Unos 50 mil camioneros canadienses, integrantes del convoy de la libertad, rechazan las medidas restrictivas por el covid-19. En la imagen, la policía permite el paso a uno de los manifestantes en Toronto, capital de la provincia de Ontario.Foto Afp

La revuelta de 50 mil camioneros propietarios en Canadá –miembro de la OTAN, del Comando Norte/NORAD y del geoeconómico T-MEC– tiene ya fuerte impacto en su frontera con Estados Unidos. Se escenifica una feroz colisión entre, por un lado, el connotado comentarista de Fox News, Tucker Carlson (TC), el expresidente Donald Trump, el hoy hombre más rico del mundo, Elon Musk (https://bit.ly/34jcNIX), y el primer ministro de Hungría, Viktor Orban y, por otro lado, los epígonos del megaespeculador israelí-húngaro-anglo-estadunidense George Soros.

Trump sentenció que apoya "en toda la ruta (sic) a los grandes camioneros canadienses (Daily Mail, 30/1/22)", mientras el primer Justin Trudeau, de 50 años, abandonó la capital Ottawa con su familia a un lugar desconocido bajo el pretexto de haber contraído covid-19.

En el "convoy de la libertad" brilló el eslogan "Hacer a Canadá grande de nuevo". En contrapunto al wokenismo, que le ha valido a Canadá su apodo de wokestán, surgió lo inesperado: un "convoy de la libertad" de 50 mil camioneros que protestan contra las medidas restrictivas del covid-19, las cuales han sitiado a Ottawa y a su Parlamento, además de poner en jaque al primer Trudeau en Canadá: paradójicamente, país pacifista "doméstico" y simultáneamente bélico foráneo como miembro de la OTAN, donde azuza y atiza la confrontación en Ucrania contra Rusia.

El fondo financiero creado para subvencionar a los contestatarios camioneros, GoFundMe, ha alcanzado 10 millones de dólares (https://bit.ly/35FOtRW), cuyo origen procede en su mayoría de agrupaciones trumpianas de Estados Unidos que los financian generosamente.

Elon Musk apoyó sin tapujos a los camioneros que formaron un impactante convoy de 3 mil 218 kilómetros desde Vancouver (British Columbia), en la costa del Pacífico, hasta la capital Ottawa (Ontario). Musk sentenció por tuit que "los camioneros canadienses gobiernan", mientras el atribulado primer Justin Trudeau los despreció como "racistas" y de "minoría marginal" (https://bit.ly/3GtHqbC).

La asombrosa revuelta alcanzó al primer ministro de Hungría, Viktor Orban, y hasta a Rusia, cuando el conductor estelar de Fox News, TC, desnudó el "control secreto" (sic) de George Soros sobre Hungría y sus multimedia globalistas (https://fxn.ws/3AXqUjh).

TC fustigó a Soros de socavar y ser el enemigo de la "civilización occidental" cuando entrevistó al primer húngaro Viktor Orban –que, por cierto, se acaba de reunir con el zar Vlady Putin en el Kremlin para desactivar el contencioso de Ucrania–, quien exhibió las tendencias globalistas de Soros, personaje que "condensa el símbolo de todo aquello que odian los húngaros". La mendaz estatal CBC difundió en forma bizarra y sin nula evidencia la peregrina "teoría de conspiración" con "actores rusos" (sic) que se encuentran detrás de la revuelta (Daily Mail, 2/2/22). No comment!

Los ardientes camioneros en pleno invierno son propietarios de sus camiones y ya desde el 15 de enero habían sido conminados a ser vacunados para poder atravesar la frontera de la provincia de Alberta, Canadá, con Estados Unidos.

La situación política se le ha complicado a Trudeau cuando el opositor Partido Conservador le exhorta a encontrar una "solución política" e iniciar el diálogo. La postura del Partido Conservador arrojó debajo del autobús a su pusilánime líder Erin O’Toole, quien fue sustituido por la más aguerrida parlamentaria Candice Bergen (CB, https://tgam.ca/3GqXxXt). CB exultó en la Cámara de los Comunes que los contestatarios camioneros son "apasionados, patriotas y pacíficos", (sic) por lo que "merecen ser escuchados y merecen respeto". CB urgió a Trudeau, cercano a Soros, a reunirse con los camioneros, ya que era su responsabilidad "aportar alguna solución".

El primer atribulado Trudeau no sabe arreglar un relativo asunto menor en Canadá –que se le salió de las manos y nunca debió haber llegado a la situación presente–, y ahora busca participar en forma absurda con la OTAN y el megaespeculador globalista George Soros en una guerra nuclear contra Rusia (https://bit.ly/3opDUJt).

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Protestas en Colombia, 4 de mayo de 2021, vía Twitter

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

 

 

La protesta social es disruptiva, incómoda y sublimemente democrática. Su propósito es generar una ruptura a la cotidianidad y, por medio de ésta, expresar la indignación, la rabia y las demandas de las y los protestantes. En algunas ocasiones estas movilizaciones son planeadas y organizadas, convocadas por sindicatos y organizaciones sociales; en otras, estas acciones son espontáneas y sin planeación, movidas por eltejido rebelde del “nunca más”. Pero, independientemente de su nivel de organización, su finalidad es expresar inconformismos y propuestas por medio de la transgresión del espacio público bajo la forma de marchas, tomas, arengas, cacerolazos, pintas, batucadas, ollas comunitarias, y otros repertorios tan creativos como la imaginación y las posibilidades de las y los inconformes.

En Colombia la protesta social es permanentemente estigmatizada y criminalizada. El patrón de los gobernantes en su manejo es declarar, sin evidencia alguna, que los y las marchantes están infiltrados por las guerrillas o grupos criminales y considerar sus repertorios como “disturbios” que requieren la intervención de la fuerza pública. Ambas acciones, no solo imposibilitan el desarrollo de este derecho fundamental, sino que atentan contra la vida y la integridad de las y los ciudadanos que se encuentran ejerciendo esta constitucional y legítima actividad política no institucional.

Durante los últimos dos años los jóvenes han salido masivamente a protestar en Bogotá contra la violencia policial y la profundización de la injusticia social. Hemos visto, oído y olido ollas comunitarias, marchas, tomas, batucadas, arengas, grafitis, mayoritariamente, expresiones pacíficas de inconformismo. Frente a esta expresión ciudadana propia de la democracia participativa, el objetivo de este artículo es realizar un balance del manejo dado a estas protestas por parte de la alcaldía de Claudia López. Este balance muestra como la obligación que tiene la administración distrital de garantizar y respetar el derecho legítimo a la protesta no se cumple, al tiempo que la institución policial metropolitana deja en claro su no subordinación al poder civil. Otra preocupación que deja la revisión de la gestión de la alcaldesa es su falta de firmeza en el manejo de la violencia policial.

#MasacrePolicial9S

Excesos, brutalidad, desproporcionada e injustificada son todos eufemismos para hacer referencia a las actuaciones de la policía metropolitana en el marco de las protestas sociales. Lo que hemos visto en nuestra ciudad es una sistemática, calculada, deliberada e ilegal violencia policial contra protestantes civiles desarmados (a menos que consideremos que un escudo y una olla son armas peligrosas).

Y ningún evento más doloroso para mostrar esta actuación criminal que la masacre policial perpetrada en Bogotá las noches que siguieron a la tortura y asesinato de Javier Ordoñez, padre de dos niños y estudiante de derecho, el 9 de septiembre del 2020. Desde esa madrugada circuló un video en redes sociales que muestra a un hombre desarmado y siendo sometido por agentes de la policía con pistolas eléctricas taser mientras suplicaba “por favor, no más”. Conocimos que el hombre era Javier Ordoñez y que las imágenes correspondían a parte de la tortura a la que fue sometido por agentes de la policía.

El informe de necropsia del cuerpo de Ordoñez es contundente al describir los traumas, laceraciones, contusiones y hemorragias. La violencia que le causó la muerte no hizo parte de un procedimiento legal, fue una tortura llevada a cabo por agentes policiales. La investigación de la Fiscalía establece que el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, y a donde fue llevado Ordoñez para seguir siendo golpeado hasta la muerte, fue un centro de impunidad.

Este horror desató una serie de manifestaciones espontáneas de jóvenes cuyas familias han sido empobrecidas por las políticas neoliberales y que no tienen acceso ni a trabajo digno ni a educación. Las manifestaciones estaban dirigidas contra la policía para quien ser joven y pobre es un crimen. La reacción de este cuerpo armado fue contundente y quedo registrada en miles de videos realizados por los reporteros gráficos en los que se han convertido las y los jóvenes hoy gracias a sus celulares y su experiencia virtual. Muchos uniformados no portaban identificación, tratando de ocultar su uniforme, portaban chaquetas negras. Los videos muestran a periodistas y personal de primeros auxilios bajo intimidación, detenciones arbitrarias, mujeres padeciendo agreción sexual y, por último, si bien no menos importante, a los agentes de la policía disparando contra quienes protestaban.

Los videos también muestran a una ciudadanía respondiendo a la violencia policial. El informe de la Veeduría Distrital sobre los acontecimientos (septiembre de 2020) señala que 72 CAIs fueron quemados durante la ola de protesta e indignación (correspondiente a más de la mitad de los 143 CAIs de la ciudad). El acrónimo Acab inundó las paredes de Bogotá y se volvió tendencia en redes sociales, tal y como había ocurrido unos meses antes con el asesinato de George Floyd por un oficial de policía en Minneapolis. Aprendimos el significado de este vocablo, y su versión numérica con el 1213, y vimos cómo esta expresión de solidaridad antiautoritaria y grito contra la represión policial se convertía en liricas de rap y grafitis. Los sectores de derecha también intervinieron en este contexto. Por ejemplo, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) aseguró que “entre los vándalos hay milicias urbanas de ACAB”, buscando convertir a esta sigla de indignación en una estructura clandestina y en una red de apoyo de algún grupo subversivo.

Frente a esta ola de protesta contra la violencia policial, el manejo dado por parte de la Alcaldía, con el liderazgo de Claudia López, fue rápido y categórico. La alcaldesa reconoció que el caso de Ordoñez no es un suceso aislado y que el abuso policial es recurrente y está caracterizado por la impunidad. Del mismo modo, admitió que policías habían asesinado a varios de los jóvenes durante esas noches y realizó actos simbólicos de reconocimiento y reparación con los familiares y en los barrios donde ocurrieron los horrores.

La administración distrital solicitó a las Naciones Unidas la realización de un informe independiente sobre los hechos, cuyos resultados fueron presentados en diciembre de 2021 y que establecen que la Policía Nacional fue la responsable de la muerte de 11 jóvenes en Bogotá y Soacha y que al menos 75 personas fueron heridas por arma de fuego. El informe determina también que lo ocurrido en esas noches fue una masacre perpetrada por la policía y presenta el testimonio de muchas de las víctimas de esa noche, mostrando que, detrás de cada historia hay un nuevo agravio, más intimidación y mucho miedo.


