Víctor Hugo Ruíz, sin título (Cortesía del autor)

Una vez más, como cada año por esta época, en próximas semanas veremos en funciones a la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. El rito del tire y afloje, de un lazo que tejen entre las propuestas de incremento salarial, de mayor o menor cuantía, será de nuevo noticia. Resaltará en sus primeros anuncios la pretensión patronal de poco reajuste, y de su contraparte por lograr lo contrario.


La negociación salarial se afronta en esta ocasión dentro del marco de una nueva realidad global de la que no está exenta el país. Es una novísima realidad que surge de la cuarta revolución industrial en curso y la crisis sistémica que soporta el Sistema Mundo Capitalista, con cambios tecnológicos de amplio impacto, entre los que resaltan los materializados vía inteligencia artificial, la misma y anunciada internet de las cosas –con algunas aplicaciones ya en marcha–, pero también con los impactos suscitados por los desarrollos tecnológicos, paridos por la recién vivida, y en parte concluyendo la tercera revolución industrial, con la masificación de la internet, la telefonía celular y todo lo que trae asociado (sonido, imagen, texto integrado en un solo soporte), comunicación, más allá de lo imaginado hasta hace pocos años, con notables y preocupantes efectos sobre el ritmo y la calidad de vida cotidiana, así como sobre el tiempo y la (des)valorización que prima del mismo, el empleo/desempleo, la productividad y, lógico, en las ganancias, cada vez más concentradas en pocos bolsillos, y otros muchos impactos.


Es una nueva negociación también de cara a los coletazos desprendidos de la pandemia por covid-19; desde la ampliación del teletrabajo, que hasta hace dos años solo era aplicado en amplia escala en ciertos sectores de la economía; el financiero y otros servicios, encabezando la lista, con trabajadores cada vez más aislados e individualizados en su labor y relación con la patronal. Son efectos ampliados al ahondamiento del desempleo estructural que sobrelleva nuestra sociedad, así como a la calidad del trabajo, las formas de contratación, la tercerización laboral, la reducción de salarios, pero también la evidencia de un trabajo del cuidado en cabeza mayoritariamente de las mujeres y sin remuneración fija alguna.


El crecimiento de la informalidad no está ausente de esta realidad, y con ella la (in)seguridad social, en particular la baja tasa de cotizantes para salud y pensión, con el significativo peso económico que esa realidad descargará sobre el conjunto social en pocos años, toda vez que el país va saliendo de ser habitado mayoritariamente por gente joven e inicia el tránsito hacia una sociedad con un importante porcentaje de población adulta y vieja.


Sobre la mesa de todos los connacionales están otras realidades igualmente asociadas al mundo del trabajo, aunque parezcan más del ámbito del conjunto social: crisis ambiental, modelo de organización territorial –con énfasis en lo urbano y semiurbano–, trabajo rural y organización territorial, vivienda, educación y formación para el trabajo, salud pública en general, con enfoque particular sobre salud mental y seguridad laboral, transporte público de carácter masivo y tiempo ‘muerto’, e impacto sobre la calidad del aire también. Difícilmente deberían quedar por fuera de las consideraciones, los debates y la negociación que implica determinar un nuevo salario mínimo.


Todo aquello es ineludible porque el mundo del trabajo no está por fuera del conjunto de variables que determinan la calidad y la vitalidad de la fuerza laboral. Sin duda, sobresale el papel del Estado en la organización social, la soberanía económica y agraria, la administración de lo público –con participación cada vez más abierta y decisiva de la sociedad civil–, la redistribución de la riqueza. Esto y mucho más no puede quedar ausente de la concertación salarial, que, es evidente, no se debiera reducir a una negociación de unas cuantas semanas, para abrirse a un debate más allá de los directamente implicados y que cubra por lo menos el segundo semestre de cada año. Democracia política, económica y social se puede calificar este ejercicio para garantizarle vida digna a no menos de 20 millones de personas que venden su fuerza de trabajo y, por su conducto, al conjunto de los 50 o más millones de connacionales que somos.


No se puede olvidar que el salario mínimo legal es tan solo un parámetro, como quiera que el 63,8 por ciento de los trabajadores gana de ese monto, y el 24,8 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa que el 85 por ciento de la población tiene ingresos menores al valor de una canasta medianamente digna para sobrevivir. El trabajo formal, regido por la legislación y sobre el que en realidad tiene algún impacto lo acordado al finalizar cada año, en el mejor de los casos, apenas ronda el 40 por ciento de la fuerza laboral. A pesar de ello, los empresarios asumen la puja como si fuera un asunto de vida o muerte de sus negocios, con una posición del gobierno dispuesta apenas a escuchar las razones de quienes garantizan el funcionamiento de todo tipo de industria y empresa.


En la negociación anterior, por ejemplo, el defenestrado y tristemente célebre Alberto Carrasquilla sostenía que el salario mínimo en Colombia era “uno de los más altos del mundo” (!), y aunque aclaraba que “no en poder adquisitivo sino en relación con las condiciones de la economía”, abogaba por que este fuera reajustado en mínimos valores. Razones de sobra hay para no ser optimistas sobre el resultado de las negociaciones, pues, con alto nivel de probabilidad, los argumentos del pasado seguirán siendo el hilo argumental del gobierno y los dueños del capital, máxime si tenemos en cuenta el regresivo y atrabiliario carácter político del establecimiento.


De esta manera, y a pesar de lo anotado, la nueva negociación debiera trascender la típica puja sobre monto salarial y las arandelas que lo complementan, abriéndose al amplio espectro de la política económica y social, que en última instancia determina el mundo del trabajo, tema de inquietud global.
Agenda abierta, como no, a los giros que hoy vive la política económica. Giros que sería bueno considere la burocracia estatal. Importante abrir los ojos pues no deja de ser paradójico que la inserción en el mundo que tanto reclamaran nuestros ‘modernizantes’ globalistas –así esgrimido cuando decidicieron sumarse al llamado Consenso de Washington– hoy, que este empieza a ser revaluado y los deja fuera de lugar, se muestren ajenos al obligatorio cambio de rumbo exigido por las nuevas condiciones.


Tomando también en cuenta el “gran reinicio”, propuesto por el último Foro de Davos, que gira alrededor de los problemas que plantean la desigualdad, el futuro del mercado laboral y los mecanismos que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible como temas de interés mundial, todo ello marginalizado en Colombia del debate político y de la academia.


Una discusión seria en la mesa por instalar debiera enfrentar, entre todo lo anotado y con gran atención, la valoración del tiempo y, por su conducto, la redistribución de la renta y el propósito de vida digna, baluarte de felicidad, propósito final que oriente nuestra existencia como seres humanos. Es, sin duda, un tema fundamental por abordar, pues el mundo cambió –o está en proceso de ello–, y la productividad de hoy no es la misma de hace tres, dos o una década. Así lo demanda la necesidad de romper el desempleo estructural que golpea a nuestra sociedad, pero también la de superar la extendida informalidad por medio de la cual un mayoritario porcentaje del país logra el sustento diario.


Otro campo importante y sobre el cual discutir es la reducción de la jornada laboral, más allá de la aprobada y reglamentada por la Ley 2101 de 2021, y por empezar en su aplicación gradual a partir de 2023 (1). Es necesario recordar que, mientras en algunos países la semana laboral es de 35 horas, y se debate sobre la semana laboral de 4 días, aquí todavía estamos en 48 horas semanales. Este debiera ser un tema vital para el sindicalismo, que lo hizo bandera de la humanidad en el siglo XIX y cuya conquista de los famosos tres ochos le significó a la clase trabajadora unas mejoras notables para su vida diaria.


A más de un siglo transcurrido desde aquella gesta, la cambiante sociedad global abre sus puertas a nuevas y notables transformaciones en el mundo del trabajo, empezando por la reducción de la jornada laboral sin achicar el salario. Es esta una vía efectiva para quebrar el desempleo estructural y ganar productividad, para enganchar más mano de obra sin acudir a los mismos trabajadores a fin de que hagan horas extras, para reducir accidentes de trabajo y ganar en salud mental, pero también para superar la creencia generalizada de que siempre ha sido así y así deberá seguir siendo, creencia sobre la abnegación para el trabajo que parece un castigo, como lo aborda la Biblia.


Este asunto del tiempo es mucho más significativo e indispensable, ya que se debe ganar espacio para un debido descanso, para el goce y el placer, para la creación libre, para no estar obligados a vivir corriendo –pues “el tiempo no alcanza para nada”–, para vivir en dignidad y no solo sobrevivir; para que el tiempo que nos pertenece no solo sea aquel de las horas en que dormimos al llegar exhaustos a casa por la jornada laboral, la presión de los supervisores, las metas definidas por la dirección de la empresa, y de las dos o más horas de transporte para llegar al hogar, tiempo muerto que nadie remunera. En síntesis, se deben asegurar menos horas de trabajo por igual salario, una vía complementaria que ha de llevar a la redistribución de la riqueza producida por millones de cuerpos y que es apropiada de manera injusta por unos pocos.


El que tratamos aquí es un tema sustancial para el sindicalismo pero también para el empresariado, toda vez que, al garantizarles mejores condiciones de vida a quienes venden su fuerza de trabajo, se asegura mayor productividad, mucho más cuando las áreas de trabajo están asociadas a nuevas tecnologías, cada vez de mayor exigencia, concentración en el oficio y conocimiento para quienes las manejan, que en estos años ya no son simples obreros sino mucho más, “trabajadores ilustrados”, es decir, mano de obra altamente calificada. Es un tema al cual no le deben temer los empresarios, pues, si se revisa la historia, se comprueba que la reducción de la jornada laboral no les significó una reducción de ganancias sino todo lo contrario. Es algo no mecánico, claro está, y que por ello está asociado al conjunto de materias relacionadas al comienzo de este editorial. Un mundo en transformación demanda mentes abiertas, cambio cultural, y disposición para explorar y aprender, así como para deponer viejas creencias.


A la solución de esta problemática también aportan, y no de cualquier manera, los estudios adelantados por los recién laureados con el Premio Nobel de Economía David Card y Alan Krueger. La Academia Sueca reconoció el profundo significado de sus estudios empíricos, de “experimentos controlados”, con información real que permite comparar y constatar cambios en numerosos grupos humanos. El galardón es un reconociendo a “[…] una manera de producir conocimiento económico que se liga con intervenciones económicas del Estado para resolver problemas relevantes. Este reconocimiento es una refutación directa de los métodos de la economía convencional y, en consecuencia, de muchas de las leyes económicas que pretendidamente ha establecido el pensamiento económico dominante” (2).


