Miércoles, 19 Mayo 2021 08:46

S.O.S Colombia: golpe de Estado

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Es innegable: las fuerzas policiales y militares han dado un golpe de Estado en Colombia encubierto; han desmontado todo el sistema jurídico legal, constitucional, humanitario, ético; han suspendido el engranaje del poco Estado de derecho que nos queda y, sin freno, tienen licencia para atropellar, torturar, abusar sexualmente, asesinar a la sociedad civil en sus legítimas protestas. Han dado golpe de Estado a los alcaldes, gobernadores y cuerpo legislativo. Su violencia, odio, barbarie y atrocidad no se vio ni en las protestas de Chile bajo Sebastián Piñera, ni en la Venezuela de Nicolás Maduro, ni en el Ecuador de Lenin Moreno, las cuales fueron crueles, pero sin llegar a los niveles de alevosía, estigmatización y matanza. Es como si en Colombia la ultraderecha estuviera experimentando con las protestas del pueblo; como si estuviera probando estrategias con el propósito de conocer la escala de resistencia de los ciudadanos en todos los órdenes, para luego sacar conclusiones de sus impactos socioeconómicos, emocionales, ideológicos, militares y políticos de estos sistemáticos y calculados golpes siniestros. La experimentación es tétrica, pues les sirve a los gobiernos de la derecha latinoamericana y mundial para preparar sus estratagemas en las futuras protestas populares. Terrible y doloroso panorama.


Sí, un Golpe de Estado encubierto que nos devuelve a más de 70 años en nuestra historia cuando a cada protesta popular se le reprimía imponiendo el Estado de sitio y la persecución dictatorial como sucedió en los gobiernos conservadores de Mariano Ospina Pérez y de Laureano Gómez, o con Gustavo Rojas Pinilla –quien el trece de junio de 1953 dio un Golpe de Estado a Roberto Urdaneta Arbeláez, llamado en su época “golpe de opinión”, evitando nombrarlo “golpe de cuartel” y presentándose como ángel de la paz-, o bien, en el antidemocrático Frente Nacional. Las acciones de los últimos días lo testifican. En ellas se observa la rabia, el odio, la repulsión hacia los jóvenes que piden otro país, un Ser y un estar mejor posible, un país que les ofrezca lo que por años les ha sido negado, lo que nunca le han facilitado. Estos actos de barbarie lo que demuestran es el odio de un gobierno antisocial hacia sus ciudadanos, a los que de un momento a otro los ha transformado en enemigos. De esta manera el Estado se transfigura en víctima y los verdaderos criminales se convierten en jueces que culpabilizan a la Sociedad Civil. De malignos, réprobos y violadores, los estamentos policiales pasan a ser protectores y paternalistas; camuflan e indultan sus crímenes. El verdugo desea ser entonces figura venerada. El cinismo es total. Tales son sus perversas trampas.


Por otra parte, la respuesta sangrienta del gobierno de Duque a las protestas se entiende también si se las ve a la luz de las próximas elecciones presidenciales, pues el Centro Democrático sabe que está en peligro su continuidad en el poder y que las coaliciones de oposición lo pueden vencer en las urnas. De allí que vean en el incremento de la muerte, del miedo y del horror la única salvación para su naufragio social y político. Su fracaso es evidente, el hundimiento inocultable. Todo esto explica el por qué Iván Duque se niega a establecer un diálogo real y abierto con la población y los demás colectivos en paro. A la par, la salida del gobierno frente al paro ha sido de lo más insolente e irresponsable culpabilizando a Venezuela, a Rusia, a China, a las disidencias de la FARC, a Gustavo Petro y a la izquierda internacional.


Lo peor es que dichas tramoyas se aplauden, se aceptan, se esperan y veneran por algunos “ciudadanos de bien”, absolutos simpatizantes, “fanáticos y chiflados, cuya falta de inteligencia y de creatividad sigue siendo la mejor garantía de su lealtad” (1). La frase de Hannah Arendt sobre los personajes que apoyan los regímenes totalitarios cae como anillo al dedo. Son ciudadanos que banalizan la maldad y los asesinatos debido a su ciega obediencia, a su acrítico apasionamiento por el jefe-padre autoritario. Aplauden la actual situación de terror que nos han montado en Colombia. Con una apasionada, enajenada y violenta actitud, que desafía la sensatez y respeto a la diferencia, han sabido ser fieles al gobierno dando un parte positivo sobre la destrucción de sus adversarios. Convencidos de su “buena actuación” se sienten poderosos y libres de cometer sus fechorías. Es pues, el triunfo efectivo del despotismo impulsivo, mezclado con un sectarismo pasional xenófobo, clasista y excluyente. Adoctrinados hasta la médula en nombre de una farsante “democracia” nacionalista y patriótica, ejercen el aniquilamiento de forma servil y creyente. Son aquellos que, en palabras de Michael Walser, “no son una sangre tranquila, sino que hierve; por eso son exagerados y apasionados, ansiosos como están por derramar la sangre de sus enemigos (…) Eso es lo que se quiere decir con ‘energía apasionada’ y por eso producen tanto miedo” (2).