Frente a las actuaciones de la administración de López, el gobierno nacional salió a apoyar a los uniformados (se volvió viral la foto del Presidente vestido de policía a los pocos días de ocurrida la masacre). El ministro de defensa de entonces, Carlos Holmes Trujillo, no dudó en estigmatizar y criminalizar a quienes protestaban argumentando, sin prueba alguna, que detrás de los “hechos vandálicos” que se presentaron durante esas protestas “está la mano criminal de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC que buscan desestabilizar al Gobierno”.

Esta diferencia en el manejo de la protesta dado por la administración nacional y la local se expresó en la caracterización dada al problema de la violencia policial y a sus posibles salidas. El Presidente y su equipo de gobierno salió a apoyar a la fuerza pública y mintió al argumentar que la violencia desatada en la ciudad era producto de la infiltración de las insurgencias armadas. Por su parte, Claudia López reconoció la gravedad de los hechos y la responsabilidad de la Policía. La alcaldesa también reconoció que esta institución requiere una reforma estructural que evite la impunidad. Sin embargo, enmarcó la violencia policial de esas noches de septiembre como un desacato de las órdenes expresas de la Alcaldía de no disparar contra los manifestantes. Sin desconocer lo significativo de la actuación de la administración local en estos eventos, sobresalen por lo menos dos elementos problemáticos (por decir lo menos) del reconocimiento de la Alcaldía. Primero, es muy preocupante que una alcaldesa tenga que aceptar que no tiene mando efectivo sobre la policía metropolitana y, segundo, que quede en la opinión pública la idea de que a la fuerza pública hay que darle la orden de cumplir la ley ¿No es acaso ésa su obligación?

#SosColombiaNosEstanMatando

La violencia del neoliberalismo alcanzó su pico máximo con el tratamiento dado a la pandemia de covid-19. Y ocurrió lo inevitable: la naturalización de la pobreza como resultado del poco esfuerzo individual, de los derechos percibidos como bienes de consumo, y de las jerarquías como inherentes al estado de cosas perdió fuerza en Colombia. Nuevas generaciones irrumpieron en el espacio público y desenmascararon la dominación y la explotación mostrando, por medio de su propia corporeidad, no solo las promesas incumplidas, sino las hipocresías del neoliberalismo. Jóvenes que han visto cómo sus madres trabajan incansablemente sin nunca salir de la pobreza; cómo se desfinancian y privatizan sistemas educativos y de salud sin que eso garantice un mayor acceso o mejoría en el servicio y su calidad; y cómo las elites gobiernan para empobrecer a los muchos y beneficiar a los pocos, sosteniendo privilegios y concentración de la riqueza.
Ya habíamos visto a esos jóvenes a finales del 2011, aglutinados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), derrotar la profundización de la agenda de privatización dentro de las universidades públicas al obligar al gobierno a retirar el Proyecto de Reforma a la Educación Superior que permitía la creación de universidades con ánimo de lucro y un mayor gasto en créditos educativos, propuestas que debilitan al sistema público y dejan con profundas deudas a los jóvenes que se ven obligados a solicitar los créditos (tal como ha sido denunciado en los Estados Unidos).

En noviembre del 2019 se dio otra ola de movilizaciones en Colombia, agrupando a múltiples sectores, que expresaban un descontento general con las políticas neoliberales y criminales del gobierno. En esa oportunidad vimos en acción las luchas por el sentido, donde sectores de las élites posicionaban la idea de que aquellos que protestaban era porque lo “querían todo regalado”, mientras que aquellos que marchaban argumentaban que sus causas eran justas y llenas de solidaridad. Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el personaje de ese año fue la cacerola, como expresión simbólica del inconformismo, pero el grito que resonará siempre será: “Dilan no murió, a Dilan lo mataron”. Y lo mató un miembro del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Bogotá mientras protestaba pacíficamente en demanda de una educación pública y de calidad.

Colombia, otro país emblemático del neoliberalismo en América Latina, al lado de Chile, veía una poderosa ola de inconformismos contra este modelo. Y entonces llegó la pandemia del covid-19 que nos obligó a resguardarnos en nuestros hogares para protegernos y proteger a aquellos que amamos; entretanto el gobierno nacional salía a rescatar a los grandes empresarios. Mientras los países desarrollados coincidían en la necesidad de una intervención en sus economías para proteger a los más desfavorecidos y así evitar una catástrofe humana, en Colombia el osado gobierno de Iván Duque radicó en el Congreso, a principios de abril del 2021, una reforma tributaria (que decidió llamar “Ley de Solidaridad Sostenible”) que ponía una carga tributaria adicional sobre las clases medias mientras mantenía los privilegios a los súper ricos por medio de generosas exenciones.

Y la respuesta no se hizo esperar. El Comité Nacional de Paro, que aglutina a organizaciones obreras, indígenas, estudiantiles, y campesinas y que había convocado a las protestas del año anterior, llamó a una jornada de movilización para el 28 de abril. En la ciudad de Bogotá la alcaldesa consideró que las marchas eran, en ese momento y haciendo referencia al pico de la pandemia que vivía la ciudad, un atentado contra la vida. Asimismo, y yendo en contradicción con la vocación de presencia en la calle de todo proceso de protesta, propuso “plantones virtuales”. Las marchas fueron multitudinarias, llenas de digna rabia y mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, López siguió estigmatizando a quienes respondieron a la convocatoria y sus repertorios.

En mayo de 2021, y ante el repertorio de los bloqueos que asumieron en varios puntos de la ciudad las personas inconformes, López aportó a la zozobra que se promovía desde sectores dominantes y amenazó el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, al hacer responsable a los bloqueos del desempleo y el encarecimiento de la comida, negando las posibilidades transformadoras de estos ejercicios democráticos. Asimismo, la alcaldesa contribuyó a la estigmatización de las máscaras de gas, cascos y otros elementos utilizados creativamente por quienes alzaban su voz para protegerse del accionar delictivo de la policía, al calificar éstos como “dotación” con la cual “jóvenes radicalizados” “pinchan, bloquean y secuestran buses” y como parte de una “campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana”.

La preocupación de la alcaldía frente a la destrucción de Transmilenio en medio de las protestas tomó un nuevo nivel con el informe “Afectaciones a los Derechos Humanos en el Marco del Paro Nacional en Bogotá”, presentado por la administración a la Corte Interamericana y a las Naciones Unidas a finales de mayo, en el cual la alcaldía equipara las afectaciones a la infraestructura con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía. Asimismo, el lenguaje del informe desconoce la gravedad de la violencia policial al nombrar las graves violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido esta institución como “fallas del servicio” o “incidentes de atención”. Estas acciones llevaron a Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Alcaldía, a renunciar. En la carta en que oficializa su decisisón argumenta que la Policía se ha insubordinado del gobierno civil y ha cometido agresiones sistemáticas contra las poblaciones. Asimismo, muestra cómo desde la alcaldía ha habido “tibieza” en el manejo del “abuso policial”.

A principios de junio López caracterizó al Comité de Paro como “Comité del COVID”, argumentando que las aglomeraciones de las protestas habían incrementado el número de contagios. Consideración que no solo estigmatizó a los organizadores del paro, sino que iba en contravía de la evidencia epidemiológica que ha demostrado que la proximidad en espacios cerrados es el riesgo mayor para el contagio y la propagación del virus. Igualmente, López comparó la “Toma de Bogotá”, que estaba organizando el Comité del Paro para el 9 de junio, con tomas guerrilleras y paramilitares.

Estos señalamientos por parte de la Alcaldía se dieron en un contexto de recrudecimiento de la violencia policial contra los y las protestantes. En Bogotá, la primera víctima mortal fue Daniel Alejando Zapata quien murió luego de varios días en el hospital tras haber recibido el impacto de un artefacto disparado por el Esmad en Kennedy mientras participaba pacíficamente de las protestas del Primero de Mayo. Duván Felipe Barros apareció muerto tras ser retenido por la Policía el 5 de junio mientras participaba de la toma del Portal Resistencia (como fue renombrado el Portal de las Américas de Transmilenio). Jaime Alonso Fandiño también murió a manos del Esmad (21 de junio) tras recibir en su pecho el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia. En similares circunstancias fue asesinado Christian David Castillo en Suba (22 de junio).

La nueva modalidad de la violencia policial en Bogotá fueron las lesiones oculares causadas principalmente por el Esmad. Leidy Cadena, fue la primera víctima conocida que perdió la vista de uno de sus ojos durante las manifestaciones. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, anotó: “Es escalofriante ver cómo los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios han disparado de manera deliberada a los ojos de tantas personas, solo por atreverse a ejercer su derecho legítimo a la manifestación pacífica”. Asimismo, Temblores e Indepaz denunciaron el uso ilegal por parte de la Policía de la figura del “traslado por protección” para impedir el libre ejercicio del derecho a la protesta y la práctica de la desaparición forzada. El sistema de justicia participó también de la criminalización de las protestas, fiscales realizaron imputaciones desproporcionadas a los manifestantes por cargos de “terrorismo” (como lo mostró Human Rights Watch). En medio de este nivel de estigmatización y violencia policial contra los y las protestantes sobresale el apoyo y aprobación de las protestas por parte de la ciudadanía. En junio una encuesta del Centro Nacional de Consultoría mostró que el 78 por ciento de los entrevistados apoyaba las peticiones al Gobierno nacional y casi el 60 por ciento consideraba que el resultado del paro iba a ser positivo.

Sin lugar a duda, estas conductas de la Alcaldía, la Policía y del sistema de justicia crearon un ambiente de temor dentro de los protestantes. Sin embargo, la Alcaldía también tuvo positivas acciones dentro del manejo de la protesta entre las que se resalta su oposición categórica a la declaratoria de conmoción interior, y a la intervención militar en la protesta, y su exigencia de no usar balas de goma por parte de la Policía contra las y los protestantes. Asimismo, la Alcaldía lideró diálogos territoriales con los manifestantes, que no estuvieron exentos de tensiones por la continua estigmatización que sufrían de parte de la administración local las persoans inconformes. Finalmente, López reconoció las demandas de los jóvenes y se comprometió a redestinar 2 billones de pesos del presupuesto hacia programas de educación y empleo para jóvenes y mujeres.

