palpable cuando se revisa el tipo de edificaciones atacadas, así como de otra infraestructura afectada por la acción de lo que desde arriba denominan “vandalismo” (a propósito, ¿existirá mayor vandalismo que el desplegado por los poderosos del país, que a su paso han dejado un país devastado y a millones padeciendo sus consecuencias?).

En efecto, cada día y en la medida que el alzamiento social progresaba, las municipalidades reportaban los efectos del proceder social: atacadas, destruidas o deterioradas unidades del transporte público, así como las estaciones dispuestas para abordarlo –paradoja, pero que es privado o funciona como si fuera un negocio–; atacados, incendiados o deteriorados peajes, así como CAI. Otros edificios y canales para la operación de algunas empresas también quedaron en el ojo de la furia común.

Un resumen parcial de esta acción indica que las gentes no están de acuerdo con la existencia ni con las tarifas que deben pagar por peaje, es decir, no comparten la privatización de las autopistas pues saben que en ello hay un inmenso negocio que ellas terminan pagando. Sienten que son objeto de robo cotidiano.


La información brindada por departamentos como Antioquia, Cundinamarca, Cesar, Atlántico, Valle del Cauca, Caldas y otros dan como resultado que fueron dañados 28 peajes e incinerados 11 (ver infografía con listado, parcial pág. 10).

En unidades de transporte público los incinerados suman (26), deteriorados parcialmente o afectados en menor medida –pintados– un total de 92. Un sistema que dicen es público pero que las gentes no lo sienten así, como tampoco están satisfechas con el servicio que prestan ni las tarifas que tienen que pagar por usarlo. En realidad, la demanda es que el servicio de verdad sea público y funcione como tal, no como negocio, sea privado, estatal o municipal.

 

 

Por su parte, el total de Cai afectados alcanza en Bogotá a las 16 instalaciones. En otras ciudades la cifra no es clara.

Las edificaciones públicas atacadas son varias –entre alcaldías y otras instalaciones–, pero no existe un dato consolidado sobre este tópico.

Lo mismo ocurre con el núcleo de la acumulación capitalista, el sistema financiero, resumido en los bancos y cajeros automáticos, blancos de la rabia colectiva, pero sin el reporte de sus propietarios de cuántos fueron atacados a lo largo y ancho del país.

Más allá de las cifras exactas, lo importante de este proceder de jóvenes y adultos, es que con su actuar indican que no están conformes con el funcionamiento del gobierno, que anhelan otro tipo de gobierno y de sociedad, y que tienen claro que los gobernantes y apropiadores de lo público, como de los pocos ahorros hogareños, son los causantes de los pesares que viven cada día sus familias.

Lecciones extendidas. Por ejemplo, atacan, rechazan y castigan a la policía por sus arbitrariedades cotidianas, por la violencia con que proceden cuando salen de patrullaje y requieren a uno u otro por cualquier motivo. Proceder extendido a los agiotistas bancarios, chupadores de su sangre, de su esfuerzo diario para sacar adelante a sus familias.

Como puede verificarse, son reacciones juveniles y populares que se repiten una y otra vez cuando de protestas sociales se trata. Si así es, ¿por qué no toman nota del mismo aquella clase y funcionarios para quienes va dirigido el simbólico mensaje?

Para ser consecuentes con ello, para recoger el reiterado mensaje, ya es hora de citar por parte de las alcaldías cabildos abiertos para discutir y definir con sus poblaciones qué hacer con el transporte público, qué con los peajes, qué con la Policía, qué con la administración pública, qué con los impuestos. Si de democracia directa y participativa se trata, acá tienen un reto. Lo otro es seguir administrando lo público de espalda a las mayorías.


El pacificador

El alzamiento juvenil y popular alcanzó en Cali una escala hasta ahora no conocida. La ciudad fue tomada en sus barriadas populares por quienes las habitan, en especial en sus sectores más icónicos, bien por el cúmulo de marginados que las pueblan, bien por la difundida inseguridad de la que siempre hacen eco los medios de comunicación y el mismo gobierno (como estrategia de multiplicar el miedo y ahondar el control social), bien por sus historias de construcción o de resistencias armadas que allí tomaron cuerpo en otras épocas, etcétera.

Es en esta ciudad que se desata, en la jornada de apertura del paro, una acción contra el sistema de transporte conocido como MIO, la que claramente responde a un proceder no espontáneo pero que sí recoge el sentir popular. Y luego de ello múltiples protestas alcanzan a romper el desenvolvimiento cotidiano de la urbe. Su territorio queda fracturado por decenas de bloqueos para su movilidad, de la cual depende la reproducción del capital.

La respuesta que llega desde el alto gobierno es la militarización. La ciudad pasa al control del general Zapateiro, y su alcalde queda mudo ante el trago más amargo que hasta ahora haya tenido que tragar en su devenir político: ver cómo la violencia del “monopolio de las armas” se extiende por los territorios populares, dejando a su paso una estela de muerte y dolor: al 10 de mayo, según Indepaz, 28 asesinados; decenas de heridos por arma de fuego y los impactos de otras armas y 160 desaparecidos. El terror copó las barriadas bajo la repetida consigna: “a la culebra hay que descabezarla”. Sin duda, la lectura que el alto mando del ejército realizó de lo allí vivido, así como la burocracia de la Casa de Nariño, les indicó que detrás del alzamiento social estaba la guerrilla. En esta, como en otras ocasiones, la ideología es mala consejera.

Una masacre que desnuda la esencia de la oligarquía colombiana y ante la cual, como evidencia de rechazo y oposición ante el terrorismo de Estado desatado, debió renunciar su alcalde. Sin duda, el pueblo rechazaría su renuncia y lo refrendaría en su puesto, además con mando real sobre la policía. Incomprensible su silencio, su falta de comunicación con el pueblo caleño, silencio que le pesará en el futuro, cercano y lejano.

Lo sucedido en la capital del Valle, el proceder del mando militar y el silencio, pasividad, descontrol por parte del simbólico poder civil, dejan ante nuestros ojos una lección de poder real: el civil solo rige en tiempos de normalidad, con los límites que le marcan el gobierno central y el capital local e internacional, pero en épocas de anormalidad el civil es un estorbo, dando paso a los golpes de mano, más conocidos como golpes de Estado, en el caso vivido en Cali golpe de alcaldía. Realidad ya vivida a principios de este siglo en el amplio territorio de la Costa Atlántica donde las Fuerzas Armadas desplegaron planes especiales de guerra para erradicar a las Farc y bajo cuyo control quedó todo el ordenamiento territorial. Allí, sus alcaldes eran menos que un cero a la izquierda, y quienes realmente administraban eran los mandos militares.


“Gústenos o no, hay que rodear al gobierno”

Salvar a las instituciones, este fue el mensaje enviado a través de redes sociales por un empresario durante los primeros días de mayo. El mensaje recogía dos realidades: 1. Que la desatada ofensiva del santismo contra el gobierno Duque, para golpear a través de éste a su mentor, debía terminar –acción que alcanzó eco a través de algunos medios de comunicación que de manera abierta alentaron el alzamiento juvenil y social; 2. Que la economía estaba llevando al país a sus límites, y debían aprobar el actuar violento del Estado, si así era necesario, para “poner orden”.

Y la respuesta del establecimiento no demoró en llegar: acordaron bajarle la intensidad a la confrontación, silenciar las críticas y llamar a quienes protestaban a recapacitar pues “tienen derecho a la protesta, pero no a bloquear…”.

Como parte de ello, por todos los medios de comunicación empezó una repetición de llamados a desbloquear el país. Varias ciudades estaban en riesgo de desabastecimiento de gasolina, los precios de los productos más demandados en la canasta familiar estaban disparados, los empresarios avícolas reportaban la muerte por falta de alimento de miles de pollitos, otros miles fueron regalados; la leche se perdía en las haciendas; varias cosechas también quedaban en nada. Y las exportaciones, paralizadas, con el puerto de Buenaventura sin poder recibir ni despachar más mercaderías.


Es en este momento, ante tal realidad, que el paro pierde algunos aliados. El eco mediático mete miedo, presiona para que los bloqueos terminen –dejando en el aire un clima de que quien no desbloqueé bien merecido se tiene el proceder de los militares y de la policía, es decir, legitiman la represión que vendría.

El gobierno, por su parte, consciente de que el alzamiento no responde a ningún plan centralizado por organización alguna, y que en realidad está alimentado por decenas de intereses y reivindicaciones particulares acumuladas desde tiempo atrás, entabla negociaciones con unos y con otros, alentando la atomización organizativa y social, el primero de ellos con los camioneros que tenían cerradas importantes carreteras del país; luego son atendidos campesinos con distintas reivindicaciones, pueblos indígenas asentados en diferentes coordenadas territoriales, alcanzando acuerdos parciales que trascienden en aperturas de otras autopistas. Negociaciones que aún siguen en curso, con epicentro sobre el sur del país, en especial Cauca y Nariño, donde campesinos, comunidades afro y pueblos indígenas nasa, pastos y otros levantan banderas que van mucho más allá de reivindicaciones puntuales.

La preocupación empresarial y gubernamental por su economía no les brinda tranquilidad. Las cuentas proyectadas en los ministerios tienen grises sombras sobre la anunciada (el deseo puede con todo) y acelerada recuperación económica que llegaría a finales del 2021. Según sus datos las pérdidas económicas arrojadas por el paro suman 6 billones de pesos, y cada día de bloqueo las incrementa en 400 mil millones. Esos mismos son los que los convencen que el paro iba mucho más allá de las ciudades capitales y que el país estaba roto por todos sus costados producto del despliegue de fuerza por varios sectores sociales, no siempre ni en todos los casos coordinados y con iguales propósitos.

Es un afán de negociar, asumiendo a cada sector en paro por separado, que les arroja algún fruto, el primero de ellos bajarle la intensidad a la contradicción –y conspiración– intraclase; el segundo, lograr el desbloqueo de algunas autopistas y el rodar de camiones; el tercero, a partir del eco mediático al paro sin bloqueo, permear distintos sectores sociales para que rechacen el paro, dejando abierta la posibilidad de mano –más– dura contra quienes persistan con el cierre de autopistas y vías en general.

