Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Sábado, 07 Agosto 2021 05:38

Vender al mensajero

El presidente Jair Bolsonaro entrega al presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira (sentado a su derecha), el proyecto de ley que transforma Correios en una sociedad de economía mixta, en febrero de este año. FOTOS PÚBLICAS, ISACNÓBREGA

LA PRIVATIZACIÓN DEL CORREO BRASILEÑO

Bolsonaro y sus aliados decidieron vender Correios, empresa pública estratégica y esencial en tiempos de comercio electrónico. Codiciada por Amazon, es superavitaria y la única en su ramo en cubrir todo Brasil.

a historia de lo que en Brasil se conoce como Correios se confunde con la propia historia del país. Originado en 1663, cuando la Corona portuguesa creó el Correio-Mor, lleva varios siglos administrando el servicio postal del país, ahora con el nombre Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos. Cien por ciento estatal y responsable no solamente de los servicios postales y logísticas, sino también de etapas clave de ejecución de varias políticas públicas, es la única empresa que llega a todos los municipios brasileños y cuenta con casi 100 mil trabajadores. En abril de este año, a través de un decreto, el presidente del país, Jair Bolsonaro, incluyó a Correios en el Plan Nacional de Desestatización, aprobado por el gobierno de Fernando Henrique Cardoso en 1997, el mismo año en que fue privatizada la minera Vale. La idea del Ejecutivo es vender, lo más rápido posible, la totalidad de la empresa a una sola compañía privada. Este jueves, en régimen de urgencia, la Cámara de Diputados aprobó la privatización, que ahora deberá pasar por el Senado.

MITOS

A Bolsonaro sus fanáticos le gritan: «¡Mito, mito!». En el diccionario de portugués, mito significa ‘relato de las proezas de dioses o de héroes’, pero también ‘algo o alguien cuya existencia no es real, o que no puede ser comprobada’, y ‘conocimiento sin fundamento’. De esta segunda acepción parece estar hecha la propuesta del presidente de privatizar el servicio postal. El lunes 2 el ministro de Comunicaciones, Fabio Faria, aseveró que «la privatización es la última opción para garantizar la supervivencia de Correios». Sin embargo, en 2020 la empresa obtuvo ganancias por 1.500 millones de reales (295 millones de dólares). De los últimos 20 años, cerró 16 con saldo positivo. Entre las empresas públicas brasileñas, según el último boletín que mide la participación en el Tesoro Nacional, Correios tiene el tercer mejor índice de retorno con relación a lo invertido (69,3 por ciento). Es decir, le sale barato al Estado y, además, le da ganancias.

Faria también dijo este lunes que sin la privatización la empresa no podría sostener la universalización de sus servicios. Para Igor Venceslau, que obtuvo un magíster en Geografía Humana en la Universidad de San Pablo por su estudio de la historia y la situación actual de Correios, «es un mito que la logística de mercado que atiende al comercio electrónico y las grandes empresas es incompatible con un servicio postal entendido como derecho que tiene que ofrecerse a la ciudadanía sin fines de lucro». La empresa estatal, explica a Brecha, «trabaja actualmente en estos dos frentes, y si fuera como el gobierno dice, sería deficitaria y la actividad estaría en ruinas, lo que no se condice con la realidad».

Los argumentos de Faria tienen algo de fantasioso. Según el jerarca, la estatal ganaría en «eficiencia, agilidad y puntualidad» con la privatización. Sin embargo, un informe del Tribunal de Cuentas de la Unión publicado en febrero de 2020 afirma que el año anterior el índice de entregas en tiempo y forma fue de un 97 por ciento. Según el documento, «hubo inversiones sustanciales que permitieron adquirir máquinas para clasificación, renovar más del 30 por ciento de la flota para entregar objetos y modernizar las entregas con la utilización de smartphones, que tornan el proceso más ágil, eficiente y confiable».

Estos últimos años, Correios ha sido una figura destacada en los premios World Post &ParcelAwards, algo así como los Oscar del servicio postal, que año a año reconocen a nivel mundial a las mejores empresas del ramo, tanto públicas como privadas. En 2019 y 2020, Correios venció en la categoría de servicio al cliente y en 2020 ganó en la de crecimiento transfronterizo tras implementar un modelo electrónico de importaciones. Venceslau agrega: «Si la empresa no fuera eficiente, no tendría esa porción del mercado que tiene, que es casi el 75 por ciento de las encomiendas. El 25 por ciento restante se lo disputan más de 200 compañías. Que esté en todos los municipios ya es una prueba de la capacidad y la competencia del Estado. Eso no depende de si el vehículo es de 2018 o 2020. La capacidad tecnológica es la capacidad de acción de la empresa, y Correios es la única empresa del país que tiene capacidad de acción universal, en todo el territorio nacional».

EL GRAN BOTÍN

La pandemia del covid-19, que ya causó la muerte de 560 mil personas en el país, produjo un aumento significativo de los envíos y las entregas. Según la Asociación Brasileña de Comercio Electrónico, el crecimiento en las ventas por ese medio fue del 68 por ciento. Esta tendencia llegó para quedarse y las grandes empresas internacionales lo saben mejor que nadie. Las compañías extranjeras como Amazon están interesadas en dominar el mercado brasileño y ampliar sus negocios en el país. Según dijo Faria en setiembre de 2020, la de Jeff Bezos es una de las empresas interesadas en comprar Correios, así como DHL, Fedex y algunas firmas locales. En su momento, esto suscitó especulaciones sobre el interés de Mercado Libre, otro gigante de las ventas.

Para estas empresas, apropiarse de la estatal brasileña significa un paso gigantesco para dominar la distribución de productos en el país. En la década del 90 era común afirmar que el servicio logístico que brinda una empresa estatal de correos era algo del pasado frente a las sociedades de la información y lo digital que se venían, un discurso que se utilizó para justificar privatizaciones, como ocurrió en Argentina. Sin embargo, hoy es evidente que estos servicios son una etapa crucial para que se concrete el comercio electrónico. «Ese mismo tipo de comercio hizo que hoy la empresa más valiosa del mundo sea Amazon y en América Latina Mercado Libre, que en 2020 superó en su cotización a Vale. Para estar en el centro de la disputa por estos mercados se precisa controlar el servicio postal, porque en su versión pública –como la que existe en Brasil, Uruguay y la mayoría de los países de América Latina– tiene principios democráticos que no interesan a las empresas hegemónicas del capitalismo global», analiza Venceslau.

EL CAPITAL INVISIBLE

«Lo que aparece en los grandes medios es la discusión sobre la viabilidad económica de Correios en 2021, sobre cuánto vale la empresa y quién la quiere comprar. Pero Correios tiene un valor político y geopolítico que también tiene que entrar en la cuenta, por más que no lo acepte la racionalidad neoliberal, que trata de ocultar esa dimensión», explica el geógrafo. El correo público es fundamental como brazo logístico del Estado. Garantiza, por ejemplo, la viabilidad del ENEM, el examen nacional para ingresar a las universidades públicas que se realiza el mismo día y a la misma hora en todos los estados del país; la distribución de materiales didácticos para la educación; la distribución de vacunas e insumos sanitarios, y hasta la distribución de las urnas electrónicas de votación, hoy cuestionadas por los bolsonaristas.

Correios es esencial para el Sistema Judicial y fue fundamental para el Programa Hambre Cero, creado por el gobierno de LuizInácio Lula da Silva en 2003. «El riesgo inmediato de la privatización es inviabilizar algunas políticas públicas. En un futuro próximo, cualquier proyecto que la imaginación política permita elaborar estaría en riesgo. En casi todas las áreas de gobierno en las que se precisa mover cosas de un lugar a otro participa Correios. Tras su venta, esas políticas públicas serían, como mínimo, encarecidas», dice el investigador. El gobierno de Bolsonaro todavía no presentó cómo mitigaría esas consecuencias en el caso de que el proyecto se aprobara en el Senado.