#ClaudiaLopez

A Claudia López le ha faltado firmeza con respecto a las denuncias y acciones frente la gravedad de la violencia policial contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta, y estas omisiones han costado vidas y daños irreparables contra jóvenes y la construcción de ciudadanía en Bogotá. Si bien en 2020, López fue clara y contundente en señalar la violencia de la Policía y exigir transformaciones profundas de esta institución armada, en el 2021 su actuación fue tibia. Asimismo, la alcaldesa, particularmente durante el Paro Nacional del 2021, aportó a la estigmatización de los y las protestantes. Más allá de la obligación de la administración local de garantizar el pleno respeto de los derechos, entre los que se encuentra el derecho a la protesta pacífica, es esencial que López reconozca el lugar de la calle en la construcción de ciudadanías, democracia y derechos. La alcaldesa debe recordar su pasado cuando, desde las calles, luchó vigorosamente por la reforma constitucional que dio origen a nuestra actual carta de navegación. Como en esa oportunidad, sin la política disruptiva e incómoda de las marchas, tomas y bloqueos, difícilmente hubiéramos logrado las profundas agendas que han estado en juego.

*Profesora Universidad Nacional de Colombia.

 

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Protestas en Colombia, 4 de mayo de 2021, vía Twitter

 Dos años de (mal) gobierno de ‘centro’ en Bogotá

 

 

La protesta social es disruptiva, incómoda y sublimemente democrática. Su propósito es generar una ruptura a la cotidianidad y, por medio de ésta, expresar la indignación, la rabia y las demandas de las y los protestantes. En algunas ocasiones estas movilizaciones son planeadas y organizadas, convocadas por sindicatos y organizaciones sociales; en otras, estas acciones son espontáneas y sin planeación, movidas por eltejido rebelde del “nunca más”. Pero, independientemente de su nivel de organización, su finalidad es expresar inconformismos y propuestas por medio de la transgresión del espacio público bajo la forma de marchas, tomas, arengas, cacerolazos, pintas, batucadas, ollas comunitarias, y otros repertorios tan creativos como la imaginación y las posibilidades de las y los inconformes.

En Colombia la protesta social es permanentemente estigmatizada y criminalizada. El patrón de los gobernantes en su manejo es declarar, sin evidencia alguna, que los y las marchantes están infiltrados por las guerrillas o grupos criminales y considerar sus repertorios como “disturbios” que requieren la intervención de la fuerza pública. Ambas acciones, no solo imposibilitan el desarrollo de este derecho fundamental, sino que atentan contra la vida y la integridad de las y los ciudadanos que se encuentran ejerciendo esta constitucional y legítima actividad política no institucional.

Durante los últimos dos años los jóvenes han salido masivamente a protestar en Bogotá contra la violencia policial y la profundización de la injusticia social. Hemos visto, oído y olido ollas comunitarias, marchas, tomas, batucadas, arengas, grafitis, mayoritariamente, expresiones pacíficas de inconformismo. Frente a esta expresión ciudadana propia de la democracia participativa, el objetivo de este artículo es realizar un balance del manejo dado a estas protestas por parte de la alcaldía de Claudia López. Este balance muestra como la obligación que tiene la administración distrital de garantizar y respetar el derecho legítimo a la protesta no se cumple, al tiempo que la institución policial metropolitana deja en claro su no subordinación al poder civil. Otra preocupación que deja la revisión de la gestión de la alcaldesa es su falta de firmeza en el manejo de la violencia policial.

#MasacrePolicial9S

Excesos, brutalidad, desproporcionada e injustificada son todos eufemismos para hacer referencia a las actuaciones de la policía metropolitana en el marco de las protestas sociales. Lo que hemos visto en nuestra ciudad es una sistemática, calculada, deliberada e ilegal violencia policial contra protestantes civiles desarmados (a menos que consideremos que un escudo y una olla son armas peligrosas).

Y ningún evento más doloroso para mostrar esta actuación criminal que la masacre policial perpetrada en Bogotá las noches que siguieron a la tortura y asesinato de Javier Ordoñez, padre de dos niños y estudiante de derecho, el 9 de septiembre del 2020. Desde esa madrugada circuló un video en redes sociales que muestra a un hombre desarmado y siendo sometido por agentes de la policía con pistolas eléctricas taser mientras suplicaba “por favor, no más”. Conocimos que el hombre era Javier Ordoñez y que las imágenes correspondían a parte de la tortura a la que fue sometido por agentes de la policía.

El informe de necropsia del cuerpo de Ordoñez es contundente al describir los traumas, laceraciones, contusiones y hemorragias. La violencia que le causó la muerte no hizo parte de un procedimiento legal, fue una tortura llevada a cabo por agentes policiales. La investigación de la Fiscalía establece que el Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá, y a donde fue llevado Ordoñez para seguir siendo golpeado hasta la muerte, fue un centro de impunidad.

Este horror desató una serie de manifestaciones espontáneas de jóvenes cuyas familias han sido empobrecidas por las políticas neoliberales y que no tienen acceso ni a trabajo digno ni a educación. Las manifestaciones estaban dirigidas contra la policía para quien ser joven y pobre es un crimen. La reacción de este cuerpo armado fue contundente y quedo registrada en miles de videos realizados por los reporteros gráficos en los que se han convertido las y los jóvenes hoy gracias a sus celulares y su experiencia virtual. Muchos uniformados no portaban identificación, tratando de ocultar su uniforme, portaban chaquetas negras. Los videos muestran a periodistas y personal de primeros auxilios bajo intimidación, detenciones arbitrarias, mujeres padeciendo agreción sexual y, por último, si bien no menos importante, a los agentes de la policía disparando contra quienes protestaban.

Los videos también muestran a una ciudadanía respondiendo a la violencia policial. El informe de la Veeduría Distrital sobre los acontecimientos (septiembre de 2020) señala que 72 CAIs fueron quemados durante la ola de protesta e indignación (correspondiente a más de la mitad de los 143 CAIs de la ciudad). El acrónimo Acab inundó las paredes de Bogotá y se volvió tendencia en redes sociales, tal y como había ocurrido unos meses antes con el asesinato de George Floyd por un oficial de policía en Minneapolis. Aprendimos el significado de este vocablo, y su versión numérica con el 1213, y vimos cómo esta expresión de solidaridad antiautoritaria y grito contra la represión policial se convertía en liricas de rap y grafitis. Los sectores de derecha también intervinieron en este contexto. Por ejemplo, la congresista del Centro Democrático María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) aseguró que “entre los vándalos hay milicias urbanas de ACAB”, buscando convertir a esta sigla de indignación en una estructura clandestina y en una red de apoyo de algún grupo subversivo.

Frente a esta ola de protesta contra la violencia policial, el manejo dado por parte de la Alcaldía, con el liderazgo de Claudia López, fue rápido y categórico. La alcaldesa reconoció que el caso de Ordoñez no es un suceso aislado y que el abuso policial es recurrente y está caracterizado por la impunidad. Del mismo modo, admitió que policías habían asesinado a varios de los jóvenes durante esas noches y realizó actos simbólicos de reconocimiento y reparación con los familiares y en los barrios donde ocurrieron los horrores.

La administración distrital solicitó a las Naciones Unidas la realización de un informe independiente sobre los hechos, cuyos resultados fueron presentados en diciembre de 2021 y que establecen que la Policía Nacional fue la responsable de la muerte de 11 jóvenes en Bogotá y Soacha y que al menos 75 personas fueron heridas por arma de fuego. El informe determina también que lo ocurrido en esas noches fue una masacre perpetrada por la policía y presenta el testimonio de muchas de las víctimas de esa noche, mostrando que, detrás de cada historia hay un nuevo agravio, más intimidación y mucho miedo.


Frente a las actuaciones de la administración de López, el gobierno nacional salió a apoyar a los uniformados (se volvió viral la foto del Presidente vestido de policía a los pocos días de ocurrida la masacre). El ministro de defensa de entonces, Carlos Holmes Trujillo, no dudó en estigmatizar y criminalizar a quienes protestaban argumentando, sin prueba alguna, que detrás de los “hechos vandálicos” que se presentaron durante esas protestas “está la mano criminal de grupos como el ELN y las disidencias de las FARC que buscan desestabilizar al Gobierno”.

Esta diferencia en el manejo de la protesta dado por la administración nacional y la local se expresó en la caracterización dada al problema de la violencia policial y a sus posibles salidas. El Presidente y su equipo de gobierno salió a apoyar a la fuerza pública y mintió al argumentar que la violencia desatada en la ciudad era producto de la infiltración de las insurgencias armadas. Por su parte, Claudia López reconoció la gravedad de los hechos y la responsabilidad de la Policía. La alcaldesa también reconoció que esta institución requiere una reforma estructural que evite la impunidad. Sin embargo, enmarcó la violencia policial de esas noches de septiembre como un desacato de las órdenes expresas de la Alcaldía de no disparar contra los manifestantes. Sin desconocer lo significativo de la actuación de la administración local en estos eventos, sobresalen por lo menos dos elementos problemáticos (por decir lo menos) del reconocimiento de la Alcaldía. Primero, es muy preocupante que una alcaldesa tenga que aceptar que no tiene mando efectivo sobre la policía metropolitana y, segundo, que quede en la opinión pública la idea de que a la fuerza pública hay que darle la orden de cumplir la ley ¿No es acaso ésa su obligación?

#SosColombiaNosEstanMatando

La violencia del neoliberalismo alcanzó su pico máximo con el tratamiento dado a la pandemia de covid-19. Y ocurrió lo inevitable: la naturalización de la pobreza como resultado del poco esfuerzo individual, de los derechos percibidos como bienes de consumo, y de las jerarquías como inherentes al estado de cosas perdió fuerza en Colombia. Nuevas generaciones irrumpieron en el espacio público y desenmascararon la dominación y la explotación mostrando, por medio de su propia corporeidad, no solo las promesas incumplidas, sino las hipocresías del neoliberalismo. Jóvenes que han visto cómo sus madres trabajan incansablemente sin nunca salir de la pobreza; cómo se desfinancian y privatizan sistemas educativos y de salud sin que eso garantice un mayor acceso o mejoría en el servicio y su calidad; y cómo las elites gobiernan para empobrecer a los muchos y beneficiar a los pocos, sosteniendo privilegios y concentración de la riqueza.
Ya habíamos visto a esos jóvenes a finales del 2011, aglutinados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane), derrotar la profundización de la agenda de privatización dentro de las universidades públicas al obligar al gobierno a retirar el Proyecto de Reforma a la Educación Superior que permitía la creación de universidades con ánimo de lucro y un mayor gasto en créditos educativos, propuestas que debilitan al sistema público y dejan con profundas deudas a los jóvenes que se ven obligados a solicitar los créditos (tal como ha sido denunciado en los Estados Unidos).

En noviembre del 2019 se dio otra ola de movilizaciones en Colombia, agrupando a múltiples sectores, que expresaban un descontento general con las políticas neoliberales y criminales del gobierno. En esa oportunidad vimos en acción las luchas por el sentido, donde sectores de las élites posicionaban la idea de que aquellos que protestaban era porque lo “querían todo regalado”, mientras que aquellos que marchaban argumentaban que sus causas eran justas y llenas de solidaridad. Según la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, el personaje de ese año fue la cacerola, como expresión simbólica del inconformismo, pero el grito que resonará siempre será: “Dilan no murió, a Dilan lo mataron”. Y lo mató un miembro del temido Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) en Bogotá mientras protestaba pacíficamente en demanda de una educación pública y de calidad.