Y al tiempo que así actúan, la negociación con el comité del paro se encamina en medio de la misma ambivalencia o dilaciones que son características del establecimiento: que sí, pero no; que las demandas son tantas que de satisfacerlas arruinarían al país; que para negociar no pueden existir bloqueos, etcétera.

Una dilación que juega con el factor tiempo, confiados en que una mayor suma de días crea más presiones sobre quienes impulsan el paro; concentrando fuerza y represión sobre sectores cada vez más específicos. Las persecuciones, amenazas, señalamientos y en general guerra psicológica gana más espacio, colocando en su centro a la juventud, en especial a la universitaria, con varios de sus centros de estudio ahora en paro.

Las presiones no son pocas. El amplio espectro social inicial del paro se achica, y sigue ausente un liderazgo que logre recoger la dispersa protesta que se mantiene en diversas ciudades, con bloqueos internos o con incremento de la protesta en horas nocturnas.

En esas circunstancias, con la mesa de negociación nacional en plena tensión de fuerzas para definir sus condiciones y mecánica, corresponde evitar que el paro entre en languidez y saber recoger los triunfos hasta ahora logrados, así como algunos otros que puedan venir de la negociación, para lo cual le corresponde a quienes tienen la vocería del Comité Nacional identificar dos o tres propósitos que sean de amplio interés social, por ejemplo tarifas de servicios públicos, renta básica transitoria, plan de empleo de emergencia para por lo menos dos millones de jóvenes, es decir, reivindicaciones con las cuales y para las cuales las mayorías estén dispuestas no solo a apoyar de palabra sino de hecho.

En ese proceso, y conscientes que la negociación no dará frutos de un día para otro, debe proyectarse y prepararse: 1) cerrar el paro con una movilización/celebración. La juventud y los sectores populares la merecen, pero además la merece el cambio de proceder político que debe caracterizar a amplios sectores del campo alternativo, acostumbrados al fracaso, al esfuerzo y no a la celebración. 2) Hacerles un homenaje a todas las víctimas del terror oficial, tanto con la movilización como con un monumento por levantar en Cali, para cuyo diseño debe convocarse por medio de un concurso que financien los sindicatos del orden nacional, en unión con algunas Ongs que tienen acceso a importantes recursos económicos. 3) En esa movilización, convocar a todo el país a la concreción de un gran diálogo nacional popular (Ver “Hacia un real, amplio y democrático diálogo nacional” pág. 2), con sesiones en todo territorio o sitio de trabajo donde se encuentre, por lo menos, media docena de personas dispuestas al intercambio de ideas y diseño de propuestas. Deliberación e intercambio de ideas que puede entrelazarse con procesos vecinos, dándole cuerpo a una red de redes, que puede ampliarse o reducirse a conveniencia de quienes la integren.

Para ir depurando estas discusiones y propuestas, a los tres o cuatro meses de su funcionamiento debería realizarse una o dos asambleas por ciudad, y a los 6 una de todo el país, en la cual se armonice todo lo discutido y se entregue a la nación el borrador del plan por una Colombia al margen de la muerte y de cara a la vida, en dignidad. Una Colombia convencida de que otra democracia sí es posible.
¡Salud! Hay que celebrar el triunfo del alzamiento juvenil/popular, y darle continuidad al paro a través del enraizamiento territorial, base humana, política, cultural y organizativa para enfrentar nuevas jornadas de lucha en el futuro próximo. Un reto irrenunciable para concretar otras muchas demandas resumidas en el pliego de emergencia.

 

 

 


 

Los corazones en la buena
(para Lucas Villa Vásquez y los demás asesinados en las calles del país)

En la calle no se baila
ni se juega.
En la calle se trabaja
se produce
se transita

¡¡¡¡Con balazos le dijeron!!!!
No te subas a los buses
No invoques con alegría el vocablo de justicia.
No se desafía el infinito
desplazándote en las barandas de los puentes
como un pájaro.

No se canta,
ni se grita en las calles,
no se bendice al otro,
ni se abraza,
y mucho menos
se le dice “en los corazones en la buena”.

Quizá, siempre mamá,
al verlos salir a las calles:
eufóricos, valientes, coloridos e indignados,
con ganas de comerse a besos,
presiente el disgusto que envenena
las voluntades de los malos.

Alberto Antonio Berón Ospina (escritor)

 

 

 

 

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Publicado enColombia
Luis Arce deroga la ley antilavado que motivó paros y protestas en Bolivia

El presidente argumentó que "el país no quiere más zozobra e incertidumbre"

La dirigencia de derecha, encabezada por Luis Fernando Camacho, se atribuyó una victoria y confirmó su intención de continuar con la medida de fuerza pese al anuncio.

El presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció la derogación de la ley antilavado que motivó un paro, marchas y bloqueos en algunas regiones del país por parte de gremios y comités cívicos y confió en que desde el lunes la situación se normalice. En una conferencia de prensa desde la sede de gobierno, el presidente dio a conocer la decisión porque "el país no quiere más zozobra e incertidumbre innecesariamente". La dirigencia de derecha que está detrás del paro, encabezada por Luis Fernando Camacho, se atribuyó una victoria y confirmó su intención de continuar con la medida de fuerza pese al anuncio.

"Escuchando las demandas del pueblo boliviano, las demandas sectoriales, hemos tomado la decisión de abrogar la Ley 1386 a objeto de, primero, allanar el camino para que no exista el mayor pretexto para seguir enlutando, para seguir maltratando, para seguir paralizando nuestra economía", dijo Arce. El gobierno boliviano mantuvo el sábado un diálogo con algunos sectores con el fin de desarticular las movilizaciones iniciadas el lunes por comerciantes informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

Según Arce, los transportistas y comerciantes informales que cumplieron la huelga "se han visto perjudicados en sus ingresos" y sostuvo que el Ejecutivo tiene que velar por que la economía continúe recuperándose. "Lo que ha pasado está generando miedo, zozobra e incertidumbre innecesariamente en el país producto de que hay sectores que tienen otros intereses más allá de los que marcan las necesidades e inquietudes de los sectores sociales", insistió.

"Movilización permanente"

Al participar este domingo de un multitudinario evento en la localidad altiplánica de Peñas para conmemorar los 240 años de la muerte de Tupac Katari, quien lideró las rebeliones indígenas contra la colonia española, Arce le pidió a la militancia del MAS una "movilización permanente" contra el "enemigo". El mandatario destacó a Katari como un "estratega" que "sabía cuándo avanzar, cuándo detenerse, cuándo ir al ataque y cuándo ir a la defensiva", algo que han "heredado" y siguen aplicando porque "la  "resistencia indígena continúa y no es en vano".

Por su parte el expresidente Evo Morales respaldó la decisión del gobierno: "Saludamos la decisión de nuestro hermano presidente de abrogar la Ley 1386 junto a las organizaciones sociales que son la base del Proceso de Cambio", escribió Morales en Twitter. "Nuestra política es gobernar obedeciendo al pueblo y proteger la vida y la economía ante los aprestos golpistas", agregó Morales, quien fue derrocado en un golpe de Estado en 2019, se exilió en Argentina y retornó a Bolivia tras la asunción de Arce en 2020.

La derecha festeja y pide mantener el paro

En el otro extremo el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, manifestó en redes sociales que la "lucha de unidad ha comenzado a dar sus frutos" pero no ha terminado, por lo que pidió a los movilizados en esa región mantener "los puntos de bloqueo". Este sector se reunirá con otros movilizados en las próximas horas para analizar el anuncio presidencial y tomar nuevas definiciones.

En tanto el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, uno de los principales impulsores del golpe contra Morales, se atribuyó un triunfo por la derogación de la ley. "Luis Arce quiso camuflar su derrota y dijo que "decidió" abrogar la ley 1386. Falso, no decidió nada, lo hizo porque el pueblo movilizado lo exigió. No tenía opción. Fin del comunicado", señaló por Twitter.

La resistida ley, aprobada en agosto, establecía que la estrategia contra la legitimación de ganancias ilícitas y el financiamiento del terrorismo "podrá ser ajustada por el Ejecutivo (...) mediante decreto". Esto fue lo que particularmente generó inquietud en la oposición, que temía que fuera usada como herramienta de persecución política.

A lo largo de la semana se registraron violentos enfrentamientos entre los manifestantes, la policía y grupos afines al oficialismo que intentaban disipar las protestas dejando un centenar de detenidos, varios heridos y un muerto en circunstancias aún confusas. Los principales disturbios ocurrieron en los departamentos de Santa Cruz y Potosí, en el sudoeste del país, pero se vieron manifestaciones en todo el territorio.

Valoración del gobierno

El paro se inició el lunes pasado y coincidió con el primer año de gobierno de Luis Arce. Según se desprende de una encuesta realizada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), el 55 por ciento de la población boliviana valora positivamente la gestión del Ejecutivo. La cifra fue aún más alta cuando se preguntó por la gestión de la pandemia (76 por ciento) y por la política social (62 por ciento). La imagen del presidente Arce también tiene una valoración positiva elevada, en torno al 47 por ciento, por encima de la mayoría de los presidentes en la región de acuerdo a los sondeos que habitualmente realiza Celag.

Publicado enInternacional
Viernes, 22 Octubre 2021 06:04

Que la tortilla se vuelva

Trabajadores de John Deere realizan una huelga con piquete, el 14 de octubre, en las instalaciones de la empresa en East Moline, Illinois AFP, GETTY IMAGES, SCOTT OLSON

La pandemia y el teletrabajo recordaron a millones de estadounidenses que la vida es frágil y la familia importa. La reactivación impulsada por el Estado, que sigue engordando las ganancias empresariales, se ha topado con una creciente militancia gremial y con demandas de sueldos más altos y mejoras en la calidad de vida.