La Academia reconoció otros aportes de estos economistas e investigadores sociales: “[…] reconoce cómo los estudios de Card de principios de los años 90 sobre ‘los efectos en el mercado de trabajo, de las subidas del salario mínimo, la inmigración y la educación’ […] desafiaron el conocimiento convencional y mostraron, entre otras cosas, que subir el salario mínimo no conduce necesariamente a una bajada del empleo. El anuncio del Nobel también menciona otras importantes conclusiones de los trabajos de Card, como la relación positiva entre la inmigración y los ingresos de los trabajadores nativos, o el posible efecto negativo que la inmigración reciente puede tener sobre los ingresos de trabajadores inmigrantes llegados con anterioridad. Por último, el anuncio del Nobel también reconoce la importancia de los descubrimientos de Card sobre la relación entre los recursos destinados a la educación y la carrera laboral” (3).


Estas investigaciones y conclusiones invitan al empresariado, como a los funcionarios del Estado, a revalorar sus persistentes argumentaciones, repetidas una y otra vez cuando se trata del incremento salarial, de sindicarlo de causante de mayores tasas de desempleo y de factor inflacionario. Estas, por lo menos, son las nuevas realidades con que se encuentra la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, y que debieran facilitar un acuerdo salarial rápido y con beneficios de todo orden para quienes venden su fuerza de trabajo, marcando a la vez una ruta temática y metodológica para que el país supere ese debate salarial de unas pocas semanas y lo encare, con mirada estructural y de futuro por varios meses en cada uno de los años por venir, a fin de abordar con vocación de largo plazo lo que ya tiene marcas en el presente.

1. “Jornada laboral en Colombia se reducirá de 48 a 42 horas a la semana”, Portafolio, junio 17 de 2021.
2. Delhado Selley, Orlando, “El Nobel de Economía: la “revolución de la credibilidad”, La Jornada, México, 14 de octubre de 2021
3. “Nobel de Economía para un investigador que negó la relación entre desempleo y subida del SMI”, Redacción El Salto, España, 12 de octubre de 2021.

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Víctor Hugo Ruíz, sin título (Cortesía del autor)

Una vez más, como cada año por esta época, en próximas semanas veremos en funciones a la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. El rito del tire y afloje, de un lazo que tejen entre las propuestas de incremento salarial, de mayor o menor cuantía, será de nuevo noticia. Resaltará en sus primeros anuncios la pretensión patronal de poco reajuste, y de su contraparte por lograr lo contrario.


La negociación salarial se afronta en esta ocasión dentro del marco de una nueva realidad global de la que no está exenta el país. Es una novísima realidad que surge de la cuarta revolución industrial en curso y la crisis sistémica que soporta el Sistema Mundo Capitalista, con cambios tecnológicos de amplio impacto, entre los que resaltan los materializados vía inteligencia artificial, la misma y anunciada internet de las cosas –con algunas aplicaciones ya en marcha–, pero también con los impactos suscitados por los desarrollos tecnológicos, paridos por la recién vivida, y en parte concluyendo la tercera revolución industrial, con la masificación de la internet, la telefonía celular y todo lo que trae asociado (sonido, imagen, texto integrado en un solo soporte), comunicación, más allá de lo imaginado hasta hace pocos años, con notables y preocupantes efectos sobre el ritmo y la calidad de vida cotidiana, así como sobre el tiempo y la (des)valorización que prima del mismo, el empleo/desempleo, la productividad y, lógico, en las ganancias, cada vez más concentradas en pocos bolsillos, y otros muchos impactos.


Es una nueva negociación también de cara a los coletazos desprendidos de la pandemia por covid-19; desde la ampliación del teletrabajo, que hasta hace dos años solo era aplicado en amplia escala en ciertos sectores de la economía; el financiero y otros servicios, encabezando la lista, con trabajadores cada vez más aislados e individualizados en su labor y relación con la patronal. Son efectos ampliados al ahondamiento del desempleo estructural que sobrelleva nuestra sociedad, así como a la calidad del trabajo, las formas de contratación, la tercerización laboral, la reducción de salarios, pero también la evidencia de un trabajo del cuidado en cabeza mayoritariamente de las mujeres y sin remuneración fija alguna.


El crecimiento de la informalidad no está ausente de esta realidad, y con ella la (in)seguridad social, en particular la baja tasa de cotizantes para salud y pensión, con el significativo peso económico que esa realidad descargará sobre el conjunto social en pocos años, toda vez que el país va saliendo de ser habitado mayoritariamente por gente joven e inicia el tránsito hacia una sociedad con un importante porcentaje de población adulta y vieja.


Sobre la mesa de todos los connacionales están otras realidades igualmente asociadas al mundo del trabajo, aunque parezcan más del ámbito del conjunto social: crisis ambiental, modelo de organización territorial –con énfasis en lo urbano y semiurbano–, trabajo rural y organización territorial, vivienda, educación y formación para el trabajo, salud pública en general, con enfoque particular sobre salud mental y seguridad laboral, transporte público de carácter masivo y tiempo ‘muerto’, e impacto sobre la calidad del aire también. Difícilmente deberían quedar por fuera de las consideraciones, los debates y la negociación que implica determinar un nuevo salario mínimo.


Todo aquello es ineludible porque el mundo del trabajo no está por fuera del conjunto de variables que determinan la calidad y la vitalidad de la fuerza laboral. Sin duda, sobresale el papel del Estado en la organización social, la soberanía económica y agraria, la administración de lo público –con participación cada vez más abierta y decisiva de la sociedad civil–, la redistribución de la riqueza. Esto y mucho más no puede quedar ausente de la concertación salarial, que, es evidente, no se debiera reducir a una negociación de unas cuantas semanas, para abrirse a un debate más allá de los directamente implicados y que cubra por lo menos el segundo semestre de cada año. Democracia política, económica y social se puede calificar este ejercicio para garantizarle vida digna a no menos de 20 millones de personas que venden su fuerza de trabajo y, por su conducto, al conjunto de los 50 o más millones de connacionales que somos.


No se puede olvidar que el salario mínimo legal es tan solo un parámetro, como quiera que el 63,8 por ciento de los trabajadores gana de ese monto, y el 24,8 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa que el 85 por ciento de la población tiene ingresos menores al valor de una canasta medianamente digna para sobrevivir. El trabajo formal, regido por la legislación y sobre el que en realidad tiene algún impacto lo acordado al finalizar cada año, en el mejor de los casos, apenas ronda el 40 por ciento de la fuerza laboral. A pesar de ello, los empresarios asumen la puja como si fuera un asunto de vida o muerte de sus negocios, con una posición del gobierno dispuesta apenas a escuchar las razones de quienes garantizan el funcionamiento de todo tipo de industria y empresa.


En la negociación anterior, por ejemplo, el defenestrado y tristemente célebre Alberto Carrasquilla sostenía que el salario mínimo en Colombia era “uno de los más altos del mundo” (!), y aunque aclaraba que “no en poder adquisitivo sino en relación con las condiciones de la economía”, abogaba por que este fuera reajustado en mínimos valores. Razones de sobra hay para no ser optimistas sobre el resultado de las negociaciones, pues, con alto nivel de probabilidad, los argumentos del pasado seguirán siendo el hilo argumental del gobierno y los dueños del capital, máxime si tenemos en cuenta el regresivo y atrabiliario carácter político del establecimiento.


De esta manera, y a pesar de lo anotado, la nueva negociación debiera trascender la típica puja sobre monto salarial y las arandelas que lo complementan, abriéndose al amplio espectro de la política económica y social, que en última instancia determina el mundo del trabajo, tema de inquietud global.
Agenda abierta, como no, a los giros que hoy vive la política económica. Giros que sería bueno considere la burocracia estatal. Importante abrir los ojos pues no deja de ser paradójico que la inserción en el mundo que tanto reclamaran nuestros ‘modernizantes’ globalistas –así esgrimido cuando decidicieron sumarse al llamado Consenso de Washington– hoy, que este empieza a ser revaluado y los deja fuera de lugar, se muestren ajenos al obligatorio cambio de rumbo exigido por las nuevas condiciones.


Tomando también en cuenta el “gran reinicio”, propuesto por el último Foro de Davos, que gira alrededor de los problemas que plantean la desigualdad, el futuro del mercado laboral y los mecanismos que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible como temas de interés mundial, todo ello marginalizado en Colombia del debate político y de la academia.


Una discusión seria en la mesa por instalar debiera enfrentar, entre todo lo anotado y con gran atención, la valoración del tiempo y, por su conducto, la redistribución de la renta y el propósito de vida digna, baluarte de felicidad, propósito final que oriente nuestra existencia como seres humanos. Es, sin duda, un tema fundamental por abordar, pues el mundo cambió –o está en proceso de ello–, y la productividad de hoy no es la misma de hace tres, dos o una década. Así lo demanda la necesidad de romper el desempleo estructural que golpea a nuestra sociedad, pero también la de superar la extendida informalidad por medio de la cual un mayoritario porcentaje del país logra el sustento diario.


Otro campo importante y sobre el cual discutir es la reducción de la jornada laboral, más allá de la aprobada y reglamentada por la Ley 2101 de 2021, y por empezar en su aplicación gradual a partir de 2023 (1). Es necesario recordar que, mientras en algunos países la semana laboral es de 35 horas, y se debate sobre la semana laboral de 4 días, aquí todavía estamos en 48 horas semanales. Este debiera ser un tema vital para el sindicalismo, que lo hizo bandera de la humanidad en el siglo XIX y cuya conquista de los famosos tres ochos le significó a la clase trabajadora unas mejoras notables para su vida diaria.


A más de un siglo transcurrido desde aquella gesta, la cambiante sociedad global abre sus puertas a nuevas y notables transformaciones en el mundo del trabajo, empezando por la reducción de la jornada laboral sin achicar el salario. Es esta una vía efectiva para quebrar el desempleo estructural y ganar productividad, para enganchar más mano de obra sin acudir a los mismos trabajadores a fin de que hagan horas extras, para reducir accidentes de trabajo y ganar en salud mental, pero también para superar la creencia generalizada de que siempre ha sido así y así deberá seguir siendo, creencia sobre la abnegación para el trabajo que parece un castigo, como lo aborda la Biblia.