Colombia, otro país emblemático del neoliberalismo en América Latina, al lado de Chile, veía una poderosa ola de inconformismos contra este modelo. Y entonces llegó la pandemia del covid-19 que nos obligó a resguardarnos en nuestros hogares para protegernos y proteger a aquellos que amamos; entretanto el gobierno nacional salía a rescatar a los grandes empresarios. Mientras los países desarrollados coincidían en la necesidad de una intervención en sus economías para proteger a los más desfavorecidos y así evitar una catástrofe humana, en Colombia el osado gobierno de Iván Duque radicó en el Congreso, a principios de abril del 2021, una reforma tributaria (que decidió llamar “Ley de Solidaridad Sostenible”) que ponía una carga tributaria adicional sobre las clases medias mientras mantenía los privilegios a los súper ricos por medio de generosas exenciones.

Y la respuesta no se hizo esperar. El Comité Nacional de Paro, que aglutina a organizaciones obreras, indígenas, estudiantiles, y campesinas y que había convocado a las protestas del año anterior, llamó a una jornada de movilización para el 28 de abril. En la ciudad de Bogotá la alcaldesa consideró que las marchas eran, en ese momento y haciendo referencia al pico de la pandemia que vivía la ciudad, un atentado contra la vida. Asimismo, y yendo en contradicción con la vocación de presencia en la calle de todo proceso de protesta, propuso “plantones virtuales”. Las marchas fueron multitudinarias, llenas de digna rabia y mayoritariamente pacíficas. Sin embargo, López siguió estigmatizando a quienes respondieron a la convocatoria y sus repertorios.

En mayo de 2021, y ante el repertorio de los bloqueos que asumieron en varios puntos de la ciudad las personas inconformes, López aportó a la zozobra que se promovía desde sectores dominantes y amenazó el ejercicio del derecho fundamental a la protesta, al hacer responsable a los bloqueos del desempleo y el encarecimiento de la comida, negando las posibilidades transformadoras de estos ejercicios democráticos. Asimismo, la alcaldesa contribuyó a la estigmatización de las máscaras de gas, cascos y otros elementos utilizados creativamente por quienes alzaban su voz para protegerse del accionar delictivo de la policía, al calificar éstos como “dotación” con la cual “jóvenes radicalizados” “pinchan, bloquean y secuestran buses” y como parte de una “campaña del caos, la obstrucción y destrucción de Transmilenio y la tranquilidad ciudadana”.

La preocupación de la alcaldía frente a la destrucción de Transmilenio en medio de las protestas tomó un nuevo nivel con el informe “Afectaciones a los Derechos Humanos en el Marco del Paro Nacional en Bogotá”, presentado por la administración a la Corte Interamericana y a las Naciones Unidas a finales de mayo, en el cual la alcaldía equipara las afectaciones a la infraestructura con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía. Asimismo, el lenguaje del informe desconoce la gravedad de la violencia policial al nombrar las graves violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido esta institución como “fallas del servicio” o “incidentes de atención”. Estas acciones llevaron a Andrés Idárraga, director de Derechos Humanos de la Alcaldía, a renunciar. En la carta en que oficializa su decisisón argumenta que la Policía se ha insubordinado del gobierno civil y ha cometido agresiones sistemáticas contra las poblaciones. Asimismo, muestra cómo desde la alcaldía ha habido “tibieza” en el manejo del “abuso policial”.

A principios de junio López caracterizó al Comité de Paro como “Comité del COVID”, argumentando que las aglomeraciones de las protestas habían incrementado el número de contagios. Consideración que no solo estigmatizó a los organizadores del paro, sino que iba en contravía de la evidencia epidemiológica que ha demostrado que la proximidad en espacios cerrados es el riesgo mayor para el contagio y la propagación del virus. Igualmente, López comparó la “Toma de Bogotá”, que estaba organizando el Comité del Paro para el 9 de junio, con tomas guerrilleras y paramilitares.

Estos señalamientos por parte de la Alcaldía se dieron en un contexto de recrudecimiento de la violencia policial contra los y las protestantes. En Bogotá, la primera víctima mortal fue Daniel Alejando Zapata quien murió luego de varios días en el hospital tras haber recibido el impacto de un artefacto disparado por el Esmad en Kennedy mientras participaba pacíficamente de las protestas del Primero de Mayo. Duván Felipe Barros apareció muerto tras ser retenido por la Policía el 5 de junio mientras participaba de la toma del Portal Resistencia (como fue renombrado el Portal de las Américas de Transmilenio). Jaime Alonso Fandiño también murió a manos del Esmad (21 de junio) tras recibir en su pecho el impacto de una granada de gas lacrimógeno disparada a corta distancia. En similares circunstancias fue asesinado Christian David Castillo en Suba (22 de junio).

La nueva modalidad de la violencia policial en Bogotá fueron las lesiones oculares causadas principalmente por el Esmad. Leidy Cadena, fue la primera víctima conocida que perdió la vista de uno de sus ojos durante las manifestaciones. Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía para las Américas, anotó: “Es escalofriante ver cómo los agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios han disparado de manera deliberada a los ojos de tantas personas, solo por atreverse a ejercer su derecho legítimo a la manifestación pacífica”. Asimismo, Temblores e Indepaz denunciaron el uso ilegal por parte de la Policía de la figura del “traslado por protección” para impedir el libre ejercicio del derecho a la protesta y la práctica de la desaparición forzada. El sistema de justicia participó también de la criminalización de las protestas, fiscales realizaron imputaciones desproporcionadas a los manifestantes por cargos de “terrorismo” (como lo mostró Human Rights Watch). En medio de este nivel de estigmatización y violencia policial contra los y las protestantes sobresale el apoyo y aprobación de las protestas por parte de la ciudadanía. En junio una encuesta del Centro Nacional de Consultoría mostró que el 78 por ciento de los entrevistados apoyaba las peticiones al Gobierno nacional y casi el 60 por ciento consideraba que el resultado del paro iba a ser positivo.

Sin lugar a duda, estas conductas de la Alcaldía, la Policía y del sistema de justicia crearon un ambiente de temor dentro de los protestantes. Sin embargo, la Alcaldía también tuvo positivas acciones dentro del manejo de la protesta entre las que se resalta su oposición categórica a la declaratoria de conmoción interior, y a la intervención militar en la protesta, y su exigencia de no usar balas de goma por parte de la Policía contra las y los protestantes. Asimismo, la Alcaldía lideró diálogos territoriales con los manifestantes, que no estuvieron exentos de tensiones por la continua estigmatización que sufrían de parte de la administración local las persoans inconformes. Finalmente, López reconoció las demandas de los jóvenes y se comprometió a redestinar 2 billones de pesos del presupuesto hacia programas de educación y empleo para jóvenes y mujeres.

#ClaudiaLopez

A Claudia López le ha faltado firmeza con respecto a las denuncias y acciones frente la gravedad de la violencia policial contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta, y estas omisiones han costado vidas y daños irreparables contra jóvenes y la construcción de ciudadanía en Bogotá. Si bien en 2020, López fue clara y contundente en señalar la violencia de la Policía y exigir transformaciones profundas de esta institución armada, en el 2021 su actuación fue tibia. Asimismo, la alcaldesa, particularmente durante el Paro Nacional del 2021, aportó a la estigmatización de los y las protestantes. Más allá de la obligación de la administración local de garantizar el pleno respeto de los derechos, entre los que se encuentra el derecho a la protesta pacífica, es esencial que López reconozca el lugar de la calle en la construcción de ciudadanías, democracia y derechos. La alcaldesa debe recordar su pasado cuando, desde las calles, luchó vigorosamente por la reforma constitucional que dio origen a nuestra actual carta de navegación. Como en esa oportunidad, sin la política disruptiva e incómoda de las marchas, tomas y bloqueos, difícilmente hubiéramos logrado las profundas agendas que han estado en juego.

*Profesora Universidad Nacional de Colombia.

 

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Publicado enEdición Nº287
https://www.kienyke.com/radar-k/proyecto-seguridad-ciudadana-debate-populismo-punitivo

“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.

 

Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.


La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.


…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.


Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).

 

* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

 

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“Entonces estoy centrando la atención en la seguridad urbana. Aquella inseguridad inmediata es la inseguridad urbana. Se llega así al delirio de la inseguridad urbana. Con esto, los políticos van a hacer propaganda, demagogia retributiva, demagogia vindicativa. No van a resolver nada. Pero nos van a vender la imagen de que están resolviendo todo, especialmente de que están brindando seguridad. Y ¿cómo hacen eso?, a través de leyes penales”*.

 

Ad portas del cierre de un anodino año legislativo 2021, se daba gran despliegue informativo al proyecto de seguridad ciudadana. En efecto, en sesión plenaria mixta extraordinaria del Senado de la República del día 21 de diciembre de 2021, se aprobaba al texto definitivo del proyecto de ley número 266 de 2021 Senado –393 de 2021 Cámara “por medio de la cual se dictan normas tendientes al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y se dictan otras disposiciones”.

Proyecto que, como en algunas de las colchas de retazos que suelen tramitarse en el Congreso de la República, incluye reformas trascendentales tanto para el Código Penal, como para el Código de Procedimiento Penal, una importante sección sobre la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones; y, aunque parezca risible (toda vez que era precisamente el objeto de reforma) un título más dedicado a normas que modifican y adicionan la ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana–, y que constituye una primera crítica fundamental al proyecto en si mismo y que seguro será objeto de futuras demandas ante la Corte Constitucional, en caso que llegue a la vida jurídica, y es: La falta de unidad de materia, pues a las ya trascendentales reformas en materia de derecho penal sustantivo y derecho penal procesal, también le suma exóticas variaciones en materia de ley de convivencia (Ley 418 de 1997), Ley de extinción de dominio (Ley 1708 de 2014), Ley sobre agentes de tránsito y transporte (Ley 1310 de 2009), Código Nacional de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002), Ley sobre comisarías de familia (Ley 2126 de 2021), Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993), todo un popurrí legislativo, si así podría llamarse.

Un popurri tejido con clara intensionalidad y que reafiarma lo anotado por Zaffaroni: sí algo genera marketing político son las leyes penales y la excusa perfecta, como en el caso en cita, es la defensa de la seguridad ciudadana, es decir, devolver a los ciudadanos la sensación perfecta que “algo estamos haciendo”, con mensajes exotéricos como: “nunca más”, “caerá todo el peso de la ley” , “los buenos somos más”.

Resulta en todo caso paradójico que este proyecto tramitado, incluso con mensaje de urgencia y aprobado en las postrimerías del año 2021, a la fecha no se encuentre sancionado por el Ejecutivo y sea ley de la república. Aprobado y metido al congelador por un error de cálculo político, ya que su firma por el Presidente podría despertar la inconformidad popular y llenar las calles de protestas, algo que claramente perjudicaria el ejercicio electoral del partido de gobierno, como de sus aliados, en un año electoral por excelencia, como corresponde al 2022.