 

SI EL MAÍZ CRECE DESPAREJO…

La pandemia tuvo un impacto grueso en el mercado laboral estadounidense: el índice de desempleo, que hasta enero de 2020 se había mantenido alrededor del 3,5 por ciento, saltó al 14 por ciento en abril. Los pedidos de subsidio por desempleo, con un promedio semanal de 205 mil trámites a comienzos de ese año, se remontaron a 6,8 millones en la última semana de marzo. Decenas de millones de personas perdieron su empleo o registraron una poda sustancial en sus ingresos por la reducción de las horas de trabajo.

El efecto no fue parejo: los trabajadores en sectores en que fue posible el recurso del teletrabajo continuaron laburando, pero otros muchos –en sectores como los restaurantes y los hoteles– quedaron desempleados. Para otro segmento, el de los llamados «trabajadores esenciales» –las cosechas, el transporte, el cuidado de niños, enfermos y ancianos–, el panorama fue sombrío: quedarse en casa sin sueldo o concurrir a trabajar y exponerse a la pandemia.

Los programas de estímulo por 1,9 billones de dólares, aprobados de manera rápida por el Congreso y promulgados de forma expedita por el presidente Donald Trump, reanudaron la actividad económica. El arribo de las vacunas contra la covid-19 y otro generoso estímulo de 1,2 billones de dólares promulgado por el presidente Joe Biden han contribuido a esa reactivación. El índice de desempleo ha bajado al 4,8 por ciento en setiembre de este año y, por primera vez desde el comienzo de la pandemia, la cifra semanal de solicitudes del seguro de paro se ha ubicado por debajo de las 300 mil.

Como suele suceder, las noticias que son medianamente buenas para muchos son mucho mejores para otros pocos. En el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia causó una caída del 9,1 por ciento en el PBI de Estados Unidos, las ganancias de las empresas sumaron 17,4 billones de dólares. En el segundo trimestre de 2021, cuando el PBI creció 12,2 por ciento, sumaron 24,4 billones de dólares. Un aumento del 40 por ciento. El índice del mercado de valores (Stock Market Index), que muestra el entusiasmo o el pánico en el casino financiero, tenía en julio de 2020 una marca de 26.400 puntos. Esta semana el optimismo ronda por encima de los 35.381 puntos. Un aumento del 34 por ciento.

Mientras tanto, y con una tasa anual de inflación del 5,4 por ciento, los sueldos reales de todos los trabajadores en el sector privado (medidos en dólares constantes de 1982-1984) bajaron de 394,62 a 391,62 dólares por semana.

NO ES SOLO CUESTIÓN DE DINERO

La pandemia tuvo otro efecto en el mercado laboral, previsible desde hace un par de décadas y demorado solo por el enfoque anticuado en la administración empresarial de los llamados «recursos humanos». La propagación del teletrabajo ha demostrado, primero que nada, que sí es posible mantener la actividad de negocios, escuelas y universidades sin la concentración de empleados y estudiantes en oficinas, fábricas y aulas. Desde el punto de vista empresarial, esto es una promesa de reducción de gastos fijos, como el alquiler de espacios, la electricidad y los seguros.

Para los millones de trabajadores que han continuado sus labores desde casa, la revelación ha sido aún más importante: existe la vida afuera del horario. Librarse de las dos horas diarias de transporte hacia y desde el sitio de trabajo significa dos horas más de vida familiar, el ahorro de dinero en el cuidado de los niños, una dieta más sana con comidas hogareñas. Y, sobre todo, una administración diferente del tiempo: en lugar de ocho horas de confinamiento en una oficina de las que quizás solo dos o tres se ocupan en alguna labor, ahora puede haber tiempo para ejercicio, para escuchar música, para leer o –sin que se note– para echarse una siesta hasta que la tarea siguiente sea asignada.

Con la recuperación del tiempo personal, millones de personas empleadas a tiempo completo o parcial, o desempleadas, encontraron el tiempo y las circunstancias para tomar cursos por Internet y adquirir certificados profesionales, o han emprendido pequeños negocios propios. Y las empresas, especialmente las que mejor se adaptaron al teletrabajo, encuentran ahora la resistencia de sus empleados a retornar a las oficinas y fábricas, a las escuelas y universidades. Una renuencia combinada con las precauciones para evitar nuevos brotes de la pandemia.

En pocos meses, millones de estadounidenses descubrieron aquello de que hay que trabajar para vivir en lugar de vivir para trabajar. Hay instructores de yoga, de canto, de reparación de motores que se han hecho clientelas vía Zoom, y alumnos que por Zoom exploran el canto, practican yoga o se entretienen reparando una motocicleta. La aritmética es sencilla: una instructora de guitarra o de cocina uruguaya, un instructor de ajedrez o fotografía puede cobrar, digamos, 25 dólares por clase. Si consigue tan solo cuatro alumnos por día y trabaja desde su casa y apenas cuatro horas diarias, de lunes a viernes, logrará un ingreso superior al sueldo real. El teletrabajo tiene sus propias complicaciones: el uso de espacio para oficina en un apartamento o casa familiar, la interferencia de los niños, la pereza de cambiar del pijama a una vestimenta formal. Y también el peligro de la disponibilidad ilimitada: por Internet el empleador puede encargar tareas a cualquier hora del día o de la noche, lo que crea una forma nueva de compromiso laboral.

La fuerza combinada de la reactivación económica impulsada con dinero estatal y el teletrabajo y sus beneficios forman parte del fenómeno por el cual, ahora, en Estados Unidos hay una escasez tremenda de mano de obra. Las empresas no pueden encontrar gente dispuesta a emplearse a menos que las condiciones de trabajo sean más flexibles, con más tiempo para la familia o el gusto personal.

A LA HUELGA, COMPAÑERAS

En agosto unos 4,3 millones de trabajadores, esto es, el 2,9 por ciento de la fuerza laboral, abandonaron sus empleos, la cifra más alta de dimisiones desde que se registra este dato. Eso significa 242 mil renunciantes más que en julio, como reflejo de que más y más empleados reclaman sueldos más altos, mejores condiciones de trabajo, incluidas más vacaciones, licencia por maternidad o paternidad y horarios flexibles.

En agosto, al acentuarse la escasez de mano de obra dispuesta a emplearse, había unos 10,4 millones de ofertas de empleo en puestos vacantes en casi todas las industrias. En julio había 11,1 millones. El fenómeno no es exclusivo de Estados Unidos. Gran Bretaña encara una escasez de pilotos, al tiempo que se reanudan los vuelos normales, debido a que cientos de tripulantes de aerolíneas se jubilaron o cambiaron de carrera durante la pandemia, y otros muchos requieren instrucción. Expertos en el área de la aviación comercial calculan que esa industria tendrá una escasez de unos 34 mil pilotos hacia 2025.

«Es la época de oro para los trabajadores estadounidenses», según Joe Brusuelas, economista jefe en la firma contable y de asesoramiento RSM. «El trabajador estadounidense sabe que ahora tiene poder en la negociación, que puede obtener un sueldo razonable y tener influencia en la conformación de las condiciones laborales. Esto es lo que ocurre después de las guerras o depresiones grandes. Es difícil percibirlo cuando uno está en medio del proceso, pero hemos tenido un shock que ha generado cambios inesperados en la población», ha afirmado Brusuelas a la CNN.

Los sindicatos en Estados Unidos han estado perdiendo influencia por décadas, y la afiliación de trabajadores ha bajado del 18 por ciento de los trabajadores en 1985 al 10 por ciento actual. Paradójicamente, el 68 por ciento de los estadounidenses tiene una opinión positiva de los sindicatos, el nivel más alto de confianza desde 1965, según una encuesta de Gallup. La simpatía por los gremios sube al 78 por ciento entre la gente más joven, con edades entre 18 y 29 años.

Y hasta esta semana ya más de 100 mil trabajadores en diferentes industrias han aprobado la autorización para que los sindicatos que los representan declaren la huelga si no hay progreso en las negociaciones de los respectivos convenios colectivos. La semana pasada 10 mil trabajadores de la firma John Deere entraron en huelga, y una medida similar en el área de producciones de Hollywood se evitó pocas horas antes del plazo, cuando se llegó a un acuerdo con unos 60 mil trabajadores. Unos 1.400 empleados de la firma Kellogg, que produce cereales para el desayuno y otros alimentos, se declararon en huelga el 5 de octubre en las plantas de Michigan, Nebraska, Pensilvania y Tennessee, en repudio a la oferta de contrato presentada por la patronal, que incluye recortes en el seguro médico, las jubilaciones y las vacaciones.

Más allá de los trabajadores en los sectores privado y público que tienen representación sindical, un aspecto notable del mercado laboral en 2021 es que hay millones de trabajadores, en áreas sin sindicatos, que se rehúsan a retornar a sus empleos. «Somos testigos de la “Gran Huelga de 2021”, y la componen mayormente millones de trabajadores no organizados y en áreas de empleo de bajos sueldos», afirmó esta semana el periódico financiero The Street. «Muchos de los nueve millones de trabajadores que no han retornado a trabajar están, de hecho, en huelga para obtener algo mejor.»

De acuerdo con la Facultad de Relaciones Industriales y Laborales de la Universidad Cornell, este año ha habido huelgas contra 178 empresas. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales, que solo lleva el registro de las huelgas mayores, ha documentado 12, en las que participaron más de mil empleados. «Las huelgas son una señal, sin duda, de que los empleadores ignoran a los trabajadores en perjuicio propio», dijo esta semana a The Washington Post Elizabeth Shuler, la primera mujer al frente de la central sindical AFL-CIO. «La pandemia dejó al desnudo nuestro sistema de desigualdades, y los trabajadores se rehúsan a volver a empleos míseros que ponen en riesgo su salud. Esta ola de huelgas inspirará a más y más trabajadores para que se planten firmes y digan “merecemos algo mejor”», agregó.

Por Jorge A. Bañalesdesde Washington 
21 octubre, 2021

Publicado enInternacional
Calles vacías por el paro en la maltratada nación caribeña.. Imagen: AFP

La banda armada que secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití pidió un rescate de un millón de dólares por cada una de las personas captivas, según informó el ministro de Justicia, Litz Quitel. Mientras que en el país caribeño, especialmente en Puerto Príncipe, las calles amanecieron casi vacías por segundo día consecutivo debido a una huelga promovida por organizaciones patronales y sector transportista en reclamo por la inseguridad, raptos y asesinatos tras el reciente secuestro. Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital.

