Viernes, 12 Marzo 2021 08:17

¿Unidos y adelante?

Fuerzas policiales reprimen a manifestantes en la Plaza de la República, en Paris, durante las protestas contra el racismo y la brutalidad policialAfp, Christine Pujoulat

A lo largo de la historia y las geografías, la unión entre agentes y trabajadores genera encendidas polémicas. En Estados Unidos, los estudios muestran una correlación positiva entre la negociación colectiva de los uniformados y el aumento de sus abusos contra civiles.

 

La relación entre el movimiento sindical y los integrantes de las fuerzas de seguridad nunca fue fácil, ni siquiera cuando los últimos lograron agruparse en sus propios sindicatos. Nunca lo fue. Y en ningún lugar. Los viejos revolucionarios anarquistas o comunistas de fines del siglo XIX y primeras décadas del XX consideraban que los «agentes del orden» –fundamentalmente aquellos que elegían esa profesión– no eran de fiar, porque, a la larga, aunque no fueran conscientes de ello, eran «el último garante del orden burgués» y en esa condición terminarían actuando, obedeciendo a las órdenes de los gobiernos, aunque eso significara atacar a sus compañeros de clase, reprimir sus manifestaciones y sus huelgas, ponerlos presos y eventualmente asesinarlos. Fomentar que se organicen corporativamente para que defiendan sus derechos y que sus jerarcas no los pisoteen es una cosa, pero otra es que el movimiento obrero los contemple como a «cualquier otro trabajador» y los integre en sus filas a las centrales nacionales o internacionales, pensaban.


«El obrero convertido en policía al servicio del Estado capitalista es un policía burgués y no un obrero», escribía por los años 1930 un Trotsky ya exilado, en polémica con los socialdemócratas alemanes que creían que los policías podían llegar a frenar el ascenso de Hitler porque «en última instancia» eran trabajadores y, algunos de ellos, incluso socialistas. El marxista argentino Rolando Astarita trajo a colación esos debates en 2012, cuando en su país centrales obreras y organizaciones de izquierda discutían sobre si promover o no el naciente sindicalismo policial («Sindicato de policías, ¿consigna socialista?», rolandoastarita.blog, 06-X-12). Había en la Argentina de entonces confederaciones sindicales –una de las CTA, sectores de la Confederación General del Trabajo– y algunas organizaciones políticas de izquierda que, aun admitiendo que se trataba de trabajadores «especiales» pertenecientes a un sector muy especial, el de los cuerpos represivos del Estado, los policías no dejaban de ser asalariados, en su gran mayoría de un origen social muy pobre, que, en tanto tales, tienen «objetivamente» intereses comunes con el resto de los trabajadores. Y que si el movimiento obrero organizado apunta a ganar para su causa a todos quienes venden su fuerza de trabajo, no puede excluir a policías o gendarmes.


Pura ilusión, respondían otros, Astarita entre ellos: llegado el caso, el policía, por más sindicalizado que esté, responderá a su «patrón» porque no podrá no hacerlo. Estar a la orden del Estado es la naturaleza de su trabajo, y mientras el Estado siga respondiendo a «los intereses de la clase dominante», aunque esos intereses no sean los suyos, el policía los defenderá y los servirá. Sindicalizarse les será funcional para protegerse de abusos y progresar en su carrera; podrán incluso protagonizar movilizaciones por salarios y mejores condiciones de trabajo como cualquier otro sindicato (ejemplos de ese tipo de movilizaciones ha habido muchos en todo el planeta, América Latina incluida); podrán incluso hasta cogestionar los propios cuerpos de seguridad junto a las autoridades del Ministerio del Interior (ahí está el caso de Francia, donde desde hace muchos años buena parte de los policías pertenecen a sindicatos que gozan de un poder enorme a la hora de negociar condiciones laborales y definir reglamentos). Pero de ahí a ponerse «del lado» del resto de los trabajadores, apuntaba Astarita –ubicándose en una tradición de sindicalismo revolucionario, socialista–, hay un enorme trecho. Y mencionaba la rareza extrema de los ejemplos de «confraternización en las calles» de policías y el resto de los trabajadores por reivindicaciones que los unificaran.


Uno de los más notorios y recientes fue el de Portugal de comienzos de la década pasada, cuando policías sindicalizados se negaron a reprimir algunas movilizaciones contra las políticas de austeridad y recortes del gobierno de la época, y llegaron a sumarse a ellas bajo la consigna «somos ciudadanos antes que policías». En marzo de 2019, en momentos en que las movilizaciones de los chalecos amarillos en Francia crecían en amplitud y la violencia policial lo hacía aún más, algunos agentes se negaron a acatar órdenes que consideraron «ilegales», como la detención de manifestantes que no habían cometido delito alguno. La filial de Solidarios, Unidos, Democráticos (SUD), una central sindical de creación relativamente reciente, los respaldó y denunció la «instrumentalización política de la Policía por el gobierno» de Emmanuel Macron, al que acusó de «tratar al movimiento social únicamente por la fuerza» y de contribuir al «distanciamiento cada vez mayor entre la Policía y la población».


* * *


Pero son ejemplos muy excepcionales. En Francia, el peso de SUD entre los policías sindicalizados es ínfimo. Los sindicatos policiales mayoritarios tienen, según algunas investigaciones universitarias, un comportamiento exclusivamente corporativo que se traduce en la defensa férrea de los agentes acusados de «excesos» en la represión a movilizaciones sociales o señalados por casos de gatillo fácil, racismo, xenofobia, homofobia, sexismo. Un sondeo encargado por el Instituto de Ciencias Políticas de París, citado en diciembre por la radio estatal France Culture, da cuenta de una sobrerrepresentación del voto por la extrema derecha entre los policías sindicalizados en relación con lo que «pesa» la Agrupación Nacional de Marine Le Pen en la sociedad francesa en su conjunto. Y además, apunta France Culture, la existencia de las gremiales no ha impedido que surjan desde comienzos de la década pasada agrupaciones policiales «extrasindicales» que afirman representar a miles de agentes y que amenazan con «desbordar» a los sindicatos aún más por la derecha.


Una de ellas es Hors Service (fuera de servicio), que recientemente llamó desde sus redes sociales a «matar a los agitadores de extrema izquierda» en las manifestaciones sociales: «Basta de balas de goma o gases lacrimógenos. Tiros reales». El mismo mes la revista Charlie Hebdo recordó que en cada movilización importante convocada por las centrales sindicales francesas (entre las más recientes: contra la reforma laboral, contra la Ley de Seguridad Global) ha habido «excesos» en la represión, cubiertos y justificados por la gran mayoría de los sindicatos policiales. A tal punto llegaron esos supuestos «excesos» que el presidente Macron debió reconocer, en una entrevista con el portal Brut (4-XII-20) –uno de cuyos periodistas fue golpeado por un uniformado–, que «existe en Francia violencia policial» y que hay un ensañamiento particular de las fuerzas de seguridad con los «diferentes» y con los que «no tienen piel blanca». Macron, promotor de leyes liberticidas y de un reforzamiento en todos los planos de las fuerzas de represión (véase, por ejemplo, «Orwellianas», Brecha, 27-XI-20), pasó sin embargo a ser desde entonces blanco de ataque de la mayoría de los sindicatos policiales y de las asociaciones extrasindicales de uniformados, como Hors Service, Policías Indignados, el Colectivo Libre e Independiente de la Policía y otras.


SUD no renuncia, a pesar de todo, a continuar la lucha por «mejorar las relaciones entre la Policía y la sociedad y por reforzar los lazos de los policías con el resto de los trabajadores». Pero en esa misma central, surgida como una escisión por izquierda de otra confederación obrera, la Confederación Francesa Democrática del Trabajo, hay dirigentes de otros sindicatos que se cuestionan si son «realistas» esos «esfuerzos». «Hay un nivel de asociacionismo policial que indudablemente debe defenderse, para que los agentes tengan derechos sociales y se les proteja en su salud e integridad personal. Son trabajadores particularmente expuestos y tienen una función social. Pero, por otro lado, nunca están de nuestro lado, sobre todo cuando uno se maneja con una concepción del sindicalismo que va más allá de la mera reivindicación salarial o de mejores condiciones laborales», dijo un sindicalista de SUD citado por el diario Libération en 2005, año de grandes movilizaciones sociales en Francia. Y se preguntaba si a los sindicatos policiales hay que integrarlos a las centrales obreras o promover que permanezcan autónomos, «para no mezclar campos». En su blog, Astarita señalaba que la propia «función social» de la Policía debía ser cuestionada desde un sindicalismo con «intención socialista».


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En Estados Unidos, en junio del año pasado, el New Yorker publicó un amplio informe sobre el tema. John Greenhouse, su autor, un experiodista del New York Times especializado en el mundo del trabajo, recordó cómo desde fines del siglo XIX hasta los primeros años del XX –es decir, la época de mayor influencia en Estados Unidos de las corrientes sindicales «clasistas», que a menudo eran impulsadas por inmigrantes europeos– en la Federación del Trabajo de ese país regía una resolución taxativa: «No está dentro de las competencias del movimiento obrero la organización especial de los policías, de la misma manera que no lo está la organización de los militares, siendo que ambas fuerzas son controladas generalmente por poderes hostiles al movimiento de los trabajadores». A medida que el propio sindicalismo estadounidense «evolucionó», las cosas fueron cambiando. El proceso de sindicalización de los policías del país norteamericano comenzó a desarrollarse en los años de posguerra, pero desde su inicio tuvo un sello exclusivamente corporativo: lejos de relacionarse con los movimientos de trabajadores, los policías se centraron en mejorar sus propias condiciones de trabajo y en exigir mayor «cobertura» de parte de las instituciones del Estado, apunta el articulista del New Yorker.


