El neoliberalismo extremo de Maduro y los mitos sobre la “recuperación económica”

“El milagro venezolano”, así han llegado a denominar algunos economistas de otras latitudes lo que acontece en el país, en alusión a que Venezuela estaría saliendo o haya salido de la catástrofe económica. “La Venezuela que se arregló” es la versión criolla de esta cantinela desde el Gobierno, como parte de su estrategia comunicacional, mostrando las burbujas económicas en ciertas áreas de la economía, sobre todo en el comercio y el sector servicios, empujada por toda la política aperturista y neoliberal extrema de Maduro, dolarización, aplanamiento salarial y ajustes en toda la línea, entre otros factores económicos y políticos.

 

Del pozo profundo en el que cayó el país a niveles nunca vistos en su historia, empresarios y gruesos sectores del capitalismo empezaron a emerger a base de las peores políticas neoliberales que se hayan aplicado en el capitalismo depredador, pero en el fondo se quedaron millones y millones de las grandes mayorías trabajadoras y populares sumergidas en la más grande de las miserias. Como hemos reseñado en otros artículos, el país perdió desde el 2014 alrededor del 80% de su Producto Interno Bruto, vivió un ciclo hiperinflacionario de 48 meses continuos, de los más largos en la historia, pulverizó el poder adquisitivo de los trabajadores, devaluó la moneda nacional, hasta dar paso a una dolarización de facto desde 2018.

La economía de Venezuela crecerá este año el doble de lo esperado hace unos meses, pronosticó recientemente la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indicando que el Producto Interno Bruto será el de mayor repunte de la región, con un estimado de 10% de incremento. Por su parte, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Calixto Ortega, anunció recientemente que la economía del país ha crecido dos dígitos durante el último año. Así detalló que la actividad económica creció 14,65 % y 19,07 % en el tercer y cuarto trimestre de 2021, respectivamente, mientras que la mejora en los primeros tres meses de 2022 fue de 17,04 % y entre abril y junio fue, aún como cálculo estimado, de 18,7 %. "Tenemos suficientes razones para ser optimistas en lo que queda de año 2022 y el próximo año", dijo Ortega, en un acto con empresarios que estuvo encabezado por Maduro.

Incluso, por la flexibilización de algunas sanciones imperialistas en medio de un proceso de negociación política que está en marcha desde el año pasado y los reportes extraoficiales sobre el levantamiento progresivo de esas restricciones a la industria petrolera. Es público que Biden ha realizado acercamientos para la flexibilización de estas sanciones en momentos en que los precios se disparan por la guerra en Ucrania. Además, los ingresos petroleros se recuperaron tras la pandemia por un aumento en la producción de crudo, mientras el precio sube tras la guerra en Ucrania. Aunque la producción y el precio han tenido un leve descenso recientemente.

El secreto del “milagro venezolano”

Los aplicadores de la “nueva economía”, neoliberalismo llevado a los extremos, que podemos resumir con la implementación de medidas como la supresión de impuestos y aranceles para las importaciones, que posibilitó el nacimiento de los famosos bodegones (negocios con anaqueles llenos con productos importados que solo la población con acceso a divisas extranjeras puede consumir), pero no solo para loa importadores, sino también exoneración de impuestos para los gruesos sectores económicos y transnacionales. De las “regulaciones y controles” se pasó a un sistema desregulado casi al 100%, pasando a la transferencia de activos (privatizaciones sigilosas) en el mayor de los secretismos amparados en la Ley Antibloqueo, lo que fue facilitando cambios en la estructura accionaria en las empresas mixtas de hidrocarburos, pasando incluso a niveles de “socios” mayoritarios o dueños directos, contraviniendo la propia Ley Orgánica de Hidrocarburos, dentro del marco de las privatizaciones en el sector petrolero.

Sumado a ello está la instalación de las zonas económicas especiales, territorios enteros desregulados completamente y sin estar sometidos a ningún tipo de ley más que la de extraer ganancias, así como la regencia de nuevas leyes de inversiones extranjeras. A la par estuvo la dolarización parcial de la economía del país, donde desde los grandes capitalistas hasta los sectores medios con poder adquisitivo, corrieron a la moneda estadounidense, por los distintos mecanismos legales, paralelos y hasta ilegales, una dolarización que incluye los precios de la gasolina y ciertos servicios públicos.

En medio de todo esto, una mano de obra de las más baratas del mundo, sino la más, con una inédita destrucción salarial, que ya por 2018 llegó a un salario mínimo de menos de 5 dólares al mes, y que tras míseras subidas se vienen conteniendo en toda la regla, salarios que en toda la catástrofe y durante esta alardeada “recuperación” no han superado el de unos pocos dólares mensuales (30$ mensuales en su “mejor momento” el salario mínimo, en marzo pasado, estando ya de nuevo debajo de los 20$ mensuales). De la mano de la más drástica contrarreforma laboral y previsional que se haya dado en el país (y quizás en América Latina), cuando de un plumazo y por decretos se suspendió la validez de los contratos colectivos (Memorando 2792, tablas salariales e instructivos de la ONAPRE) y las pensiones y prestaciones sociales quedaron reducidas a la nada.

Todo esto enmarcado en lo que llaman “la reducción del gasto público”, que entró en un largo proceso de contención, pero centrado fundamentalmente en un constreñimiento brutal a costa la remuneración de los trabajadores. El gobierno dejó conscientemente que la hiperinflación “ayudara” a reducir parte del “gasto público” por inercia sin necesidad de anunciar recorte de salarios, pero permitiendo que el látigo hiperinflacionario los pulverizara sin ninguna medida de emergencia que lo contrarrestara, al mismo tiempo que la pérdida de valor del bolívar a través de las incesantes devaluaciones hicieran buena parte del trabajo. Era toda una política criminal, pues no solo la hiperinflación fue erosionando los ingresos de las clases trabajadoras, sino desde el Gobierno se aplicaban los planes de contención y de aplanamiento salarial mientras se desarrollaban políticas económicas que favorecían las ganancias de los sectores empresariales.

El régimen monetario pasó a anclarse en la dolarización parcial de la economía o lo que los economistas llaman el bimonetarismo, utilizando el dólar como medio de cambio, unidad de cuenta y reserva de valor en ámbitos cada vez más amplios de la economía, lo cual implicó una devaluación gigante como nunca antes vista. Para algunos reconocidos economistas venezolanos de corte liberal, como Giorgio Cunto, de la firma Ecoanalítica, “Venezuela se ha convertido en un país bimonetario, en cual se ahorra, se transa y se piensa en dólares”. Por su parte el economista Leonardo Vera sostiene que “Venezuela ahora es un país bimonetario de facto y, en mi opinión, la dolarización parcial es prácticamente irreversible…”. Las devaluaciones inmensas y esta dolarización han implicado golpes inmensos sobre la clase trabajadora, mazazos que ya venían cayendo desde antes de la propia dolarización.

Esta situación de dolarización ha ido creando dos circuitos económicos separados dentro del país, por un lado, un sector pudiente por lo general, que va desde clases medias acomodadas para arriba, grupos económicos, empresarios, comerciantes y especuladores de todo tipo, y por supuesto en la que entra la alta burocracia estatal y los militares que manejan grandes empresas del Estado, con acceso al dólar como moneda de uso corriente y donde existen capitalistas que obtienen sus ganancias en dicha moneda pero pagan salarios en bolívares. Por otra parte donde están las grandes mayorías trabajadoras y populares, las clases medias bajas, que han visto caer sus condiciones de manera estrepitosa, que no tienen acceso a la divisa estadounidense, lo tienen en una medida totalmente marginal: en su mundo cada vez más miserable y paupérrimo, con ingresos en bolívares, buscando subsistir, dependiendo de algunos bienes de consumo popular a precios subsidiados y racionados, o accediendo a algunos dólares en los márgenes en los puestos de negocios de calle en la buhonería o el cuentapropismo.

Es por ello que los grandes sectores empresariales respaldan las políticas económicas de Maduro, en función del incremento de sus ganancias. Estadísticas recientes dan cuenta cómo los ingresos y ganancias de apenas un 10% de los más ricos crece vertiginosamente con “una tasa de crecimiento de 91%”, porcentajes en vuelo geométrico, mientras que el 10% de los más pobres “decreció en -11%”, en otras palabras, siguen yendo más al fondo. Así tenemos que lejos de los ricos, la Venezuela real y profunda, la que constituye la mayoría de la población trabajadora sigue hundida en la miseria. La clase capitalista tras sus recuperaciones, lo que procura es reiniciar otra vez el circulo vicioso del capitalismo que les produce amplias riquezas a unos pocos, al precio de hundir cada vez más en la miseria, degradación y precariedad a las amplias mayorías de la clase trabajadora y el pueblo oprimido.

Así sobre los golpeados hombros de la clase trabajadora ha recaído el peso del programa económico gubernamental, al mismo tiempo que se vienen consolidando viejas y nuevas élites económicas, en la que entran con fuerza las transnacionales. Este es el secreto del “milagro venezolano” o de la “Venezuela que se recupera”, de la severa mano de Maduro, que no ha dejado de acompañar todas estas políticas con un fuerte autoritarismo, reprimiendo a la clase trabajadora e imponiendo leyes que criminalizan las luchas obreras y populares, llevando a trabajadores a la cárcel por el simple hecho de protestar o denunciar la rampante corrupción en las empresas estatales y la administración pública.

Aunque lo hemos desarrollado en otros artículos, es fundamental destacar que tanto el Gobierno como gruesos factores de poder operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero mundial. De manera “silenciosa”, para usar una expresión de Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de grandes consecuencias para la nación, donde no solo se trata de la profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económica empresarial y capitalistas de todo linaje, sino que implican grandes cambios que pueden llevar a una mayor semicolonialidad del país, como puede leerse aquí y en este conjunto de artículos desarrollados por el sociólogo y dirigente de la LTS Ángel Arias.

Para muestra un botón: la abrupta devaluación de agosto

La abrupta devaluación ocurrida en el mes de agosto de casi un 25% en apenas tres días es toda una muestra de cómo el gobierno “corrige” o “ajusta” sus cuentas cuando lo considera necesario sin la menor inclemencia por las consecuencias con los grandes sectores asalariados o el ingreso de las mayorías populares. De manera casi súbita la cotización oficial pasó de 6,28 bolívares por dólar el martes 23 de agosto a 7,83 bolívares por dólar el jueves 25 de agosto. El cambio fue más fuerte en el mercado paralelo, donde en las mismas fechas se pasó de 7,04 bolívares por dólar a 9,33. Es decir, casi 33%, aunque luego se ubicó un poco más bajo. Lo que implicó en que en apenas tres días los ya miserables ingresos sufrieron la abrupta pérdida de más del 25% púes no solo operó la depreciación sino al mismo tiempo el aumento automático de los principales productos básicos operándose un remarcaje en los precios.

Muchos economistas concuerdan en que fue una movida consciente del Banco Central de Venezuela el provocar esta devaluación, y no producto de que le “estallara el esquema” al gobierno, pues en su política de aplanamiento del gasto público vía exclusivamente del ingreso de los trabajadores, lo que les otorgó con una mano (por lo del pago de los bonos vacacionales y recreacionales), que en verdad fue arrancado producto de las protestas generalizadas en todo el país sobre todo del sector educativo, se los sacó con la otra vía la devaluación para mantener su política de ajuste fiscal.

Como se sabe, para mantener el precio del dólar el gobierno inyecta a la banca ciertas cantidades de millones de dólares, que para algunos llegan a rondar los 400 millones de dólares al mes. Pero durante los primeros días del mes de agosto se dio una dosificación con una venta de dólares: “El BCV sorprendió esta semana con un cambio en su política antiinflacionaria, al realizar una venta exigua, cuando la situación ameritaba una venta de 200 millones de dólares”, de acuerdo a la firma Síntesis Financiera. Una vez hecho el golpazo devaluatorio, el gobierno sí vuelve a inyectar 200 millones de dólares, es decir, lo que dejaría al desnudo que no era falta de divisas en la semana anterior.Pero movida gubernamental o no, lo concreto es que, con la política (bi)monetaria, los que pagan las consecuencias de la política económica son las masas laboriosas y para nada los empresarios, que no se sintieron constreñidos. Y se esperan más ajustes en los meses venideros por los que presionan que el dólar debe ubicarse entre los 12 o los 15 bolívares por dólar.

¡Ellos o nosotros!: es necesario una salida de otra clase

Si vemos la variación semestral del tipo de cambio nominal respecto del dólar, de acuerdo a datos de la Cepal, vemos que en el primer semestre del 2020 fue del 325%, en el segundo semestre de ese año fue de 458,7%; para el 2021 en el primer semestre fue del 190,9% y para el segundo semestre fue del 42,7; para el primer semestre del 2022, el 20,4%, y esta nueva depreciación del 25% en el cambio oficial en apenas tres días, cuando aún falta un cuatrimestre para cerrar el año. La dolarización pone al desnudo la condición subordinada y dependiente en que se enmarca el programa de Maduro, como escribimos más arriba.

Estamos ante un giro decidido del gobierno a aplicar un ajuste económico que busca “estabilizar” la economía postrando al país y, sobre todo, a la clase trabajadora y el pueblo pobre, ante los intereses del capital trasnacional y nacional. Es cierto que hay que terminar con todo este proceso inflacionario y todo el descalabro económico, pero no sobre las espaldas de los trabajadores y los sectores populares, que no tienen arte ni parte en este desastre, tampoco entregando más el país al capital transnacional. ¡Que sean los capitalistas y la burocracia estatal corrupta quienes que paguen por todo este desastre económico! ¡Ellos lo crearon, ellos deben pagar! La clase trabajadora y el pueblo pobre deben decir claramente, ¡nos negamos a seguir pagando sus crisis!

La clase capitalista y sus políticos (bien del gobierno o de la oposición) pretenden “recuperar” su economía atacando como siempre nuestros intereses y condiciones de vida, son feroces e inclementes en imponer su interés de “rentabilidad” y ganancia por sobre todas las demás necesidades de las familias obreras y populares. Los trabajadores debemos oponer un plan de emergencia económico con nuestras propias soluciones, alrededor de las cuales movilizarnos y ponernos en pie con nuestros métodos de lucha para hacer pesar nuestros intereses en esta situación.

Es necesaria una salida de otra clase, que la clase obrera encabezando al conjunto del pueblo oprimido imponga otras condiciones para cambiar la sociedad desde la base mediante la socialización de los medios de producción y la planificación del desarrollo. La única solución progresiva es con un programa socialista de la clase trabajadora, el único programa que puede enfrentar el atraso y la dependencia.

Escala móvil de salarios. Salario igual a la canasta básica familiar indexado periódicamente a la inflación. Este reclamo que comienza a extenderse en las luchas actuales de la clase obrera, es una exigencia elemental para defender el salario real, el nivel de vida de las familias trabajadoras. Ningún porcentaje o monto que no parta de estos preceptos puede satisfacer nuestras necesidades en ese terreno.

Se dice que el gobierno no está pagando deuda externa, pero es completamente falso, es público que se están canjeando bonos de deuda por activos del país (rematando “las joyas de la abuela”), además de entregar producción petrolera como forma de pago. Por eso hay que continuar diciendo ¡No pago de la deuda externa! El país ha destinado miles de millones de dólares al capital usurero internacional, una vía de desangramiento del país, mientras millones padecen falta de alimentos, medicinas y salarios miserables, mientras la industria petrolera nacional y las empresas públicas necesitan grandes inversiones. ¡Las necesidades del país y del pueblo deben estar por encima del interés de un puñado de usureros que viven en la opulencia a costa de las necesidades de millones de personas y naciones enteras! Esos dólares deben ir a las necesidades obreras y populares, a la reactivación de las empresas estatales y de PDVSA puestas bajo administración de los trabajadores, no de la burocracia estatal corrupta, antiobrera e incapaz, en cuyas manos esos recursos se perderían nuevamente.

¡Repatriación obligada de capitales! En uno de los períodos históricos de mayores ingresos de renta petrolera, una vez más la burguesía nacional la fugó, desfalcó al país, en contubernio con los gobiernos de Chávez y Maduro, un festín del que comieron banqueros y empresarios de todos los bandos, así como altos jerarcas del Estado convertidos en nuevos capitalistas. Esos recursos deben volver a su legítimo dueño, el pueblo venezolano. El gobierno no tiene ninguna política para repatriar esto, solo la total impunidad y exoneración de impuestos para los que quieran traer algo a invertir en el país. Deben ser conminados a traerlo todo, so pena de ser confiscados sus bienes y propiedades en el país, y parar en la cárcel. Es un crimen de dimensiones históricas lo que han hecho, hiriendo gravemente el país. Todos esos recursos deben ser controlados por organismos conformados democráticamente por los trabajadores y comunidades del país, no por esta burocracia civil-militar que es parte del mismo problema.