«Haber acumulado esta estructura durante siglos le da a Brasil una condición estratégica, no solamente por el hecho de tener un correo público, sino también porque este es de gran tamaño y muy robusto en un país tan desigual en tantos sentidos y tan diverso territorialmente», afirma Venceslau. Y agrega: «Esta condición le permite al país no solamente crear políticas públicas, sino también regular el accionar de las grandes empresas de comercio electrónico, como Amazon, por ejemplo, a través del control de los precios y los plazos de entrega».

EL DISCURSO VACÍO

«Los datos objetivos son tan explícitos y claros que el discurso del gobierno para vender se convierte en un discurso vacío», sostiene Venceslau. A corto plazo, en lo político, cree «que el gobierno quiere cumplir una promesa de campaña para agradar a sus mecenas del mercado financiero, que esperan hacer caja con estas políticas». Para el experto, «no tienen un interés especial en privatizar Correios, sino en privatizar lo que sea, al punto de que en la lista de privatizaciones hay empresas de todo tipo: empresas que dan ganancias, empresas deficitarias, empresas estratégicas y empresas desconocidas».

Es, asegura Venceslau, un fanatismo ideológico que va más allá de las consecuencias y que no implica necesariamente un cálculo por detrás. A diferencia de la derecha tradicional, explica –y cita al expresidente Fernando Henrique Cardoso–, «que tenía una racionalidad económica, perversa pero coherente y explícita», este «ultraliberalismo actúa de otra forma, mucho más violenta: busca privatizar lo que sea, la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible». Este gobierno, afirma, «está en la vanguardia del discurso y las prácticas neoliberales y exacerba los principios de esta corriente ideológica». Y cierra: «Incluso, si los otros 219 países del mundo hubiesen privatizado sus correos públicos, yo te insistiría con que Brasil no tiene que hacerlo: no le conviene hacerlo. Y, a decir verdad, son muy pocos los países que han privatizado este servicio: menos de 20. Actualmente Correios cumple con sus funciones y, encima, es superavitario. No hay ninguna justificación para privatizarlo, salvo la ideológica».


SAQUEO LEGALIZADO

La aplanadora bolsonarista en la Cámara de Diputados logró aprobar el martes el polémico proyecto de ley 2.663/2020, conocido como PL da Grilagem. El mote viene de una vieja práctica de los estancieros para apropiarse de tierras ilegalmente: guardar escrituras en cajas con grillos para darles apariencia de antigüedad y legitimidad. El proyecto aprobado aumenta la extensión de terrenos públicos pasibles de ser regularizados como privados sin la aprobación del Instituto de Colonización y Reforma Agraria, y con la sola declaración del propio ocupante. En la práctica, facilita la legalización de tierras robadas, estimadas hoy en 65 millones de hectáreas, unas cuatro veces el tamaño de Uruguay.

En una nota publicada en abril de este año, el Instituto Socioambiental, una de las organizaciones ambientales no gubernamentales más importantes del país, aseguró que «esta propuesta legitima la práctica del robo de tierras y el desmonte ilegal; promueve desajustes entre las políticas agraria y ambiental, especialmente en lo que hace al destino de tierras públicas, y beneficia a medianos y grandes productores en detrimento de agricultores familiares, pueblos indígenas y comunidades tradicionales». El Observatorio del Clima afirmó que con esto «el gobierno abrió la portera a la amnistía eterna al robo de tierras» y que el proyecto «tiende a propulsar la actual corrida por tierras públicas en la Amazonia, cuya ocupación ilegal es el principal motor del desmonte y la causa de más de un tercio de la devastación».

La Articulación de los Pueblos Indígenas del Brasil repudió esta «absurda e irresponsable señal emanada de aquella casa que se autodenomina Casa del Pueblo». Para la organización, con la aprobación de este proyecto, «la Cámara de Diputados demuestra que se está convirtiendo en la casa de los ruralistas, los taladores y los ladrones de tierras, de todos estos menos del pueblo». El proyecto seguirá su camino al Senado.


FAKE NEWS Y URNAS ELECTRÓNICAS

En otro orden de cosas, Jair Bolsonaro pasó a ser investigado en la causa por las fakenews que lidera el Supremo Tribunal Federal (véase «Clan Fake», Brecha, 5-VI-20)La decisión, tomada por el magistrado Alexandre de Moraes, responde a un pedido unánime hecho el lunes por los integrantes del Tribunal Superior Electoral. La solicitud se hizo en momentos en que Bolsonaro radicaliza su cruzada contra el voto electrónico, despertando desde ya sospechas de fraude de cara a la elección presidencial de 2022. Moraes citó 11 posibles crímenes de Bolsonaro al atacar en sus últimos discursos el sistema de urnas electrónicas y el proceso electoral. La transmisión en vivo del presidente a través de Facebook el jueves 29 de julio fue, según Moraes, «una nueva ocasión en la que el mandatario se posicionó de forma criminal y ofensiva contra las instituciones». Blindado por la Cámara de Diputados, a la que le corresponde habilitar su eventual procesamiento, parece, sin embargo, bastante difícil que Bolsonaro sufra consecuencias inmediatas por este proceso judicial.

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Bolsonaro sancionó la ley para privatizar Eletrobras

Es la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sancionó --con algunos vetos-- la Medida Provisional que reglamenta el proceso de privatización del gigante estatal Eletrobras, la mayor empresa eléctrica de Latinoamérica. De acuerdo con las proyecciones del Gobierno, la primera etapa del proceso de capitalización de la compañía podría estar lista en febrero de 2022.

Según publicó este martes el Diario Oficial de la Unión, entre los vetos del Ejecutivo a la propuesta inicial se incluye el descuento para adquisición del 1 % de las acciones de la empresa por parte de funcionarios dimitidos, la prohibición de extinguir algunas subsidiarias y la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos.

Respecto al primer veto, Bolsonaro alegó que reservar el 1 % de acciones con descuento para exempleados "podría causar distorsión en el proceso de precios de nuevos papeles accionarios", mientras que sostuvo que la obligatoriedad de mantener filiales "limita la gestión de las subsidiarias por la nueva empresa y le retira su flexibilidad".

Sobre el veto a la obligación del Gobierno para aprovechar durante un año a los servidores públicos despedidos, el mandatario indicó que esa medida "viola el principio del concurso público --convocatoria abierta al que tienen derecho los ciudadanos para convertirse en servidores-- y aumenta las despensas".

El mes pasado, el Congreso aprobó el modelo de privatización de la estatal, que será la mayor en la historia del país por rendirle al Estado cerca de 100.000 millones de reales (unos 20.000 millones de dólares). Ese modelo prevé una capitalización de la empresa sin la participación del Estado y la posterior venta de las acciones que queden en manos del sector público.

Con esta privatización, remarcó la semana pasada a periodistas extranjeros el ministro de Minas y Energía de Brasil, Bento Albuquerque, Eletrobras podrá invertir hasta 14.000 millones de reales (unos 2.800 millones de dólares) al año.

Actualmente, el Estado brasileño es el propietario del 60 % de las acciones de Eletrobras, la mayor generadora y transmisora eléctrica del país, porcentaje que se reducirá a cerca del 45 % tras la capitalización, por la que la empresa realizará una oferta pública de acciones en bolsa de la que se abstendrá de participar el Estado.

Pese a la venta del control, dicen los medios locales, el proceso le garantiza al Estado brasileño una "acción dorada" de la empresa, que le daría poder de veto en decisiones estratégicas de la compañía.

13 de julio de 2021

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Sábado, 26 Junio 2021 06:40

Pagar para vender

Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil FOTOS PÚBLICAS, ISAC NÓBREGA

A las apuradas y mientras arrecia la pandemia, Brasil decidió vender la empresa estatal de energía, a pesar de la dura oposición de empresarios, trabajadores y varios sectores tradicionalmente favorables a las privatizaciones.

El gobierno brasileño consiguió aprobar la medida provisoria 1031/2021, que habilita la privatización de la totalidad de las acciones de la empresa estatal Eletrobras, la principal empresa del sistema eléctrico brasileño. Fundada en 1962, Eletrobras era una sobreviviente del proceso de privatizaciones de la década del noventa. Hasta ahora, el Estado controlaba el 60 por ciento del llamado sistema Eletrobras y, con él, 125 usinas y 71 mil quilómetros de líneas de transmisión. Creada para ser uno de los motores del desarrollo económico y social brasileño, la compañía será ofrecida en bandeja a los capitales privados.