Este asunto del tiempo es mucho más significativo e indispensable, ya que se debe ganar espacio para un debido descanso, para el goce y el placer, para la creación libre, para no estar obligados a vivir corriendo –pues “el tiempo no alcanza para nada”–, para vivir en dignidad y no solo sobrevivir; para que el tiempo que nos pertenece no solo sea aquel de las horas en que dormimos al llegar exhaustos a casa por la jornada laboral, la presión de los supervisores, las metas definidas por la dirección de la empresa, y de las dos o más horas de transporte para llegar al hogar, tiempo muerto que nadie remunera. En síntesis, se deben asegurar menos horas de trabajo por igual salario, una vía complementaria que ha de llevar a la redistribución de la riqueza producida por millones de cuerpos y que es apropiada de manera injusta por unos pocos.


El que tratamos aquí es un tema sustancial para el sindicalismo pero también para el empresariado, toda vez que, al garantizarles mejores condiciones de vida a quienes venden su fuerza de trabajo, se asegura mayor productividad, mucho más cuando las áreas de trabajo están asociadas a nuevas tecnologías, cada vez de mayor exigencia, concentración en el oficio y conocimiento para quienes las manejan, que en estos años ya no son simples obreros sino mucho más, “trabajadores ilustrados”, es decir, mano de obra altamente calificada. Es un tema al cual no le deben temer los empresarios, pues, si se revisa la historia, se comprueba que la reducción de la jornada laboral no les significó una reducción de ganancias sino todo lo contrario. Es algo no mecánico, claro está, y que por ello está asociado al conjunto de materias relacionadas al comienzo de este editorial. Un mundo en transformación demanda mentes abiertas, cambio cultural, y disposición para explorar y aprender, así como para deponer viejas creencias.


A la solución de esta problemática también aportan, y no de cualquier manera, los estudios adelantados por los recién laureados con el Premio Nobel de Economía David Card y Alan Krueger. La Academia Sueca reconoció el profundo significado de sus estudios empíricos, de “experimentos controlados”, con información real que permite comparar y constatar cambios en numerosos grupos humanos. El galardón es un reconociendo a “[…] una manera de producir conocimiento económico que se liga con intervenciones económicas del Estado para resolver problemas relevantes. Este reconocimiento es una refutación directa de los métodos de la economía convencional y, en consecuencia, de muchas de las leyes económicas que pretendidamente ha establecido el pensamiento económico dominante” (2).


La Academia reconoció otros aportes de estos economistas e investigadores sociales: “[…] reconoce cómo los estudios de Card de principios de los años 90 sobre ‘los efectos en el mercado de trabajo, de las subidas del salario mínimo, la inmigración y la educación’ […] desafiaron el conocimiento convencional y mostraron, entre otras cosas, que subir el salario mínimo no conduce necesariamente a una bajada del empleo. El anuncio del Nobel también menciona otras importantes conclusiones de los trabajos de Card, como la relación positiva entre la inmigración y los ingresos de los trabajadores nativos, o el posible efecto negativo que la inmigración reciente puede tener sobre los ingresos de trabajadores inmigrantes llegados con anterioridad. Por último, el anuncio del Nobel también reconoce la importancia de los descubrimientos de Card sobre la relación entre los recursos destinados a la educación y la carrera laboral” (3).


Estas investigaciones y conclusiones invitan al empresariado, como a los funcionarios del Estado, a revalorar sus persistentes argumentaciones, repetidas una y otra vez cuando se trata del incremento salarial, de sindicarlo de causante de mayores tasas de desempleo y de factor inflacionario. Estas, por lo menos, son las nuevas realidades con que se encuentra la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, y que debieran facilitar un acuerdo salarial rápido y con beneficios de todo orden para quienes venden su fuerza de trabajo, marcando a la vez una ruta temática y metodológica para que el país supere ese debate salarial de unas pocas semanas y lo encare, con mirada estructural y de futuro por varios meses en cada uno de los años por venir, a fin de abordar con vocación de largo plazo lo que ya tiene marcas en el presente.

1. “Jornada laboral en Colombia se reducirá de 48 a 42 horas a la semana”, Portafolio, junio 17 de 2021.
2. Delhado Selley, Orlando, “El Nobel de Economía: la “revolución de la credibilidad”, La Jornada, México, 14 de octubre de 2021
3. “Nobel de Economía para un investigador que negó la relación entre desempleo y subida del SMI”, Redacción El Salto, España, 12 de octubre de 2021.

Corea del Sur: medio millón de trabajadores van al paro y miles se movilizan

Medio millón de trabajadores se unieron a la huelga y miles realizaron manifestaciones en Seúl y en otros lugares el jueves, muchos con disfraces que hacen referencia a la oscura serie que se inspiró en las terribles condiciones económicas que enfrentan muchos surcoreanos.

 

Al menos medio millón de trabajadores en Corea del Sur de los sectores de la construcción, el transporte, los servicios y otros abandonaron sus trabajos para unirse a la huelga general el 20 de octubre de 2021. La Confederación de Sindicatos de Corea (KCTU), la organización laboral más grande del país, con más de un millón de miembros, realizó un mitin a nivel nacional para lograr mejores condiciones y una mayor autodeterminación de los trabajadores. Cerca de 80.000 trabajadores participaron en manifestaciones en 13 ciudades de todo el país, con 27.000 trabajadores participando solo en Seúl.

Además hubo una particularidad de que en las movilizaciones se utilizaron los trajes y máscaras de la popular serie de Netflix "El Juego del Calamar". La serie trata sobre cientos de surcoreanos con problemas de dinero atraídos a competir en series de juegos sencillos por un enorme premio en efectivo, pero la penalización por perder cualquiera de las seis etapas es instantánea y muerte brutal. Se inspiró en las condiciones de los surcoreanos normales tras el colapso económico mundial de 2008.

Las demandas de huelga se pueden clasificar en tres categorías amplias : abolir el "trabajo irregular" (trabajo a tiempo parcial, temporal o por contrato con pocos o ningún beneficio) y extender las protecciones laborales a todos los trabajadores, dando a los trabajadores más poder de decisión en torno a la reestructuración económica. En tiempos de crisis, la nacionalización de industrias clave como la salud y los servicios básicos como la educación y la vivienda. Los trabajadores en huelga exigen que la vivienda pública aumente del 5% al ​​50% del parque de viviendas y que el gobierno contrate a un millón de nuevos trabajadores de cuidado para brindar cuidado de niños y ancianos gratis, expandir la atención médica pública, brindar preparación universitaria gratuita y terminar con el sistema de clasificación universitaria. También luchan por el fin de las lagunas en las leyes laborales que permiten a los empleadores privar a sus empleados de derechos básicos, como el derecho a organizarse, así como su acceso a beneficios y compensación por lesiones laborales.

Corea del Sur ocupa el tercer lugar en el mundo con las horas de trabajo anuales más altas, en 2015, ocupó el tercer lugar más alto en número de muertes en el lugar de trabajo, entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Se estima que aproximadamente el 40 por ciento se consideran "trabajadores irregulares" y se encuentran principalmente en la economía del trabajo temporal. Estos trabajadores irregulares incluyen trabajadores temporales y subcontratados y no reciben todos los beneficios prometidos en la legislación laboral existente.

Los trabajadores movilizados son cada vez más y son quienes están sacando a la luz las terribles condiciones laborales que muchos han soportado. El personal de limpieza de LG Towers compartió que LG contrató matones para verter agua en las tiendas de los trabajadores mientras dormían mientras protestaban por los despidos y las condiciones de explotación en el lugar de trabajo en los fríos meses de invierno. Los mineros de carbón de Korea Coal, propiedad del gobierno, discutieron cuántos mineros están sufriendo problemas de salud por respirar polvo de carbón y exceso de trabajo. Los trabajadores irregulares en las minas hacen exactamente el mismo trabajo que los trabajadores a tiempo completo y sufren las mismas dolencias, pero no reciben ni la mitad del mismo salario que sus contrapartes.

Chaebol (es decir, los conglomerados corporativos controlados por familias unifamiliares, como Samsung, Hyundai y LG) han creado y fomentado problemas sociales y económicos. Los chaebols son responsables de la crisis financiera asiática de 1997 , así como de la concentración económica y la consolidación industrial que se aceleró después de la crisis, que culminó en despidos y una mayor precariedad de trabajadores en industrias clave como la automotriz. Sesenta y cuatro chaebols reclaman el 84 por ciento del PIB, pero proporcionan solo el 10 por ciento de los puestos de trabajo . A medida que los grandes conglomerados comerciales reducen la contratación, los trabajadores tienen que asumir cada vez más un segundo y tercer empleo para poder pagar sus facturas debido a la inherente inestabilidad del trabajo de baja jornada, contrato limitado o sin contrato.

La policía reprimió duramente las protestas, desplegando agentes e instalando paredes de autobuses para bloquear el movimiento desde la estación de Seodaemun hacia la oficina presidencial cerca de Sejong-no, además de chocar con los manifestantes en los puestos de control. El presidente de la KCTU, Yang Kyung-soo, y al menos otros 30 organizadores sindicales fueron arrestados y encarcelados, según el director de políticas de la KCTU. Los funcionarios citaron las medidas de prevención del coronavirus como la razón para evitar las protestas, y el ministro del Interior y Seguridad, Jeon Hae-cheol, llegó a decir que las protestas destruirían las expectativas de normalidad en este punto de inflexión crítico.

Pero no debería haber ninguna expectativa de normalidad. Si bien Corea del Sur fue anunciada en todo el mundo como un modelo a seguir en términos de medidas de prevención de enfermedades de salud pública, la crisis del coronavirus también puso al descubierto la verdadera precariedad de los trabajadores. Las industrias de las aerolíneas, la fabricación de automóviles y la construcción naval están despidiendo trabajadores en masa, mientras que los precios promedio de los apartamentos en todo el país han aumentado más del 70 por ciento en los últimos cinco años. Todos los pasos que el presidente Moon ha tomado desde 2017 para tratar de reducir los precios de la vivienda, como los pasos regulatorios, aumentar los impuestos a las ganancias de capital por la mudanza de viviendas y los impuestos a la propiedad para los propietarios de viviendas múltiples, finalmente no han tenido éxito. Solo desde julio de 2020 hasta julio de 2021, los precios de las viviendas aumentaron un 14,3 por ciento . La deuda de los hogares en Corea del Sur es casi el doble del ingreso familiar promedio, pero la respuesta del gobierno al aumento de la deuda y la inflación de los hogares es aumentar las tasas de interés para tratar de disminuir la inflación.