Y de que los hay los hay, y muchos. Eso lo comprueban sus múltiples apariciones en pueblos y ciudades de Colombia durante estos días de paro. Sin embargo, contra estos fanáticos necrofílicos, la fuerza juvenil, danzante, creadora, artística, con su vitalidad rebelde, resiste y re-existe en calles, esquinas, casas, barrios y comunas.


Ante semejante hoguera de vejámenes y de crímenes, queda preguntarse ¿dónde están las voces de protesta de los Jefes de Estado de Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y del mundo? Las voces de los Jefes de Estado, insistimos, y no sólo de grupos de artistas, músicos, poetas, de algunos organismos internacionales y de medios alternativos que se han manifestado en contra del tratamiento despiadado de las protestas. ¿Por qué no se escuchan los fuertes discursos de los Jefes de Estado contra la barbarie en Colombia, tal como se les escucha cuando atacan a países que van en contravía a sus intereses? ¿les sirve y les gusta que se conserve este régimen de derecha en Colombia? Su silencio cómplice lo aprueba y lo confirma.


“Se metieron con la generación que no tiene nada que perder, porque nadie tiene nada, ni casa, ni trabajo, ni salud, ni educación,” dijo una líder del barrio Siloé de Cali. Lo único que tienen para ganar es el ser escuchados, su dignidad en los sitios de resistencia, y que se les ofrezca algo de futuro. Ante esas peticiones los Leviatanes sangrientos han dado un golpe de Estado camuflado y venerado por la “gente de bien”, pero demasiado palpable, sufrido e impuesto sobre los jóvenes de los barrios populares, los indígenas, los estudiantes, los desempleados y la comunidad pobre, considerados por estos señores como terroristas, indeseados y parias.

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Martes, 18 Mayo 2021 11:26

Colombia. La masacre no cesa

Registro de la reunión en Compensar de las delegaciones del Gobierno y del Comité de Paro en procura de abrir una negociación

Como una honda expansiva que va recorriendo el país, la energía del paro nacional llega cada día a diversidad de municipos del país, no solo grandes, como el caso de las capitales de departamento, sino también a medianos y pequeños, como resaltó con el industrial municipio de Yumbo en el Valle del Cauca.

En efecto, el pasado domingo 16, con prolongación durante el lunes 17, la protesta social fue reprimida en Yumbo, carcano a la capital vallecaucana, conocido por ser territorio industrial y punto de acopio de hidrocarburos por parte de Ecopetrol y multinacionales.

Según denuncias, el Esmad, como ya es conocido, llegó a disolver la protesta pacífica de la comunidad y con ella a la Minga Indígena, la cual denunció que fue atacada con armas de fuego. En un trino la Organización Nacional Indígena de Colombia –Onic– denunció: “[…] la situación en Yumbo, Valle, es gravísima: El ESMAD está disparando contra los participantes en la Minga que se concentra en el punto de Ecopetrol. Continúa la vulneración a los Derechos Humanos”.

El mismo alcalde local reconoció el carácter pacífico que reinaba entre los manifestantes: “Estaban haciendo una protesta pacífica, tranquila, que lastimosamente se ha visto empañada por la violencia”. Y agregó: “Gobierno nacional, siéntese ya a debatir esas exigencias que le están haciendo. Sean responsables porque nosotros somos los que estamos pagando esa situación de orgullo del Gobierno nacional”. Horas después se supo que supuestos manifestantes atacaron su vivienda.

Por el ritmo violento y represivo de los acontecimientos el mandatario local también denunció: “Yo, alcalde del municipio de Yumbo, Jhon Jairo Santa María, quiero poner en conocimiento esta situación a la comunidad internacional, porque necesitamos la presencia de ustedes para garantizarles las vidas a nuestros yumbeños, a nuestros compatriotas, a nuestra comunidad”.

Su denuncia y preocupación por lo que estaba sucediendo no era gratuita ya que, como lo reportó el periodista Luis Alfonso Mena S. en artículo titulado: Yumbo; 24 horas de terror policial: “La violencia oficial se prolongó durante 24 horas, pues llegada la medianoche del martes 18 de mayo se seguía experimentando el terror policial, que dejó tres jóvenes asesinados a balazos, 30 heridos, la mayoría con armas de fuego, y numerosos detenidos.

Durante todo el día y la noche se produjo un incesante asedio y ataque de la policía que obraba como fuerza de ocupación en avenidas y barrios contra la población, incluso con francotiradores desde la llamada Mega Estación, a pesar de lo cual la comunidad movilizada no cedió, siguió en las calles y se enfrentó a las fuerzas coercitivas del Establecimiento,

Las personas asesinadas fueron identificadas como Maicol López Cano, de 32 años de edad; Michael Joan Vargas López, de 23 años, con heridas de bala en la cabeza, y Jhon Alexander Yotengo Chagüendo, de 21 años.

Rodrigo Vargas, defensor de derechos humanos de Yumbo, quien fue víctima de la represión y fue lesionado también por la policía, reveló el siguiente primer listado de heridos en las primeras horas del lunes: Reinaldo Manzano, Alejandro Cárdenas, José Wilmer Valencia y Andrés Cerón.

