Un hombre sujeta la bandera de Colombia en medio de los disturbios en el Paro Nacional (abril 2021). Oxi.Ap

Entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización, a pesar de la pandemia y de la violencia policial

 

Desde el 21 de noviembre de 2019, se inició una revuelta generalizada en Colombia que ha desbordado el llamado a la movilización hecha por el Comité Nacional de Paro, CNP, integrado por 26 diferentes sectores gremiales, sindicales y sociales entre los que se cuenta salud, transporte, diversas centrales sindicalistas, organizaciones indígenas y afro, agrarias, estudiantiles, universidades, de mujeres y movimientos feministas y LGBTI, entre otros, y por más de 60 representantes de esos sectores. Para ese momento se concertó, con distintos sectores de la sociedad civil, un pliego de negociación que precedió al llamado de Paro Nacional 21 N y que cuenta con 104 puntos presentados ante el gobierno nacional. En los meses que sucedieron a esas primeras manifestaciones, el gobierno colombiano estableció unas mesas de diálogo infructuosas por sus propias maniobras de dilación, que han sido la constante en su manera de afrontar la crisis. 

La represión fue cruenta y dejó muertos, personas detenidas y torturadas, personas con mutilaciones oculares, mujeres víctimas de violencia sexual e intentos de desaparición. En marzo de 2020, sobrevino el estricto confinamiento a raíz de la pandemia, por lo que las grandes movilizaciones empezaron enfriarse. Sin embargo, las muy difíciles condiciones de subsistencia de millones de personas durante el confinamiento activaron movilizaciones en distintos lugares del país y, en particular, en las ciudades. Así, se dio el llamado “movimiento de los trapos rojos”, consistente en que las personas que estaban pasando hambre colgaban un trapo rojo visible desde el exterior de su vivienda para llamar la atención sobre su situación. Por eso, a pesar del riesgo de contagio, por ejemplo en Bogotá, la gente convocó a ollas comunitarias en distintas localidades. 

Este estallido social tiene razones claras de fondo, tales como el incumplimiento de los acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP, las masacres cometidas durante su puesta en marcha –según Indepaz, sólo entre 2020 y 2021 se presentaron 132 masacres, es decir el asesinato intencionado de 3 o más personas en un mismo hecho; en Bogotá, en una sola noche de protestas frente al abuso policial, se registraron 14 muertes a manos de ese cuerpo estatal–; el asesinato de más 900 líderes y lideresas sociales desde 2016, 838 feminicidios entre 2020 y 2021, además de incumplimientos por parte del gobierno nacional de acuerdos logrados después de los recientes paros en el puerto de Buenaventura, uno de los principales de la cuenca global del Pacífico y en las movilizaciones estudiantiles por la reforma a la educación. 

Todo esto y mucho más se sumó a las retrógradas reformas fiscal y a la salud propuestas por el gobierno, a los casos de corrupción, de narcopolítica que involucra a altos funcionarios del gobierno y al derroche presupuestal por parte del gobierno nacional y de muchos gobiernos regionales, principalmente en la compra de helicópteros, camionetas, armamento y hasta biblias para dotación de la policía.

En la actualidad, están en ciernes varias reformas del mismo corte como la reforma laboral, la reforma pensional, la reforma a la Procuraduría General de la Nación, que va en contravía de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que busca garantizar el equilibrio de poderes, sin el que es imposible hablar de democracia.

Ad portas de las elecciones presidenciales, que se celebrarán en mayo de 2022,  la ciudadanía expresa una bajísima confianza en la transparencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del Consejo Nacional Electoral.  Al mismo tiempo, con claros fines electorales, ha sido desplegada una retórica generacional de exaltación a la juventud, usada tanto por la derecha como por candidatos de la oposición, una narrativa desmemoriada y ahistórica que pretende mostrar estas movilizaciones como revueltas juveniles, lo que desconoce el largo camino de las luchas sociales de ya más de cinco siglos, al tiempo que echa leña al fuego para que las y los jóvenes se enfrenten en las barricadas contra fuerzas letales policiales y paramilitares, con saldos lamentables de asesinatos marcados, como muestra un informe de CODHES, por una política racista estructural. Por otra parte, La violencia sexual que adereza estos momentos de movilización, en su gran mayoría crímenes cometidos por fuerzas policiales y ESMAD, da cuenta de una política estructural misógina, homofóbica, lesbofóbica y transfóbica herencia colonial sostenida por el Estado durante siglos. 

En medio de las movilizaciones, se presentó en el Senado una moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, que no salió adelante porque fue rechazada por 69 congresistas del ala de derecha. Molano había autorizado un bombardeo en 2020, que dejó un saldo de más de diez niños muertos. Antes, había asegurado que esos “niños eran máquinas de guerra”. La realidad es que se trataba de niñas y niños víctimas de reclutamiento forzado por parte las disidencias de las FARC. Paradójicamente, el ministro Molano estuvo antes al frente del Instituto de Bienestar Familiar, institución encargada de las políticas de niñez y adolescencia en el país.  Hay que recordar su antecesor en el cargo, el ministro Botero, también autorizó un bombardeo sobre una zona dominada por las disidencias de las FARC, a sabiendas de que allí había niñas y niños: el saldo, 18 niños asesinados.

Por todo lo anterior, la reciente convocatoria de paro nacional por parte del CNP, para el 28 de abril de 2021 (28A), se vio una vez más desbordada.  A estas alturas, Colombia lleva más de 45 días de movilizaciones ininterrumpidas, a pesar de la aterradora represión y de la crisis de un sistema de salud colapsado en las principales ciudades, entre ellas Bogotá, que se vive por la pandemia, por el pico de contagios ya pronosticado para abril y mayo para toda la región y por los problemas estructurales del sistema de salud que arrastra el país.

Manifestaciones pacíficas

Las manifestaciones que estamos viviendo han sido masivamente pacíficas. En algunas ocasiones han acudido a vías de hecho como el corte de rutas, una acción legal no violenta comprendida dentro del derecho a la protesta, pero también ha habido algunas barricadas apostadas en ciudades como Cali, Bogotá, Pereira, Popayán y Pasto. Al mismo tiempo, se han presentado hechos de afectación a la infraestructura pública y privada, por parte de agentes que, según se puede ver en muchos videos que circulan ampliamente por redes sociales, al parecer son ocasionados por infiltrados en connivencia con las fuerzas policiales cuando no por policías vestidos de civil. Sin duda, la anomia que vivimos también da pie a que algunas personas o grupos de delincuencia común cometan algunos desmanes, pero esta, cabe aclarar, no es la nota predominante en este panorama de represión y comisión de crímenes de estado. 

El presidente y varios funcionarios sostienen que detrás de esos actos estarían grupos armados al margen de la ley, pero hasta el momento no hay ninguna investigación clara que confirme esa hipótesis. Desde allí, se ha establecido la narrativa de que quienes protestan son vándalos, representación que ha sido contrarrestada con sarcasmo e información por las personas que permanecen movilizadas desde las redes sociales. Según medios de tendencia no muy independiente frente al gobierno, como W Radio y El Espectador, entre el 70% y el 75% de la ciudadanía apoya la continuidad de la movilización social.

Por si no fuera suficiente, hemos visto cómo, principalmente en Cali y en Pereira, hombres de civil, acompañados por la policía, han arremetido contra manifestantes haciendo uso de armas de fuego de largo alcance o de, aparentemente, armas “no letales” que, al ser usadas contra personas, pueden resultar letales. Estamos presenciado una paramilitarización del conflicto social sin precedentes, pues imágenes de la connivencia entre fuerzas armadas estatales y civiles armados están siendo grabadas y transmitidas en vivo. El trabajo de la ciudadanía documentando, mediante videos y audios, lo que está sucediendo, no solo ayuda a romper el cerco mediático impuesto por unos medios de comunicación en su mayoría amañados por intereses gubernamentales o particulares, sino que saca a la luz cómo ha sido el accionar paramilitar en nuestro país, durante décadas. 

Para la coyuntura iniciada el 28 de abril, el CNP presentó ante el gobierno, dadas las condiciones de salud pública y políticas que vive el país, un pliego de emergencia con 6 puntos, documento que no elimina el anterior de 104 puntos, cuyas demandas siguen vigentes. Por otra parte, ante la respuesta del gobierno nacional, claramente represiva y desmedida en el uso de la fuerza, el CNP presentó, el 16 de mayo, otro pliego de garantías para poder instalar las mesas de negociación. Este fue ampliamente discutido con representantes y asesores del gobierno y se llegó a un preacuerdo que fue después rechazado casi en su totalidad por el gobierno nacional.

Mesas de diálogo

Dado que no existen garantías, ni el gobierno nacional ni el CNP consideran viable instalar mesas de diálogo sobre los puntos estructurales que han conducido a este estallido social. El gobierno exige que no haya cortes de ruta mientras el CNP pide garantías mínimas para ejercer el derecho a la protesta. El CNP, después de la dilación en las negociaciones, propone una pausa en las manifestaciones, sin olvidar que el 20 de junio de este año se cumplen dos años de presentación del pliego de negociación de 104 puntos. El CNP además propone una campaña pedagógica y de comunicación en 38 regionales del CNP, que propenda por la unidad con sectores que hasta ahora no se han sentido representados en este cuerpo social. 

El paro nacional y el estallido social continúan en medio de un escalamiento de la represión y de una degradación del conflicto, provocada por la anomia impuesta por el gobierno por vías de la militarización del país y en una clara apuesta por desestabilizar aún más la ya débil democracia institucional colombiana. Por ejemplo, el Decreto 575 del 28 de mayo de 2021, ya recurrido por inconstitucionalidad, impone un estado de excepción de hecho, lo que, en términos prácticos, representa una ruptura del equilibrio de poderes necesarios para una democracia. 

A estas alturas, hay una controversia por las cifras que arrojan los más de 45 días de paro: según la ONG Temblores, hasta el 8 de junio se han presentado 3.789 casos de violencia policial, 1.248 casos de violencia policial física, 45 casos de homicidio y 28 en estado de verificación, 187 casos de disparos de armas de fuego por parte de la policía,  25 casos violencia sexual por parte de fuerzas policiales, incluidos dentro de los más de 106 reportes de violencia de género contra personas LGBTI y mujeres a manos de la policía, según cifras de la Defensoría del Pueblo; 1.649 detenciones arbitrarias, amenazas, allanamientos ilegales, 65 victimas de mutilaciones oculares, que hemos visto como un accionar sistemático de fuerzas represivas en todo el mundo, y cientos de desapariciones, cifra que fluctúa a medida que se resuelven como homicidios o detenciones arbitrarias. Como es de esperar, el gobierno muestra cifras muy inferiores a las que varias ONG han logrado consolidar.

Además de todo lo anterior, se han presentado ataques por parte de la fuerza pública a las misiones médicas, campañas de desprestigio contra la protesta, el CNP y políticos de la oposición por parte del gobierno, así como gasto en propaganda gubernamental, como el sonado caso de la auto entrevista en inglés, pagada por la presidencia de Iván Duque.