Monopolio del comercio exterior bajo estricto control obrero y popular. La burguesía nacional exporta poco y nada, sin embargo, las divisas captadas por el Estado le son transferidas históricamente a la burguesía para que importe, lejos de los intereses genuinos del país, del pueblo trabajador y de los consumidores. ¡Ni un dólar más para la burguesía ni para la corrupción! El comercio exterior debe ser totalmente estatal y bajo un estricto control impuesto por los trabajadores y el pueblo, no en manos de la burocracia estatal descompuesta, corrupta y autoritaria.

Nacionalización de toda la banca y establecimiento de una banca estatal única, bajo control de trabajadores, pequeños productores y ahorristas. El capital financiero tiene en sus manos el permitir o bloquear el desarrollo de la economía, al mismo tiempo es el sector más parasitario del sistema capitalista, vive y chupa de las desgracias ajenas o de todo un país. Es inviable ningún proyecto de verdadero desarrollo de las fuerzas productivas nacionales en la industria o en el campo si todos los recursos financieros no están puestos al servicio de ese objetivo. Para eso es necesario unificar todo en una banca estatal, bajo control de las organizaciones de los trabajadores, los pequeños productores y ahorristas.

Es necesario imponer estas medidas como el puntapié inicial para cambiar de raíz las bases de la sociedad, terminar con la subordinación de toda la producción social a las estrechas miras de la ganancia y que sea la clase trabajadora, en alianza con el pueblo pobre, la que determine qué y cómo se produce. Sólo con la más amplia y combativa movilización de los trabajadores y los sectores populares, totalmente independiente del gobierno, los empresarios y la oposición proempresarial y proimperialista, se pueden imponer semejantes medidas. Es importante dar esta pelea con la perspectiva estratégica de luchar por un gobierno propio de los trabajadores y el pueblo pobre, el único que podría garantizar llevar hasta el final las medidas anticapitalistas necesarias para que las calamidades no sigan cayendo sobre el pueblo mientras la clase dominante y los ricos salvan sus negocios y riquezas.

Por Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Miércoles 21 de septiembre

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Busca la derecha chilena poner límites al nuevo proceso constituyente

Propone que "expertos" definan los "principios ordenadores"

Santiago. La derecha chilena está envalentonada y cada vez más deja en evidencia que de ninguna manera permitirá que un eventual nuevo proceso constituyente se realice en condiciones idénticas al que finalizó con la victoria del "rechazo" –62 por ciento de los votos versus 38 por ciento del "apruebo"– en el plebiscito del 4 de septiembre: esto es, una Convención cuya totalidad de integrantes sean electos por la ciudadanía, con participación de listas de independientes y con amplia representación de los pueblos-naciones originarias.

Tampoco la derecha está dispuesta a que, de iniciarse ese nuevo proceso, el mismo sea desde una "hoja en blanco", vale decir, donde los redactores del articulado tengan libre albedrío para aprobar desde "cero", sino que busca limitar la soberanía del poder constituyente.

Por el contrario, aquella parte de la derecha que dice estar dispuesta a reabrir el camino constitucional –porque hay una, la ultrapinochetista y/o fascistoide, que se niega rotundamente a ello– quiere que "especialistas" definan una suerte de marco teórico para limitar aquello que se pueda redactar, acotarlo a una suerte de "guía básica".

"Un comité de expertos que nos faculte a redactar principios que guíen y que permitan limitar el trabajo de la redacción de una nueva Constitución", resumió la presidenta de Evolución Política (Evopoli), Luz Poblete, al explicar lo acordado por los mandamases de la coalición Chile Vamos, integrada además por la Unión Demócrata Independiente (UDI) y Renovación Nacional (RN).

Las directivas derechistas sellaron un borrador que hoy pondrán sobre la mesa durante una reunión con el oficialismo acerca de la materia, de la cual el gobierno fue excluido.

Una línea roja de conversación

Según el secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, se trata de que haya "principios ordenadores, bordes que den tranquilidad a los chilenos, es una línea roja de conversación".

La trampa radica en que dicho comité, según plantean, sería integrado conforme a la representación que las fuerzas políticas tienen en el Parlamento, donde la centroizquierda es minoría clara tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. De 155 diputados, las dos coaliciones que sustentan al gobierno (Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático) tienen sólo 67; mientras que, de 50 senadores, el oficialismo suma 19.

"El comité político o los especialistas deberían funcionar desde ya para orientar las modificaciones. Hemos dicho que los expertos debieran ser elegidos en proporción de las fuerzas que están en el Congreso", declaró el presidente de RN, el senador Francisco Chahuán.

"No hay espacio para intentos refundacionales. Las hojas en blanco no tienen espacio en el trabajo que vamos a realizar. No hay espacio para imitar el mecanismo que originó una Convención fracasada que dividió a los chilenos", agregó.

De concretarse lo de los expertos, queda pendiente saber si éstos tendrían similares atribuciones –voz y voto– que los delegados democráticamente electos.

Toda definición acerca de revivir el camino a una nueva Carta Magna en Chile pasa por la aprobación de una reforma constitucional con por al menos cuatro séptimos de ambas Cámaras.

 

Por Aldo Anfossi

Especial para La Jornada

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Viernes, 16 Septiembre 2022 05:06

China: de Deng a Xi, del XII al XX congreso

China: de Deng a Xi, del XII al XX congreso

Desde el inicio de la reforma en China se sugirió la inevitabilidad del tránsito liberalizador desde la economía a la política. Hoy se reconoce esto como un error de interpretación. Ahora también se señala que el retroceder en la reforma económica, que se atribuye a Xi Jinping, nos lleva de vuelta a la "vieja era". ¿Pecamos entonces de optimismo y ahora de pesimismo y en ambos casos sentenciamos demasiado categóricamente y con poco fundamento?

Cierto sentido de la perspectiva es siempre esencial para aprehender cualquier acontecimiento relativo a China, entre otras razones porque nos aleja de nuestra tendencia a confrontar unas tendencias con otras ignorando la fuerte impronta de las constantes que habitan su política contemporánea. Por otra parte, más allá de la retórica, cabe reivindicar el valor declarativo e interpretativo de los documentos que inspiran el proceder de los dirigentes chinos pues en ellos podemos encontrar enunciados prospectivos de alto valor.

En esa línea, ahora que se acerca el XX Congreso del PCCh, cuyo inicio está previsto para el 16 de octubre próximo, echar la vista atrás no es una pérdida de tiempo.

Al inicio de los años ochenta, el PCCh afrontó, como ahora, un decisivo congreso. Hay claves en ambas citas que revelan un importante hilo de continuidad a pesar de todos los cambios acaecidos tanto en el orden interno como internacional. La más importante, sin lugar a dudas, es el énfasis señalado entonces por Deng Xiaoping en la idea de construir "un socialismo con peculiaridades chinas", es decir, impulsar la modernización a partir de la propia realidad sin copiar ni trasplantar de forma mecánica otras experiencias. La síntesis de la experiencia histórica del PCCh vino a decir que "China debe seguir su propio camino".

Se puede confrontar a Deng y Xi Jinping en más de un aspecto de la política interna o exterior pero no debiéramos pasar por alto que tanto uno como otro, nacionalistas y marxistas los dos, comparten la necesidad de que el estilo, los métodos y las soluciones que deben inspirar al PCCh deben diferenciarse de los occidentales. En verdad, lo que Xi ha hecho en esta última década es acentuar esa visión denguista, plasmada en el XII Congreso (1982), de que la vía china es y debe ser una vía separada de la liberal occidental.

En el último congreso del PCCh, celebrado en 2017, el nacionalismo con base en esas "características chinas" se impuso de nuevo como la idea clave del cónclave. Esa es hoy, como ayer, la columna vertebral del pensamiento político del PCCh. Argumentando sobre la dificultad de definir criterios de gobernanza estándar aplicables a todas las culturas, es decir, enfatizando más el hecho civilizatorio que el ideológico, el PCCh considera interesado aquel punto de vista según el cual el mejor desarrollo en China sería necesariamente el que más se acercara a los modelos occidentales, mientras que los que se desvían de ellos son sistemáticamente reprobados.

Esta idea goza de un consenso amplio no solo en el PCCh sino más allá de su base militante, por más que haya matices.

El rechazo a los valores liberales entendidos como máxima expresión de los "valores universales" culminan esa divergencia, de la que por cierto también participaba Deng Xiaoping que a raíz de aquel XII Congreso no dudó en promover una intensa campaña contra lo que llamó la "contaminación espiritual" y reivindicándose ya entonces "el papel orientador del marxismo". Xi insiste en ello.

Estas diferencias incrementan la brecha ideológica y política entre China y el Occidente liberal. Nuestros valores, para el PCCh, no son más que un sistema construido en torno a criterios aceptados por las sociedades occidentales directamente en línea con la promoción excluyente de sus intereses.

Dirección colectiva.

Siguieron a ese congreso años complicados en la gestión de la economía que hicieron aflorar discrepancias internas que culminaron con la destitución de Hu Yaobang en 1987. Hu fue obligado a renunciar con el argumento principal de "violar el principio de dirección colectiva".

Esa dirección colectiva es otra peculiaridad del sistema político chino en la que Deng insistió para conjurar el muy doloroso efecto interno del maoísmo. Hoy vive horas bajas y los mismos que reclaman el derecho a transitar por una vía propia, se alejan de ella cuando parecen ansiar el protagonismo individual en el ejercicio del poder, hábito extendido en la gobernanza occidental.

Fue en este congreso que al ser reconocido como núcleo de la dirección colectiva, Deng fue elegido presidente de la Comisión de Veteranos y de la Comisión Militar Central, alentando la renovación de las más altas instancias para poner fin a la práctica de la perennidad en el poder, algo que Xi también parece cuestionar.

Reforzada por su acelerado crecimiento económico y su desarrollo ininterrumpido, una China moderna más confiada y segura de sí misma se ha convencido de que su vía, con características nada liberales, la llevará con seguridad al éxito.

Por Xulio Ríos, asesor emérito del Observatorio de la Política China

16/09/2022

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Sábado, 10 Septiembre 2022 05:51

Chile, las preguntas que dejó el plebiscito

. Imagen: AFP

Llueve en Santiago de Chile. Otra vez los camiones hidrantes, el agua con químicos, los estudiantes que corren, gritan “pacos culeaos”, vuelven a la carga sobre la avenida Alameda. La imagen parece de años atrás, cuando en estas mismas calles, ante estos mismos chorros de agua, se producían movilizaciones de estudiantes encabezadas por algunos de quienes están hoy frente al Palacio de La Moneda. Es la segunda marcha seguida de represión en la semana luego del plebiscito, otra vez los “cabros” con bronca frente a los Carabineros comandados por el mismo General Director, Ricardo Yánez, que durante el anterior gobierno de Sebastián Piñera.

Quien estuvo al frente del ministerio del Interior, Izkia Siches, bajo cuya órbita se encuentra Carabineros, ya no está más en su cargo: salió del gabinete luego de la derrota del domingo pasado. En su lugar ingresó Carolina Tohá, del Partido Por la Democracia (PPD), proveniente de la ex Concertación. El discurso ante lo ocurrido es que “aquí no hay una interpelación de una demanda del pueblo chileno, hay hechos de violencia que el pueblo rechaza mayoritariamente (…) no puede ser que los estudiantes sirvan de primera línea de grupos de choque”, afirmó Manuel Monsalve, número dos del ministerio, del Partido Socialista (PS).

El ingreso de Tohá ocurrió en el marco de los cambios efectuados que dieron mayor espacio a integrantes de la ex Concertación. Es el caso, por ejemplo, de la nueva ministra de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte, del PS, en remplazo de Giorgio Jackson del Frente Amplio (FA) que pasó a encabezar el ministerio de Desarrollo Social. Ese día de cambios también ocurrió un retroceso hecho público: el nuevo Secretario del Interior iba a ser Nicolás Cataldo, del Partido Comunista (PC), pero su nombramiento fue descartado luego de las presiones de los partidos de oposición. Temblor y concesiones, una imagen post derrota del plebiscito que fue un cross a la mandíbula a seis meses de iniciado el Gobierno.

¿Qué pasó?

La pregunta no cesa de dar vueltas. Cómo fue que de los casi 4,5 millones de nuevos electores, la casi totalidad votara por el Rechazo. Cómo obtuvo 25 puntos de diferencia sobre el Apruebo. Cómo no se lo vio venir. El efecto de optimismo por la masividad de los “apruebazos” y el cierre de campaña en Santiago pueden haber empañado la percepción del ánimo social, no haber detectado una gran mayoría silenciosa que emergió y dijo no al texto redactado durante un año por la Convención Constitucional. No votó a favor de la Constitución vigente, tampoco se pronunció por una propuesta alterna: rechazó la propuesta, o su interpretación, muchas veces mediada, de la misma.

Una de las explicaciones sobre la derrota fue la eficacia de la campaña de miedo. El Centro de Investigación Periodística publicó un análisis realizado en zonas populares de Santiago donde relevó algunas de las razones del Rechazo. Las más repetidas fueron en primer lugar el temor a que las viviendas serían expropiadas por el Estado o no serían heredable; en segundo término, la plurinacionalidad y la división del país; como tercer punto que los fondos de pensiones no serían heredables o serían expropiados; como cuarta razón las críticas al presidente Gabriel Boric y el Gobierno; y, quinto, la crítica a quienes redactaron el texto. También estuvieron presentes el rechazo al aborto, los derechos de diversidad sexual, y el rechazo a los políticos.

Los tres primeros puntos señalados fueron los ejes centrales sobre los cuales se centró la campaña, lo cual evidencia su efectividad. El eje de las pensiones fue el primero en golpear fuertemente a fin de marzo, con titulares falsos como “los trabajadores ya no serán dueños de sus ahorros previsionales”. El Gobierno recién asumía, y estaba por oponerse al proyecto de quinto retiro de los fondos previsionales -retiro del 10% por parte de las personas de sus ahorros de jubilación-, una demanda social extendida luego de los cuatro retiros realizados bajo el anterior Gobierno durante la pandemia y crisis. Las figuras del actual Gobierno habían hecho campaña a favor de los retiros anteriores. “No cumplió”, fue la expresión de una señora que votó el Rechazo y había votado por Boric en el 2021.

La campaña del Apruebo, que comenzó en julio luego de que la Convención Constitucional le entregara el texto a Boric, no contó con figuras claras a su cabeza. El Gobierno respaldó la propuesta de Constitución desde su lugar limitado institucionalmente, a su vez que la cuestionó en parte al sostener que debería ser reformada en caso de ser aprobada. ¿Cuánto tuvo que ver en el plebiscito una ausencia de dirección clara o la situación del mismo Gobierno? Algunos números son llamativos: el Apruebo obtuvo 38.3 por ciento, es decir al porcentaje de aprobación con que cuenta el Gobierno según varias encuestas.

Mayorías volátiles

Victorias y derrotas breves, es una de las síntesis de época que se ha hecho común en varios análisis. El caso chileno no escapó a esa temporalidad. Si el cálculo del Gobierno era esperar la aprobación de la nueva Constitución para iniciar grandes o medianos cambios, entonces la apuesta no resultó. El Gobierno se encuentra más débil, obligado a concesiones como darle más espacio a actores de la ex Concertación que están ahora al frente de los principales ministerios: Hacienda, Cancillería, Interior, Defensa, Secretaría de Presidencia, y Minería, además de puestos de dirección en otras carteas.

Es cierto que la coalición que ganó las elecciones, FA y PC, cuenta con poca experiencia de Gobierno. También que la incorporación central de los aliados puede otorgar gobernabilidad, pero bajo el riesgo de convertirse en continuidad del statu quo impugnado masivamente a partir de octubre de 2019. Esa impugnación no fue lineal, muchos de quienes estuvieron en las calles durante esos meses votaron luego de maneras contradictorias: Apruebo en el plebiscito de 2020, Boric en 2021, pero también al candidato Franco Parisi que hizo campaña desde Estados Unidos, o al mismo José Antonio Kast, y seguramente también Rechazo en 2022. Y muchos nunca fueron a las urnas, hasta este domingo de votación obligatoria.