El presidente Michel Temer ya había enviado al Congreso, a comienzos de 2018, un proyecto de privatización que no prosperó. Luego, en noviembre de 2019, el propio Jair Bolsonaro remitió una propuesta que también resultó derrotada. Ahora, en momentos en que Brasil supera el medio millón de fallecidos por covid-19, diputados y senadores han corrido contra el tiempo para modificar y aprobar la venta de las acciones estatales de la compañía. El relator del proyecto en el Senado, Marcos Rogério, del partido Demócratas, encabezó la iniciativa y alternó por esta vez su papel de líder de la tropa bolsonarista que intenta obstaculizar la labor de la comisión de investigación sobre la gestión de la pandemia (véase «CómoBolsonarousalapandemiaasufavor», Brecha, 11-VI-21). En el Senado, la votación fue apretada: 42 votos a favor, 37 en contra. En Diputados, la diferencia fue de 258 a 136. Una de las principales justificaciones del gobierno para vender este gigante es que la venta reducirá las cuentas de luz de los usuarios en un 7 por ciento. Pero casi todos los actores involucrados en el sector dicen lo contrario: la cuenta de luz va a aumentar.

SALDO CERO

Gilberto Cervinski, magíster en Energía por la paulista Universidad Federal del ABC y uno de los coordinadores de la Plataforma Obrera y Campesina del Agua y la Energía, que reúne a movimientos sociales y sindicales del sector energético, dijo a Brecha que con esta privatización, que define como una «transferencia de patrimonio», solo hay un beneficiario: la burguesía financiera. «Los nuevos dueños serán bancos privados, fondos de inversión internacional especulativos y grupos empresariales locales que sustentan el gobierno de Bolsonaro. Quien va a pagar la cuenta es el pueblo brasileño. […] La privatización de Eletrobras representa una completa destrucción de la soberanía energética del país», afirmó. Aseguró que la privatización «hará que aumente el precio de la luz y se acelere la desindustrialización por el peso de esta carga sobre centenas de medianas y pequeñas empresas».

El especialista en temas energéticos estima que la privatización traerá un aumento del 25 por ciento en las cuentas de los consumidores. Hoy 20 usinas estatales cuya inversión inicial ya fue amortizada venden energía más barata que la del mercado global, entre otras cosas que mantienen precios accesibles para la industria y los hogares brasileños. Con el nuevo régimen esos contratos caerán y pasaría a regir el precio de mercado. Actualmente, cerca de 20 hidroeléctricas de Eletrobras (con un total de 13.500 megavatios de potencia) venden el megavatio a 65 reales (13 dólares), aunque el precio de mercado actual está por encima de los 250 reales (51 dólares). La Unión por la Energía, que reúne más de 40 entidades del sector, estima que los aumentos que deberá costear la industria podrían llegar al 15 por ciento, un costo que terminaría siendo «pasado a los consumidores». En tanto, la Asociación de los Grandes Consumidores Industriales estima un aumento del 20 por ciento en la factura como consecuencia de la privatización.

DE TODOS LADOS

Es llamativa la amplia oposición que concita lo aprobado por el oficialismo. Sectores políticos, económicos y mediáticos históricamente favorables a las privatizaciones criticaron duramente la medida. La periodista y comentarista de temas económicos Miriam Leitão, conocida por sus posiciones favorables a la desestatización, llegó a escribir en su columna en O Globo que «los consumidores van a pagar [el valor equivalente a] una Eletrobras para que el gobierno privatice la Eletrobras». Y agregó: «Esta medida no tiene ningún sentido económico, distorsiona el mercado y le pasa la cuenta a la población».

En el Senado, Álvaro Dias, del partido Podemos, que como candidato a presidente en 2018 defendía la necesidad de un «amplio programa de privatizaciones», entre ellas la de Eletrobras, se mostró en contra de la norma recién aprobada y argumentó desde su banca que la sociedad «no fue escuchada». Desde la bancada del derechista Partido de la Socialdemocracia Brasileña, el senador Tasso Jereissati, redactor de un proyecto de ley que crea un «mercado del agua» en el país, también votó contra la medida provisoria. Hildo Rocha, senador por el Movimiento Democrático Brasileño, una formación que por lo general también es favorable a las privatizaciones, dijo que «esta medida va contra todos los conceptos y todas las teorías de la libertad económica». Bolsonaro tiene 15 días para sancionar la norma, y con eso se inicia un proceso que el gobierno estima que terminará en febrero de 2022. Varios senadores de la oposición ya anunciaron que irán al Supremo Tribunal Federal para impugnar lo aprobado por el Senado, que consideran inconstitucional.

LO QUE QUEPA

El texto de la medida provisoria 1031/2021 ha llamado la atención por la profusión de los llamados jabutis (tortugas) que contiene: enmiendas traficadas en su redacción, que se extienden más allá del objeto inicial a legislar. La jerga proviene del dictado popular jabuti não sobe em árvore, ou foi a enchente ou mão de gente, que explica actos llamativos que no ocurren de forma natural. En este caso la causa no fue una inundación, sino la mano del Ejecutivo y de los diputados y los senadores.

Entre los puntos más polémicos está la exigencia al Estado de contratar 8 mil megavatios de energía proveniente de termoeléctricas a gas natural ubicadas en regiones donde no hay gas ni termoeléctricas. Eso demandará construcciones millonarias, de usinas y gasoductos, que promediarán los 800 quilómetros de extensión. Otra de las novedades son los subsidios que el Estado deberá mantener por 20 años adicionales para empresas de energía eólica que ya amortizaron sus inversiones. De yapa, la 1031/2021 autoriza al gobierno a construir la línea de transmisión de la hidroeléctrica de Tucuruí –que conectaría el estado de Roraima con el sistema eléctrico nacional– sin las debidas autorizaciones ambiental y de la Fundación Nacional del Indio, a pesar de que la obra atraviesa la tierra indígena Waimiri-Atroari.

Otra tortuguita colada en la nueva regulación son los beneficios que se dará a la construcción de nuevas «pequeñas centrales hidroeléctricas», a través de la creación de reservas de mercado de 2 mil megavatios. El costo total estimado de estos jabutis supera los 80.000 millones de reales (16.000 millones de dólares). Un poco más de lo que el gobierno estima recibir con la privatización. Algo bastante parecido a pagar para vender, dicen los descreídos. Pero la ironía no termina ahí. La norma vende una empresa estatal y, al mismo tiempo, crea otra, que estará encargada de administrar la actual Eletronuclear y la hidroeléctrica binacional de Itaipú, que quedaron fuera de la privatización. Lo cierto es que Paulo Guedes, ministro de Economía, podrá, finalmente, poner una gran privatización en su currículum y tachar un ítem de su prometida agenda neoliberal.

MÁS CLOROQUINA

En una sesión del Senado que debatió el asunto el 2 de junio, Ikaro Chaves, presidente de la Asociación de Ingenieros y Técnicos del Sistema Eletrobras (AESEL), dijo que «la privatización de la empresa es la cloroquina del sector eléctrico: no va a resolver los problemas y puede matar al paciente». Frente a los argumentos oficialistas, que alegan la necesidad de aumentar la competitividad, preguntó: «¿Cómo crear un ambiente competitivo permitiendo que una empresa privada controle el 30 por ciento de la capacidad total de generación energética del país, 52 por ciento del agua almacenada y 43 por ciento de la capacidad de generación hidroeléctrica? Una empresa como esa tendrá un poder de mercado desmesurado».

En un comunicado, la AESEL afirmó que la privatización «habilita un oligopolio privado en el sector eléctrico brasileño, algo extremadamente perjudicial para el país, ya que concede el poder de formación de precios a pocas empresas guiadas exclusivamente por el interés de lucro de sus accionistas». Chaves también desmintió que Eletrobras deba ser vendida como consecuencia de su situación financiera: «Es una empresa lista para hacer inversiones, tiene el capital para ello y no tiene ninguna dificultad para conseguir financiamiento ni en el país ni en el exterior».