"La banda haitiana que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses está pidiendo 1 millón por cada uno para su liberación, un total de 17 millones de dólares", aseguró Quitel, que luego indicó que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas durante las negociaciones.

El ministro de Justicia subrayó que el FBI y la policía de Haití están en contacto con los secuestradores, y que las negociaciones podrían durar días o semanas. "Estamos intentando lograr su liberación sin pagar un rescate. Esta es la primera vía de acción. Seamos honestos: Cuando les demos ese dinero, ese dinero será usado para (comprar) más armas y municiones”, afirmó Quitel.

El ministro además señaló que su equipo no participa en las negociaciones. "No tengo los datos específicos, no quiero interferir con quien está negociando y los secuestradores. Cada caso es diferente", dijo al diario The Washington Post.

Quitel añadió que las autoridades del país buscan llegar a un desenlace similar al del secuestro en abril pasado de un grupo de sacerdotes y monjas católicos por parte de la misma banda, 400 Mawozo. En esa negociación los cinco curas, dos monjas y tres de sus familiares fueron liberados a finales del mismo mes con el pago de rescate únicamente por dos de los sacerdotes, aseguró el ministro de Justicia.

En abril, 10 personas, entre ellos dos religiosos franceses, estuvieron secuestrados 20 días por la banda 400 Mawozo en la misma región situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana. Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Puerto Príncipe, afirmó que la banda 400 Mawozo estuvo detrás de cerca del 80 por ciento de los secuestros del tercer trimestre de 2021, según consigna el matutino estadounidense.

Según indicó Quitel, las 17 personas están siendo retenidas en una casa justo afuera de Croix-des-Bouquets, donde lsos misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobus al este de Puerto Príncipe. La zona está controlada por la banda 400 Mawozo.

Por su parte, Estados Unidos reiteró que no negociará con quien secuestra a sus ciudadanos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Washington mantiene su política de no negociar con secuestradores remarcó que el objetivo continúa siendo "traerles a casa". En el grupo de víctimas figuran cinco niños, el menor de ellos de ocho meses y otros de 3, 6, 14 y 15 años.

La Policía Montada de Canadá confirmó este martes que está trabajando con las fuerzas policiales de Haití y Estados Unidos en el caso de los misioneros secuestrados. En una declaración a los medios, la policía canadiense señaló que "está tomando muy en serio esta situación y está colaborando con las autoridades policiales de Haití y Estados Unidos en este incidente". Por otra parte, afirmaron que no harán más comentarios sobre investigaciones en marcha en otros países.

En tanto la cancillería canadiense señaló que está recabando más información junto a las autoridades locales y Christian Aid Ministries tras conocerse el secuestro de los misioneros. Las autoridades canadienses no han revelado la identidad del ciudadano de ese país que hace parte del grupo de rehenes.

Reclaman acción al gobierno

En las calles de la capital haitiana habían unos pocos vendedores ambulantes. Sólo algunos grandes mercados abrieron las puertas, pero la mayoría de las escuelas, instituciones financieras y de la administración pública se adhirieron a la huelga.

El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, Mehu Changeux, explica que el paro reclama la acción del Gobierno para combatir a las pandillas y critica una supuesta campaña de las autoridades para ahogar las demandas de la población. "Les decimos que no es el dinero lo que hace que los conductores y los ciudadanos se queden en casa, es la convicción", tuiteó el sindicalista.

Sin embargo, cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital, y en algunas zonas se experimentaba una reactivación del transporte colectivo, mientras que en otros departamentos más alejados de la capital los sectores no acataron la huelga, precisaron medios locales.

20 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
De izquierda a derecha: Jorge Alberto Parra y Carlos Trujillo, ver entrevista completa: “Ex-trabajadores General Motors, Colmotores: Memorias de una década en lucha”

Ver cotidianamente una carpa en la acera de un barrio de clase media de Bogotá, al frente de la Embajada de los Estados Unidos, puede ser algo inusitado para las personas, pero podrían asombrarse aún más de saber que hace 10 años fue instalada ahí y que allí se han concentrado los sueños, luchas, propuestas, frustraciones, rabias, alegrías, rebeldías y dignidades de un grupo de trabajadores que a lo largo de esos años han exigido sus derechos laborales, a salud y seguridad social, ligados a que se reconozca que las enfermedades que adquirieron fueron producto de su trabajo.

 

El martes 2 de agosto de 2011, un grupo de trabajadores de la empresa automotriz General Motors Colmotores, decidió emprender una acción colectiva arriesgada: colocar una carpa al frente de la entrada a la Embajada de Estados Unidos para denunciar su situación laboral y de salud.

La realidad no daba para menos: todos estaban afectados por un conjunto de patologías adquiridas producto de su labor en la empresa automotriz General Motors Colmotores, pero no reconocidas así por la patronal. Patologías traducidas en incapacidades permanentes, que a la postre llevaron a la cancelación de su contrato laboral, quedando sin las indispensables protecciones laborales, económicas y de salud y por ello en unas condiciones de alta vulnerabilidad al no contar con salud, ni trabajo, imposible de conseguir de nuevo por sus incapacidades y por esta vía, perder sus viviendas y terminar desestructurándose sus familias.

Estaban ante una problemática que requería salidas efectivas y colectivas, e inicialmente la respuesta la dieron 63 trabajadores, que se dieron una identidad a través de Asotrecol (Asociación de trabajadores enfermos de Colmotores), organización desde la cual han impulsado múltiples acciones durante estos años de resistencia.

Jorge Parra, uno de los dirigentes de Asotrecol, expresa muy bien lo que les sucedió en su salud: “Nosotros trabajamos en las áreas de soldadura, mecánica, ensamble, y pintura con jornadas laborales de más 10 horas diarias. Trabajando durante 6 días la semana, con equipo y tecnología que no garantizaba una seguridad ocupacional mínima y con constante exigencia patronal para garantizar y superar las metas de producción. Estos factores sumados prácticamente garantizaban una epidemia laboral de enfermedades incapacitantes en pocos años: hernias discales, túnel de carpo, bursitis y manguito rotador en hombros se hicieron comunes”.

Por su lado una abogada que en un momento dado estuvo apoyando a trabajadores enfermos de Colmotores a establecer demandas jurídicas, expresa: “La empresa tiende a expulsar a los trabajadores enfermos a manera tanto de retaliación como forma de eximirse de la responsabilidad de sus enfermedades […] los despidos masivos y sin justa causa son una de las estrategias que usa la empresa para atacar y desmoralizar a los trabajadores”.

Entre el conjunto de acciones colectivas que emprendieron los trabajadores de Asotrecol en los primeros meses en la carpa, incluyeron enterramientos, huelgas de hambre cociéndose los labios y crucifixiones. Tal tipo de acciones reflejó el nivel de desespero en que se encontraban, buscando ser escuchados y atendidos en sus demandas. Al comienzo los medios masivos de comunicación los visibilizaron, producto del manejo amarillista de los conflictos, después los olvidaron; igual que el conjunto de actores involucrados y responsables en este conflicto que han mantenido un margen conveniente a lo largo de esta década.

Internacionalización de la problemática

El acto de colocar la carpa al frente de la embajada sin duda fue osado, pero completamente estratégico. Partió de entender que el conflicto debía ganar un escenario internacional al ser General Motors Colmotores una empresa norteamericana y que, por lo tanto, era competencia del gobierno de los Estados Unidos involucrarse en la resolución de esta problemática, mucho más tras haberle inyectado una suma grande de dineros públicos para su salvamento.

De otro lado, por que estos trabajadores enmarcaron su conflicto en el Tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, y el plan de acción laboral que integró y por el cual los dos gobiernos se obligaban a respetar los derechos laborales en sus países. Con esto se presionó para que Estados Unidos interviniera en este conflicto y contribuyera a su solución.

Esta internacionalización trajo a la postre un hecho fundamental que ha sido el soporte y la razón de que la carpa y la acción de Asotrecol se haya sostenido estos diez años. Se configuró una red de solidaridad internacional, principalmente en Estados Unidos, pero que luego apareció en países de Europa y África. Cada vez que se ha intentado expulsarlos de la carpa, esta red ha presionado al gobierno de los Estados Unidos y al de Colombia, evitando que la acción se consuma.

Indolencia de los actores responsables para resolver el conflicto


En la concreción de su labor Asotrecol ha denunciado su caso ante instancias nacionales e internacionales. A nivel nacional han denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Igualmente, Asotrecol presentó su caso ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos –Cetcoit 1–, la cual no tuvo mayores efectos.

En el escenario internacional han logrado audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, además de realizar un proceso para que su caso fuera presentado a la OIT en Ginebra, Suiza, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual no prosperó.

En esas condiciones, luego de diez años de lucha y de su estadía en una carpa, no alcanzan ningún tipo de resolución a la situación y demandas de los extrabajadores de Colmotores, lo cual expresa la indolencia, negligencia e indiferencia de los actores involucrados en este conflicto.

La empresa, por su parte, ha buscado todo el tiempo quitarse la responsabilidad que le concierne y en los momentos que ha propuesto soluciones han encontrado el rechazo de los trabajadores de Asotrecol por considerarlas exiguas.

A su vez, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– involucradas en el conflicto, no han reconocido el origen laboral de las patologías sufridas por los trabajadores, por lo cual sus derechos de salud y seguridad social no han sido garantizados. Tratados los casos en las juntas de calificación de invalidez regional y nacional, tampoco se ha logrado el reconocimiento del origen laboral de las patologías.

Como si fuera extraño, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su constante falta de autoridad estatal laboral, por lo cual en estos diez años ha permanecido al margen del conflicto incumpliendo su deber para dirimir este ya largo conflicto laboral. Como hijas de igual familia, las instituciones del Ministerio Público han mostrado su baja capacidad de incidir en conflictos de este tipo.

En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos, que en un momento dado atendió la situación de los trabajadores
–convocando a la empresa para hablar del tema–, con el paso del tiempo se desentendió de la situación.