El informe cita además tres investigaciones universitarias que demuestran cómo el mayor «empoderamiento» policial se fue traduciendo en una violencia acentuada de la represión a las movilizaciones sociales y a las minorías raciales. «Un estudio de 2018 de la Universidad de Oxford sobre las 100 ciudades estadounidenses más grandes –dice la revista– encontró que el nivel de protecciones estipuladas en los contratos policiales estaba directa y positivamente relacionado con el nivel de violencia de la Policía y de otros abusos de esa fuerza contra civiles.» Otra investigación, de 2019, de la Universidad de Chicago, concluyó que «otorgar derechos de negociación colectiva a los ayudantes del sheriff en Florida llevó en ese estado a un aumento anual del 40 por ciento de los casos de conducta violenta». Y un tercer estudio, aún no publicado, del profesor universitario Rob Gillezeau, fue en el mismo sentido. «La habilidad de la Policía de llevar adelante negociaciones colectivas llevó a un incremento sustancial del asesinato de civiles a manos de agentes», le dijo Gillezeau a Greenhouse al adelantarle parte de sus conclusiones.

 


 

EL LOBBY PUNITIVISTA DE LOS SINDICATOS POLICIALES A NIVEL INTERNACIONAL


Policías en acción


Francisco Claramunt

 

 


El juicio contra el policía Derek Chauvin empezó este 8 de marzo. Chauvin saltó a la fama el 25 de mayo, cuando una filmación lo registró arrodillado sobre el cuello de George Floyd, quien, inerme, pedía por su madre y repetía: «No puedo respirar». El asesinato de Floyd despertó la mayor ola de protestas del último medio siglo estadounidense contra la brutalidad policial y el racismo sistémico.


En medio de las cargas de las fuerzas de choque y las amenazas de Donald Trump, una pregunta pasó relativamente desapercibida. ¿Cómo fue posible que antes del asesinato Derek Chauvin tuviera al menos 17 denuncias por mala conducta pero permaneciera activo en la Policía de Mineápolis?, se cuestionaba por entonces Benjamin Sachs, profesor de Trabajo e Industria de la Escuela de Derecho de Harvard. «Parte de la respuesta es el acuerdo de negociación colectiva hecho entre el Departamento de Policía y el sindicato de Chauvin», razonaba este abogado, en un artículo publicado días después del crimen por USA Today, en el que recordaba que, «como otros convenios policiales, el de Minéapolis protege de manera extraordinaria a los policías frente al disciplinamiento por conductas violentas».


Lo logrado por los sindicatos policiales de Minéapolis, Baltimore, Chicago y otras ciudades, apuntaba Sachs, permite, entre otros privilegios para los agentes, «la eliminación de antecedentes de los registros disciplinarios de la Policía luego de cierto tiempo»; en algunos casos, había informado antes Reuters, apenas después de seis meses. La fuerza de las gremiales de uniformados y sus conquistas lleva a que incluso en casos en los que un oficial es expulsado por mala conducta el proceso de apelación demandado por el convenio colectivo conduzca frecuentemente a su restitución. Así lo documentaba en 2017 The Washington Post: en los 11 años previos, los principales departamentos de Policía de Estados Unidos habían expulsado por diversas faltas a unos 1.881 agentes. Pero en casi una cuarta parte de los casos las autoridades se habían visto luego obligadas a recontratarlos tras apelaciones forzadas por los sindicatos, que habían encontrado detalles erróneos en el procedimiento de expulsión. Entre los restituidos había oficiales que cometieron abusos sexuales, torturas y asesinatos de civiles desarmados (3-VIII-17).


HERRAMIENTAS DE TRABAJO


Tras el homicidio de George Floyd, y en respuesta a la acusación de la fiscalía contra su matador, el presidente del sindicato de policías de Minéapolis acusó a los políticos de «vender» a la Policía, en una carta al gremio obtenida por un reportero local. El teniente Bob Kroll había criticado antes al gobierno de Barack Obama por su «opresión de la Policía» y se había deshecho en elogios por la política de «ley y orden» impulsada por Trump, informaba The New York Times (06-VI-20).


Las declaraciones de Kroll coinciden con uno de los principales objetivos de lucha de los sindicatos policiales a lo largo del mundo: la férrea defensa y la búsqueda de impunidad de los afiliados denunciados por abusos y otros crímenes contra civiles. Lo mismo han hecho, por ejemplo, sus más de 63 mil colegas reunidos en la Federación Policial de Australia ante los múltiples casos de gatillo fácil en ese país contra jóvenes aborígenes. La federación no ha titubeado en defender a los agentes «injustamente» condenados por la Justicia por «cumplir su labor y proteger a la comunidad», en palabras de Scott Weber, uno de sus líderes (The Australian, 23-XI-19).


Sucede algo similar en Francia. Frente a las manifestaciones antirracistas del año pasado contra el asesinato de Adama Traoré por un agente policial, el entonces ministro del Interior, Christophe Castaner, propuso el 8 de junio que la técnica de inmovilización por estrangulamiento ya no fuera enseñada en las escuelas de Policía. «Es un método peligroso», dijo en una conferencia de prensa. «Los sindicatos policiales mayoritarios reaccionaron advirtiendo que no se podía privar a las fuerzas de seguridad de los medios de control que han probado ser eficaces», informaba por entonces Daniel Gatti en una nota de este semanario. «Los compañeros se sienten insultados, están enojados», dijo a AFP el delegado sindical Xavier Leveau durante la serie de movilizaciones que, tres días después del anuncio ministerial, las gremiales de uniformados convocaron en distintas ciudades francesas para pedir que se mantuviera en uso la inmovilización por estrangulamiento. Los policías ganaron. Tras sus manifestaciones, se anunció que finalmente el estrangulamiento continuaría dentro del arsenal de técnicas de detención.


LOS ABUSOS BIENVENIDOS


En Brasil, donde buena parte de las fuerzas de seguridad están militarizadas, los sindicatos policiales no son la regla. Los que sí tienen permitido formarlos son los policías federales, que no responden a una estructura militar. Son estos quienes en los últimos años lideraron la oposición a que se aprobara una ley que define los crímenes de abuso de autoridad.


Según explicaba en su portal web el Sindicato de Servidores Públicos Civiles del Departamento de Polícia Federal del Estado de San Pablo, la iniciativa a la que se oponen enumera 37 acciones que pueden considerarse abuso de autoridad: «Se criminalizan, por ejemplo, el uso de esposas en detenidos que no se resisten al arresto; la ejecución de una orden de allanamiento e incautación de bienes, movilizando ostensiblemente vehículos, personal o armas con el fin de exponer a la persona investigada al escarnio público; la coerción a testigos o investigados sin intimación previa de comparecer ante un tribunal; y obstaculizar la reunión reservada entre el preso y su abogado. En estos y otros casos, la autoridad puede ser sancionada con seis meses a cuatro años de prisión».


Para los sindicatos de uniformados la norma «dificulta las labores policiales» y expone a los agentes a los peligros que deben combatir, en palabras de la Federación Nacional de Policías Federales. Apenas aprobada la ley, en 2019, la federación pidió al presidente Jair Bolsonaro su veto total. De acuerdo a los representantes sindicales, sólo pueden defender semejante disparate garantista los «verdaderos criminales» y los «corruptos de cuello blanco» cuyos delitos afligen a Brasil. Los sindicatos policiales de ese país, al igual que sus pares estadounidenses, australianos y franceses –y algunos otros–, buscan proteger a sus afiliados de las consecuencias de seguir órdenes impartidas en un contexto internacional de aumento de la represión contra las poblaciones marginadas y los movimientos sociales. Y no las cuestionan, al menos no públicamente.

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Mensajeros de Rappi crean sindicato, el primero de una plataforma tecnológica en Latinoamérica

Los mensajeros de Rappi crearon App Sindical, un asociación que pretende afiliar trabajadores de las plataformas digitales que operan en el país

 

En Buenos Aires, Argentina, recientemente se creó una organización sindical que agremia a trabajadores de plataformas tecnológicas, la primera de este tipo en Latinoamérica.

 

Se trata de APP Sindical, de la cual hacen parte trabajadores de la aplicación tecnológica Rappi, empresa que se creó en Colombia y que ya tiene presencia en varios países de la región, donde presta servicios de mensajería de productos de tiendas y restaurantes, los cuales entrega a los clientes finales en sus residencias.

 

Rappi se creó en Bogotá en 2015, y desde entonces su crecimiento ha sido vertiginoso en toda la región, donde ya cuenta con cerca de 30 mil trabajadores en 27 ciudades de 6 países: Colombia, México, Brasil, Chile, Uruguay y Argentina, país este donde está desde principios de 2018. Es una empresa valorada en más de 1.000 millones de dólares y, según sus propietarios, sus ventas crecen más del 20% mensualmente.

 

Pero este crecimiento se ha dado a costa de las condiciones laborales de sus mensajeros, que son precarias. No tienen ningún tipo de seguridad social y en ocasiones sus salarios son inferiores al mínimo; las jornadas son largas e ilimitadas, sus horas de descanso son pocas y no tienen vacaciones, para mencionar solo algunas de las afectaciones a sus derechos como trabajadores.

 

Su inconformidad por esta situación ha quedado en evidencia por algunas protestas que se han dado en Bogotá, y con el nacimiento de APP Sindical en Argentina.

 

Sobre estos temas, la Agencia de Información conversó con Roger Rojas, secretario de App Sindical, oriundo de Caracas, Venezuela, y abogado de formación.

 


Roger Rojas, secretario de App Sindical. Captura de pantalla de Youtube “canal de la ciudad”

 

¿Cómo llegó usted a ser repartidor de Rappi?