Boric asumió en un país con movimientos de fondo que no se estabilizaron. Existen varias demandas cruzadas, como de transformaciones y orden, o un orden que lleve adelante los cambios, que no necesariamente son de izquierda, como retiro de pensiones, freno de la inflación, ayudas sociales, seguridad. Otros, que podrían situarse como más claramente progresistas, también tienen apoyo, como educación superior gratuita o un sistema de seguridad pública, como muestra la encuesta de Feedback post plebiscito, donde también se indica que, por ejemplo, la justicia indígena no tiene consenso mayoritario.

Los movimientos de gabinete indican una búsqueda de estabilización política post plebiscito, ante un escenario de negociación con la oposición de cara a establecer acuerdos legislativos, como la reforma tributaria impulsada por el Gobierno y el camino para convocar a la nueva Convención Constitucional. Mientras, las movilizaciones mostraron que puede regresar una conflictividad en las calles ante un Gobierno que se encuentra en un difícil y frágil centro político, tironeado entre su equilibrio interno, la presión de la derecha, la necesidad de impulsar cambios, y el peligro de la frustración social por falta de respuestas.

 

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Chile: ¿cómo pasamos de la rebelión popular de 2019 al triunfo del Rechazo?

Muchos de quienes hoy votaron Rechazo, se movilizaron y apoyaron la rebelión popular de 2019. Ningún análisis serio de los resultados puede esquivar la pregunta de cómo pasamos de una rebelión popular a un triunfo abrumador del rechazo. ¿Cuál es la explicación de esta derechización?

 

Esta semana Chile estará marcado por los análisis y balances de un resultado electoral inesperado. El Rechazo se impuso en todas las regiones del país y bordeó el 62% de los votos. Se trató de un verdadero terremoto electoral. Hubo un salto en la participación: votó un 85,6% del padrón (sólo comparable al 86,8% del plebiscito de 1988), es decir, más de 13 millones de personas. Nunca había votado tanta gente en la historia de Chile. La polarización electoral, el voto obligatorio y las modificaciones que permitieron que por primera vez la gente pudiera ir a pie hasta los locales de votación [antes estaban lejos de sus casas], empujaron estas cifras récords.

El voto por el Apruebo superó en número a la cantidad de votos obtenidos por Boric en la segunda vuelta electoral cuando llegó a la presidencia en 2021, pero la mayoría de los millones de nuevos votantes prefirieron el Rechazo. Éste habría ganado en todas las franjas etarias, aunque como preveían las encuestas, la distancia fue menor en los menores de 34 años, según un estudio realizado por Unholster.

Sólo en 8 comunas del país ganó el Apruebo, entre ellas hay que destacar Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, Puente Alto y Maipú. El Apruebo perdió en todos los distritos electorales, aunque en los distritos 12 y 13 (Santiago Sur) la diferencia fue de unos pocos miles de votos.

Fueron las regiones del sur y del norte en donde el triunfo del Rechazo fue más pronunciado. En la Región Metropolitana el rechazo alcanzó el 56% versus el 44% de los votos.

La derecha celebra y el Gobierno pone la otra mejilla

La derecha y el gran empresariado celebra el triunfo. Los festejos se hicieron sentir en las comunas más ricas del país. Los capitalistas celebraron en la bolsa, que alcanzó máximos históricos.

La condena a los extremos, al maximalismo y el “octubrismo” [la rebelión de 2019] fue la tónica de los grandes empresarios. A su vez, fue la pauta obligada de todos los partidos, partiendo por Gabriel Boric en su discurso del domingo a la noche. De hecho, según indicó el presidente del Partido Comunista Guillermo Teillier, ahora su partido no tendría problemas en sentarse a negociar con el Partido Republicano del ultraderechista José Antonio Kast [quién enfrentó a Boric en la segunda vuelta electoral del año pasado].

“Se ve un ánimo de unión, diálogo y acuerdos”, aseguraba Richard Von Appen de la federación empresaria industrial SOFOFA. Por su parte, Juan Sutil, presidente de la Confederación empresaria de la Producción y el Comercio (CPC) afirmó que "hay un cambio de eje político" y que es el momento de "sacar a los extremos y las estridencias”.

Consultados, los grandes empresarios aseguran que el triunfo del Rechazo logrará atenuar las incertidumbres a los capitalistas, pero no por completo. La derrota del Apruebo es sólo el primer paso. Todos coinciden en que hay que negociar un nuevo proceso constituyente más controlado y antidemocrático para cumplir con la promesa de una nueva Constitución. Ahora debe ser redactada íntegramente por sus partidos.

Abundan las exigencias. “Consideramos muy importante que los futuros acuerdos fortalezcan la democracia y sus instituciones, otorgando gobernabilidad, Estado de Derecho, y certezas jurídicas”, era el petitorio de la Cámara Chileno-Norteamericana de Comercio. Ni hablar de plurinacionalidad, derechos a los pueblos originarios, desprivatización del agua, acabar con el Senado, entre otros tópicos.

Pero no se conforman. Van por más: hay que limitar aún más las reformas del Gobierno. “La discusión de las reformas que pretende llevar a cabo debe realistamente incorporar estos elementos, alejándose de cualquier maximalismo”, era la línea que pautaba el derechista diario El Mercurio en su editorial del lunes. A su vez, el Gobierno ya anunció un cambio de gabinete para ponerse a tono con los nuevos vientos.

Aún siguen abiertos muchos interrogantes y no cabe duda que el resultado del plebiscito implicará una reconfiguración del mapa político, con el gobierno y sus partidos como grandes perdedores, y la derecha y la Concertación del Rechazo [algunos dirigentes de la exConcertación, coalición de centroizquierda que gobernó Chile varios períodos desde el fin de la dictadura, que ahora llamaron a votar por el Rechazo] como grandes ganadores. Pero lo que resulta clarísimo, es que Gabriel Boric y su coalición de Gobierno, el Frente Amplio y el Partido Comunista, asumieron el mismo balance de la derecha (la Convención Constituyente fue maximalista, “no sintonizó con la ciudadanía”, etc), y actúan en consecuencia.

Se quedaron sin iniciativa política y cumplen una a una las exigencias y el plan de acción trazado por los dirigentes del Rechazo.

¿Por qué caló el discurso de la derecha?

Hay muchas aristas políticas que se pueden abordar para ensayar una explicación. El Rechazo representó para amplios sectores un voto contra la situación económica y social. Como el Gobierno no ha tomado ninguna medida seria para enfrentar los efectos de la crisis económica y la inflación; como ha gobernado respetando celosamente el ajuste fiscal; como dio un IFE (ayuda social) miserable y enterró definitivamente los retiros de los fondos de pensiones; por todo eso y más, no resulta extraño que Gabriel Boric se transformara en el símbolo del deterioro económico que comenzó durante la pandemia, pero que se ha acrecentado durante este año. Y eso se traspasó al Apruebo, que muchos votantes identificaban con el Gobierno. A esto, hay que sumarle que la propia Convención Constitucional se mantuvo totalmente alejada de las urgencias populares.

La derecha aprovechó este escenario para impulsar una campaña demagógica y odiosa. Basta hablar con compañeras y compañeros de trabajo o vecinos para darse cuenta que la campaña de la derecha lamentablemente caló de manera amplia. Los argumentos en defensa de la casa propia, contra los privilegios de inmigrantes y mapuche no eran solo bots. Pero la pregunta es por qué esos argumentos se abrieron paso, algo que hace dos años resultaba impensable.

Fue el Gobierno de Gabriel Boric, junto con Apruebo Dignidad, Socialismo Democrático quienes dirigieron la campaña del apruebo (a lo que hay que sumar a Movimientos Sociales Constituyentes que hicieron una campaña sin ninguna delimitación con el Gobierno. Es más, las últimas semanas hicieron campaña de manera conjunta). La apuesta del Apruebo en su campaña fue clarísima: cederle los principales argumentos a la derecha y apostar al centro. Decían que era para ampliar el arco de apoyo para que ganara el Apruebo, pero sucedió exactamente lo contrario. Ayudó a que el eje discursivo de la derecha tuviese más legitimidad.

El Gobierno terminó validando la campaña anti mapuche de la derecha al mantener la política de militarización y mano dura en el Wallmapu [región reclamada como tierras ancestrales por la comunidad mapuche]. Asimismo, mientras la derecha decía que la Convención era maximalista y poco seria, el Gobierno validaba este discurso firmando un acuerdo a espaldas del pueblo para reformar la nueva constitución, llamando a un nuevo pacto de unidad nacional con la derecha para que no hubiese “vencedores ni vencidos” y convocando a un comité de expertos para arreglar los errores que pudiese haber en el texto. Mientras la derecha instalaba la agenda de orden y seguridad, el Gobierno mantenía en su puesto a Ricardo Yáñez, un general de Carabineros imputado por violaciones de Derechos Humanos. La lista suma y sigue.

Sin embargo, todos estos argumentos son parciales y no explican la victoria aplastante del Rechazo. La suerte del Apruebo estaba echada aún antes de que la Convención terminara sus sesiones. La utopía de acabar con el Chile de la transición de manera pacífica y alegre que muchos abrazaron, se estrelló contra la pared.

No fue un problema comunicacional, es la lucha de clases

Pablo Iglesias, líder de Podemos del Estado Español, sostuvo que la clave de la derrota del apruebo pasó por la falta de un poder mediático propio por parte del progresismo. Sin embargo, el plebiscito fue un hito clave dentro de una gran operación burguesa para encauzar la rebelión popular y buscar una restauración de la gobernabilidad perdida frente a la crisis orgánica del régimen de la transición. Encrucijadas fundamentales como esta no se resuelven con una disputa mediática del relato, sino apelando a fuerzas materiales de clase.

¿Cómo explicar que días antes del plebiscito hubo un enorme acto de masas a favor del apruebo, mientras que el rechazo no lograba llenar ni sus propios actos ni movilizar apoderados? Esto refleja que hubo un enorme divorcio entre la base social del apruebo, dirigida y hegemonizada por las capas medias con un programa de derechos sociales (pero sujeta a la restauración progresista del Estado capitalista), y los amplios sectores de masas que votaron rechazo.

Este divorcio comenzó con el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución firmado en medio de la rebelión popular de 2019.

Uno de los objetivos declarados de este Acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019 fue dividir la alianza de clase “de hecho” (en las calles) que se forjó durante la rebelión entre sectores precarios, trabajadoras y trabajadores que actuaron de manera diluida en las protestas y las capas medias. El paro nacional del 12 de noviembre de 2019 -el más importante desde la dictadura- fue el momento en donde se mostró la potencialidad de esta alianza y la posibilidad de que la clase trabajadora entrara en escena. Este fue el “punto de inflexión” como dijo el expresidente Sebastián Piñera. Sólo unos días después se firmó el Acuerdo por la Paz para dar pie al proceso constituyente.

El foco fue meter de lleno a los sectores medios al itinerario constitucional con la ilusión de un cambio pacífico del régimen heredado de la dictadura. Y con ese relato, dirigieron a un amplio sector de masas que se expresó en el plebiscito de entrada de 2020.

Este esfuerzo orquestado por todos los partidos (al cual se sumó el Partido Comunista) y apoyado por los poderes económicos, fue exitoso. La clase trabajadora, al no intervenir como sujeto propio en la revuelta y no existir instancias de auto-organización a la altura que pudiesen oponerse al desvío, no tuvo un programa alternativo ni la fuerza material para imponerlo. En este marco, la juventud combativa quedó aislada y la línea de “revuelta permanente” sólo podía aumentar el desgaste y el aislamiento frente a la mayoría de la población.

La pandemia y la crisis económica acrecentó cada vez más ese divorcio y la indiferencia de amplios sectores frente a lo que se jugaba el proceso constituyente. Con una Convención subordinada a los poderes constituidos, hablando el idioma de una “refundación progresista” del Estado alejado de las urgencias populares, con gestos de “octubrismo” totalmente vacíos, con negociaciones de pasillos entre bancadas para alcanzar los dos tercios [el número acordado para aprobar los artículos] ; millones vieron a la Convención como una institución más dentro de un régimen cuestionado. Y en esto tenían razón, la Convención Constitucional lejos de ser un triunfo de la movilización popular y una expresión genuina del pueblo movilizado, fue una institución clave para desviar la lucha de clases y recomponer la gobernabilidad del régimen. Pero esta decepción lamentablemente fue capitalizada por la derecha al no existir una alternativa independiente.

Las principales dirigencias sindicales y de los movimientos sociales sin excepción entraron a ese juego parlamentario en vez de movilizar por demandas urgentes y ligarlas a un programa de conjunto para acabar de raíz con toda la herencia de la dictadura. ¿El resultado? Lejos de darle soporte social al proceso, aumentó la separación entre la clase trabajadora y los sectores populares con la propia Convención.

La conclusión que sacan organizaciones como el MIT de María Rivera es que, ahora sí, “debemos volver a las bases”. Incluso hoy, luego de la abrumadora derrota del Apruebo, siguen sosteniendo que el proceso constituyente fue una victoria de la rebelión. El problema sería que la mayoría de la Convención la tuvo el reformismo. ¿Su balance, entonces, es que debimos haber conquistado la mayoría de la Convención? Un balance totalmente parlamentario y ajeno a la lucha de clases.

Lo que demuestra el fracaso de la Convención Constitucional y el progresismo pequeñoburgués, es que no basta con una rebelión y un proceso constituyente en los marcos del régimen para resolver las cuestiones profundas que están detrás de la lucha por acabar con toda la herencia de la dictadura. No será con un lápiz y un papel que lograremos derrotar la resistencia de los capitalistas que se aferran con uñas y dientes a los pilares del Chile neoliberal heredado de la dictadura. Contra todo facilismo, la conclusión estratégoca de estos tres años es que hace falta pasar de la revuelta a la revolución, para lo cual es necesario levantar un programa socialista y revolucionario y una estrategia basada en la auto-organización de la clase trabajadora que logre conducir a los sectores populares, oprimidos y ganar a las capas medias para la lucha por un gobierno de las y los trabajadores.

Ejemplos así en la historia hay muchos y si queremos vencer debemos aprender de ellos. Por ejemplo, Trotsky frente a los primeros movimientos revolucionarios en la España de 1931, planteaba que el desarrollo semi espontáneo de las luchas constituía muchas veces un momento necesario en el despertar de las masas. Pero que nada substituía los factores subjetivos, partido revolucionario, programa, organizaciones de masas: “lo que en la etapa actual constituye la fuerza del movimiento -su carácter espontáneo- puede convertirse mañana en su debilidad. Admitir que el movimiento siga en lo sucesivo librado a sí mismo, sin un programa claro, sin una dirección propia, significaría admitir una perspectiva sin esperanzas. No hay que olvidar que se trata nada menos que de la conquista del poder. Aun las huelgas más turbulentas, y con tanto mayor motivo esporádicas, no pueden resolver este problema. Si en el proceso de la lucha el proletariado no tuviera la sensación en los meses próximos de la claridad de los objetivos y de los métodos, de que sus filas se cohesionan y robustecen, se iniciaría inevitablemente en él la desmoralización. Los anchos sectores, impulsados por primera vez por el movimiento actual, caerían en la pasividad. En la vanguardia, a medida que se sintiera vacilar el terreno bajo los pies, empezarían a resucitar las tendencias de acción de grupos y de aventurismo en general. En este caso, ni los campesinos ni los elementos pobres de las ciudades hallarían una dirección prestigiosa. Las esperanzas suscitadas se convertirían rápidamente en desengaño y exasperación”.

En el caso nuestro, la debilidad de esos factores subjetivos fueron claves para que se impusiera el desvío institucional orquestado por la clase dominante y la pasivización de la lucha de clases, que permitió a la derecha retomar la iniciativa en un momento en que estaba en el suelo.

Reagruparnos frente a un nuevo proceso constituyente fraudulento de manera independiente al Gobierno

Para ese tipo de tareas debemos preparamos los marxistas revolucionarios. Una preparación que aunque hoy estamos en momento más adverso y defensivo, debe ser activa y partir por las necesidades del presente.

Es muy probable que en Chile se abra un nuevo proceso constituyente fraudulento. Hoy la clase dominante apuesta por una nueva Constitución que reconozca derechos sociales, mantenga los pilares del régimen político y económico de la transición, sin los “excesos” de la Convención Constitucional. Ricardo Lagos incluso habla impunemente de emular al León de Tarapacá y convocar a una comisión de “notables” como hizo Arturo Alessandri para redactar la constitución de 1925.

