La victoria de Xiomara Castro en la Honduras de la «democracia oligárquica»

El triunfo de Xiomara Castro cambia el panorama político hondureño y abre un «giro a la izquierda» en la nación centroamericana. ¿Logrará Honduras quitarse de encima el peso del autoritarismo y la corrupción sobre los que descansaba el gobierno de Juan Orlando Hernández?

 

El domingo 28 de noviembre, los hondureños salieron a votar masivamente contra la continuidad del prolongado régimen autoritario de Juan Orlando Hernández. Los resultados preliminares de las elecciones generales perfilan a Xiomara Castro como la próxima presidenta de Honduras, con una ventaja de 20 puntos (53,61%) sobre el candidato oficialista Nasry Asfura (33,87%). La coalición de partidos que la acompaña tiene ante sí el desafío de cumplir con las expectativas de una ciudadanía esperanzada en encontrar soluciones a las crisis sociales y políticas que viene enfrentando el país. A la espera de la declaratoria final de los resultados, conviene examinar el proceso electoral y las principales fuerzas que lo condicionan, con el objetivo de discernir las características del sistema político y la situación social en que tendrá lugar la investidura de la candidata que reivindica el «socialismo democrático» en el corazón de Centroamérica.

Un país políticamente inestable

Honduras, uno de los países más pobres y desiguales de América Latina, se ha definido por una permanente inestabilidad política. Durante la segunda mitad del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX, la sucesión gubernamental se dirimió primordialmente a través de la guerra civil y, de tanto en tanto, por elecciones amañadas en las que se obstaculizaba el voto opositor. Luego de la dictadura de Tiburcio Carías Andino (1933-1949), el golpe de Estado fue la técnica de cambio de gobierno por excelencia, hasta que en 1981 —y por presiones externas— comenzó un periodo de alternancia democrática dominado por los partidos Liberal y Nacional. Esta forma de bipartidismo se vio bruscamente interrumpida por el golpe de Estado de 2009 contra Manuel Zelaya, lo que creó las condiciones para un reacomodamiento del tablero político a partir de 2012. Sin embargo, el Partido Nacional ganó las elecciones de 2009 y los comicios generales de 2013 y de 2017 que llevaron al Poder Ejecutivo al nacionalista Hernández, volviendo a poner en escena las «elecciones estilo Honduras». Diputado entre 1998 y 2014 y presidente del Congreso Nacional entre 2010 y 2014, Hernández fue el primer mandatario hondureño en lograr la reelección. Su padrino político fue el ex-presidente Porfirio Lobo (2010-2014), ahora relegado a una posición marginal y adversario suyo.

El régimen de Hernández, émulo confeso del viejo dictador Tiburcio Carías, ha significado un profundo retroceso para el país. Ha minado las bases del Estado de derecho y de la mutua vigilancia de los poderes. Se considera a sus titulares como hombres leales al presidente que, junto con el alto mando militar, forman parte del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que lo sostiene. Su gobierno ha enriquecido a sus aliados de la banca privada al otorgarles la administración de fondos públicos en forma de fideicomisos y les ha cedido el control de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Además, ha debilitado severamente la capacidad de maniobra de las empresas de servicios públicos, así como los sistemas de salud y educación. La pandemia también mostró claramente cómo se maneja el régimen del todavía presidente. Y es que las posibilidades de sobrevivir al covid-19 han estado ligadas a la capacidad de pagar los altos precios requeridos por el tratamiento, en un contexto en que el Partido Nacional ha puesto en cuestión los derechos laborales consagrados por el Código de Trabajo, al emitir una ley de trabajo por hora. Las cosas no terminan ahí. Bajo el gobierno de Hernández se ha aplicado una política de neto corte extractivista, con sus consabidas depredaciones de bosques, minería a cielo abierto y entrega de los bienes comunes como el agua. Con el aparato estatal bajo su control, Hernández ganó las elecciones de 2013 y de 2017, pero contaminado por una fuerte impopularidad.

Pese a todo, el clan de Hernández ha sabido beneficiarse y hegemonizar el sistema de negociaciones cupulares imperante en Honduras, respetando las «reglas del juego» al responder cuidadosamente «a los intereses de todas las elites prominentes», que son esencialmente las facciones mayoritarias de los sectores empresariales, de las Fuerzas Armadas y de las iglesias. La embajada estadounidense ha jugado un papel tutelar en ese sistema. El prolongado régimen de Hernández se ha desenvuelto en medio de una cultura política de acuerdos entre pares, en la cual juegan un rol fundamental los grandes pactos entre quienes se consideran caciques de los partidos políticos. 

La seducción populista 

Las elecciones del domingo marcan un cambio de rumbo de la política hondureña. Con los resultados de los que se dispone hasta este momento, Xiomara Castro ha triunfado en la contienda electoral. Perteneciente a una familia de hacendados y empresarios de la madera, vinculada históricamente al liberalismo, Castro lidera una coalición que ha sido la revelación de la campaña electoral. Sus críticas al gobierno de Hernández le granjearon parte del apoyo popular y la ubicaron en la primera línea política. Autoidentificada como una persona de izquierda, Castro afirmó que su lucha es por desarrollar en Honduras un modelo basado en el «socialismo democrático».

Xiomara Castro es esposa de Manuel Zelaya, el presidente depuesto por un golpe de Estado de 2009. Anteriormente miembro del Partido Liberal, Zelaya fue víctima de un golpe tras evidenciar un giro al estilo del «populismo refundador» sudamericano. Las críticas a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, el acercamiento a Venezuela y al llamado bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (Alba) y la tentativa de modificar la Constitución le atrajeron la enemistad de una parte de la elite tradicional. Cuando el golpe se consumó, su esposa saltó a la palestra y se ganó la simpatía de un sector de la ciudadanía hondureña. Cuando Zelaya fundó el partido Libertad y Refundación (LIBRE), Castro se convirtió en la primera figura de la organización. En 2012, apenas un año después, Castro se lanzó como candidata presidencial, pero en 2013 quedó en segundo lugar, con 28,8% de los votos. Quiso volver a intentarlo en 2016, pero acabó abandonando la carrera en favor de Salvador Nasralla, líder de la Alianza de Oposición contra la Dictadura y entonces el candidato mejor posicionado para enfrentar a Hernández. Nasralla perdió la elección por un escasísimo margen y denunció un «descomunal fraude electoral».

Castro volvió a lanzarse como candidata en enero de 2020. Con la venia de su marido, derrotó a sus tres oponentes internos dentro de LIBRE con el apoyo de seis sobre las nueve corrientes internas del partido, e inició el camino hacia la Presidencia. Su campaña estuvo centrada en la crítica de las leyes destinadas a sostener al juan-orlandismo, en la promesa de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, en la crítica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDES) —a las que calificó como una entrega de la soberanía popular a empresas internacionales—, en el rechazo al «modelo neoliberal» y a la corrupción. Además de su promesa de vender el avión presidencial —al que consideró un lujo que el país no puede permitirse cuando buena parte de la población atraviesa severos problemas sociales—, afirmó que Honduras buscará relaciones con China, marcando así una agenda alejada del histórico «norteamericanismo» de la dirigencia política local. Castro prometió además terminar con el régimen de «narcodictadura» que, según su perspectiva, encarna Juan Orlando Hernández.

Su campaña también tuvo un eje de especial importancia: el que se refiere al rol de las mujeres. Castro se manifestó contra la violencia de género y el acoso sexual, pero ha sido ambivalente en relación con el aborto. Ha hecho declaraciones favorables cuando se trata de ciertas causales, pero también ha sostenido posiciones más ambiguas. La virtual presidenta electa ha sido duramente criticada por sus pasadas manifestaciones en favor del chavismo. Sus detractores la han acusado de querer implantar el comunismo en el país y de generar un clima de desconfianza en el mundo empresarial. Ella ha respondido que es una «socialista democrática» que busca una política que tenga a los seres humanos en el centro de las preocupaciones. Tras conocerse los resultados preliminares, que dejaron a Castro 20 puntos por encima de Nasry Asfura —quien obtuvo 33% de los votos— y de Yani Rosenthal, del Partido Liberal —quien consiguió 9%—, la futura presidenta del país sostuvo la importancia llamar a un diálogo con todos los sectores para la puesta en marcha de una democracia directa y participativa. El Ejecutivo adquiere, sin lugar a dudas, una nueva dirección.

Los partidos políticos y sus perspectivas

Las elecciones del domingo despertaron gran afluencia e interés gracias a los efectos que supone la salida de Hernández, en un país en que las tasas de abstención tradicionalmente se ubican en la mitad del censo electoral. El partidizado Consejo Nacional Electoral (CNE) registró una participación histórica de 68,09%, aun cuando las novedades son escasas: los actores en contienda cuentan con décadas de experiencia en el sistema político de negociaciones cupulares, colaborando en la construcción de una cultura de la ineficiencia y de la corrupción en la que la carrera política aparece ante todo como un medio para el enriquecimiento. El lenguaje político de los competidores se inscribe en la tradición personalista de las lealtades y vínculos partidarios en beneficio de prebendas y favoritismos clientelares.

Esta figura del Estado como «botín de los triunfadores» quedó nítidamente evidenciada en el trabajo de las instituciones judiciales estadounidenses. Frente a la debilidad de la justicia en Honduras, Estados Unidos ha extraditado y arrestado en su territorio a reconocidos políticos y gánsteres hondureños que violaron las leyes estadounidenses. En este contexto, la justicia de Estados Unidos sentenció a cadena perpetua en Nueva York el hermano del presidente y ex-diputado Antonio Hernández, a causa de su implicación en el tráfico de cocaína hacia ese país, en complicidad con el cártel de Los Cachiros, liderado por Devis Maradiaga, cuyas declaraciones fueron pieza clave en varios juicios. Maradiaga afirma haber colaborado con conocidos profesionales de la política local, lo que lo ha vuelto uno de los narcotraficantes más célebres del país. En marzo de 2021, reveló haber pagado sobornos por varios cientos de miles de dólares al presidente Hernández, a su vicepresidente Ricardo Álvarez y a los ex-presidentes Zelaya y Lobo.