Por otra parte, la postura de la alcaldesa de Bogotá, el segundo cargo político más importante del país, de quien se esperaba un gobierno liberal moderado, ha sido contraria a las garantías del derecho a la protesta. En varias ocasiones, ha estigmatizado públicamente las manifestaciones, un talante que se le ha visto también con declaraciones xenófobas, en particular contra venezolanas y venezolanos. Se esperaba de ella un contrapeso a las necropolíticas del gobierno nacional.

Por estos días, luego de la dilación y reticencia por parte del gobierno nacional, se llevó a cabo la visita de la CIDH, precedida por una serie de denuncias por parte de ONG y redes como Human Rights Watch, Temblores, Indepaz, Sisma Mujer y Campaña por la Libertad: un asunto de todas, entre otras. Estas denuncias muestran el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía y la militarización escalonada como respuesta a las manifestaciones.

Además de la caída o aplazamiento de las reformas fiscal y de la salud logradas durante los primeros días de movilización, el gobierno, en el marco de la visita de la CIDH solicitada con urgencia por miles de ciudadanos,  anunció una reforma de la policía, cuya única medida conocida es el cambio de color del uniforme de estas fuerzas. Sin embargo, poco o nada se ha dicho sobre tres puntos fundamentales: doctrina, adscripción de la policía al sector defensa y asignación de la jurisdicción penal militar de los casos de abuso sistemático por parte de policías y ESMAD. 

La protesta que transcurre en Colombia ha tenido diversas formas de participación que dan cuenta del talante de la ciudadanía y de la necesidad de resistir la represión estatal: primeras líneas jurídicas, informáticas, de madres, ollas comunitarias, iniciativa musical “el paro suena” y miles de corte artístico y cultural, aulas abiertas, universidad al barrio, clase a la calle, preicfes popular, juicio simbólico y derribamiento de monumentos de colonizadores europeos, hallados culpables de genocidio y violación, y retirada colectiva de estos monumentos que busca la sanación espiritual del territorio por parte de la Minga indígena y el pueblo Misak, acciones en algunos casos acompañadas por algunas organizaciones de mujeres.

Durante el estallido social y el paro podemos ver cómo continúa la integración de agendas políticas y sociales de diversos sectores, así como el liderazgo de la Minga indígena, de las organizaciones afro del Cauca, Valle del Cauca y del país, de organizaciones feministas y de mujeres, ambientalistas, LGBTI y de trabajadoras y trabajadores que buscan “cambiarlo todo” para poder vivir, no sólo una paz negativa, sino una paz con justicia social en Colombia.

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Por Camila Esguerra Muelle, investigadora GIEG, Universidad Nacional de Colombia.

 21/06/2021

Publicado enColombia
Policías colomianos detienen a un manifestante a la fuerza este viernes en Cali.

El informe  de la delegación constató las violaciones a los derechos humanos

“Es la decisión política que toma el gobierno colombiano frente a la protesta social que implica el paro”, explica Pablo Garciarena, abogado integrante de la delegación que viajó a Colombia.

 

Colombia llega al día número 40 del Paro Nacional y la represión a las protestas populares va en aumento. Esta semana la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos presentó un informe preliminar que revela las prácticas represivas empleadas por el gobierno de Iván Duque semejantes a la de un estado terrorista. En la última jornada dos personas murieron en la ciudad de Cali cuando la policía y el ESMAD se desplegaron para levantar los bloqueos, algo que el mandatario Iván Duque reclama a diario. La delegación humanitaria argentina viajó a Colombia entre el 25 de mayo y el tres de junio. El informe trae voces que el gobierno de Duque insiste en ignorar mientras despliega cada vez más militares y el diálogo parece estancarse. 

Durante una semana los integrantes de la delegación recorrieron las ciudades de Cali, Medellín, Pereira, Siloe, Yumbo, Timbío, Popayán, Santander de Quilichao y Bogotá. “La voz de víctimas y/o familiares, de organizaciones y organismos de las distintas regiones de Colombia ha sido la fuente principal de nuestro informe”, explican en el documento preliminar. Integraron la delegación miembros de organismos de derechos humanos como SERPAJ, Correpi, y Xumec, y organizaciones gremiales y populares. La misión contactó a la Procuraduría y la Defensoría de Colombia para expresarle su preocupación, pero no fue recibida.

La consigna Parar para avanzar reflejó la necesidad de la ciudadanía colombiana de levantar la voz en contra de las medidas antipopulares del gobierno de Iván Duque. La respuesta del mandatario fue reprimir mientras cada vez más personas se unían al grito de disconformidad. “Los jóvenes no quieren morir por no tener acceso a un sistema de salud, a una vivienda digna, a tierra para producir”, expresa Martín Ferrari del Frente Popular Darío Santillán, integrante de la delegación humanitaria que viajó a Colombia.

El informe preliminar hace hincapié en el criterio “abusivo y arbitrario” para realizar las detenciones. "El trato cruel dispensado a los detenidos que incluye tormentos, el particular abuso con connotaciones sexuales sobre las mujeres y disidencias sexuales retenidas, constituyen especiales y repudiables violaciones no sólo a los derechos sino primordialmente a la condición humana”, detalla el texto.

 En este sentido, el caso de Alison Salazar revela, por un lado, la importante participación de mujeres en las protestas, y de las jóvenes en la primera línea, y por otro lado, el abuso al que son sometidas por manifestarse, dice elinforme. “Me manosearon hasta el alma”, fue el último mensaje de Salazar antes de suicidarse, luego de haber sido abusada en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), una dependencia policial. 

El informe de la delegación argentina revela el funcionamiento de los Centros de Atención Inmediata (CAI) y las URI en el contexto del estallido social. “Lejos de cumplir con las disposiciones y reglamentos para los que han sido formalmente diseñados, fungen como cárceles improvisadas en dónde el hacinamiento, la corrupción y el trato deshumanizado constituyen denominadores comunes”, explica  el documento preliminar

Los territorios recorridos por la delegación y los testimonios de las víctimas de abuso policial ofrecen una perspectiva que no tiene lugar en el discurso del gobierno de Iván Duque. En el departamento del Cauca: 146 heridos, nueve desaparecidos, tres homicidios, y una desaparición forzada y posterior homicidio del líder campesino Cristian Torres. En Bogotá: 96 heridos, seis homicidios. En Pereira: 103 personas heridas, cinco muertos, 95 detenciones arbitrarias. En Cali: 93 personas desaparecidas, 46 personas asesinadas en el marco de la movilización, 240 detenciones, 149 personas heridas por armas de fuego.  En esta ciudad, la delegación reveló la connivencia empresarial con la estructura represiva. “Llegando las fuerzas de seguridad a utilizar instalaciones comerciales como centros de detención y tortura”. El informe también constata casos de violencia de género y violencia sexual los departamentos visitados.

La llegada de la delegación de derechos humanos abrió un espacio para que la ciudadanía pudiera denunciar los abusos sufridos en el contexto de paro nacional. “Son denuncias que no pueden hacer en la Fiscalía o en la Procuraduría. La gente tiene miedo”, explica Ferrari, que recuerda el caso de la líder indígena Daniela Soto, que fue herida en un ataque armado en Cali. “Daniela cuando llega al hospital, cae la policía y la fiscalía al hospital, si no era por sus compañeras del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca) que la estaban cuidando, no se sabe qué hubiese pasado”, relata Ferrari a este diario. En este sentido, el texto preliminar apunta al rol actual de las instituciones colombianas: “Los casos de re victimización son notorios: suele investigarse y criminalizarse a la víctima antes que a su atacante. Personal de Fiscalías concurre a los hospitales no para poner en conocimiento de los derechos que corresponde a la víctima sino para judicializarla (criminalizarla) en función de los incidentes en dónde resultó lesionada”.

De regreso en Argentina, Ferrari cuenta que no dejan de llegarle denuncias de personas que han sufrido algún tipo de abuso por parte de las fuerzas de seguridad en Colombia. “Hay un descredito total de toda la institucionalidad, en Popayán hay 25 quejas de causas que abrió la gente en relación a las fuerzas públicas, particularmente el ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios). El Defensor del Pueblo las giró a la fiscalía y a la procuraduría y todavía no hay respuesta. Es un círculo de descrédito", agrega.

El abogado Pablo Garciarena también apuntó a la criminalización que ejerce el Estado colombiano sobre la protesta. “Son prácticas propias de un estado terrorista. Lo vimos en la Argentina de 1976 donde las víctimas del actuar represivo luego eran judicializadas por las autoridades y terminaban imputados por delitos como terrorismo, sedición. En Bolivia pasó lo mismo. Son falsos positivos judiciales: personas víctimas de violencia estatal a las que o no se les toma la denuncia o en muchos casos terminan judicializadas. Es una práctica que hemos podido ver en las experiencias de los estados latinoamericanos”, resume Garciarena.

En este contexto, el informe preliminar de la Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos, devela una crisis humanitaria que el gobierno coolombiano ha intentado esconder con las demoras y la negativa hacia la visita de las delegaciones de derechos humanos a quienes quiso mantener alejadas ofreciendo, a cambio, datos oficiales. “Un elemento clave es que la defensoría del pueblo y el Ministerio Público no reciben denuncias de víctimas de violencia estatal, los números oficiales de la procuraduría y la defensoría son números muy por debajo de los constatados por las plataformas de derechos humanos”, explica Garciarena.

Por Dominique Galeano

05 de junio de 2021

Publicado enColombia
Viernes, 28 Mayo 2021 06:22

La caída

La caída

En los últimos días se ha recordado escena de la película “La caída” o “Der Untergang” por su título original. Y aunque ha sido utilizada desde las marchas de estudiantes universitarios en el 2011, hoy vuelve a tomar vuelo y mayor significado gracias a la parodia de “Juanpis González”, que recrea el momento en que el Führer es informado por sus lugartenientes que ha sido derrotado, entrando en cólera absoluta.

De la producción cinematográfica en mención, también se recuerda un fragmento desgarrador. En medio del feroz bombardeo en Berlín, Hitler decide salir de su bunker para “condecorar” por su “nacionalismo” a niños que eran utilizados como carne de cañón en medio de la confrontación militar. En el film que retrata el hundimiento del tercer Reich, el líder se aferra al poder y la violencia hasta las últimas consecuencias.

En Colombia más allá de la parodia y la ficción, podemos estar asistiendo a la caída del uribismo, proyecto político que empezó su hegemonía hace dos décadas con la “seguridad democrática”. En el 2002, Álvaro Uribe Vélez arrasó en primera vuelta obteniendo el 54,35 % del total de la votación. Fueron entonces 5.862.655 de colombianos que votaron por la promesa de derrotar aquel “enemigo común”, el terrorismo que amenazaba las instituciones democráticamente constituidas.

Este proyecto que contó con la asistencia militar norteamericana, la unanimidad del bloque del poder nacional, mayorías en el empresariado, las fuerzas militares, medios de comunicación, iglesias, el Congreso de la República, entes de control y las altas cortes, lo llevó a modificar la Constitución Política de Colombia, para poder presentarse a una segunda elección. En el 2006, obtuvo el 62.52 % del total de los votos, en esa ocasión fueron 7.397.835 colombianos los que reeligieron la promesa de encontrar solución a los problemas de la nación por la vía militar.