Actualmente Eletrobras tiene 14.000 millones de reales en caja (2.800 millones de dólares) y en los últimos tres años dio ganancias por 30.000 millones de reales. Incluso durante la pandemia, en 2020, facturó 6.400 millones de reales (1.300 millones de dólares). Sin embargo, su nivel de inversiones sufre desde 2015 una fuerte caída. Una nota técnica del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de mayo de este año afirma que el análisis de los datos financieros de la empresa «indica una estrategia deliberada de freno a las inversiones, fruto de una nueva estrategia de negocios, que busca el desmonte deliberado de su capacidad de inversión». En Brasil a esto se le llama sucatear, que viene de sucata (‘chatarra’): dejar arruinar algo a propósito.


 Día D

Esta semana fue de grandes titulares en Brasil. El martes, O Estado de São Paulo publicó un telegrama secreto de la embajada brasileña en Nueva Delhi. Allí se estipula que el gobierno de Jair Bolsonaro compró la vacuna india Covaxin por un precio 1.000 por ciento superior que el ofertado por el fabricante. Según el periódico, la orden para comprar la vacuna fue dada personalmente por el presidente brasileño. A diferencia de las otras negociaciones por inmunizantes, hechas de forma directa entre el gobierno y las empresas, en este caso la adquisición fue mediada por la empresa Precisa Medicamentos. La firma está siendo investigada por la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre la gestión de la pandemia. Los altos precios ofertados fueron uno de los argumentos del gobierno para retrasar su negociación con Pfizer. Las vacunas indias, sin embargo, no solo son mucho más caras, sino que ni siquiera han llegado aún a Brasil y no han completado todas las etapas de análisis necesarias para su aprobación.

El miércoles, día en que este escándalo acaparaba la atención pública, el ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles fue dado de baja de su cargo tras haber pedido la renuncia, según consta en el diario oficial. Elogiado por Bolsonaro en una conferencia de prensa celebrada el día anterior por haber promovido un «casamiento perfecto» entre la agricultura y el medioambiente, es investigado por su presunta asociación con el tráfico de madera ilegal (véase «Lejosdeldisfraz», Brecha, 30-IV-21). A pesar de que su salida ha sido recibida como una buena noticia por organizaciones indígenas y ecologistas, el ministro no era más que un ejecutor; su reemplazo no abre ninguna esperanza de cambios de rumbo. Formado en administración de empresas y consejero de la Sociedad Rural Brasileña entre 1996 y 2019, Joaquim Alvaro Pereira Leite promete continuidad con la línea extractivista y proagronegocio que caracterizó la gestión de Salles.

También el miércoles, el pleno del Supremo Tribunal Federal ratificó por mayoría que el juez Sérgio Moro actuó con parcialidad en el proceso contra el expresidente Lula da Silva por el caso del triplex do Guarujá (véase «Elproceso», Brecha, 13-IV-18). Con esto, serán anuladas todas las decisiones tomadas por el juez que mantuvo a Lula en prisión durante 580 días y el proceso deberá recomenzar desde cero en los tribunales de Brasilia. En un comunicado, la defensa del exmandatario celebró la sentencia, que se suma a otros 11 procesos en los que el líder petista fue declarado inocente o que fueron archivados por falta de pruebas.

Por Marcelo Aguilardesde San Pablo 
25 junio, 2021

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La industria de la salud privada rinde cuentas sólo a sus accionistas, y eso se mide en ganancias, no en el bienestar de las comunidades, afirma el doctor Eric Manheimer, autor de Doce pacientes, obra en la cual se basa la serie New Amsterdam. Foto cortesía del Fondo de Cultura Económica

La pandemia no fue un accidente, fue pronosticada; el Covid ha sido estudiado por más de 20 años, dice

La industria sanitaria tiene un componente de élite que ofrece lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino que también estaría minando la democracia, señala el médico que manejó 14 años el hospital público estadunidense más famoso y antiguo

 

Nueva York., El doctor Eric Manheimer, director médico durante 14 años del hospital público más famoso y antiguo de Estados Unidos y autor de Doce pacientes, que narra desde ese hospital la gran pugna por el bienestar y rescate de seres humanos ante condiciones sociales y económicas que nos enferman –libro en que se basa la serie de televisión New Amsterdam–, comenta que después de más de un año de la pandemia queda claro que la lucha por la salud del pueblo debe rechazar el modelo de salud privatizador y de lucro estadunidense que se propaga a nivel mundial.

La ira digna de quien fue director médico del hospital Bellevue en Nueva York –el cual atiende desde jefes de Estado y ejecutivos de Wall Street hasta inmigrantes indocumentados y reos de la prisión Rikers– centra su crítica en la industria médica y el amor a sus compañeros que diariamente buscan rescatar y sanarnos.

La Jornada: ¿Qué está al centro de la disputa por la salud en el mundo hoy día?

Eric Manheimer: “El sistema de salud de Estados Unidos se está globalizando, poco a poco, en parte por un proceso deliberado de privatización de servicios de salud.

“Les cuento un ejemplo de esto en México. Una amiga pidió verme porque estaba preocupada por un diagnóstico de cáncer de mama que recibió de un doctor que todos quieren y recomiendan. Llega con unos fólders grandes –resultado de que el médico no te ve, sino te receta muchos exámenes médicos y te entrega ese archivo. Si uno realiza suficientes exámenes sobre cualquiera, siempre se va a detectar algo, pero generalmente son falsos positivos. ¿Qué es lo que pasa? Ese doctor tiene un negocio que se dedica a recetar exámenes médicos, 99 por ciento de los cuales son innecesarios, y ahí comienza el proceso de canalizar el caso a especialistas. Resulta que esta amiga no tenía lo que le habían dicho. ¿Qué ocurrió?: No tienes un doctor, tienes una máquina de exámenes que genera mucha lana. Es sólo un ejemplo de cómo el sistema en México está imitando al de Estados Unidos, donde hay un exceso de exámenes, lo cual nutre los temores de pacientes, mientras generan indicaciones de otros malestares que requieren aún más exámenes y segundas opiniones. En este ejemplo ni uno solo de los especialistas le hizo un examen físico básico a esta mujer. Fue una biopsia de su cartera. Eso es lo que está ocurriendo en México, como en otros países.

“La industria de salud privada no rinde cuentas sobre la salud de poblaciones. Lo único que sabemos de ellos es cuánto dinero ganan las empresas de servicios de salud cada trimestre. Sólo rinden cuentas a sus accionistas y eso se mide en ganancias, no en la salud de una población.

“La industria de la salud podría ser una de las más responsables de la falta de sanidad en una población… Hoy día, el gasto en el sector representa 20 por ciento del PIB en Estados Unidos, es decir, 4 billones de dólares anuales, y sigue subiendo. Es tan grande, que según algunas investigaciones ese gasto no sólo limita lo que se debería gastar en educación e infraestructura, sino que podría ser el mayor factor en suprimir el ingreso de la clase trabajadora, el cual no se ha elevado en 40 años al tener que pagar costos cada vez más altos.

"En resumen, la industria de la salud tiene un componente de élite que ofrece todo lo mejor a unos cuantos, pero el costo de ese sistema podría no sólo estar generando más enfermedad, sino hasta minando la democracia."

–¿Cómo diagnosticaría esa lucha diaria de doctores que se dedican a la salud de seres humanos dentro de este modelo?

–Al inicio de mi carrera me di cuenta de que mucho de lo que aprendí en la escuela de medicina no es relevante. Obvio que los tratamientos y otros conocimientos médicos sí, pero no explicaba por qué la gente estaba en un hospital, cómo llegaron ahí, cómo y qué tanto se les trató.