El candidato del Partido Liberal, el banquero Yani Rosenthal, guardó prisión por tres años en una cárcel estadounidense por lavado de activos para Los Cachiros. Es hijo del banquero Jaime Rosenthal, quien fuera vicepresidente (1986-1990) y diputado  por el departamento industrial de Cortés (2002-2006). En su dilatada carrera política, Yani ocupó cargos de dirección en el Partido Liberal, fue ministro de la Presidencia (2006-2008) en el gobierno de Zelaya, diputado en el Congreso Nacional entre 2010 y 2014, y precandidato a la Presidencia en 2012. Ganó las primarias en 2021 pero no funge como dueño de partido. Los Rosenthal fueron propietarios del diario Tiempo, del Banco Continental y de Canal 11, un medio privilegiado para su campaña. Su emporio comenzó a decaer tras el escándalo internacional que lo vinculó con la banda de Maradiaga. La condición de ex-convicto le restó credibilidad a su intento de presentarse como «el centro» frente a una «derecha corrupta y una izquierda radical», tal como declaró en su campaña.

Por su parte, el candidato nacionalista Nasry Asfura era percibido como la continuación del régimen de Hernández. De haber ganado, se habría visto en la incómoda situación de tener que proteger al actual mandatario, quien es acusado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de haber recibido del Chapo Guzmán un aporte de un millón de dólares para financiar su candidatura en 2013. Para ese mismo propósito, los nacionalistas saquearon los fondos del Seguro Social y de la Secretaría de Agricultura. La candidatura de Asfura, quien ha sido incondicional al presidente, heredó el legado de un gobierno que es altamente corrupto y que está políticamente desgastado. Su principal activo fueron los recursos públicos y de la cooperación internacional que se manejan a través de la más importante estructura clientelar del Partido Nacional: el programa Vida Mejor. El Partido Nacional también dispone de abundantes recursos financieros obtenidos por el robo de fondos públicos durante la pandemia y de los onerosos préstamos aprobados por la mayoría mecánica con que disponen en el Congreso.

Castro tuvo, por su parte, otros condimentos que se agregan a los explicados anteriormente. En primer lugar, fue promovida por su marido, Manuel Zelaya, quien busca recuperar las riendas del Estado desde que fue expulsado por un golpe en 2009. La familia Zelaya formó parte de un grupo de ricos hacendados, históricos empresarios de la depredación del bosque, y es parte de la clase política que maneja el Estado desde la década de 1980. Por eso fue sorprendente su giro a la izquierda como presidente. Su larga trayectoria de militancia en el Partido Liberal y una década de «coordinación general» de LIBRE le permitió al matrimonio Castro-Zelaya acumular un capital político considerable, con el que juegan un papel decisivo en los vaivenes del sistema. Zelaya fue expulsado momentáneamente del juego político debido a sus proclamadas simpatías con el castrismo y el chavismo y a la tentativa de amañar a su favor la elección de los miembros de la Corte Suprema de Justicia y convocar a una «Consulta Popular de la Cuarta Urna» con pretensión hegemónica. Pero la forma de la asonada, mediante un golpe de Estado, marcó la política hondureña durante estos 12 años de autoritarismo.

Zelaya se reintegró el tablero gracias a los Acuerdos de Cartagena firmados en 2011 con el gobierno de Lobo. Frente a la aún inhabilitada figura de la reelección, decidió promover la candidatura de Castro en 2013 con el partido LIBRE, que es básicamente un desprendimiento del otrora poderoso Partido Liberal y que dispone de una pequeña ala de izquierda organizada. LIBRE le arrebató al liberalismo alrededor de la mitad de sus adherentes. El perfil carismático de Castro ha sido exitoso entre su militancia, aun cuando su presencia parece limitarse al periodo electoral y pese a que sus apariciones mediáticas son escasas. Ha sabido aprovechar la herencia simbólica y material de su esposo, evitando esta vez vociferar como en campañas anteriores que «votar por Xiomara es votar por Mel». Aunque todavía en 2016 Zelaya apostaba abiertamente por su retorno a la Presidencia, el malestar general que el Partido Nacional le imprimió a esta perspectiva lo ha convencido de que la mejor estrategia es evitarlo, reduciendo además las apariciones públicas con Castro.

Una campaña desesperada

El proceso electoral adquirió un giro inesperado el pasado 13 de octubre cuando, tras una reunión con el ex-presidente Zelaya, Salvador Nasralla anunció su afiliación a la fórmula presidencial de LIBRE en calidad de vicepresidente. Nasralla es el presentador de televisión más conocido del país y ha atraído la simpatía de los electores más jóvenes por su lucha abierta contra la corrupción del régimen actual. Obtuvo el segundo lugar en las elecciones de 2017 como candidato de LIBRE, luego de ser expulsado del Partido Anticorrupción con el que participó por primera vez en 2013. Desde el 12 de noviembre, la coalición la compone adicionalmente el ex-candidato del movimiento Honduras Humana, Milton Benítez, conductor del programa El perro amarillo, que ha ganado reputación por sus denuncias contra la corrupción y la banca.

La súbita suspensión de la enemistad que perduraba desde el comienzo de la «crisis poselectoral» de 2017 entre Nasralla y los Zelaya permitió que nasrallistas, indecisos e independientes se sumasen progresivamente a LIBRE, optando por el voto de castigo contra el régimen de Hernández. La coalición despierta expectativas al prometer desmontar el proyecto gubernamental desarrollado por el Partido Nacional, criticando sin ambages a su «pandilla de ladrones». Pese a la multiplicidad de identidades políticas que componen la coalición, su estrategia «populista» fue exitosa. En una muestra de desesperación, el Partido Nacional aceleró la entrega del «Bono de Vida Mejor del Bicentenario» decretado hace un mes, equivalente a 7.000 lempiras en efectivo por beneficiario (289 dólares), acudiendo descaradamente al mecanismo de compra de votos. En un país con un pasado anticomunista visceral, el Partido Nacional se ha servido de los elogios de Zelaya hacia el régimen cubano, al igual que hacia el venezolano y el nicaragüense, para intensificar una campaña anticomunista contra Xiomara Castro. Buscando afianzar su posición con las iglesias, los nacionalistas concentraron su campaña en buscar provecho de la postura un tanto ambigua de los Zelaya sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Asfura llegó a firmar un acuerdo «pro-vida» con la Confraternidad Evangélica de Honduras, orientando su discurso en la defensa de valores tradicionales. 

A pesar de las querellas de orden ideológico, Hernández mantuvo buenas relaciones con su vecino Daniel Ortega, y los principales líderes de la oposición nunca dejaron de acudir a las reuniones a puerta cerrada con el Partido Nacional. Poco después de una reciente reunión con Ortega en Managua, las autoridades hondureñas encarcelaron al candidato independiente y ex-capitán de las Fuerzas Armadas Santos Orellana, quien ganó notoriedad por denunciar el involucramiento de los militares en el narcotráfico. Si bien los niveles de represión política de Honduras no igualan los de Nicaragua, la situación es preocupante, con un aproximado de 26 militantes asesinados entre el 23 de diciembre de 2020 y el 25 de octubre de este año.

Lamentablemente, las elecciones no se focalizaron en contrastar alternativas para resolver estas y otras problemáticas urgentes que enfrenta el país. Por el contrario, buena parte de las campañas se basaron en la solicitud del «voto en plancha», en desprestigiar a las adversarias y los adversarios o, en el mejor de los casos, en proponer soluciones mágicas sustentadas en el cortoplacismo electoral. Para los grandes jefes de los partidos, sus clanes internos, sus fieles lugartenientes y quienes participan en sus redes clientelares —en particular, para los familiares y amigos de los candidatos—, lo esencial es ocupar un lugar en el sistema de negociaciones cupulares. Honduras es una suerte de democracia oligárquica.

Con todo, gran parte de la ciudadanía decidió ejercer su derecho al voto de manera pacífica. Aunque los caudillos tradicionales de los partidos políticos declararon ganadores a sus candidatos antes de tiempo, los competidores han respetado tácitamente los resultados. No se registraron mayores disturbios, protestas o conflictividad social similares a las conocidas en 2017. La calidad del espinoso avance democrático alcanzado está por verse en este país de tradiciones políticas autoritarias. ¿Los vencedores contemplarán reconstruir el Estado de derecho y la interdependencia de los poderes del Estado? Honduras requiere establecer una política social incluyente, que restaure los equilibrios sociales básicos que animaron la ola reformista que vivió el país desde la huelga de 1954 hasta el reformismo militar.

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:16

¿Ortega 'ad infinitum'?

Daniel Ortega y su mujer, Rosario Murillo, en una imagen tomada en marzo de 2019 en la residencia presidencial de Managua.- AFP

Daniel Ortega ha ganado las elecciones en Nicaragua. Si retrocediéramos en el tiempo, hasta 1990, ésta podría haber sido una excelente noticia para el país centroamericano. Pese a la guerra y el bloqueo impuesto por Washington, el Frente Sandinista de Liberación Nacional habría contado todavía con el apoyo mayoritario de su pueblo y se dispondría a seguir construyendo revolución. Ucronías aparte, de aquel sueño romántico solo quedan los colores rojinegros de la bandera del FSLN, ondeantes en Managua la pasada noche electoral. Como en 2016, Ortega, de 75 años, ha vencido en las urnas por una aplastante mayoría y enfila su cuarto mandato presidencial consecutivo junto a su fiel esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Para 2026, habrá gobernado en Nicaragua durante más de un cuarto de siglo. Y todo gracias a Dios, como diría la devota pareja presidencial.

El régimen autoritario impuesto por Daniel Ortega en Nicaragua no es comparable con aquella trituradora de vidas humanas que fue la dinastía de los Somoza. Quien vea similitudes, mira la realidad con lentes desenfocadas. Pero el FSLN de Carlos Fonseca no se alzó en armas contra Anastasio Somoza para que su movimiento político acabara en manos de una pareja de iluminados que, con tal de aferrarse al poder, ha sido capaz de pactar con dirigentes corruptos de derechas, las principales fortunas del país y el sector más reaccionario de la Iglesia.