Luego, el Hospital La Buena Esperanza confirmó que allí fueron atendidos con heridas causadas con armas de fuego las siguientes personas: Héctor Manuel Vargas, Néstor Julián Bermúdez, Jarry Alejandro Bermúdez, Nicolás Peñuela Salazar, Sebastián Mosquera, Ronald Alexis Llantés Sánchez, Johanson David Preciado, Harold Yesid Medina Borrero, Daniel Andrés Ramos Domínguez, Aníbal Armando Solarte Méndez, Nicolás Arroyo Moreno y Cristian Andrés Muñoz Rendón.

En video difundido desde la entrada al hospital de Yumbo en horas de la madrugada del lunes Armando Solarte dijo que fue herido por la policía frente a su propia casa.

Heridos con arma blanca fueron atendidos en el Hospital La Buena Esperanza los ciudadanos Jaime Ángel Cabal, Víctor Manuel Rodríguez, Jean Carlos Villanueva Mesa, Brayan Alexander Guzmán y Steven Lenis.

Intoxicados con gases lacrimógenos llegaron al hospital Lesly Yulieth López, Angie Tatiana Vasco Arango y Cristhian David Acevedo.

Otras personas heridas fueron Jorge Alberto López, Óscar Payán y Miguel Amézquita.

El Equipo Jurídico y Humanitario 21 N informó que nueve jóvenes que habían sido detenidos en horas de la mañana del lunes fueron dejados en libertad luego de sus gestiones ante instancias judiciales.

Defensores de derechos humanos denunciaron que el joven Brayan Sti Parra, de 19 años de edad, fue detenido por la policía en el sector de Ecopetrol y se encontraba desaparecido”.

En el curso de la refriega, y en repudio por la acción policial, los manifestantes llegaron hasta el CAI del barrio Las Acacias para encarar a quienes lo custodiaban. Allí la balacera también fue notable.

En medio de ello, y en lo que parece a todas luces una provocación para inculpar a los manifestantes de terrorismo o similares, o justificar una mayor matasona, personas no identificadas atentaron contra un tanque de Ecopetrol, acción que pudo transcender en un suceso de graves consecuencias para los pobladores que habitan en los alrededores del terreno donde la petrolera nacional acopia combustible.

Este lunes, Iván Duque y su gabinete se reunió con los miembros del Comité del Paro por segunda vez pero no hubo consenso. Se espera que vuelvan a encontrarse para negociar el levantamiento de las protestas el próximo 20 de mayo.


Otros territorios

 

Desde el departamento del Huila ganó eco el potencial de la movilización campesina y ciudadana, la cual mantiene vivos 23 bloqueos viales a lo largo de su territorio y los cuales impactan de manera especial sobre 13 municipios de su jurisdicción.

Un hecho sin claridad sobre quiénes lo protagonizaron afectó al municipio de La Plata, con intento de incendio del edificio municipal.

Los bloqueos se mantienen a lo largo del país, y de lo cual dio cuenta la propia policía de carreteras al informar que al día lunes 17 estos afectan 86 vías principales y 5 secundarias., también confirmó la existencia de 46 concentraciones sobre distintas vías nacionales.

En Antioquia, en cercanías a Medellín, se vivieron momentos de alta tensión por protestas por la entrada norte como sur a la ciudad, en sucesos con epicentro en los municipios de Bello –jurisdicción de Niquia– y en Caldas. También hubo intentos de bloqueo sobre la vía Las Palmas.


La negociación

 

Estos hechos acontecen mientras un segundo encuentro entre el Comité Nacional de Paro y el gobierno nacional no logra sintonía, y queda citado una tercera ronda para el jueves 20.

El intento para definir una hoja de ruta que encauce de manera próspera las negociaciones está bloqueada por el rechazo del gobierno a dos solicitudes de la contraparte, reconocimiento efectivo del derecho a la protesta pacífica: 1. Que el ministro de Defensa, Diego Molano, rinda excusas públicas por los abusos policiales a los manifestantes en distintas zonas del país; 2. Retirar tanto al Ejército como del Esmad, y que la Policía Nacional no utilice armas en el control de las manifestaciones sociales.

Solicitudes ante las cuales el gobierno no responde, pero si levanta una exigencia: que quienes protestan levanten los bloqueos que mantienen sobre diversas autopistas del país. Una exigencia que va reforzada con una amplia campaña de difusión por medio de la cual quienes protestan son señalados como causantes del deterioro económico del país, así como creando el ambiente propicio para una acción represiva de amplio espectro para abrir esas vías a sangre y fuego.

Consecuente con ello, y al tiempo que las delegaciones representantes de las partes trataban de ponerse de acuerdo para instalar la mesa de negociación, el presidente Duque en mensaje al país ordenó el “despliegue de la fuerza pública” para recuperar las vías bloqueadas. De esta manera, y con los antecedentes de violencia y terror materializados por los cuerpos armados del establecimiento, cualquier cosa puede suceder en los días que vienen. Una orden librada sobre el diagnóstico maniqueo que de la protesta tiene el Gobierno, para el cual los bloqueos son realizados por delincuentes con el claro propósito de “afectar y de sabotear”.

No es casual la preocupación expresada por Francisco Maltés, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores y vocero del Comité de Paro, enfatizando que con la orden presidencial el presidente “Le declara la guerra al paro al ordenar desplegar el máximo de las Fuerzas Militares y de Policía sobre los sitios de concentración pacífica que hay hoy en el país”.