Entre otras demandas, la huelga también exige la nacionalización de industrias críticas y una mayor autodeterminación de los trabajadores en tiempos de crisis económica.

Se movilizó a muchos trabajadores de una variedad de industrias, como la educación, el servicio civil, la manufactura, la logística y los sectores de la construcción. Los gobiernos capitalistas burgueses siempre intentarán obstaculizar la autodeterminación y la nacionalización de los servicios bajo el control de los trabajadores. El gobierno coreano podría ceder ante la presión social y ofrecer algunas concesiones a los trabajadores, como aumentar los canales para que los trabajadores aporten información en la toma de decisiones económicas (sin implementar cambios críticos) o invertir algo de dinero en los servicios sociales. Sin embargo, los trabajadores merecen mucho más que las concesiones que se pueden otorgar o no.

Es inspirador que los trabajadores estén luchando contra la ofensiva neoliberal que diezmó por completo la red de seguridad social, y estén luchando por mejores condiciones laborales y mejores vidas. En los Estados Unidos, en el núcleo imperial, debemos apoyar la lucha de los trabajadores coreanos para terminar con el trabajo irregular y precario, por la mejora de las condiciones laborales, más poder de decisión y una mayor nacionalización, al mismo tiempo que luchamos por más para todos los trabajadores en todas partes.

Para que los trabajadores coreanos ganen sus demandas, deben continuar luchando, extendiendo la huelga de un día a una huelga general indefinida hasta que obtengan lo que legítimamente merecen. Solo ejerciendo todo el poder de la clase obrera a través de sus métodos, los trabajadores podrán ganar sus demandas.

Por KS Mehta

Jueves 21 de octubre

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El Nobel de Economía: la “revolución de la credibilidad”

Para quienes preocupa que los economistas se hayan formado crecientemente en una disciplina en la que tienen poca importancia las evidencias en la construcción del conocimiento económico, la concesión del Nobel de Economía este año es relevante. Se ha premiado a David Card, Joshua D. Angrist y Guido W. Imbens reconociendo una manera de producir conocimiento económico que se liga con intervenciones económicas del Estado para resolver problemas relevantes. Este reconocimiento es una refutación directa de los métodos de la economía convencional y, en consecuencia, de muchas de las leyes económicas que pretendidamente ha establecido el pensamiento económico dominante. Refutación que resulta de “experimentos controlados”, es decir, de estudios basados en información real que permite comparar resultados de cambios en políticas en grupos diferentes.

En el famoso artículo publicado en 1994 en la American Economic Review, Card y Kruger presentaron evidencia que demostraba el efecto de la elevación del salario mínimo sobre el nivel de empleo y los precios. Sus conclusiones refutaron la afirmación de la economía convencional que señalaba que incrementar el salario mínimo conduciría a reducir el nivel de empleo. En ese estudio analizaron información de 410 empresas de comida rápida en Nueva Jersey y Pensilvania siguiendo el aumento al salario mínimo de 4.25 a 5.05 dólares la hora en Nueva Jersey. Compararon lo ocurrido en ese estado y en Pensilvania, donde no hubo incremento salarial, antes y después de ese aumento sobre empleo, salarios y precios.

La revolución de la credibilidad cuestionó la idea de que era posible aislar los efectos de cambios en ciertas políticas a través de sofisticados modelos estadísticos que controlaban matemáticamente otros factores: el supuesto de permaneciendo todo lo demás constante, el ceteris paribus. Este método produce resultados correctos solamente cuando se aceptan los supuestos, es decir, cuando se acepta que el que no cambien las otras cosas es razonable y pertinente. Supuestos que, además, están sostenidos por la propia teoría que se pretende demostrar.

Pese a esta evidente debilidad metodológica, los resultados de las investigaciones econométricas se convirtieron en leyes económicas y, a partir de ello, sirvieron para refutar intervenciones gubernamentales que se proponían reducir la evidente desigualdad en el reparto de los ingresos producidos. El salario podía aumentar sólo en la medida en la que el “factor trabajo” incrementara su productividad. Si los aumentos salariales resultaban de decisiones políticas del gobierno, entonces la teoría económica se usaba para señalar que eso significaría reducciones del nivel de empleo y aumentos de precios y que, en consecuencia, era inconveniente la intervención estatal.

Desde los años 90 del siglo pasado, diversos economistas condujeron estudios que se sostenían en la fuerza del análisis de situaciones reales con información recabada directamente tanto entre empresas como con trabajadores para variables analizadas comparativamente. Se trata de procedimientos muy cercanos a los realizados en experimentos controlados. Este es el importante aporte de Card que junto con Kruger condujo estudios cuyos resultados cuestionaban las leyes económicas establecidas.

El banco central sueco, que otorga el Nobel de Economía, expresó en su razonamiento para otorgarlo a estos economistas “que los experimentos naturales son una rica fuente de conocimiento que ha resultado en un gran beneficio para el conjunto de la sociedad”. En realidad, el aporte va mucho más lejos. Demostraron que la teoría económica se equivocaba al afirmar que todo aumento salarial que no siguiera aumentos en la productividad reduciría el nivel de empleo y elevaría los precios. Pero demostraron algo todavía más importante: que decisiones políticas que aumentaban los salarios mínimos con el fin de reducir la excesiva concentración del ingreso no afectaban negativamente variables fundamentales, como el nivel de empleo y la inflación. Demostraron que era posible, y conveniente, que los poderes públicos intervinieran en los mercados, ya que la “mano invisible” no generaba bienestar, sino concentración del ingreso.

Los economistas galardonados con el Nobel 2021, impulsores de esta revolución de la credibilidad en el análisis económico, con sus aportes impulsan también políticas económicas que se proponen resolver problemas sociales centrales: mejorar las condiciones de vida de los trabajadores a través de aumentos salariales, ayuda a desempleados, apoyo a migrantes y otras. Cuestiones que conforman una agenda progresista, que claramente demanda una economía y unos economistas formados en la convicción de que en las ciencias sociales el análisis empírico es sustento del conocimiento científico

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Fuentes: Rebelión - Imagen: "El carbonero" (1934), Eduardo Kingman.

Rumbo a una mayor precarización laboral y a otros males

Los salarios corrientes del trabajo dependen del contrato establecido entre dos partes cuyos intereses no son, en modo alguno, idénticos. Los trabajadores desean obtener lo máximo posible, los patronos dar lo mínimo. Los primeros se unen para elevarlos, los segundos para rebajarlos. No es difícil, sin embargo, prever cuál de las partes vencerá en la disputa y forzará a la otra a aceptar sus condiciones.”Adam Smith – La riqueza de las naciones

 

El 23 de septiembre de 2021, casi a los cuatro meses de haber empezado su gobierno, y luego de una masiva vacunación contra el coronavirus, Guillermo Lasso finalmente hizo públicos algunos elementos de su primer gran plan económico recogido en el proyecto de ley “Creando Oportunidades” (de ahora en adelante, ley CREO). En un mensaje a la nación donde los detalles y los silencios decían más que las palabras, Lasso intentó dar un carácter salvador a su proyecto de ley. Sin embargo, una vez conocidos sus contenidos concretos, dicho proyecto más parece una reedición –a mayor escala y con menor recato– de la primera propuesta de “ley humanitaria”1 presentada por el gobierno de Lenín Moreno en 2020; propuesta que, recordemos, terminó abriendo las puertas a una –nada humanitaria– flexibilización laboral2.

Así, el gobierno de Lasso se muestra decidido a acelerar la marcha neoliberal arrancada en los últimos años del correísmo3 y mantenida durante todo el morenismo4. Si bien varias declaraciones de Lasso eran claras en ese sentido (basta recordar la cuestión de las privatizaciones5), el proyecto de ley CREO pone la discusión en un nuevo nivel tanto por la profundidad de varias reformas (sobre todo laborales) como por la ambición y la premura con la que el gobierno busca implementar su agenda en medio de un complejo –y hasta incierto– contexto político.

El proyecto de ley CREO se compone de los siguientes elementos: a) creación de un régimen laboral alternativo al Código de Trabajo; b) contribuciones económicas temporales para el impulso económico post-COVID; c) régimen impositivo para regularización de activos en el exterior; d) reformas a múltiples cuerpos legales adicionales. Aquí aparece una primera problemática: el proyecto de ley hace referencia a varios aspectos de forma simultánea (laboral, fiscal, tributario, “fomento” de inversiones, sectores estratégicos, etc.); de hecho, se busca reformar más de 25 leyes de materias distintas de forma urgente y con un solo proyecto de ley. Solo ese hecho ya puede poner en cuestionamiento la constitucionalidad de la ley CREO (aunque, siendo francos, no sería la primera vez que un proyecto de ley económica afecte a varios cuerpos legales)6.

Dentro de las dimensiones múltiples del proyecto de ley, la cuestión del “régimen laboral alternativo” –a la que le dedicaremos el grueso de nuestra atención en esta ocasión– quizá es de los más preocupantes pues la urgencia que vive el Ecuador de generar empleos se usa como pretexto para introducir varios cambios que hacen trizas las disposiciones constitucionales y legales al respecto, incluyendo los convenios en el marco de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), de los cuales el Ecuador es signatario.

Por cierto, en términos políticos cabría decirse que fue un tanto “torpe” que el primer punto del proyecto de ley CREO sea justo la reforma laboral. De hecho, ni bien se comienza con la revisión del proyecto de ley, es posible leer que “Las disposiciones de este libro establecen un régimen distinto y alternativo al previsto en el Código del Trabajo. La aplicación del régimen establecido en este libro excluye la aplicación del Código del Trabajo y viceversa” (Ley CREO, art.3). Semejante afirmación no da espacio a interpretaciones: se busca crear una normativa legal paralela a la ya existente en términos laborales, aspecto que también podría ser constitucionalmente cuestionable pues se podría privar a varios trabajadores de los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo7.

Avanzando en el detalle del proyecto de ley, puede identificarse la creación de tres modalidades nuevas de contratación que no estarían sujetas al Código de Trabajo: contratos alternativos por tiempo definido e indefinido (art. 17); contratos alternativos por obra o servicios determinados (art. 18); y contratos alternativos eventuales (art. 19). Todas estas formas de contratación pueden realizarse bajo condiciones que más parecen un modernizado sistema de concertaje8 para una desembozada explotación laboral antes que una modernización de las relaciones laborales (término oficialista con el que se ha intentado dorar la píldora de la sobreexplotación laboral).