Sin duda alguna fue un octenio que dejó una estela de terror. La criminalización de la protesta social, agudización de la represión y violaciones de los Derechos Humanos, fueron una constante. Durante ese periodo, Colombia se constituyó en uno de los países más peligrosos para ejercer el sindicalismo, de acuerdo a los informes anuales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Por su parte, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha informado que entre el periodo 2002 – 2008, “por lo menos 6.402 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente (asesinadas) para ser presentadas como guerrilleros dados de baja en combate, en todo el territorio nacional", en lo que se ha conocido con el eufemismo de “falsos positivos”.

Este proyecto político que contó en el pasado con el favor de la población, se encuentra en pleno hundimiento. De acuerdo a la encuesta de Ivamer Poll publicada el lunes 24 de mayo del 2021, la desfavorabilidad de Álvaro Uribe Vélez es del 73%. La debacle se expresa en medios gobiernistas norteamericanos como CNN, cuando uno de sus periodistas lo confronta: “muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por su retórica”, refiriéndose a un trino que fue eliminado por Twitter en que alentaba a la fuerza pública a disparar en contra de los manifestantes del Paro Nacional, provocando la ira de Uribe. Días después, en este mismo canal, el presidente Duque fue impugnado como “títere de Uribe”.

En la actualidad el bloque de poder nacional que se encuentra fragmentado, cada vez toma más distancia de Uribe. Buscando en el centro político, si es que existe en la nueva realidad colombiana, las posibilidades de enviar un mensaje de cambio a la sociedad, pero en el cual el statu quo se conserve. En las fuerzas militares se comienzan a expresa algunas fisuras. En este contexto, el Director General de la Armada, el contralmirante Juan Francisco Herrera, sale por diferencias con el presidente Duque en relación a la protección del terminal portuario en Buenaventura. Es evidente que se pretendía profundizar el caos. El gabinete hace agua. El Alto Comisionado para La Paz Miguel Ceballos sale expresando diferencias con la intromisión de Uribe en las funciones propias de su cargo.

En medio de la caída, la reducida facción del uribismo se aferra desesperadamente al poder y la violencia. Pretenden establecer un estado de miedo y caos en las ciudades, estimulando la confrontación armada en lo urbano, y para eso necesitan una guerra urbana y mucha publicidad. El propósito es aparecer nuevamente como salvadores con el candidato del que diga Uribe. Hoy, el bloque de poder busca afanosamente su candidatura en el centro desmarcándose de Uribe, para competirle a Petro. Lo cierto es que Uribe no se encuentra en el centro de la ecuación como hace 20 años.

Cali-Valle del Cauca. Epicentro de la Resistencia. 24 de mayo de 2021

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A propósito de las protestas sociales en Colombia. Autoorganización y acción colectiva

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro, por colocar dos referencias que no son las únicas. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. La historia marca un derrotero por vida digna y democracia real que es necesario asumir como reto por lograr entre todas y todos.

 

Soprendente. Por varios días la noticia en el mundo dejó de ser la pandemia o los temas y problemas relacionados con las vacunas. Por la violencia estatal desatada, el tema alcanzó a ser el de las protestas en Colombia, con un número, hasta la fecha, de varias decenas de muertos, varias centenas de desaparecidos, numerosos casos de violaciones y la violencia sin límites del paramilitarismo aunado a las fuerzas de seguridad oficiales. La comunidad internacional está tan escandalizada como la propia sociedad civil en el país. Literalmente, el famoso episodio de “La noche de los lápices” –el dramático episodio que tuvo lugar durante la última dictadura argentina en la noche del 16 de septiembre de 1976 y sobre el cuál Héctor Olivera dirige la extraordinaria y escandalosa película con el mismo nombre–; pues bien, lo acontecido en Colombia es infinitamente peor que lo vivido con la dictadura, en Argentina.

La historia es una ciencia políticamente incorrecta. Pues bien, digámoslo sin ambages: de todas las élites de América Latina, de lejos, la más sanguinaria, la más violenta y asesina ha sido la colombiana, ya desde el siglo XIX hasta el presente*. Incluso sin haber vivido dictaduras a la manera de Chile, Brasil, Uruguay o Argentina, por ejemplo; incluso a pesar de no haber vivido las guerras de Guatemala y El Salvador; y además, asimismo de las masacres perpetradas en el Zócalo de México en 1968, no hay absolutamente ninguna élite nacional que haya sido tan violenta como la colombiana. Veamos.


Colombia: una olla de presión

La crisis emerge a raíz de la propuesta de una nefasta Reforma Tributaria por parte de Iván Duque. Digamos entonces: a fin de entender las protestas, la acción colectiva y todas sus derivaciones desde levantamientos hasta revoluciones, no son inicialmente las ideas las que mueven a los pueblos y a la historia: es el hambre, el sufrimiento, las penurias y las necesidades el motor de la protesta social en toda la línea de la palabra. Ayer, en la Colonia y los levantamientos de Los Comuneros, y hoy con ese engendro que es la Dian. (Entre paréntesis, con acierto, los movimientos sociales y políticos han puesto como causante de la crisis al grupo Aval, pero hace falta incluir a la Dian: una institución más que cuestionable en la historia reciente del país).

La crisis ya se venía cocinando mucho antes de la pandemia. Los ritmos de la historia se tejen con sutileza a través de los tiempos y siempre en la vida cotidiana.

Lo verdaderamente significativo es que el motor de las protestas sociales son los jóvenes. Al fin y al cabo, Colombia es un país demográficamente joven. Pues bien, el significado del fenómeno es elemental: los jóvenes no ven futuro en las actuales condiciones políticas, sociales y económicas. Y ante la ausencia de futuro lo natural es levantarse para abrir espacios, para construirlo y echar abajo todas las condiciones que lo impiden.


Colombia es el único país en América Latina, a excepción de Chile como resultado de la dictadura de Pinochet, en el que el 70 por ciento de la educación –colegios y universidades– es privada. Y la universidad pública, a su vez, se ha privatizado sutilmente. No hay educación. Adicionalmente, el sistema de seguridad social, independientemente de que se pertenezca al régimen subsidiado o al régimen contributivo, es 100 por ciento privado. Ese fue el resultado de la Ley 100 promovida e implementada por Álvaro Uribe. La pandemia puso en evidencia no la crisis de un virus, ni tampoco la necesidad de las vacunas, sino la crisis estructural del sistema de seguridad social.

Adicionalmente, las oportunidades de trabajo disminuyen. Durante el casi año y media de pandemia la pobreza se acerca al 50 por ciento de la población: un escándalo social, pero un drama humano.

Y mientras tanto, las estructuras y las causas de la violencia no desaparecen y por el contrario se fortalecen. El asesinato selectivo de líderes sociales, de excombatientes de las Farc, de ambientalistas y líderes de Ongs, queda en la impunidad y aumenta con el tiempo. Ni el Estado, ni el gobierno hacen nada real al respecto. En una palabra, se trata de la matanza sistemática y estratégica de jóvenes. El diagnóstico de la crisis se puede y debe ampliar sin dificultad. Hasta que la olla de presión explotó.


La acción precede a la organización

Siempre, en la historia, es la acción la que antecede a la organización; nunca al revés. La organización emerge al calor de las acciones, las cuales son esencialmente espontáneas y autoorganizadas. Así las cosas, la primera enseñanza fundamental de las protestas en estos días es que la acción colectiva ni pidió permiso, ni fue el resultado de partidos políticos –por ejemplo, Colombia Humana o el Polo Democrático–, como tampoco de sindicatos (CGT, CTC y otros) u organizaciones estudiantiles (la Mesa Estudiantil). Estas formas de organización fueron desbordadas y, desde luego, lo mejor que pudieron hacer fue interpretar correctamente el momento y adaptarse a él. Es lo que ha acontecido recientemente.

Sin embargo, al mismo tiempo, como resultados de dinámicas autoorganizativas –esto es, literalmente, de abajo hacia arriba–, emergen medios alternativos de comunicación, canales alternativos de participación, en fin, asambleas populares en barrios, veredas, en el campo y en la ciudad como jamás había sucedido en mucho tiempo en la historia del país. Esta es una historia en proceso, y lo mejor de la misma habrá de venir en el futuro inmediato y a largo plazo.

Mientras tanto, es evidente el descrédito de la gran prensa; con nombre propio, Rcn, Caracol, Semana, El tiempo, El País, y otros más, nacionales o regionales. Las gentes ya han aprendido a desconfiar de los medios, canales y estructuras tradicionales del poder. El mayor temor de la Institutionalidad consiste justamente en esto: en que los pueblos y las sociedades aprendan, y entonces cambien sus formas de acción y sus estilos de vida.


La más importante lección de las protestas sociales actualmente

 

De lejos, el más importante aprendizaje de los procesos en marcha que deberán seguir siendo objeto, entre otros, de sociólogos y politólogos, de comunicadores y antropólogos, de psicólogos e historiadores, por ejemplo, es el hecho de que la gente ha perdido el miedo.

Tradicionalmente, el país estuvo manejado por tácticas y estrategias de miedo: miedo a las guerrillas, miedo a los comunistas, miedo a los sindicalistas, miedo a la pobreza, miedo al desempleo, miedo a la soledad y al desamor, incluso miedo al miedo, por ejemplo. Pues bien, el pueblo colombiano ha perdido el miedo, ya sabe que no tiene nada qué perder y sí todo por ganar. Nos encontramos, sin grandilocuencias, en una bisagra de la historia. Sólo que la historia de mide en densidades temporales que si bien anidan en la cotidianeidad la desbordan ampliamente.

Un pueblo que pierde el miedo sólo puede esperar la libertad. Ningún estudio al respecto es tan ilustrativo como la Ética de Spinoza; específicamente el tránsito del libro IV al Libro V. Un texto de obligada referencia para todos los amantes de la libertad. Spinoza, quien por libre fue recusado por católicos, judíos y protestantes a la vez. Hay que decir cosas muy importantes para ganarse odios semejantes. Spinoza jamás cedió, fue un espíritu libre, como muy pocos.


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La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro; ciertamente, no es el resultado de los desmanes del Esmad y toda la ideología fascista que los soporta; tampoco es el resultado del uribismo y las acciones, desde el Congreso, del Centro Democrático y los partidos de gobierno. Afirmar algo semejante es olvidar que la política como las economía, las finanzas como los asuntos militares. se manejan sistemática y estratégicamente. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. Así las cosas, lo que emerge ante la mirada sensible no es únicamente el cambio del Congreso en las elecciones del 2022 y el cambio de gobierno. El tema de fondo es un cambio en la historia. Pero la historia nace y se alimenta de la vida cotidiana. Esa que el sistema imperante siempre desconoció y negó. La historia es el ámbito macro de la vida cotidiana, que es, en realidad, el mundo de la vida; el único mundo existente y posible.

* Al respecto, basta con una mirada a la amplia bibliografía sobre la historia de América Latina, incluyendo los estudios de los “violentólogos”. Una referencia reciente al respecto es: González Ibarra, J. de D., Maldonado, C. E., La complejidad y su entorno. Experiencias de México y Colombia, Morelos: Ed. Colegio de Morelos, 2021.