Un pulso difícil de sostener, toda vez que el terrorismo en Colombia no escatima en grados de violencia y muerte. Pese a ello, el Comité de Paro Nacional convocó a una nueva jornada de parálisis para el miércoles 19, y las partes acordaron para el jueves 20 otra jornada de diálogo para ver si logran un acuerdo que de vía a la instalación de la mesa de negociaciones.

El jueves en el curso del día se conocerá si el pulso se inclina hacia alguno de los ángulos.

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Alison Meléndez. Un suicidio provocado por una violación

Con furia e inculpando al establecimiento reaccionaron cientos de jóvenes payaneses ante la noticia del suicidio de la menor de 17 años Alison Meléndez y quien había sido violenta e ilegalmente capturada por 4 efectivos del Esmad mientras registraba con su celular las protestas cerca de su sitio de habitación.

Según su testimonio, expresado a través de las redes sociales, esos policías “Me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma".


De acuerdo a su abuela, cuando su nieta regresó de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), a donde había sido llevada por sus captores, volvió con moretones en el cuerpo y le dijo que la habían manoseado. Al día siguiente sus familiares encontraron a la menor inconsciente en su habitación, tras aparente suicidio. Aunque fue llevaba de urgencia al hospital los galenos no lograron reanimarla.

Por su parte Luis Salazar, padre de la menor, y quien hace parte a su vez de la fuerza pública, fue tajante en sus declaraciones al exigir justicia y esclarecimiento de los hechos.

Como ha ocurrido en otros 16 casos de denuncia por violación sufrida por jóvenes detenidas por efectivos policiales en el marco de las protestas que conmocionan al país desde el pasado 28 de abril, voceros oficiales, en este caso el jefe de la Policía de la región, Ricardo Alarcón, acudió al reiterado negacionismo que ya es típico a la hora de responder ante denuncias de toda gravedad como esta. Una reacción de “solidaridad de cuerpo” que los marca y que en este caso una vez más evidencia el nivel de impunidad que campea en el país y con el cual se protegen los cuerpos represivos para actuar sin acatar ninguna norma ética ni respetuosa con la carta de Derechos Humanos. Un comportamiento que, en el caso de violencia contra mujeres, evidencia la manera como poder y patriarcado están íntimamente ligados.

Como prueba inicial para desmoronar el reiterado negacionismo oficial está el video donde puede apreciarse el momento cuando la menor de edad es capturada de manera ilegal por los efectivos de la mal llamada “fuerza pública”.

No más impunidad

Una vez la muerte de la joven fue noticia, sus pares no se contuvieron. Su expresión de afecto y de solidaridad propició que denunciaran los reiterados abusos, violaciones y desmanes de la policía, la cual tienen que padecer en parques, calles o en cualquier otro lugar donde sus efectivos llegan en actitud autoritaria a imponer un orden que ya no responde ni corresponde a la sociedad de justicia a que las mayorías sociales aspiran a vivir.


Es así como, con energía exultante, se dirigieron al complejo de policía Intendente Jefe Diego María Guerrero donde estaba erigido el monumento “Edificadores de paz” hecho por la policía con casquillos de balas para “recordar a las víctimas”, el cual fue lanzado al río Molino. Unas horas después hicieron lo propio con el monumento que recordaba a Francisco de Paula Santander (instalado en la glorieta de la terminal de transportes), asociado desde hace dos siglos con la defensa de los poderosos y de sus privilegios.


Para allí no paró su demostración de rechazo a la violación de que fue objeto la joven Alison Meléndez. Con igual entusiasmo se dirigieron a la URI a donde fue llevada por sus captores y le prendieron fuego, rechazo abierto y directo al estamento policial, síntesis del autoritarismo vigente en Colombia. Cuerpo armado defensor de privilegios y expresión de vetustas formas que asume el poder en Colombia, como son el machismo y patriarcado.


Mientras esto sucedía en medio del día 16 de paro nacional que registra Colombia, se conocido que como respuesta por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a una solicitud de diversas organización de Derechos Humanos para que envíe una delegación para una visita de trabajo al país, la secretaria ejecutiva de esa organización, María Claudia Pulido, le dirigió una carta al presidente Duque solicitando autorización para proceder con la visita correspondiente.


Al mismo tiempo, se hacía publica una carta firmada por 55 congresistas de Estados Unidos donde denuncian que la Policía colombiana “está desatada” y piden al secretario de Estado Antony John Blinken para que se pronuncie sobre lo que vive Colombia.


¿Podrá contenerse el proceder policial y de las Fuerzas Armadas en general? ¿Podrá en algún momento que los cuerpos armados dejen de defender el poder de minorías y se alineen con las mayorías? La respuesta la brinda la historia, la cual también indica que “solo el pueblo salva al pueblo”.

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Lucas Villa se convirtió en un caso emblemático de la represión en Colombia

 

 "Nos están matando en Colombia", vociferaba Lucas Villa en las manifestaciones pacíficas del pasado miércoles en la ciudad colombiana de Pereira, poco antes de que varias personas dispararan contra la protesta. Al estudiante de 37 años, que recibió ocho disparos, le diagnosticaron hoy muerte cerebral.