Por medio de una persona conocida que trabajaba en Rappi, y a quien le regalaban una cantidad de dinero por recomendar a otra persona para trabajar. Aparte de eso, se comienza a trabajar el mismo día sin muchos requisitos. Solo el medio de transporte; bicicleta, moto o carro, un teléfono celular y el documento de identidad. Semanalmente ingresan unos 500 trabajadores nuevos, no para el ingreso. Ya tengo 6 meses trabajando para Rappi.

 

¿Cómo son las condiciones de los repartidores de plataformas en Argentina?

No son favorables. No tenemos ningún tipo de seguro de riesgo ni cobertura médica, ni seguro de robo por si nos llegan a robar el dinero de las aplicaciones, el producto o lo que estemos llevando. No tenemos un salario fijo, ni mínimo. Además, la empresa nos impone cuanto tenemos que cobrar por el servicio. Un mes puedes hacer menos de un salario mínimo trabajando más horas de lo que establece la ley. A los que estamos de tiempo completo, es decir, más de diez horas diarias, toda la semana, no nos dan días libres. Tenemos que trabajar todas esas horas porque cada vez hay menos pedidos, éstos se tienen que repartir entre todos. Cualquier daño en el celular o medio de transporte lo cubrimos nosotros, y si llegamos a tener un accidente nos toca cubrir los gastos médicos. No tenemos vacaciones, porque si agarramos un mes de vacaciones no tenemos para pagar el alquiler, la comida, nuestros gastos, entre otras cosas.

 

¿Cómo surgió la idea de fundar un sindicato?

Surgió de la cantidad de reclamos. De cada 10 trabajadores, 9.5 tenían reclamos semanales y ninguno era escuchado ni solucionado. En estas empresas cuando reclamas te tratan mal. Rappi, te trata como si fueras una mosca. Te bloquean si les hablas muy fuerte exigiendo que te resuelvan tu reclamo. Nos cerraban los medios para comunicarnos y no tuvimos intervención del Estado en las denuncias públicas. Por eso decidimos crear una asociación. Vimos en asociarnos la única vía para ser escuchados y que las decisiones sean tomadas en consenso entre los trabajadores, los estados y ellos. Es un derecho fundamental establecido por la ONU. Por lo tanto, acudimos a ese derecho que es la libertad sindical que te habla que si un grupo de personas trabajadores se organizan y eligen unas directivas, ya tienen un fuero sindical. No queremos que Rappi siga decidiendo por más de 30 mil trabajadores en América Latina, eso se llama dictadura. Para lograrlo tenemos que participar todos, y quien le tiene que dar legalidad a esta participación tiene que ser el Estado. En la mesa tenemos que estar las tres partes.

 

¿Cómo fue el proceso organizativo del sindicato, teniendo en cuenta que son trabajadores dispersos? ¿Cómo se contactaron?

La organización surgió mediante la amistad que vamos tejiendo a diario mientras esperamos pedidos en las calles, sentados en las plazas. Nos fuimos conociendo y fuimos armando grupos de WhatsApp por barrios, por sectores, por zonas y así fuimos creciendo en los grupos, cada vez éramos más. Se llegó al punto de que en todos los grupos se hablaba de lo mismo, de la inconformidad, había mucha molestia colectiva. De esos grupos salieron las propuestas para llevar el tema más allá, y así decidimos crear puntos de encuentro por zonas e hicimos un paro digital, que creo que fue el primero en el mundo. Posteriormente hicimos una protesta en las oficinas de los representantes de Rappi en Argentina, y lo que nos respondieron fue que ellos son los que dicen cómo se hacen las cosas, y que si no nos gustan las puertas están abiertas.

 

¿Con que apoyos cuentan actualmente?

Buscamos apoyos entre los periodistas, acudimos a muchos medios de comunicación, que nos escucharon. También acudimos a ONG y a fundaciones internacionales.

 

En la parte sindical quién los asesora. ¿Alguna central sindical?

A nivel de centrales hay que esperar como van surgiendo las cosas. Hay buenos pronósticos. Hay asuntos que están saliendo mejor de lo que pensábamos. El sindicato ha sido bien recibido a nivel local, nacional e internacional. Estamos obteniendo mucho apoyo, ha sido un tema de mucho debate. Y más allá del debate y del apoyo, notamos que la inconformidad es generalizada, por eso la receptividad ha sido enorme.

 

¿Cuántos afiliados tiene el sindicato?

Para iniciar cumplimos el requisito mínimo que establece la norma en cuanto a número de afiliados. A partir de que oficializamos la inscripción han acudido a nosotros trabajadores de todas partes de la ciudad, de todas las aplicaciones, y se han afiliado. Ahorita somos cientos.

 

¿Cuántos repartidores y trabajadores de plataformas tecnológicas calcula hay hoy en Argentina?

Las cifras oficiales de las plataformas son los ID, que son las personas que se inscriben para trabajar. Solo en Buenos Aires, donde se creó nuestro sindicato y se inició el movimiento contra la precarización, Rappi tiene unos 13.500, Glovo tiene unos 6.000, Uber tiene unos 4.000, y las nuevas aplicaciones entre 2 y 3 mil. Son los números que manejamos hasta ahora.

 

¿Qué esperan lograr con el trabajo sindical?

Esperamos que el sindicato sea el punto de encuentro de los trabajadores de las plataformas. Es el objetivo principal y lo estamos logrando. No teníamos abogados, ni un gobierno ni un estado que nos apoye, ni a dónde acudir. Estas plataformas tecnológicas funcionan sin infraestructura física, no hay forma de unir a los trabajadores, concentrarlos en un sitio. Por eso tener un punto de encuentro, un lugar de base, fue el objetivo principal, más allá de cualquier encuadramiento sindical. Nos estamos dando cuenta de que todos padecemos lo mismo: Esta nueva era del trabajo que ha creado la tecnología se está desviando, se está utilizando en contra de los trabajadores. La tecnología tiene que simplificar la vida del ser humano, y lo ha hecho, pero en el caso de Rappi nos está destrozando, literalmente. La idea es que la aplicación sea beneficiosa para todos, tanto para el cliente consumidor como para el que trabaja en ella. Nos escriben trabajadores de todas las plataformas, todos quieren participar, y van a participar. En cada plataforma se están creando grupos y delegados para discutir sus problemáticas. Ya basta con este tipo de trabajo precario, que no es lo que la gente cree que es.

 

¿Qué llamado hacen a los trabajadores de las plataformas en los otros países de Latinoamérica?

Que se unan y hagan lo mismo que nosotros. No hay barreras, no hay obstáculos. Simplemente que reúnan la cantidad de trabajadores que se requiere para conformar el sindicato, buscar un abogado que los asesore y les haga su estatuto como lo establece la ley de cada país y hagan una asamblea. Y listo, ya existen como sindicato. Tendremos que comunicarnos y trabajar internacionalmente. Tiene que ser como un virus, que se expanda por el mundo. Así los ministerios no nos quieran reconocer, independientemente de todo eso, ya existimos como organización. Si entre varios países nos unimos con la creación de estos sindicatos en plataformas y nos empezamos a reunir, vamos a ser algo evidente, tangible. Existimos y nos haremos sentir y haremos valer nuestras peticiones, que a la final es una solo: una mesa de negociación y diálogo entre el Estado, los dueños o representantes de las plataformas, y los trabajadores. Entre los tres deberíamos crear las reglas de juego. Nosotros queremos trabajar en las plataformas, nos gusta este tipo de trabajo, pero no hay condiciones dignas, no estamos siendo escuchados, y cuando queremos que nos escuchen las empresas nos amedrentan, nos bloquean, nos sancionan, nos quitan nuestro dinero y no nos dan respuesta.

 

¿Qué han dicho los dueños de las plataformas frente a la creación del sindicato?

El único dueño que salió a decir algo fue el de Rappi. Habló hace algunos días, y dijo que es mentira lo de la precarización.

 

¿Han tenido represalias?

Represalias tecnológicas. Simplemente controlan la aplicación. Te dejan de asignar pedidos, y eso ya es una represalia. En mi caso particular he sido víctima de eso, pero no me importa, es parte del proceso.

 

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Por fin un sindicato gana una huelga ante la justicia: Tribunal Superior de Buga dice que fue legal la de SNTT en Buenaventura

Varios e importantes fueron los triunfos que SNTT, Sindicato Nacional de Trabajadores de Rama, Servicios de la Industria del Transporte y Logística de Colombia se anotó en torno a la huelga que entre el 5 y el 20 de septiembre pasado adelantaron los trabajadores del puerto TCBUEN de Buenaventura.


Su primer triunfo consistió en que, siendo sindicato minoritario, logró que por votación de todos los trabajadores de TCBUEN el 82% aprobara la huelga. El segundo fue el triunfo de la huelga misma, al lograr  que la empresa cediera en los puntos que se negaba a negociar. Su tercer triunfo fue lograr que los trabajadores de los demás puertos del país prepararan y estuvieran dispuestos a declarar una huelga de solidaridad con sus compañeros de Buenaventura, que si no la hicieron fue porque no necesitaron hacerla.


Y su cuarto triunfo tuvo lugar  esta semana, y fue el fallo del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que dictaminó que la huelga fue legal, en respuesta a la demanda que TCBUEN –siguiendo los pasos de Avianca y con sus mismos argumentos– interpuso para lograr que fuera declarada ilegal.


La huelga fue votada el 27 de agosto después de agotadas todas las instancias de ley, y luego de que los directivos de TCBUEN se negaran a negociar puntos sustanciales del pliego que le presentó el Sindicato.


“La empresa nos  menospreció.. En vez de negociar nuestro pliego fortaleció el plan de beneficios que tiene montado para debilitar al sindicato. Creyó que por éste ser minoritario no sería capaz de sacar adelante la huelga”, dijo Esteban Barboza, presidente Nacional de SNTT.