Apenas como ejemplo, se pueden enumerar las siguientes “joyas” del proyecto de ley CREO:

  • Se da libertad a los empleadores para que, en cualquier momento, se pueda pasar de una modalidad de trabajo virtual a presencial (art.15).
  • Se extiende el período de prueba (originalmente de tres meses) a “cinco meses, solo para la primera contratación. Pero para el caso de nuevas contrataciones del trabajador y siempre que sea para cargos distintos a los anteriormente desempeñados, también se entenderá incorporado dicho tiempo de prueba” (art.20). Es decir, se abre la posibilidad incluso a tener trabajadores “rotando” en diferentes actividades con tal de extender el período de prueba en el cual no existen obligaciones de pago de indemnizaciones ni de bonificaciones.
  • Se permite que, entre empleador y empleado, se defina por “mutuo acuerdo” que las herramientas esenciales para la ejecución del trabajo sean proporcionadas por el trabajador (art.26, numeral 5). Sabemos muy bien que, ante la necesidad imperiosa de los trabajadores de mantener la subsistencia propia y de sus familias, muchos de este tipo de “mutuos acuerdos” terminan volviéndose obligaciones adicionales impuestas por los empleadores9.
  • Se permite que la jornada laboral llegue a sumar 12 horas diarias seguidas, con un total de 40 horas semanales por cumplirse hasta en seis días. Sin embargo, si existe el “mutuo acuerdo” entre trabajadores y empleadores, pueden existir jornadas de trabajo continuas de hasta veintidós días (días de descanso serían acumulables), excepto en el sector turístico y naviero donde las jornadas podrían llegar a cuarenta y cuatro días seguidos (art.31).
  • Se permite que, si hay reducción en los ingresos del negocio, o si hay algún otro “evento de fuerza mayor o caso fortuito”, el empleador pueda reducir la jornada laboral hasta un máximo de 50% y reducir en la misma proporción tanto la remuneración del trabajador como los aportes de la seguridad social y demás beneficios. La reducción duraría hasta que se superen las “eventualidades”. Sin embargo, si hay “mutuo acuerdo”, se permiten reducciones aún más fuertes de jornada, remuneración y otros beneficios (art.32).
  • Se permite que los empleadores dejen de pagar remuneraciones a los trabajadores cuando las empresas sufran una suspensión de actividades por algún “caso fortuito” o “evento de fuerza mayor” e incluso se “podrá efectuar el aviso de salida de la seguridad social sin que esto represente terminación del contrato” (art. 37).
  • Se permite que sea el empleador el que determine el período en que el trabajador deberá gozar de sus vacaciones (art. 41). Asimismo, el empleador podrá negar el goce de las vacaciones de un año, y si hay “mutuo acuerdo”, pueden extenderse los períodos en los cuales no se gozan de vacaciones, las cuales deberán acumularse para períodos futuros (art. 42).
  • Se plantean trece causales de terminación de un contrato alternativo (art.70) (en contraste a los ocho motivos de despidos previstos en el Código del Trabajo). De hecho, se dispone que “el empleador podrá dar por terminado el contrato, sin necesidad de trámites o de formalidades previas”; es decir, se simplifica la posibilidad de despedir a los trabajadores sin tener que recurrir a trámites administrativos (p.ej. visto bueno). Para colmo, existen causales de terminación de contrato absurdas y subjetivas. Por ejemplo, se podrá terminar un contrato “Por falta de probidad. Para esta causal no es necesario que se produzcan daños al empleador o a terceros, sino la sola falta de apego a la rectitud en el obrar y al cumplimiento ético del deber” (art. 70, numeral 4). O, por ejemplo, “Por ineptitud para el trabajo para el cual fue contratado. Esta causal no está limitada al tiempo de servicios, por lo que puede configurarse en cualquier momento” (art.70, numeral 6). Así, los trabajadores terminan quedado a merced de los criterios subjetivos del empleador, que puede terminar las contrataciones de forma abrupta alegando causales sin siquiera verse en la obligación de comprobarlas ante un tercero. Y por si no fuera suficiente, también se dispone que, si un contrato termina por una de estas u otra “justa causa” determinada por el empleador, el trabajador deberá pagarle una “indemnizaciónequivalente a un mes de la última remuneración completa” (art.75).
  • Se permite que exista tanto la caducidad de las decisiones de terminación de contrato por “justas causas” (art.81) como también se dispone que “Las acciones provenientes del contrato de trabajo prescriben en el plazo de tres años contados desde la terminación de aquel. Sin embargo, transcurrido cinco años desde que la obligación laboral se hizo exigible, la acción por aquella estará prescrita, incluso si el contrato de trabajo no ha terminado” (art.82).

Con respecto a las peculiaridades de cada forma de contrato alternativo, cabe también hacer algunas menciones:

  • Los contratos alternativos de tiempo definido pueden tener una duración mínima de seis meses y pueden extenderse según “mutuo acuerdo” por varias veces hasta alcanzar un máximo de cuatro años. Luego de ese período, los trabajadores pasarían a la modalidad de contrato alternativo de tiempo indefinido que también estaría normado por la ley CREO. En otras palabras, puede suceder que un trabajador termine “entrampado” por años en un contrato laboral normado por la ley CREO y sin llegar a acceder nunca a los derechos laborales vigentes en el Código del Trabajo.
  • En el caso de los contratos alternativos eventuales (p.ej. para contratar trabajadores ocasionales solo por temporadas de alta demanda o como reemplazo de otros trabajadores), se elimina el recargo del 35% a la remuneración; recargo que, precisamente, compensaba en cierto modo la condición eventual del trabajador contratado.

Y por si no fuera suficiente todo lo antes mencionado, al final del proyecto puede leerse que: “El empleador que despidiese intempestivamente a cualquiera de sus trabajadores amparados por el Código de Trabajo con el motivo de contratarlos nuevamente bajo el régimen previsto en el LIBRO I, deberá pagarle una indemnización adicional equivalente a doce meses de la última remuneración completa del trabajador despedido intempestivamente”(ley CREO, disposición transitoria tercera).

Semejante disposición puede resultar rentable para los empleadores –incluso en términos económicos– frente a todas las posibilidades de flexibilización del trabajo disponibles en el proyecto de ley CREO. Sobre todo, se reduce a una mera cuestión pecuniaria la capacidad del empleador de hacer que los trabajadores dejen de estar cubiertos por el Código del Trabajo. Para comprender de mejor forma esta y otras posibilidades, es urgente que los sectores especializados en el derecho laboral hagan un análisis mucho más profundo de la ley CREO (aquí apenas hemos resumido puntos de forma general) e identifiquen todos los aspectos en donde dicha ley se va en contra del Código del Trabajo sea por mención o por omisión.

El caso es que, al revisar semejante proyecto de ley encaminado a exacerbar la explotación a las clases trabajadoras en el Ecuador, nace una duda medular: ¿qué sectores económicos estarían motivados a generar millones de empleos (como ha ofertado el propio Lasso) con semejante normativa laboral? Es aquí donde las nuevas formas de contratos alternativos planteadas por el gobierno empatan con los otros aspectos del proyecto de ley CREO que también son preocupantes.

Sin entrar en mayores detalles, el propio discurso de Lasso planteado el 23 de septiembre deja ver que la reforma laboral de la ley CREO empata con una visión desastrosa del mundo del trabajo. Entre los muchos aspectos que se podría cuestionar destacamos aquella aseveración presidencial, cuando se refiere a quienes no tienen empleo, que “ustedes podrán libremente decidir si quieren trabajar aquí, en el Ecuador, con condiciones laborales parecidas a las que hoy rigen en países a donde tantos compatriotas migran en busca de oportunidades. Lo único que vamos a hacer es poner esas condiciones a disposición de quien voluntariamente las quiera tomar.” La simpleza y perversidad de este razonamiento obvia las condiciones existentes en otros países que atraen a nuestros compatriotas, como puede ser el mayor nivel salarial, y por cierto aquello de la voluntariedad para aceptar condiciones de sobreexplotación laboral al margen de los derechos establecidos. A este paso, tanto a Lasso como a los defensores de su reforma laboral solo les falta decir -en un ejercicio de increíble deshumanización en relación al trabajo- que es preferible la esclavitud o el concertaje antes que el desempleo…

Semejante visión se ensambla con toda una propuesta de liberalizar la economía a merced de grandes capitales locales y transnacionales. Tal estrategia incluye, por ejemplo: la mención hecha por Lasso de la creación de la Secretaría de Alianzas Público-Privadas (léase, Secretaría para la Privatización y Concesión del Estado); la creación de zonas francas donde muy probablemente las modalidades alternativas de contratación laboral serán la cereza de todo un libertinaje económico en beneficio del capital sobreexplotador de mano de obra y sin mayores preocupaciones ambientales; la “armonización” de las normas locales con los instrumentos internacionales (muy seguramente con nuevos empujones para que el Ecuador retome su relación de subordinación a los tribunales internacionales defensores de los capitales transnacionales, tal como se anuncia luego del retorno -inconstitucional- al CIADI10); la firma de nuevos Tratados de Libre Comercio (China, Rusia, Alianza del Pacífico, etc.); entre otros puntos que merecen una discusión más detallada en reflexiones futuras.

En este contexto, cabe indicar que nos parece lamentable cómo semejante embate neoliberal termina por entrampar y hasta debilitar a propuestas redistributivas que son urgentes en medio de la crisis COVID-1911 y que, en otras condiciones, merecerían un total apoyo; eso así, haciendo algunos ajustes. Ahí se encuentra, por ejemplo, la tibia propuesta de la aplicación de tributos a los sectores del país de mayores ingresos (más de 2 mil dólares mensuales) y patrimonios (más de 500 mil dólares mensuales), así como la aplicación de tributos sobre empresas que alcanzaron en 2020 una mayor rentabilidad que en 2019 (y con patrimonios de más de un millón de dólares); una cuestión que, en medio de la actual crisis social, demanda una mayor contribución solidaria de quienes más tienen impulsando no solo una mejor distribución de los ingresos sino inclusive una redistribución de la riqueza (p.ej. redistribución de activos productivos, de la propiedad de la tierra, de acceso al agua, etc.).