Las elecciones del 7N dan cuenta de esos contubernios tramados por Ortega y Murillo. Según resultados preliminares, el FSLN habría obtenido alrededor del 75% de los votos, mientras el derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC) se quedaría con cerca del 15%. Hace dos décadas, Ortega pactó con un dirigente de ese partido, Arnoldo Alemán (entonces presidente y más tarde condenado por corrupción), un reparto de las instituciones y el poder en Nicaragua. Ambas formaciones acaparan hoy el 90% de los votos. Con varios potenciales candidatos presidenciales en prisión o en el exilio, el resto de aspirantes que accedieron a presentarse a los comicios apenas se quedaría con un 10% de la tarta electoral. Son los denominados zancudos, acostumbrados a vivir del sistema a cambio de participar como comparsas.

Tras el pacto con Alemán, Ortega siguió mostrando su falta de escrúpulos. Antes de las elecciones de 2006 se acercó al cardenal Miguel Obando, quien lo había comparado con una víbora en sus homilías preelectorales. Y cinco años después, en 2011, nombró vicepresidente de su gobierno al derechista Jaime Morales Carazo, ex banquero y ex dirigente de la guerrilla de la Contra (la milicia financiada por Estados Unidos). Tras el triunfo de la revolución, en 1979, los sandinistas confiscaron la casa de Morales Carazo. Su nuevo inquilino fue un joven comandante: Daniel Ortega. La realpolitik puede con todo.

El apoyo popular con que ha contado Ortega en los últimos años no ha sido menor. Su regreso al poder en 2006, tras perder tres elecciones consecutivas, se produjo en un contexto regional muy favorable, con las materias primas por las nubes y el chavismo ejerciendo como locomotora ideológica y económica de sus aliados. Ortega apeló a su pragmatismo para favorecerse del maná bolivariano sin desdeñar las relaciones comerciales con Estados Unidos. La agenda social se plasmaba en el retorno a la gratuidad de la sanidad y la educación y el impulso de planes de acceso a la vivienda y de lucha contra la pobreza. Al mismo tiempo, el comandante coqueteaba con el neoliberalismo, seducía a los empresarios y abría las puertas a una pujante inversión extranjera. La revista Forbes llegó a hablar en 2014 del "milagro nicaragüense".

Ese respaldo popular y el idilio con los empresarios comenzó a quebrarse en abril de 2018. La aprobación de una reforma regresiva del sistema de seguridad social provocó una oleada de protestas estudiantiles que se saldaron con más de 300 muertos. La estabilidad pretendida por Ortega y Murillo se resquebrajaba. Desde entonces, la represión ha ido en aumento y en paralelo a un creciente rechazo del régimen por parte de la ciudadanía. Pese a todo, Ortega cuenta todavía con un buen número de seguidores, algo por debajo del 20% del electorado, según la consultora CID-Gallup. Pero ese sostén incondicional de muchos nicaragüenses que todavía lo ven como un líder revolucionario, no sería, sin embargo, suficiente para mantenerlo en el poder. El resultado provisional del 7N es engañoso. Según el Consejo Supremo Electoral, controlado por Ortega y Murillo, el domingo habría votado el 65% de los 4,5 millones de electores. Por su parte, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas, fuera de la órbita oficialista, ha rebajado la participación al 18,5%. Sea como sea, los comicios estaban ya viciados de antemano por la detención de siete precandidatos presidenciales.

La oposición, en cualquier caso, no ha logrado articular una alternativa clara al orteguismo. Nicaragua, todavía en el furgón de cola del desarrollo económico en América Latina, no puede someterse a fórmulas neoliberales, tan aciagas para los países de la región durante décadas. Las sanciones económicas internacionales, como la que planea la administración de Joe Biden a través de la denominada Ley Renacer, solo perjudicarían a la población, nunca a sus dirigentes, como ha quedado patente con el histórico bloqueo a Cuba, verdadero anacronismo de la Guerra Fría, o las más recientes sanciones a Venezuela. Los gobiernos de Colombia y Chile también han reprimido con extrema dureza a aquellos que se manifestaban contra sus políticas en los últimos tiempos, y ni Estados Unidos ni la Unión Europea se han rasgado las vestiduras por ello, ni han exigido sanciones económicas contra Iván Duque o Sebastián Piñera, dos mandatarios también manchados de sangre.

Como en el caso de Venezuela, la única salida a la encrucijada nicaragüense es el diálogo. Algunos analistas vislumbran un giro en la acción política de Ortega, una vez amarrada la victoria y con otros cinco años de mandato por delante. El régimen relajaría la represión contra las voces disidentes (hay unos 150 presos políticos, según organismos de derechos humanos) e iniciaría un proceso de diálogo con algunos sectores de la oposición. Ivan Briscoe, del International Crisis Group, traslada a Público un posible escenario postelectoral: "Ortega es consciente de que necesitará buscar un nuevo pacto de gobernabilidad en su próximo mandato para hacer frente a los cuestionamientos internos y externos sobre su reelección. Probablemente, buscará la reanudación de un diálogo ‘a su medida’ que solo incluya a sectores complacientes, como ya lo anunció. El reto será persuadirlo a transformar este ejercicio en un proceso inclusivo y que apunte a una resolución negociada de la crisis política y humanitaria en la que el país está sumergido".

08/11/2021

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Imagen: Leandro Teysseire

La líder afrodescendiente es precandidata presidencial en Colombia por el Movimiento Soy Porque Somos

De luchar contra las multinacionales mineras que contaminan los territorios ancestrales a ganar el Premio Medioambiental Goldman, la dirigente de izquierda apuesta a una Colombia "digna, en paz, justa e igualitaria".

 

“Llegar a la presidencia de Colombia no es un fin, es un medio para seguir empujando las luchas”, afirma Francia Márquez Mina, que con su candidatura sacudió el tablero político de su país. Abogada, dirigente social y defensora del medioambiente, Márquez busca convertirse en la primera presidenta mujer y afrodescendiente en un país donde el racismo va desde lo más sutil hasta lo estructural. Desde las expresiones racistas hasta el despojo de territorios ancestrales. “El racismo estructural define las condiciones en las que la gente racializada debe vivir. Vemos como el modelo neoliberal y el capitalismo salvaje necesitan de esas formas de opresión para mantenerse”, explica en diálogo con Página/12.

 “Cuando a mí estos hombres blancos de élite me vienen a decir que no tengo los méritos para ser presidenta, pues que me digan ellos cuál es la experiencia que tienen. Su experiencia es de corrupción, su experiencia es de condenar a pueblos enteros a la muerte, a la guerra”, dice Márquez en una conferencia en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, junto a la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Victoria Donda.

"Tenemos todo por ganar"

“Nosotros no tenemos nada que perder porque ya nos han arrancado todo. Parte de ese todo es que nos siguen expropiando la condición humana. Tenemos todo por ganar y hay que hacer un camino”, remarca la precandidata a la presidencia de Colombia. Desde su niñez hasta la actualidad, la protección de su comunidad y el territorio ancestral llevaron a Márquez Mina a encabezar movilizaciones para exigirle una y otra vez al gobierno que frene el despojo de los pueblos afrodescendientes e indígenas.

“Certificaron que no éramos comunidad negra y por tanto no teníamos que ser consultados y yo me vi metida en la política”, cuenta la líder del Movimiento Soy Porque Somos en referencia a las circunstancias que la llevaron a la política. Porque “políticamente están definiendo que mi comunidad, que ha estado en un territorio desde 1636, tiene que ser desalojada para privilegiar a una empresa multinacional que llegó”, relata.

“Para privilegiar el desarrollo. Siempre nos han sacrificado por el desarrollo. En nombre del desarrollo esclavizaron a nuestros ancestros y ancestras. En el nombre del desarrollo nos han racializado y en el nombre del desarrollo el patriarcado ha hecho lo que quiere con nuestros cuerpos y con nuestros territorios. Ahí me tocó tomar partida”.

Disputar el poder

En 2014, Francia Márquez encabezó la Marcha de los Turbantes, Movilización de Mujeres Afrodescendientes por el Cuidado de la Vida y de los Territorios Ancestrales. Junto a más de 100 mujeres caminaron cerca de 300 kilómetros desde el corregimiento de la Toma en el Cauca hasta la capital Bogotá para exigirle al gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos que retirara los títulos mineros concedidos tras una violenta incursión en el territorio ancestral.

“Como mujeres negras dejamos a nuestros hijos al cuidado de otras personas para caminar, para parar la minería que estaba envenenando con mercurio el territorio. En un territorio donde tenemos niñas y niños con mercurio en la sangre. Con niveles de cinco partículas de mercurio en el cuerpo de niños que tienen 10 u 8 años”, recuerda la candidata.“Eso también es parte del exterminio físico, eso es parte del racismo ambiental. No en todos los lugares se envenenan esos territorios. El veneno se vierte en esos territorios racializados. Entonces ahí me di cuenta de que había que disputarse el poder, había que participar porque eso no iba a parar”.

Ese mismo año, Francia Márquez conoció a la líder indígena hondureña y defensora del medioambiente, Berta Cáceres, quien en 2016, un año después de haber recibido el Premio Medioambiental Goldman fue asesinada en su casa. En 2018, Márquez Mina ganó la misma distinción. “Para mí fue muy doloroso cuando la asesinaron. La lucha que ella hacía era la misma lucha que nosotros hacemos y terminaron asesinándola. No es fácil, pero asistimos a eso. Nuestras luchas siempre están trazadas por los riesgos y pues ahí nos ponemos de frente”, explica a Página/12. Márquez recordó las palabras de Cristina Bautista, gobernadora indígena asesinada en el departamento de Cauca. “Si callamos nos matan y si hablamos también, entonces hablamos porque no tenemos de otra”.

"Soy porque Somos"

En este sentido, la candidatura de Francia Márquez se enmarca en la necesidad de su pueblo. “Un pueblo que está cansado de que no lo dejen respirar, cansado de que le quiten sus sueños. Este es el sueño de los jóvenes que todos los días los asesinan y que justifican sus asesinatos llamándolos criminales,terroristas y vándalos”, dice la líder de Soy porque Somos en referencia a la muerte de jóvenes que se manifestaron durante el estallido social.