Pese a tal realidad, y bajo la sospecha que salga o no a la luz como Ley, nos concentraremos en decantar algunos de los puntos más críticos que el mismo incorpora.


La propiedad privada por sobre la vida

Con relación al Código Penal en la parte general, amplía de manera altamente discutible el concepto de legítima defensa como causal de ausencia de responsabilidad penal, bajo el criterio de legítima defensa privilegiada, al presumir también como legítima la defensa que se ejerza para rechazar al extraño que usando maniobras o mediante violencia penetre o permanezca arbitrariamente en habitación o dependencias inmediatas o vehículo ocupado. La fuerza letal se podrá ejercer de forma excepcional para repeler la agresión al derecho propio o ajeno, redacción que no parece confusa pero que si es más que amplia para justificar la defensa de los bienes a toda costa, inclusive a costa de la vida del otro: ¡Sálvese quien pueda! Una especie de ley de la selva en la que los grupos hegemónicos, o quienes detentan el poder, siempre tendrán más posibilidades con relación a la defensa de sus bienes de los ataques de los pobres hostiles de a pie, un desbalance absoluto que podría justificar la barbarie, más aún sí, como lo explicaremos más adelante uno de los títulos de la Ley permite que los civiles se armen libremente.

Cadena perpetua

En materia de aplicación de la pena y su máxima duración, en total contradicción con las discutibles funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado de las que habla el mismo Código Penal en su artículo cuarto, se establece una pena de hasta 60 años para determinados tipos penales, una pena a todas luces más compatible con una cadena perpetua y con una mera función simbólica intimidante desde la prevención general negativa, es decir, generar terror en los “malos” y calma “en los buenos” con un mensaje según el cual nunca recuperaran su libertad. Se trata, no hay duda, no de un retoque al Código Penal sino de una reforma de hondo calado que incluso ameritaría aprobación mediante una ley de carácter estatutaria en la medida que modifica el tiempo máximo de privación de la libertad que se permite a partir de la comisión de un delito y, por tanto, afecta el derecho fundamental de la libertad, no siendo algo cosmético que pueda aprobarse en una ley ordinaria bajo mensaje de urgencia.

Al que no quiere sopa…

La reforma en cuestión, además, si bien modifica la pena de muchos de los delitos de la parte especial del código referido, en general, para aumentarla, agravarla o incluye variantes nuevas. En este particular llama la atención la inclusión de los miembros de la fuerza pública y/o de los organismos que cumplan funciones permanentes o transitorias de policía judicial, que se encuentre en desarrollo de procedimientos regulados a través de la ley o reglamento, para que en casos como el homicidio quede agravado y con una pena intensificada entre quinientos a setecientos meses de prisión, es decir, ‘vamos a sobreproteger a quienes le ponen el pecho a la protesta, y que nos protegen’. Y, en este mismo sentido, con relación a la protesta, nótese como se adiciona el artículo 353 B, para aumentar la pena de la mitad a las dos terceras partes con relación al delito de obstrucción a vías públicas que afecten el orden público, bajo la novedosa circunstancia de agravación: “1. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten”, lo que los expertos al momento no han logrado decantar si incluso el uso de tapabocas en los tiempos actuales de pandemia colocaría al manifestante o no en términos de aplicación de la cuestionada agravante.

Criminalizar la protesta

En materia sustantiva penal y sin tener ocasión en esta breve artículo de ampliar para la crítica cada uno de los puntos objetos de reforma, si relevamos los aspectos en los que es ostensible que el proyecto de reforma, titulado bajo seguridad ciudadana, parece más bien una respuesta a los conflictos suscitados durante las jornadas de protesta popular que tuvieron en jaque al gobierno, y que ha encontrado como respuesta punitiva ampliar el margen de la defensa de los “buenos” contra los “malos” bajo el concepto de legítima defensa privilegiada, una protección superior a la fuerza pública para “aumentar su motivación” para actuar, y una persecución superior a las masas de protestantes para que la lucha a través de la resistencia popular no solo esté estigmatizada sino criminalizada: ¡abajo la capucha, abajo el tapabocas!, fin de la protesta.
“Ya no saldrán”

En materia procesal penal y tal como lo prometiera el Ministro del Interior en una polémica entrevista: “Ya no saldrán”. Se refería de manera un poco grotesca a la imposibilidad que las personas procesadas recuperaran su legítimo derecho a la libertad en fase de investigación, esto porque según él, en la ley de seguridad ciudadana se recogería ese clamor de los “buenos” según el cual “los delincuentes” no pueden estar entrando y saliendo de la cárcel cada que cometen un delito, ya que los jueces “tan magnánimos” ellos, siempre les ofrecen condiciones de libertad pese a contar con múltiples ingresos a prisión, condenas previas o gozar de beneficios de libertad vigilada mediante soporte tecnológico (brazalete electrónico) o detención preventiva domiciliaria. Pues bajo estas consideraciones totalmente maximalistas de intervención punitiva, la nueva Ley en cuestión cristaliza el sueño del político de turno y establece lo que será otro gran nubarrón de la misma, que cuestionamos a continuación.

En efecto, el artículo 21 modifica el numeral 5 y adiciona el numeral 8 al artículo 310 de la Ley 906 de 2004, para hacer la interpretación más extensiva posible del concepto de peligro para la comunidad y de esta manera impedir el disfrute de la libertad provisional en fase de investigación y, por el contrario, forzar la imposición de la medida de aseguramiento de carácter intramural, incluyendo factores perversos como la continuación de la actividad delictiva o su probable vinculación con organizaciones criminales, el número de delitos que se le imputan y la naturaleza de los mismos, el hecho de estar disfrutando un mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la libertad, por delito doloso o preterintencional, la existencia de sentencias condenatorias vigentes por delito doloso o preterintencional, entre otros. Pero la cereza del postre está en establecer si la persona fue o ha sido imputada por delitos violentos, ha suscrito preacuerdo, aceptado cargos u otorgado principio de oportunidad en los últimos tres (3) años por la comisión de delitos contra la vida y la integridad personal o contra el patrimonio económico.

De modo que, la super objetivación de los factores con relación a si el procesado pone o no en peligro a la comunidad, dada la variedad de los mismos, pretende prácticamente hacer nula la aplicación del principio rector de libertad a que hace referencia el mismo Código Procesal Penal en su artículo dos, y de esta manera lograr el cometido de quienes detentan el poder de turno y es limitar al máximo la posibilidad de que los jueces de control de garantías puedan conceder la libertad provisional a las personas imputadas (que no condenadas –ver pág. 2, “En las URI el hacinamiento alcanza el ¡3.220 por ciento!”) y que prácticamente todos los detenidos sean remitidos a las cárceles o las estaciones de policía como sucede actualmente, dado que las primeras no dan abasto, y que con esta reforma mucho menos será posible. De esta manera tenemos desnudo ante nosotros, sin pudor alguno, la manifestación máxima de un Estado opresor en materia penal, siempre bajo la premisa: No pierda usted cuidado con esta norma, no es para usted, usted es de los nuestros, es para los “malos”, los mismos que requieren la terapia de la seguridad ciudadana.


…como en botica

No siendo posible abordar todos los temas críticos de la Ley en consideración, el foco del análisis se centra en el análisis de uno de los puntos más polémicos, condensado en el título IV, referido a la fabricación, importación, exportación, comercialización y porte de armas, elementos y dispositivos menos letales; accesorios, partes y municiones, que en un país como el nuestro, con unos altos índices no solo de violencia sino de impunidad, contempla una autorización general para portar armas, elementos, y dispositivos menos letales, accesorios, partes y municiones, eso sí, haciendo una declaración lacónica, que los permisos se expedirán bajo la responsabilidad del titular y no comprometerán la responsabilidad del Estado por el uso que de ellas se haga.

De esta manera, no contentos con el estado de violencia generalizado que predomina en nuestro desorden social, cumplimos el sueño de quién sabe quién de armar a la población civil, para que no solo esta Ley termine de separar “los buenos de los malos”, sino que autoriza prácticamente que “los buenos” se puedan armar para repeler los ataques injustificados de los “malos”, cubiertos, como ya se explicó, por la legitima defensa privilegiada.


Con mucha razón algunos críticos de la Ley, incluso desde el desconocimiento de las incidencias del derecho penal, han expresado que parece una Ley hecha justamente como contrarespuesta a los efectos de la reciente y generalizada protesta nacional, para que quienes están en la orilla de los “buenos” tengan mayor margen de actuación, desde poderse armar hasta matar impunemente a través de la “legitima defensa privilegiada” y que desde la orilla de los “malos” sufran el rigor del peso de la Ley: menos beneficios, menos posibilidad de libertad, mayores penas y desde la fuerza pública reciban el incentivo de saber que su vida vale diez años más de pena privativa de la libertad de las de los demás, un desequilibro total y absurdo en una sociedad marcada por los privilegios y la inequidad rampante.

Es por todo lo anotado que nos preguntamos si el desgobierno que propone esta Ley ha caído en cuenta que un año electoral no es el adecuado para poner en marcha despropósitos como los que refleja el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana y por ello, a tres semanas de su rimbombante aprobación en el Congreso de la República, permanece engavetada quién sabe por orden de quién y con cuál finalidad: Si asestar el golpe ante una eventual derrota o evitar la respuesta negativa que tendría una afrenta contra la protesta social como la que propone la Ley, en la que se pretende diferenciar claramente los “buenos” (los que pueden imponer) de los “malos” (los que tienen que resistir”).

 

* Eugenio Raúl Zaffaroni, “La lógica del carnicero” Conferencia dictada en el XIII Congreso Latinoamericano, V Iberoamericano y Iº del Mercosur de Derecho Penal y Criminología. Guarujá, Brasil, 16 de septiembre de 2001.

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Justicia: el grito de las madres de las víctimas de disparos de la Policía en Colombia

De las 46 muertes verificadas por la ONU durante el estallido social de 2021, en al menos 28 los responsables serían agentes de la Policía. Los familiares de las víctimas lamentan que no hay avances en las investigaciones

Santiago Mesa Andrés Buitrago Catalina Oquendo

Cali / Medellín - 12 ene 2022 - 16:02 COT

Jóvenes de entre 17 y 26 años de barrios pobres, hijos de campesinos, indígenas y afrodescendientes, desplazados por la violencia, vendedores ambulantes, artistas o estudiantes. Ese es el factor común de los muertos durante las protestas de 2021 en Colombia, un suceso que mantiene una herida abierta en el país. Según Naciones Unidas, al menos en 28 de esas muertes los responsables habrían sido agentes de la Policía. Pero aunque han pasado casi 7 meses del estallido social que sacudió varias ciudades colombianas, los familiares de las víctimas aún esperan justicia.