“A lo largo de los siguientes 10 años, tuve que aprender más sobre sociología, antropología médica, economía, historia, todos los aspectos de contexto que rodean a los pacientes, sus comunidades incluyendo la estructura socioeconómica, raza, el tema de disparidad de género. Me di cuenta de que lo que necesitaba hacer era aprender a través de mis pacientes, escucharlos, entender sus historias.

“Para ilustrar lo que digo: estás en un consultorio donde hay un doctor y un paciente. Están solos, aislados, la puerta cerrada. Pero la realidad es que hay un sinnúmero de fuerzas gigantescas presentes dentro de esa oficina. Está el lugar de donde llegó el paciente, su código postal, la historia de su familia, la historia de su migración, su educación, el tema de alcoholismo y drogas, o no, entre otras cosas. Para el doctor, también están presentes varios factores, incluidos algunos que limitan su visión, su capacitación, el sistema en que trabaja, y si éste es público o privado, cómo se les paga, entre otras variables infinitas.

"Lo que tuve que hacer durante los años siguientes fue detectar esos campos gravitacionales invisibles (en encuentros entre pacientes y médicos), los cuales pueden ser manifestaciones de desigualdad, racismo, todas las construcciones sociales de la salud. Al atender al paciente tenía que tomar eso en consideración y no sólo con la libreta de recetas médicas a la mano y ordenando más y más exámenes, de hecho, justo aprendiendo a no hacer eso. Cuando llegué a mi máximo punto de madurez como doctor es cuando logré decirme a mí mismo que no, que ya basta."

–A más de un año de que estalló la pandemia, ¿qué hemos aprendido y qué no?

–Primero, la pandemia fue pronosticada. No fue un accidente, no fue un evento, no fue un meteorito que llegó de repente. El virus Covid ha sido muy estudiado por más de 20 años, y es porque ha habido otras manifestaciones del virus en 2003 y otra más. Se supone que fue transmitido de animales a humanos, igual que funciona la pandemia de la influenza cada año. De hecho, 60 por ciento de todas las infecciones en humanos se originan en animales, esto ha sido desde siempre. No hay nada raro con eso.

“¿Pero por qué estamos padeciendo estas pandemias? Tiene que ver con la invasión de la población humana al hábitat animal. Hemos cruzado las líneas. Habrá más pandemias, algunas recurrentes, otras nuevas. Sabemos por qué.

“Pero la pregunta es si podemos, como agrupaciones de naciones, lograr que instancias como la Organización Mundial de Salud tenga la capacidad para enfrentarlas. Hasta ahora, no ha existido la voluntad política para lograrlo. Veamos: el monto de dinero que Estados Unidos gasta en construir un portaviones fácilmente podría pagar, y varias veces, todo lo que se necesita hacer de manera colectiva para lograrlo, no estamos hablando de nada extraordinario, sino de hacer lo que ya hacemos con la influenza.

“Qué más aprendimos? Que se lograron producir todas estas vacunas, pero el problema está en quiénes tienen acceso. Estamos viendo tasas de mortalidad enormes en países donde no están disponibles. No sabemos si habrá acceso universal a la vacuna, eso de a quién se le tiene que pagar, quién tiene la patente o la licencia, todo esto está al centro de la pregunta sobre si la pandemia es un asunto monetario y no de salud pública.

"Lo otro que aprendimos es que gobiernos autoritarios son un gran problema. Estados Unidos, cuando estaba gobernado por Trump, causó medio millón de muertes excesivas (o sea, innecesarias). Eso, de hacer de esto un tema político, jugar con eso de los cubrebocas, y más, igual que Bolsonaro."

Doce pacientes (Twelve Patients) será publicado en español próximamente por el Fondo de Cultura Económica. New Amsterdam, del cual Manheimer no sólo es la inspiración, sino el principal asesor médico, se puede ver en Netflix.

Manheimer sobre la pandemia en La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2020/05/02/politica/008a1pol).

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Mientras Wall Street ya cotiza el agua del futuro, comunidades luchan contra su privatización en Colombia

 Con la llegada del agua al mercado de la bolsa de valores de Wall Street, cotizando en los mercados futuros y con empresarios apostando sobre su escasez o abundancia en el planeta durante los próximos años, se han prendido las alarmas sobre lo que que podría convertirse en un paradigma que pondría un precio y privatizaría un recurso que es un derecho universal.

Aunque la medida únicamente tendrá validez para regular su precio o cotización en California en Estados Unidos, su primera cotización se estableció que la cantidad de 1.233.000 litros de agua tuviera un costo de 486 dólares basándose en un valor promedio de los contratos que existen de derechos de agua en las regiones más grandes y comerciales de dicho estado, lugar que fue devastado por incendios forestales en septiembre y que pese a ser reconocido como el mercado agrícola más grande de Estados Unidos, salía de una sequía de ocho años.

Entiéndanse los derechos del agua como aprovechar el agua subterránea, ríos, lagos, estanques y manantiales naturales, tecnologías de purificación y tratamiento del agua, perforación de pozos, saneamiento, mantenimiento, distribución y construcción de infraestructura, la producción, operación y venta de agua embotellada, camiones de agua y camiones cisterna.

Para la profesora Cecilia Roa, especialista en gestión del agua, acueductos comunitarios, democratización ambiental, lo que refleja el hecho de que se empiece a cotizar el agua es una señal de la creciente preocupación sobre su escasez, su demanda y la preocupación de sectores económicos para abastecerse de agua en el futuro, «es un derivativo que se ha usado en el mercado de valores desde hace años, de las mercancías,» lo que señala, obedece a las presiones que existen sobre el agua en la actualidad y los conflictos cada vez más creciente alrededor de este recurso.

Por su parte para Juanita de los Ángeles Ariza, codirectora de la Red Nacional del Agua, resulta alarmante pues no es que se esté «cotizando el agua materialmente, sino los derechos de su uso, es como si las licencias ambientales se pusieran en oferta y se generara un comercio entorno a eso y quien tiene el dinero puede abarcar el agua del mundo», advierte la ambientalista.

Al respecto, Diego Martínez, coordinador del área de Agua en Censat Agua Viva advierte que lo que intentan hacer desde la bolsa de valores es construir un modelo para generar un paradigma en la financiación del agua y sus derechos, un modelo que probablemente será emulado por otros mercados como el que surgió en California, «se está vendiendo el agua del futuro y el principal problema es que se está especulando, se está vendiendo y comprando agua que nadie sabe si se va a tener o no en el planeta».

La privatización del agua, un peligro latente

La profesora Roa señala que el agua a diferencia de otros bienes a lo largo de la historia ha sido valorada por las sociedades como un recurso, rechazando la idea de convertirla en una mercancia, muestra de ello es que en todas las legislaciones de América Latina, el único país que lo ha permitido es Chile donde en la actualidad transan los derechos del agua, una política que afecta principalmente a campesinos y pequeños agricultores que no tienen servicios de agua potable.

Si bien tras la dictadura de Augusto Pinochet, en Chile se ha intentado reformar la privatización del agua en al menos ocho ocasiones, es una iniciativa que ha sido rechazada por sectores como la Sociedad Nacional de Agricultura que agrupa a empresarios agrícola del país austral. Aunque se ha buscado fijar el líquido como un derecho y un bien público y dar fin a las concesiones, el gobierno de Sebastián Piñera ha expresado su deseo de mantener la entrega de estos derechos a los privados.

En el mundo, según Market Oracle y Global Research en un artículo publicado originalmente en 2012, bancos de Wall Street y multimillonarios, están consolidando sus compras de acuíferos y derechos de agua en todo el planeta. Tal es el caso de inversionistas como Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Credit Suisse, Blackstone Group, Citigroup, UBS, Deutsche Bank, Macquarie Bank, Barclays Bank, Allianz y HSBC Bank.

Para hacerse una idea del valor que tiene este líquido en la actualidad, el mismo artículo titulado ‘Los Barones del Agua’ describe cómo, mientras multimillonarios acumulan acuíferos, a pobladores de regiones como Oregon en Estados Unidos, se les criminalizó por recolectar el agua lluvia que caía en su propiedad, condenándoles por nueve cargos a 30 días de prisión.