“Creo que Duque se ha empecinado en hacer trizas la paz y sostener una política de muerte que ha venido fomentando el uribismo hace 20 años, incidiendo incluso en la política exterior cuando deberíamos respetar la autonomía de cada estado”, afirma Márquez a este diario. “Aquí estamos resistiendo, pensando en cómo en esta apuesta por ganar las elecciones podemos confrontar este sistema de muerte y despojo hacia una Colombia digna, en paz, justa e igualitaria. Sobre todo una Colombia que reestablezca sus relaciones con todos los países de la región

4 de noviembre de 2021

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A días de elecciones, Nicaragua es una maquinaria represiva y dictatorial

El domingo 7 de noviembre son las elecciones generales en Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega se afina como una maquinaria represiva contra las personas defensoras de derechos humanos y la democracia.

Desde mayo de 2021 más de 150 personas han sido detenidas en un contexto represivo. Entre estas 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 pre-candidatos presidenciales.

Igualmente, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales y se viene aplicando un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense.

Así lo denuncia el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Ambas instituciones advierten que el repertorio de leyes creado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos condena a Nicaragua a entrar a un régimen dictatorial.

El clima es de terror

Las organizaciones publicaron el miércoles 3 de noviembre el Informe “Las nuevas leyes de la represión” que detalla la nueva etapa iniciada el 20 de octubre de 2020 en la escalada represiva.

El nuevo periodo se caracteriza por la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Además, ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo.

De esta manera, convierten el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos.

Esas figuras creadas por el régimen de Ortega pueden terminar llevando a las personas a la cadena perpetua, por presuntamente promover el odio nacional.

Específicamente, son las leyes sobre “Agentes Extranjeros”, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley sobre Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37.

A ellas se agrega Ley contra el Lavado de Activos y la Ley 1060, que, entre otros términos, expande el término de detención de 48 horas a 90 días, sin las mínimas garantías del debido proceso.

El gobierno pretende instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositoras, lo que intenta disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a quienes lo critican y someterlos al silencio.

Bajo este contexto, y a pocos días de las elecciones generales del 7 de noviembre, sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas, Nicaragua afianza un régimen totalitario.

El Observatorio y el CENIDH urgen a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua y garantizar las libertades de expresión y asociación en el país.

El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia. Asimismo, las organizaciones exigen la liberación inmediata de las más de 150 personas detenidas en el marco de la represión y el fin de su criminalización y a la derogación de toda la normativa represiva.

Datos

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

La FIDH y la OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una organización de promoción y protección de los derechos humanos. Fue creada en 1990 y en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional nicaraguense arbitrariamente le quitó su personería jurídica, allanó su sede y sus bienes.

El CENIDH es miembro de la FIDH y de la OMCT y apesar de la intimidación y represión en su contra, continúa trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua.

4 noviembre 2021

Publicado originalmente en Servindi

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Baltodano denunció que el FMI, el Banco Mundial y el BCIE aún apoyan con recursos al régimen de Ortega, lo que le ha permitido sostenerse en el poder.  (Foto: Miriet Ábrego).

 

La activista refugiada en Costa Rica reconoció que no se vislumbra “un camino claro” para superar la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

 

Con franqueza admite la incertidumbre sobre el futuro de su país. Sin embargo, a su manera y dentro de sus posibilidades, Mónica Baltodano participa con convicción desde la Articulación de Movimientos Sociales de la resistencia contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Baltodano no solo fue comandante guerrillera en el conflicto armado que culminó con el derrocamiento de Anastasio Somoza, sino que llegó a ser diputada bajo la bandera sandinista a finales de los años 90, cuando terminó de desencantarse con todo el proyecto político a raíz de los acuerdos a que Ortega llegó con el derechista Arnoldo Alemán.

En agosto de 2018, pocos meses después de la amplia insurrección que el régimen de Ortega aplacó de forma violenta, ofreció una entrevista a UNIVERSIDAD en la que analizó las estratagemas mediante las cuales Ortega ha buscado perpetuarse en el poder y la corrupción de los ideales sandinistas.

Ahora, tres años después, Baltodano se encuentra en Costa Rica en condición de refugiada, y de nuevo repasó la situación actual de su país, a pocas semanas de que el régimen lleve a cabo un proceso supuestamente electoral, de cara al cual desató una represión que ha llevado a la cárcel a personas activistas de la oposición, incluso candidatas a la Presidencia.

Hace tres años manifestó que “ese fervor de la sublevación fue resuelto por el orteguismo con un derramamiento de sangre que lejos de resolver políticamente su dilema ha significado la derrota estratégica de Ortega”. Desde entonces pareciera que más bien se ha consolidado en el poder.

—El orteguismo, como fuerza que intenta conseguir hegemonía, realmente fue derrotado. Lo que pasa es que a partir de la sublevación y de lo que aconteció posteriormente, se mantiene en el control del poder de forma absoluta exclusivamente por la fuerza de las armas y del control que él ejerce sobre las instituciones. Sin embargo, ha perdido completamente la posibilidad de tener mayoría dentro de la sociedad, y realmente hay un repudio de la mayoría. Por tanto, también sufrió una derrota desde el punto de vista de la opinión pública internacional.

En el plano internacional es muy generalizada esa opinión negativa, pero ¿debilita de alguna manera al régimen?

—La comunidad internacional no ha encontrado todavía la forma de ser eficaz contra el orteguismo. Organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) y, particularmente, el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) lo siguen apoyando con recursos para su funcionamiento y, sobre todo, para su estabilidad macroeconómica.

En ese sentido, la dictadura sigue funcionando con alguna eficiencia a nivel nacional y puede pagar a la policía, que ha incrementado en número, en armamento y en la capacidad de comunicaciones. No solamente en la policía, sino también en el ejército.

Como decía, él se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral (CSE) —que con una reforma a principios de año incrementó su control sobre las organizaciones políticas y, sobre todo, el proceso electoral— no pudo arriesgarse a realizar unas elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos.

Eso demuestra que realmente su control del poder, el cual va a mantener a partir del 7 de noviembre con la supuesta reelección —que es como un atornillamiento en el poder a partir del fraude electoral, de la mentira y del engaño—, su prolongación en el gobierno va a ser de una gran fragilidad, porque con todo lo que ha pasado últimamente el repudio internacional es enorme y prácticamente él está prisionero dentro del territorio nacional; no puede salir a ningún lado con ninguna solvencia o seguridad, ni él ni su familia.

Menciona que el régimen se está sosteniendo básicamente con capital foráneo proveniente de organismos financieros, y está claro el papel de la policía. ¿Qué otros sectores de la sociedad nicaragüense apoyan al régimen en este momento?

– Hay sectores de la jerarquía evangélica que claramente han expresado su respaldo y han tratado de aprovechar las contradicciones con la iglesia católica para fortalecerse y recibir más apoyo institucional a través del presupuesto.

La conferencia episcopal mantuvo una postura sumamente crítica, han pasado, desde 2019, a una especie de observación bastante silenciosa, salvo algunos sacerdotes u obispos que mantienen una posición mucho más beligerante, como el obispo Álvarez en Matagalpa.

“Ortega se sostiene con base en las armas, de tal manera que aún con el control absoluto del Consejo Supremo Electoral, no pudo arriesgarse a realizar elecciones y tuvo que meter presos a todos los candidatos”.

Lo mismo ha pasado con el gran capital, pues de tener una actitud beligerante dentro de la alianza cívica, pasó en la última etapa, como resultado de los propios golpes represivos, a un mutismo absoluto. Están preocupadísimos por sus negocios y por la estabilidad de sus ingresos. Es un silencio que no contribuye en nada. Por ejemplo, ante esta última oleada represiva no han dicho una sola palabra, a pesar de que dentro de los presos está quien fue su principal dirigente durante más de diez años, José Adán Aguerri, ni tampoco se han referido a las capturas de otros empresarios o líderes de la banca, como el gerente general del Banpro (Grupo Promérica), pero tampoco han dicho absolutamente nada frente al proceso electoral.

Hay un silencio resultante también de los niveles brutales de la represión, la gente calla y sectores que antes hablaban, callan por temor a que les invadan las propiedades, por temor a que les congelen cuentas bancarias, que es lo que está haciendo el régimen.

En estos últimos meses se ha desatado la represión contra posibles candidatos y cantidad de personas que han sido detenidas. ¿Cómo está la situación de las personas presas políticas?

—Después de la presión internacional y los acuerdos adoptados en el marco del diálogo nacional, se liberó a unos 700 presos políticos en junio de 2019. Después, empezó a practicar lo que se llama la puerta giratoria, es decir, capturan a cien, liberan 80, quedan 20. Luego otras 50 capturas, 40 liberados, quedan diez. De cada oleada de captura va quedando detenida una cantidad de prisioneros hasta completar para junio de este año más o menos unos 130 presos políticos. Habría que incluir a los de antes de 2018, los cuales son diez.

En esas fechas inició una brutal oleada en donde, como se sabe, ya hay más de 25 presos, la mayoría candidatos a la Presidencia, líderes nacionales de organizaciones y hasta héroes de la Revolución, el caso de Dora María Téllez y Hugo Torres.

La diferencia es que estuvieron detenidos 90 días solo en el proceso de investigación para poderles formular cargos, durante los cuales no tuvieron contacto ni con sus abogados, y estuvieron en condiciones carcelarias brutales de aislamiento. Ahora sabemos que también estuvieron con poca comida, algunos incluso sin ningún tipo de contacto con nadie en absoluto, como el caso de Dora María Téllez, sin poder tener ni una revista, un lápiz, ni un papel, en condiciones que se consideran desde el punto de vista de los acuerdos internacionales de derechos humanos como tortura, como la oscuridad o luz excesiva todo el día y la noche, que son formas de tortura más sofisticada.

Por otro lado, han incrementado de forma exponencial su relato de que todo es un plan del imperialismo norteamericano contra una revolución, que de revolución nada tiene, es un gobierno que no tiene absolutamente nada de revolucionario, de izquierda, pero utiliza ese discurso para engañar a unos cuantos que todavía quedan, que son las izquierdas conservadoras del mundo.

Recientemente en Costa Rica se dio un hecho muy grave, el atentado contra la vida del activista opositor Joao Maldonado. ¿Hay alguna duda de parte suya de que se trató de una acción del régimen?

– No puedo tener absoluta seguridad mientras no concluyan las investigaciones, que espero las autoridades de Costa Rica realicen de la manera más profunda posible. Pero estoy convencida de que la mano de los órganos represivos del régimen de Ortega puede llegar más allá de la frontera, en medio de los refugiados y de los migrantes no deben de faltar esos agentes que sabemos que andan por acá. Por eso, es importante para todos los refugiados mantener la prudencia, las medidas de seguridad y tener claro que la represión también puede llegar acá.