Villa permaneció en estado crítico en el Hospital Universitario San Jorge, en esta ciudad del oeste del país, y se convirtió en la imagen de las agresiones letales que han sufrido los protestantes pacíficos de las movilizaciones que comenzaron el pasado 28 de abril contra el gobierno del presidente Iván Duque.

"Lamentamos informar que no obstante a la atención especializada brindada durante estos días en nuestra UCI el paciente no presentó ninguna respuesta neurológica posterior a suspender la sedación y el estudio imaginológico es concordante con isquemia cerebral global", declaró este lunes a medios el gerente del hospital Juan Carlos Restrepo.

Agregó que "es así, como al paciente en razón a su estado clínico, se le diagnostica muerte encefálica" y que tras el diagnóstico "lo que viene será que su corazón deje de latir en un par de horas".

Villa era estudiante universitario de Ciencias del Deporte y participó de manera activa en las protestas de los últimos días, coreando eslóganes de forma pacífica, bailando y motivando al resto de sus compañeros para protestar contra la reforma tributaria, primero, y la brutalidad policial y otras políticas gubernamentales una vez que esta fue retirada por el Gobierno.

El joven se encontraba, junto a otros manifestantes, protestando de forma pacífica en el viaducto que comunica en Pereira, capital del departamento de Risaralda, con la vecina Dosquebradas, cuando personas vestidas de civil en una moto abrieron fuego hiriendo de gravedad a dos personas, a Villa y a Andrés Clavijo, quien despertó este fin de semana en el hospital, y a una más en la pierna.

Su voz, con la que invitaba a manifestarse de manera pacífica, y la alegría con la que se le vio horas antes de ser atacado, impulsaron nuevas movilizaciones contra la violencia de la que han sido víctimas cientos de protestantes.

Su nombre fue enarbolado por miles de colombianos que conservaban la esperanza de que Villa se recuperara y que a través del arte pidieron justicia para que atentados como los que sufrió no se repitan en el país.

En algunos videos grabados antes del ataque, se ve a Lucas bailando en las calles, saludando a agentes de la Policía y vociferando mensajes de paz y armonía.

En varias partes del país han surgido múltiples denuncias de intimidaciones a manifestantes por parte de hombres armados supuestamente opuestos al vandalismo y en algunos casos los protestantes han sido incluso atacados a tiros desde vehículos de alta gama, como ocurrió con Villa.

Hace tres días también falleció Héctor Fabio Morales, un joven de 24 años quien fue atacado con arma de fuego en la cabeza, tórax y piernas por supuestos civiles durante las protestas del viernes en Pereira.

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Martes, 04 Mayo 2021 12:05

Colombia 28A

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28A. No a la reforma tributaria rompió la pasividad y el silencio en Colombia

Jueves 29 de abril 2021

Reforma tributaria el futuro es de otros

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Según la petición de juicio, en Chile se cerraron ya 3.050 causas por violencia institucional contra quienes participaron en el estallido social. Foto: CIPER Chile.

El exjuez español Baltasar Garzón, la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CHDH), la Asociación Americana de Juristas (AAJ) y el Centro di Ricerca ed Elaborazione per la Democrazia (CRED), solicitaron este jueves a la Corte Penal Internacional (CPI) que investigue, acuse e inicie un juicio al presidente chileno Sebastián Piñera.

De acuerdo con un escrito enviado a la fiscal general de la CPI, la abogada Fatou Bensouda, enjuiciar a Piñera y a sus colaboradores civiles, militares y policiales se torna imperativo por “crímenes de lesa humanidad” que habrían sido “cometidos de manera generalizada y sistemática” desde octubre de 2019.

Los promoventes de la causa sostienen que “los hechos acontecidos tras el estallido social (de ese año) revisten categoría (…) de crímenes de lesa humanidad”.

Asimismo, quieren “poner de manifiesto la impunidad que se está viviendo en Chile”, donde según afirman, se cerraron 3.050 causas por violencia institucional asociadas al estallido social.

El documento argumenta que la CPI ha de intervenir debido a que en esa nación suramericana estos casos son calificados como delitos comunes de una manera errónea y deliberada.

El texto agrega que con ello se procura “sustraerlos de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y (…) preparar las condiciones que permitirían favorecer su posterior impunidad con la eventual aplicación de las reglas de la prescripción, o mediante la aplicación de posibles indultos, amnistías o leyes de punto final”.

Además, se denuncia que los organismos del Estado encargados de investigar y juzgar, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, han tenido una demora injustificada en la sustanciación de estos procesos y sus actuaciones no revisten la necesaria independencia e imparcialidad y el debido respeto por el principio de Igualdad ante la Ley.

A juicio del presidente de la CHDH, el abogado Carlos Margotta, la petición de un juicio a la CPI busca sancionar a las máximas autoridades chilenas, incluyendo a los sucesivos ministros del Interior y Defensa, además de los generales directores de Carabineros.

29 abril 2021

(Con información de Telesur)

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Jueves, 15 Abril 2021 05:34

Cambio de gobierno en Haití

Cambio de gobierno en Haití

Por una crisis de inseguridad

El gobierno de Haití ha presentado su renuncia y el país tiene nuevo primer ministro, anunció el miércoles el presidente, Jovenel Moise (foto), quien agregó que el cambio tiene como objetivo abordar la grave crisis de seguridad que padece esta nación asolada por la pobreza y la corrupción.