Esa condición de sindicato  minoritario (de los 380 trabajadores de la empresa solo 87 estaban afiliados) lo obligó a convocar a la totalidad de los trabajadores a votar la huelga, o en su defecto por Tribunal de Arbitramento. La votación se realizó el 27 de agosto y 228 votaron a favor de la huelga, 46 por Tribunal y 3 votos nulos.


El fallo del Tribunal


En su demanda TCBUEN alegó, como primer argumento, que el servicio que presta es de carácter público esencial, por tanto una huelga allí es improcedente. Y el segundo argumento fue que la votación estuvo viciada de nulidad.


Pero en su fallo el Tribunal Superior de Buga determinó que todo el proceso de la votación de la huelga se ajustó a los requerimientos del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo sobre declaratoria de huelga, y concluyó que la votación se realizó en la debida forma.


Y en cuanto al argumento de que TCBUEN es una empresa que presta un servicio público esencial, el Tribunal también lo desestimó. Subrayó que, tras hacer un estudio de la normatividad, la jurisprudencia y la doctrina internacional, constató que el servicio que presta: el de cargue y descargue de barcos portacontenedores, no es de carácter público esencial y por tanto la huelga es procedente.


Esteban Barboza destacó el hecho de que el Tribunal Superior de Buga haya resuelto el caso en tan poco tiempo, menos de 15 días, pues la demanda la entabló TCBUEN el 28 de septiembre.


También calificó como “hipócrita” la actitud  de los directivos de TCBUEN, quienes, una vez se levantó la huelga, gracias en buena parte a la mediación del Ministerio de Trabajo, expresaron satisfacción por el arreglo y su disposición para mejorar el clima laboral y las condiciones de los trabajadores. “Pero a los ocho días le clavan la demanda al sindicato por la supuesta ilegalidad de la huelga. Eso no lo entendemos”, anotó Barboza.


TCBUEN apeló el fallo adverso del Tribunal Superior de Buga, entonces por competencia el conflicto tendrá que ser finalmente dirimido en la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La huelga por solidaridad

“Hay sentencias de la Corte Constitucional que autorizan la huelga por solidaridad en Colombia. Lo que pasa es que ésta no está reglamentada, pero eso no quiere decir que legalmente no se pueda hacer, y más en el caso de un sindicato como el nuestro, que es de industria”, explicó el presidente de SNTT.

Y, en efecto, el sindicato tanteó la posibilidad de hacerla en el caso de que la huelga de los trabajadores de TCBUEN en Buenaventura se hubiera prolongado y agudizado. De hecho estuvieron a punto de someterla a votación, con lo cual el conflicto laboral se hubiera extendido a los demás puertos del país.

La sola posibilidad de la realización de la huelga por solidaridad fue, si se quiere, el hecho más relevante de la huelga de los trabajadores de TCBUEN, ya que hubiese marcado un precedente importante para el conjunto de la lucha sindical en Colombia.

“La huelga por solidaridad  no fue un cañazo. Comenzamos a orientarla desde antes de que terminara la etapa de prórroga en la negociación, en vista de que TCBUEN seguía cerrada en bloquear unos puntos importantes del pliego que le presentamos”, señaló Esteban Barboza.

Recordó que el día 13 de septiembre SNTT le envió una carta a la Sociedad Portuaria de Buenaventura para informarle sobre la realización de la huelga por solidaridad,  la cual se iría a someter a votación de los todos los trabajadores sindicalizados en los puertos. Esa carta provocó que la Sociedad Portuaria convocara al sindicato para tratar el tema, y también alertó a las sociedades portuarias de Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

De haberse realizado, la huelga de solidaridad hubiera paralizado el comercio internacional del país, sostiene Barboza, no solo porque SNTT cuenta en estos puertos con un buen número de afiliados: 392 en la Sociedad Portuaria de Buenaventura, 142 en la de Barranquilla y 92 en la de Santa Marta, sino porque esos afiliados son los más calificados de la cadena portuaria, los que manejan las grúas y la gran maquinaria.

“Por eso cundió la preocupación entre los empresarios portuarios, y fue la principal razón para que la huelga en TCBUEN terminara en buenos términos para los trabajadores”, agregó el presidente nacional de SNTT.

Finalmente resaltó, como efecto del éxito de la huelga, el aumento de la membresía del sindicato en TCBUEN, donde antes tenía 87 afiliados y hoy ya tiene 107. “Es porque los trabajadores se han dado cuenta de que estamos haciendo bien el trabajo, que somos una organización seria y de lucha, no un sindicato amarillo, de esos que hay muchos en Buenaventura”, anotó.

Otro hecho que destacó fue la composición de la comisión que por el sindicato negoció la convención colectiva con los directivos de TCBUEN. De los 6 negociadores, 4 fueron jóvenes menores de 30 años, gente nueva, todos formados en negociación colectiva en la Escuela Nacional Sindical.

“Lo cual manda un mensaje al sindicalismo. Tiene que apostarle al relevo generacional. Esos sindicatos con dirigentes atornillados por años no ayudan a que el sindicalismo se oxigene”, puntualizó Esteban Barboza.

 

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Lunes, 24 Septiembre 2018 06:11

Postales estadunidenses I

Trabajadores del gremio hotelero de Chicago estallaron desde mediados de mes una huelga en demanda de nuevos contratos laborales

Al atravesar Estados Unidos uno siempre descubre sorpresas en una nación que aún no sabe bien a bien qué o quién es, que padece una amnesia histórica como tal vez ninguna otra, pero que de repente rompe con su versión oficial y ofrece –entre sus armas, prisiones, violencia oficial, racismo, la Biblia y ahora la peor desigualdad económica en casi un siglo– ecos de sus luchas sociales nobles y rayos de esperanza de que está naciendo otro país más justo, inclusivo y pacífico.

Salimos de una de las capitales mundiales, Nueva York, para ingresar a Estados Unidos rumbo a la costa del Pacífico, a unos casi 5 mil kilómetros de distancia. Después de 14 horas de carretera llegamos a Chicago cerca de las dos de la mañana soñando con cama y descanso. Pero al arribar a nuestro hotel en el centro, donde se celebró la famosa y controvertida convención demócrata en 1968 rodeada de una explosión social y la represión salvaje de manifestantes por la policía, nos recibió un piquete de huelguistas del sindicato hotelero. Platicamos con los trabajadores de mantenimiento –afroestadunidenses, latinos, inmigrantes, todos unidos– que habían estallado una huelga la mañana anterior y quienes nos detallaron de qué se trataba la lucha e informando que ésta era parte de una acción de miles de trabajadores en 20 hoteles de esta ciudad (algunos dicen que es la primera acción de este tipo en un siglo). Cancelamos y nos fuimos a un hotel recomendado por los agremiados, quienes nos regalaron un abrazo por la solidaridad. Fue la bienvenida a Chicago, cuna de un movimiento laboral que se festeja mundialmente, menos en este país, cada primero de mayo.

El próximo día fuimos a platicar con dos líderes famosos del sector más radical del movimiento antiguerra de los años 60, quienes se han dedicado en tiempos más recientes a luchar por los derechos civiles y en particular a la defensa de la educación pública y sus trabajadores contra las reformas de privatización y comercialización de ésta. Nos contaron que les irritaba que 50 años después, el 68 se está recordando –tanto en medios masivos como de izquierda– como un movimiento de jóvenes, en su mayoría blancos en oposición a la guerra, sin entender que esa generación (incluyendo estos dos dirigentes con los que platicamos) despertó y se radicalizó por las luchas antimperialistas del tercer mundo, sobre todo en Vietnam, pero también las de África y América Latina, con Cuba, el Che, Frantz Fanon y más, como referentes, y por la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, la cual empezó a tomar posiciones cada vez más radicales al vincular la lucha contra el racismo con las que se impulsaban contra de la injusticia económica capitalista y la política militarista. Ambos enfatizaron que no es momento de nostalgia, sino de entender la presencia del 68 hoy día. Esa lucha, hoy se realiza en un contexto diferente, donde se está marcando el fin del imperio estadunidense, donde está naciendo otro, encabezado por jóvenes –sobre todo de preparatorias– uno que se atreve hasta a usar la palabra "socialista", afirmaron.

Visitamos a una abogada defensora de derechos humanos e inmigrantes, quien también resaltó el surgimiento de nuevas corrientes progresistas que a la vez recuperan la historia de luchas de esta ciudad y región al colaborar con las generaciones anteriores que siguen dando una lata maravillosa aquí. Un ejemplo de esto son líderes latinos contemporáneos como el mexicano Jesus Chuy Garcia, quien probablemente será el próximo representante federal de su distrito y veterano de luchas progresistas durante las últimas décadas, quien a la vez está capacitando a nuevas generaciones.

Apenas habíamos arrancado y el país ya se veía diferente desde su antiguo centro industrial en el medio oeste. El siguiente tramo de la ruta transcontinental que nos esperaba era más rural y lleno de sombras ominosas interrumpidas con sorpresas de luz (lo cual se contará en la próxima columna).

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Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enColombia
Garantizar los derechos de libertad sindical,  de asociación, negociación y huelga, es fundamental para la paz

El despido de más de cien pilotos de Avianca, la criminalización de la protesta social y sindical, la tercerización del mundo del trabajo, entre otras señales, son la evidencia de que los patrones y el Estado siguen viendo a los trabajadores como enemigos. Una realidad que amerita un análisis.



desde abajo (da): Indican los hechos ocurridos últimamente, sobre todo con el sindicato de pilotos de Avianca, que estamos ante una política de persecución en contra del sindicalismo?
Edgar Mojica Vanegas (EMV): La respuesta me obliga a mirar el contexto, detallar lo que le está ocurriendo a los trabajadores y al movimiento sindical en su conjunto. Y en ello, lo primero por precisar es que vivimos un ataque contra los derechos de libertad sindical, que es un poco lo que ilustra el caso de los pilotos de Avianca.