Obviamente sentimos de parte de la sociedad costarricense —y lo digo como recientemente acogida a solicitud de refugio—, la solidaridad de los distintos actores de Costa Rica y la posición del gobierno ha sido clara, tal como quedó establecida en el discurso del Presidente en Naciones Unidas.

¿Qué significa ese proceso electoral del 7 de noviembre para la resistencia nicaragüense en estas condiciones?

—Había sectores que apostaban por la participación, aún después de la reforma a la Ley Electoral que endureció las condiciones para la oposición y que ya auguraba que lo que iba a haber era una farsa. Sin embargo, el régimen con estas capturas prácticamente terminó de ilegalizar a todos los demás partidos, incluso aquellos dispuestos a participar y, de alguna manera, legitimarlo.

Los sectores de la Articulación de Movimientos Sociales apostamos a que la participación en esas condiciones era legitimar al régimen.

Lo que va a haber es un circo, una total farsa peor que lo que hacía Somoza, que por lo menos le dio a la oposición los acuerdos famosos de minorías congeladas. Esto que va a ocurrir ahora es peor que esas farsas electorales de Somoza.

Creo que el régimen está tratando de ganar tiempo, porque saben que ese circo no le va a dar ninguna legitimidad y que, por el contrario, va a permitir que toda la comunidad internacional pueda cerrar filas para rechazarlo como ilegítimo.

Sin embargo, creo que apuestan todavía al respaldo de Rusia y a que la política de “no meterse en nada” de China les dará algún oxígeno. Pero lo que va a haber el 7 de noviembre no llega ni siquiera a mascarada, es un total circo. Por eso, la Articulación de Movimientos Sociales ha hecho un llamado a la huelga electoral: que el 7 de noviembre la gente se quede en su casa, que sea evidente la no participación, el silencio en las calles y que solo sea la mínima fuerza que todavía le respalda la que concurra para que no quede duda; es decir, un paro electoral que paralice completamente la movilización ciudadana en las calles y que sea evidente el repudio de la ciudadanía a esa farsa.

Una vez que se dé esa “farsa electoral”, ¿cuál va a ser la manera de concretar que efectivamente ese apoyo internacional que sostiene el régimen deje de hacerlo?

—Tenemos que decir con toda franqueza que el diagnóstico de lo que está pasando no nos permite definir o afirmar con absoluta claridad cuál es el camino, qué es lo que va a pasar en Nicaragua o cómo va a salir el pueblo de esta dictadura.

En otras épocas de dictaduras sangrientas en América Latina teníamos claro el camino de la lucha armada. Sin embargo, ahora las puertas de la lucha armada han sido cerradas por la propia ciudadanía que dice “a nada nos condujo” un germen revolucionario del que terminó surgiendo un árbol podrido, como el de Ortega.

La sublevación popular requiere de la presencia de los líderes y la mayoría están presos o en el exilio, y todas las redes que habíamos logrado construir están afectadas por la represión.

Estamos absolutamente seguros de que tienen que venir oleadas de nuevas formas de resistencia que van a resultar de la propia creatividad popular y que vamos a lograr salir principalmente con el esfuerzo de los nicaragüenses, porque apostar a que la comunidad internacional nos va a resolver creo que realmente es una apuesta equivocada. Somos los propios nicaragüenses los que tenemos que resolver, claro con solidaridad internacional, con solidaridad moral, con apoyo de organizaciones internacionales, sí, exigiendo respeto a los derechos humanos y la libertad de los presos políticos.

Pero ¿qué salida a avizoro? Solo sé de las posibilidades que tiene la resistencia popular, que tiene que pasar a un periodo de acumular fuerzas para protagonizar nuevas sublevaciones, esta vez con un horizonte mucho más claro, con liderazgo mucho más definido para que no se desperdicie la energía popular como de alguna manera pasó en la sublevación de 2018, pero un camino así de claro no lo tenemos.

4 octubre 2021

Publicado enInternacional
La derecha peruana ya maniobra para destituir a Pedro Castillo

Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha conspiran para una destitución del mandatario recurriendo a la ambigua figura de la “incapacidad moral” ; aún no cuentan con los votos. 

El maestro rural Pedro Castillo lleva menos de dos semanas en el cargo y la derecha ya maniobra para destituirlo de la presidencia. Parlamentarios fujimoristas y de otros grupos de extrema derecha, como el partido fascista Renovación Popular, le han declarado una guerra abierta al recién estrenado gobierno de izquierda del sindicalista Castillo. Conspiran para una destitución del presidente recurriendo a la ambigua figura de la “incapacidad moral”, que da para deponerlo sin otro argumento que la fuerza de los votos. Ahora no tienen los dos tercios del Parlamento unicameral de 130 bancas para sacar al presidente, pero buscan generar un escenario de crisis que les permita sumar a otros grupos de derecha y de centroderecha para llegar a los votos que necesitan. Los medios hegemónicos le dan entusiasta cobertura a quienes promueven un golpe parlamentario. Errores iniciales del gobierno, como algunos cuestionados nombramientos, le ha dado armas a esa derecha golpista.

El nombramiento 

Castillo se ha abierto un flanco al nombrar como presidente del Consejo de Ministros al congresista del oficialista Perú Libre, Guido Bellido, cuestionado por la derecha, pero también por aliados del gobierno. Bellido es una figura que confronta y aleja posibles acuerdos que le permitan al gobierno ampliar su base de apoyo. Por el contrario, ha alejado a aliados iniciales. Ha tenido declaraciones homofóbicas y machistas, por lo que su designación no ha caído bien en los aliados progresistas del presidente. Ante las críticas, ha asegurado haber cambiado de opinión en estos temas y en un comunicado se comprometió a respaldar políticas de igualdad de género y de derechos para las minorías sexuales.

La derecha dispara contra Bellido por otras razones, y con otras intenciones. Con ese lenguaje macartista que exhibió en la campaña, y que ahora domina los medios, lo acusa de terrorista, por una investigación que le ha iniciado la fiscalía por supuesta apología al terrorismo -una cuestionada figura legal que condena las opiniones y se presta a abusos- por unas declaraciones consideradas por sus acusadores como “condescendientes” con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas. Es una práctica común de la derecha peruana señalar como terrorista a quienes se identifican con la izquierda para buscar descalificarlos. Lanzan esa misma acusación contra otros miembros del gabinete. Ya se pide declarar la “incapacidad moral” del presidente y destituirlo por haber nombrado como ministros a supuestos “simpatizantes del terrorismo”. Esa es la estrategia golpista.

Sin luna de miel

“Ha sido un inicio del gobierno sin la luna de miel que se acostumbra dar a los nuevos gobiernos. Apenas llegado al gobierno, a Castillo no se le está dejando ni respirar. La derecha y los poderes fácticas, sobre todo la gran prensa, no aceptan el triunfo electoral de Castillo, no lo reconocen como presidente, y han formado una coalición para vacarlo (destituirlo). La derecha no quiere perder el gobierno, que siempre lo ha tenido. Y hay errores de saque del gobierno, como nombrar a Bellido. La situación es complicada, difícil”, le señaló a PáginaI12 el sociólogo Sinesio López, profesor de ciencias políticas de las universidades de San Marcos y Católica.

Bellido es muy cercano al fundador y secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, un marxista-leninista que ha atacado a la centroizquierda aliada de Castillo. Cerrón, que tiene una sentencia por corrupción por una pasada gestión como gobernador, es un factor que complica al gobierno. Es un blanco contra el que dispara la derecha para golpear a Castillo. El presidente se mueve entre las presiones de Cerrón por acumular poder y sus aliados progresistas ajenos a Perú Libre. El gabinete ministerial es expresión de esas tensiones internas.

“Bellido y Cerrón representan una estrategia de confrontar y de ir al choque, cuando la correlación de fuerzas en el Congreso no es favorable para el gobierno. Esa estrategia de ataque frontal, que supone medidas muy radicales y entrar al golpe, es equivocada. A esa estrategia se opone una de hacer grandes cambios sobre la base de formar una gran voluntad colectiva, una gran coalición basada en ciertos consensos. Este es uno de los países más conservadores de América Latina y es muy difícil que la izquierda sola pueda gobernar, tiene que armar alianzas y tener una apertura hacia el centro, pero desde la izquierda hacia el centro, no al revés, lo que le da un tono especial. El gobierno debe cambiar a Bellido y poner en su lugar a alguien de centroizquierda que convoque a sectores de centro, formar un gabinete que abra la posibilidad de ampliar la coalición de gobierno, lo que debilitaría la coalición para destituir a Castillo. Con Cerrón y Bellido se corta esa apertura desde la izquierda al centro y se apuesta a una izquierda radical. Eso lleva al aislamiento y a la derrota”, opina López. “Castillo no tiene experiencia política, pero es inteligente y creo va a terminar reubicándose bien. Ojalá tenga el tiempo para hacerlo”, agrega.

La complicidad de los grandes medios

Bellido debe pedir al Congreso, dominado por diversos grupos de derecha, un voto de confianza para el gabinete que encabeza. Si se lo niegan debe renunciar. La mayoría de legisladores no lo quieren, pero si niegan la confianza a dos gabinetes el presidente queda habilitado para disolver el Parlamento y convocar nuevas elecciones legislativas. La derecha teme que, si sacan a Bellido, Castillo podría reemplazarlo por alguien que les genere un fuerte rechazo para forzar una segunda negativa al voto de confianza del gabinete y así poder disolver el Congreso. Por eso, podrían darle la confianza a Bellido, pero operar para boicotear al gobierno y buscar su caída. Al boicot, la desestabilización y el golpe es a lo que apuesta la extrema derecha, con la complicidad de los grandes medios.

De los 87 votos que el golpismo parlamentario requieren para destituir al presidente, tendrían 43; hay otros 36 de tres grupos de derecha opositores al gobierno y que exigen el cambio del gabinete ministerial, pero que, al menos por ahora, no se han sumado al abierto golpismo; y hay otros nueve parlamentarios del centro y la centroderecha que respaldaron a Castillo, pero ahora se han alejado del gobierno por discrepar con el gabinete. El golpismo espera sumar todos esos votos para tumbar al gobierno. El oficialismo tiene solo 42 bancas, 37 de Perú Libre y cinco de sus aliados de izquierda de Juntos por el Perú.