"La renuncia del Gobierno, que acepté, permitirá abordar el flagrante problema de la inseguridad y continuar las discusiones con miras a alcanzar los consensos necesarios para la estabilidad política e institucional de nuestro país", tuiteó Moise. "Presenté esta noche mi dimisión al presidente de la República", confirmó de su lado el primer ministro saliente, Joseph Jouthe.

Nombrado en marzo de 2020, Jouthe ha permanecido apenas un año en el cargo, en un país donde la sucesión de jefes de gobierno se ha visto acelerada en los últimos tiempos. El nuevo primer ministro es Claude Joseph, hasta ahora ministro de Relaciones Exteriores.

El país caribeño, el más pobre del continente americano, sufre un repunte de la inseguridad, particularmente de secuestros para extorsionar y obtener dinero por parte de las pandillas, que gozan de un alto grado de impunidad.

Jovenel Moise, centro de una fuerte ola de contestación por parte de la oposición política y de buena parte de la población haitiana, que exige su marcha, nombra así a su sexto primer ministro en cuatro años de gobierno.

Secuestros y fugas

Último ejemplo de la deriva del país, el secuestro el domingo de diez personas, entre ellas siete religiosos -cinco haitianos y dos franceses-, cerca de Puerto Príncipe. La Iglesia católica haitiana denunció el lunes la falta de acción de las autoridades tras los hechos. Los siete religiosos siguen en manos de su captores.

Otra muestra del peligro de anarquía generalizada que planea sobre este pequeño país fue la fuga en febrero de más de 400 detenidos de una prisión en las afueras de la capital en la que murieron 25 personas, incluido el director del centro.

Claude Joseph sustituye como primer ministro a Joseph Jouthe, quien es también el presidente del Consejo Superior de la Policía Nacional y que se mostró incapaz, en poco más de un año a la cabeza del gobierno, de hacer frente a este recrudecimiento de la inseguridad.

El presidente, Jovenel Moise, estima que su mandato debe terminar el 7 de febrero de 2022, mientras que para la oposición y parte de la sociedad civil, ya concluyó el 7 de febrero de 2021.

El desacuerdo se debe a que Moise fue elegido en unos comicios anulados por fraude, y reelegido un año más tarde. Sin Parlamento activo, Haití se hundió aún más en la crisis durante 2020 y el presidente gobierna por decreto, alimentando la creciente desconfianza hacia él. En este contexto de inestabilidad, Moise decidió organizar en junio un referéndum constitucional, denunciado como un engaño por la oposición.

A finales de marzo, el Consejo de Seguridad de la ONU reclamó a Haití, en una declaración aprobada por unanimidad, que sus preparativos electorales "se hagan con miras a unas elecciones presidenciales libres, equilibradas, transparentes y creíbles en 2021".

Redactada por Estados Unidos, la declaración subraya también "la necesidad urgente de celebrar unas elecciones legislativas libres, equilibradas, transparentes y creíbles, que han sido retrasadas desde octubre de 2019".

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La investigación de la comisión de la Verdad ecuatoriana duró un año y medio.

Por la represión a las protestas en 2019

La Comisión Especial para la Verdad y la Justicia recopiló 519 testimonios sobre el levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador. El informe final señala que el Estado llevó a cabo delitos de lesa humanidad y pide que se juzgue a los responsables.

 

Seis personas habrían sido ejecutadas extrajudicialmente por las fuerzas de seguridad del Estado ecuatoriano durante las protestas de octubre de 2019. Este es sólo uno de los hechos más importantes que reveló la Comisión Especial para la Verdad y la Justicia tras casi un año y medio de investigación en Ecuador. El organismo creado por el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, además denunció que se violentó gravemente el derecho a la vida, la integridad física, psicológica y sexual, y a la libertad personal de los manifestantes. "El gobierno nacional generalizó el argumento de que la protesta social era violenta y así pretendió justificar el uso irracional y desproporcionado de la fuerza", dijo Carrión a Página/12. La Comisión también le dedicó un apartado a la cobertura mediática. El análisis arrojó que los medios con mayor llegada se limitaron a repetir el relato gubernamental.

La cara autoritaria del neoliberalismo

El “paquetazo” que intentó imponer Moreno, en línea con las solicitudes del Fondo Monetario Internacional (FMI), tuvo su resistencia en la calle a fines de 2019. Tras casi dos años de políticas de ajuste, la gota que colmó la paciencia del pueblo ecuatoriano fue la quita del subsidio a los combustibles. A los pocos días de tomada esta medida el precio de las naftas más baratas y el diesel comenzó a subir de manera desproporcionada. Así, el 3 de octubre comenzaron las movilizaciones que tuvieron como punta de lanza al sector transportista. Luego se convocó a un “paro nacional” al que se plegaron estudiantes y sindicatos de trabajadores. Pero la participación más importante vino desde el movimiento indígena, que se movilizó a escala nacional. Moreno respondió decretando el “estado de excepción” y toque de queda. De esta manera policías y militares tomaron las calles de todo el país. Los resultados no se hicieron esperar: hubo miles detenidos y al poco tiempo se produjo la muerte del primer manifestante.