 

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Publicado enEdición Nº279
Miércoles, 26 Mayo 2021 11:04

Paro con asiento territorial

Paro con asiento territorial

Dicen que cuando las fieras se sienten acorraladas responden atacando y no agachando la cerviz. Así les ocurre a quienes controlan el poder en una sociedad, acostumbrados a privilegios y a ser acatados sin mayores reparos, a controlar las riendas de la cotidianidad; cuando se enfrentan a todo lo contrario y sienten que los espacios se les cierran, atacan con dureza y sin reparar con precisión en sus consecuencias.

Esa es la reacción que hemos visto del gobierno Duque a lo largo de màs de dos semanas de alzamiento juvenil y popular: como fiera, ha salido a defender el poder instituido, a defender privilegios, a intimidar a quienes ya no aguantan más engaños ni más violencia oficial, a quienes se cansaron de ver esculcados sus bolsillos, a quienes las promesas oficiales ya no les generan expectativa alguna, a quienes sueñan con un presente y un futuro mejores.

Es la del Gobierno una reacción cargada de terror, síntesis del autoritarismo que desde décadas atrás marca al régimen colombiano y no solo al actual gobierno. Como resultado, la defensa de privilegios va dejando a su paso decenas de asesinados, heridos, desaparecidos, prisioneros, amenazados, violadas. Pero tal reacción es insuficiente para contener la decisiva acción de una nueva generación de connacioinales que no quieren vivir como lo padecieron quienes le antecedieron. Asombroso: exponiendo su humanidad, jóvenes de ambos sexos han enfrentado por semanas el demencial ataque de la guardia pretoriana del establecimiento, que con cada acción pretende atemorizarles por medio del despliegue de guerra química, operaciones de civiles armados incluso con fusiles, disparos de balas de goma, así como de municiones letales, como otra suma de recursos ‘convencionales’.

Un aguante dinámico de esta nueva generación se traduce temporalmente en varios triunfos: el primero, y de impacto sobre todos los hogares, la renuncia gubernamental al proyecto original de reforma tributaria, disfrazado con el eufemismo de Proyecto de Solidaridad Sostenible, seguido de la caída del jefe de la cartera de Hacienda. Tales conquistas se complementan con el parcial reconocimiento de matrícula cero, propósito aún pendiente de redondear, tanto en el tiempo como en el sentido profundo de educación gratuita, que debe ir asociada al carácter de universal, intemporal, así como al fortalecimiento del sistema público universitario y, por tanto, sin que se le asocie al pago por demanda, como se acostumbra en la política oficial para así financiar con dinero público el negocio de la universidad privada.

Tales triunfos se alcanzan en medio del fragor callejero, mediante la unidad juventud/sectores populares; triunfo que en otro escenario no logra la llamada oposición en el Congreso, que, por ejemplo, ha pretendido obligar a la renuncia de varios ministros por medio de debates y denuncias que desnudan el maridaje con la corrupción o con el despliegue desmedido de fuerza de la aviación militar contra escuelas guerrilleras donde instruyen a jóvenes recién reclutados.
Esos procederes y esos frutos debieran llamar la atención sobre qué y cómo hacer, y asimismo dónde concentrar la imaginación y los mejores esfuerzos colectivos a la hora de proceder con la demanda –que debiera ser construcción– de una sociedad otra.

Una forma renovada de construcción social y política se impone, entonces, y para que alcance la dimensión que merece es necesario escuchar y aprender de la generación que ahora invade las calles, dejando a un lado los ideologismos y la pretensión de dirigirlo todo, tan común en las organizaciones de marca roja.

El presente actuar juvenil ya tiene antecedentes, marcados por sus preocupaciones ante el constante deterioro ambiental (en contra de la minería, en pro del cuidado/recuperación de ríos y otras fuentes de agua; por la protección de bosques, selvas, páramos y similares), con énfasis en la igualdad de género, el respeto de las variadas opciones sexuales, las relaciones horizontales –no machistas ni patriarcales–, en las que se haga más, mucho más, se viva y se experimente, por encima de las discusiones eternas que son marca de la generación antecedente. Pero también con nuevos valores: respeto por la naturaleza como ser vivo y las otras especies que la habitan, todo ello como parte de una nueva y renovada agenda política. Un proceder en el que su desinterés por las formas de expresión electoral es persistente, como lo reiteran en encuestas recientes (ver las realizadas por el Dane sobre asuntos culturales, como la comentada en la presente edición, pág. 18).

En estas condiciones, contando además con su reiterada desconfianza frente a los gobiernos y sus materializaciones, como lo confirman las aludidas encuestas, la renovación de expectativas sociales y políticas es indispensable pero, además, factible –no cabe duda–, para lo cual debemos enrutarnos por los senderos que esa nueva generación marca, si de hacerles caso a la vida cotidiana y a la historia se trata.


Un indispensable llamado de atención extendido a la desconfianza por todo aquello que es estatal. Si es así, otro timbre para generar formas de sociedad, donde lo alternativo no se centre en lo ideológico y político formal, sino que, sin esperar que las soluciones vengan de aquellos que nos oprimen, se priorice la construcción de formas autogestionarias de educación, salud, seguridad y, en general, economía. Tal vez aquello de que otro mundo sí es posible –y con él otra democracia– pasa por vivencias cotidianas a través de las cuales se va horadando el verticalismo imperante en lo estatal y desde lo estatal.

Un nuevo trasegar que debe enfocar su mayor atención en la construcción y el control territoriales, para el caso de las ciudades los barrios, de manera que la gente se sienta realizando su modelo de vida, con formas particulares de gobierno en todos los niveles. Es un devenir en el que deben ser desplegadas nuevas formas de formación política, con énfasis en la comprensión de los cambios que en muchos ámbitos están en curso, con escuelas de formación permanentes donde también se recupere el interés por elaborar lo que usamos cada día, recuperando y valorando el trabajo artesanal, las artes y oficios; enfrentando el “úselo y bótelo”, como marca de rechazo a las actuales formas de consumo, relacionamiento y vida impuestas desde hace cuatro décadas y con las que, por demás, se potenció el individualismo –cada uno compra, cada uno consume, cada uno desecha. El aprender a hacer también propicia el trabajo y el consumo en equipo, así como nuevos modos de organización solidaria, cooperativas y mutuales pueden tomar forma a través de este proceder.

Un conjunto así de retos demanda para su abordaje mucha sensatez y poco triunfalismo. Es cierto que el neoliberalismo está cuestionado pero lejos aún de desaparecer. Hay que recordar que esa modalidad de capitalismo materializa una fase del capital que, por tanto, es un entramado global, por lo que no es posible que un solo país se desconecte y funcione en autarquía. Se trata de una fase que, además de lo económico –extractivismo en general–, se materializa en lo cultural, en toda la amplitud de la palabra.

La exigencia de mucha sensatez y poco triunfalismo se debe extender al gobierno, que vive una crisis pero que no está ante su derrota total, como tampoco lo está su mentor, cuestionado en amplios sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantiles pero todavía con margen de maniobra, mucho más si tomamos en consideración la reacción del empresariado crítico del gobierno, que, viendo en riesgo la continuidad de sus negocios producto del cierre de autopistas y otras vías, respondió de manera positiva al llamado de gremios para rodear al gobierno, “gústenos o no”. Ese empresariado, a la par de otros sectores sociales con intereses y privilegios grandes o pequeños por proteger, es proclive al modelo de fuerza que les ofrece el Centro Democrático.

Entonces, sin triunfalismos, el reto es llevar el paro y sus potenciales organizativos alternativos a la profundidad del ámbito territorial, para allí y desde allí consolidar lo conquistado y redondear lo que está aún por lograrse.

Tales retos y procederes demandan la participación de todos, hombres y mujeres de este país. ¡Bienvenidos y bienvenidas, de ser así, a una nueva etapa de construcción social, política; a una nueva etapa de relacionamiento con la naturaleza; de hacer real una democracia directa, radical, participativa, plebiscitaria. En suma: una nueva forma de construir país.

 

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Publicado enEdición Nº279
Miércoles, 26 Mayo 2021 10:53

Paro con asiento territorial

Paro con asiento territorial

Dicen que cuando las fieras se sienten acorraladas responden atacando y no agachando la cerviz. Así les ocurre a quienes controlan el poder en una sociedad, acostumbrados a privilegios y a ser acatados sin mayores reparos, a controlar las riendas de la cotidianidad; cuando se enfrentan a todo lo contrario y sienten que los espacios se les cierran, atacan con dureza y sin reparar con precisión en sus consecuencias.

Esa es la reacción que hemos visto del gobierno Duque a lo largo de màs de dos semanas de alzamiento juvenil y popular: como fiera, ha salido a defender el poder instituido, a defender privilegios, a intimidar a quienes ya no aguantan más engaños ni más violencia oficial, a quienes se cansaron de ver esculcados sus bolsillos, a quienes las promesas oficiales ya no les generan expectativa alguna, a quienes sueñan con un presente y un futuro mejores.

Es la del Gobierno una reacción cargada de terror, síntesis del autoritarismo que desde décadas atrás marca al régimen colombiano y no solo al actual gobierno. Como resultado, la defensa de privilegios va dejando a su paso decenas de asesinados, heridos, desaparecidos, prisioneros, amenazados, violadas. Pero tal reacción es insuficiente para contener la decisiva acción de una nueva generación de connacioinales que no quieren vivir como lo padecieron quienes le antecedieron. Asombroso: exponiendo su humanidad, jóvenes de ambos sexos han enfrentado por semanas el demencial ataque de la guardia pretoriana del establecimiento, que con cada acción pretende atemorizarles por medio del despliegue de guerra química, operaciones de civiles armados incluso con fusiles, disparos de balas de goma, así como de municiones letales, como otra suma de recursos ‘convencionales’.

Un aguante dinámico de esta nueva generación se traduce temporalmente en varios triunfos: el primero, y de impacto sobre todos los hogares, la renuncia gubernamental al proyecto original de reforma tributaria, disfrazado con el eufemismo de Proyecto de Solidaridad Sostenible, seguido de la caída del jefe de la cartera de Hacienda. Tales conquistas se complementan con el parcial reconocimiento de matrícula cero, propósito aún pendiente de redondear, tanto en el tiempo como en el sentido profundo de educación gratuita, que debe ir asociada al carácter de universal, intemporal, así como al fortalecimiento del sistema público universitario y, por tanto, sin que se le asocie al pago por demanda, como se acostumbra en la política oficial para así financiar con dinero público el negocio de la universidad privada.

Tales triunfos se alcanzan en medio del fragor callejero, mediante la unidad juventud/sectores populares; triunfo que en otro escenario no logra la llamada oposición en el Congreso, que, por ejemplo, ha pretendido obligar a la renuncia de varios ministros por medio de debates y denuncias que desnudan el maridaje con la corrupción o con el despliegue desmedido de fuerza de la aviación militar contra escuelas guerrilleras donde instruyen a jóvenes recién reclutados.
Esos procederes y esos frutos debieran llamar la atención sobre qué y cómo hacer, y asimismo dónde concentrar la imaginación y los mejores esfuerzos colectivos a la hora de proceder con la demanda –que debiera ser construcción– de una sociedad otra.