Por su parte el movimiento sindical, en particular las centrales de trabajadores, que aunque no son actores responsables de esta situación y en algunos momentos han expresado su solidaridad con el caso, realmente han actuado muy poco o nada para presionar una negociación que permita se resuelva este conflicto.

Extensa problemática de salud en el trabajo


Simbólicamente esta carpa representa la lucha y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras en el país que padecen igual situación: enfermarse producto de su trabajo, desconocidos en sus derechos y sin trabajo, quedando en una situación enorme de vulnerabilidad de salud y social.

Una realidad que allí donde sucede y logra cohesión, se traduce en organización y resitencia. La configuración de estas asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo se registra en el país desde el 2006. Hasta 2019 son 19 asociaciones las conformadas (ver tabla), las cuales cubren principalmente a trabajadores y extrabajadores vinculados con los sectores económicos minero-energético, agro-alimentario, automotriz, construcción, tabacalero, manufacturero, mantenimiento, hotelero, seguridad y de la salud; su presencia se registra en un número importantes de regiones del país.

Trabajo e incapacidad laboral, dolencias crónicas, invalidez y afines, una problemática que se explica en gran medida porque en el país existe una debilidad importante en las políticas y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, lo que lleva a que se sigan produciendo altas cifras de accidentalidad, enfermedad y muerte de origen laboral. También porque se dan procesos de subregistro de los casos al no documentarse y subdiagnósticos al no pensarse clínicamente que muchas de las patologías que sufren las personas son a causa del trabajo, ejemplo contundente de ello son los cánceres que en el país no se registran en su origen laboral. Y a esto se suma el encubrimiento de los casos por parte de las empresas, la pretensión de las ARL de no reconocer el origen laboral de estos hechos, la falta de eficacia en la labor de las juntas de calificación de invalidez y el muy débil papel de inspección, vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Trabajo, entidad que es la autoridad estatal en materia laboral y de riesgos profesionales.

 

 

Logros y enseñanzas de una década de lucha


Jorge y Carlos, quienes son los que más han estado al frente de la dinámica de la carpa a lo largo de los diez años transcurridos, hablan con tranquilidad, con fuerza argumentativa y con la sabiduría apartada por esta experiencia que ha curtido sus vidas.

Jorge dice, “lo más importante que debe considerar un trabajador es ser consciente de que tiene que defender sus derechos, es tal vez lo más importante que nosotros podemos decir después de diez años de lucha”.

Entre los alcances que destacan de lo liderado por Asotrecol está que la empresa, producto de sus acciones colectivas, se vio forzada a darle un tratamiento distinto a los trabajadores que se han enfermado, teniendo que gestionar procesos de rehabilitación y de reubicación, sin poder despedirlos. De manra adicional, interpretan que con su lucha también presionaron para que Colmotores hiciera inversiones tecnológicas con un enfoque ergonómico para prevenir las enfermedades entre sus trabajadores.

Otro alcance que reconocen fruto de su acción es la constitución de Asotrecol en referente para que otros trabajadores enfermos producto de su trabajo cotidiano tomasen como ejemplo su proceso de lucha y resistencia, razón por lo cual han sido buscados para pedirles orientaciones para sus casos, tanto por trabajadores de Colmotores, como de otras empresas de diversas regiones del país.

Tal como lo menciona Carlos Trujillo: “dentro de la empresa se ha generado la conciencia que tienen que defender sus derechos y muchos de ellos han llegado aquí, a pedir una asesoría y un acompañamiento en el proceso de ellos y eso es lo que de una u otra forma trata de hacer Asotrecol”.

Sin duda, una lucha de tantos años genera un proceso de decrecimiento y agotamiento, dado lo prolongado de la acción, pero no por eso la demerita, ni le quita sus propósitos, que para el caso de Asotrecol continúan siendo férreos y dignamente sostenidos por sus miembros.

Como gran enseñanza de su lucha, Jorge dice de forma recia en la conversación sostenido en la carpa: “realmente lo que vemos con nuestro caso particular es que si nosotros no hubiésemos tenido la convicción completa de defender nuestros derechos como la hemos tenido durante todo este tiempo, no hubiese servido de nada esto, porque esto es difícil”.

Y remata diciendo: “Nadie más va a venir a luchar por nosotros. El problema es nuestro, nosotros tenemos que tomarlo y enfrentarlo”.

Acá esta la gran enseñanza, sentada en las bases de la dignidad y resistencia del movimiento obrero, que recoge las experiencias internacionales y que recuerda la acción de los obreros italianos que a finales de los 60 y comienzos de los 70 del siglo XX defendieron y extendieron la idea que el actor protagónico en la defensa de la salud en el trabajo son los propios trabajadores y trabajadoras. Sin duda esta idea ha recorrido el mundo y se ha hecho presente con enorme dignidad y valentía en el escenario de esta carpa de la resistencia.

 

* Este artículo se apoya en la investigación doctoral en salud pública realizada por el autor, denominada “Luchas obreras por la salud en Colombia. El caso de las Asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo”, Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77727
** Profesor Universidad Nacional de Colombia
1 Organismo del Ministerio del Trabajo encargado de atender los conflictos relacionados con la liberta sindical regulados por los convenios ratificados por Colombia de la OIT.

 

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https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº283
De izquierda a derecha: Jorge Alberto Parra y Carlos Trujillo, ver entrevista completa: “Ex-trabajadores General Motors, Colmotores: Memorias de una década en lucha”

Ver cotidianamente una carpa en la acera de un barrio de clase media de Bogotá, al frente de la Embajada de los Estados Unidos, puede ser algo inusitado para las personas, pero podrían asombrarse aún más de saber que hace 10 años fue instalada ahí y que allí se han concentrado los sueños, luchas, propuestas, frustraciones, rabias, alegrías, rebeldías y dignidades de un grupo de trabajadores que a lo largo de esos años han exigido sus derechos laborales, a salud y seguridad social, ligados a que se reconozca que las enfermedades que adquirieron fueron producto de su trabajo.

 

El martes 2 de agosto de 2011, un grupo de trabajadores de la empresa automotriz General Motors Colmotores, decidió emprender una acción colectiva arriesgada: colocar una carpa al frente de la entrada a la Embajada de Estados Unidos para denunciar su situación laboral y de salud.

La realidad no daba para menos: todos estaban afectados por un conjunto de patologías adquiridas producto de su labor en la empresa automotriz General Motors Colmotores, pero no reconocidas así por la patronal. Patologías traducidas en incapacidades permanentes, que a la postre llevaron a la cancelación de su contrato laboral, quedando sin las indispensables protecciones laborales, económicas y de salud y por ello en unas condiciones de alta vulnerabilidad al no contar con salud, ni trabajo, imposible de conseguir de nuevo por sus incapacidades y por esta vía, perder sus viviendas y terminar desestructurándose sus familias.

Estaban ante una problemática que requería salidas efectivas y colectivas, e inicialmente la respuesta la dieron 63 trabajadores, que se dieron una identidad a través de Asotrecol (Asociación de trabajadores enfermos de Colmotores), organización desde la cual han impulsado múltiples acciones durante estos años de resistencia.

Jorge Parra, uno de los dirigentes de Asotrecol, expresa muy bien lo que les sucedió en su salud: “Nosotros trabajamos en las áreas de soldadura, mecánica, ensamble, y pintura con jornadas laborales de más 10 horas diarias. Trabajando durante 6 días la semana, con equipo y tecnología que no garantizaba una seguridad ocupacional mínima y con constante exigencia patronal para garantizar y superar las metas de producción. Estos factores sumados prácticamente garantizaban una epidemia laboral de enfermedades incapacitantes en pocos años: hernias discales, túnel de carpo, bursitis y manguito rotador en hombros se hicieron comunes”.

Por su lado una abogada que en un momento dado estuvo apoyando a trabajadores enfermos de Colmotores a establecer demandas jurídicas, expresa: “La empresa tiende a expulsar a los trabajadores enfermos a manera tanto de retaliación como forma de eximirse de la responsabilidad de sus enfermedades […] los despidos masivos y sin justa causa son una de las estrategias que usa la empresa para atacar y desmoralizar a los trabajadores”.

Entre el conjunto de acciones colectivas que emprendieron los trabajadores de Asotrecol en los primeros meses en la carpa, incluyeron enterramientos, huelgas de hambre cociéndose los labios y crucifixiones. Tal tipo de acciones reflejó el nivel de desespero en que se encontraban, buscando ser escuchados y atendidos en sus demandas. Al comienzo los medios masivos de comunicación los visibilizaron, producto del manejo amarillista de los conflictos, después los olvidaron; igual que el conjunto de actores involucrados y responsables en este conflicto que han mantenido un margen conveniente a lo largo de esta década.

Internacionalización de la problemática

El acto de colocar la carpa al frente de la embajada sin duda fue osado, pero completamente estratégico. Partió de entender que el conflicto debía ganar un escenario internacional al ser General Motors Colmotores una empresa norteamericana y que, por lo tanto, era competencia del gobierno de los Estados Unidos involucrarse en la resolución de esta problemática, mucho más tras haberle inyectado una suma grande de dineros públicos para su salvamento.

De otro lado, por que estos trabajadores enmarcaron su conflicto en el Tratado de libre comercio (TLC) entre Estados Unidos y Colombia, y el plan de acción laboral que integró y por el cual los dos gobiernos se obligaban a respetar los derechos laborales en sus países. Con esto se presionó para que Estados Unidos interviniera en este conflicto y contribuyera a su solución.

Esta internacionalización trajo a la postre un hecho fundamental que ha sido el soporte y la razón de que la carpa y la acción de Asotrecol se haya sostenido estos diez años. Se configuró una red de solidaridad internacional, principalmente en Estados Unidos, pero que luego apareció en países de Europa y África. Cada vez que se ha intentado expulsarlos de la carpa, esta red ha presionado al gobierno de los Estados Unidos y al de Colombia, evitando que la acción se consuma.

Indolencia de los actores responsables para resolver el conflicto


En la concreción de su labor Asotrecol ha denunciado su caso ante instancias nacionales e internacionales. A nivel nacional han denunciado ante el Ministerio de Trabajo, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Igualmente, Asotrecol presentó su caso ante la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos –Cetcoit 1–, la cual no tuvo mayores efectos.