Por cierto, el carácter redistributivo de la propuesta gubernamental también queda debilitado cuando el mismo gobierno propone la eliminación del impuesto a las herencias; un impuesto que más bien debería ser potencializado para ser aún más redistributivo, sobre todo en medio de la crisis que vivimos. De hecho, la coexistencia de una reforma tributaria potencialmente progresiva y la eliminación del impuesto a las herencias en la ley CREO es más que paradójica. Definitivamente dentro del gobierno parece haber disputas incluso en el sentido y la consistencia de algunos elementos de la política económica…

En resumen, más allá de sus bemoles, el proyecto de ley CREO merece un rechazo sobre todo por el retroceso de derechos laborales que plantea. No es justo que, en nombre de las trabajadoras y los trabajadores desempleados y subempleados del país, se quiera crear una normativa que se salte –como si nada– todos los derechos laborales obtenidos por décadas de luchas sociales. Debe quedar absolutamente claro que los derechos laborales -como establece la Constitución en el artículo 326- son irrenunciables e intangibles, además, serán nulas todas las estipulaciones temporales. El derecho al trabajo (artículo 325) y estas disposiciones constitucionales son inseparables, así que no se las puede marginar estableciendo un código laboral paralelo: hacerlo iría en contra del principio de igualdad establecido en el artículo 11. Eso representa una clara regresión de derechos, que no se resuelve en ningún caso con una consulta popular y ni siquiera con una nueva Constitución.

Para colmo, no es claro cuántos empleos realmente podrá generar la ley CREO; basta con notar el poco o quizá hasta nulo efecto que al parecer tuvo la reforma laboral instrumentada con la mal llamada “ley humanitaria” del morenismo. Por tanto, los efectos laborales de la ley CREO simplemente no parecen creíbles. El presidente Guillermo Lasso tiene razón cuando afirma que su “ley generará un apasionado debate”, lamentablementese enmarca en lo que él anticipa como “el camino correcto”, que de hecho limita una real discusión y nos remite a aquella proposición que tanto caracterizó la imposición del neoliberalismo en épocas anteriores con la TINA –there is noalternative– de Margaret Thatcher.

Así como históricamente las luchas sociales han permitido que se adquieran los derechos laborales actualmente vigentes, es hora que esas mismas luchas eviten este concertaje del siglo XXI impulsado por los integristas de mercado y exijan la búsqueda de verdaderas alternativas a la crisis económica y social que actualmente asfixia al país.12

Por Alberto Acosta, John Cajas-Guijarro | 28/09/2021

 

1 Consultar nuestros comentarios en “Redistribución o barbarie ¿Del coronavirus a la ley de la selva?” (abril 2020). Disponible en https://rebelion.org/del-coronavirus-a-la-ley-de-la-selva/

2 Ver al respecto el texto de John Cajas-Guijarro (junio 2020); “Ajuste antipopular y resistencia en tiempos de COVID-19”. Disponible en https://rebelion.org/ajuste-antipopular-y-resistencia-en-tiempos-de-covid-19/

3 Sobre el tema se puede leer el texto de los autores (febrero 2017); “Correa un neo-neoliberal”. Disponible en https://rebelion.org/correa-un-neo-neoliberal/

4 Esta apeciación se encuentra en el artículo de los autores (septiembre 2018); “Moreno, un neoliberal más”. Disponible en https://rebelion.org/moreno-un-neoliberal-mas/

5 Los autores abordaron esta cuestión en el siguiente artítulo: “Monetizaciones, concesiones y otros eufemismos privatizadores”, (Septiembre 2021). Disponible en https://rebelion.org/monetizaciones-concesiones-y-otros-eufemismos-privatizadores/

6 Ver, por ejemplo, lo que dicta la Constitución en su artículo 136: “Los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia y serán presentados a la Presidenta o Presidente de la Asamblea Nacional con la suficiente exposición de motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que con la nueva ley se derogarían o se reformarían. Si el proyecto no reúne estos requisitos no se tramitará.

7 Ver, por ejemplo, el artículo 326, numeral 2 de la Constitución: “Los derechos laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario”.

8 Entiéndase por concertaje aquellas relaciones laborales coloniales de contrato mediante las cuales un indígena se obligaba a realizar trabajos agrícolas de manera vitalicia, hereditaria y gratuita o con un salario mínimo, y que fue abolido por la Revolución Liberal (1895).

9 El propio Adam Smith tenía clara las relaciones asimétricas de poder entre trabajadores y empleadores. Al respecto, ver el texto de Eric Toussaint: “Adam Smith está más cerca de Karl Marx que de los neoliberales que actualmente lo ensalzan”, CADTM, junio 11 de 2009. Disponible en: http://www.cadtm.org/Adam-Smith-esta-mas-cerca-de-Karl,4461

10 Ver Alberto Acosta (julio 2021); “Presidente Guillermo Lasso viola la Constitución -¿Con complicidad de la Corte Constitucional?”. Disponible en https://rebelion.org/presidente-guillermo-lasso-viola-la-constitucion/

11 Al respecto de puede consultar el libro de John Cajas-Guijarro (2021); COVID-19: la tragedia de los pobres. Entre crisis, sindemia y otros males. Plataforma por el Derecho a la Salud/Fundación Donum/FOS. Quito. Disponible en https://saludyderechos.fundaciondonum.org/wp-content/uploads/2021/07/Covid-tragedia-de-pobres.pdf

12 Sobre la gravedad de la crisis y el momento que atravieza el país se puede consultar el artículo de Alberto Acosta (agosto 2021); “Ecuador en la trampa de un futuro pasadista”. Revista Ecuador Debate Nº 113, Quito. Disponible en https://drive.google.com/file/d/1B56ycq

Imagen de portada: Eduardo Kingman, «El carbonero» (1934).
Fuente: Andrea Moreno Aguilar, Eduardo Kingman Riofrío (Quito: Banco Central del Ecuador, 2010),

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Lunes, 06 Septiembre 2021 06:37

¿De qué lado estás?

Más de mil conserjes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se manifestaron la semana pasada en Los Ángeles, California, ante el inminente vencimiento de sus contratos. Denuncian no haber recibido ninguna compensación, pese a que han sido considerados trabajadores esenciales y han laborado haciendo limpieza en oficinas de biotecnología durante la pandemia del Covid-19. Foto Afp

Este lunes se festeja el Día del Trabajo en Estados Unidos, y no es accidental que este país no se suma al resto del mundo para celebrar a sus trabajadores en Primero de Mayo. Eso, a pesar de que el Primero de Mayo nació en Estados Unidos, en la lucha por la jornada laboral de ocho horas que tuvo su epicentro en Chicago en 1886. El presidente Grover Cleveland proclamó el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo, en 1894, para separarlo de la historia radical vinculada con el primero de mayo, movimiento encabezado por anarquistas, socialistas e inmigrantes radicales con ideas muy peligrosas.

Este fin de semana se acaba de marcar el centenario de la llamada Batalla de Blair Mountain, donde entre 7 mil y 10 mil mineros sindicalizados en West Virginia tomaron las armas para confrontar a las empresas que controlaban su vida en la región. Unos 2 mil oficiales y guardias privados armados por las empresas respondieron, y hasta bombardearon desde aviones al sindicato minero, y al final otras 2 mil tropas federales llegaron para ayudar a suprimir lo que se considera el levantamiento armado de trabajadores más grande en la historia de Estados Unidos. Esa y otras partes de la historia de la lucha obrera siguen en gran medida ausentes en la narrativa oficial y la conciencia colectiva de este país.

Las luchas por la dignidad, el derecho de asociación, la jornada de 8 horas, salario mínimo y más fueron realizadas por movimientos masivos alrededor de este país, muchos a través de acciones radicales, incluyendo huelgas y enfrentamientos violentos tanto con autoridades como con fuerzas represivas privadas, y sus logros tienen ecos hoy día en nuevos esfuerzos en defensa de los trabajadores, muchas, como siempre, encabezadas por inmigrantes.

El movimiento laboral elevó la tasa de sindicalización de 11 por ciento en 1933, a 29 por ciento en 1939; para 1953 se logró llegar al punto más alto de sindicalización con más de uno de cada tres trabajadores agremiados. Esas conquistas incluyeron vacaciones, seguros de salud, pensiones y otros beneficios. Pero tal vez el efecto más importante fue la reducción de la desigualdad económica que prevaleció hasta los años 70.

Pero hoy día, la tasa de sindicalización es de 10.8 por ciento y el país –gracias a cuatro décadas de neoliberalismo– tiene el nivel de desigualdad y concentración de riqueza más extremo desde poco antes de la Gran Depresión del 29. El salario mínimo federal de 1968 es 46 por ciento mayor al de 2021 en términos reales. Eso es resultado del ataque feroz contra los trabajadores, sus sindicatos y sus derechos, que empezó con el arranque de la era neoliberal en el gobierno de Ronald Reagan (quien declaró la guerra contra los sindicatos al despedir a 13 mil controladores aéreos en huelga).

Hoy día, la tasa de sindicalización en Estados Unidos está entre las más bajas de los países integrantes de la OCDE, incluso inferior a la de México. Más aún, Estados Unidos tiene menos derechos laborales legalmente protegidos que México (por ejemplo, aquí no hay reglamentos para defender a trabajadores no sindicalizados de ser despedidos, ni seguro de salud, vacaciones y otras prestaciones), y en los hechos no hay protección de los derechos a la libre asociación y a la negociación de contratos colectivos. Un 20 por ciento de los organizadores en esfuerzos de sindicalización son despedidos por las empresas –son miles cada año– mientras continúan represalias de todo tipo contra los que se atreven a promover los sindicatos en este país. Bajo la ley, millones de jornaleros agrarios, trabajadoras domésticas y otros no tienen derechos protegidos para sindicalizarse. La lucha por los derechos civiles en este país siempre ha sido entrelazada con una lucha por los derechos de los trabajadores.

Se ha hablado mucho de la reforma laboral en México y de la necesidad de asegurar su implementación y cumplimiento de sus normas y los derechos laborales, incluyendo monitores estadunidenses para ello. Pero es igual de urgente que México y otros países brinden apoyo para impulsar la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos a partir de este Día del Trabajo. La solidaridad es una calle de dos sentidos.

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Trabajadores presos: ¿La otra cara de las políticas económicas en Venezuela?