Una forma renovada de construcción social y política se impone, entonces, y para que alcance la dimensión que merece es necesario escuchar y aprender de la generación que ahora invade las calles, dejando a un lado los ideologismos y la pretensión de dirigirlo todo, tan común en las organizaciones de marca roja.

El presente actuar juvenil ya tiene antecedentes, marcados por sus preocupaciones ante el constante deterioro ambiental (en contra de la minería, en pro del cuidado/recuperación de ríos y otras fuentes de agua; por la protección de bosques, selvas, páramos y similares), con énfasis en la igualdad de género, el respeto de las variadas opciones sexuales, las relaciones horizontales –no machistas ni patriarcales–, en las que se haga más, mucho más, se viva y se experimente, por encima de las discusiones eternas que son marca de la generación antecedente. Pero también con nuevos valores: respeto por la naturaleza como ser vivo y las otras especies que la habitan, todo ello como parte de una nueva y renovada agenda política. Un proceder en el que su desinterés por las formas de expresión electoral es persistente, como lo reiteran en encuestas recientes (ver las realizadas por el Dane sobre asuntos culturales, como la comentada en la presente edición, pág. 18).

En estas condiciones, contando además con su reiterada desconfianza frente a los gobiernos y sus materializaciones, como lo confirman las aludidas encuestas, la renovación de expectativas sociales y políticas es indispensable pero, además, factible –no cabe duda–, para lo cual debemos enrutarnos por los senderos que esa nueva generación marca, si de hacerles caso a la vida cotidiana y a la historia se trata.


Un indispensable llamado de atención extendido a la desconfianza por todo aquello que es estatal. Si es así, otro timbre para generar formas de sociedad, donde lo alternativo no se centre en lo ideológico y político formal, sino que, sin esperar que las soluciones vengan de aquellos que nos oprimen, se priorice la construcción de formas autogestionarias de educación, salud, seguridad y, en general, economía. Tal vez aquello de que otro mundo sí es posible –y con él otra democracia– pasa por vivencias cotidianas a través de las cuales se va horadando el verticalismo imperante en lo estatal y desde lo estatal.

Un nuevo trasegar que debe enfocar su mayor atención en la construcción y el control territoriales, para el caso de las ciudades los barrios, de manera que la gente se sienta realizando su modelo de vida, con formas particulares de gobierno en todos los niveles. Es un devenir en el que deben ser desplegadas nuevas formas de formación política, con énfasis en la comprensión de los cambios que en muchos ámbitos están en curso, con escuelas de formación permanentes donde también se recupere el interés por elaborar lo que usamos cada día, recuperando y valorando el trabajo artesanal, las artes y oficios; enfrentando el “úselo y bótelo”, como marca de rechazo a las actuales formas de consumo, relacionamiento y vida impuestas desde hace cuatro décadas y con las que, por demás, se potenció el individualismo –cada uno compra, cada uno consume, cada uno desecha. El aprender a hacer también propicia el trabajo y el consumo en equipo, así como nuevos modos de organización solidaria, cooperativas y mutuales pueden tomar forma a través de este proceder.

Un conjunto así de retos demanda para su abordaje mucha sensatez y poco triunfalismo. Es cierto que el neoliberalismo está cuestionado pero lejos aún de desaparecer. Hay que recordar que esa modalidad de capitalismo materializa una fase del capital que, por tanto, es un entramado global, por lo que no es posible que un solo país se desconecte y funcione en autarquía. Se trata de una fase que, además de lo económico –extractivismo en general–, se materializa en lo cultural, en toda la amplitud de la palabra.

La exigencia de mucha sensatez y poco triunfalismo se debe extender al gobierno, que vive una crisis pero que no está ante su derrota total, como tampoco lo está su mentor, cuestionado en amplios sectores sociales, sobre todo académicos y estudiantiles pero todavía con margen de maniobra, mucho más si tomamos en consideración la reacción del empresariado crítico del gobierno, que, viendo en riesgo la continuidad de sus negocios producto del cierre de autopistas y otras vías, respondió de manera positiva al llamado de gremios para rodear al gobierno, “gústenos o no”. Ese empresariado, a la par de otros sectores sociales con intereses y privilegios grandes o pequeños por proteger, es proclive al modelo de fuerza que les ofrece el Centro Democrático.

Entonces, sin triunfalismos, el reto es llevar el paro y sus potenciales organizativos alternativos a la profundidad del ámbito territorial, para allí y desde allí consolidar lo conquistado y redondear lo que está aún por lograrse.

Tales retos y procederes demandan la participación de todos, hombres y mujeres de este país. ¡Bienvenidos y bienvenidas, de ser así, a una nueva etapa de construcción social, política; a una nueva etapa de relacionamiento con la naturaleza; de hacer real una democracia directa, radical, participativa, plebiscitaria. En suma: una nueva forma de construir país.

 

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A propósito de las protestas sociales en Colombia. Autoorganización y acción colectiva

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro, por colocar dos referencias que no son las únicas. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. La historia marca un derrotero por vida digna y democracia real que es necesario asumir como reto por lograr entre todas y todos.

 

Soprendente. Por varios días la noticia en el mundo dejó de ser la pandemia o los temas y problemas relacionados con las vacunas. Por la violencia estatal desatada, el tema alcanzó a ser el de las protestas en Colombia, con un número, hasta la fecha, de varias decenas de muertos, varias centenas de desaparecidos, numerosos casos de violaciones y la violencia sin límites del paramilitarismo aunado a las fuerzas de seguridad oficiales. La comunidad internacional está tan escandalizada como la propia sociedad civil en el país. Literalmente, el famoso episodio de “La noche de los lápices” –el dramático episodio que tuvo lugar durante la última dictadura argentina en la noche del 16 de septiembre de 1976 y sobre el cuál Héctor Olivera dirige la extraordinaria y escandalosa película con el mismo nombre–; pues bien, lo acontecido en Colombia es infinitamente peor que lo vivido con la dictadura, en Argentina.

La historia es una ciencia políticamente incorrecta. Pues bien, digámoslo sin ambages: de todas las élites de América Latina, de lejos, la más sanguinaria, la más violenta y asesina ha sido la colombiana, ya desde el siglo XIX hasta el presente*. Incluso sin haber vivido dictaduras a la manera de Chile, Brasil, Uruguay o Argentina, por ejemplo; incluso a pesar de no haber vivido las guerras de Guatemala y El Salvador; y además, asimismo de las masacres perpetradas en el Zócalo de México en 1968, no hay absolutamente ninguna élite nacional que haya sido tan violenta como la colombiana. Veamos.


Colombia: una olla de presión

La crisis emerge a raíz de la propuesta de una nefasta Reforma Tributaria por parte de Iván Duque. Digamos entonces: a fin de entender las protestas, la acción colectiva y todas sus derivaciones desde levantamientos hasta revoluciones, no son inicialmente las ideas las que mueven a los pueblos y a la historia: es el hambre, el sufrimiento, las penurias y las necesidades el motor de la protesta social en toda la línea de la palabra. Ayer, en la Colonia y los levantamientos de Los Comuneros, y hoy con ese engendro que es la Dian. (Entre paréntesis, con acierto, los movimientos sociales y políticos han puesto como causante de la crisis al grupo Aval, pero hace falta incluir a la Dian: una institución más que cuestionable en la historia reciente del país).

La crisis ya se venía cocinando mucho antes de la pandemia. Los ritmos de la historia se tejen con sutileza a través de los tiempos y siempre en la vida cotidiana.

Lo verdaderamente significativo es que el motor de las protestas sociales son los jóvenes. Al fin y al cabo, Colombia es un país demográficamente joven. Pues bien, el significado del fenómeno es elemental: los jóvenes no ven futuro en las actuales condiciones políticas, sociales y económicas. Y ante la ausencia de futuro lo natural es levantarse para abrir espacios, para construirlo y echar abajo todas las condiciones que lo impiden.


Colombia es el único país en América Latina, a excepción de Chile como resultado de la dictadura de Pinochet, en el que el 70 por ciento de la educación –colegios y universidades– es privada. Y la universidad pública, a su vez, se ha privatizado sutilmente. No hay educación. Adicionalmente, el sistema de seguridad social, independientemente de que se pertenezca al régimen subsidiado o al régimen contributivo, es 100 por ciento privado. Ese fue el resultado de la Ley 100 promovida e implementada por Álvaro Uribe. La pandemia puso en evidencia no la crisis de un virus, ni tampoco la necesidad de las vacunas, sino la crisis estructural del sistema de seguridad social.

Adicionalmente, las oportunidades de trabajo disminuyen. Durante el casi año y media de pandemia la pobreza se acerca al 50 por ciento de la población: un escándalo social, pero un drama humano.

Y mientras tanto, las estructuras y las causas de la violencia no desaparecen y por el contrario se fortalecen. El asesinato selectivo de líderes sociales, de excombatientes de las Farc, de ambientalistas y líderes de Ongs, queda en la impunidad y aumenta con el tiempo. Ni el Estado, ni el gobierno hacen nada real al respecto. En una palabra, se trata de la matanza sistemática y estratégica de jóvenes. El diagnóstico de la crisis se puede y debe ampliar sin dificultad. Hasta que la olla de presión explotó.


La acción precede a la organización

Siempre, en la historia, es la acción la que antecede a la organización; nunca al revés. La organización emerge al calor de las acciones, las cuales son esencialmente espontáneas y autoorganizadas. Así las cosas, la primera enseñanza fundamental de las protestas en estos días es que la acción colectiva ni pidió permiso, ni fue el resultado de partidos políticos –por ejemplo, Colombia Humana o el Polo Democrático–, como tampoco de sindicatos (CGT, CTC y otros) u organizaciones estudiantiles (la Mesa Estudiantil). Estas formas de organización fueron desbordadas y, desde luego, lo mejor que pudieron hacer fue interpretar correctamente el momento y adaptarse a él. Es lo que ha acontecido recientemente.

Sin embargo, al mismo tiempo, como resultados de dinámicas autoorganizativas –esto es, literalmente, de abajo hacia arriba–, emergen medios alternativos de comunicación, canales alternativos de participación, en fin, asambleas populares en barrios, veredas, en el campo y en la ciudad como jamás había sucedido en mucho tiempo en la historia del país. Esta es una historia en proceso, y lo mejor de la misma habrá de venir en el futuro inmediato y a largo plazo.

Mientras tanto, es evidente el descrédito de la gran prensa; con nombre propio, Rcn, Caracol, Semana, El tiempo, El País, y otros más, nacionales o regionales. Las gentes ya han aprendido a desconfiar de los medios, canales y estructuras tradicionales del poder. El mayor temor de la Institutionalidad consiste justamente en esto: en que los pueblos y las sociedades aprendan, y entonces cambien sus formas de acción y sus estilos de vida.


La más importante lección de las protestas sociales actualmente

 

De lejos, el más importante aprendizaje de los procesos en marcha que deberán seguir siendo objeto, entre otros, de sociólogos y politólogos, de comunicadores y antropólogos, de psicólogos e historiadores, por ejemplo, es el hecho de que la gente ha perdido el miedo.