En este momento será fundamental luchar contra la ofensiva de la derecha que buscará enterrar definitivamente todas las demandas de la rebelión y denunciar fuertemente el nuevo pacto de unidad nacional que impulsa el gobierno con todos los partidos oficialistas y de oposición, y su nuevo proceso constituyente fraudulento y antidemocrático. Es indispensable poner en el centro un programa para que la crisis la paguen los grandes empresarios y no el pueblo trabajador.

Es necesario plantearnos claramente la tarea de preparar las condiciones para retomar las calles y las demandas de octubre, luchando por acabar definitivamente con toda la herencia de la dictadura, en la perspectiva de huelga general hacia una Asamblea Constituyente Libre y Soberana. Pero para esto es insustituible impulsar la lucha por un programa de emergencia frente a la crisis económica y social en un momento en donde la inflación se come el sueldo, aumentan los arriendos, las cuentas y se precarizan las condiciones de vida. Es fundamental reagrupar a las distintas organizaciones sindicales y sociales para esta perspectiva. Las dirigencias sindicales y sociales deben poner fin a su tregua con el gobierno y dejar de esperar a que se lograrán las demandas con sus maniobras institucionales, para lo cual debemos luchar por la independencia del gobierno y los empresarios.

Por Fabián Puelma@fabianpuelma

Miércoles 7 de septiembre

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Desconsuelo de simpatizantes de una nueva Constitución en Chile tras conocer en Santiago, la capital, los resultados del plebiscito. Horas después, el presidente Gabriel Boric emitió un discurso: “recojo con humildad este mensaje y lo hago propio. Hay que escuchar la voz del pueblo”. Instó a rencauzar el proceso constitucional, porque, enfatizó, la Carta Magna pinochetista está caduca. Foto Ap

Se cerró el ciclo iniciado por el estallido social de octubre de 2019 y que terminó en este intento de reemplazar la carta magna de la dictadura, que ha beneficiado más a las empresas que a las personas. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

Desde Santiago

Y el pueblo de Chile no aceptó la nueva constitución que vendría a reemplazar a la de 1980, redactada en plena dictadura. Con el 100% de las mesas escrutadas, el “Rechazo” ganó por 61,9% frente al 38,1% del “Apruebo”. Las encuestas habían pronosticado el triunfo de la derecha, por no con una cifra tan holgada. Unas horas antes, con apenas el 23% de las mesas escrutadas ya estaban celebrando en el comando del “Rechazo” —que incluye a la derecha, pero también a figuras de la democracia cristiana— con gritos, banderas chilenas y cantando el himno nacional. El ambiente en el comando del “Apruebo”, y la izquierda que integró la convención constituyente que redactó la nueva constitución no era de los mejores. Algo que contrastaba con la fiesta ciudadana con 300 mil personas el jueves pasado durante el cierre de la campaña.

Boric promete nuevo proceso constituyente

“En Chile las instituciones funcionan. Este 4 de septiembre la democracia chilena sale más robusta (…) El esfuerzo realizado no será en vano, porque así es como mejor avanzan los países, aprendiendo de las experiencias y volviendo sobre sus huellas para buscar nuevas rutas. El pueblo chileno no quedó satisfecho con la propuesta de constitución. Esta decisión exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más diálogo, más empeño, respeto y cariño”, señaló en cadena nacional.

“Hay que escuchar la voz del pueblo, no solo este día sino todo lo acontecido en estos últimos años intensos que hemos vivido. No olvidemos por qué estamos aquí. Ese malestar sigue latente y no podemos ignorarlo”, señaló además de destacar que la izquierda debe ser autocrítica y estar a la altura de estas necesidades del pueblo chileno “Me comprometo a construir en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo texto que interprete a la gran mayoría ciudadana”.

Mañana a primera hora se reunirá con los presidentes de la cámara de diputados y senadores para avanzar rápidamente, junto a una ronda de conversaciones para recoger propuestas de distintos sectores para un nuevo proceso constituyente, a fin de evitar mayores incertidumbres y construir “un nuevo Chile” para superar “heridas profundas”, como en 1988 con el retorno a la democracia. “Lo volveremos a hacer, no tengo ninguna duda de ello. Y no partiremos de cero”, dijo Boric. También señaló que se viene un ajuste de su gabinete que, debería ser a mediados de esta semana.

El fantastma de Pinochet no muere 

¿Esto significa que se mantendrá la constitución de Pinochet? Por el momento y técnicamente sí. Aunque la derecha dice apoyar la propuesta de Boric. “Ratificamos nuestro compromiso por una nueva y buena Constitución”, aseguraron en una declaración conjunta los tres presidentes de Chile Vamos, coalición de derecha opositora —Javier Macaya (Unión Demócrata Independiente), Luz Poblete (Evópoli) y Francisco Chahuán (Renovación Nacional). “Creemos que hoy ha triunfado la democracia, la unidad de Chile. En paz los chilenos y chilenas han ido a votar democráticamente y es eso lo que tenemos que cuidar para mañana ponernos a trabajar en el verdadero anhelo de Chile, que es tener una nueva y buena constitución”, agregó Poblete. Macaya además dejó en claro que este no fue un triunfo de la derecha sino de los trabajadores y “el sentido común”

Así, la derecha chilena encontró una nueva oportunidad que ya esta mañana el expresidente Sebastián Piñera —que prácticamente no ha hablado desde que dejó su cargo en marzo— señaló al ir a votar. "Tenemos un compromiso por una nueva y buena Constitución, y ese compromiso lo vamos a cumplir (…) digamos las cosas como son, llevamos demasiado tiempo de divisiones, de confrontación, de violencia, de inseguridad, y lo que Chile necesita es más paz, más unidad, porque solo de esa manera vamos a poder construir la casa de todos" e incluso pidió dejar "fuera la cultura de la cancelación y comprendamos que en Chile necesitamos una cultura de mayor amistad, de mayor colaboración".

Calor, voto obligatorio y fin de ciclo 

Este domingo fue jornada particularmente calurosa para el invierno santiaguino —con temperaturas que llegaron a 27 grados— donde a pesar de la gran afluencia de público, en general el proceso fue expedito debido a que los recintos de votación fueron relocalizados en relación a la vivienda del votante. Algo que no sucedió por ejemplo en las elecciones presidenciales del año pasado, donde hubo ausencia de locomoción pública obligando a muchísimas personas a trasladarse a pie muchas veces de una comuna a otra. Debido a que es la primera vez en una década que el voto es obligatorio, también hubo colas en la comisarías por las personas que debieron justificar la ausencia y evitar las multas. También fue la primera vez en que las personas privadas de libertad pudieron votar. Votaron 13 millones de personas -de 15 millones habilitadas para sufragar-. 

Un poco de contexto: el plebiscito de este domingo fue la consecuencia principal del “Acuerdo por la Paz” en noviembre de 2019 impulsado por el Congreso —entre ellos por el propio actual presidente Gabriel Boric— que Sebastián Piñera aceptó a regañadientes como una forma de encausar políticamente el “Estallido Social” iniciado un mes antes. Un levantamiento de proporciones, que llegó a tener un millón de personas protestando en el centro de Santiago (fenómeno que se repitió en el resto del país), la policía disparando balines de goma a los ojos, efectivos militares circulando por las calles y cacerolazos todas las noches, convirtiéndose en la crisis institucional más grande del país desde al retorno a la democracia. Se propuso un proceso constituyente que comenzaría con un plebiscito de entrada, donde la opción “apruebo” obtuvo casi un 80% de los votos junto a la opción convención constituyente paritaria y con escaños reservados que redactaría el nuevo texto constitucional, en lugar de una “mixta” donde participarían representantes tanto políticos como ciudadanos.

Esto último posibilitó que en las elecciones de convencionales constituyentes en mayo de 2021 los movimientos ciudadanos y la izquierda bajo distintos conglomerados obtuvieran la mayoría de los 155 escaños, dejando a la derecha con apenas 27 representantes y sin poder de veto. Ahí comenzaría, sin embargo, un ambiente enrarecido donde la derecha, además de no aportar demasiado más allá de criticar el proceso se sumaron ciertos capítulos mal evaluados por la ciudadanía como la interrupción del himno nacional en la primera jornada de la convención —producto de protestas y convencionales que trataban de llamar la atención sobre el tema—, el descubrimiento de un convencional que lideró las protestas (Rodrigo Vade) que mintió sobre tener cáncer o jornadas de varios días para elegir a las nuevas lideres del segundo ciclo de la convención. Aspectos que pueden ser entendidos como producto de la inexperiencia y lo inédito del proceso, también fueron aprovechados por la derecha para exaltar la sensación de caos y desorden, a pesar de que se logró tener el texto en el plazo establecido, justo un año después de iniciarse, el 4 de julio de este año.

Un nuevo rayado de cancha

El nuevo texto constitucional buscaba dejar atrás la Constitución de 1980 que, a pesar de sus modificaciones en democracia, es imposible desligarla de Pinochet y de Jaime Guzmán —su principal ideólogo— que permitieron el desarrollo de una economía neoliberal a cargo de los “Chicago Boys”, economistas de la Universidad Católica formados por personajes como Milton Friedman quienes permitieron que las empresas estatales de privatizaran, grandes estímulos a procesos extractivos como las forestales en el sur o el criticado modelo de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) donde el dinero de las jubilaciones son administradas por nuevas empresas que invierten en el extranjero, sin hacer participantes a las personas de las ganancias, pero si de las pedidas. Modelos que siguen vigentes.

La Nueva Constitución transformaría este modelo, garantizando a los chilenos la educación, salud y calidad de vida (que ni siquiera eran mencionadas en la de 1980), además de tener un enfoque de género (definiéndose como una democracia paritaria), de puesta en valor de los pueblos originarios al definir a Chile como un “Estado Plurinacional e “Intercultural” y el medio ambiente. También propone cambios en el sistema político como el fin del Senado y el Tribunal Constitucional. Algo que no cayó muy bien en partidos que en un principio apoyaron el proceso, como el Partido Socialista donde muchos de sus principales actores van a terminar sus carreras como senadores, porque luego de eso, su apoyo al “Apruebo” fue más bien tibio. Por otro lado, a los sectores conservadores de derecha no les pareció muy bien que el nuevo texto constitucional asegurará las condiciones para el embarazo, pero también su interrupción voluntaria. Una oportunidad que la mayoría de los chilenos con su voto dejó en suspenso para que siga rigiendo la carta magna de 1980. 


¿Por qué perdió el "Apruebo" en Chile?

Por Marco Teruggi

Desde Santiago

La propuesta de nueva Constitución chilena fue rechazada en las urnas. El resultado fue contundente: 61.88% el Rechazo y 38.12% el Apruebo, con una participación récord de casi 13 millones de electores, 4.5 millones más que en diciembre de 2021. La distancia entre las opciones fue superior a todo lo que habían pronosticado las encuestas que daban por perdedor el texto, pero no con un margen tan amplio. Chile quedó sorprendido en la noche del domingo: tanto quienes perdieron, como quienes ganaron, por la amplitud de la distancia.

Los primeros festejos comenzaron pasada una hora del cierre de las mesas. En cada uno de los Comandos del Rechazo tomaron la palabra sus dirigentes: el Comando de Chile Vamos compuesto por los partidos tradicionales de derechael Comando de la Centro-Izquierda por el Rechazo, o el Comando Amarillos por Chile. “Lo que ha votado Chile es seguir adelante, darse una nueva oportunidad, Chile necesita algo mejor que lo que propuso el texto de la Convención Constitucional (…) estamos plenamente comprometidos, sin ninguna duda, para dotar a Chile de una nueva Constitución”, afirmó, por ejemplo, el vocero del Comando de Centro-Izquierda.

Todos los dirigentes del Rechazo reafirmaron la voluntad de ir hacia un nuevo texto. “Nuestro compromiso es con una buena y nueva Constitución, el proceso constituyente no ha terminado”, afirmó, por ejemplo, el vocero de Chile Vamos, donde se encuentra, por ejemplo, el tradicional partido Unión Demócrata Independiente (UDI).

Se trata de un elemento central: la campaña por el Rechazo abandonó desde temprano el discurso de defensa del texto de 1980 o de su reforma. El 25 de octubre de 2020 la mayoría de la sociedad votó contundentemente por una nueva Constitución, evidenciando la derrota del legado principal de la dictadura. La derecha, en consecuencia, tomó la propuesta de ir hacia una nueva Constitución. Los dirigentes de Centro-Izquierda por el Rechazo, por su parte, construyeron un discurso que buscó interpelar a quienes se movilizaron históricamente contra el pinochetismo: “votamos No en el 88, Apruebo en el 2020, pero que esta vez dijimos no podemos aprobar este texto, tenemos que arreglarlo”, expresó uno de sus voceros.

Tal vez allí esté una de las primeras explicaciones de la victoria del Rechazo: la capacidad de haber expandido la campaña más allá de la derecha, no haber centrado el discurso en la defensa de aquello impugnado en las calles de 2019 y las urnas de 2020 y 2021, para así convencer a un electorado heterogéneo y amplio.

“La mayoría de la ciudadanía se ha manifestado, y a pesar del vivo anhelo por tener una nueva Constitución, ha rechazado la propuesta de la Convención Constitucional. Aceptamos con humildad este resultado y su contenido, como país merecemos tener una nueva Constitución que contenga el sentir mayoritario del pueblo de Chile”. Así inició el discurso del Comando de Campaña desde un escenario con varios de los principales referentes de los partidos de Gobierno.

Como suele suceder con las derrotas, comenzaron a multiplicarse señalamientos cruzados sobre responsabilidades. Algunas voces centraron el peso en las falencias de un Gobierno que cuenta con alrededor de un 38% de aprobación, mientras que otras pusieron el centro de la crítica en el mismo texto y la dinámica de la Convención. La propuesta de la nueva Constitución ya había tenido una deslegitimación anterior, con la idea de “aprobar para reformar”, es decir, aceptando que la misma tenía falencias en varios aspectos que debían ser corregidos.

Podrían pensarse otros elementos de la derrota: la dificultad, por ejemplo, de haber construido una estrategia eficaz de comunicación de la nueva Constitución, no solamente durante las semanas de campaña, sino a lo largo de sus sesiones durante un año. Son varios quienes afirman que el órgano electo no logró transmitir hacia afuera el proceso interno. Esa debilidad se enfrentó a la complejidad para explicar un texto complejo de 388 artículos, enfrentado, a su vez, a lo que fue denominado como una campaña de miedo y de avalancha de fake news por parte del Rechazo.

Lo que sigue

“No se puede disociar al Gobierno de esta derrota, no se lo puede disociar de la opción que defendió con mucha fuerza, haciendo campaña por esa opción, este tiene que ser un llamado a la reflexión”, afirmó el presidente de la UDI, Javier Macaya. La asociación entre Gobierno y plebiscito fue uno de los tópicos permanentes y complejos de la campaña, por lo que, la derrota del Apruebo busca ser asociado a una derrota del Gobierno de Boric que lleva cinco meses en el cargo.

El presidente tomó la palabra poco antes de las 22 horas locales. “Esta decisión de los chilenos y chilenas exige a nuestras instituciones y actores políticos que trabajemos con más empeño, con más diálogo, con más respeto y cariño hasta arribar a una propuesta que nos interprete a todos, que dé confianza, que nos una como país. Allí el maximalismo, la violencia y la intolerancia con quien piensa distinto deben quedar definitivamente a un lado”, señaló.