En Cali, que fue el epicentro de la represión policial y de los choques con los manifestantes, sus familiares denuncian a EL PAÍS que no hay avances en las investigaciones.

En barrios populares de esta ciudad como Siloé recuerdan a Harold Antonio Rodríguez Mellizo de 20 años, quien el 3 de mayo se disponía a comprar comida cuando recibió un disparo de arma de fuego “en el contexto de una intervención de la Fuerza Pública”, como documentó la ONU; o el caso de Kevin Antony Agudelo Jiménez, un deportista que fue asesinado cuando participaba en una velatón por las víctimas del paro.

Algo similar a lo que le ocurrió a Joan Nicolás Guerrero, un artista urbano de 26 años, asesinado mientras participaba en un homenaje a otros fallecidos en el Paso de Aguante, el mismo lugar donde murió Yinson Andrés Rodríguez Angulo, trabajador de 23 años. Y a Michael Vargas López, deportista de 23 años, quien murió el 17 de mayo cuando participaba de una actividad en el punto de concentración de la Estancia; a Sebastián Jacanamijoy, de 25 años, indígena del Pueblo Inga y miembro del Cabildo Indígena Universitario, quien murió el 28 de mayo en el sector de Meléndez de esta ciudad. Y a Maicol Andrés Aranda que, según el informe de Naciones Unidas, participó por única vez en la protesta en las marchas del 28 de mayo y falleció ese día en Siloé; Jhordany Yesid Rosero Estrella, Cristian Javier Delgadillo y Segundo Jaimes Rojas, entre otros.

“Solo pedimos justicia”, dicen al unísono las madres de varios de estos jóvenes. Hasta ahora, sin embargo, el Gobierno ha dicho que se iniciaron 231 investigaciones internas por presuntas faltas disciplinarias cometidas por la policía, incluidas 16 por homicidio, 108 por abuso de autoridad, 45 por agresiones físicas, 26 por lesiones personales, 12 por incumplimiento de órdenes y 24 por otras conductas. De esas, solo 38 se encuentran vigentes.

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Los manifestantes se enfrentan los agentes del orden durante una protesta provocada por el aumento del precio del combustible en Aktobe, Kazajistán, el 5 de enero de 2022. — Reuters

El país atraviesa la mayor crisis desde su independencia de la URSS. La gente cansada de una clase dirigente casi perpetua se ha alzado pidiendo mejoras sociales. El equilibrio de esta región clave entre Rusia y China entra en crisis.

El 2 de enero empezó una serie de protestas locales que en un tiempo récord han incendiado el país del Asia central. A medio camino entre China y Rusia, Kazajistán se ha distinguido por la estabilidad y bienestar que proporcionaba su régimen. Sin embargo, la falta de relevo en la dirección y la ausencia de una democracia abierta junto a la crisis económica global han hecho posible que sesenta años más tarde un bloque militar vuelva a intervenir en uno de sus miembros.

Kazajistán atraviesa la mayor crisis desde su independencia de la URSS. Una crisis que ha hecho que el gobierno kazajo haya pedido ayuda militar a sus aliados para poder controlar la situación dentro de su propio territorio. El país más estable y ejemplo de prosperidad de Asia central se ha incendiado con lo que parece ser una revolución de color. La gente cansada de una clase dirigente casi perpetua se ha alzado pidiendo ante todo mejoras sociales, aunque lo han hecho de manera vandálica y con una violencia extrema. Ello amenaza con cambiar el equilibrio de toda esta región rica en gas y petroleo, así como parte clave de la ruta que une China y Europa.

El 2 de enero en la región de Mangystau, en el oeste de Kazajistán empezaron unas protestas que rápidamente se propagaron por el resto del país. Empezaron tras el anuncio de que el gobierno kazajo subía el precio del gas licuado, combustible para coches, de 60 tengue (aproximadamente 0,12 euros) por litro a 120 tengue (0,24 euros). Une medida que el ejecutivo echo atrás rápidamente, incluso bajando el precio a 50 tengue por litro, pero la chispa del descontento ya había prendido. La crisis global provocada por el Covid-19 también afecta esta parte del planeta, con una importante subida de precios de productos básicos. Por todo ello las protestas se propagaron rápidamente a las principales ciudades kazajas.

Kazajistán es un país del Asia central que comparte frontera con Rusia en el norte y China en el este, así como con otras tres repúblicas post-soviéticas en el sur. Ocupa un territorio de 2,7 millones de kilómetros cuadrados, más de cinco veces el tamaño de España. Tiene una población de 19 millones de habitantes, de los cuales unos 13 millones son kazajos, 3,5 millones son rusos y el resto diferentes minorías pertenecientes a las naciones vecinas.

No es un país pobre, sobre todo si se compara con el resto de su vecindario. Es la segunda economía de todo el espacio post-soviético con aproximadamente 158 mil millones de euros de PIB en 2021, solo por detrás de Rusia. El sueldo medio mensual ha superado los 500 euros en 2021. Su capital, Nursultán, es ejemplo de modernidad con sus edificios altos de nueva construcción, pero también es la clave para entender el descontento popular. Lleva el nombre del que fuera el presidente del país Nursultán Nazarbayev desde 1990 hasta 2019. Además toda su modernidad se ha hecho sin pensar en sus habitantes, es parte de una modernización llevada a cabo por un sistema autoritario sin repercutir en el bienestar real de amplios grupos de la población.

El partido en el poder, Nur Otan (Luz de la Patria) tiene como parte de su símbolo el Sol. Este partido domina el panorama político con varios partidos menores que le hacen de comparsas, casi como los planetas del sistema solar alrededor del astro rey. Tras el retiro de Nazarbayev, a quién se refería de manera poco disimulada el nombre del partido, Kasim Tokaev ocupó el cargo de presidente, pero el poder real en el país seguía en manos de Nazarbayev. Al menos hasta esta crisis.

Una de las primeras consecuencias de la crisis ha sido una reordenación de las élites. Tokaev ha sustituido al gobierno, eliminando las figuras afines a Nazarbayev. Al propio Nazarbaev se le ha quitado la presidencia del Consejo de Seguridad kazajo, y al sobrino de Nazarbaev lo han quitado del Comité de Seguridad Nacional, la heredera del KGB kazaja, donde era el número dos desde 2015. Todos estos movimientos por un lado pueden estar destinados a calmar a los protestantes, quienes han tirado estatuas de Nazarbaev y han gritado "¡viejo márchate!" durante las protestas. Sin embargo, por otro lado estas medidas pueden ser parte de una lucha interna en la que Tokaev se deshace ya de manera definitiva del patronato del anterior presidente para empezar a hacer una política propia, con unas élites nuevas.

Por su lado, las violentas protestas en unos días han dejado 18 policías muertos, una cifra indeterminada de manifestantes muertos, pero que según estimaciones sobre el terreno deben de contarse por decenas, más de mil heridos y más de dos mil detenidos. Los manifestantes de momento no tienen una agenda pública, no han presentado una lista definitiva de peticiones al gobierno, aunque sí dejan entrever que ante todo esperan mejoras sociales, mejor nivel de vida. Tampoco tienen líderes y la desconexión de internet practicada por las autoridades kazajas no les ha impedido coordinarse o ha frenado siquiera la protesta.

No se ha podido probar, al menos de momento, que detrás de las protestas esté alguna potencia extranjera, ya sea EEUU, China, Turquía o la propia Rusia. Es cierto que es Washington quien tiene mayor peso en este sentido, ya que son muchas las organizaciones estadounidenses como el NED, el IRI o la Open Society Foundation de Soros quienes operan en el país con un gasto anual de decenas de millones de dólares para trabajar con la sociedad civil kazaja. Pero ninguna de ellas se ha pronunciado a favor de los sucesos y tampoco lo ha hecho la diplomacia norteamericana.

Finalmente toda la situación que se ha originado ha derivado en la petición de ayuda por parte de Kazajistán a la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, alianza militar de la que es miembro junto a Armenia, Bielorrusia, Kirguistán, Rusia y Tayikistán. Los casi 3.770 efectivos ya están desplegándose en Kazajistán y habrá que ver cómo son recibidos por los manifestantes. Porque a pesar de que tanto Moscú como Nursultán los llamen "tropas de paz", es dudoso que sean recibidos como tales por los kazajos que han salido a las calles a pedir cambios.

Lo que parece claro es que de momento el Kazajistán estable y con una política internacional multivectorial en la que tenían cabida buenas relaciones con Rusia, China, EEUU o incluso Irán, va a cambiar. La presencia de tropas extranjeras y la crisis interna van a dejar una seria huella en este país rico en recursos naturales y en una posición estratégica entre China y Europa.

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Viernes, 07 Enero 2022 06:43

¿Qué pasa en Kazajistán?

¿Qué pasa en Kazajistán?

Kazajistán está siendo sacudido por fuertes protestas que voltearon a un gobierno a partir del aumento del precio del combustible, a pesar de que la medida se tiró para atrás continúan las oleadas de manifestaciones donde muchos participan armados.

Para conocer a fondo sobre la situación conversamos con Ignacio Hutin, periodista experto en los países de Europa Oriental, Eurasia post soviética y Balcanes, ha escrito en diversos medios argentinos e internacionales cubriendo zonas de guerra, además recientemente ha publicado dos libros sobre la guerra en Ucrania: "Ucrania. Crónicas desde el frente" y "Ucrania/Donbass. Una renovada Guerra Fría".

En primer lugar, si podes contanos brevemente desde tu visión qué está pasando en Kazajistán a partir de las protestas por el aumento de los precios del combustible que vemos en los medios. ¿Cuales son las principales demandas?

Se anunció hace unos días la liberación del aumento del precio del gas licuado, un derivado del petróleo que se usa especialmente para autos particulares en Kazajistán, que por supuesto es un país que vive del gas y del petróleo como la mayoría de los países de la zona. Con esta desregulación de los precios se duplicó no importa cuando se duplicó. A partir de entonces, hubo protestas que empezaron en el suroeste cerca de las orillas del mar Caspio, que es donde están las reservas de gas. Allí están las ciudades donde más se extraen hidrocarburos en general (no solo gas también petróleo). Y de hecho en toda esta región, operan muchas empresas occidentales: Exxon, Shell, Chevron, están todas las que conocemos.

El problema es que lo que empezó hace dos días, por manifestaciones por estos aumentos, enseguida se fue de las manos. Ayer las protestas llegaron enseguida Almaty, o Alma Ata en ruso, que era la vieja la vieja capital y sigue siendo la ciudad más grande donde hay protestas muy importantes. Estas protestas fueron reprimidas pero hasta ahí. Y surgen las preguntas de porqué no reprimió Tokaiev, el presidente, de la misma forma que lo hizo Lukashenko en Bielorrusia. Por ejemplo, porque se dio vía libre o porque las fuerzas de seguridad no fueron suficientes para parar esto en un país muy poco democrático y en un país altamente militarizado. No será Bielorrusia, en términos de falta de libertades individuales y democráticas, pero está muy cerca.