 

da. ¿A qué se refiere?
EMV. A que los derechos de libertad sindical tienen 3 pilares fundamentales: el derecho de asociación, el de negociación y el derecho a huelga, pilares que deben estar articulados en términos de garantía y desarrollo para consolidar esa libertad sindical.

 

da. ¿Qué sucede con el derecho de asociación?
EMV. Ese es un derecho proscrito para los trabajadores colombianos. La taza de sindicalización acá alcanza un escaso 4 por ciento; es decir, de 22 millones de trabajadores laboralmente activos, solo el 4 por ciento logra sindicalizarse, lo que muestra la pervivencia de una cultura antisindical en nuestro país, es decir, que a los trabajadores que deciden organizarse en un sindicato los persiguen, y a los que no persiguen, los cohíben de manera legal, vía contractual, para que no se sindicalicen.

 

da. ¿Opera el derecho a negociación?
EMV. Ojalá. Dos ejemplos para mostrarlo, en especial en el sector estatal. Solo hasta hace 6 años este sector pudo acceder a negociación de carácter colectiva; y ligado a eso, existe una brecha muy grande en el cumplimiento de lo acordado. Por ejemplo, los pliegos del 2013 y del 2015 de los estatales tienen un incumplimiento del 60 por ciento, especialmente en cubrimiento de nómina, y en nivelación salarial. Y lo mismo pasa con Fecode, cuyo pliego tiene un nivel de incumplimiento del 80 por ciento.

 

Esta situación empeora si miramos el derecho a huelga, pues su legalidad o ilegalidad es un debate internacional. Resalto esto porque en la Organización Internacional del Trabajo (OIT) los empresarios y los gobiernos, que son dos de las tres partes que asisten a la Conferencia –la otra parte son los trabajadores–, están buscando un acuerdo para derogar el derecho a huelga a nivel mundial. Es decir, que no es solamente un problema de Colombia, sino que hay una intencionalidad mundial de proscribir este derecho.

 

da. Entonces, ¿lo sucedido con los pilotos de Avianca es parte de una dinámica mundial?
EMV. Sí, hay un ambiente de arrebatar derechos. Como tal vez recuerde, los pilotos de Avianca, inician un proceso de negociación, que fue maltratado por buena parte de la prensa colombiana, ridiculizando lo que se pretendía en ese ejercicio de negociación colectiva; luego deslegitiman la huelga declarando ilegal el derecho a la misma, inclusive con casos de prejuzgamiento como el de la Ministra de Trabajo, que cataloga el conflicto como ilegal antes de que un juez así procediera. Al final, despiden a más de cien, incluyendo sus directivos; los sancionados también son por docenas.

 

da. Pero el derecho esta estipulado hasta en la Constitución Política…
EMV. Así es, pero la enseñanza es que no basta con que los derechos, como el de libertad sindical, estén enunciados en la Constitución Política, sino que tiene que existir un ejercicio de parte del gobierno y de los empresarios para su reconocimiento, garantía y desarrollo.

 

da. ¿Podría decirse que esta negación vía legal, legitimada en lo social con apoyo de los medios oficiosos de información, también se materializa vía negación de los derechos humanos?
EMV. Sí. En la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), como en otros sectores sociales, a esa realidad la denominamos criminalización de la protesta social y sindical. Sobre este tema, entre la CUT y la CTC realizamos un seminario en el 2015 (Protestar no es delito), y discutimos sobre la criminalización de la protesta social-sindical; allí identificamos, primero, el trato militar de los conflictos laborales, donde Ejército y Esmad entran a violentar algo que en cualquier parte del mundo es resuelto de manera formal, pero aquí no, aquí implica intimidación, miedo, encarcelamiento y hasta muertos.
Lo segundo que identificamos fue el incremento de amenazas contra la dirigencia sindical, punto relacionado con el conjunto del movimiento social que en el 2017 sufrió el asesinato de 252 líderes sociales, y en enero del 2018, otros 23. Esto, junto con el incremento y la presencia efectiva del paramilitarismo, que sigue controlando territorios y sus recursos, como lo demostró con el paro realizado hace unos meses en Antioquia, Chocó y zonas de Córdoba.

 

da. ¿Cómo es el diagnóstico de esta violencia en el campo sindical?
EMV. Durante los 8 años del mandato Santos, han asesinado 160 líderes sindicales, con una impunidad del 90 por ciento. Esto ligado a un consolidado histórico – últimos 40 años– de 3.500 asesinatos de dirigentes sindicales, con índices de impunidad por encima del 90 por ciento,

 

da. Un tema relacionado con la lucha por el derecho al trabajo es el modelo de contratación que han impuesto los patrones con ayuda del Estado, ¿puede decirnos algo sobre este partículas?
EMV. En términos clásicos, valga decir, los trabajadores regulamos nuestro ejercicio laboral mediante una figura denominada contrato laboral, con el cual, bien que mal, existen unas garantías de carácter legal, y en ocasiones de carácter convencional –cuando se accede al derecho de negociación colectiva. Pero esa figura está desapareciendo, y de ello da cuenta la tercerización laboral, con la cual la contratación laboral queda reducida a una relación netamente comercial en la que usted, por una orden de prestación de servicios, o por un contrato completamente informal sin ningún tipo de garantía laboral, vende su fuerza de trabajo en condiciones, algunas veces infrahumanas, como las del teletrabajo, o las de los trabajadores del sector textil o agrario en varias partes de nuestro país, a los que ni siquiera les reconocen el salario mínimo.

 

Más derechos en peligro

 

da: En un documento la Anif (Asociación Nacional de Instituciones Financieras) le propone a los candidatos presidenciales desregularizar aun más el mundo del trabajo, inclusive rebajar el salario por debajo del mínimo como “únicas medidas” para mantener el desarrollo económico en el país, así como reducir los tributos al empresariado, ¿qué opinión tiene sobre esto?
EMV: El gobierno nacional ha descargado desde siempre, y en gran medida, el costo fiscal del país en los trabajadores. Asimismo, los patrones, con la ayuda del Estado, siempre han pretendido reducir hasta el mínimo posible lo que devengamos quienes vendemos nuestra fuerza de trabajo. No aceptan que realmente somos nosotros el mayor motor de la economía, no solamente por nuestra capacidad productiva sino por nuestra capacidad de acceder al mercado para adquirir bienes de consumo, es decir que con nuestros salarios movemos la economía del país.

 

Para sus propuestas y medidas se valen de supuestas recomendaciones –que más bien son mandatos– de organizaciones internacionales. En este caso lo están haciendo a partir de lo dicho el año pasado por la calificadora de riesgos financieros Standard & Poor’s, que expresó sobre nuestro país, palabras más, palabras menos: “definitivamente su puntaje no es el ideal para que se haga inversión, le sugiero que realice nuevamente una reforma tributaria, y que realice una reforma de carácter pensional”.

 

da. ¿Qué dijo el gobierno sobre este particular?
EMV. El Ministro de Hacienda y Santos fueron a Estados Unidos a reunirse con esa calificadora, de lo cual sale un documento de 600 páginas, en el cual, de nuevo, nos transfieren a los trabajadores la responsabilidad de cubrir lo que está haciendo falta en los ingresos nacionales, para lo cual recomiendan realizar una nueva reforma tributaria, y otra a las pensiones, con la que pretenden aumentar la cotización y disminuir el monto de la pensión, para que pase del 75 al 65 por ciento (sobre el promedio de los últimos 10 años cotizados); así como igualar y aumentar el tiempo de pensión para hombres y mujeres, argumentando que tenemos un promedio de vida que nos permite trabajar hasta los 68 años de edad, Como si fuera poco, y de acuerdo a las exigencias de los fondos de pensiones, el gobierno pretende eliminar Colpensiones, y pasar a fortalecer los fondos privados.

 

da. La ofensiva es total: ilegalizan huelgas, niegan el derecho a sindicalizarse, reducen salarios, criminalizan la protesta sindical y social..
EMV. Así es, con lo cual demuestran que existe una alianza del capital y el Estado para defender sus intereses macroeconómicos, para que los trabajadores paguen por sus derechos con acciones como el despido. Entonces, el llamado que hacemos desde la CUT es a que, hoy más que nunca, los derechos de libertad sindical y la defensa de los derechos humanos deben ser reivindicados en este país.

 

Sino proceden así están proscribiendo cualquier posibilidad real de pacificación. Vamos a trabajar por una paz con cambios y transformaciones reales, con tres pilares fundamentales: los derechos de libertad sindical, de asociación, negociación y huelga.

Publicado enEdición Nº244
Sintrametro, en la mira por las fallas técnicas del Metro de Medellín

El Metro de Medellín ha tenido un inicio de año difícil. Las fallas técnicas en la prestación del servicio despertaron un grado de insatisfacción hasta ahora no visto entre sus usuarios. El origen de las fallas son un misterio, sin embargo, el Sindicato del Metro de Medellín, en busca de mejorar las condiciones laborales y ofrecer un mejor servicio de transporte, recibió como respuesta por parte de la gerencia que son los trabajadores sindicalizados los responsables de estas dificultades.


Durante los meses de febrero y marzo, diversos comunicados de prensa advirtieron sobre las fallas en las estructuras de las cateranarias del Metro justo en los horarios de mayor congestión; los protocolos de seguridad y control aplicados por la empresa en esos momentos no son los más adecuados, en muchas ocasiones los usuarios no tienen derecho a la devolución de los pasajes, en repetidas situaciones son obligados a bajarse de lo trenes y caminar por los carriles hasta llegar a alguna estación, además de soportar la congestión que se forma en las estaciones.