Más allá de críticas legítimas contra Bellido y algunos otros integrantes del gabinete, para la derecha que busca la destitución de Castillo eso es una excusa para atacar al presidente. Los golpistas de hoy son los mismos que no reconocieron la victoria electoral del profesor andino e intentaron impedir su llegada al poder alegando un inexistente fraude electoral. No pudieron evitar que asuma la presidencia, ahora buscan sacarlo del poder. Gritando “no al comunismo”, la derecha golpista se moviliza por las calles. No son marchas masivas, pero sí con gran cobertura en los medios.

Castillo se ha convertido en un líder popular que ha recogido y que expresa las esperanzas de cambio e inclusión. Los sectores históricamente marginados, desposeídos, se han identificado con el maestro rural y andino, a quien ven como uno de ellos, y han encontrado en él esa representación que nunca han tenido. Esa es la principal fuerza de Castillo para enfrentar las intenciones golpistas.

“El poder de Castillo está en los ciudadanos movilizados. Tiene que decirle a la población ‘no me dejan gobernar’ y movilizarla. Si moviliza al campo, a las provincias, a los barrios populares de Lima, entonces puede parar la intención de destituirlo. Para eso tiene que corregir el error en la formación del gabinete, cambiar a Bellido”, indica Sinesio López. 

Por Carlos Noriega

08/08/2021

Desde Lima

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Pedro Castillo, el humilde maestro rural que asume la Presidencia de Perú en el bicentenario de la independencia

Desde su independencia de la Corona española, de la que hoy se conmemoran 200 años, Perú no había sido gobernado por un hombre con una trayectoria tan humilde. Nacido en un pequeño poblado andino, educado en escuelas rurales y formado como maestro entre montañas antes de llegar al sindicalismo y la política, Pedro Castillo ha tomado las riendas del país sudamericano.

"Querido papito: te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre". La pequeña Alondra, hija menor del presidente electo del Perú, le dedica estas palabras a su padre, apenas unos días después de que dejara su humilde vivienda en el poblado de Puña, Cajamarca, para recorrer el país y hacer campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Aquellas inocentes palabras –registradas en el documental El profesor, de Álvaro Lasso- dibujan los sueños que han puesto millones de peruanos en el voto por este maestro de 51 años. Castillo nació en 1969, justo cuando el general Juan Velasco Alvarado, que había tomado el poder en un golpe de Estado, llevaba a cabo una reforma agraria que buscó acabar con el modelo feudal de control de la tierra heredado de la Colonia española.

El profesor es el documento audiovisual que más buscó acercarse y hacerle justicia al origen humilde y campesino de Castillo, y para ello recogió la voz de su esposa Lilia Paredes, sus padres, hijos y familia, además de compañeros de escuela, amigos y vecinos de Puña, localidad de apenas 400 habitantes y que apoyó la campaña presidencial de su hijo más célebre, frente al embate de los medios de comunicación y las élites limeñas, que lo vieron siempre como a un sospechoso extraño.

Castillo, tercero de nueve hermanos, con padres agricultores y analfabetos que respaldaron siempre el entusiasmo de su hijo por mejorar su educación, apareció por primera vez en los medios como líder de una huelga de maestros que se extendió entre junio y septiembre del 2017. Imperturbable y al grito de "¡La huelga no se vende, la huelga se defiende!", Castillo dirigió uno de sus primeros mítines en Lima, en agosto de ese año, frente a miles de maestros, en la emblemática Plaza de San Martín, demostrando las cualidades oratorias que ha hecho evidentes en esta campaña, a pesar de evitar entrevistas o cancelar con algunos periodistas conversaciones ya pactadas. "Hay que demostrarle al gobierno que éste es el momento para dignificar al maestro", aseguró aquel día, ante el aplauso de sus colegas.

Según el diario El Comercio (decano de la prensa sudamericana), más del 50% de docentes no acudieron a clases en algunas provincias de 18 regiones. En la huelga se exigían mejoras salariales, aumentar el presupuesto en educación y mejorar la enseñanza en zonas alejadas, como la suya; fue un intento de reducir las marcadas desigualdades entre la educación urbana y la rural. En medio de duras negociaciones, una parte de los peruanos empezó a verlo con resquemor.

Y no solo por exigir la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la paralización de las clases que perjudicaba a más de un millón y medio de estudiantes –según declaró la entonces ministra de Educación, Marilú Martens-, o por la supuesta vinculación de algunos dirigentes de la marcha con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) –grupo que pide la excarcelación del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán-, sino porque Castillo y otros representantes de los sindicatos de maestros fueron recibidos en el Congreso por Héctor Becerril, uno de los más oscuros representantes del fujimorismo. La intención, al parecer, era solo perjudicar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero tras ser destituido Kuczynski por el Congreso, los fujimoristas (con mayoría en el legislativo) no volvieron a prestar atención a las demandas de los maestros. No repararon, entonces, en que el monstruo que ellos avalaron les devoraría poco más de 40 meses después.

"A mí, de repente, por el lugar de mi procedencia, por el lugar de dónde vengo, me quieren mirar por encima del hombro. Que me miren así, que me ignoren, pero primero está mi país. Yo estoy aquí por el Perú", aseguró Castillo en Pregúntale al profe, otro trabajo audiovisual de Álvaro Lasso, en el que el originario de Puña, Tacabamba, responde a las preguntas sobre salud en pandemia, educación, trabajo o recursos naturales a los vecinos de una sencilla quinta de Comas, uno de los distritos más populosos de la capital peruana.

Una carrera como una lección

"Hay mucha gente que odia inexplicablemente a Castillo. Piensan que es Abimael Guzmán renacido", nos dice Álvaro Lasso, fundador de la editorial y librería Estruendomudo, quien viajó a Puña para conocer de cerca al entorno más cercano de Castillo. Sus palabras hacen referencia a la campaña de "terruqueo" emprendida por la ultraderecha que usa esa expresión para calificar de "terrorista" a cualquiera que aparente ser enemigo del establishment. Le pasó a Alejandro Toledo el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori lo culpó del incendio y derrumbe del Banco de la Nación –que, más tarde se supo, fue responsabilidad del fujimorismo- y a Ollanta Humala, a quien finalmente la derecha domesticó, haciéndolo dejar de lado muchas de las promesas que lo llevaron a la presidencia en 2011, año en el que se produjo la primera derrota en una elección presidencial de Keiko Fujimori.

"Castillo siempre ha sido una persona luchadora –continúa Lasso-. Siempre se ha esforzado muchísimo por querer educarse. De niño, para ir al colegio, caminaba dos horas de ida y dos de vuelta. Cuando iba al instituto pedagógicoen Cutervo –pequeña ciudad ubicada en otra provincia cajamarquina-, donde estudió magisterio, caminaba ocho horas desde su pueblo hasta allí. Conocí a un amigo suyo, Julio Díaz, que caminaba con él. Su mamá les frotaba los pies con unas plantitas, como remedio natural para atenuar el dolor de los callos". En su ruta, Castillo conoció la realidad de otros caseríos como el suyo. Pequeños pueblos de montaña donde la belleza es tan impresionante como la pobreza. Zonas ganaderas y agrícolas ubicadas entre mesetas, quebradas y cerros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el departamento de Cajamarca se encuentran 16 de los 20 distritos más pobres de Perú. Muchos de estos lugares sufrieron el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado y, en medio de la ausencia del Estado, tuvieron que crear rondas campesinas para enfrentar la violencia. Castillo formó parte de ellas.

Según Lasso, uno de los pocos comunicadores que ha tenido la oportunidad de acercarse al círculo más cercano de Castillo –hermético para gran parte del periodismo limeño-, cuando era niño, el flamante presidente del Perú viajó con su padre a la selva para trabajar como agricultor y tener ingresos para comprarse el uniforme, los cuadernos o sus libros. "En su vida siempre hubo una relación entre esfuerzo y educación. Él no la ha recibido como quienes vivimos en las ciudades. Para nosotros, el uniforme escolar o el colegio aparecen nomás, pero a él le costó mucho sudor educarse".

Ya a mediados de los 90, en plena dictadura fujimorista, y a pesar de que había concluido su carrera de maestro en el pedagógico de Cutervo, la falta de trabajo lo llevó a Lima, donde no lo pasó mejor. Su primera experiencia laboral fue limpiando baños en un pequeño hostal del centro de la capital. Pedro Castillo caminaba extraviado por las calles y no entendía por qué no había oportunidades en una ciudad tan grande. A pesar de la dureza del trabajo, su empleador siempre lo trató con respeto y cariño. Curiosamente, era estudiante de Filosofía en la Universidad Católica, por lo que mantenía largas conversaciones con él sobre diversos temas, incluida la política. Aún hoy mantienen contacto y respeto. Luego, Castillo siguió trabajando de lo que pudo. Canillita, albañil o heladero, lo que le permitiera subsistir.

Para entender mejor el periplo que hizo Castillo entonces -y que repitió ahora para llegar al Palacio de Gobierno-, la distancia por tierra entre Lima y Chota (Cajamarca) es de más de 16 horas. De Chota a Tacabamba se necesitan tres horas más y de allí a Chugur –donde estudio secundaria- se suman dos horas de camino. De Chugur a Puña son 30 minutos adicionales y de allí a San Luis de Puña, el caserío en el que pasó su infancia, son 10 minutos. Sin apreciar el recorrido o el esfuerzo, su rival en estas elecciones, Keiko Fujimori, abrió su participación en el primer debate que tuvo lugar en Chota -a petición del propio Castillo- con la desafortunada frase: "He tenido que venir hasta aquí". Algunos debieron intuir que, desde aquel momento, perdió cualquier posibilidad de ganar en esa y otras zonas remotas del país.

El 'outsider' que nadie esperaba

"No más pobres en un país rico" ha sido su lema de campaña, coronado con la frase "palabra de maestro". Su experiencia como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que lo hizo notorio por primera vez en la capital, no es, sin embargo, su primera experiencia política. Tras los difíciles años noventa, en 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía –en la provincia de Chota- por Perú Posible, la hoy extinta agrupación del entonces presidente Alejandro Toledo, un hombre con el que comparte origen humilde y trabajo desde niño, pero que nunca izó como bandera propia las necesidades de los más humildes, a diferencia de Castillo. Su paso por Harvard y su militancia en la derecha neoliberal, marcan distancia en sus rumbos.