El Gobierno planteó desde julio que, en caso de ganar el Rechazo, la propuesta sería volver a convocar elecciones para formar una nueva Convención que redacte un nuevo texto. Boric se comprometió en la alocución a trabajar “en conjunto con el Congreso y la sociedad civil un nuevo itinerario constituyente que nos entregue un texto que recogiendo los aprendizajes del proceso logres interpretar a una amplia mayoría ciudadana”. Para eso este lunes se reunirá con los presidentes de ambas cámaras y luego con diferentes sectores sociales. Uno de los objetivos será construir los acuerdos para el nuevo mecanismo y cronograma de elección de otra Convención, pero ahora con el Gobierno y las calles marcados por una derrota, y la derecha que buscará pasar a la ofensiva a partir de su primera gran victoria política desde 2019

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Domingo, 04 Septiembre 2022 06:49

El desastre Gorbachov

El desastre Gorbachov

Un desinteresado anuncio

 Instituto Smolny. Petrogrado, antigua San Petersburgo. Invierno de 1918. Treinta y siete días después de arrancar la revolución de Octubre. Los ayudantes del presidente del Consejo de Comisarios del Pueblo, el camarada Lenin, bajan preocupados al jardín al ver por la ventana a su líder medio enterrado en la nieve, con cara de extraña felicidad y lanzando al aire copos como un niño. ¡Camarada! ¿Se encuentra bien? Nunca estuve mejor. Pero... ¿qué hace ahí? Disfrutando. Estoy muy contento. ¿Por? ¿Cómo que por? Ay camaradas... Hoy hemos cumplido un día más de lo que duró la Comuna de París de 1871.

  1. Séptimo Aniversario de la disolución de la Unión Soviética. Mijail Gorbachov anuncia en televisión Pizza Hut. En Rusia no se emite el comercial.

¿El peor presidente de la Unión Soviética?

Todos los que conocieron a Gorbachov recuerdan su cordialidad, su frescura frente al hieratismo de las últimas décadas de la Unión Soviética, su mayor benevolencia con las críticas, con los presos políticos y su compromiso con el desarme nuclear. En Occidente le vinculan con la "apertura". Como si la cortina de hierro se hubiera hecho de pronto de algodón. En Rusia, con la decadencia.

Gorbachov abrió la economía soviética intentando inyectar capitalismo a las empresas públicas y a las cooperativas (como habían hecho en China con éxito material), abrió los medios de comunicación a la disidencia y también la puerta de las cárceles a los detenidos por el régimen. Fue a Reikiavik en 1986 a pactar con Reagan un mundo más amable y sin armas nucleares. Pero para Reagan y los halcones de Washington, la URSS era el imperio del mal. Cómo vas a pactar con el diablo. Al diablo se le machaca.

La amabilidad, aun siendo una palanca en las relaciones políticas, especialmente en las internacionales, no basta para evaluar una etapa. Gorbachov abrió la caja de los truenos y no supo cómo cerrarla. Las fuerzas centrífugas lanzaron los pedazos de la URSS al espacio.

Desde Beiging miraban lo que pasaba en la Unión Soviética con suspicacia. Deng Xiaopin no comulgó nunca con el líder soviético. Después de su visita a China le llamó imbécil. Luego disparó a la gente que pedía libertad en Tiananmen. Tenía el apoyo económico de los EEUU que querían ajustar cuentas con los comunistas rusos. Hoy, Deng Xiaopin es considerado en su país como un estratega a la altura de Mao. China ha sobrepasado económicamente a los Estados Unidos. Gorbachov terminó anunciando Pizza Hut. En Rusia nadie le quiere. Sin Gorbachov no hubiera existido Yeltsin. Sin Yeltsin, no hubiera existido Putin.

Una capacidad enormemente cínica del sistema mediático consiste en anular la capacidad transformadora de cualquier actor político hasta el punto de que, una vez desactivada su carga, termina siendo presentado como lo contrario de lo que fueron o debieron ser. Cuando no consiguen revertir esa lectura, los actores políticos siguen siendo atacados diariamente. Pero cuando triunfa esa voluntad de cortarle el pelo a lo Sansón, la hipocresía es estratosférica. Mandela, que pertenecía al partido comunista de Sudáfrica, que siempre fue señalado como terrorista, fue ensalzado en su entierro incluso por la derecha. Al Che Guevara –como a Lenin, como a Ho Chi Min, como a Tito, a Negrín, Durruti o Largo Caballero-, por el contrario, nunca han pretendido apropiárselo sus adversarios. Con Gorbachov, en cambio, siempre quisieron considerarle "uno de los suyos". Gorbachov fue un gran líder para los que celebraron la victoria en la guerra fría y hoy están llevando a la OTAN hacia el Este. Una vez dijo Gorbachov que Kohl le prometió que la OTAN nunca llegaría más allá de la frontera de Alemania. Nadie encuentra los documentos.

Un circo con demasiadas pistas

En 1993, unos en aquel entonces jóvenes investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, que habían hecho sus posgrados en Heidelberg, Moscú, Florencia y Sao Paulo publicaron un libro que implicaba una novedad en el análisis hispano de los acuerdos internacionales. En El retorno a Europa. De la perestroika al Tratado de Maastricht (UCM, 1993), rompían la dependencia de los internacionalistas españoles con el derecho internacional público –de donde provenía en España la disciplina- y regresaban el análisis de Europa al ámbito de la Ciencia Política. Esa vinculación les permitió trazar un línea evidente de causalidad entre la disolución de la Unión Soviética, la unificación alemana, la guerra de Yugoslavia y el Tratado de Maastrich. Aquel Tratado de la Unión Europea de 1992 no era un acuerdo entre juristas, sino la consecuencia de decisiones políticas que no se agotaban en la letra de aquellos textos.

La conclusión política de ese momento de aceleración de la historia tenía una clave repetida: el apresuramiento traía más males que ventajas.

Pese a las comparaciones exageradas con Mandela o el Che Guevara, motivadas por simpatías personales bienintencionadas -aún más si se compara a Gorbachov con cualquier otro líder soviético después de Lenin- es de pura lógica concluir que Mijail Gorbachov no solamente no fue un buen presidente de la URSS sino que fue, sin duda alguna, el peor. Quizá por eso le entregaron el Premio Nobel de la paz. ¿Qué buen presidente tiene la capacidad de disolver su propio país y hacer, en este caso, que la federación desapareciera? El mejor presidente de un país no es el que lo dinamita.

Gorbachov siempre fue un burócrata soviético de provincias. Con cuarenta años aún era presidente de las juventudes del partido (el Konsomol) en Stávropol (Ucrania). Toda una vida dedicada al partido que culminaría con su elección, quince años después, como Secretario General del Comité Central del PCUS. Corría el año de 1985 y con 55 años Gorbachov era "un muchacho" comparado con sus adversarios de la gerontocracia, todos por lo general condecorados por haber estado en los hitos históricos del país (el último la guerra patria contra los nazis). La ausencia de elecciones que crearan legitimidad se suplía con la legitimidad histórica de la revolución y la guerra. Los valedores de Gorbachov, Yuri Andropov y Konstantin Chernenko, eran el ejemplo claro de que ancianidad y dirigencia eran sinónimos en el mundo soviético. Los dos murieron antes de completar sus mandatos.

Es evidente que Gorbachov tenía impulsos reformadores seguramente genuinos (muchos señalan la influencia de Raisa, su mujer fallecida en 1999), pero en verdad las transformaciones urgían. Los impulsores de Gorbachov sabían que la URSS estaba implosionando (Andropov había sido antes que Secretario General, máximo responsable del KGB e información no le faltaba). No solamente por los cuellos de botella económicos, sino que la Iniciativa de Defensa Estratégica (la "guerra de las galaxias") les estaba dejando exhaustos –en realidad, esa guerra era por el control de los satélites y, por tanto, de las comunicaciones, carrera que la URSS ya no podía ganar porque no tenía capacidad de inversión-. Además, como predijo la historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse, las tensiones nacionales y religiosas en el imperio soviético abrían más frentes de los que podían pelear. Algo en lo que colaboró EEUU. Recordemos que el halcón Zbigniew Brzezinski​, consejero de Seguridad Nacional del Gobierno del presidente de Estados Unidos Jimmy Carter, fue quien inventó y financió a los muyahidines precisamente para acorralar a los soviéticos.

La falta de determinación de Gorbachov, especialista en creer que los problemas se solventaban por sí solos, le impedía ser el líder que inaugurara una nueva etapa que reinventara un socialismo democrático lejos del autoritarismo y del imperialismo soviético. Aunque seguramente, se sentara quien se sentara en el trono del Kremlin, ya era demasiado tarde.

Gorbachov enfrentó desde el primero momento el que era quizá el mayor problema para la economía soviética: la falta de productividad laboral. Que se resumía en el lema "yo hago como que trabajo y tú haces como que me pagas" (malos salarios, mal resolución). Que tenía como correlato la ineficiencia económica, el alcoholismo y la corrupción. Paradójicamente, el éxito soviético en la industrialización era en los años 80 un estigma. La ausencia de campesinado en un país que tuvo éxito económico antes y después de la Segunda Guerra Mundial –el gran factor diferencial con una China con enormes bolsas de trabajadores en el campo- impedía que hubiera un ejército de reserva que se incorporara a la nueva economía de servicios y a la digitalización. Ningún malabarista podía estar en tantas pistas haciendo bailar correctamente los platos.

La dura política contra el alcoholismo –que incluyó en paralelo el fusilamientos de presidentes corruptos de empresas públicas – generó consecuencias no deseadas, como el auge de un enorme mercado negro de alcohol que creó a su vez una estructura financiera ilegal que ayudarían a la crisis que llevó a la disolución de la URSS. La planificación histórica hacía que cuando se tocaba alguna pieza, todas las demás se desestabilizaban.

La perestroika y la glasnot que iban a acabar con el frío

El reformista Gorbachov familiarizó al mundo con dos conceptos: la perestroika –esto es, la reestructuración o liberalización económica- y la Glasnot –la transparencia informativa-. Si la primera ayudó a que la oxidada economía soviética se coagulara por la corrupción (no eran posibles islas virtuosas de mercado en una economía estancada desde los tiempos de Breznev), la voluntad de decirle la verdad al pueblo fue, con bastante probabilidad, la responsable final del hundimiento de la URSS.

Una anécdota y una catástrofe narran este declive. La anécdota fue la orden de Gorbachov de dejar de ocultar en los medios la mancha en la piel que tenía en la cabeza. Que se tradujo en que los ciudadanos empezaron a pensar que tenían un líder enfermo y débil (de aquellas manchas vendrían después las viriles borracheras de Yeltsin o las escenas de caza neandertal protagonizadas por Putin).

La catástrofe no permite bromas. Cuando el joven presidente decidió contar al pueblo soviético, a raíz del desastre de Chernobil (1986), que las centrales nucleares, hasta la fecha celebradas como la joya tecnológica del avance soviético, eran bombas de relojería, la autoestima del país se vio mermada (otros desastres nucleares en Estados Unidos, como el de Three Mile Island en 1979, nunca recibirían tanta atención en los medios ni contarían después con una película e incluso con una serie. En honor a la verdad, Chernobil, como Fusushima, fueron de nivel 7, y el de Three Mile Island de nivel 5). Gorbachov había recibido un país en franca decadencia y no tenía un plan para salvarlo que no fuera venderlo a los antiguos enemigos de la guerra fría.

La traición al partisano Tito y el triunfo del neoliberalismo

Puede señalarse igualmente a Gorbachov como el responsable de la sangrienta disolución de Yugoslavia. Le correspondía a él, como presidente de la URSS, haber previsto esa jugada de la OTAN. Una mayor voluntad hubiera hecho valer una Europa desmilitarizada, pero no estuvo a la altura. Y en la misma dirección, la deriva neoliberal de la Unión Europea es una consecuencia de no haberse exigido desde la URSS un comportamiento diferente a Alemania.

Todos los historiadores serios (Hobsbawm, Fontana, Judt, Casanova) han corroborado que la falta de libertades y de bienestar en la Unión Soviética tuvieron como correlato el Estado social en Europa. El papel de la URSS como faro de la izquierda, reafirmado por la importancia crucial de la URSS en la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial (los nazis empezaron a perder la guerra en Stalingrado, no en Normandía), llevó a las élites europeas a ceder como forma de evitar la bolchevización de unos países europeos con fortísimos partidos y sindicatos comunistas. No es concebible la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 sin la derrota de la derecha en la guerra mundial y la existencia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas haciendo valer un discurso y una práctica de izquierda.

De hecho, la implosión de la URSS en 1991 (cuando Yeltsin, junto al presidente de Ucrania y el de Bielorrusia decidieron dar por muerta la Unión) abrió paso a la neoliberalización dura de la Unión Europea. De la misma manera que marcó el fin de la lucha armada. Las últimas dos revoluciones victoriosas, la de Nicaragua y la de Irán, ambas en 1979, nunca hubieran tenido éxito sin el apoyo soviético.

La desaparición de la URSS desató la codicia de las élites europeas. Cuando el peligro soviético ya no era tal, ni siquiera la izquierda socialdemócrata hacía ya falta para "frenar" a un comunismo que tenía los pies de barro. Era el momento de que los partidos socialistas y comunistas europeos abandonaran el marxismo, el leninismo e, incluso, el socialismo y optaran por los gatos incoloros. Esa socialdemocracia de Blair, Felipe González y todos los partidos de la Internacional Socialista, no solamente abrazaron los postulados neoliberales sino que serían también los principales valedores de la OTAN y de las guerras, aunque fueran guerras de rapiña como la de Irak. Fue el mismo error de Gorbachov: le contó demasiado rápido a EEUU y a Alemania que ya no eran los chicos malos de antaño. Y Churchill se murió otra vez, en esta ocasión de risa, desde su tumba.

La unificación alemana: una gran ocasión perdida

La falta de un tratado de paz en 1945 le jugó una mala pasada a la Unión Europea. La unificación alemana era la principal política de las autoridades de Bonn (capital antes de trasladarse de nuevo a Berlín) desde 1949. Helmut Kohl estaba dispuesto a pagar a Gorbachov con tal de permitir la caída del Muro de Berlín y, para ello, de no repetir un Tiananmen en el Muro de Berlín (recordemos que la matanza en China fue en agosto y la "caída" del Muro fue en noviembre). El dinero sustituyó a la política. Si Lenin se montó en el tren que los alemanes le pusieron para llegar a Finlandia y dirigir la revolución, Gorbachov aceptó considerables sumas de dinero para la URSS, incluido pagar los salarios de los 338.000 soldados rusos que estaban en la República Democrática Alemana y que iban a seguir cobrando de vuelta a casa (entre ellos Vladimir Putin).

A Gorbachov le faltó mucha visión política. Haber negociado de otra manera la unificación de Alemania no hubiera desatado los viejos fantasmas en el país germano. A cambio de dinero, la URSS abandonó cualquier prurito ideológico. La suerte de la izquierda europea no estaba en su radar. Es probable que con una mayor visión geopolítica de Gorbachov, Europa presentaría hoy unos contornos más sociales y, seguramente, no habría una guerra en Ucrania. La codicia germana (cansados de ser "un gigante económico y un enano político", como se quejaba Willy Brandt) les llevó a caminar la senda de la arrogancia. Antes de poner de rodillas a Tsipras con la palanca de la Troika, Alemania reconoció, al margen de sus socios europeos, la independencia de Croacia, uno de los desencadenantes de todo lo que pasó después en la disolución de Yugoslavia y en el avance de la OTAN hacia el Este. Por supuesto, las mentiras que después se propagarían en Irak, Libia, Afganistán, Irán o Ucrania ya se ensayaron contra Serbia.

El Tratado de Maastricht es consecuencia de la forma en que Gorbachov se desentendió de la geopolítica de una manera imperdonable, algo que llevó la URSS al agujero (hoy Putin vive de superar esas humillaciones) y a la Unión Europea a su peor momento (apenas recuperado por la ola de solidaridad europea con la pandemia). La opinión que Fidel Castro tenía de la perestroika y de Gorbachov iban en la misma dirección. El mundo árabe se preparó para lo peor. Desmembrar un imperio como la URSS con tanta aceleración iba a reventar las costuras del mundo.

Francia, que no quería la unificación ("Quiero tanto a Alemania que prefiero que haya dos", decía el escritor y político francés François Mauriac), exigió a Alemania compartir con los franceses su más preciado bien: el marco alemán. De lo contrario, no habría tratado de paz y, por tanto, no habría reunificación. Helmut Kohl, que quería pasar como el canciller de la Reunificación (después de la de 1871 con Bismarck) aceptó, escuchando también la voluntad unificadora de Thatcher, Reagan y acompañantes como Felipe González. Pero puso un requisito durísimo: los criterios de estabilidad que le entregarían el poder a la Troika, vaciarían de contenido político a la Unión Europea y convertirían a Europa en una sucursal alemana.