En el escenario internacional han logrado audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, además de realizar un proceso para que su caso fuera presentado a la OIT en Ginebra, Suiza, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, la cual no prosperó.

En esas condiciones, luego de diez años de lucha y de su estadía en una carpa, no alcanzan ningún tipo de resolución a la situación y demandas de los extrabajadores de Colmotores, lo cual expresa la indolencia, negligencia e indiferencia de los actores involucrados en este conflicto.

La empresa, por su parte, ha buscado todo el tiempo quitarse la responsabilidad que le concierne y en los momentos que ha propuesto soluciones han encontrado el rechazo de los trabajadores de Asotrecol por considerarlas exiguas.

A su vez, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL– involucradas en el conflicto, no han reconocido el origen laboral de las patologías sufridas por los trabajadores, por lo cual sus derechos de salud y seguridad social no han sido garantizados. Tratados los casos en las juntas de calificación de invalidez regional y nacional, tampoco se ha logrado el reconocimiento del origen laboral de las patologías.

Como si fuera extraño, el Ministerio de Trabajo ha mostrado su constante falta de autoridad estatal laboral, por lo cual en estos diez años ha permanecido al margen del conflicto incumpliendo su deber para dirimir este ya largo conflicto laboral. Como hijas de igual familia, las instituciones del Ministerio Público han mostrado su baja capacidad de incidir en conflictos de este tipo.

En paralelo, el gobierno de los Estados Unidos, que en un momento dado atendió la situación de los trabajadores
–convocando a la empresa para hablar del tema–, con el paso del tiempo se desentendió de la situación.

Por su parte el movimiento sindical, en particular las centrales de trabajadores, que aunque no son actores responsables de esta situación y en algunos momentos han expresado su solidaridad con el caso, realmente han actuado muy poco o nada para presionar una negociación que permita se resuelva este conflicto.

Extensa problemática de salud en el trabajo


Simbólicamente esta carpa representa la lucha y resistencia de miles de trabajadores y trabajadoras en el país que padecen igual situación: enfermarse producto de su trabajo, desconocidos en sus derechos y sin trabajo, quedando en una situación enorme de vulnerabilidad de salud y social.

Una realidad que allí donde sucede y logra cohesión, se traduce en organización y resitencia. La configuración de estas asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo se registra en el país desde el 2006. Hasta 2019 son 19 asociaciones las conformadas (ver tabla), las cuales cubren principalmente a trabajadores y extrabajadores vinculados con los sectores económicos minero-energético, agro-alimentario, automotriz, construcción, tabacalero, manufacturero, mantenimiento, hotelero, seguridad y de la salud; su presencia se registra en un número importantes de regiones del país.

Trabajo e incapacidad laboral, dolencias crónicas, invalidez y afines, una problemática que se explica en gran medida porque en el país existe una debilidad importante en las políticas y sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo, lo que lleva a que se sigan produciendo altas cifras de accidentalidad, enfermedad y muerte de origen laboral. También porque se dan procesos de subregistro de los casos al no documentarse y subdiagnósticos al no pensarse clínicamente que muchas de las patologías que sufren las personas son a causa del trabajo, ejemplo contundente de ello son los cánceres que en el país no se registran en su origen laboral. Y a esto se suma el encubrimiento de los casos por parte de las empresas, la pretensión de las ARL de no reconocer el origen laboral de estos hechos, la falta de eficacia en la labor de las juntas de calificación de invalidez y el muy débil papel de inspección, vigilancia y control que ejerce el Ministerio de Trabajo, entidad que es la autoridad estatal en materia laboral y de riesgos profesionales.

 

 

Logros y enseñanzas de una década de lucha


Jorge y Carlos, quienes son los que más han estado al frente de la dinámica de la carpa a lo largo de los diez años transcurridos, hablan con tranquilidad, con fuerza argumentativa y con la sabiduría apartada por esta experiencia que ha curtido sus vidas.

Jorge dice, “lo más importante que debe considerar un trabajador es ser consciente de que tiene que defender sus derechos, es tal vez lo más importante que nosotros podemos decir después de diez años de lucha”.

Entre los alcances que destacan de lo liderado por Asotrecol está que la empresa, producto de sus acciones colectivas, se vio forzada a darle un tratamiento distinto a los trabajadores que se han enfermado, teniendo que gestionar procesos de rehabilitación y de reubicación, sin poder despedirlos. De manra adicional, interpretan que con su lucha también presionaron para que Colmotores hiciera inversiones tecnológicas con un enfoque ergonómico para prevenir las enfermedades entre sus trabajadores.

Otro alcance que reconocen fruto de su acción es la constitución de Asotrecol en referente para que otros trabajadores enfermos producto de su trabajo cotidiano tomasen como ejemplo su proceso de lucha y resistencia, razón por lo cual han sido buscados para pedirles orientaciones para sus casos, tanto por trabajadores de Colmotores, como de otras empresas de diversas regiones del país.

Tal como lo menciona Carlos Trujillo: “dentro de la empresa se ha generado la conciencia que tienen que defender sus derechos y muchos de ellos han llegado aquí, a pedir una asesoría y un acompañamiento en el proceso de ellos y eso es lo que de una u otra forma trata de hacer Asotrecol”.

Sin duda, una lucha de tantos años genera un proceso de decrecimiento y agotamiento, dado lo prolongado de la acción, pero no por eso la demerita, ni le quita sus propósitos, que para el caso de Asotrecol continúan siendo férreos y dignamente sostenidos por sus miembros.

Como gran enseñanza de su lucha, Jorge dice de forma recia en la conversación sostenido en la carpa: “realmente lo que vemos con nuestro caso particular es que si nosotros no hubiésemos tenido la convicción completa de defender nuestros derechos como la hemos tenido durante todo este tiempo, no hubiese servido de nada esto, porque esto es difícil”.

Y remata diciendo: “Nadie más va a venir a luchar por nosotros. El problema es nuestro, nosotros tenemos que tomarlo y enfrentarlo”.

Acá esta la gran enseñanza, sentada en las bases de la dignidad y resistencia del movimiento obrero, que recoge las experiencias internacionales y que recuerda la acción de los obreros italianos que a finales de los 60 y comienzos de los 70 del siglo XX defendieron y extendieron la idea que el actor protagónico en la defensa de la salud en el trabajo son los propios trabajadores y trabajadoras. Sin duda esta idea ha recorrido el mundo y se ha hecho presente con enorme dignidad y valentía en el escenario de esta carpa de la resistencia.

 

* Este artículo se apoya en la investigación doctoral en salud pública realizada por el autor, denominada “Luchas obreras por la salud en Colombia. El caso de las Asociaciones de trabajadores y extrabajadores enfermos por el trabajo”, Universidad Nacional de Colombia. https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/77727
** Profesor Universidad Nacional de Colombia
1 Organismo del Ministerio del Trabajo encargado de atender los conflictos relacionados con la liberta sindical regulados por los convenios ratificados por Colombia de la OIT.

 

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Miércoles, 04 Agosto 2021 09:30

El camino

El camino

Los debates y evaluaciones sobre el paro nacional que conmovió al país en días recientes no cesan; tampoco sus proyecciones y con ellas los posibles caminos por recorrer para que el mismo 1) se prolongue y 2) produzca los beneficios perseguidos.

En ese ejercicio, colectivo pero no centralizado en tanto responde a la dinámica social y territorial misma que caracterizó a esta jornada de lucha, sobresale el giro dado por el Comité Nacional de Paro (CNP) en pro de potenciar la lucha por las principales demandas que animaron las semanas de alzamiento social/popular y juvenil, o que se tornaron mucho más nítidas y sensibles para la sociedad colombiana en medio del movimiento.

El realce de lo definido por el CNP descansa tanto en el método como en las reivindicaciones elegidas para proseguir en la disputa por la concreción del pliego de emergencia, en este caso enmarcado en diez reivindicaciones*, y en el Congreso de la república como escenario para tramitarlas, validándolo así como el escenario “por excelencia de la democracia” –como tanto les gusta afirmar a terratenientes, banqueros, industriales, militares…–, a pesar de las evidencias de ilegitimidad que tiene precisamente entre un importante segmento social de los inconformes.

El método

Como certero puede definirse el llamado al debate nacional que implica darles contenido específico a varias de las principales demandas de la sociedad descontenta. Igualmente, desarrollar su contenido o la argumentación de las propuestas, lo cual permite a) llevar más allá de los iniciados los asuntos que son de todos y que muchas veces quedan reducidos al estrecho marco de los políticos y los activistas, en muchos casos políticos profesionales o politiqueros que terminan tomándose la vocería del conjunto; b) reconocer los territorios como epicentro de los debates y de la construcción social y alternativa, virando hacia los mismos para darle mayor legitimidad y potencia al paro en su deseable continuidad, en este caso mediante el ejercicio comunitario de dibujar la sociedad anhelada –en aspectos puntuales como los propuestos– y de blindarse con formas democráticas de convivencia y autogobierno.

Este sería el camino ideal por recorrer, profundizando de esta manera la propia organización en sus territorios, desarrollando escuelas vivas de lo que es e implica ser gobierno, estimulando el relacionamiento entre variados sectores de una misma sociedad y, en el caso de los sindicalistas, abriendo una oportunidad para llegar adonde un importante porcentaje de la sociedad trabaja hoy, se recrea y reproduce en sus condiciones de vida; es decir, llegar adonde están quienes debieran congregar diversidad de organizaciones sindicales, constituidas a través de nuevos actores, con formatos y maneras de funcionar diferentes de lo conocido hasta hoy en tanto no son trabajadores clásicos, y en tanto muchos/as ni siquiera marcan tarjeta o responden a un patrón.

El gris del giro dado trasluce en el espacio elegido para tramitar lo propuesto. Una y otra vez, en todas las encuestas llevadas a cabo sobre el Congreso resalta su impopularidad, una y otra vez, porque no representa el sentir mayoritario de la sociedad colombiana, y así es, precisamente, por defender los intereses de la minoría y desconocer las necesidades y aspiraciones de las mayorías.