Entonces es raro que en un país tan militarizado tan poco democrático, no haya habido una represión importante y las manifestaciones fueron creciendo hasta que el miércoles, cerca de las tres de la mañana hora de Kazajistán, el presidente anunció que iba a disolver el gobierno, o sea iba a echar a todos los miembros del gabinete del de ministros. Y eso no bastó, seguían las protestas, entonces anunció también una serie de medidas relativas a precios de combustible de alimentos y demás. Y esto tampoco bastó, entonces se dio una nueva conferencia uno comunicado al país que fue el más importante porque anunció que él asume al frente del Consejo de Seguridad, un ala ejecutiva que tiene mucho poder, pero no es electo democráticamente. Hasta ahora, hubo un solo secretario general del Consejo de Seguridad de Kazajistán, que fue el único presidente que tuvo el país hasta 2019, Nursultán Nazarbáyev. Fue el primer presidente desde la independencia en 1991 hasta que en 2019 dejó la presidencia, pero no dejó el poder. Él se queda con el Consejo de Seguridad que sigue siendo un órgano decisor muy importante, aunque ya no tenga la presidencia y además se queda con el liderazgo del partido oficialista que se llama Nur Otán. Pero es tan importante que cuando renuncia a la presidencia renombrar la capital que él había creado de cero, Astaná la renombrar Nursultán Nazarbáyev, es curioso.

Con respecto a las demandas, es difícil saberlo. No hay demandas concretas, eso es preocupante sobre todo para Tokáyev. Porque hasta ahora él piensa "ya disolví el gobierno, ya hice renunciar al mandamás, al líder de la sucesora de la KGB, que más pretenden de mí", y no se sabe. Las únicas que circularon fue vías redes sociales y es un listado de cosas que no tienen nada que ver y son poco creíbles. Así que Tokayev a esta hora no sabe qué hacer con todo esto.

Se ha visto que las manifestaciones apuntan a unas pocas familias que son dueñas de las petroleras ligadas al poder político (principalmente a Nazarbayev) esto hoy tiene algún vínculo con la caída de la URSS? Si podes contanos cómo se conformó el poder desde entonces.

Kazajistán tiene igual que casi todos los demás países de Asia central, incluso también igual que Rusia y hasta hace poco también Ucrania. Tiene una casta política económica que se conoce como los oligarcas, que son personas que hicieron mucha guita en los primeros años después de la caída de la Unión Soviética, que supieron estar en el momento y en el lugar adecuado y compraron todas las empresas que estaban vendiendo por las privatizaciones. Las compraron muy baratas e hicieron mucha dinero, especialmente empresas ligadas a, por ejemplo, los hidrocarburos. Algunos son bastantes famosos como Abramovich, el presidente de el Chelsea. En Kazajistán tenés a Mujtar Ablyazov, que es uno de los personajes más importantes de Kazajistán que creo hay que prestarle un poco de atención durante estas protestas. Ablyazov es un empresario kazajo, que aparentemente le robó mucha guita al Estado y que está acusado de malversar muchísimo dinero. Lo reclaman de Ucrania, de Rusia y de Kazajistán, pero él está en Francia. Fundó su propio partido político, que obviamente no puede participar de elecciones, porque, aparte que está buscado por la justicia y Francia no lo quiere extraditar, pero hoy salió con todo a apoyar las manifestaciones, a hablar pestes del gobierno y demás. Ablyazov es una figura muy importante para entender este conflicto, hay que prestar atención a ver qué dice él y que dicen de él.

Por otro lado, toda esta gran casta política económica en cierta forma también es una casta familiar, porque el peso de la familia Nazarbayev en Kazajistán es gigantesco. Por ejemplo la hija, es una de las mujeres más ricas de Asia central, siempre tiene casos de corrupción que aparecen por todos lados, tiene tiene casas en Francia, y un dato curioso que es la dueña de la casa de Sherlock Holmes en Londres. Y obviamente parte de las protestas tienen que ver con esto, con esta gran casta familiar político económica que mueve absolutamente todo lo controla todo en Kazajistán.

Si bien se habla de las protestas más fuertes desde 1991, ya desde 2020 hay manifestaciones y huelgas en el sector petrolero. ¿Qué nos podés contar sobre eso, y qué rol están jugando en las protestas actuales?

Si ha habido una serie de protestas más o menos importantes en 2011, 2016 y entre 2018 y 2020. En general pasa un poco como ahora, que si la chispa tiene que ver con el aumento del precio del gas, pero todos sabemos que detrás hay un montón de cosas. Lo importante es que las protestas tienen que ver con un reclamo de más democracia, de menos represión, contra la corrupción y demás cosas que todo el mundo sabe, no hay ninguna novedad que en Kazajistán es de los países más corruptos del mundo. Pero las protestas a partir de 2018 tuvieron un resultado bastante interesante que en 2019 renuncia Nazarbayev. El tema es que las protestas que empezaron en 2018 y terminaron a mediados del 2020, cómo puede ser que protestas como esas hayan sido tan extensas y esta vez en menos de veinticuatro horas pasó de todo. Como puede ser, eso es lo que a mí no me cierra. No me creo que haya pasado tan rápido en un país tan militarizado y tan poco democrático. No me creo que simples manifestantes en menos de veinticuatro horas hayan volteado a un gobierno, al mandamás del país o al líder de la ex KGB, todo en menos de veinticuatro horas. Me parece muy raro, aparte estoy viendo vídeos de gente armada aunque no sea mucha. Está bien sacaron armas de la sede, la policía en Almaty, pero estaban muy organizados ¿Como simples manifestantes en menos de veinticuatro horas toman las armas y le ganan a un estado muy militarizado?

Entonces cuando leo en algunos sitios, por ejemplo, más cercanos a Rusia o más cercanos a la izquierda, en general, leo que es probable que estas manifestaciones han sido orquestadas por organismos extranjeros o argumentos similares, y no me parece tan descabellado.

¿Qué tipo de fracturas internas existen en el país (étno liguisticas, religiosas, políticas), y hay algún vínculo entre este enojo social con el régimen surgido en la era post soviética?

En términos generales es un país bastante estable, porque tienes más o menos un 70% de la población que es kazaja. Los kazajos son un pueblo túrquico, son musulmanes. Hablan un idioma túrquico que es el kazajo, aunque se escriba en cirílico, que por consecuencia de la rusificación a partir de los años treinta de la Unión Soviética, pero son musulmanes son tus hijos hablan en ese idioma. Alrededor del 20% de la población son rusos étnicamente rusos ósea, que son cristianos ortodoxos y hablan ruso. Lo cierto es que todos absolutamente todos los kazajos, o sea todos los ciudadanos de Kazajistán, al igual que todos los ciudadanos de virtualmente toda la ex Unión Soviética, hablan en perfecto ruso y en muchos casos es el idioma más usado, como pasa en Bielorrusia.

En términos generales Kazajistán es un país muy cercano a Rusia, tiene tradicionalmente muy buenas relaciones porque es cercano cultural, política y económicamente. Pero al mismo tiempo también es cercano a Occidente, sobre todo por todas las empresas relativas a hidrocarburos que trabajan en la zona. Y también a China ya que tiene fronteras y es un país muy importante. Recordemos que en Kazajistán está Baikonur, es la mayor estación aeroespacial del mundo y de la historia. De hecho, de allí salieron el satélite Sputnik, Tereshkova y Yuri Gagarin. Esta estación aeroespacial, es de facto un enclave ruso, o sea es un pueblo que depende de Moscú. Obviamente la Unión Soviética no importaba si era kazajo o era ruso, pero con la independencia, sí importa. Curiosamente el pueblo lo alquila a Rusia y depende de Rusia. Al ser tan importante, uno de los primeros comunicados en estos días de Rusia, fue decir que en Baikonur no estaba pasando nada, claramente eso le importa mucho a Moscú.

¿Existe algún tipo de presión/puja internacional similar a la que vemos en Ucrania desde 2013-2014? ¿Sabes qué opina la gente sobre esto?

El factor internacional es muy importante es muy interesante, porque, en principio hay que ver qué es lo que se dijo hasta ahora y fíjate que China no dijo nada, la Unión Europea no dijo casi nada y Estados Unidos tampoco dijo casi nada. Hasta ayer Rusia apenas dijo algo de que esperan que las cosas salgan bien, también habló de desestabilización. Tengo la sensación de que, en términos generales, más allá de toda la retórica boba que pueden tener distintos países occidentales, todo el mundo va por el status quo. Porque Kazajistán es un país que viene creciendo económicamente, que le sirve a todo el mundo, por los hidrocarburos, por servicios, además es un mercado muy interesante por estar al lado de China. Es una zona muy importante, porque es una zona de paso entre Asia y Europa; es un proveedor de gas, pero es un proveedor de gas que no es Rusia que eso también es muy importante. Entonces un país que al igual que le pasa hoy a Armenia, Kirguistán o Uzbekistán, que juega muy bien a dos puntas. Por un lado con la Unión Europea y con la OTAN, pero también juega muy bien con Rusia y China. Eso a todo el mundo le sirve, y mientras sirva qué importa quién gobierna. Sí Tokayev cae, si Nazarbáyev realmente abandona el poder, lo importante es que no cambie demasiado las políticas hacia afuera.

No creo que haya posibilidad de conflicto como lo hubo en Ucrania, ya que sí es una sociedad partida absolutamente. Eso se ve en en cada resultado electoral desde la caída del comunismo, se ve en cada mapa demográfico, se ve en cada mapa de la religión, de etnia, de lengua, se ve que es un país partido y que tarde o temprano podía llegar a pasar lo que pasó. Pero no es el caso en Bielorrusia. Y en este caso tampoco, de hecho, algo muy curioso que hay protestas por distintas ciudades del país, pero la violencia importante es en una sola ciudad que ni siquiera es la capital. Es en Almaty, que es la ciudad más grande, es la vieja capital, pero no hay en ningún otro lado hay tan alto nivel de violencia. En ningún otro lado, tomaron las armas es raro, y eso me lleva al punto que decía antes. No sé si me termino de creer que estas manifestaciones han sido tan espontáneas, por qué si fueron tan rápidas fueron tan efectivas fueron tan violentas y el gobierno súper militarizado no supo aplacar. Hay algo raro. Pero bueno eso es jugar a adivinar, por qué porque hasta ahora no sabemos mucho más que eso.

¿Qué nos podés comentar sobre la represión brutal de este jueves y la irrupción directa de Rusia?