Tradicionalmente, el país estuvo manejado por tácticas y estrategias de miedo: miedo a las guerrillas, miedo a los comunistas, miedo a los sindicalistas, miedo a la pobreza, miedo al desempleo, miedo a la soledad y al desamor, incluso miedo al miedo, por ejemplo. Pues bien, el pueblo colombiano ha perdido el miedo, ya sabe que no tiene nada qué perder y sí todo por ganar. Nos encontramos, sin grandilocuencias, en una bisagra de la historia. Sólo que la historia de mide en densidades temporales que si bien anidan en la cotidianeidad la desbordan ampliamente.

Un pueblo que pierde el miedo sólo puede esperar la libertad. Ningún estudio al respecto es tan ilustrativo como la Ética de Spinoza; específicamente el tránsito del libro IV al Libro V. Un texto de obligada referencia para todos los amantes de la libertad. Spinoza, quien por libre fue recusado por católicos, judíos y protestantes a la vez. Hay que decir cosas muy importantes para ganarse odios semejantes. Spinoza jamás cedió, fue un espíritu libre, como muy pocos.


***

La crisis no se debe a las debilidades o torpezas de Iván Duque; tampoco a las propuestas de algún ministro; ciertamente, no es el resultado de los desmanes del Esmad y toda la ideología fascista que los soporta; tampoco es el resultado del uribismo y las acciones, desde el Congreso, del Centro Democrático y los partidos de gobierno. Afirmar algo semejante es olvidar que la política como las economía, las finanzas como los asuntos militares. se manejan sistemática y estratégicamente. La crisis es en realidad el resultado de un sistema de gobierno y de una historia de indolencia y falta de compromiso con el pueblo colombiano. Así las cosas, lo que emerge ante la mirada sensible no es únicamente el cambio del Congreso en las elecciones del 2022 y el cambio de gobierno. El tema de fondo es un cambio en la historia. Pero la historia nace y se alimenta de la vida cotidiana. Esa que el sistema imperante siempre desconoció y negó. La historia es el ámbito macro de la vida cotidiana, que es, en realidad, el mundo de la vida; el único mundo existente y posible.

* Al respecto, basta con una mirada a la amplia bibliografía sobre la historia de América Latina, incluyendo los estudios de los “violentólogos”. Una referencia reciente al respecto es: González Ibarra, J. de D., Maldonado, C. E., La complejidad y su entorno. Experiencias de México y Colombia, Morelos: Ed. Colegio de Morelos, 2021.

 

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Estado narco-paramilitar, policía, lumpen y Paro Nacional

El actual Paro es, sin lugar a dudas, Nacional, pero no porque cubra la totalidad de un territorio concreto, sino porque increpa directamente al Estado colombiano y su orden narco-paramilitar. El protagonista parece ser, esta vez, el lumpen criminalizado ¿quizá capaz de una “Revolución Molecular”?

El 21 de noviembre del año 2019 se convocó a un Paro Nacional cuyo carácter no fue verdaderamente nacional. Como suele suceder, el protagonismo lo tuvieron la ciudad de Bogotá y el Comité del Paro. Aunque, aprovechando el clima de lo acontecido en otras latitudes, especialmente en Ecuador, se suscitó una movilización importante, el Comité no logró representar a amplios sectores que manifestaron prontamente su inconformidad, lo cual produjo una escisión que contribuyó a disipar las energías colectivas que empezaban a organizarse de manera asamblearia.

Debe sumarse a esta realidad la respuesta estatal que, con ocasión del miedo al “vandalismo generalizado e irracional”, decretó un toque de queda y la militarización de la ciudad. Esta última, aunada a un talante extremadamente autoritario, se mantuvo y prolongó con la aparición de la pandemia de covid-19. Así, las energías colectivas parecían haberse disipado casi por completo o transformado en energías inmunitarias, a saber, volcadas sobre la defensa del individuo y la familia tradicional.

Más de un año después

El pasado 28 de abril, más de un año después, revivió el Paro Nacional, pero, a diferencia del que lo antecedió en el 2019, podría afirmarse que este sí tiene un carácter marcadamente “nacional”. No obstante, lo “nacional” no se encuentra dado por la cobertura de un territorio determinado, ni tampoco porque exprese de manera clara y unificada los diversos intereses asociados a los diferentes sectores que componen el país. Lo “nacional” de este Paro tiene que ver con que abre una serie de interrogantes que comprometen a la forma-Estado colombiana y dejan vislumbrar algo de su complejidad histórica. A su vez, se trata de un Paro con ribetes libertarios, que ponen en cuestión no solo la acción estatal, sino múltiples tipos de autoritarismo que se han convertido en habituales y que ahora, más que nunca, parecen reaccionar con una fuerza inusitada.

El Estado, en tanto forma social, si seguimos a autores como Poulantzas, Jessop, Deleuze/Guattari y Foucault, no es otra cosa que una condensación de condensaciones de relaciones de fuerza o poder. Toda forma social, sea la familia, la escuela, el ejército o cualquier otra, es una condensación de fuerzas variopintas. Esto permite que dichas formas no sean entidades eternas y monolíticas, sino en constante emergencia o reconfiguración. Las fuerzas, que podríamos llamar populares, construyen formas sociales, se cristalizan en estas, pero también las agrietan y desbordan. El Estado, como forma, no solo es una condensación de fuerzas, sino una condensación de condensaciones. Esto explica que sea capaz de regular, directa o indirectamente, dimensiones tan diferentes de la vida social como la educación, la sexualidad, la religión, la alimentación, la salud, etcétera.

Las luchas que acontecen en las diferentes dimensiones y formas sociales repercuten en el Estado, resuenan en este y lo transforman. Las relaciones de fuerza sexuales, religiosas, económicas, y demás, dejan huellas en la forma-Estado, las cuales a veces se manifiestan como garantías contra “abusos de poder”. Piénsese, por ejemplo, en la garantía de respeto sobre el territorio que han, hasta cierto punto, logrado las comunidades campesinas, negras e indígenas. Ahora bien, el Estado no es solo una condensación de condensaciones de fuerzas sino que, al nivel de la formación social en su totalidad (aun cuando se trate siempre de una totalidad abierta), también cumple una función eminentemente estabilizadora. El Estado es, en suma, garante de determinado orden social, de ahí el manido tema weberiano del “monopolio de la fuerza” y la importancia de lo que Althusser llamó “aparatos represivos de Estado”: jueces, cárceles, ejército, policía…

En el caso colombiano, el orden social es uno de carácter contrainsurgente y asociado al narcotráfico. En otros términos, las fuerzas sociales ligadas al narcotráfico y a la contrainsurgencia han modelado el Estado hasta darle, literalmente, una forma narco-paramilitar. El problema, entonces, no es solamente de unos cuantos políticos como Marta Lucía Ramírez o José Obdulio Gaviria (primo de Pablo Escobar), ni de un partido político como el Centro Democrático, pero tampoco de un estilo de gobierno corrupto y sanguinario, sino de un conjunto de relaciones de fuerza condensadas históricamente en un tipo de Estado singular. Existe toda una sociedad en movimiento embebida en la narco-cultura y la contrainsurgencia, pero también una sociedad en movimiento altamente inconforme con las fuerzas hegemónicas. No se trata, sin embargo, de maniqueísmo: los mismos individuos y grupúsculos que cuestionan el orden social pueden rápidamente pasar a defenderlo.


Lo anterior no es teorético. Tras la jornada de movilización del 21 de noviembre del 2019, animados por el miedo a “vándalos” nocturnos, a fantasmas que amenazaban la propiedad privada y la vida cual estado de incertidumbre hobbesiano, las mismas familias y los mismos vecinos que salieron “espontáneamente” con cacerolas a protestar se armaron con bates de béisbol y camisetas blancas para defender su integridad.

No es extraño. En Colombia existe un microfascismo altamente inestable que se relaciona con todo un orden contrainsurgente y que explica, en buena medida, la impunidad del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, jóvenes, indígenas, comunidades negras y, en suma, de todo aquello que atente contra los denominados “ciudadanos de bien” y su pretendida “civilización”. El problema, pues, es de relaciones de fuerza, pero estas no siempre se presentan entre bandos claramente identificables, sino que son inherentes a las energías sociales que componen, a veces de manera muy contradictoria, un mismo individuo o grupo entero. Tales energías y fuerzas son como el inconsciente de las formas visibles, en particular de la forma-Estado. Se requiere de un buen análisis que vaya más allá del diván y penetre en las prácticas institucionales.

Pensemos, por ejemplo, en la quema de Cais ocurrida entre los días 9 y 10 de septiembre del 2020 y que vuelve a acontecer en el marco del actual Paro Nacional. La pregunta real, en medio de estos sucesos, es ¿qué función policial cumple un CAI?, ¿cómo opera? Suele pensarse que la legalidad y la ilegalidad son cuestiones contrapuestas; no obstante, el análisis del funcionamiento social desmiente rápidamente tal asunción. La defensa del orden y la legalidad tiene un trasfondo de “ilegalismos”. Los Cais, por ejemplo, se han convertido en muchos lugares en verdaderos centros de ilegalidad, donde se cometen torturas, violaciones, robos y, por supuesto, se controla el negocio del microtráfico de drogas haciendo parte de él. La policía reproduce la ilegalidad, pero al mismo tiempo la castiga o reprime. La ilegalidad de la droga y su mercado legitiman a su vez la propia represión de la policía a los sectores más marginales, al llamado lumpen, pero al tiempo reproduce a los marginales en tanto marginales, o mejor, al lumpen en tanto componente inevitablemente criminal.

 

 

De este modo, el sistema de clases se sostiene a partir de la represión de una no-clase: en su mayoría jóvenes pauperizados y racialmente marcados convertidos en criminales, que sirven como contramodelo abyecto del ideal normativo de “ciudadano de bien”, en este caso como contramodelo del hombre blanco-mestizo, propietario, trabajador, constructor de “buena familia” y “buenas costumbres”, heredero de privilegios coloniales (piénsese en lo que pretende representar José Félix Lafaurie). La ilegalización de las drogas legitima, por consiguiente, la fascistización de las clases populares, es decir, la persecución del lumpen convertido en elemento criminal del cual dichas clases se quieren alejar para acercarse al ideal de “ciudadano de bien” (por cierto, nunca alcanzado por nadie). No es casual que en los barrios populares aparezcan las mal llamadas operaciones de “limpieza social”, donde no solo se constituye en blanco militar la o el joven convertido en criminal, sino también la o el líder comunitario. En general, puede afirmarse que la lucha contra el microtráfico resulta funcional a la represión y la instalación de una vigilancia permanente sobre las clases populares, no solo por parte de la policía, sino de ellas mismas. La vigilancia permanente no permite eliminar la delincuencia, sino que sirve para que no se vea gravemente trastocado un orden racial y de clase que, a nivel macrológico se condensa en un Estado narco-paramilitar y colonial.