Se debe prestar atención al futuro de los recursos hídricos en Colombia

En el contexto nacional, la profesora Roa expresa que la historia de manejo hídrico del país deja mucho qué desear, si bien Colombia es uno de los países más ricos a nivel mundial en cuanto a su inventario natural hídrico, en el 56% de los departamentos el coeficiente de Gini del agua es incluso más alto que el de la tierra, lo que muestra que su asignación está incluso más concentrada. Esto en contraste con datos aportados por expertos en economía ambiental, como Gustavo Correa Assumus, que aseveran que la pobreza tiene implicaciones negativas en el acceso al agua segura y de igual forma la falta de acceso al agua segura es un elemento que sustenta y reproduce la pobreza.

Agrega Roa que esta no está llegando a las comunidades que protegen las fuentes hídricas y es algo que debe tenerse en cuentea, «los campesinos no tienen concesiones de agua y muchas veces se oponen a aplicar un permiso para consumirla o usarla, por considerarla natural en consecuencia no se debe pedir permiso a nadie, esa es una concepción que hay que respetar».

En contraparte, al evaluar los acueductos en los territorios, estos son en sí mismos una expresión de la gestión comunitaria que realizan las población pues entregan alrededor del 45% del agua en la ruralidad, convirtiéndose «en una pieza fundamental de decisión y participación sobre los usos y manejos que tienen las poblaciones sobre sus tierras», afirma Diego Martínez quien advierte que a dichos acueductos se les someten a toda clase de exigencias administrativas y técnicas en contra de esta forma de gestión.

De igual forma, casos como el de Cerrejón en La Guajira, donde se ha desviado el río Ranchería ocurren en un contexto en que en promedio las comunidades Wayúu tienen que caminar cerca de siete kilómetros para acceder a fuentes hídricas y donde el ICBF reportó para septiembre de este año, 784 casos de menores con desnutrición aguda, lo que deja al descubierto la pérdida del patrimonio cultural de los pueblos originarios y de la soberanía hídrica nacional.

Según Diego Martínez, la privatización del agua es un fenómeno que ya se viene viviendo y que en Colombia data de la década de los noventa expresándose en diferentes formas, desde un acueducto que pasa por manos público-privadas hasta el acaparamiento de mineras y petroleras del agua, privando a las comunidades de este derecho vital, en ese sentido, resalta que el manejo por parte del Estado del agua se ha hecho en el país de forma privada, «históricamente ha priorizado la empresas privadas, los entes económicos y ha entregados esos derechos a multinacionales, ese es el problema en el país», esto pese a que en Colombia existe el derecho fundamental al agua en conexidad con los derechos fundamentales.

Para concluir y con respecto a estos peligros que se ciernen sobre los recursos hídricos en el país, Juanita Ariza afirma que es fundamental que las organizaciones ambientales realicen un proceso de defensa integral del agua y de declaración como patrimonio público puesto que el país representa el 72% de los nacimientos de los páramos en el mundo y que se sumen resalta el integrante de Censat a procesos participativos de las comunidades como las consultas populares.

Publicado originalmente en Contagio Radio

23 diciembre 2020

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La privatización y los derechos humanos al agua potable y al saneamiento

El pasado 21 de octubre, Leo Heller, anterior Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento presentó a la Asamblea General de Naciones Unidas su informe sobre los derechos humanos y la privatización de los servicios de agua y saneamiento, en el que rompe con la pretendida equidistancia imperante hasta ahora en el marco de los derechos humanos entre la gestión púbica y la privatización, que defiende que lo que importa son los resultados de la prestación de los servicios, independientemente del modelo de gestión.

En el informe, Heller pone en evidencia que la gestión privada presenta riesgos relevantes para el disfrute de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento que son la consecuencia de la combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural de los servicios y los desequilibrios de poder. La consecución del máximo beneficio en la prestación de los servicios lo relaciona con la disminución de los costos -los laborales o las inversiones, entre otros-, el aumento de los ingresos -por ejemplo, mediante el aumento de las tarifas-, o, lo que es normal, con ambos a la vez. Por su parte, el hecho de que los servicios de abastecimiento y saneamiento, tal y como están configurados, constituyen un monopolio natural en el que no es posible la competencia -algunas autoras lo califican como un fallo del mercado-, y que, en el caso de privatizarlos, se configura una situación de captura de los servicios por un único operador en condiciones, en general, de una clara asimetría de poder, al enfrentar administraciones locales con potentes empresas, en muchos casos multinacionales.

Los riesgos de la privatización derivados de la combinación de los tres factores se concretan, según el informe, en la no utilización del máximo de los recursos disponibles, poniendo en cuestión la asequibilidad, el estado de funcionamiento de los servicios y su propia sostenibilidad, el acceso a la información, la participación, la transparencia y la rendición de cuentas. En definitiva, se pone en peligro los principios de no discriminación y universalidad sintetizados en la determinación de no dejar a nadie atrás.

La asimetría de poder se manifiesta también en la influencia que el lobby de empresas privadas tiene en los foros de decisión, lo que le permite acceder directamente a las autoridades decisorias a todos los niveles, ejerciendo así presión sobre ellas en defensa de sus intereses empresariales y de sus planteamientos ideológicos, estrechamente alineados con las políticas neoliberales. De esta forma, la privatización fue impulsada desde finales del siglo pasado y primeros de éste por el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de condicionalidades incorporadas a los créditos que concedían a los países en desarrollo; fue tal la presión que en 2002 y 2003, el 100% de los créditos concedidos por el BM llevaban incorporadas condicionalidades de privatización. Más recientemente, y en plena crisis financiera de 2008, el FMI y la Unión Europea condicionaron la financiación del rescate financiero de Portugal y Grecia a la ejecución de sendos programas de privatización.

Las presiones de los lobbies del agua privada no solo se han dirigido a favorecer las privatizaciones, sino también a impedir las remunicipalizaciones, incluso en los casos en los que las concesiones hubieran finalizado; entre los 311 casos de remunicipalización que se han identificado a nivel mundial entre 2000 y 2019, son significativos los de Paris, Valladolid y Terrassa, en los que se ejercieron presiones de todo tipo, incluso legales, para obstaculizarlos.

La asimetría de poder se ha puesto en evidencia recientemente con la agresiva e ignominiosa campaña realizada por AquaFed -el lobby internacional privado del agua-, que ha intentado desacreditar personalmente a Leo Heller y al propio informe, a través de sendas cartas dirigidas a la presidenta del Consejo de Derechos Humanos y a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, sin que hayan tenido resultados apreciables. Esta campaña ha tenido la puntual contestación de seis relatores especiales y expertos independientes actuales y anteriores de Naciones Unidas en un artículo de opinión en el que manifiestan su posición crítica ante la mercantilización de los servicios públicos relacionados con los derechos humanos, como son los de salud, educación, vivienda, agua y saneamiento, entre otros, en tanto que excluye a los sectores sociales más empobrecidos y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos. Estos posicionamientos reflejan que el informe de Leo Heller ha puesto en la palestra el tema de la privatización en el contexto de los derechos humanos y que se ha abierto un debate que ha llegado para quedarse.

Por su parte, los movimientos sociales, que han protagonizado durante décadas la oposición a la privatización del agua e impulsado los procesos de remunicipalización, reconocen en el informe de Heller una buena parte de sus análisis y diagnósticos; en este sentido, más de cien organizaciones sociales internacionales han apoyado a Leo Heller y puesto en valor la seriedad y validez de su informe en un manifiesto específico que responde frontalmente a  las descalificaciones de AquaFed y denuncia sus intentos de injerencia en los procesos de toma de decisiones en Naciones Unidas.

Frente a la privatización defienden la gestión pública respetuosa con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, que configuran los nuevos modelos de gestión democráticos basados en sus principios definitorios de acceso consecuente a la información, la participación activa, libre y significativa de la ciudadanía, la transparencia y rendición de cuentas y la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

Por Miriam Planas, Gonzalo Marín y Luis Babiano

Miriam Planas y Gonzalo Marín son miembros de la Red Agua Pública (RAP). Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (AEOPAS)

05/11/2020

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En las protestas contra Lenin Moreno coincidieron sectores urbanos, campesinos e indígenas. Fluxus Foto

76 de los 91 préstamos que el FMI ha negociado desde el inicio de la pandemia de coronavirus llegan vinculados a demandas de profundos recortes en servicios públicos y políticas que benefician a las corporaciones por encima de las personas.