Castillo planeaba formar un partido político integrado por profesores, pero la llegada de la pandemia frenó sus aspiraciones. Apareció entonces la posibilidad de sumarse a Perú Libre, partido fundado por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él es, precisamente, el talón de Aquiles de Castillo. Apartado de la elección por sus acusaciones de corrupción –que incluyen una sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, que le costó una sentencia de 4 años de prisión suspendida- y un marxista-leninista confeso, Cerrón diseñó el ideario original de su partido, en el que se aspiraba a una nueva Constitución, mayor presencia del Estado, renegociación de contratos con las empresas y nacionalización de sectores estratégicos, lo que causó alarma en una parte importante de la población y sirvió como argumento de ataque del fujimorismo y la ultraderecha. Castillo, sin embargo, preparó nuevos lineamientos, conocidos como el Plan Bicentenario, eso sí, haciendo también suya la propuesta de una nueva Constitución, para la cual se propone convocar un referéndum y posteriormente una Asamblea Constituyente. Cabe recordar que la vigente carta magna data de 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La presencia de Cerrón, un político tan frontal como ególatra, es diariamente utilizada para atacar a Castillo. A pesar de que este aseguró que "El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado", sus constantes exabruptos vía Twitter, su presencia en reuniones cruciales o su reciente recibimiento al ex presidente boliviano Evo Morales, causan zozobra alrededor de Perú Libre. No son pocas, además, las voces que temen que un gobierno de izquierda convierta a Perú en una suerte de émulo de Cuba o Venezuela, cosa que Castillo ha negado en reiteradas oportunidades. Aunque es progresista en varios frentes, socialmente es un conservador que se opone a la legalización del aborto, la eutanasia, el enfoque de género en el currículum escolar y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, posiblemente, a causa de su fe cristiana.

En una victoria épica, contra viento y marea, Pedro Castillo dejó al fujimorismo fuera del gobierno. Este miércoles fue investido como presidente en el Congreso de la República, fiel a la costumbre chotana, con su típico atuendo andino. Independientemente de cómo vaya a ser su gestión, postales como esta marcan la historia y se instalan en el imaginario colectivo de una nación. Este jueves realizará otro acto simbólico sin precedentes: juramentará el cargo de presidente constitucional del Bicentenario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el lugar donde una heroica batalla sirvió para revalidar la independencia peruana, el 9 de diciembre de 1824. Lo hará, además, ante la presencia del rey Felipe VI de España y otros mandatarios.

No tan lejos queda ese diciembre de 2020, cuando el periodista Marco Sifuentes, uno de los pocos que ha logrado una extensa entrevista con él, le dijo, ante sus aspiraciones a llegar a una segunda vuelta: "Pero usted tiene 0,001% de apoyo en las encuestas, ¿Cómo va a hacer?"

Lo hizo contra todo pronóstico 200 años después de la independencia, en un Perú que sigue siendo una caja de sorpresas.

28/07/2021 18:57 Actualizado: 28/07/2021 22:27

Ricardo Hinojosa Lizárraga

Publicado enInternacional
Miércoles, 28 Julio 2021 06:31

Palabra de maestro

Pedro Castillo en un acto en Juliaca.. Imagen: Santiago Andrade

La campaña de Pedro Castillo desde adentro

Llegué a Lima un mes antes de la elección presidencial. Primera vez en Perú. Enseguida me sentí en familia: estaba San Martín por todos lados. Desde calles, plazas y monumentos me daba la bienvenida.

La maquinaria de marketing político de la derecha se desplegaba en toda la ciudad. Inmediatamente se me vino a la memoria Néstor advirtiéndonos que “Mauricio es Macri”, porque "Keiko" aparecía huérfana de apellido también.

De Pedro Castillo me impactó la emoción profunda que le causa hablar del dolor de su pueblo, que él conoce muy bien. Escuché a un hombre movido por profundas convicciones, sin especulación personal, con total consciencia de la magnitud de la responsabilidad histórica que estaba asumiendo. La fraternidad de las historias de militancia política hizo que el entendimiento sea inmediato.

En el primer acto al que asistí ese mismo día, en las afueras de Lima, vi a un pueblo alzando como símbolo un lápiz negro. Perú tiene uno de los índices de analfabetismo más altos de América del Sur, más aún entre las mujeres. 

Una mujer humilde, que portaba un enorme lápiz, me explicó: "Él es como nosotros, habla como nosotros, siente como nosotros". Me recordó a Cristina cuando decía, allá por el 2008, que nunca en la historia habíamos tenido en el continente tantos presidentes tan parecidos a sus pueblos.

Al grito de “¡Prensa mermelera!”, la gente repudiaba la presencia de periodistas del establishment mediático en los actos. Esa expresión de soberanía en la conciencia colectiva me sorprendió y me llenó de esperanza. Había, evidentemente, otras alfabetizaciones muy activas. La de la lectura crítica de la comunicación hegemónica era una.

“Palabra de maestro” era el lema que rubricaba las afirmaciones del candidato. Un maestro rural podría ser presidente de ese pueblo. Un hombre que de pibe caminaba dos horas para llegar a la escuela, a veces con vianda y otras no, buscando algo que no podía describir, con una fuerza inquebrantable.

Ya en el terreno de la comunicación, había tantas páginas en Facebook de Perú Libre, de Pedro, de las comunidades, que nadie sabía cuál era la oficial. Facebook es la red social de mayor uso en el país, como en todos nuestros países, pero en Perú duplica a Youtube y cuadruplica a Instagram.

La falta de recursos era un problema grave. La página oficial no transmitía en vivo hasta hacía poco, no habían tenido spots de TV en la primera vuelta, no tenían canción-shingle, no tenían un equipo oficial de comunicación digital, no tenían organizada la comunicación con la prensa, no tenían agenda diaria del candidato, no tenían big data ni estudios cuantitativos ni cualitativos propios…

A menos de un mes de la elección, todo eso se estaba gestando mientras se conformaban los equipos técnicos y se consolidaban las alianzas políticas.

¿Y qué era lo que sí tenían?

Tenían un proyecto político, un líder y un símbolo que despertaba una épica. Tenían, literalmente, miles de colectivos de militancia en todo el país haciendo comunicación política, tan caóticos como vitales, organizados en el territorio físico y en el digital. Tenían infinidad de canciones de campaña de los más diversos estilos musicales, que sonaban en actos, radios y redes. Tenían una identidad gráfica expresada en miles de formatos diferentes, apropiados y recreados por la gente, siempre en base al lápiz.

Tenían decenas de transmisiones simultáneas de los actos, tenían volantes caseros que circulaban por WhatsApp y pegados en los postes de luz para convocar a los actos. Tenían tantos hashtags como para volver imposible cualquier coordinación de campaña o no tenían ninguno, pero no dejaban de tomar la palabra.

Nos propusimos hacer un aporte a la organización de la sinergia de todas esas fortalezas dispersas para potenciar su comunicación.

Desde la vereda de enfrente el “anticomunismo”, con todas sus voces y canales al unísono, convencía a una empleada de maxiquiosco de que iban a venir las hordas izquierdistas-chavistas-guevaristas a expropiarle su “propiedad privada”, mientras Mario Vargas Llosa explicaba desde Europa que lo que estaba en juego era el sistema democrático y explicitaba su apoyo a la hija de Fujimori para salvaguardar la libertad de la prensa y la independencia de poderes…

La memoria que hace futuro

Mientras veíamos emerger las raíces identitarias que hermanaban al líder con su pueblo, tomábamos testimonios a sobrevivientes de las mutilaciones sufridas durante el gobierno de Fujimori padre, cuando les ligaron las trompas a trescientas mil mujeres sin avisarles, muchas veces sin anestesia, en el marco de un plan de “planificación familiar”.

Necesitábamos potenciar la sinergia entre esas fortalezas y trascender las cámaras de eco en las que nos escuchamos solo a nosotros mismos sin alcanzar a empatizar con los sectores más alejados de la política.

Hicimos muchas cosas en esas semanas de militancia e insomnio que son las campañas electorales de nuestro lado, pero elijo contar la que fue mi preferida, la que me traje enredada en el pecho para siempre.

"Préstale atención a la flor de retama, esos manojitos de florcitas amarillas que lleva la gente a las marchas. Remite a una de las historias más emblemáticas de la memoria colectiva de este pueblo", me dijo Manuel Robles, periodista de Prensa Latina durante 30 años, tipo sensible a las causas populares.

En 1969 el gobierno de Juan Velasco Alvarado decretó la eliminación de la gratuidad de la enseñanza. El rechazo creció en todo Perú, pero particularmente en Huanta, Ayacucho. Hubo una gran represión, más de veinte estudiantes y campesinos fueron asesinados. 

El 25 de junio, dos días después de la masacre en Huanta, Velasco Alvarado restableció la educación gratuita. El huayno "Flor de retama", del músico ayacuchano Ricardo Dolorier Urbano, homenajea a las y los mártires de la gratuidad de la educación en el Perú, especialmente a dos muchachas de las que el autor era profesor. 

Esta canción fue prohibida, pero el pueblo la guardó en su memoria por más de cincuenta años. Y ahora la estaban cantando nuevamente, cuando otro maestro tomaba la palabra para luchar por los derechos del pueblo. Hicimos un video con esa canción, que pronto se hizo viral. Nos iluminó la frase de César Vallejo: “Ya va a venir el día, ponte el alma”.

Quizá San Martín hubiera adherido a esa certidumbre mientras emprendía el Pacífico desde Chile. Quizá Perú nos lo haya dicho como promesa en su apoyo a nuestra lucha por la soberanía sobre las Islas Malvinas. Lo que es seguro es que hoy es un día de victoria para este pueblo que eligió ese lápiz para reescribir su historia, que es la de toda la Patria Grande.

* María Fernanda Ruiz es docente y especialista en comunicación política, convergencia de medios y tecnologías de la comunicación para la soberanía de los pueblos. Integra la comisión de Comunicación del Instituto Patria y es una de las creadoras del colectivo Mueve América Latina.