30-07-21.-Más de 100 trabajadores venezolanos están presos o judicializados. Estos son los casos que, hace una semana y en el Palacio de Justicia de Caracas, denunciaron militantes de izquierda, dirigentes gremiales y familiares de los encarcelados. Son 152, puntualizó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV; 36 de ellos ya están en cárceles y uno solo tiene sentencia: Rodney Álvarez.


Más de 20 son del sector petrolero, explicó el dirigente sindical José Bodas, secretario general de la federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela. Todos, sentenció, “son presos políticos, presos de este gobierno porque este gobierno quiere aterrorizar a la clase trabajadora para seguir aplicando este paquetazo de hambre”.

El ejecutivo de Nicolás Maduro ha planteado un programa económico sobre el cual pocos detalles se conocen, y una ley antibloqueo que garantiza el secreto de las transacciones, lo que podría dar pie a privatizaciones “a la rusa”, como lo han denunciado organizaciones gremiales.

Las detenciones de trabajadores ocurren “cuando, en el uso pleno de su ejercicio sindical, van a exigir la defensa de los derechos contractuales” y este hecho se convierte en una forma de amedrentar a otros, apuntó Sánchez.

“¿Por qué se criminaliza a la clase trabajadora? Porque el gobierno tiene un paquetazo antiobrero y antipopular que es el plan económico que ellos llaman de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, que “no es más que un paquetazo antiobrero y antipopular”, acusó Bodas.

“Estos presos no entran en la agenda ni del gobierno, que es su verdugo; y tampoco entran en la agenda de la oposición de derecha que se sienta con el gobierno”, aseguraron los manifestantes ese jueves 22 de julio. “Solo podemos confiar en nuestra propia fuerza”, resaltaron, e insistieron en “la unidad para la lucha con una perspectiva independiente, tanto del gobierno, que es nuestro verdugo, como de la oposición de derecha aliada al imperialismo”.

Los familiares de los presos se fueron agrupando, convencidos de que eran excepciones. “Nuestra mayor sorpresa fue cuando nos dimos cuenta de que hay más de una centena de trabajadores presos por un presidente que dice llamarse obrero”, aseveraron.

Pero no son solo los presos. Han ocurrido, también, despidos y jubilaciones: “Más de 50 trabajadores y activistas están luchando” solo en el sector petrolero, señaló Bodas.

No dudaron en calificar al gobierno de “antiobrero, fascista y, de paso, neoliberal”, y aseguraron que los dirigentes oficialistas “soltaron el morral de Chávez y agarraron el maletín de Fedecámaras”.

Luis Zapata, de la Alternativa Popular Revolucionaria, afirmó que “sigue la criminalización y la judicialización de la clase obrera venezolana” y llamó a los trabajadores a organizarse. “Va a seguir la represión. El gobierno lleva un camino con un proyecto neoliberal que va a ser reprimir, precarizar todas las condiciones de vida para la clase trabajadora”.

Este jueves 29 de julio se difundieron las nuevas tablas salariales del sector universitario, acordadas entre la administración de Maduro y la federación de trabajadores universitarios. Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) consideran que los firmantes de este convenio son organizaciones “de maletín”, supuestamente vinculadas con el oficialismo y no representativas de la voluntad mayoritaria del sector.

Los dirigentes sindicales aseguran que el gobierno de Maduro no quiere discutir contratos colectivos de verdad y prefiere mantener “a los trabajadores venezolanos con un salario de hambre de tres dólares”, mientras encarcela a quienes protesten “porque quieren que los trabajadores tengamos miedo”, como lo expuso Bodas.

“Con la movilización y la lucha los vamos a sacar de la cárcel”, prometió Bodas, trabajador de la industria petrolera por más de 30 años. La persecución “no va a parar a la clase trabajadora”, reitera Sánchez.

Por Vanessa Davies-Contrapunto | Viernes, 30/07/2021

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Escándalo por los ingresos en el PSG francés: ¿cuánto ganan Neymar y Mbappé?

Este jueves se conoció cuánto ganan los astros del fútbol en ese club. Se trata de montos estrafalarios que desnudan los enormes negocios que hay detrás de ese deporte.

 

El París Saint-Germain (PSG) fue noticia en las últimas horas. No por lo logros deportivos sino por las cifras millonarias que perciben algunos de sus máximos astros. Kylian Mbappé o Neymar están entre ellos y reciben cifras que revelan el enorme negociado que se mueve al compás de la pelota.

Este jueves el sitio especializado Salary Sport publicó las cifras de toda la plantilla. Al hacerlo dejó al descubierto no solo los ingresos millonarios sino también la abismal diferencia que hay dentro del vestuario entre unos pocos futbolistas y el resto de los jugadores.

Neymar se lleva USD 61,5 millones anuales. Equivale a USD 168.628 por día o USD 7.026 por hora. Increíblemente, es más del doble de lo que recibe Mbappé, quien a pesar de estar segundo, cobra USD 28,8 millones.

La lista sigue con el argentino Ángel Di María, que se lleva USD 16,8 millones. Mauro Icardi, recibe USD 12 millones y Leandro Paredes, “solo” USD 10 millones. Cifras nada despreciables.

Las cifras, más allá de los destinatarios, ponen al desnudo los montos millonarios que se mueven de la mano del fútbol y sus grandes astros. Un gigantesco negocio que, muchas veces, poco y nada tiene que ver con la pasión que despierta ese hermoso deporte en multitudes.

Jueves 8 de julio | 19:58

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El trabajo en la Cuarta Revolución Industrial

El trabajo más allá de la pandemia

Las economías se podrían clasificar en un segmento integrado globalmente que emplea a una minoría de la fuerza laboral formada y bien remunerada, y un segmento de escasa productividad, con bajos salarios y condiciones precarias.

En el mundo que estamos viviendo a veces resulta complejo encontrar respuestas concretas e incluso plantearse preguntas sobre las causas de lo que nos rodea.  En esta nota intentaremos esbozar algunos de los cambios que se observan en el mundo del trabajo, sus causas y sus posibles consecuencias.  ¿Cambió la pandemia la forma de trabajar?  ¿O profundizó tendencias que venían desde hace años?

En el 2016 y en ocasión del Foro Económico Mundial de Davos, Klaus Schwab, fundador del Foro, acuñó el término “Cuarta Revolución Industrial” para referirse a los avances tecnológicos emergentes en una serie de campos, incluyendo la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología, el internet de las cosas, la impresión 3D, los vehículos autónomos, etc.

Todos estos cambios traen profundas modificaciones en las condiciones y modos de trabajo.  Mientras que algunos desaparecerán, otros se crearán y algunos tendrán que adaptarse.  Pero esta revolución tecnológica no surgió de la nada, sino que tiene una relación intrínseca con el desarrollo del sistema capitalista y su tendencia ineludible a invertir en medios de producción que acorten los tiempos sociales del proceso productivo.

Es necesario recordar que en la crisis del 2008 –que tuvo características de crisis orgánica– la especulación del sector financiero e inmobiliario generó una burbuja de dinero ficticio sin asiento productivo, que terminó por hacer estallar el sistema financiero dominante hasta aquel entonces.

El sector tecnológico se convirtió en una enorme salida para el capital acumulado, no invertido frente al estancamiento.  Esto implicó la transformación de toda la estructura de procedimientos de la producción manufacturera y de comercialización.  Además, la creación de plataformas digitales y la expansión de la conectividad en el mundo ha permitido la aceleración de este proceso.

La pandemia de coronavirus, que comenzó según la Organización Mundial de la Salud el 11 de marzo de 2020, vino a acelerar estos procesos de digitalización de la economía a una velocidad pocas veces vista.  Pero esta crisis sanitaria, que se suma a la crisis financiera y económica mundial, no afecta a todos por igual. Vemos hoy como la mayoría de las y los trabajadores pierden, mientras que los que ganan son un muy reducido grupo de empresarios.

Por todo lo dicho afirmamos que la pandemia vino a acelerar procesos y tendencias que ya venían sucediendo hace años.

Aumento mundial de la desocupación y la explotación

Según el informe de la Organización Internacional del Trabajo “La COVID-19 y el mundo del trabajo. 7ª edición”, en 2020 se perdió el 8,8% de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivalentes a 255 millones de empleos a tiempo completo.  La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009.

La cantidad de personas desocupadas a escala mundial aumentó en 33 millones en 2020, y la tasa de desocupación aumentó hasta el 6,5%.  Además, se estima que los ingresos provenientes del trabajo a escala mundial en 2020 disminuyeron un 8,3%, a saber, 3,7 billones de dólares, o sea el 4,4% del PIB mundial.

Así, la automatización, la robotización y la inteligencia artificial abren una nueva etapa en la configuración mundial del trabajo, orientada al “conocimiento”, conformando nuevas fracciones dentro de la clase trabajadora que agudizan las diferencias salariales al interior de la clase.

Por un lado, comienza a emerger una fracción de la clase trabajadora vinculada a los trabajos del sector de la información, un grupo muy diverso unido por el uso de la más moderna tecnología de la información para el tratamiento, manipulación, identificación y procesamiento de datos.  Son creadores, manipuladores y procesadores de los flujos de información, que hacen posible esta Nueva Fase Digital del Capitalismo.  Esta fracción está formada por científicos/as, investigadores/as, ingenieros/as de diseño, analistas de “software”, investigadores/as en biotecnología, banqueros/as, inversionistas, diseñadores/as urbanísticos, consultores financieros, arquitectos/as, planificadores/as estratégicos, etc.

Y por otro lado, se observa como tendencia general un aumento en la informalidad y la subocupación.  Además de un crecimiento de la explotación laboral y la expulsión de grandes masas de trabajadores del proceso productivo.  De este modo, las economías globales se podrían clasificar en: un segmento avanzado, integrado globalmente, que emplea a una minoría de la fuerza laboral con altos grados de formación y remuneración, y un amplio segmento de baja productividad que absorbe la mayor parte de la fuerza laboral, con bajos salarios y condiciones muy precarias.

Pocos ganadores: Las grandes empresas tecnológicas ante la pandemia

La transformación de la economía en servicios de plataformas digitales cambia la forma de trabajar y de acumular riqueza. Esta transformación se presenta bajo la apariencia de “mayor libertad” para la clase trabajadora, ya que ahora puede “decidir cuándo, dónde, cuánto y cómo trabajar”, pero lo que realmente se oculta es su mayor grado de dependencia.  En esta forma de mediación virtual, no existen responsables por las condiciones de las y los trabajadores, pero sí existen personas que acumulan ganancias a una gran velocidad.