 

El enorme trastorno económico causado por la pandemia de covid-19 ofrece una oportunidad única para alterar radicalmente la estructura de la sociedad, y el Fondo Monetario Internacional (FMI) está utilizando la crisis para implementar medidas de austeridad cuasi permanente en todo el mundo.

76 de los 91 préstamos que ha negociado con 81 países desde el inicio de la pandemia mundial en marzo han llegado vinculados a demandas de que los países adopten medidas como profundos recortes en los servicios públicos y las pensiones, medidas que indudablemente conllevarán privatizaciones, congelaciones o recortes salariales, o el despido de trabajadores del sector público como médicos, enfermeros, profesores y bomberos.

Principal animador de las medidas de austeridad neoliberal en todo el planeta durante décadas, el FMI ha empezado recientemente (de forma discreta) a admitir que estas políticas no han funcionado y generalmente crean problemas como pobreza, crecimiento desigual y una desigualdad aún peor. Además, tampoco han conseguido traer el prometido crecimiento económico que se suponía que iba a contrarrestar estos efectos negativos. En 2016, describió sus propias políticas como “promocionadas en exceso” y anteriormente resumió sus experimentos en América Latina como “todo dolor, sin beneficios”. Así, sus propios informes afirman explícitamente que sus políticas no funcionan.

“El FMI ha hecho sonar la alarma sobre una gran intensificación de la desigualdad tras la pandemia. Pero está conduciendo a los países a pagar los gastos de la pandemia mediante recortes de austeridad que alimentarán la pobreza y la desigualdad”, dice Chema Vera, director ejecutivo interino de Oxfam International. “Estas medidas podrían dejar a millones de personas sin acceso a la sanidad o ayuda económica mientras buscan trabajo, y podrían frustrar cualquier esperanza de recuperación sostenible. Al adoptar este enfoque, el FMI está cometiendo una injusticia a sus propias investigaciones. Su cabeza debe empezar a hablar con sus manos”.

Oxfam ha identificado al menos 14 países que espera que congelen o recorten de forma inminente los salarios y puestos de trabajo del sector público. Túnez, por ejemplo, solo tiene 13 médicos por cada 10.000 personas. Cualquier recorte a su ya exiguo sistema sanitario lo debilitaría en su lucha contra el coronavirus. “Si la gente no se puede permitir el testeo y el cuidado del covid-19 y otras necesidades sanitarias, el virus seguirá expandiéndose sin control y más gente morirá. Los gastos corrientes en sanidad eran una tragedia antes de la pandemia, y ahora son una sentencia de muerte”, añade Vera.

Un caso práctico del FMI

Ecuador es un ejemplo perfecto de las consecuencias del FMI. Anteriormente dirigido por el Gobierno radical de Rafael Correa, que hizo de la reducción de la pobreza una prioridad, condenó al FMI y a su organización hermana, el Banco Mundial, y dio asilo a disidentes occidentales como Julian Assange, el país ha sido dirigido por Lenin Moreno desde 2017. Moreno comenzó inmediatamente a deshacer el legado de Correa, incluso intentando procesarle. En 2019, bajo órdenes del FMI, Moreno redujo el presupuesto sanitario nacional en un 36% a cambio de un préstamo de 4.200 millones de dólares del FMI, un movimiento que provocó enormes protestas nacionales que amenazaron con hacer descarrilar a su Gobierno.

Los resultados fueron casi apocalípticos cuando la ciudad más grande del país, Guayaquil, se convirtió en el centro mundial del coronavirus, con cadáveres abandonados en las calles durante días mientras los servicios estaban saturados. La ciudad sufrió más muertes que Nueva York en su pico, y con mucha menos infraestructura para tratar el problema. Aunque el número oficial de casos en el país es bajo, la tasa de mortalidad ha estado entre las más altas del mundo, lo que sugiere que los servicios han estado completamente colapsados.

A principios de este mes, Moreno anunció un nuevo acuerdo por 6.500 millones de dólares con el FMI, que ha aconsejado a su Gobierno dar marcha atrás en los aumentos de emergencia en el gasto sanitario, detener las transferencias de efectivo para aquellos incapaces de trabajar debido al virus y recortar los subsidios de combustible para los pobres.

En la crisis, oportunidad

El FMI también interfiere directamente con la política interna de naciones soberanas. En marzo, se negó a hacer préstamos al Gobierno venezolano debido a la “falta de claridad” sobre quién estaba al mando, sugiriendo que el democráticamente electo Nicolás Maduro tendría que dimitir antes de que consideraran hacer préstamos al país. Al mismo tiempo, sin embargo, el autodeclarado presidente y figura de la oposición Juan Guaidó anunció que había asegurado un compromiso de 1.200 millones de dólares de la organización con la condición de que Maduro dimita y permita que un “Gobierno de emergencia” tome el control del país. Una encuesta realizada el mismo mes por una empresa de encuestas simpatizante descubrió que solo el 3% de los venezolanos apoyaba a Guaidó.

En la crisis siempre hay oportunidad. Para muchos, la pandemia es una oportunidad de reorientar la economía alejándose del consumo de masas y hacia un sistema más sostenible ecológicamente. Para el FMI, sin embargo, se está utilizando para impulsar más privatizaciones y medidas de austeridad que invariablemente enriquecen a los ricos y debilitan a los pobres y a los indefensos. Parece que, si la organización se sale con la suya, serán los pobres quienes paguen por la pandemia, mientras los ricos prosperan.

MPN

Artículo publicado originalmente en Mint Press News. Traducido para El Salto por Eduardo Pérez.

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Agonía ecuatoriana con disfraz de “recuperación”

Entre mediados de marzo e inicios de octubre de 2020 en el Ecuador fallecieron más de 37 mil personas por encima del promedio histórico registrado los cinco años anteriores según información del Registro Civil.

Estamos llamados a repensarlo todo […] Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”

Tragedia y abandono

Ese es quizá el impacto más duro –hasta el momento– dejado tanto por la pandemia del coronavirus (COVID-19) como por una crisis estructural sin precedentes y exacerbada por la indolencia e irresponsabilidad de quienes históricamente han gobernado al país. Y mientras los fallecidos en exceso siguen aumentando, la pandemia y la crisis se combinan con casos de corrupción por doquier, una mayor miseria y violencia en las calles (incluyendo zonas del Ecuador que literalmente se mueren de hambre), la persistencia del narcotráfico y del crimen organizado… En definitiva, el país va quedando reducido cada vez más a un pedazo de tierra sin futuro.

En medio de un momento tan crudo, las medidas económicas del gobierno de Lenín Moreno siguen llevando a que el Estado abandone a la población más vulnerable. Muestra de ello es toda una serie de ajustes antipopulares que incluyen: una reforma laboral que ha creado enormes incertidumbres; la sumisión de la planificación económica y las finanzas públicas a dictámenes fiscalistas guiados sobre todo por los intereses de los acreedores de la deuda externa; recortes, liquidación de empresas públicas, privatizaciones (aquí puede incluirse el intento deventa del Banco del Pacífico en condiciones nada claras); y hasta la liberalización –aún parcial– de los precios de los combustibles, tema que motivó la potente protesta social de octubre de 2019.