Así como la policía en los Cais resulta funcional al propio microtráfico, es decir, a la reproducción de un lumpen vuelto criminal que legitima la fascistización social, la represión de la diferencia y obtura las alternativas a lo existente, el Estado colombiano es funcional al mercado ilegal del narcotráfico que legitima un orden contrainsurgente donde la vida cotidiana se ve militarizada, donde se reprime y elimina a quienes cuestionan dicho orden y se reproduce un círculo económico vicioso en un contexto de guerra, en el cual los guerreros se ven beneficiados. Para nadie es un secreto que el combate agresivo de las drogas hace de estas un bien escaso y eleva su precio sin nunca eliminarlas. De ahí que la legalización y la sustitución de cultivos sean vistas con sospecha por parte de las oligarquías tradicionales, pero también de ese socius micrológico, imperceptible, que anida en cada barrio. Por otra parte, políticas alternativas a las de la “guerra contra el narco”, que a su vez es una estrategia contrainsurgente en general, empoderan al campesinado pobre y transforman el modo de percibir a ese lumpen urbano tan díscolo, pero también tan necesario, para el sistema de clases.

En este marco resulta urgente escuchar al lumpen, escuchar a esos aparentes vándalos sin miedo ni esperanzas, pero también a las clases populares criminalizadas a partir de los discursos del miedo y del odio a la diferencia. En contraste con el Paro Nacional del 2019, este Paro parece ser menos “orgánico”, más disperso. Ni el Comité del Paro ni mucho menos los políticos profesionales son capaces de representar lo que acontece. El Paro es realmente “nacional” no solo porque pone de manifiesto las contradicciones que atraviesan a Colombia en tanto forma-Estado, sino porque amenaza con rebasar al Estado de diversos modos, abriendo lo que Hakim Bey denominó Zonas Temporalmente Autónomas y con la eventual capacidad para remodelar el orden narco-paramilitar. Nos encontramos, así, frente a la posibilidad de proliferación de nuevos espacios de libertad, justicia social y respeto por la diferencia, pero también ante un pacto histórico que, más que pacto, es el resultante de la condensación de nuevas y viejas relaciones de fuerza en juego.

La figura del Paro Generalizado o la Huelga General tiene, de por sí, antecedentes comunistas libertarios, pero también fascistas. No es casual que un personaje como Georges Sorel condense teóricamente dicha ambivalencia. Sorel aseguraba que las salvajes Huelgas Generales eran suscitadas por fantasías concretas o “mitos” (en suma, afectos) que actuaban sobre un pueblo atomizado y pulverizado. Se suponía que tales huelgas debían rebasar el orden establecido, ponerlo en jaque, por lo que los liderazgos se percibían como un claro impedimento, un llamado a la recuperación o integración. También es sabido que marxistas como Mariátegui o Gramsci vieron la necesidad de organizar esa voluntad colectiva, de canalizarla a través de proyectos orientados al Estado, para lo cual la figura del Partido o semejantes resultan cruciales. La tensión entre la incitación al desborde creativo de la fuerza de la multitud y su canalización a través de líderes (populistas) se prolonga a su vez en autores contemporáneos como Negri y Laclau/Mouffe.

 

 

Sin embargo, aquí no se trata de escoger entre una u otra alternativa teórica, sino de prestarle atención al carácter “nacional” del Paro. Resulta predecible que, incluso desde la izquierda del espectro político, se empiecen a hacer llamados a la moderación (y no me refiero a la violencia, sino a la moderación en cuanto a la proliferación de acciones y la indefinición temporal). También es predecible que emerjan ejércitos de expertos para plantear cuáles deben ser los objetivos del Paro o políticos populistas que intenten canalizar las energías colectivas para sus propios propósitos. Todo esto ignoraría el papel protagónico que hoy tienen las comunidades reprimidas, las clases populares vigiladas y el lumpen criminalizado. De algún modo, el desborde es jalonado por el propio lumpen, por esa no-clase capaz de poner en peligro al sistema de clases. Sin embargo, la línea de fuga puede devenir en línea de abolición que propicie la apertura de un nuevo ciclo de violencia. La cuestión, entonces, radica en unirse a la inteligencia colectiva de las comunidades, las clases populares y el lumpen en movimiento, hacerlo como se pueda y donde se pueda, y, sobre todo, evitar la criminalización característica del orden contrainsurgente o paramilitar y la respuesta violenta funcional a este último.

Escuchemos a nuestro desobediente o insurgente inconsciente colectivo, dejemos que su expresión se condense en nuevas formas políticas diferentes a las tradicionales. Quizá, por ejemplo, el Ubuntu o “Soy porque somos” de Francia Márquez-Mina sea una esperanza a ese nivel, pero, así como ella, hace falta percibir las alternativas emergentes en cada barrio, en cada urbe, en cada vereda, en cada comunidad. Confío en que este análisis, inspirado en la Revolución Molecular deleuzo-guattariana y el neomarxismo, contribuya a contrarrestar el influjo afectivo, el miedo, suscitado por la conspiranoica teoría neonazi de la “Revolución Molecular Disipada”, ¡tan conveniente para el sostenimiento de nuestro Estado narco-paramilitar!

 

11 de mayo 2021.

* Politólogo y Doctor en Filosofía
Docente de la Universidad Nacional de Colombia

 

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Publicado enEdición Nº279
Estado narco-paramilitar, policía, lumpen y Paro Nacional

El actual Paro es, sin lugar a dudas, Nacional, pero no porque cubra la totalidad de un territorio concreto, sino porque increpa directamente al Estado colombiano y su orden narco-paramilitar. El protagonista parece ser, esta vez, el lumpen criminalizado ¿quizá capaz de una “Revolución Molecular”?

El 21 de noviembre del año 2019 se convocó a un Paro Nacional cuyo carácter no fue verdaderamente nacional. Como suele suceder, el protagonismo lo tuvieron la ciudad de Bogotá y el Comité del Paro. Aunque, aprovechando el clima de lo acontecido en otras latitudes, especialmente en Ecuador, se suscitó una movilización importante, el Comité no logró representar a amplios sectores que manifestaron prontamente su inconformidad, lo cual produjo una escisión que contribuyó a disipar las energías colectivas que empezaban a organizarse de manera asamblearia.

Debe sumarse a esta realidad la respuesta estatal que, con ocasión del miedo al “vandalismo generalizado e irracional”, decretó un toque de queda y la militarización de la ciudad. Esta última, aunada a un talante extremadamente autoritario, se mantuvo y prolongó con la aparición de la pandemia de covid-19. Así, las energías colectivas parecían haberse disipado casi por completo o transformado en energías inmunitarias, a saber, volcadas sobre la defensa del individuo y la familia tradicional.

Más de un año después

El pasado 28 de abril, más de un año después, revivió el Paro Nacional, pero, a diferencia del que lo antecedió en el 2019, podría afirmarse que este sí tiene un carácter marcadamente “nacional”. No obstante, lo “nacional” no se encuentra dado por la cobertura de un territorio determinado, ni tampoco porque exprese de manera clara y unificada los diversos intereses asociados a los diferentes sectores que componen el país. Lo “nacional” de este Paro tiene que ver con que abre una serie de interrogantes que comprometen a la forma-Estado colombiana y dejan vislumbrar algo de su complejidad histórica. A su vez, se trata de un Paro con ribetes libertarios, que ponen en cuestión no solo la acción estatal, sino múltiples tipos de autoritarismo que se han convertido en habituales y que ahora, más que nunca, parecen reaccionar con una fuerza inusitada.

El Estado, en tanto forma social, si seguimos a autores como Poulantzas, Jessop, Deleuze/Guattari y Foucault, no es otra cosa que una condensación de condensaciones de relaciones de fuerza o poder. Toda forma social, sea la familia, la escuela, el ejército o cualquier otra, es una condensación de fuerzas variopintas. Esto permite que dichas formas no sean entidades eternas y monolíticas, sino en constante emergencia o reconfiguración. Las fuerzas, que podríamos llamar populares, construyen formas sociales, se cristalizan en estas, pero también las agrietan y desbordan. El Estado, como forma, no solo es una condensación de fuerzas, sino una condensación de condensaciones. Esto explica que sea capaz de regular, directa o indirectamente, dimensiones tan diferentes de la vida social como la educación, la sexualidad, la religión, la alimentación, la salud, etcétera.

Las luchas que acontecen en las diferentes dimensiones y formas sociales repercuten en el Estado, resuenan en este y lo transforman. Las relaciones de fuerza sexuales, religiosas, económicas, y demás, dejan huellas en la forma-Estado, las cuales a veces se manifiestan como garantías contra “abusos de poder”. Piénsese, por ejemplo, en la garantía de respeto sobre el territorio que han, hasta cierto punto, logrado las comunidades campesinas, negras e indígenas. Ahora bien, el Estado no es solo una condensación de condensaciones de fuerzas sino que, al nivel de la formación social en su totalidad (aun cuando se trate siempre de una totalidad abierta), también cumple una función eminentemente estabilizadora. El Estado es, en suma, garante de determinado orden social, de ahí el manido tema weberiano del “monopolio de la fuerza” y la importancia de lo que Althusser llamó “aparatos represivos de Estado”: jueces, cárceles, ejército, policía…

En el caso colombiano, el orden social es uno de carácter contrainsurgente y asociado al narcotráfico. En otros términos, las fuerzas sociales ligadas al narcotráfico y a la contrainsurgencia han modelado el Estado hasta darle, literalmente, una forma narco-paramilitar. El problema, entonces, no es solamente de unos cuantos políticos como Marta Lucía Ramírez o José Obdulio Gaviria (primo de Pablo Escobar), ni de un partido político como el Centro Democrático, pero tampoco de un estilo de gobierno corrupto y sanguinario, sino de un conjunto de relaciones de fuerza condensadas históricamente en un tipo de Estado singular. Existe toda una sociedad en movimiento embebida en la narco-cultura y la contrainsurgencia, pero también una sociedad en movimiento altamente inconforme con las fuerzas hegemónicas. No se trata, sin embargo, de maniqueísmo: los mismos individuos y grupúsculos que cuestionan el orden social pueden rápidamente pasar a defenderlo.


Lo anterior no es teorético. Tras la jornada de movilización del 21 de noviembre del 2019, animados por el miedo a “vándalos” nocturnos, a fantasmas que amenazaban la propiedad privada y la vida cual estado de incertidumbre hobbesiano, las mismas familias y los mismos vecinos que salieron “espontáneamente” con cacerolas a protestar se armaron con bates de béisbol y camisetas blancas para defender su integridad.

No es extraño. En Colombia existe un microfascismo altamente inestable que se relaciona con todo un orden contrainsurgente y que explica, en buena medida, la impunidad del asesinato sistemático de líderes y lideresas sociales, jóvenes, indígenas, comunidades negras y, en suma, de todo aquello que atente contra los denominados “ciudadanos de bien” y su pretendida “civilización”. El problema, pues, es de relaciones de fuerza, pero estas no siempre se presentan entre bandos claramente identificables, sino que son inherentes a las energías sociales que componen, a veces de manera muy contradictoria, un mismo individuo o grupo entero. Tales energías y fuerzas son como el inconsciente de las formas visibles, en particular de la forma-Estado. Se requiere de un buen análisis que vaya más allá del diván y penetre en las prácticas institucionales.