Putin es el líder con el que Rusia se quita la espina de Gorbachov

La disolución acelerada de la URSS convirtió al país en un experimento donde pudieron desarrollar sus juegos los dementes del FMI. Igual que los chicago boys habían hecho su sala de despiece en el Chile de Pinochet), personas como Jeffrey Sachs, luego devenidos en expertos contra la pobreza, se comportaron como gangsters en la extinta URSS, aprovechando la falta de democracia para convertir a los inescrupulosos burócratas comunistas en inescrupulosos burócratas de la dictadura económica y financiera. Cayó la esperanza de vida en la URSS, se desestabilizó oriente medio, el mundo árabe explosionó, creció la extrema derecha, la OTAN destrozó cada país en el que intervino, la derecha europea y norteamericana se creyeron con derecho para desmantelar cualquier política social y la ONU se convirtió en un sitio irrelevante.

Eso sí, Gorbachov terminó anunciando Pizza Hut en las televisiones occidentales.

No es sencillo imaginar a los grandes líderes de la izquierda que pasaron por la cárcel, la tortura y la muerte celebrando, pongamos por ejemplo, las bondades de una cadena de hamburguesas. Gorbachov, a fin de cuentas, ¿fue un cobarde o tuvo mala suerte? Si desmantelas un proyecto político que transformó el mundo y generó la tercera gran oleada de derechos que alcanzó a todos los rincones del planeta con mayor o menor fortuna –los derechos sociales-, no terminas anunciando Pizza Hut ni tolerando los destrozos que tus errores políticos generaron.

Nadie puede pedirle a Gorbachov que se jugará coherentemente la vida como hizo Allende, pero esa falta de coherencia explica que en su muerte le hayan celebrado más los que están reventando el mundo que las víctimas de sus malas decisiones. EEUU utilizó a China para acabar con la Unión Soviética, ayudando a que prosperara económicamente y le sirviera en sus planes de agotamiento económico de Rusia. Hoy, EEUU utiliza a Rusia como plataforma para intentar frenar el "monstruo" chino que han creado. La política norteamericana, que nunca entendió Gorbachov, hizo de la guerra fría una fábrica de monstruos: yihadistas contra el panarabismo, evangélicos neopentecostales contra teología de la liberación, neoliberales contra keynesianos, neconservadores contra socialistas, chinos contra rusos y rusos contra chinos. En un mundo que amenaza con dinamitar todo lo construido en el último siglo. Y que una voluntad más decidida de Gorbachov a cargo del segundo país más poderoso del mundo podría haber delimitado unos contornos menos amargos. Gorbachov no creía en dios. Si así fuera, estaría paradójicamente más cerca del dios de Juan Pablo II, que tanto combatió a la Unión Soviética, que del Papa Francisco.

Epílogo

Cuando sus malas políticas llevaron a algunas zonas de la URSS a intentar secesionarse, Gorbachov respondió con violencia. Las provincias bálticas vieron cómo sus calles se llenaban de muertos en 1991 bajo balas soviéticas. Una política de dureza cuando la violencia ya no servía para nada.

En 1996 Gorbachov se presentó a las elecciones en Rusia. Recibió el 5% de los votos. Con motivo de su fallecimiento, la BBC escribió: "Su forma elegante de vestir y su manera directa de hablar lo distinguían de sus predecesores, y su esposa, Raisa -quien falleció en 1999-, parecía más una primera dama estadounidense que la esposa de un secretario general".

El calentamiento global hace que haya menos nieve en Moscú. Putin no sabe nada de la Comuna de París. No parece que nadie baile contento bajo ninguna nieve en el Kremlin porque el camino de la emancipación siga su rumbo liberador. Descanse en paz el enterrador de la URSS y de un futuro más halagüeño para la humanidad.

04/09/2022

Publicado enPolítica
Simpatizantes se reúnen frente a policías que custodian el acceso a la residencia de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, a 2 de septiembre de 2022, en Buenos Aires. — Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Argentina atraviesa una profunda crisis que la derecha aprovecha para acentuar su discurso de odio en los medios de comunicación mientras instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente.

Eduardo Giordano

@eduardogior

3 sep 2022

Argentina atraviesa una profunda crisis que se manifiesta con la forma de un animal bifronte: simultáneamente se produce una arremetida de los sectores más conservadores del peronismo por el control de la política económica, al mismo tiempo que la derecha macrista acentúa su discurso de odio en los medios de comunicación e instiga a sus aliados en el poder judicial para intentar una maniobra destituyente de quien representa al sector más progresista del peronismo, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El giro derechista en la política económica

El gobierno de Alberto Fernández ha dado algunos volantazos en política económica en los últimos meses, desde que firmó en marzo pasado el acuerdo con el FMI, asumiendo el pago de la deuda fraudulenta de 44.000 millones de dólares adquirida por el gobierno anterior, y que es solo una parte del total de 100.000 millones de deuda externa. El entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, cuestionado por los sectores más próximos a la vicepresidenta Cristina Kirchner por su negociación de la deuda, entre muchos otros desacuerdos, renunció intempestivamente el 2 de julio y fue reemplazado por la economista Silvina Batakis, una figura de bajo perfil político, cuya designación se concertó entre el presidente y la vicepresidenta después de la intervención de varios mediadores para que se comunicaran entre sí, ya que el diálogo entre ambos llevaba varios meses interrumpido. Esta anomalía de la política argentina puso a la nueva ministra en una situación de inicial fragilidad, en parte porque su designación se percibió como una improvisada solución de compromiso.

La respuesta inmediata del poder económico fue de boicot absoluto. Los grupos concentrados no aceptaron una gestión de la Economía que contase con el respaldo de la vicepresidenta, presuponiendo que esta implicaría una mayor intervención estatal y un posible aumento en la tributación de los más ricos, en particular de los grandes productores agropecuarios. El llamado dólar blue se disparó en el mercado informal con un incremento cercano al 50 % en pocos días, duplicando con creces el tipo de cambio oficial. Dada la política de restricción cambiaria que el gobierno implementa desde hace años para evitar la salida de divisas, el aumento del valor del dólar en el mercado negro -donde se efectúa un bajo volumen de operaciones- sirve como referencia automática para aumentar los precios de todos los productos, y en particular de los alimentos, desencadenando una espiral especulativa promovida por los grupos más concentrados de producción alimentaria y las cadenas de distribución. 

La inflación es la enfermedad crónica más grave de la economía argentina y la que genera mayores tensiones sociales. La tasa de inflación interanual alcanzó en julio un 71 %, superando a la de todo el año 2021 (51 %). Entre sus causas hay factores internacionales, como la guerra de Ucrania, que inciden en Argentina como en todo el mundo, pero esta dinámica inflacionaria es un mal enquistado en la economía nacional desde tiempos remotos y  los factores externos sólo pueden agravarlo. El ex ministro Martín Guzmán no logró controlar la inflación durante sus casi tres años de ejercicio, a pesar de un plan macroeconómico elaborado según las exigencias de los poderes fácticos del mundo de las finanzas internacionales. La persistencia de una altísima inflación resta valor a la moneda argentina no solo por su poder de compra, sino también como moneda de ahorro, de modo que un alto rango inflacionario favorece la fuga masiva de los ahorros al dólar, aumentando más aún la brecha entre el cambio paralelo y el cambio oficial de la moneda estadounidense. Un auténtico círculo vicioso que ninguno de los últimos gobiernos ha podido contener. 

La nueva ministra de Economía Silvina Batakis permaneció en el cargo menos de un mes. El presidente le comunicó que había sido destituida a su regreso del primer viaje que hizo al exterior para reunirse con Kristalina Georgieva, directora del FMI. En su lugar, el 28 de julio fue designado Sergio Massa como superministro de Economía, Producción y Agricultura, unificando los tres ministerios bajo su control. La posibilidad de su entrada en el gabinete dotado de poderes especiales para el área económica ya se había considerado antes de nombrar a Batakis, pero fue descartada porque no obtuvo el consenso inicial del sector que representa la vicepresidenta, ya que Massa supone continuidad o incluso una involución con respecto al ex ministro Martín Guzmán. 

Sergio Massa es un político todoterreno que procede del menemismo, y que tras haber sido alcalde del municipio de Tigre y durante un año jefe de gabinete de Cristina Kirchner (julio de 2008 a julio de 2009), lanzó su propio partido, el Frente Renovador, presentándose con un discurso cuyo principal argumento de mejorar la seguridad. Este dirigente de talante conservador sumó sus huestes al Frente de Todos (FdT), en las últimas elecciones presidenciales de 2019, llegando a un acuerdo de gobierno con Alberto Fernández y Cristina Kirchner dado su decisivo aporte de votos, por el cual obtuvo la presidencia del Congreso.

El nuevo contexto de aceleración de la guerra jurídica contra Cristina Kirchner, digitado por la oposición macrista y los medios afines, ha situado a la vicepresidenta en una situación defensiva dentro del mismo gobierno, ya que depende más que nunca del apoyo en bloque del peronismo y de sus principales dirigentes para enfrentar la trama mediático-judicial que se ha urdido en su contra. Después de dos cambios en el ministerio de Economía, la vicepresidenta accedió al nombramiento de Massa por entender que se requería una figura fuerte para contener la crisis. Sin embargo, la diferencia de enfoques es notable y podría ser causa de futuras fricciones.

Relaciones estrechas con Estados Unidos

La agenda económica de Sergio Massa está enfocada principalmente a atraer inversiones de compañías energéticas, mineras y de agroindustria para aumentar la capacidad exportadora del país y obtener más divisas. Este es su primer objetivo en el exterior, en su primera gira por Estados Unidos, donde se reunirá con ejecutivos de las petroleras Chevron, Exxon, Shell y Total, las mineras Rio Tinto y Livent (Litio) y el grupo Amazon, entre otras compañías. 

Su trayectoria es bien conocida por los sectores kirchneristas que aceptaron su nombramiento a regañadientes, considerándolo el mal menor. Aceptaron que el descontrol de la situación económica requería una figura de peso, con entrada en los mercados de capitales para calmar las turbulencias monetarias que presagiaban una espiral inflacionaria desenfrenada. Massa serviría así como parapeto para poner freno a una posible debacle económica, pero también, paradójicamente, como correa de transmisión de los planes del FMI y del Departamento de Estado para Argentina.

El primer conflicto interno en el peronismo como consecuencia del nombramiento del nuevo ministro se manifestó el 31 de agosto, cuando el líder social Juan Grabois, dirigente del Frente Patria Grande, anunció que su grupo saldría del bloque de Diputados del Frente de Todos para formar un grupo propio, con un alegato muy duro contra la orientación de la política económica de Massa. Afirmó que habían esperado casi un mes en vano a que el Ejecutivo cumpliera con la promesa de adoptar medidas destinadas a los sectores más vulnerables: “Nos mintieron... Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, afirmó Grabois, implicando en ese plural al presidente Alberto Fernández. Y sobre las reuniones de Massa con empresarios estadounidenses, sentenció: “Le va a dar todo a los dueños del litio, los hidrocarburos y el agronegocio. A los banqueros y grupos económicos”. “En mi visión este gobierno va perdiendo su carácter popular y adoptando un carácter colonial”. El Frente Patria Grande que dirige Grabois fue uno de los organizadores de las 50 marchas convocadas en todo el país el 20 de julio, en reclamo de un Salario Básico Universal inmediato para sacar de la indigencia a los más pobres, una exigencia que no obtuvo respuesta por parte del gobierno.

El sector kirchnerista de La Cámpora manifestó su respaldo al nuevo ministro Sergio Massa forzado por las circunstancias. Su portavoz, Andrés Larroque, reprochó a Grabois el haber tomada la “decisión inoportuna” de romper el bloque, restándole así centralidad en la agenda pública a “la recuperación de la épica y la mística del peronismo” con la defensa de Cristina del acoso jurídico.

Lawfare: acoso jurídico a la vicepresidenta

La persecución judicial y de los grandes medios corporativos contra Cristina Kirchner es la otra cabeza del animal bifronte que se apresta a devorar la convivencia entre los argentinos. Es sabido que el lawfare, o guerra jurídica, es la forma que ha adoptado la derecha latinoamericana para derrocar o inhabilitar mandatarios y candidatos del campo popular. Fue el caso de Lula da Silva en Brasil, con un proceso montado por quien sería el futuro ministro de Justicia de su adversario ultraderechista Jair Bolsonaro, por el cual se le impidió disputar las elecciones presidenciales en las que era el favorito. Es también el caso de Rafael Correa en Ecuador, perseguido por supuestos actos de corrupción con el fin de impedirle que vuelva a la política activa. Y fue el caso del ex presidente Evo Morales en Bolivia, perseguido y procesado sin fundamento durante el gobierno golpista de Jeanine Áñez. 

Esta estrategia de guerra jurídica instigada por la derecha contra los gobiernos progresistas sigue extediéndose por todo el continente con parecidos objetivos. El último ejemplo es la persecución de Pedro Castillo y sus familiares en Perú desde el primer año de su presidencia, combinada con maniobras del Congreso, mayoritariamente opositor, para trabar la gestión de su gobierno y reclamar la vacancia presidencial.

En Argentina, como en los demás países citados, la persecución judicial va acompañada de la difusión continua de falsedades y noticias ficticias por parte de los grandes grupos periodísticos de capital concentrado, en este caso principalmente Clarín y La Nación, que interactúan con los relatos y/o fabulaciones de fiscales sobornados y testigos arrepentidos para ofrecer un panorama siempre desdibujado y denigrante de los “K”, la familia Kirchner y sus allegados. En muchísimas ocasiones de la historia reciente, estos medios han servido como altavoz para la descalificación sin matices de la ex presidenta, también durante todo el gobierno de Macri, alimentando siempre la crispación social y la llamada grieta entre el peronismo y la oposicón .

Las causas judiciales contra Cristina Kirchner incluyen algunas tan absurdas como el intento de implicarla en un caso de supuesto encubrimiento de los autores del atentado contra la AMIA en 1994, por un memorándum firmado en 2013 por su gobierno con el gobierno de Irán, para que los 'supuestos autores' del atentado accedieran a declarar ante la justicia argentina. En esta causa fue acusada de colaborar con el enemigo por un acto legítimo de su gobierno. Este estigma la persiguió durante años, ya que en 2017 un juez la procesó pidiéndole prisión preventiva por “traición a la patria”, de la que quedó eximida por ser senadora, hasta que en 2021 fue sobreseída. La causa fue iniciada en 2015 por el controvertido fiscal Alberto Nisman, que apareció muerto en misteriosas circunstancias, supuestamente por suicidio. La oposición instrumentalizó la muerte del fiscal como una bandera política contra la presidenta, acusándola de haberlo asesinado, y realizó marchas multitudinarias antes de las elecciones de ese año, que dieron la victoria en segunda vuelta a Mauricio Macri con un ajustado 51 % de los votos.

Las manifestaciones populares en defensa de Cristina Kirchner de los últimos días de agosto tuvieron como detonante los pedidos de condena de los fiscales por el llamado caso Vialidad, uno de los múltiples juicios abiertos contra la expresidenta que se interpretan como parte de esa maniobra opositora para desgastarla y retirarla del ejercicio de la política. Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola han pedido para ella una pena de doce años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, además de inhibición de bienes, al involucrarla en una supuesta red delictiva de sobornos a cambio de obras públicas que habría tenido lugar en la provincia de Santa Cruz y de la que se habría beneficiado especialmente el empresario Lázaro Báez, socio y amigo de los Kirchner. Como quiera que sea, la investigación estuvo llena de irregularidades y no se permitió a la ex presidenta hacer todas las alegaciones, rechazando su pedido de ampliación de declaratoria. 

Los militantes peronistas se movilizaron para defender la integridad de su lideresa ante lo que consideran un avance de la “mafia judicial” sobre la esfera política. La convocatoria a manifestarse delante del domicilio de Cristina Kirchner fue reprimida por la policía del gobernador de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, perteneciente al macrismo (Juntos por el Cambio), quien hizo cercar con vallas y un fuerte dispositivo policial el acceso a su vivienda, en el céntrico barrio de Recoleta. Esta medida tuvo un efecto reclamo, redirigiendo otras convocatorias realizadas en parques y plazas hacia ese mismo lugar. La defensa de la vicepresidenta en las calles adyacentes a su domicilio fue sostenida por La Cámpora, la agrupación kirchnerista que dirige su hijo Máximo Kirchner, presidente del bloque de diputados del FdT en el Congreso, a quien la policía de la ciudad golpeó, insultó y maltrató cuando acudió a visitar a su madre.