Se confirmó que la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC) ya envió tropas. Todos los países miembros, Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Rusia y Tayikistán, van a enviar tropas. Por supuesto, que es una decisión casi unilateral de Moscú, más allá de que formalmente el liderazgo de la organización lo tiene Pashinyan que es el primer ministro de Armenia, más allá de eso es una decisión de moscú absolutamente. La pregunta es ¿A cambio de qué? ¿Porqué estás apoyando a Tokáyev? En algún lado leí que uno de los precios de este apoyo era reconocer a Crimea como parte de Rusia, pero seguramente hay unos cuantos precios más. Leí también que Rusia iba a reclamar que no se implementará el cambio del alfabeto que se mantenga el cirílico.

Tengo la idea de que esto fue organizado, porque fue demasiado eficiente como para hacer algo imprevisto como para ser simples convocatorias, al menos en Almaty estuvo organizado. Creo que no es un tema internacional. Estoy leyendo un montón de analistas que dicen que esto no es una Revolución de Colores, que para los rusos significa Occidente volteando gobiernos. Occidente no tiene absolutamente nada que ver.

Si vemos lo que dice Estados Unidos sobre esto, no le interesa lo que pase, al igual que a la Unión Europea. Y todos los demás están por mantener lo que hay hasta ahora. Lo cual, cada vez no me cabe la menor duda que esto es una disputa interna entre las élites de Almaty y de Astaná (o Nursultán, ahora la capital) para en principio sacarse encima a Nazarbáyev, pero eso me parece que ya está confirmadísimo.

Esto tiene un costo, obviamente, para Kazajistán. Quizás tenga que ver con el manejo del comercio de gas hacia China, que lo empiece a gerenciar un poco más Rusia. Quizás tenga que ver con cuestiones demográficas y geopolíticas o económicas. No lo sabemos, pero si que va a tener un costo va a tener un costo.

 

@SalvadorSoler10

 

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Los jóvenes que protagonizaron las protestas en Colombia denuncian una "cacería de brujas"

A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando entre abril y junio de 2021 con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes.

Entre abril y junio de 2021 cientos de miles de manifestantes coparon las calles de Colombia en rechazo a la reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque, que finalmente fue desechada ante el clamor popular. Las jornadas fueron en su mayoría pacíficas aunque los cortes de ruta y los destrozos dieron paso a una feroz represión que, según la Defensoría del Pueblo, dejó un saldo de 60 civiles y dos uniformados muertos, mientras que organizaciones de derechos humanos elevan la cifra a más de 70 víctimas. 

A pesar de que la suba de impuestos fue el detonante, miles de ciudadanos continuaron marchando por distintos departamentos de Colombia con el objetivo de tumbar la reforma de la salud, exigir una reforma policial y repudiar los asesinatos de líderes sociales y excombatientes. Las calles se silenciaron, pero ahora los jóvenes colombianos denuncian una "cacería de brujas" que continúa tras la detención de más de dos mil manifestantes, de acuerdo a organizaciones como Indepaz.

Las cifras del Paro Nacional

La ONG Indepaz presentó recientemente un balance sobre lo ocurrido durante el Paro Nacional. La organización registró 2005 detenciones arbitrarias y 79 asesinatos, de los cuales 44 fueron atribuidos a miembros de la fuerza pública. Por su parte, la oficina de la ONU registró entre el 28 de abril y el 16 de junio denuncias de 56 muertes, incluidos dos agentes de policía, durante las protestas en la ciudad de Cali y 49 víctimas de violencia sexual. Las cifras oficiales son mucho más bajas y muestran 24 asesinatos durante los dos meses de protestas.

El ministerio de Defensa habló de "259 capturas de criminales y delincuentes de la primera línea", una facción de manifestantes encargada de repeler los ataques de la policía. El gobierno de Duque hizo lo posible por reducir a los cientos de miles de manifestantes a la llamada primera línea, cuyos supuestos líderes, cuatro hombres y tres mujeres, fueron detenidos luego de ser imputados por "concierto para delinquir, tenencia y tráfico de sustancias peligrosas, y violencia contra servidor público".

"La Fiscalía nos presenta como un grupo radical organizado que es peligroso para la sociedad y que tiene un odio irracional hacia la policía", dijo a la agencia AFP la estudiante de derecho Juliana Higuera. Por ser madre soltera de Salomé, de cinco años, le otorgaron la prisión domiciliaria, pero cinco de sus amigos siguen tras las rejas.

"El caso se parece a la película argentina 'La noche de los lápices'", denuncia el concejal de centroizquierda Diego Cancino, quien evidentemente se enteró por medios audiovisuales de ese oscuro capítulo de la dictadura iniciada en 1976 en Argentina. "Pasa la persecución de la protesta y, tiempo después, cuando la cosa está más calmada, cuando los ánimos están más apaciguados, ¡pum! Viene la andanada de la persecución judicial", explica el paralelismo Cancino.

El auge de los "testigos digitales"

Más allá de los detenidos de la primera línea, un elemento que distinguió a las masivas protestas de este año en Colombia ha sido la posibilidad de registrar diferentes vulneraciones a los derechos humanos en vivo y en directo. Así pasó, por ejemplo, el jueves seis de mayo, cuando los celulares de distintos manifestantes evidenciaron cómo un camión de la policía en la ciudad de Cali transportaba agentes vestidos de civil que los atacaron con armas de fuego.

También se viralizó el caso de Nicolás Guerrero, un joven artista de 22 años que vivía en Cali. Según testigos que lo acompañaban el pasado dos de mayo, Guerrero recibió un disparo por parte de agentes policiales mientras se encontraba en un "velatón" cerca del municipio de Calima en honor a los fallecidos en el Paro Nacional. Miles de personas vieron cómo Guerrero fue asesinado en medio de la transmisión de Instagram de un DJ local.

Otro rostro icónico de esa violencia televisada ha sido el de Lucas Villa, estudiante de la Universidad Tecnológica de Pereira. Durante todo el cinco de mayo estuvo participando de las marchas pacíficas en la ciudad de Pereira, y a través de videos compartidos por Twitter y Facebook varios usuarios resaltaron su alegría. Por la noche, a Lucas y a algunos de sus compañeros se les acercó por sorpresa un vehículo gris del que surgieron por lo menos siete disparosVilla recibió dos impactos de bala: uno en la cabeza y otro en su pierna derecha. Tras ser diagnosticado con muerte cerebral, falleció en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Jorge de Pereira.

Reformar el Esmad, la tarea pendiente

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, sostuvo en un comunicado que debe debatirse de forma urgente "si el entrenamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y de otras fuerzas policiales destinadas a reprimir manifestaciones ha sido permisivo con procedimientos que conllevan el riesgo de daño a manifestantes". Posso agregó en ese sentido que "centenares de heridos y muchas decenas de muertos por la brutalidad policial no pueden considerarse hechos aislados de responsabilidad individual ni ajenos a la responsabilidad de los mandos que están al frente de las operaciones".

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló recientemente la conexión entre el abuso de la fuerza contra la protesta social y las políticas y orientaciones que ubican a los manifestantes como "terroristas que deben ser tratados con tácticas de guerra", e incluso como cómplices de grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC. Para Posso, en el gobierno de Duque "no caben las recomendaciones de la CIDH sobre desmilitarización de la policía", por lo que llamó a "desterrar toda política y discurso que lleva a tratar la protesta como ataque a las instituciones, a la seguridad nacional o como riesgo de infiltración de criminales".

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Tres personas completan una semana en huelga de hambre en protesta por construcción de una cárcel en Riohacha

Defensores de derechos humanos aseguran que las autoridades no se han acercado a hablar con los huelguistas. Señalan que la salud de estas personas se ha deteriorado considerablemente

Este 28 de diciembre dos mujeres y un adulto mayor completaron 192 horas encadenados y en huelga de hambre en Riohacha (Guajira) para exigir que se les respeten sus derechos. Las personas hacen parte de la comunidad indígena Wayuu que habita en el caserío La Ceibita Macedonia, en la capital guajira, y denuncian que donde habitan se construirá una cárcel, por lo que están siendo desplazados de sus territorios ancestrales.

“Esta manifestación legítima procede, luego de agotar todas las instancias administrativas y judiciales de reclamación y reivindicación de derecho, conllevando a que las mujeres y ancianos de la comunidad se declaren en huelga de hambre para que puedan ser escuchados y sus derechos invocados sean respetados”, afirmaron los indígenas afectados en un comunicado.

Los indígenas empezaron a protestar desde el pasado 20 de diciembre. Ese día toda la comunidad participó de una marcha pacífica en la que recorrieron algunas calles de Riohacha y finalizaron con la instalación de la huelga de hambre.

Ahora, ocho días después, defensores de derechos humanos aseguran que las autoridades no se han acercado a hablar con los huelguistas. Señalan que la salud de estas personas se ha deteriorado considerablemente, pero aún así ni siquiera las autoridades de salud han llegado a verificar el estado de las mujeres y el anciano.

“La salud de los manifestantes se ha venido deteriorando con el paso de las horas y ni la alcaldía, ni el Ministerio del Interior se han pronunciado, ni acercado a dialogar con ellos”, aseguró José Silva Duarte, líder de la ONG Nación Wayuu.

La situación preocupa a los movimientos en pro de los derechos humanos y a los mismos miembros de la comunidad, pues dicen que los huelguistas están “dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”. Antes de encadenarse, ellos habrían asegurado que están dispuestos a sacrificarse con tal de que no les sean vulnerados sus derechos. Señalan que están en juego sus derechos a la vida, al medioambiente, al territorio, a la autonomía territorial y a la libre determinación de los pueblos indígenas, así como al consentimiento previo, libre e informado.

“Es pertinente indicar que las mujeres y ancianos que en nombre y representación de su comunidad indígena deciden declararse en huelga de hambre, están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias y si es posible, ofrendar sus vidas por el respeto y reivindicación de sus derechos”, indicó la comunidad indigena.

Los afectados argumentan que si están dispuestos a sacrificarse es porque ya agotaron todas las vías para entablar un diálogo con las autoridades.

La nueva cárcel de Riohacha, que tendrá una inversión de $ $181.957.017.859, será de mediana seguridad y tendrá pabellones especiales con enfoque diferencial para albergar indígenas y mujeres. En total tendrá capacidad para cerca de 1.500 personas privadas de la libertad, lo que ayuda a solventar la crisis de hacinamiento carcelario que atraviesa el país, pero el problema es el espacio donde se construirá.

Los indígenas le han propuesto a las autoridades hacer una consulta previa, pero la cartera gubernamental determinó que en este caso no procede la acción. Esto fue anunciado desde octubre, después de haber realizado una inspección de la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta.

Se espera que se pueda llegar a un nuevo acuerdo que beneficie a ambas partes. De lo contrario, en caso de que la huelga termine con la muerte de alguno de los implicados, la comunidad advierte que esto sería responsabilidad del estado colombiano. En particular señalaron a MinInterior, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Gobernación de la Guajira y la Alcaldía Distrital de Riohacha y la Personería Distrital de Riohacha.

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