Aquel espacio, como es sabido, está controlado por las fuerzas del establecimiento, es decir, por quienes representan a banqueros, gremios económicos, mafiosos y otros que saquean la riqueza colectiva, ellos y otros más que alimentan la guerra que los sostiene en el poder, espacio donde las minorías progresistas solo alcanzan a dejar testimonios.

Si esto es así, ¿por qué otorgarle a tal instancia dominante el poder para decidir sobre un conjunto de reivindicaciones que no son de su gusto o que, de ser alguna de ellas tramitada de manera afirmativa, seguramente lo será con el sello del gobierno al incorporarle uno u otro artículo o algún perfil que lo ligue a su gestión?

La decisión, en todo caso, desdice de las lecciones del paro, toda vez que lo indicado por este es que la democracia directa, radical y refrendataria es el camino para hacer realidad las aspiraciones populares y satisfacer las necesidades de las mayorías. Como lo evidenció lo conseguido en medio de las jornadas de protesta, tanto la renuncia oficial al texto original de reforma tributaria como la dimisión del ministro de Hacienda y de la Canciller, así como el reconocimiento –así fuera parcial– del derecho a matrícula cero, pero también otra variedad de logros conquistados en varias municipalidades en las que parte de los presupuestos locales fueron reorientados para satisfacer algunas de las demandas que los implicaban, como abrir plazas de empleo o para estudio, así como financiar famiempresas y microempresas, entre otros casos. Se trata de un gris con tonalidades oscuras, toda vez que en las reivindicaciones hasta ahora conocidas como seleccionadas para traducirlas en proyectos de ley no figuran importantes banderas izadas por quienes no hacen parte de los sectores organizados de manera clásica.

Como se puede verificar al revisar algunas de las constantes sobresalientes en las protestas cotidianas desde el 28A, la sociedad movilizada atacó una y otra vez los CAI, dejando en claro su inconformidad con el modelo policial existente; igual proceder mantuvo con el servicio público de transporte, por ejemplo, lo que indica el descontento con el servicio prestado y las tarifas vigentes, pero también con el hecho de que no sea propiedad pública, reflejando así la evidente aspiración nacional de que tal transporte en verdad sea público, además de eficiente y con tarifas accesibles para las mayorías empobrecidas.

Si así es, ¿por qué no abrir el debate nacional tanto sobre seguridad pública y policía, como sobre la propiedad y las características que debiera tener el transporte colectivo? Y de su mano llegan otros debates, uno de ellos sobre el tipo de ciudades hasta ahora construidas y la reorganización territorial que implicaría el eficiente funcionamiento de un sistema de movilidad urbano de nuevo tipo.


Además, si los alzados en su mayoría son informales y otros muchos aquellos que llaman Ni-Ni, ¿por qué no retomar la discusión y debatir en el conjunto nacional sobre asuntos importantes como ingresos, calidad de vida –digna–, trabajo y estudio?

Algunos podrán decir que precisamente la Renta Básica responde a ello, y esto es cierto pero solo de manera parcial, ya que la renta planteada tiene un límite temporal y la problemática de los ingresos y de vida digna es para debatir y concretar a través de un modelo social que no es el actual, garantizándolo más allá de un gobierno u otro.

Y con esto llegamos al trasfondo del debate: lo cuestionado por la sociedad inconforme hace parte de una onda global que responde a una crisis civilizatoria en la cual el sistema capitalista, como un todo, está en cuestión, crisis potenciada y llevada hasta una cresta inocultable por el covid-19.

Es decir, aunque lo que resalta en medio de la protesta son necesidades puntuales, las mismas están cuestionando el límite al que llegó este sistema en temas como trabajo, ambiente, producción, organización territorial, administración de lo público, ejercicio –real– de la democracia, poder, seguridad. Tal vez no seamos conscientes de ello, pero así es. Y el debate nacional sobre las reivindicaciones debe permitir que se llegue al núcleo del problema, sin quedarnos en sus manifestaciones.

Estos contenidos son complejos, no hay duda, e imposibles de materializar en un proyecto de ley, pero precisamente al asumirlos le hacemos el quite al engaño en que el CNP se está metiendo y al que está llevando al conjunto nacional: creer que reformando aspectos puntuales de nuestra organización social es posible superar la crisis que vivimos. Una reforma, valga la pena enfatizarlo, imposible de canalizar por el actual Congreso y por el actual Estado, como parte y como todo.

Entonces, la ruta para ahondar el paro, retomando sus enseñanzas, está en los territorios, adentrándonos en los mismos, abriendo decenas de espacios de formación y organización colectivos, concretando asambleas en las que, entre todos, se definan el qué y el cómo para hacer realidad su sueño de vida digna. Las asambleas, en círculo concéntrico, deberán interrelacionarse paulatinamente entre unas y otras, hasta hacer consciente para la totalidad de la sociedad lo que implica el pliego de emergencia pero, de igual manera, lo que conlleva y demanda pasar a construir otro tipo de gobierno, uno que esté a la altura de las banderas desplegadas el 21N (2019) y el 28A (2021), pero también en sintonía con el nuevo tipo de organización social a que obliga –para superarla– la crisis sistémica por la que atraviesa el Sistema Mundo Capitalista.

 

* De los 10 proyectos de ley por radicar el 20 de julio, hasta el día 15 solo eran conocidos los siguientes cinco: 1. Renta básica; 2. Matrícula cero; 3. Derogatoria del Decreto 1174; 4. Reglamento de la protesta social; y 5. salario para trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

Publicado enEdición Nº282
Jueves, 29 Julio 2021 06:40

El camino

El camino

Los debates y evaluaciones sobre el paro nacional que conmovió al país en días recientes no cesan; tampoco sus proyecciones y con ellas los posibles caminos por recorrer para que el mismo 1) se prolongue y 2) produzca los beneficios perseguidos.

En ese ejercicio, colectivo pero no centralizado en tanto responde a la dinámica social y territorial misma que caracterizó a esta jornada de lucha, sobresale el giro dado por el Comité Nacional de Paro (CNP) en pro de potenciar la lucha por las principales demandas que animaron las semanas de alzamiento social/popular y juvenil, o que se tornaron mucho más nítidas y sensibles para la sociedad colombiana en medio del movimiento.

El realce de lo definido por el CNP descansa tanto en el método como en las reivindicaciones elegidas para proseguir en la disputa por la concreción del pliego de emergencia, en este caso enmarcado en diez reivindicaciones*, y en el Congreso de la república como escenario para tramitarlas, validándolo así como el escenario “por excelencia de la democracia” –como tanto les gusta afirmar a terratenientes, banqueros, industriales, militares…–, a pesar de las evidencias de ilegitimidad que tiene precisamente entre un importante segmento social de los inconformes.

El método

Como certero puede definirse el llamado al debate nacional que implica darles contenido específico a varias de las principales demandas de la sociedad descontenta. Igualmente, desarrollar su contenido o la argumentación de las propuestas, lo cual permite a) llevar más allá de los iniciados los asuntos que son de todos y que muchas veces quedan reducidos al estrecho marco de los políticos y los activistas, en muchos casos políticos profesionales o politiqueros que terminan tomándose la vocería del conjunto; b) reconocer los territorios como epicentro de los debates y de la construcción social y alternativa, virando hacia los mismos para darle mayor legitimidad y potencia al paro en su deseable continuidad, en este caso mediante el ejercicio comunitario de dibujar la sociedad anhelada –en aspectos puntuales como los propuestos– y de blindarse con formas democráticas de convivencia y autogobierno.

Este sería el camino ideal por recorrer, profundizando de esta manera la propia organización en sus territorios, desarrollando escuelas vivas de lo que es e implica ser gobierno, estimulando el relacionamiento entre variados sectores de una misma sociedad y, en el caso de los sindicalistas, abriendo una oportunidad para llegar adonde un importante porcentaje de la sociedad trabaja hoy, se recrea y reproduce en sus condiciones de vida; es decir, llegar adonde están quienes debieran congregar diversidad de organizaciones sindicales, constituidas a través de nuevos actores, con formatos y maneras de funcionar diferentes de lo conocido hasta hoy en tanto no son trabajadores clásicos, y en tanto muchos/as ni siquiera marcan tarjeta o responden a un patrón.

El gris del giro dado trasluce en el espacio elegido para tramitar lo propuesto. Una y otra vez, en todas las encuestas llevadas a cabo sobre el Congreso resalta su impopularidad, una y otra vez, porque no representa el sentir mayoritario de la sociedad colombiana, y así es, precisamente, por defender los intereses de la minoría y desconocer las necesidades y aspiraciones de las mayorías.

Aquel espacio, como es sabido, está controlado por las fuerzas del establecimiento, es decir, por quienes representan a banqueros, gremios económicos, mafiosos y otros que saquean la riqueza colectiva, ellos y otros más que alimentan la guerra que los sostiene en el poder, espacio donde las minorías progresistas solo alcanzan a dejar testimonios.

Si esto es así, ¿por qué otorgarle a tal instancia dominante el poder para decidir sobre un conjunto de reivindicaciones que no son de su gusto o que, de ser alguna de ellas tramitada de manera afirmativa, seguramente lo será con el sello del gobierno al incorporarle uno u otro artículo o algún perfil que lo ligue a su gestión?

La decisión, en todo caso, desdice de las lecciones del paro, toda vez que lo indicado por este es que la democracia directa, radical y refrendataria es el camino para hacer realidad las aspiraciones populares y satisfacer las necesidades de las mayorías. Como lo evidenció lo conseguido en medio de las jornadas de protesta, tanto la renuncia oficial al texto original de reforma tributaria como la dimisión del ministro de Hacienda y de la Canciller, así como el reconocimiento –así fuera parcial– del derecho a matrícula cero, pero también otra variedad de logros conquistados en varias municipalidades en las que parte de los presupuestos locales fueron reorientados para satisfacer algunas de las demandas que los implicaban, como abrir plazas de empleo o para estudio, así como financiar famiempresas y microempresas, entre otros casos. Se trata de un gris con tonalidades oscuras, toda vez que en las reivindicaciones hasta ahora conocidas como seleccionadas para traducirlas en proyectos de ley no figuran importantes banderas izadas por quienes no hacen parte de los sectores organizados de manera clásica.