La persecución judicial a Cristina Kirchner es el mayor triunfo de la derecha autoritaria para desactivar su potencial político.  Las causas más estrafalarias la persiguen desde que asumió la presidencia en 2007, y cuando algunas caen por la evidencia del montaje, en seguida arrecian las que permanecen activas. En un libro publicado hace cinco años (durante el gobierno de Macri), Cristina Kirchner se refiere a “cómo está funcionando el sistema judicial argentino, no como adminisrador de Justicia sino como un instrumento de persecución política […] ¿Y cómo? Muy simple: amenazando”. Y añade que a ella no la “van a hacer callar así armen 80 causas porque soy la misma de siempre”. 

El hecho de aceptar los retos y tramoyas judiciales con valentía y confianza en sí misma no significa que esos golpes no dejen mella. El desgaste que ocasiona esta guerra (sucia) jurídica a sus víctimas es inimaginable, tanto a nivel emocional y familiar como por la dedicación intensiva que conlleva desmontar las patrañas de los fiscales y documentar las alegaciones. El lawfare obliga a concentrar la atención de sus víctimas en su defensa como prioridad absoluta, en pos de la supervivencia, desactivando así una parte de su potencial de intervención política.

No obstante, el nuevo proceso urdido contra la vicepresidenta puede resultar un búmeran que se vuelva contra la oposición. La encendida defensa que hace Cristina Kirchner de su inocencia puede ser finalmente un arma política que engrandezca su figura y reinstale la conexión popular con ella: “Este es un juicio al peronismo, a los gobiernos nacionales y populares”, afirmó en sus redes sociales. “Necesitan dirigentes disciplinados”, aseguró, motivo por el cual Cristina Kirchner considera que “la sentencia ya está escrita”. La causa será resuelta en última instancia por los cuatro miembros de una Corte Suprema que también le sería adversa.

Democratizar la Justicia

Algunos intelectuales progresistas sugieren que la única forma de democratizar la Justicia es a través de una nueva Constitución. Por ejemplo el escritor Mempo Giardinelli ha solicitado en carta abierta al presidente que la convoque. El reclamo se basa en la necesidad de depurar el sistema judicial de fiscales y jueces corruptos, que han creado falsas pruebas de manera sistemática para implicar en supuestos casos de corrupción a la vicepresidenta y miembros de sus anteriores gobiernos. Algunos de estos funcionarios no están libres de culpa, como el famoso José López, ex secretario de Obras Públicas del gobierno de Cristina Kirchner a quien ella misma considera ahora corrupto, condenado por no poder justificar la posesión de nueve millones de dólares arrojados al jardín de un convento. La vicepresidenta alegó en el Senado que los jueces de la causa no quisieron “tirar del ovillo” del origen de esos fondos porque, según dijo, provenían de comisiones de empresarios cercanos al ex presidente Mauricio Macri.

La mayor parte de las organizaciones de derechos humanos están de parte de Cristina Kirchner, incluidas las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, entre muchas otras organizaciones populares. El juez español Baltazar Garzón es una de las figuras internacionales que acaba de denunciar la irregularidad de la docena de procesos iniciados contra Cristina Kirchner desde que fue nombrada presidenta, recordando que en casi todos se contó “con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri”. 

Por su parte el sacerdote Eduardo de la Serna, coordinador del Grupo de Curas en Opción por los Pobres, de reconocida filiación personal kirchnerista, responde así a una pregunta de este periodista: “Decir que el lawfare no existe como dijo el impresentable (fiscal) Luciani y todo el periodismo hegemónico es burlarse de todos y crear sentido en la sociedad con todos sus cañones mediáticos. Podrán invisibilizarlo, pero como ocurre con las brujas..., que las hay, ¡las hay!”.  

La parcialidad de la Justicia en esta causa fue denunciada también por la dirección del Frente de Izquierda (FIT), una formación marxista que impugna radicalmente la política económica del gobierno peronista y sostiene la movilización popular en su contra. A pesar de estas diferencias y viejas disputas, rechazaron de forma categórica el pedido de inhabilitación para Cristina Kirchner. La diputada Myriam Bregman, dirigente del FIT, aseguró que el juicio resultaba sospechoso, entre otras razones, por las estrechas relaciones de amistad entre el fiscal de la causa y el presidente del tribunal con el ex presidente Mauricio Macri, con quien ambos suelen jugar al fútbol en su casa. La trotskista Myriam Bregman, partidaria de crear tribunales populares para juzgar los casos de corrupción, denunció: “Quieren ir hacia un gobierno de los jueces”. También acudió en defensa de la vicepresidenta el dirigente social Juan Grabois, a pesar de su denuncia pública de la gestión económica del gobierno de Alberto Fernández.

Ante el cariz que han tomando los acontecimientos, hay quien opina que aunque Cristina Kirchner no merezca ser condenada, el lawfare ya habría triunfado. La prueba es la imposición del programa económico neoliberal de Sergio Massa. La estrategia de condicionar el proceso político para influir en las decisiones del gobierno estaría operando con éxito. 

Aunque así fuera, el desempeño de los fiscales en el caso Vialidad anuncia una nueva etapa de confrontación social. El nuevo esquema ideado por la derecha para dejar a Cristina Kirchner fuera de la contienda electoral en las próximas elecciones de 2023 puede incendiar las calles. Según una encuesta del mes de abril, la vicepresidenta es la candidata mejor situada en cuanto a preferencias de voto, con el 15 % del total nacional en las primarias (sobre 31 % para todos los candidatos del FdT). El candidato peronista que suma todas la preferencias del establishment sin duda es el actual superministro Sergio Massa, pero apenas mereció el 3 % de las preferencias y nunca podría competir en popularidad con ella. 

El intento de magnicidio

La primera gran chispa acaba de encenderse con el intento de asesinar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, al regresar a su casa el 1 de septiembre. Después de 10 días de concentraciones populares de apoyo ante su domicilio, un ultraderechista se coló entre la multitud que la espera a diario y disparó un arma a pocos centímetros de su cara. Milagrosamente, no había ninguna bala en la recámara, aunque la pistola estaba  cargada con cinco municiones. El autor del disparo, Fernando Andre Sabag Montiel, es un brasileño de 35 años -nacionalizado argentino- que frecuenta páginas de internet esotéricas y supremacistas, se define como 'Cristiano' en su perfil de Instagram y lleva tatuado en el codo izquierdo un sol negro típico de la simbología neonazi.

Este intento de magnicidio, cuyo ejecutor está siendo interrogado para conocer quiénes fueron los autores intelectuales, supone el cenit la degradación de la lucha política en Argentina. El presidente Alberto Fernández se dirigió a la nación esa misma noche:

“Estamos obligados a recuperar la convivencia democrática que se ha quebrado por el discurso del odio que se ha esparcido desde diferentes espacios políticos, judiciales y mediáticos. Podemos tener profundos desacuerdos pero en una sociedad democrática, los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia”, declaró el presidente. “Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra sociedad”, insistió, anunciando también que el día siguiente sería festivo laboral “para que en paz y armonía, el pueblo pueda expresarse en defensa de la vida, de la democracia y solidaridad con nuestra vicepresidenta”.

En el nuevo contexto que se abre, la derecha política y mediática está quedando descolocada. Cada uno de sus actos tiene el resultado de un búmeran que vuelve con fuerza contra sus propios fines. El acoso jurídico contra Cristina Kirchner, coronado ahora por el intento de asesinarla, ha situado a su figura en el centro del debate político nacional. Las crecientes movilizaciones y vigilias en su respaldo muestran que ella no ha perdido poder de convocatoria a pesar de las deficiencias del actual gobierno. Horas antes del intento de asesinato, varios dirigentes de La Cámpora, incluido su hijo Máximo Kirchner, expresaron festivamente su “deseo militante” de favorecer su candidatura a la presidencia, un tema que hasta ahora estuvo fuera de la agenda pública. A partir del pedido de condena de los fiscales, se generó un proceso interno en el peronismo que le permitió expandir su poder de convocatoria y resaltar su liderazgo. Los efectos perversos de la cacería política, jurídica y periodística a la que se ve sometida Cristina Kirchner aún no se conocen en todas sus dimensiones, pero los resultados que ya son visibles parecen incluso contraproducentes para sus adversarios políticos, enemigos y perseguidores.


El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner genera una intensa zozobra política en Argentina

El intento de magnicidio contra la vicepresidenta y dos veces exmandataria (2007-2015) genera una gran movilización en repulsa cuando el país está por cumplir 40 años de democracia.

Buenos Aires

02/09/2022 22:03  

Ana Delicado Palacios@anina_dp

El arma quedó a escasos centímetros del rostro de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, cuando Fernando Sabag Montiel, un hombre de 35 años de origen brasileño y residente en el país desde los 6, accionó el gatillo dos veces, sin que ninguno de los proyectiles saliera de la recámara. Argentina se salvó de un magnicidio, pero el ataque contra la figura política de mayor relevancia que tiene el país ha creado una zozobra de consecuencias imposibles de calibrar todavía.

El agresor, que exhibe tatuajes neofascistas y tenía antecedentes penales por tenencia ilícita de armas, fue reducido al momento, pero pasaron largos minutos en los que nadie pareció haber tomado dimensión del peligro en el que se encontraba la expresidenta (2007-2015). Ni ella, que continuó saludando y firmando autógrafos a los simpatizantes que se habían acercado hasta su vivienda en la ciudad de Buenos Aires, ni su custodia, que todavía permitió a su protegida encaramarse sobre un automóvil y sonreír una vez más a sus seguidores, cuando había estado a un tris de perder la vida.

A juzgar por los símbolos grabados en su cuerpo, los primeros indicios llevan a pensar en "un atentado políticamente motivado" por un "adepto a las ideas neonazis", plantea a Público el doctor en Ciencia Política Julio Burdman. Este analista descarta la premisa de que sea un loco suelto. "Aun si llevó el ataque de manera individual, esta persona forma parte de un universo de sentido que adhiere a ideas radicalizadas y esa adhesión se convirtió en un acto político político extremista", afirma. "Esto es tema de análisis político, no psicológico".

Un juicio de fondo

Dos catalizadores del atentado observa Burdman, director de la consultora de estudios políticos y sociales Observatorio Electoral y docente en la Universidad de Buenos Aires (UBA). El primero es "el discurso hiperpolarizado de la Argentina contemporánea, con discursos de radicalización muy fuertes que se cuelan dentro del debate político".

El diputado Francisco Sánchez, perteneciente al principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, reclamaba hace unos días la pena de muerte para la vicepresidenta tras conocerse que la fiscalía pide doce años de prisión en el juicio en el que está encausada por el supuesto direccionamiento de la obra pública realizada en la provincia de Santa Cruz (sur) durante los años de su Gobierno y los de su esposo, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).

A tenor de este proceso judicial, arreciaron las amenazas de muerte contra Cristina Fernández en algunas marchas opositoras. Algunas, con megáfono en mano. Otras recurrieron a simbologías más explícitas, como la horca.

"Otro aspecto no menor es el desmanejo del operativo de seguridad en torno a la vicepresidenta", pondera Burdman. El especialista refiere que la vicepresidenta quedaba en situación de vulnerabilidad cada vez que entraba y salía a pie de su vivienda, situada en un edificio que no tiene aparcamiento propio. "Desde hace doce días, cuando comenzaron las manifestaciones a favor y en contra frente a su domicilio por la causa judicial que tiene por actos de corrupción, toda la logística fue un caos".

La discusión política sobre la seguridad de la exmandataria se enroscaba en la disyuntiva de si su seguridad dependía de la Policía Federal, bajo la esfera del Gobierno nacional, o la de Buenos Aires, manejada por la jefatura de Gobierno (alcaldía) de la capital, en manos opositoras.

Dentro del contexto latinoamericano, Argentina manifestaba muy poca violencia política, pero en los últimos tiempos se han apreciado "señales de polarización en el discurso público y una creciente disposición a tomar posiciones extremas y muy encontradas, con un profundo descreimiento de las credenciales democráticas del otro", considera el también doctor en Ciencia Política Juan Negri.

Ante el pedido de condena contra la vicepresidenta, "se vio cierta radicalización de los seguidores de cada lado", explica a este diario Negri, director de Ciencia Política y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella. "Los votantes del kirchnerismo creen que es una operación contra ella, y los votantes del macrismo creen que es completamente corrupta y que debe ser condenada".

El intento de asesinato de Cristina Fernández, que fue a su vez una tentativa de feminicidio político, la coloca en condición de víctima, por más que esta situación exaspere a quienes se han puesto a hacer cálculos políticos sobre la ventaja que puede tener la vicepresidenta en las elecciones generales del año que viene. "Esto podría traer mayor polarización, si el Gobierno no está a la altura y empieza a atacar a la oposición como antidemocrática, y si la oposición, en vez de condenar el hecho, trata de sacar rédito", observa Negri.

Punto de inflexión

Para el politólogo Javier Cachés, consultor y docente de la UBA, en la noche del jueves "se cruzó una línea que no se había cruzado nunca desde el regreso de la democracia, al poner la violencia en el centro de la agenda como vehículo para dirimir cuestiones políticas".

Desde la capitulación de la dictadura (1976-1983), "los partidos políticos y la sociedad civil ingresaron en la democracia construyendo un gran consenso que invalidaba y deslegitimaba la violencia política como un medio parar resolver cuestiones de poder", recuerda.

Javier Cachés: "Se cruzó una línea que no se había cruzado nunca desde el regreso de la democracia"

Cachés observa los primeros focos de radicalización a partir de 2008, cuando Cristina Fernández mantuvo un pulso con patronales y productores agropecuarios para aumentar las retenciones a los cultivos de soja, trigo, maíz y girasol con un esquema de captaciones móviles de acuerdo con su precio internacional, lo que casi le costó la presidencia. "A partir de entonces, Argentina vive una dinámica de polarización política común generalizable a otras democracias modernas", sostiene este analista. "Pero como se ve en otros países, esa división política en dos bandos cada vez más enfrentados y separados tiene una dinámica asimétrica, en el que un bando, el bloque de poder que va del centro a la derecha, se ha radicalizado más que su antagonista, en este caso el peronismo".

Este movimiento, con Cristina Fernández a la cabeza, "ha sido objeto de campañas permanentes de estigmatización y deslegitimación, con discursos de odio cada vez más frecuentes", asevera Cachés. Consignas violentas o bolsas mortuorias en marchas convocadas por la oposición son la imagen gráfica de ese caldo de cultivo con el que se crispa el ambiente político y se contribuye a un estado de exasperación.

"Hay toda una dinámica en algunos referentes de Juntos por el Cambio –alianza que bajo otro nombre llevó a la presidencia a Mauricio Macri (2015-2019)–, más la emergencia de referentes de extrema derecha, que ha dado rienda suelta a una especie de fascismo social en una parte de la sociedad", alega. "Este episodio implica un punto de inflexión en la democracia argentina, un llamado de atención que nos recuerda que la democracia no es una conquista garantizada, sino que hay que revalidarla y construirla permanentemente".

El politólogo Facundo Cruz, en tanto, evalúa el intento de magnicidio como el último de nivel de polarización política al que ha llegado Argentina. "Esto pone en riesgo décadas y décadas de justicia, de memoria, de un sistema democrático que se consolidó y estabilizó luego de décadas de mucha violencia política", asume.

Necesaria conciliación

La senadora Edith Terenzi, perteneciente a la coalición que desalojó del Ejecutivo al kirchnerismo tras doce años en el poder, reconoce el shock en el que se encuentra la sociedad argentina. "Nadie en su sano juicio puede estar de acuerdo con un acto tan cobarde y cargado con la peor pulsión que puede tener el ser humano, que es el desaprecio por la vida", afirma a Público.

La legisladora, perteneciente a la Unión Cívica Radical que integra Juntos por el Cambio, reconoce "jornadas muy tensas, con muchas movilizaciones sociales y mucha violencia gestual y discursiva desde el inicio del juicio contra la vicepresidenta".

Es precisamente la justicia la que debe intervenir para esclarecer lo sucedido "sin grietas e interferencias, con libertad y garantías", a fin de que sirva de contención y no se propague más la violencia. "El atentado contra la vicepresidenta es una bisagra en la vida política y social de la República Argentina", sentencia Terenzi. "No hablamos solo de la vida de una persona, nada más y nada menos que la de la vicepresidenta, sino de la vida del sistema institucional argentino".