Tras el telón


Desde el 2013, empleados del Metro de Medellín decidieron sindicalizarse y conformar a Sintrametro, buscando mejorar sus condiciones laborales y a su vez el servicio de transporte en los distintos sistemas integrados como MetroCables, MetroPlus, tranvía y buses intermunicipales. Un servicio que funciona desde las 4:00 am hasta las 11:00 pm con un número de usuarios desconocido, porque en la medida que expanden su megaproyecto más crece la demanda, lo que requiere que sus empleados cuenten con condiciones de trabajo dignas que los motive a tener un mejor desempeño.


Sin embargo, hace 40 días que los empleados sindicalizados presentaron su pliego de peticiones (ver imagen) ante la gerencia y la junta administrativa del Metro, pero el pasado 23 de marzo la mesa de negociaciones se levantó sin ningún acuerdo y con la posibilidad latente de llevar el caso a un Tribunal de Arbitramento, pues Sintrametro no cuenta con la opción de huelga dado que el Metro está catalogado como servicio público esencial –caso similar al de los pilotos de Avianca–. Lo grave del asunto son las insinuaciones por parte de la gerencia de Tomás Elejalde Escobar, responsabilizándolos en parte por las fallas técnicas presentadas por el sistema en las últimas semanas.


Imagen 1: Pliego de peticiones de Sintrametro.

 

 

 

La cantidad de fallas técnicas que puede llegar a presentar un sistema de transporte como el Metro de Medellín son incontables y muchas no previsibles, sin embargo, la junta administrativa de la empresa ha demostrado negligencia al no tomar las medidas necesarias para no solo prestar un servicio eficiente sino, además, para no poner en riesgo la vida de sus usuarios, pues no se sabe qué tan seguro puede ser el sistema en momentos de crisis.


La presidenta de Sintrametro, en entrevista con la Escuela Nacional Sindical de Medellín, afirmó que “la Administración está siendo irresponsable con este tema. En los últimos días se han dado cantidades de fallas en el Sistema Metro, y ante eso hemos visto que el gerente Tomás Elejalde ha hecho salidas en falso. No solamente culpa a los trabajadores sino a los usuarios del sistema. Quienes vienen siguiendo este tema se dan cuenta que el gerente siempre soslaya el problema, no ha querido aceptar que la falla está en la falta de repuestos, de señalización y la disminución de personal, hay sobrecarga laboral. Eso nos preocupa. Aunque también creo que los ciudadanos de Medellín no creen en las acusaciones que nos hace, porque finalmente somos los que, cuando hay fallas técnicas, hacemos posible que el sistema se restablezca de manera rápida”.


Mientras tanto, los usuarios siguen dudando frente a la efectividad de usar el metro para transportarse, pues durante las últimas semanas muchos han llegado tarde a sus destinos, entre ellos sus puestos de trabajo, el que puede perderse por este tipo de contingencias. Sintrametro espera convocar a asamblea la próxima semana para determinar cuáles son las acciones a seguir para ganar su lucha.

Publicado enColombia
Jueves, 05 Octubre 2017 16:05

Pilotos de Avianca, pelea por las nubes

Pilotos de Avianca, pelea por las nubes

Una nueva marcha, un nuevo paro: ¡Viva la huelga legal y legitima! ¡Viva!, ¡Quienes somos! ¡Unión y fuerza! Son parte de las consignas que se escuchan en algunas calles de Bogotá desde el pasado el lunes 18 de septiembre, coreadas por parte de los pilotos de Avianca, cansados de su situación laboral decidieron realizar un paro para exigir respeto a sus derechos.


No son los de siempre. En las calles no están los de manos recias y callosas por trabajar la tierra; tampoco los de mochila y tenis. Quienes están ahora en las calles visten de traje y corbata. No trabajan en el campo, tampoco en las fábricas; no están en las aulas de clase ni en las calles rebuscándose el día a día; quienes ahora protestan y exigen mejores condiciones laborales viven literalmente en las nubes.


¿Qué exigen?


Los pilotos de la aerolínea exigen lo que cualquier trabajador necesita para vivir dignamente: salario justo, en este caso que los homologuen con los pilotos de la empresa con base operacional en otros países, en este caso Perú; regulación laboral donde se establezca, claramente, los horarios de trabajo –reclaman que la empresa publique el itinerario mensual por piloto–, las horas para descanso, y que quien regule su labor sea el Ministerio de Trabajo y no la Aeronáutica Civil, como ahora sucede; eficiencia operacional; afiliación a la salud vitalicia, entre otras múltiples reivindicaciones (*).
Gobierno y patronal, de la mano.


“No tengan duda de que los responsables van a pagar por lo que están haciendo”, fue la respuesta de Germán Efremovich –dueño o accionista mayoritario de la empresa–, ante la actitud digna de los pilotos, decididos a prolongar su jornada de lucha hasta lograr sus propósitos.


Como si el capitalista mayor estuviera hablándole al oído al Gobierno, el 28 de septiembre el Ministerio de Trabajo expidió una resolución por medio de la cual autoriza instalar un tribunal de arbitramento; alegre la patronal, preocupados los trabajadores, quienes alegan que tal citación es ilegal toda vez que la ley autoriza 60 días de cese de actividades para, ahí sí, darle vía libre al tribunal. Ministerio de Trabajo y empresariado alegan que el transporte es un servicio público esencial y, por lo tanto, un sector donde los trabajadores no pueden parar. Los acompañan en su cuita los grandes medios de comunicación (ver recuadro, La pauta pesa), quienes al unísono, repiten una y otra vez que el paro es una insensatez, que “...con esa actitud están perjudicando a todo el país!”.

Juego sucio. Como si fuera poca esta inclinación del poder a favor de su par, el 3 de octubre la Aeronáutica Civil, autorizó a la patronal para contratar hasta 800 pilotos extranjeros por un periodo de tres meses, para que así “...normalice sus operaciones...”. La empresa informó, de inmediato, que con noviembre llegarían los primeros 100 pilotos, mexicanos y estadounidenses. Rompe huelgas conoció la historia fabril por montones, en diversos años y episodios, pero hacía años que no eran tan notorios, mucho menos en un oficio de alta calificación, lo que evidencia que estamos ante un mundo del trabajo totalmente transformado, uno donde los trabajadores son ilustrados, sometidos, pese a ello, a las mismas circunstancias que vive y padece cualquier obrero raso.


Ante los tribunales


Mientras la disputa entre patrón y trabajadores se agudiza, los tribunales se transforman en el escenario fundamental para decidir sobre este conflicto. Por un lado, Avianca interpone una demanda de ilegalidad del paro, de la cual tiene que fallar el Tribunal Superior de Bogotá el miércoles 4 de octubre.


Al mismo tiempo, y por igual camino, los trabajadores interponen el martes 3 de octubre una tutela que reclama el derecho a la huelga, de la cual tiene que dar cuenta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en un máximo de diez días.


De esta manera, una disputa que para los trabajadores en general, no solo los pilotos en huelga, debería ser fundamental pues en este paro están en juego sus derechos, además de la solidaridad efectiva, de la reivindicación de la justeza y necesidad de sindicalizarse, de la preeminencia de los derechos básicos sobre el capital privado, queda reducida a un alegato judicial donde un juez fallará sin el contexto de una movilización generalizada de diversos sindicatos por el respeto y derecho a la huelga y, de seguro, con la espada de Damocles del capital apretándole su pecho.


Lucha desigual que, de tener un mal resultado para los trabajadores, pesará de manera negativa en el futuro inmediato y mediato del mundo sindical colombiano. Hoy, como no sucedía desde hace muchos años, la solidaridad de sus pares es indispensable, tanto para que aquellos que están en paro sientan que no están solos, como para comunicarle al país que sindicalizarse y que luchar paga.


Recuadro


La pauta pesa


Ante la huelga, los medios toman partido. En la mayoría de cadenas mediáticas enfatizan que “...la huelga es innecesaria”, que “...perjudica al país...”, que “...es un procedimiento con el cual los pilotos siempre amenazan al país...” –no a la patronal–; medios que, además, banalizan la información y ridiculizan las peticiones de los pilotos, para que, de esta manera, la opinión pública tome partido a favor de la empresa y en contra de quienes hacen respetar sus derechos.


Los negocios primero. El papel de los medios en este caso realza sin vergüenza alguna que las millonarias pautas publicitarias que cancela Avianca a distintas cadenas de radio, televisión y prensa escrita, pesan en una situación como la del paro. En este suceso, los medios se convierten, una vez más, en el arma de desinformación para legitimar a los dueños de la empresa, para legitimar la violación de los derechos de los trabajadores, para legitimar los malos salarios, las jornadas de trabajo sin límites precisos, en fin, para legitimar el conformismo y el individualismo.


Manipulación mediática que evidencia, una vez más, que los trabajadores, así como los sectores mayoritarios en general que aspiran a una vida en justicia y dignidad, si de verdad aspiran a desnudar a su contrario, levantando alternativas informativas y educativas para sus pares, requieren de un sistema informativo integral. Es inaceptable que una y otra vez, uno y otro sector social, dependan de los mismos capitalistas, a quienes confrontan, para que le informen al país sobre sus luchas. ¿Podrán contarle al país lo que realmente sucede en uno o en otro escenario?

Referencias
(*) http://www.acdac.org.co/noticias-acdac/item/3885-pliego-de-peticiones-2017

 

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Grandes riesgos en las alturas

21 de septiembre de 2017

 

 

Publicado enColombia
Viernes, 23 Junio 2017 17:03

Para aprender y proyectar

Para aprender y proyectar

Una negociación intensa. Esa ha sido la marca que resalta de la discusión del pliego de solicitudes presentado por los estatales a su patrón. El factor Fecode contribuyó de manera sustancial a ello, sin duda, llevando al Gobierno a un terreno resbaladizo, y propiciando que los trabajadores busquen la calle como principal escenario para presionar un resultado favorable en sus demandas.