Como se puede verificar al revisar algunas de las constantes sobresalientes en las protestas cotidianas desde el 28A, la sociedad movilizada atacó una y otra vez los CAI, dejando en claro su inconformidad con el modelo policial existente; igual proceder mantuvo con el servicio público de transporte, por ejemplo, lo que indica el descontento con el servicio prestado y las tarifas vigentes, pero también con el hecho de que no sea propiedad pública, reflejando así la evidente aspiración nacional de que tal transporte en verdad sea público, además de eficiente y con tarifas accesibles para las mayorías empobrecidas.

Si así es, ¿por qué no abrir el debate nacional tanto sobre seguridad pública y policía, como sobre la propiedad y las características que debiera tener el transporte colectivo? Y de su mano llegan otros debates, uno de ellos sobre el tipo de ciudades hasta ahora construidas y la reorganización territorial que implicaría el eficiente funcionamiento de un sistema de movilidad urbano de nuevo tipo.


Además, si los alzados en su mayoría son informales y otros muchos aquellos que llaman Ni-Ni, ¿por qué no retomar la discusión y debatir en el conjunto nacional sobre asuntos importantes como ingresos, calidad de vida –digna–, trabajo y estudio?

Algunos podrán decir que precisamente la Renta Básica responde a ello, y esto es cierto pero solo de manera parcial, ya que la renta planteada tiene un límite temporal y la problemática de los ingresos y de vida digna es para debatir y concretar a través de un modelo social que no es el actual, garantizándolo más allá de un gobierno u otro.

Y con esto llegamos al trasfondo del debate: lo cuestionado por la sociedad inconforme hace parte de una onda global que responde a una crisis civilizatoria en la cual el sistema capitalista, como un todo, está en cuestión, crisis potenciada y llevada hasta una cresta inocultable por el covid-19.

Es decir, aunque lo que resalta en medio de la protesta son necesidades puntuales, las mismas están cuestionando el límite al que llegó este sistema en temas como trabajo, ambiente, producción, organización territorial, administración de lo público, ejercicio –real– de la democracia, poder, seguridad. Tal vez no seamos conscientes de ello, pero así es. Y el debate nacional sobre las reivindicaciones debe permitir que se llegue al núcleo del problema, sin quedarnos en sus manifestaciones.

Estos contenidos son complejos, no hay duda, e imposibles de materializar en un proyecto de ley, pero precisamente al asumirlos le hacemos el quite al engaño en que el CNP se está metiendo y al que está llevando al conjunto nacional: creer que reformando aspectos puntuales de nuestra organización social es posible superar la crisis que vivimos. Una reforma, valga la pena enfatizarlo, imposible de canalizar por el actual Congreso y por el actual Estado, como parte y como todo.

Entonces, la ruta para ahondar el paro, retomando sus enseñanzas, está en los territorios, adentrándonos en los mismos, abriendo decenas de espacios de formación y organización colectivos, concretando asambleas en las que, entre todos, se definan el qué y el cómo para hacer realidad su sueño de vida digna. Las asambleas, en círculo concéntrico, deberán interrelacionarse paulatinamente entre unas y otras, hasta hacer consciente para la totalidad de la sociedad lo que implica el pliego de emergencia pero, de igual manera, lo que conlleva y demanda pasar a construir otro tipo de gobierno, uno que esté a la altura de las banderas desplegadas el 21N (2019) y el 28A (2021), pero también en sintonía con el nuevo tipo de organización social a que obliga –para superarla– la crisis sistémica por la que atraviesa el Sistema Mundo Capitalista.

 

* De los 10 proyectos de ley por radicar el 20 de julio, hasta el día 15 solo eran conocidos los siguientes cinco: 1. Renta básica; 2. Matrícula cero; 3. Derogatoria del Decreto 1174; 4. Reglamento de la protesta social; y 5. salario para trabajadores de pequeñas y medianas empresas.

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Protestas antigubernamentales en Bogotá, Colombia, el 20 de julio de 2021.Santiago Mesa / Reuters

El ministro de Defensa colombiano Diego Molano precisó que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país.

La Policía Nacional de Colombia ha capturado a 134 miembros de la llamada 'primera línea' de las manifestaciones antigubernamentales, por supuestos actos de violencia y vandalismo, informó este domingo el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano.

El titular de la cartera señaló que se llevaron a cabo 34 operaciones en 18 ciudades del país dando como resultado la detención de personas que han protagonizado algunas de las acciones delictivas de las últimas semanas. "Mantenemos acciones por una democracia segura", apuntó el ministro.

Bogotá, Cali y Soacha son las ciudades donde se realizaron la mayor cantidad de aprehensiones, todas con orden judicial, según la Fiscalía. Algunos de los delitos que se les imputan son vandalismo, bloqueos de vías, atentado contra la autoridad y la propiedad.

Los últimos arrestos se producen pocos días después de que la Policía colombiana detuviera a otras 12 personas, también de la 'primera línea', por posesión de materiales explosivos con los que supuestamente pretendían atentar contra las fuerzas de seguridad.

La denominación de 'primera línea' se ha atribuido al grupo de jóvenes que se ha colocado al frente de las manifestaciones contra del Gobierno en Colombia, usando por lo general escudos de fabricación casera y máscaras antigás. Los integrantes, según sostienen, buscan defenderse de las agresiones de los uniformados.

Sin embargo, las autoridades consideran que comenten actos delictivos con el financiamiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC, por lo que el presidente Iván Duque ha defendido su captura y judicialización.

Por otro lado, el tema de la violencia policial contra los manifestantes adquirió mayor relevancia internacional luego de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que recomendó en su informe separar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa, en vista de las denuncias de "graves violaciones a los derechos humanos" en el contexto de las manifestaciones.

Publicado: 26 jul 2021 04:03 GMT

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Las semillas de la emancipación están intactas

Las juventudes protagonistas de la revuelta colombiana, en particular las que generaron 25 “puntos de resistencia” en la ciudad de Cali, espacios auto-controlados de libertad y resistencia a la represión, provienen de los sectores populares más afectados por el neoliberalismo.

Estamos ante generaciones que han sufrido décadas de bloqueo de sus vidas: desde un no futuro instalado al calor de la desindustrialización que vive la ciudad desde hace tres décadas, hasta la humillación racista empuñada por las clases medias, la discriminación por color de piel, la criminalización de la pobreza y la represión de sus manifestaciones culturales y espacios sociales.

Por eso llama la atención que estas jóvenas y jóvenes hayan sido capaces de poner en pie una enorme variedad de iniciativas, desde bibliotecas populares en locales policiales tomados hasta el ya célebre anti-monumento “Resiste”, pasando por espacios de alimentación, de salud y deporte, además de mantener debates abiertos con la comunidad sobre el tipo de sociedad que sueñan.

En diálogo permanente con el periodista Felipe Martínez, del medio Desdeabajo, aparecen algunas características de estas juventudes que resultan notables: “Jóvenes universitarios, de barras de fútbol antes enfrentadas, pandilleros y delincuentes que estuvieron en la cárcel, gente que ha vivido la exclusión y la pobreza y que ahora conviven en las barricadas y en los puntos de resistencia”.

Lo que el sistema se empeña en separar para dividir, durante la revuelta se convierte en comunidad de vínculos solidarios. Felipe asegura que en los espacios de resistencia se dice una y otra vez: “aquí nadie manda, nadie está por encima de nadie”. En su opinión, se trata de “una experiencia zapatista en la ciudad”, en la que pueden observarse cocinas comunitarias, el centro médico, la biblioteca popular y “vecinos muy tranquilos con la presencia de los jóvenes”, porque controlan robos y ofrecen una seguridad inexistente cuando ellos no están.

La convivencia entre la comunidad de vecinos y los jóvenes se ha vuelto tan profunda, que “la comunidad les avisa cuando viene la policía y los vecinos abren las puertas de sus casas para que los jóvenes se bañen y puedan comer”. Un tipo de vínculos que antes de la revuelta eran, literalmente, imposibles.

Más aún, en Puerto Resistencia, un sector muy pobre de la comunidad “salió con banderas blancas a proteger a los jóvenes que los policías estaban matando”, en lo que define como “una comunidad defendiéndose unos a otros”.

Lo más notable es la construcción material y simbólica de lo nuevo. En las asambleas multitudinarias “empezaban a plantear discusiones muy profundas”, sin necesidad de caudillos y de dirigentes. En los puntos de resistencia no hubo vanguardias ni fueron necesarias, entre otras razones porque las y los jóvenes se muestran cansadas y desconfiadas con la política tradicional, sea de derecha o de izquierda.

En la revuelta colombiana estuvieron ausentes, comenta Felipe, los movimientos sociales, que podrían haber aportado acompañamiento sin pretender dirigir, algo que sólo la Guardia Indígena nasa supo hacer, llegando por miles a Cali para proteger y cuidar colectivamente.

Sin embargo, durante semanas funcionó una democracia asamblearia multitudinaria, diversa, capaz de afrontar los conflictos internos sin apelar a los viejos modos de “mandar mandando”.

Algunas reflexiones se imponen. Los sectores populares necesitan espacios en los que puedan dialogar unos con otras en relación de igualdad y horizontalidad, donde desplegar sus iniciativas, crear comunidad para enfrentar la dramática situación que viven. Lo realizado nos indica que la posibilidad de construir mundos nuevos está intacta, que las semillas de la emancipación siguen vivas, sólo necesitan el espacio-tiempo para desplegarse, ese que el sistema les niega por las bravas en todo momento y en cualquier rincón de esta sociedad.

Para que estos mundos nuevos florezcan no hacen faltan vanguardias, sino decenas, cientos de colectivos empeñados en abrir espacios para que sean habitados por la gente común, limitándose a acompañar sin imponer, debatir según los tiempos y modos de la cultura de abajo. Lo que hace falta es un nuevo tipo de activistas y de grupalidades, que no aspiren a dominar ni a subir, sino a servir.

Por Raúl Zibecfhi

12 julio 2021 0

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