Pensemos, por ejemplo, en la quema de Cais ocurrida entre los días 9 y 10 de septiembre del 2020 y que vuelve a acontecer en el marco del actual Paro Nacional. La pregunta real, en medio de estos sucesos, es ¿qué función policial cumple un CAI?, ¿cómo opera? Suele pensarse que la legalidad y la ilegalidad son cuestiones contrapuestas; no obstante, el análisis del funcionamiento social desmiente rápidamente tal asunción. La defensa del orden y la legalidad tiene un trasfondo de “ilegalismos”. Los Cais, por ejemplo, se han convertido en muchos lugares en verdaderos centros de ilegalidad, donde se cometen torturas, violaciones, robos y, por supuesto, se controla el negocio del microtráfico de drogas haciendo parte de él. La policía reproduce la ilegalidad, pero al mismo tiempo la castiga o reprime. La ilegalidad de la droga y su mercado legitiman a su vez la propia represión de la policía a los sectores más marginales, al llamado lumpen, pero al tiempo reproduce a los marginales en tanto marginales, o mejor, al lumpen en tanto componente inevitablemente criminal.

 

 

De este modo, el sistema de clases se sostiene a partir de la represión de una no-clase: en su mayoría jóvenes pauperizados y racialmente marcados convertidos en criminales, que sirven como contramodelo abyecto del ideal normativo de “ciudadano de bien”, en este caso como contramodelo del hombre blanco-mestizo, propietario, trabajador, constructor de “buena familia” y “buenas costumbres”, heredero de privilegios coloniales (piénsese en lo que pretende representar José Félix Lafaurie). La ilegalización de las drogas legitima, por consiguiente, la fascistización de las clases populares, es decir, la persecución del lumpen convertido en elemento criminal del cual dichas clases se quieren alejar para acercarse al ideal de “ciudadano de bien” (por cierto, nunca alcanzado por nadie). No es casual que en los barrios populares aparezcan las mal llamadas operaciones de “limpieza social”, donde no solo se constituye en blanco militar la o el joven convertido en criminal, sino también la o el líder comunitario. En general, puede afirmarse que la lucha contra el microtráfico resulta funcional a la represión y la instalación de una vigilancia permanente sobre las clases populares, no solo por parte de la policía, sino de ellas mismas. La vigilancia permanente no permite eliminar la delincuencia, sino que sirve para que no se vea gravemente trastocado un orden racial y de clase que, a nivel macrológico se condensa en un Estado narco-paramilitar y colonial.

Así como la policía en los Cais resulta funcional al propio microtráfico, es decir, a la reproducción de un lumpen vuelto criminal que legitima la fascistización social, la represión de la diferencia y obtura las alternativas a lo existente, el Estado colombiano es funcional al mercado ilegal del narcotráfico que legitima un orden contrainsurgente donde la vida cotidiana se ve militarizada, donde se reprime y elimina a quienes cuestionan dicho orden y se reproduce un círculo económico vicioso en un contexto de guerra, en el cual los guerreros se ven beneficiados. Para nadie es un secreto que el combate agresivo de las drogas hace de estas un bien escaso y eleva su precio sin nunca eliminarlas. De ahí que la legalización y la sustitución de cultivos sean vistas con sospecha por parte de las oligarquías tradicionales, pero también de ese socius micrológico, imperceptible, que anida en cada barrio. Por otra parte, políticas alternativas a las de la “guerra contra el narco”, que a su vez es una estrategia contrainsurgente en general, empoderan al campesinado pobre y transforman el modo de percibir a ese lumpen urbano tan díscolo, pero también tan necesario, para el sistema de clases.

En este marco resulta urgente escuchar al lumpen, escuchar a esos aparentes vándalos sin miedo ni esperanzas, pero también a las clases populares criminalizadas a partir de los discursos del miedo y del odio a la diferencia. En contraste con el Paro Nacional del 2019, este Paro parece ser menos “orgánico”, más disperso. Ni el Comité del Paro ni mucho menos los políticos profesionales son capaces de representar lo que acontece. El Paro es realmente “nacional” no solo porque pone de manifiesto las contradicciones que atraviesan a Colombia en tanto forma-Estado, sino porque amenaza con rebasar al Estado de diversos modos, abriendo lo que Hakim Bey denominó Zonas Temporalmente Autónomas y con la eventual capacidad para remodelar el orden narco-paramilitar. Nos encontramos, así, frente a la posibilidad de proliferación de nuevos espacios de libertad, justicia social y respeto por la diferencia, pero también ante un pacto histórico que, más que pacto, es el resultante de la condensación de nuevas y viejas relaciones de fuerza en juego.

La figura del Paro Generalizado o la Huelga General tiene, de por sí, antecedentes comunistas libertarios, pero también fascistas. No es casual que un personaje como Georges Sorel condense teóricamente dicha ambivalencia. Sorel aseguraba que las salvajes Huelgas Generales eran suscitadas por fantasías concretas o “mitos” (en suma, afectos) que actuaban sobre un pueblo atomizado y pulverizado. Se suponía que tales huelgas debían rebasar el orden establecido, ponerlo en jaque, por lo que los liderazgos se percibían como un claro impedimento, un llamado a la recuperación o integración. También es sabido que marxistas como Mariátegui o Gramsci vieron la necesidad de organizar esa voluntad colectiva, de canalizarla a través de proyectos orientados al Estado, para lo cual la figura del Partido o semejantes resultan cruciales. La tensión entre la incitación al desborde creativo de la fuerza de la multitud y su canalización a través de líderes (populistas) se prolonga a su vez en autores contemporáneos como Negri y Laclau/Mouffe.

 

 

Sin embargo, aquí no se trata de escoger entre una u otra alternativa teórica, sino de prestarle atención al carácter “nacional” del Paro. Resulta predecible que, incluso desde la izquierda del espectro político, se empiecen a hacer llamados a la moderación (y no me refiero a la violencia, sino a la moderación en cuanto a la proliferación de acciones y la indefinición temporal). También es predecible que emerjan ejércitos de expertos para plantear cuáles deben ser los objetivos del Paro o políticos populistas que intenten canalizar las energías colectivas para sus propios propósitos. Todo esto ignoraría el papel protagónico que hoy tienen las comunidades reprimidas, las clases populares vigiladas y el lumpen criminalizado. De algún modo, el desborde es jalonado por el propio lumpen, por esa no-clase capaz de poner en peligro al sistema de clases. Sin embargo, la línea de fuga puede devenir en línea de abolición que propicie la apertura de un nuevo ciclo de violencia. La cuestión, entonces, radica en unirse a la inteligencia colectiva de las comunidades, las clases populares y el lumpen en movimiento, hacerlo como se pueda y donde se pueda, y, sobre todo, evitar la criminalización característica del orden contrainsurgente o paramilitar y la respuesta violenta funcional a este último.

Escuchemos a nuestro desobediente o insurgente inconsciente colectivo, dejemos que su expresión se condense en nuevas formas políticas diferentes a las tradicionales. Quizá, por ejemplo, el Ubuntu o “Soy porque somos” de Francia Márquez-Mina sea una esperanza a ese nivel, pero, así como ella, hace falta percibir las alternativas emergentes en cada barrio, en cada urbe, en cada vereda, en cada comunidad. Confío en que este análisis, inspirado en la Revolución Molecular deleuzo-guattariana y el neomarxismo, contribuya a contrarrestar el influjo afectivo, el miedo, suscitado por la conspiranoica teoría neonazi de la “Revolución Molecular Disipada”, ¡tan conveniente para el sostenimiento de nuestro Estado narco-paramilitar!

 

11 de mayo 2021.

* Politólogo y Doctor en Filosofía
Docente de la Universidad Nacional de Colombia

 

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Supermercado del grupo Éxito funciona como centro de represión ilegal en Cali

La denuncia se conoció por vecinos y periodistas. Denuncian la colaboración con la policía para realizar detenciones ilegales.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Sábado 22 de mayo | 16:28

El grupo Éxito es una empresa de origen colombiano con presencia en varios países de Latinoamérica, hoy su mayor propietario es el grupo francés Casino y el grupo empresarial antioqueño. El grupo es líder en el sector del retail en Colombia, con las marcas Éxito, Carulla, Super Inter, Surtimax, Surtimayorista y con su marca de centros comerciales Viva. También tiene presencia en Uruguay con las marcas Grupo Disco y Grupo Devoto, y en Argentina con los hipermercados Libertad.

La empresa quedó relacionada con la brutal represión a las protestas que se está viviendo en el país. En el marco del Paro Nacional el 19 y 20 de mayo, producto de las denuncias de los vecinos del almacén Éxito Calipso en la ciudad de Cali, se supo que manifestantes fueron detenidos en el interior del almacén, los vecinos denunciaron que escucharon gritos de auxilio, además de ver salida y entrada de camiones de basura y otros vehículos.

Grupos de manifestantes, en especial de la “primera línea” de Cali y junto a periodistas hicieron presencia en el lugar y por medio de videos se demostró que tanto en la zona de máquinas, ropa y cuartos fríos se encontraban rastros de sangre, al igual que en banco AV Villas.

La policía que se hallaba en el lugar impidió durante el día la entrada de periodistas y derechos humanos, se cree que con intensión de borrar las evidencias pues se encontró además de rastros de sangre, jabón y aceite derramado. Durante la noche del 20 de mayo las personas que asistieron al lugar resaltaron la falta de placas de los camiones en los que se desplazaba la policía y policías de civil manejándolos. Hasta la media noche del día 20 de mayo no había aun presencia del CTI de la Fiscalía.

La presión de los vecinos y manifestantes ante lo que ocurría en el lugar llevó a que delegados de la alcaldía de Cali se hicieran presentes en el almacén Éxito de Calipso, la funcionaria que atendió el requerimiento se limitó a levantar un acta y a decir que los hechos serán materia de investigación pues además de las denuncias la policía y el ESMAD (grupo antimotines de la policía) hacia presencia poco usual en el sector.

Los hechos recuerdan los peores años de complicidad empresarial con la represión estatal contra las protestas. En nuestro continente muchas veces poderosas patronales han colaborado con la represión, incluso prestando sus instalaciones como se demostró con la automotriz Ford en tiempos de la dictadura militar argentina, para torturar y desaparecer, propio de la alianza perversa contra los trabajadores y el pueblo que sale a defender sus derechos.

La ONG Temblores informa que al día 21 de mayo se registran 2.905 casos de abuso policial, 855 víctimas de violencia física por parte de la policía, 43 víctimas de violencia homicida presuntamente a manos de la policía, esto sin tener en cuenta los cuerpos desmembrados que están apareciendo en el río Cauca y en el sur de Bogotá que son materia de investigación; 1,264 detenciones arbitrarias, de las que se tienen conocimiento traslados y obstaculización del debido proceso; 575 intervenciones arbitrarias por parte de la policía, 39 víctimas de agresiones en los ojos y 21 víctimas de violencia sexual.

De acuerdo con el aumento de las cifras registradas por la ONG Temblores, es evidente que la represión por parte del gobierno de Duque aumenta tras la resistencia del pueblo colombiano en búsqueda de hacer retroceder las marchas, bloqueos, expresiones artísticas, entre otras expresiones presentes en el Paro Nacional. Y también es evidente que el grupo Éxito colabora con la represión prestando sus instalaciones al gobierno en el intento por amedrentar a los manifestantes.

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