Rumbo a la liberalización total de los combustibles

Justo la liberalización de los precios de los combustibles ejemplifica la forma de hacer política económica del gobierno morenista: a las patadas y sin estudios serios de sus potenciales impactos. En agosto de 2018 se eliminó el subsidio de la gasolina súper sin aclarar los posibles efectos económicos de la medida. Para octubre de 2019 se buscó eliminar el subsidio de todos los demás combustibles de forma abrupta, sin analizar los impactos sobre todo para sectores vulnerables como los pequeños productores agrícolas, por ejemplo. La lucha social temporalmente detuvo el proceso, pero con la pandemia del coronavirus el gobierno continuó con las reformas. Para mayo de 2020 se retiró el subsidio a las gasolinas extra y diésel y se liberó parcialmente su precio, rigiéndolo a un “sistema de bandas” que permite su fluctuación en un margen de +/- 5%. Finalmente, a septiembre de 2020vía decreto 1158 el gobierno liberó la importación de derivados de petróleo por parte del sector privado, al cual se le concedió más libertades para definir los precios de comercialización de varios combustibles, exceptuando gasolinas del sector automotriz y gas licuado de petróleo (GLP) de uso doméstico, de uso vehicular (taxis) y de uso agrícola.

Para ninguna de estas etapas de liberalización progresiva de precios de los combustibles el gobierno morenista ha publicado algún análisis serio que fundamente sus decisiones y defina a los posibles sectores afectados. Por si no fuera suficiente, en el decreto 1158 de septiembre de 2020 el gobierno también dispuso que se facilite la infraestructura pública para el negocio privado de “la importación, recepción, transporte y almacenamiento, y despacho de combustibles”, a cambio de una “tarifa razonable” (ver decreto 1158, disposición general cuarta). Es claro que esa “tarifa razonable” será aquella que garantice una rentabilidad privada que nacerá de aprovechar al máximo la infraestructura pública disponible. Aquí cabe pensar que, si se iba a permitir que el sector privado entre en el negocio de importar combustibles, lo mínimo que se debía exigir es que ese sector invierta en la mejora y la ampliación de la infraestructura existente en un monto considerable, o incluso exigir que el sector privado use su propia infraestructura. Pero en tiempos de un Estado en abandono y de un gobierno indiferente, hasta eso es mucho pedir.

Cabe aclarar que el punto no es defender ciegamente el subsidio a los combustibles que, se debe reconocer, es una medida con varios problemas cuando se adopta de forma generalizada y sin un análisis serio. El punto es que medidas económicas tan importantes no deberían tomarse a las patadas, sin estudios rigurosos y de manera antidemocrática. Y en el caso de los combustibles hablamos de un tema estratégico para el país por su incidencia múltiple (transporte, energía, medio ambiente, producción, etc.) y cuyo manejo debería acoplarse a una planificación integral de mediano y largo plazo, no a los caprichos y a las urgencias fiscales de uno u otro gobierno.

 ¿Deuda para la “recuperación?

Y si hablamos de urgencias fiscales que tiran por la borda cualquier planificación, no puede olvidarse a la deuda. En efecto, los problemas estructurales de la economía ecuatoriana (entre los que puede incluirse a los propios límites creados por la dolarización) han generado una grave dependencia del país en un endeudamiento externo creciente. Tal dependencia ha sido más que evidente en 2020: entre enero y agosto, el saldo de deuda externa se ha mantenido estancado en casi 42 mil millones de dólares (máximo histórico). Ese estancamiento de la deuda, junto con la caída de ingresos petroleros y de recaudación tributaria en tiempos de pandemia, han generado problemas de liquidez como la interrupción en la cadena de pagos sobre todo del sector público. En concreto, la sequía de dólares ha llevado a que el gobierno de Moreno acumule retrasos que, hasta agosto, se estimaban en más de 4 mil millones de dólares.

Tan crítica se volvió la situación que a inicios de octubre de 2020 el Fondo Monetario Internacional (FMI) otorgó al país un crédito excepcional de 6.500 millones de dólares a una tasa de 2,9% de interés a 10 años plazo más cuatro años de gracia, de los cuales 2 mil millones fueron desembolsados de inmediato. De hecho, entre la deuda adquirida con el FMI más los recursos provenientes de otros multilaterales (e incluso desde China), el gobierno de Lenín Moreno espera recibir hasta diciembre de 2020 unos 7.150 millones de dólares. A su vez, con “bombos y platillos” el gobierno morenista anunció que los primeros recursos obtenidos de ese nuevo endeudamiento externo se usarían precisamente para “recuperar” la cadena de pagos que ha quedado interrumpida a causa de la pandemia y la crisis: se igualaría el pago de sueldos públicos; se pagaría a 17 mil pequeños proveedores con los que se mantienen deudas menores a 500 mil dólares; se cumpliría con parte de la deuda a gobiernos seccionales; se pagarían las liquidaciones a más de 3 mil extrabajadores de las empresas públicas; entre otros pagos pendientes.

Paradójicamente el anuncio del gobierno de Moreno sobre el destino de los primeros desembolsos de la nueva deuda externa denota un manejo muy similar al criticado manejo correísta que sería investigado en su momento: el uso de endeudamiento público para financiar gasto corriente, cuando la Constitución establece en su artículo 290, numeral 3, que con  endeudamiento  público  se  financiarán  exclusivamente programas  y  proyectos  de  inversión para  infraestructura,  o  que tengan  capacidad  financiera  de  pago”. Es decir, con endeudamiento público solo debería financiarse proyectos de inversión pública (los cuales debían formar parte de una planificación económica), pero tanto el correísmo como el morenismo terminaron rebasados por la realidad de un país sin planificación y que se asfixia si le quitan el respirador artificial de la deuda.

Un ajuste para largo

A más de anunciar una “recuperación” sostenida desde la deuda, el gobierno Morenista ha anunciado que hasta el primer trimestre de 2021 esperaría que 500 mil familias se sumen al millón de hogares que acceden a programas de bonos y asistencia social. Aunque el gobierno intentó presentar ese dato como un logro, la realidad es que semejante cifra muestra que la crisis económica del Ecuador se vuelve crónica, con familias que no llegan a cubrir ni su subsistencia mínima. Si a ese dato se suma la estimación oficial de que en junio de 2020 solo 16,7% de trabajadores alcanzaron un “empleo adecuado” (básicamente un empleo con un ingreso laboral mayor al salario básico), que en el segundo trimestre de 2020 la economía ecuatoriana sufrió una caída interanual de 12,4%, y que la pandemia del coronavirus ha puesto al Ecuador entre los países con los niveles más altos de excesos de fallecimientos por tamaño de población, puede intuirse que el futuro del pueblo ecuatoriano es dantesco y que la supuesta “recuperación” económica más parece el disfraz de una cruel agonía.

Pese a tan duro momento, el morenismo no duda en consolidar su drástico ajuste económico. Prueba de ello es el anuncio gubernamental de alcanzar como meta un superávit global para todo el sector público no financiero de 0,6% del Producto interno Bruto (PIB) para 2022. Considerando que en 2020 el propio gobierno estima un déficit de 8,3% del PIB, ¿cuán drástico será el ajuste de 2021 para intentar alcanzar una meta que, por cierto, sin duda forma parte del acuerdo alcanzado con el FMI? La combinación de un ajuste severo, un colapso de la economía y del empleo y una pandemia que no cede, hacen pensar que las incertidumbres seguirán en el ambiente por muchos años más. Para colmo, recién en 2025 se espera que el peso de la deuda pública respecto al PIB sea menor al 57% (hace años quedó hecho trizas el techo legal del 40%), de modo que el ajuste y la deuda van para largo.

¿Cómo cambiar de raíz un futuro tan complejo y desolador? Ojalá quien escribe supiera la respuesta, pero sinceramente no la tiene. De hecho, quizá nadie tenga una auténtica respuesta, al menos si seguimos entrampados en los límites de la economía: una seudociencia cargada de pretensión de conocimiento, pero ignorante (¿a propósito?) de las necesidades reales de los excluidos del mundo que sufren entre el hambre y la pandemia (con muy pocas excepciones). Ante tiempos cada vez más extremos, estamos llamados a repensarlo todo, incluyendo nuestra forma de comprender y de hacer economía. Es eso, o esperar a que la tragedia permanente sea nuestra “nueva normalidad”.-

Por John Cajas-Guijarro | 06/10/2020

John Cajas-Guijarro: Economista ecuatoriano: https://uce-ec.academia.edu/JohnCajasGuijarro

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