Según la revista Forbes, que actualizó su lista de los empresarios más ricos del mundo este 6 de abril, 7 de los primeros 10 multimillonarios más acaudalados provienen de la industria tecnológica.  Según la revista; “en total, los 2.755 multimillonarios que forman la lista suman 13,1 billones de dólares, frente a los 8 billones de 2020. Estados Unidos sigue siendo el país que cuenta con más ricos, con 724, seguido de China (incluyendo Hong Kong y Macao) con 698”.

Ahora bien, ¿cómo es que han podido acumular tanta riqueza estos 2.755 multimillonarios en un mundo atravesado por una profunda crisis?

En primer lugar, por la restricción en la circulación de las y los trabajadores, como plantea Giménez[1]: «así como bajo el capitalismo industrial el trabajador fue conducido hacia la fábrica, donde fue disciplinado a través del miedo a la muerte por hambre y también organizado bajo la lógica del trabajo común, hoy los cambios estructurales en su fase digital empujan a las clases subalternas hacia las ‘nuevas fábricas’ del territorio virtual, con sus plataformas y redes sociales; construyendo nuevos valores organizativos».  Según el informe digital-2020 (de wearsocial.com), la mitad de la población mundial (3.800 millones de personas) utiliza actualmente las redes sociales. 4.540 millones de personas están ahora en línea, con un aumento interanual de 298 millones, o sea el 7%, por lo que nos acercamos a una penetración de Internet del 60%.  El usuario medio de Internet pasó 6 horas y 43 minutos por día en línea en 2020, más de 100 días en total.

Esto genera una dependencia por parte de todas las empresas, instituciones y personas, del servicio que puedan brindar estas Big Tech. Grandes flujos de información que, a través de un complejo sistema de algoritmos, estas empresas convierten en la fuente de su riqueza.  Controlan de esta forma los tiempos sociales de producción de todas las demás ramas de la industria y del comercio.

Esto no es nuevo, como afirmamos anteriormente. Ya en 2018, más de la mitad de los habitantes del planeta utilizaba internet. El porcentaje de usuarios se situó en el 51,2%, lo que supone un aumento de 2,6 puntos respecto a 2017.

Otra parte de estas ganancias proviene de la baja de salarios a nivel mundial y del aumento de la jornada laboral.  Según un estudio realizado por Adecco Argentina al comenzar la cuarentena, el 42% de las y los trabajadores dedican más horas al trabajo desde su casa que en la oficina, mientras que un 40% cumple exactamente las mismas horas como si estuviera en su lugar de trabajo.  Esto es posibilitado por el gran ejército de desocupados/as que presionan sobre las condiciones salariales de los ocupados/as y aumenta la lucha entre trabajadores por salarios y puestos laborales.

Finalmente, una última parte deriva de la restricción de la circulación de las y los trabajadores.  Según datos de la OIT del informe antes citado: “Durante todo el año el 77 por ciento de los trabajadores se vieron afectados por esas medidas, lo que implica un porcentaje muy cercano del valor máximo del 85 por ciento alcanzado a finales de julio de 2020”.

Esto les permitió a las empresas ahorrar en infraestructura, eventos corporativos, energía y suministros, dietas, viajes, vehículos de empresa, suministros electrónicos, entre otros gastos fijos anuales.  Según un estudio llevado a cabo por Global Workplace Analytics, la compañía internacional de investigación y consultoría sobre las y los empleados, el ahorro promedio en inmuebles con teletrabajo a tiempo completo es de 10.000 dólares al año por empleado/a.

Las y los trabajadores frente a la crisis

Las y los trabajadores combinan nuevas y viejas formas de lucha en defensa de sus derechos y condiciones laborales, utilizan las calles y también el territorio virtual para reclamar, organizarse y luchar por sus derechos.  Hemos visto en Francia como el movimiento de “Chalecos Amarillos” se organizó a través de las redes sociales y salieron en conjunto a las calles presionando al gobierno nacional.  Lo que comenzó como un reclamo por un aumento de gasolina escaló rápidamente a un rechazo de las políticas neoliberales.

En la India estalló la “Manifestación más grande del mundo” de la que se tenga registro.  El 26 de noviembre, 250 millones de agricultores marcharon en todo el país, lo que significa el 3,3% de la población mundial y que dejó más de 64 muertos y cientos de heridos.  Detectando la importancia de la virtualidad para construir organización, el Gobierno produjo 134 cortes de internet, el 68% de todos los que suceden en el mundo.

En Chile las manifestaciones que comenzaron por un aumento de 30 pesos en el transporte público, también escalaron a un proceso donde la mayoría del pueblo salió a las calles a pedir un cambio de la constitución neoliberal y contra el gobierno de Sebastián Piñera. Y la lucha continúa.

Otro ejemplo de lucha lo vienen dando las mujeres trabajadoras que este 8M también inundaron las redes y las calles de todo el mundo. Y así podríamos seguir citando ejemplos de manifestaciones a lo largo y ancho del planeta.

En las empresas tecnológicas el panorama de lucha no es diferente.  En el Reino Unido, el Tribunal Supremo sentenció que las y los trabajadores de Uber tienen derecho a acogerse a la legislación laboral vigente, lo que abre las puertas para obtener un salario mínimo o vacaciones pagas.

En enero de este año, unos 200 trabajadores de Alphabet Inc, la empresa matriz de Google, han formado un sindicato para velar por los principios de igualdad en el trabajo y por la observancia de principios éticos en el modelo de negocio.  La formación de este sindicato, el primero que se crea entre las grandes tecnológicas, es la consecuencia directa de protestas sin precedentes en el seno de la compañía, y de un año de organización en secreto.

O las nuevas tecnologías están al servicio de las y los trabajadores, generando mejores condiciones de vida, eliminando el trabajo forzoso, repetitivo, dando más tiempo para disfrutar de una vida digna, o estarán en manos de un minúsculo grupo de especuladores financieros, generando mayor acumulación, explotación y exclusión.

El curso que puedan tomar los acontecimientos dependerá de la participación activa de los trabajadores y trabajadoras, y de que estos logren construir un programa estratégico que ponga por encima el bienestar general de la clase trabajadora.

Diego Lorca y Diego Pierdominici son miembros del Observatorio Internacional del Trabajo y el Futuro -OITraF-, un equipo de jóvenes profesionales dedicados a la Investigación y Análisis en el convulsionado mundo del Trabajo. OITraF: https://oitrafuturo.wixsite.com/oitrafuturo  Twitter: @OITraF1 https://instagram.com/observatorio_de_trabajo

Por Diego Lorca, Diego Pierdominici | 16/06/2021 |

Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento No. 552: ¿Quién decide nuestro futuro digital?

Bibliografía

https://www.adecco.com.ar/noticias/teletrabajo-y-productividad-durante-la-pandemia-a-causa-del-coronavirus/

https://www.lavanguardia.com/vida/formacion/20201209/6108068/teletrabajo-cuanto-ahorra-empresa.html

https://forbes.es/listas/93410/lista-forbes-2021-estas-son-las-personas-mas-ricas-del-mundo/

https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_767045/lang–es/index.htm

https://elpais.com/economia/2021-01-05/trabajadores-de-google-se-organizan-en-el-primer-sindicato-creado-en-una-gran-tecnologica.html

https://www.france24.com/es/ee-uu-y-canad%C3%A1/20210329-amazon-derecho-laboral-sindicatos-alabama

-Giménez, P. (2020). Un 1º de mayo (muy) diferente, un mundo en guerra mediado por la virtualidad. Disponible en: https://www.nodal.am/2020/05/un-1o-de-mayo-muy-diferente-un-mundo-en-guerra-mediado-por-la-virtualidad-por-paula-gimenez/

Notas

1/ Giménez, P. (2020). Un 1º de mayo (muy) diferente, un mundo en guerra mediado por la virtualidad. Disponible en: https://www.nodal.am/2020/05/un-1o-de-mayo-muy-diferente-un-mundo-en-guerra-mediado-por-la-virtualidad-por-paula-gimenez/

Publicado enSociedad
Los empleados de Amazon votaron en contra de su propia sindicalización

Jeff Bezos no tendrá que vérselas con una comisión interna en Amazon. Los empleados de la empresa del hombre más rico del mundo (177 mil millones de dólares, gracias a la suba de acciones que más que duplicó su patrimonio) rechazaron la posibilidad de unirse a un sindicato en Bessemer Alabama. 

Hubiera sido la primera vez que uno de los grandes almacenes de la empresa pasaba a tener trabajadores agremiados.

La decisión fue por voto secreto. Sobre casi 5900 trabajadores, votaron 2536. Al momento de abrir las urnas, 1798 sufragios fueron en contra de la sindicalización contra 738 por la opción favorable. 

Pese al amplio triunfo propatronal, el Sindicato de Minoristas, Mayoristas y Grandes Tiendas (al que se hubieran afiliados los trabajadores si ganaba la alternativa de agremiarse) denunció que Amazon impugnó 500 boletas y acusó a la empresa de "tácticas antisindicales".

El sindicato pidió una reunión con la Junta Nacional de Relaciones Laborales "para determinar si los resultados de la elección deben descartarse porque la conducta del empleador creó una atmósfera de confusión, coacción y/o temor a represalias y, por lo tanto, interfirió con la libertad de los empleados de elección".

Amazon rechazó toda acusación. "El sindicato dirá que Amazon ganó esta elección porque intimidamos a los empleados, pero eso no es cierto", afirmó la firma a través de un portavoz. "Amazon no ganó; nuestros empleados tomaron la decisión de votar en contra de unirse a un sindicato", añadió. 

Los esfuerzos por sindicalizar Amazon contaron con el apoyo, entre otros, del senador demócrata Bernie Sanders, mientras el poder político se cuestiona las condiciones laborales de la compañía creada por Bezos. 

Pese a haberse declarado prescindente y a negar acusaciones, lo cierto es que Amazon hizo campaña, de acuerdo al New York Times, y prometió mejores condiciones a sus empleados sin que hubiera un sindicato. De hecho, Amazon prometió crear nuevos puestos de trabajo. 

Durante el último año, se incorporaron más de 400 mil personas a la compañía, en plena pandemia, a razón de 1400 nuevos trabajadores por día, no solamente en los Estados Unidos, sino también países como India e Italia. 

A la fecha, Amazon es el segundo mayor empleador de los Estados Unidos, solamente superado por Walmart.

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