 

Por María Fernanda Ruiz

27/07/2021

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Castillo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres. . Imagen: AFP

Primer discurso como  presidente electo

La derecha derrotada afila las armas contra el gobierno que asumirá este miércoles y busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

 

 “El pueblo es el gobierno. Esta lucha no puede ser traicionada”, exclamó el presidente electo Pedro Castillo ante una entusiasta multitud en un mitin realizado la noche del viernes. Poco antes había recibido formalmente de las autoridades electorales sus credenciales como ganador de las elecciones y presidente electo. En la ceremonia oficial y en la manifestación popular, el profesor rural y dirigente sindical insistió en sus llamados “a la más amplia unidad”. A pesar de esas exhortaciones a la unidad, la derecha derrotada en las urnas afila las armas contra el gobierno de izquierda que asumirá este miércoles. Esa derecha radical y golpista busca tomar la presidencia del Congreso, que se elegirá este lunes.

Desde el balcón de la plaza

Castillo habló a sus seguidores desde un balcón que da a la céntrica plaza San Martín, ubicada a pocas calles de Palacio de Gobierno y tradicional escenario de manifestaciones políticas y protestas sociales. Cuando apareció en el balcón se soltaron globos rojos y blancos, los colores patrios, se lanzaron fuegos artificiales y resonaron los aplausos y las consignas de apoyo al futuro gobierno de izquierda. Fue una noche de júbilo popular. El maestro y campesino que viene de una de las zonas andinas más pobres del país y que en unos días asumirá la presidencia del Perú, recordó su participación en las luchas gremiales en esa misma plaza, que esta vez lo recibía como presidente electo. “Yo aprendí a luchar en esta plaza del pueblo junto con ustedes, con los obreros y campesinos. El recuerdo más grato es la lucha con los maestros de todo el país. Gracias a la lucha tenemos ahora un proyecto político, una alternativa para el país”, comenzó su discurso, que como ya es costumbre fue breve. Duró diez minutos.

El presidente electo aseguró que no traicionará las esperanzas que los sectores más pobres y excluidos han puesto en él y le pidió a la población que sea vigilante a su gestión. “Les pido ser vigilantes. Ustedes han sido vigilantes antes, durante y también lo serán después en este camino que hemos emprendido. No solo vengo a pedirles que sean vigilantes del gobierno, sino que sean integrantes del gobierno. Ustedes son el gobierno. El pueblo es el gobierno. Ayúdennos hermanos a encaminar este trabajo. Este es el trabajo del pueblo peruano. Esta es la lucha de ustedes. No traicionaremos al pueblo. Esta lucha no puede ser traicionada”. La multitud rompió en aplausos y gritos de respaldo.

Castillo convocó a los distintos sectores políticos y sociales a trabajar juntos: “Desde este espacio abrimos las puertas a los que no piensan como nosotros, a las otras fuerzas políticas. Hoy es el momento de unir los esfuerzos. Hago la convocatoria al pueblo peruano, a toda la clase política sin distinción, a los gremios, a los colegios profesionales, a los universitarios, a la clase obrera, al magisterio, a todo el pueblo peruano, para que hagamos el esfuerzo más inmediato en el marco de la más amplia unidad para terminar con estas brechas que tiene el pueblo peruano”.

En el Congreso

Mientras Castillo llama a la unidad, la derrotada Keiko Fujimori y sus aliados, donde la extrema derecha marca el rumbo, mantienen su discurso golpista que le niega legitimidad a la elección del nuevo presidente alegando sin pruebas un fraude electoral inexistente. Este lunes será un día clave en la confrontación entre el gobierno elegido democráticamente y la extrema derecha golpista. Se disputarán la conducción del Congreso unicameral de 130 bancas.

En un Parlamento fragmentado en diez bancadas no está claro lo que vaya a ocurrir este lunes. Hasta el sábado, ninguno de los dos bloques tenía los votos necesarios para hacerse con la presidencia del Legislativo. El bloque oficialista de izquierda tiene 42 votos: 37 del partido de gobierno Perú Libre y cinco de sus aliados de la coalición progresista Juntos por el Perú. Según diversas versiones, para la elección de la mesa directiva del Congreso ya habrían sumado otros nueve votos de agrupaciones de centro y centroderecha. El oficialismo no ha hecho público quién sería su candidato a presidir el Congreso. Del otro lado, el bloque de extrema derecha suma 43 votos: 24 del fujimorismo, 12 de los fascistas de Renovación Popular (RP) y siete de otra agrupación de derecha. Su candidato a presidir el Congreso es el almirante en retiro Jorge Montoya, de RP, que ha exigido anular las elecciones y ha pedido una intervención militar para evitar que Castillo asuma la presidencia.

Ambos bloques negocian contra la hora con tres bancadas que no se han definido para conseguir los votos que les faltan. Estas tres agrupaciones que suman 36 curules se mueven entre la centroderecha y la derecha. La izquierda la tiene complicada. En medio de esta disputa, la centroderechista Acción Popular, que tiene 16 legisladores, busca convertirse en una tercera alternativa y presidir ellos el Congreso.

Si la derecha golpista logra hacerse con la presidencia del Legislativo se abriría un complicado escenario para la estabilidad del gobierno Castillo. 

25/07/2021

Desde Lima

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Fujimorismo: enfermedad infantil del fascismo

A unos días de la proclamación del nuevo presidente de Perú –por primera vez en su historia un auténtico representante de las clases subalternas– hay algunas cuestiones que hay que intentar explicar si no se quiere que se vuelvan misterios.

Antes que todo, cómo es posible que más que 8 millones de electores –o sea casi la mitad de los votantes– hayan votado por una candidata tan desacreditada, tramposa y manifiestamente hambrienta de poder como Keiko Fujimori, cuyo único currículo político es ser la hija de un dictador que está purgando 25 años de cárcel por los graves crímenes que cometió.

A pesar de haber ordenado matanzas de civiles y campesinos, orquestado robos multimillonarios al patrimonio de la nación, reprimido o comprado a la oposición, infiltrado la magistratura, sujetado al ejército, rediseñado las instituciones a su antojo, Alberto Fujimori ha sabido crear una mitología alrededor de sí mismo, sobre todo gracias al trabajo incesante de una prensa mercenaria, que perdura aún hoy.

Esta narrativa chicha (o sea chayotera) celebra la victoria del estado sobre el terrorismo de Sendero Luminoso, el salvamento de la economía, desastrosa en el quinquenio de Alan García, la construcción de grandes obras y el interés hacia el Perú profundo.

Todos estos argumentos pueden ser fácilmente rebatidos apoyándose en la realidad histórica: la derrota de Sendero Luminoso se debe a la actividad autónoma de la Dirección contra el Terrorismo (Dincote) y no a las directivas de Fujimori; la recuperación de la economía aconteció motu proprio y gracias al FMI luego de que la inflación rebasó 7000 por ciento, o sea los precios se duplicaban cada dos semanas; las grandes obras y las privatizaciones sirvieron sobre todo para enriquecer monstruosamente al dictador y a su círculo íntimo; el interés para las comunidades más remotas se reducía a unas limosnas –mayormente láminas y cemento– con fines ­clientelares.

La sobrevivencia de esta mitología es indicativa de cuánto el monopolio de la información –y a escala nacional 80 por ciento está en manos del Grupo El Comercio– puede dinamitar el pluralismo informativo y envenenar las consciencias. Que estos mismos grupos se yergan en paladines de la libertad de expresión e información a nivel internacional es algo realmente grotesco.

La campaña electoral de Keiko Fujimori, respaldada por la gran prensa y la mayoría de las televisoras, donde han sido invertidas sumas enormes, producto de lavado de dinero sin algún control, ha fracasado por la tercera vez: la primera contra Ollanta Humala en 2011, la segunda en 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski. Lo irónico de la actual tercera derrota es que ha sido por el mismo, minúsculo porcentaje que la segunda: 0.24 por ciento, lo que ha enfadado la heredera del otrora poderoso shogun, truncando sus aspiraciones ­presidenciales.

La segunda derrota de Keiko, en 2016, le ha costado a Perú cinco años de parálisis política, un constante boicot al Ejecutivo, la remoción de tres presidentes y el descrédito y la extrema impopularidad del Congreso. Sin embargo, todo esto no podría explicarse como la pataleta de una mala perdedora que tiene subyugada la voluntad de la mitad de la nación, si no fuera que la Señora K, como la llamaban en jerga sus financiadores, es una especie de Juana de Arco de los corruptos –políticos y no– , los narcos, los poderes fácticos, los aspirantes golpistas, los mercenarios, lo que aquí se llama la derecha “bruta y achorada”y, last but not least, el gran capital, como se ve, en buena compañía.

Falta también considerar que al menos la mitad de los que han votado por ella –a pesar de saber que es imputada de asociación criminal, lavado de dinero y obstrucción a la justicia con un pedido de 30 años de cárcel– lo han hecho "tapándose la nariz", considerándola un mal menor frente al candidato "con olor a pueblo", el maestro rural Pedro Castillo.

Keiko Fujimori, financiada por sus futuros patrones, ha tenido la última astucia de abrazar el espantapájaros del anticomunismo, muy radicado en un país aún lastimado por las secuelas de una guerra civil, y de explotar los sentimientos racistas que atraviesan la sociedad peruana y determinan la férrea exclusión de la "raza cobriza"de los niveles más altos del poder.

Aun apelando a dos sentimientos negativos muy difundidos, la "eterna perdedora", como ha sido rebautizada por sus desertores, no ha logrado superar el rechazo a su entera dinastía. "¡Fujimori nunca más!" ha sido el grito recurrente en las manifestaciones de noviembre pasado, que en cinco días frustraron el intento golpista de Manuel Merino. Eran sobre todo jóvenes, que se han hecho llamar "la generación del Bicentenario" y que, justo en la conmemoración de los dos siglos de la Independencia, celebrarán la victoria de un verdadero candidato del pueblo, con gran disgusto de la oligarquía.

Sin embargo, la lucha continúa. A pesar de que muchos de los que la apoyaron, a partir del propio Vargas Llosa, se están retirando, Keiko espera apadrinar a los 8 millones de electores anti-Castillo para sacarlo de la presidencia en los próximos meses.

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