Fueron 13 días de resistencia popular que finalmente obligaron a Moreno a dar marcha atrás con la quita de subsidios. Sin embargo, a un costo altísimo: al 13 de octubre la Defensoría del Pueblo documentó al menos ocho personas muertas y 1.340 atendidas en centros de salud por circunstancias relacionadas a la protesta. En paralelo, el Ministerio Público comenzó a investigar a los dirigentes del movimiento indígena. También se abrieron procesos judiciales contra políticos ligados al partido expresidente Rafael Correa. Varios de ellos fueron detenidos, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. A su vez la asambleísta Gabriela Rivadeneira, junto a otros integrantes del correísmo tuvieron que exiliarse en México ante lo que denominaron una persecución judicial. Al día de hoy continúan allí y sus causas siguen abiertas.

 “Ejecuciones extrajudiciales”

En ese contexto convulsionado el Defensor del Pueblo decide conformar la Comisión para investigar los hechos ocurridos del 3 al 16 de octubre. La pandemia retrasó la salida del informe pero finalmente esta semana fue presentado al público. Los resultados son concluyentes: hay evidencia de la participación estatal en múltiples delitos de lesa humanidad. Por este motivo, la presidenta de la Comisión, Sybel Martínez, pidió que la fiscalía utilice los datos volcados en el informe para iniciar procesos legales. “Son 519 testimonios de los que 249 responden a violaciones de DDHH. Se puede ver una actuación sostenida en este sentido por parte de las fuerzas del orden durante todo el paro nacional", indicó Martínez.

El informe documenta seis muertes provocadas presuntamente por ejecuciones extrajudiciales en manos de la policía ecuatoriana. Todas se dieron en el contexto de las protestas. El caso de Segundo Inocencio Tucumbi Vega, dirigente indígena de 50 años, da cuenta de la brutalidad de la represión en Quito. Su muerte se produjo luego de que la policía arrojara gases lacrimógenos en la Universidad Salesiana, uno de los espacios que la policía y las organizaciones indígenas habían acordado como “centros de paz”. En estos núcleos alejados de la zona de protesta los manifestantes llegados desde distintos puntos del país descansaban y se alimentaban. Según testigos, Tacumbi Vega había salido a la calle obligado por los gases y allí habría recibido el impacto de una bomba lacrimógena.

El informe también documenta 22 casos de atentado contra el derecho a la vida, 123  violaciones a la integridad personal, 38 violaciones del derecho a la libertad, tres personas víctimas de violencia sexual y 20 personas con lesiones oculares. El Defensor del Pueblo subrayó que el gobierno Moreno justificó el uso de la fuerza para defender la democracia. “Eso contradice la Constitución. No tiene sentido que un gobierno salga a defender la democracia privando de la vida o afectando la integridad de las personas”, sostuvo Carrión. A su vez la Comisión informó de otras seis muertes producidas durante las protestas pero sin conexión directa con personal policial. 

La entonces Ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, habían sostenido que las movilizaciones estaban siendo fogoneadas desde Venezuela y Cuba. Martínez señaló que estas declaraciones, hasta el momento no comprobadas, tuvieron como finalidad construir la figura de un “enemigo interno”. “Se buscó justificar la vulneración de derechos de los manifestantes, pero por otro lado, también se implantó un estado de terror durante las protestas”, indicó la comisionada.

Con la agenda del gobierno

El informe de la Comisión concluyó que los medios masivos, tanto de televisión, internet y radio, así como gráficos, reprodujeron el relato oficial. A la hora de encarar la cobertura de las protestas los medios hegemónicos se centraron en mostrar la “violencia de los manifestantes”. A la par, utilizaron como fuentes mayoritarias de sus noticias a las autoridades de gobierno y funcionarios. “Hubo un preocupante nivel de desinformación en todo el país. Se actuó con sesgo que en algunos casos llegó hasta la censura. Llamamos a las cabezas visibles de los medios para preguntarles con qué criterio bajaron ciertas las notas. Se justificaron apelando al ‘estado excepción’ decretado por el gobierno”, sostuvo Martínez. Además señaló que los medios alternativos y comunitarios fueron los que aportaron una mirada distinta, encarando sus notas bajo una perspectiva de DDHH y amplificando la voz de las víctimas.

Para el actual ministro de Gobierno de Ecuador, Gabriel Martínez, el informe de Comisión no presentó la verdad de los hechos. “Lo real fue que tuvimos unas protestas con fines políticos, con fines de desestabilización política, en los que la Policía actuó firmemente, correctamente, intentando proteger a las personas, restablecer el orden”, sostuvo el ministro. Además señaló que el informe no menciona la violencia contra la policía, ni el vandalismo contra edificios públicos. El Defensor del Pueblo rechazó esta afirmación. “Determinamos que hubo actos violentos por parte de los manifestantes y pedimos a la fiscalía que insista en esas investigaciones. La impunidad no puede estar en ningún lado. Pero por otro lado vemos que hasta el momento el Ministerio Público solo se dedicó a buscar sanciones contra los manifestantes, y no hacia los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, señaló Carrión.