 

En ese ambiente, donde se presentan paros de 24, 48 y 72 horas de algunos sectores de los estatales, se alcanza el acuerdo del incremento salarial, no sin vivir prolongadas discusiones sobre los derechos de los trabajadores y la situación económica del país, para acordar un incremento salarial del IPC causado en el 2016 (5,75%) más un 1 por ciento. Logro agridulce que refleja una correlación de fuerzas que aún no es favorable para los contratados. Falta mucha labor educativa y organizativa para que así sea.

 

En todo caso, la dinámica ganada en la negociación refleja con claridad el criterio con el cual llegamos algunos sectores a esta negociación: encararla con el reto de superar anteriores experiencias, donde el Gobierno impuso criterios o firmó acuerdos que luego incumplió. Con esa claridad por parte de los delegados de los trabajadores, fue instalada en marzo la mesa para la concertación, debiendo parar la misma el 6 de abril por una tutela interpuesta por otras organizaciones sindicales que exigían participación en la negociación. El 25 de mayo la mesa retoma actividades, proyectadas según la ley para veinte días hábiles, los cuales resultaron insuficientes, acordando una prórroga de 8 días que terminan el 17 de junio.

 

Ampliación de tiempos que denota la dificultad afrontada para abordar el pliego, mucho más cuando la representación de los trabajadores corre a cargo de diversidad de organizaciones (Cut, Cgt, Ctc, Únete, Fenaltrase, Utradec, Fecotraservipúblicos), sin afinidad de objetivos y criterios para encarar la defensa de sus representados.

 

Como siempre, ante la opinión pública el único punto que ventila el Gobierno es el concerniente al salario mínimo, sin aclarar aspectos sustanciales en la negociación como superación de la informalidad contractual, ampliación de nómina, política de género y otros.

 

De la negociación afrontada en el 2017, y con el criterio de sacar lecciones de la misma que sirvan como aprendizaje al conjunto del movimiento sindical y social, resumimos en 4 aspectos las principales temáticas por apropiar.

 

Criterios mínimos para los pliegos de solicitudes

 

  1. Los pliegos de peticiones deben ser elaborados con la participación del conjunto de asociados, implementando para ello talleres y llevándolos a asamblea general para su aprobación. Hay que actuar así porque aún predomina el viejo método de que dos o tres elaboran los pliegos y son pocos quienes los aprueban.
  2. Cuando los pliegos de peticiones sean unificados, es decir de varios sindicatos, los mismos deben ser aprobados por asambleas de cada uno de los sindicatos y por una asamblea conjunta.
  3. Los pliegos deben contener aspectos económicos, culturales, laborales, administrativos y políticos, definidos con precisión en tiempo, modo y lugar. Así hay que proceder pues por lo general son muy genéricos y a veces son abstractas, lo cual le quita fuerza a la negociación.

 

¿Cómo debe funcionar la comisión negociadora?

 

La experiencia es que la comisión negociadora de los trabajadores es muy desigual, integrada por compañeros que nunca han estado en una comisión de estas –son delegados por primera vez para enfrentarse a una negociación macro como ésta.

 

Para evitar improvisaciones, la experiencia enseña que deben definirse previamente los perfiles para quienes la conformen, garantizando dirigentes que tengan, por lo menos un buen nivel: técnico y académico, y con conocimiento del desarrollo de los puntos centrales de la negociación.

 

Y para preparar el relevo directivo, en la comisión negociadora debe garantizarse un equilibrio entre compañeros con experiencia y quienes están en un proceso de desarrollo y aprendizaje.


Al respecto, de la negociación del presente año, hay que destacar lo siguiente:

 

  1. Persisten los desniveles pronunciados entre los negociadores de los trabajadores –en información, conocimiento, prácticas y experiencia.
  2. Garantizando la asistencia de dirigentes ya forjados y otros en proceso formativo, debe certificarse que unos y otros posean conocimiento básico de la estructura del Estado y las competencias de cada una de ellas, para que puedan interpelar en la discusión que tienen que ver con el funcionamiento de todo el Estado colombiano.

 

De igual forma, deben tener conocimiento del presupuesto nacional, departamentales y municipales, es decir, que conozcan cómo se aprueban, ejecutan, modifican, cuándo hay un traslado de rubro, etcétera; además, es fundamental tener capacidad técnica mínima en estos aspectos. Otro elemento es conocer la política económica del Gobierno, sus características y deficiencias.

 

Un aspecto que no debe repetirse: la negociación aún en curso tuvo dificultades en la mesa central de negociación por cuanto no había precisión en los objetivos fundamentales perseguidos; nos tocó hacer una discusión sobre la marcha y precisarlos. También debe tenerse claridad de la metodología, los espacios y los cronogramas de la negociación, porque de ello depende el ritmo de la negociación. En la negociación que encaramos en un primer momento el gobierno impuso el ritmo, lo que por fortuna corregimos a tiempo, reencausándolo.

 

Este descuadre pudo tomar formar porque en las primeras de cambio la coordinación entre los negociadores no fue la mejor, prevaleciendo protagonismo, prevenciones, rivalidades, las que en ocasiones afloraron en medio de la negociación; por fortuna pudimos superar este desfase a través de la discusión colectiva y estableciendo unos voceros, garantizando que esos tuvieran un manejo metodológico definido, donde la participación descansara en todos y no únicamente en el vocero.

 

Otra experiencia importante: el manejo de la información. En esta oportunidad fuimos oportunos en la expedición de boletines sobre cada negociación, el whatsapp y otro medios fueron utilizados, permitiendo que los trabajadores y los dirigentes sindicales del resto del país tuvieran un conocimiento efectivo del desarrollo de la negociación, lo que facilitó la programación y realización de los mítines, plantones y posteriormente los paros, y desarrollar el gran paro del magisterio colombiano, y los paros del sector estatal de 24, 48, 72 horas, e incluso algunos indefinido acompañando a Fecode.

 

No puede dejarse pasar que en la negociación se definió que el principal instrumento de lucha de los trabajadores, para acompañar la discusión del pliego, era la movilización, de tal forma que pudiéramos ir a las calles, ubicarnos en ellas, presionando la negociación al tiempo que ampliábamos hacia la sociedad en general el contenido de nuestras demandas.

 

Experiencias sindical y política

 

  1. 1. Logramos denunciar y afectar ante la opinión pública la política económica neoliberal del Gobierno, se descascaró el carácter demagógico y represivo de Juan Manuel Santos.
  2. Logramos demostrar ante la opinión pública la justeza de nuestras peticiones, así lo reflejaron las encuestas realizadas en televisión y en radio, donde la opinión fue ampliamente favorable a las peticiones de los trabajadores; el impacto que esto generó en los medios los llevó a ser más prudentes en el manejo de la información, obligándose a brindarnos algunos minutos para exponer nuestras ideas.
  3. Las movilizaciones del magisterio y los estatales estimularon a otros sectores para la lucha a nivel nacional; el Comando Nacional Unitario, integrado por las centrales y la federaciones estatales, entre ellas Únete, desarrollaron actividades de coordinación a nivel nacional y a nivel territorial.
  4. En relación con el salario: se firmó un acuerdo parcial del salario para el sector público, de la inflación causada en el 2016 (5,75%) más un 1 por ciento sobre el IPC. La forma y el método como se logró el acuerdo, generó críticas internas en la bancada de los trabajadores negociadores, al considerar Únete que el momento en que esto ocurrió no era el mejor ya que le generaba un vacío a Fecode; sin embargo, al imponerse la lógica de la mayoría debimos firmar el acuerdo parcial de salario.

 

Pendientes

 

  1. 1. Tras lograr una prorroga de ocho días, continúa la negociación en medio de paros y de la movilización, la cual termina el 16 o el 17 de este mes. El 8 de junio, por ejemplo, los trabajadores de la Aeronáutica Civil lograron (tres organizaciones filiales de Únete) afectar el tráfico en más de 15 aeropuertos del país, y se preparan para concretar nuevas jornadas de protesta y movilización durante esta semana.
  2. Alcanzamos avances en la política de género: de 21 puntos alcanzamos 19.
  3. Seguimos negociando y están pendientes de resolución la inmensa mayoría de puntos del pliego presentado. Hay que destacar el incumplimiento del acuerdo colectivo vigente para los años 2013- 2015, no cumplido en un 60 por ciento por el Gobierno (en materia de derechos, administrativo, garantías).
  4. La Carrera Administrativa: estamos discutiendo la necesidad de que en el sector público se apruebe un escalafón de la administración pública, que permita que los trabajadores, teniendo en cuenta su antigüedad, su mérito, su desarrollo en la formación y capacitación, puedan ascender de manera automática –en la actualidad no tienen derecho a ascenso, la planta de personal está congelada en relación con la estructura del empleo público.
  5. También planteamos la necesidad de hacer un pacto sobre trabajo digno y decente en la administración pública, aplicando los criterios y condiciones establecidos por la OIT para ello.
  6. En el punto de derechos y garantías sindicales, estamos negociando el derecho a un programa de televisión para los trabajadores, dirigido por las centrales; también está el punto concerniente a los permisos sindicales, con modificación del decreto 160 (que reglamenta el derecho de negociación a los empleados públicos, modificación que debe ser concertada entre el Gobierno y los trabajadores)
  7. Exigimos, asimismo, que la Ministra de Educación derogue la directiva 037, mediante la cual ordenó el no pago de los salarios de los docentes, y que el Alcalde de Bogotá le de desarrollo al pliego presentado por la ADE, del cual no han atendido ni una sola petición.