La senadora reclama una mayor conciencia entre la dirigencia empresarial, social, mediática y gremial para "bajar la escalada de violencia y tener un mensaje diferente de cohesión y unión nacional". Especial mención hace a sus compañeros en política, que le deben al país una reflexión sobre lo que ha sucedido para que se pueda "convivir de manera democrática y en respeto".

El diputado nacional Leonardo Grosso, por su parte, indica que fue un milagro que la bala no saliera del arma dirigida contra Cristina Fernández. El dirigente del Movimiento Evita, una organización social peronista afín al Gobierno, considera que el ataque fija "un límite que se ha traspasado en la democracia argentina". Su conclusión es una sola: construir "una unidad lo más grande posible entre todo el arco político, social, económico, y dirigencial en Argentina para poner un ‘nunca más’ en este tipo de violencia".

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Miércoles, 31 Agosto 2022 18:27

48 horas

Foto Cric

La recuperción de tierras de manera directa, sin esperar la reforma agraria anunciada por el Gobierno, según el Mindefensa Iván Velezquez, “Son prácticas inaceptables para este Gobierno”, por lo cual ordenó a la policía “actuar para impedir la ocupación de esos terrenos y dentro de las 48 horas siguientes, como lo consagra la ley, realizar las acciones necesarias para desalojarlos”.

¿Sorprendidos? ¿Por qué? El gobierno Petro está construido sobre una nebulosa alianza con partidos tradicionales que, como es de suponer, representan no solo a personas sino a clases y sus gremios, entre ellos terratenientes –que no todos están dentro del Centro Democrático–, banqueros, industriales, comerciantes, como también expresiones de clase media y popular.

Una alianza construida con toda conciencia: “Si nos aislamos nos tumban”. Y para garantizar gobernabilidad, factor imposible con la sola representación parlamentaria del Pacto Histórica y las fuerzas más afinas al mismo, distribuir ministerios y otras instituciones para garantizar votos en los trámites parlamentarios. Mermelada de la más tradicional, dirán algunos.

Como es obvio, toda alianza se construye sobre concesiones, de ahí que lo que primará a lo largo del periodo 2022-2026 serán reformas que no afectarán la estructura del poder, prolongando sí la redistribución de subsidios sociales y con ello menguando en algo la pobrecía generalizada que afecta a nuestra sociedad. La pretensión de la reforma tributaria no va más allá de garantizar unos billones que permitan ese flujo de subsidios, alcanzados, eso sí, sin tocarle los callos más dolorosos al capital financiero y a los especuladores en general.

Estamos, por tanto, ante un Gobierno obligado a un permanente juego de malabares que lo llevará a quedar entrampado entre dos aguas: las que representan a los sectores tradicionales y las que corresponden a los populares. Un juego en el cual y al final del cual, de no ser que tome forma una inmensa fuerza popular que obligue al gobierno de turno a radicalizarse, los de siempre mantendrán intactos sus privilegios.

Es un juego de presiones, y los de siempre ya aprietan. exigen “respeto a sus propiedades” y para ello es la Fuerza Pública. Y el Mindefensa se pronuncia no por necedad sino porque esa es su función y la de los más de 500 mil efectivos que integran las FF.AA, sumadas en ello la Policía.

Así mismo se pronuncia la vicepresidenta Francia Márquez: “no aceptamos y rechazamos, y solicitamos a quienes hoy están de manera violenta o de manera inadecuada invadiendo predios privados a lo largo y ancho del país, para que se abstengan de seguir haciendo esa práctica”. Y habla así, olvidando el derecho histórico de los pueblos indígenas (ver comunicado Cric) no de manera casual sino porque entre sus funciones está la de cumplir la Ley, y esa Ley corresponde a un régimen capitalista, no de otro matiz, y así seguirá siendo ya que en ningún momento se anunció avanzar hacia una revolución, hacia el socialismo o cosa parecida. "Más capitalismo" ofreció Petro. Como ya está dicho, el máximo del Gobierno estará marcado por unas reformas y su tenor depende de la correlación de fuerzas.

En el Cauca, con los Nasa avanzando, y en otras partes del país con otros pueblos indígenas y sectores campesinos en igual lid, se están tejiendo las primeras puntadas que podrían llevar a confeccionar la manta de una correlación de fuerzas que emplace y lleve al gobierno a superar su malabarismo.

Pasadas las 48 horas anunciadas para el proceder policial veremos cómo acomada su cuerpo el equilibrista para quedar bien con las dos aguas. ¿Será posible mantener esa destreza a lo largo de cuatro años?


Comunicado a la Opinión Pública y Medios de Comunicación

31 agosto, 2022

El Consejo Regional indígena del Cauca CRIC, que representa a 139 autoridades indígenas en relación a los pronunciamientos realizados por la presidencia de la república respecto a la “ocupación de predios en algunos sectores del país…”, se permite manifestar lo siguiente:

  1. Los pueblos indígenas del Cauca,han realizado un ejercicio constante, reivindicativo de los derechos colectivos de la tierra, que por años han manipulado, usurpado y utilizado indiscriminadamente los diferentes actores colonialistas que han considerado las tierras Americanas como unos granes baldíos.
  2. Una de las características y legados dejados por el gran Manuel Quintín Lame Chantre, además de hacer exigibles las leyes en favor de los pueblos indígenashan sido los siguientes:
    1. «Defensa de las parcialidadesy oposición militante a las leyes de división y repartición de las mismas;
    2. Consolidación del Cabildo indígenacomo centro de autoridad y base de su organización;
    3. Recuperación de las tierras perdidas a manos de los terratenientes, ydesconocimiento de todos los títulos que no den base en cédulas reales;
    4. Liberación de los terrazgueros,mediante la negación a pagar terraje, o cualquier otro tributo personal; y.
    5. Afirmación de los valores culturales indígenas y rechazoa la discriminación racial y cultural a que son sometidos los indios colombianos”
  3. Los pueblos indígenas de manera permanente, han buscado mecanismos de dialogo con los diferentes gobiernos que a lo largo de la emancipación han pasado por estas tierras;desde la corona Española con las Leyes de Indias y los títulos coloniales hasta la independencia, en la que permanentemente se buscó el reconocimiento legal de los pocos terrenos dejados después de la repartición inconsulta de españoles, criollos y mestizos.
  4. La búsqueda permanente de solución a la legalización de tierras colectivas de resguardos, territorios, parcialidades y reservas indígenas,que ha llevado a pedir a diferentes gobiernos una reforma agraria integral, reivindicativa de derechos con alternativas de sostenibilidad no es algo nuevo; pese a que la Ley 200 del 1936 y la Ley 136 de 1961 dieron sus inicios a la reforma agraria; es en la ley 160 de 1994 que se habla de procedimientos de legalización de tierras colectivas para indígenas; Pese a estar la Ley 89 de 1890 y sus reglamentarios para reconocimiento de títulos Coloniales, la voluntad del gobierno ha sido incipiente, casi nula, lo que ha generado una parmente búsqueda de los pueblos indígenas a ser actores directos en el proceso democrático de la reivindicación de la tierra y entrega a sus verdaderos dueños, con pocos resultados.
  5. Ante estos panoramas en los que diferentes estructuras como el INCORA, INCODER, AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS, creadas por los gobiernos de turno, han sido destinados a cumplir con los procesos de legalización de tierras que lastimosamente,cada cuatrienio se quedan en promesas y obligaciones legales incumplidas.
  6. Por esto, las acciones de reivindicación de la tierra; estas luchas que no han sido gratuitas no pueden ser denominadas por el gobierno nacional como “invasiones”, ya que esto nos llevarían a hacer un recuento histórico para determinar “quien es el invasor en estas tierras” llegando a un no muy buen fin; y por tanto, no pueden darse a entender de esta forma, más aún cuando resultado de la lucha constante por la reivindicación territorial como pueblos originarios, la sangre de nuestros humanos indígenas ha manchado esta tierra.
  7. El dialogo y la negociación siempre han estado en la mesa puesta para que el gobierno de turno llegue a cumplir con los derechosreivindicativos y exigidos en tantas movilizaciones.
  8. No son solo deudas históricas, son también deudas morales, que deben llamarse en el marco del respeto como son “Reivindicativas” y no desdibujarlas como actos invasores para ganar aumento del raiting, y generar actos de disociación y que traten de fragmentar esta propuesta de nuevo paísque se espera construir en la que todos quepamos.
  9. La reforma agraria que tanto se ha pedido deberá llamar a todos los actores para lograr hacer el cambio, sin desmeritar los derechos ancestrales adquiridos de la tierra y su función social y ecológica,reivindicaciones que los mayores y mayoras de nuestras comunidades indígenas hacen, (apelativo que se lleva con dignidad, que significa para nuestros pueblos llevar la sabiduría y legado histórico de la raíz indígena) y que ancestralmente han defendido ante el invasor.
  • Es por esto que las 139 autoridades indígenas del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC invitan al gobierno nacional a que se acerque al espacio de diálogo y negociaciónque se ha conformado en Monetirlla (Caldono-Cauca)lo más pronto posible para continuar armonizando la palabra, y poder llegar a una proceso real de reconocimiento de nuestro territorio por los medios adecuados.
  • Invitamos a los diferentes representantes del gobierno a no deslegitimenlas luchas reivindicativas, y a que sean revaluados los paradigmas modernizantes colonialistas,haciendo uso del reconocimiento de la diversidad consagrado en la Constitución colombiana, devele qué la mirada occidental no es la única posible, y qué la tradición primordial tiene todo el derecho a continuar ordenando la vida y el territorio.
  • Nuestro derecho prexistente como pueblos indígenas del gran Abya yala ancestral,nuestro derecho constitucional y legal lo seguiremos reclamando, bajo el amparo de la reivindicación.

Dado en Los territorios indígenas del Cauca de Consejo Regional Indígena el Cauca CRIC Nacional, a los treinta y un (31) días del mes de agosto del 2022

Cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra.

CONSEJERIA MAYOR DEL CONSEJO REGIONAL INDIGENA DEL CAUCA – CRIC NACIONAL.

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El Papa Francisco durante el Ángelus, oración tradicional de los domingos, en la Plaza de San Pedro, Ciudad del Vaticano, el pasado día 24 de agosto. — Angelo Carconi / EFE

El sumo pontífice reúne en Roma a los cardenales de todo el mundo, entre los que se encuentran aquellos que deberán decidir quién le sustituirá en el cargo. Su mandato se cerrará sin concretar grandes cambios en los temas más sensibles.

 

El papa Francisco está sentado junto a quienes sueñan quitarle de la silla. Este lunes y martes, el máximo responsable de la Iglesia Católica a nivel mundial se reúne con todos los cardenales, entre los que se encuentran aquellos que dirimirán quién será su sucesor. También están allí los representantes de los sectores más reaccionarios de la Iglesia, los mismos que han dinamitado cualquier cambio progresista de calado dentro de esa institución.

El inédito cónclave que se celebra estos días en Roma ha servido para fortalecer las hipótesis sobre una cercana finalización del mandato de Francisco, quien lleva en el cargo desde marzo de 2013 y a día de hoy sufre problemas de salud. El encuentro fue convocado por el Papa con el objetivo de hablar de los retos futuros de la Iglesia. Unos retos que Francisco, previsiblemente, ya no abordará: será su sucesor quien tenga que hacer frente a esos asuntos.

El debate sobre la sucesión del papa sobrevuela ya el Vaticano y, pese a no tratarse del asunto oficial de la convocatoria, no dejará de estar presente en el cónclave de cardenales de esta semana. "Han venido a Roma a verse... e ir viendo quién puede ser el próximo sucesor", explica el religioso español Santiago Martín en el último video semanal publicado por los Franciscanos de María.

Martín destaca desde Roma que los cardenales se encuentran esta semana en esa ciudad para ver "cuáles son los problemas de la Iglesia y cómo solucionarlos. Del mismo modo, "están pensando y rezando por quién tendrá la pesada carga" de solucionarlos, en alusión al próximo papa.

"Lo nuclear sigue ahí, sin tocar"

Esta reunión no despierta grandes expectativas entre los sectores progresistas de la Iglesia Católica, cansados de esperar unos cambios que no terminan de concretarse o que, en el mejor de los casos, solo han afectado a cuestiones que no tocan el fondo doctrinal en temas como el derecho a una muerte digna, las personas LGTBI o el aborto.

"El papa no tiene en mente hacer grandes cambios, quizás porque no se ve capaz de organizar un cisma en la Iglesia", afirma a Público Raquel Mallavibarrena, portavoz de Redes Cristianas, una organización formada por más de 200 grupos, comunidades y movimientos católicos de base de todo el país.

A su juicio, el máximo responsable del Vaticano "solo ha tocado la doctrina en cosas mínimas". "Con su estilo personal ha dado también un estilo de iglesia, pero lo nuclear sigue ahí, sin tocar", lamenta Mallavibarrena.

A la hora de abordar esos asuntos, Francisco ha tenido enfrente a los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica, lo que ha impedido concretar los avances que se aventuraban al inicio de su mandato. La portavoz de Redes Cristianas destaca que pese a las "expectativas que el papa genera con su lenguaje cercano o con sus propias encíclicas, a la hora de concretar no da pasos".

"Absoluta jerarquización"

Esos pasos tan ansiados están sobre la mesa del Sínodo de las mujeres, un proceso que empezó en diciembre pasado y que reúne a cristianas de los cinco continentes. Sus conclusiones serán entregadas próximamente a la Secretaría del Sínodo de la sinodalidad, un ámbito de diálogo en el seno de la Iglesia católica convocado por el papa Francisco que involucra tanto a religiosos como a laicos y que concluirá en 2023 con la XVI Asamblea General Ordinaria de Obispos, donde se conocerán sus resultados. 

La Revuelta de Mujeres en la Iglesia –un movimiento eclesial feminista que actúa en España– participa activamente en este proceso. En una reflexión enviada al Sínodo de la sinodalidad, esta plataforma de mujeres cristianas plantea precisamente que a día de hoy existe "una absoluta jerarquización y una enorme brecha entre el estamento clerical y el Pueblo de Dios".

Pepa Moleón, portavoz de este movimiento eclesial feminista, señala a Público que "no habrá sinodalidad en la Iglesia sin democratización y sin paridad", unas tareas que hoy no ve precisamente sobre la mesa de la jerarquía católica.

En la reflexión enviada a Roma, la Revuelta advierte precisamente que "la existencia y presencia mayoritaria de las mujeres se contradice con su inexistente poder de decisión", al tiempo que denuncia que son tratadas "como secundarias, no como sujeto eclesial".

Este movimiento reivindica "una Iglesia pobre, que vuelva a Jesús y al Evangelio, en la que las mujeres puedan alcanzar cualquier espacio y responsabilidad (incluyendo todos los ministerios y servicios) sin ninguna discriminación por razón de género u orientación sexual" y plantean "la renovación de la teología incorporando la formulada por las mujeres, así como una imagen de Dios acorde con los signos de los tiempos".

De hecho, apuestan por una reforma de los órganos de participación actuales "para que dejen de ser meramente consultivos y sean deliberativos y decisorios, en aras de la corresponsabilidad de todas las personas bautizadas". 

"No parece que éstas y otras realidades se perciban como urgentes ni necesarias para una esperanzadora renovación de la Iglesia católica", afirma la Revuelta. Este movimiento reconoce en cualquier  "la audacia de Francisco y su escucha del Espíritu". "No está solo", remarca.

"Doctrina tradicional"

Por su parte, Mallavibarrena pone el ejemplo de las personas homosexuales y su abordaje en el seno de la Iglesia Católica. "La doctrina oficial no ha cambiado –subraya–. Otra cosa es que él personalmente se haya reunido con homosexuales o haya dicho que no se les puede excluir. Pero cuando algún obispo dice que son unos enfermos, en realidad eso es lo que dice la doctrina tradicional, aunque nos parezca una barbaridad".

Entre los cardenales que esta semana se reúnen con el papa hay representantes de esas líneas ultraconservadoras que ejercen de muro contra cualquier avance. Es el caso de los Legionarios de Cristo, que acaban de anotarse un gol por la escuadra: Fernando Vérgez, un religioso español de esa orden que a día de hoy ejerce como gobernador civil en el Vaticano, acaba de ser nombrado cardenal por el papa. 

"Francisco tiene una oposición muy fuerte. Hay cardenales que están deseando que se vaya y poner otro papa más tradicional, mientras que los movimientos conservadores como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo desde luego que no le van a apoyar", subraya Mallavibarrena desde Redes Cristianas.

29/08/2022

Por Danilo Albin@Danialri

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