En ese sentido la presidenta de la Comisión indicó que la Justicia se está moviendo con lentitud para juzgar las responsabilidades estatales.  “En el tema de vulneración de derechos han actuado muy lento. Pero en otros temas sí se avanzó con más ahínco. La prefecta Pabón nos decía que le llamaba la atención la rapidez con la que manejaron su caso”, señaló Sybel Martínez. Para el Defensor del Pueblo la Justicia está siendo parcial. “Este informe pretende dar a conocer la verdad. La Comisión, formada por personas sin sesgo partidista, llegó a la conclusión de que hay indicios de responsabilidad en delitos de lesa humanidad por parte del Estado”, enfatizó Carrión.

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Unos activistas prueban una especie de gran cauchera sujeta a un poste, ayer en Rangún

 

Incendiada una treintena de fábricas chinas en las últimas protestas en Rangún

 

Las calles de Hlaingthaya tienen fama de duras. Este municipio, en el extremo occidental de Rangún (la ciudad más grande de Birmania), es uno de los más poblados del país, donde gran parte de sus 700.000 habitantes trabaja en los cientos de factorías textiles del lugar. Muchos de ellos son emigrantes rurales, que al tratar de escapar de la pobreza se dieron de bruces con los peligros de la vida en los suburbios, incluidos los robos, la explotación laboral o los asesinatos.

Sin embargo, el problemático distrito nunca había sido testigo de una violencia como la vivida el pasado fin de semana. El domingo, al menos 22 manifestantes contra la asonada militar del pasado 1 de febrero murieron allí por disparos de las tropas gubernamentales. Otros seis cayeron en el suburbio industrial de Shwepyithar.

Ese mismo día, una treintena de fábricas regentadas por empresarios chinos en esas barriadas fueron atacadas con saña e incendiadas, con un saldo de al menos dos heridos y unos 30 millones de euros en pérdidas. Las factorías taiwanesas o surcoreanas no tardaron en ondear sus banderas bien a la vista para evitar agresiones similares, mientras que las autoridades golpistas impusieron la ley marcial en las zonas más castigadas.

Ese ataque contra sus intereses y el creciente sentimiento antichino entre una parte importante de la población empujaron rápidamente a Pekín a tomar cartas en el asunto: en los últimos días ha lanzado repetidos mensajes exigiendo a las autoridades birmanas que tomen medidas concretas “para garantizar la seguridad” de sus ciudadanos y “evitar que se repitan incidentes similares”, además del castigo para los culpables. Aunque se ha especulado con una posible evacuación del personal chino no imprescindible, el diario estatal Global Times negó ayer que eso sea cierto.

Desde que los generales apartaron del poder manu militari a Aung San Suu Kyi, la postura del gigante asiático, que cuenta con grandes intereses económicos en Birmania –oleoductos, presas, minerales o puertos, entre otros­­–, ha estado en el punto de mira. Ya desde el principio se especuló con que China apoyaba –o al menos conocía– los planes de los uniformados, aunque no existe prueba alguna sobre ello. De hecho, gran cantidad de expertos han señalado que Pekín mantuvo con el depuesto gobierno democrático de la Nobel de la Paz una relación mucho más fluida y franca que con la junta militar que gobernó Birmania durante el medio siglo previo, por lo que no tendría interés en ver a los militares de vuelta. Sin embargo, eso no ha evitado que desde un principio surgieran todo tipo de rumores que dejaban en mal lugar a China: desde que había enviado armas o militares para apoyar a las tropas birmanas a que sus ingenieros de telecomunicaciones estaban colaborando con los golpistas para ayudarles a controlar las redes del país. Un “sinsentido”, en palabras del embajador chino.

Pero que no haya pruebas fehacientes no ha evitado que la ola sinófoba haya adquirido dimensiones considerables. En las protestas diarias contra el golpe, no es extraño ver carteles con lemas como “Negocios chinos, ¡fuera!” o “Quemaremos el oleoducto chino”, un proyecto controvertido que en el pasado ya provocó protestas por sus costes medioambientales. También se han redoblado los llamamientos al boicot de sus productos, ya sean frutas, móviles o videojuegos.

Tampoco ayuda que China se mantenga firme en la aplicación de su principio de no injerencia en los asuntos internos de terceros países. Aunque sí ha apoyado en la ONU una “contundente condena a la violencia sobre los manifestantes pacíficos” o la puesta en libertad de Suu Kyi, muchos no le perdonan que no condene de forma taxativa el golpe, que en un inicio incluso fue calificado por los medios estatales como “una importante remodelación del gabinete”.

Los últimos acontecimientos han colocado a Pekín en una encrucijada de difícil salida. “Por una parte, necesita mantener buenas relaciones con los militares para contar con su apoyo en proyectos de infraestructura”, detalló el analista Pang Zhongying a France Press. “Por la otra, no quiere que se le vea interfiriendo en los asuntos internos del país o parecer demasiado cercana a las fuerzas armadas en medio de la condena internacional. Sus proyectos se enfrentan a grandes riesgos de seguridad, pero tiene las manos atadas”.

STRINGER / EFE

Ismael Arana

Hong Kong. Corresponsal

18/03/2021 01:08Actualizado a 18/03/2021 09:03

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