 

* Presidente de la Unión de trabajadores del Estado y los servicios públicos

Publicado enEdición Nº236
Los sinsabores del cabildo abierto en defensa de la ETB

La posible privatización de la Empresa de Teléfonos de Bogotá atiza amores y desamores en Bogotá. El reciente cabildo abierto organizado por Sintrateléfonos y Atelca, con una asistencia de 800 personas y apoyados por diversidad de procesos sociales así lo reveló. Aunque según el Alcalde y el gerente de la empresa la decisión está tomada, el camino para así concretarlo tendrá que sobreponerse a la consulta popular sobre la venta y la revocatoria de Peñalosa.

 

Vamos a asistir al cabildo pero “la decisión está tomada”1. Con estas palabras reconfirmó Jorge Castellanos, gerente de la Empresa de Teléfonos de Bogotá (ETB) la determinación de la actual alcaldía bogotana de proseguir con el programa para privatizar esta empresa. Palabras que determinaban de entrada lo limitado e infuncional de este espacio.

 

El cabildo abierto fue propuesto, liderado y convocado por los sindicatos de la empresa, como un mecanismo y espacio para desnudar los verdaderos intereses que están detrás de la decisión privatizadora, y como expresión de la democracia participativa que debería obligar a la reversión de tal determinación.

 

Para hacerlo realidad, sus impulsores emprendieron la recolección de firmas, las cuales finalmente sumaron 44.960, con lo cual el Consejo Nacional Electoral no pudo negar la deliberación ciudadana. Los pasados 28 de febrero y 7 de marzo fueron establecidas para tal fin, y la sede del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd) fue el espacio escogido para las sesiones cabildantes.

 

Primera sesión

 

El auditorio Presidente del Idrd estaba punto de llenarse a las 9:00 am del pasado 28 de febrero, algunos funcionarios de la ETB, otros del Distrito y los concejales estaban presentes. Decenas de trabajadores y otros pobladores de la ciudad colmaban el auditorio. En el exterior del auditorio más gente. El ambiente que reinaba entre unos y otros era de confianza en sus argumentos, confiando los trabajadores que una vez –como sucedió en otras 15 o más oportunidades a a través de alegatos judiciales– quebrarían la decisión privatizadora.

 

De manera puntual todo estaba listo para arrancar la sesión. En el listado de oradores 41 inscritos, cada uno de los cuales podría exponer sus razonamiento durante 7 minutos. El vocero de Sintrateléfonos contaría con 40 minutos para abrir el cabildo.

 

Cerca de las 9:15 am, el alcalde Enrique Peñalosa ofreció una rueda de prensa amarrada: solo dos periodistas estaban elegidos para realizar preguntas, y sólo ingresaban los medios oficiosos. ¿Información o propaganda?

 

Allí el burgomaestre aseguró que su responsabilidad como Alcalde no estaba en “hacer inversión en empresas, sino hacer inversión en la gente, hacer inversión en hospitales, jardines sociales, en colegios [...]”. El mandatario fue enfático en la necesidad de construir esta infraestructura en la ciudad, sin poder precisar cifras que le dieran la razón. Según su visión de la ciudad y de sus bienes públicos, la ETB no es una empresa del Distrito, sino un recurso del cual valerse para promover el “desarrollo social”.

 

El Alcalde insistió en el riesgo que tiene la ETB, comparándola con empresas de países como Alemania, de perder su actual valor. Seguidamente, afirmó que la decisión sobre la venta ya estaba tomada, reconfirmando así lo ya dicho por el gerente de la ETB y dejando claro que el cabildo que estaba por iniciar sesión era un mero hecho simbólico.

 

Una vez culminada la rueda de prensa arrancó el cabildo. Uno a uno fueron tomando sus minutos la totalidad de las personas inscritas, unos en contra de la venta del importante recurso público y otros en favor.

 

Las horas pasaban, ya en la tarde el ambiente del cabildo se tornó tenso a causa de la intervención de Enrique Peñalosa, una simple réplica de su discurso maltrecho de la rueda de prensa matutina. Además de las palabras de Jorge Castellanos, quien aludió a las cifras de la empresa en los últimos 10 años, enfatizando en el supuesto estancamiento de sus ingresos por pérdida de clientes: donde la empresa “bajó” de un 1.6 por ciento en 2007 a un 1.5 en 2016; más la pérdida de participación en el mercado desde el 2010, año para el cual la empresa contaba con una participación de un 50 por ciento, caído a un 34 por ciento para el 2016.

 

Pese a sus datos, por parte alguna daba respuesta al cuestionario radicado 5 días antes por Sintrateléfonos y Atelca y dirigido a este funcionario y al Alcalde. La dilación era la norma. Al final el presidente del Concejo de la ciudad confirmó que el cuestionario sería resuelto el 7 de marzo cuando sería llevada a cabo la segunda sesión de este espacio deliberativo. Esta primera parte del cabildo dejó la sensación de que todo seguía igual, y tal vez en la segunda los sectores populares lograban sus cometidos.

 

Segunda sesión

 

Sin duda los funcionarios del Distrito habían evaluado lo sucedido el 28 de febrero. A las 9 am del 7 de marzo el recinto del Idrd ya estaba repleto de funcionarios públicos y de gente afín a ellos. Por fuera del recinto, los trabajadores de la empresa de teléfonos, y pobladores provenientes de distintas localidades capitalinas. Unos y otros exigían que los dejaran ingresar, pero con resultado negativo.

 

El ambiente en el auditorio también era más tenso. Las arengas, gritos, chiflidos y pancartas en contra del Alcalde y en su defensa dejaban entreverlo que sería el orden del día.

 

Enrique Peñalosa fue el primero en intervenir, sin rodeo alguno aclaró que en las condiciones que se encontraba la ETB, sólo “un comprador especializado podría sacar el potencial de la empresa y le va a inyectar el capital nuevo que necesita”, reconociendo, implícitamente, la incapacidad y desinterés de su alcaldía para mejorar las condiciones del patrimonio. Reconoció también que la decisión de la venta de las acciones le correspondía sólo a la Alcaldía y al Concejo.

 

Insistió en que la venta era “[...] la decisión más responsable [...]”, a lo que sus seguidores acompañaron con aplausos; ante el descaro que cargaban estas afirmaciones la indignación de parte de los contradictores no demoró en hacerse sentir, así como los chiflidos e insultos. La ficción de construir nuevos colegios y hospitales en las zonas más populosas de Bogotá permaneció como su argumento más fuerte y repetitivo. Por parte alguna pudo precisar dónde está el dinero de la venta del 11 por ciento de la empresa hace 20 años. Dio por terminada su intervención diciendo que “[...] no han tomado el camino fácil [...] y que [...] los gritos e insultos no le intimidaban y tampoco lograrían reversar su decisión”.

 

Lo precedió en el orden de intervención el concejal del Polo Democrático, Manuel Sarmiento, uno de los pocos oradores que con cifras logró demostrar que la venta de la ETB es la peor decisión que puede tomarse pues va en contra del beneficio de los bogotanos. Argumentó, para desmontar las razones privatizadoras de Peñalosa, que el 57 por ciento de la venta de la empresa será destinado a Transmilenio y no precisamente a la construcción de colegios, dado que sólo el 2 por ciento será destinado a la Secretaría de Educación. El concejal, firme en sus argumentos, invitó al presidente de la compañía a que dijera cuánto es su salario, el cual, según Sarmiento, “[...] supera los 35.000.000 de pesos, sólo por bajar los indicadores de una buena empresa como lo es ETB [...]”; también lo llamó a no juzgar ni arremeter contra los trabajadores de la empresa, cuando está vinculado al escándalo de Panamá Papers.

 

El concejal finalizó su intervención afirmando que “ante la frustración de Enrique Peñalosa por no tener un doctorado, el cabildo se lo otorgaba como honoris causa en privatizaciones en mala gerencia”, provocando gritos entusiastas de apoyo por parte de los trabajadores y defensores de la compañía.

 

¿Y entonces?

 

La tensión en esta segunda sesión aumentó con las intervenciones de la concejal Lucía Bastidas y el concejal Hosman Martínez quienes, intimidados por los gritos e insultos de la barra en pro de la defensa de la ETB optaron por tratar de callar a los asistentes con frases como “Bogotá mejor para todos, pese a ustedes” y “seré presidente de este país, les guste o no”, premisa de una campaña presidencial prematura que permite comprender por qué el Alcalde, pensando en otros tiempos y menesteres, no da pie con bola en Bogotá y las reales necesidades de sus habitantes.

 

Finalmente, y aunque las intervenciones de todas las personas registradas no estaban cumplidas, los defensores de la ETB optaron por retirarse del recinto asegurando que el cabildo no fue abierto sino cerrado, sin debate limpio y, además, una deslegitimación para el mecanismo de participación ciudadana en la medida que en él nada se decide. ¿Miles de firmas simplemente para ilustrar?

 

Pese al sinsabor que embarga a las organizaciones convocantes, persiste su ánimo para seguir luchando en contra de la privatización del patrimonio de la ciudad, como persiste su esperanza en que la ciudadanía los acompaña en esta lucha. Es por ello que ahora recorrerán el camino de liderar una consulta popular que decida sobre el particular, al tiempo que concentran fuerzas en el proceso de revocatoria del alcalde Peñalosa.

 

* El 31 de mayo de 2016, el Concejo de Bogotá aprobó la venta de ETB con 31 votos a favor y 12 en contra.

 


 

Recuadro


El cabildo, de forma y sin poder decisorio

 

De acuerdo a la Registraduría Nacional del Estado Civil, el cabildo abierto es “la reunión pública de los concejos distritales, municipales o de las juntas administradoras locales, en la cual los habitantes pueden participar directamente con el fin de discutir asuntos de interés para la comunidad.” Y determina que éste se hace con el objetivo de “discutir, refrendar o dar a conocer puntos de vista divergentes sobre asuntos relacionados con asuntos públicos como pueden ser las políticas públicas, acciones de gobierno o la eventual toma de decisiones por parte de la administración pública”.

Publicado enEdición Nº233
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