Davide Costanzo, , https://www.flickr.com/photos/badswan/50653753261/

La vivencia de la actual pandemia ha sido una experiencia excepcional. Y su enfrentamiento evidenció muchas dinámicas sociales que, por cotidianas, habían dejado de ser visibles o, por lo menos, quedaban ocultas bajo el manto de la aparente normalidad. Por ejemplo, la desgarradora desigualdad social existente en nuestras sociedades, los voraces intereses comerciales presentes en el ámbito de la salud, los estremecedores desequilibrios regionales en un planeta ambientalmente amenazado, las profundas tensiones geopolíticas en un contexto de cambio de la hegemonía mundial, la impactante diversidad de la acción comunitaria, la enorme capacidad de colaboración científica entre grupos de investigación, y el despliegue de complejas redes de solidaridad en los espacios locales, por sólo mencionar algunas.

Entre estas dinámicas, sobresalen aquellas asociadas al impresionante desarrollo científico-técnico que, por demás, nos ha permitido conocer, en muy poco tiempo, las intimidades de un inédito agente viral; describir el comportamiento clínico y epidemiológico de una nueva enfermedad y hacer uso de un recurso terapéutico eficaz, como las vacunas, ante la acción devastadora de la pandemia.

Por supuesto, aún es mucho lo que se desconoce, pero cabe recordar que hacia finales del año 2019, cuando aparecieron los primeros brotes de esa desconocida neumonía que afectó a la población china, en la ciudad de Wuhan, no se tenía la menor idea de lo que eso representaba ni de la envergadura que adquiriría. En pocas semanas se logró aislar el virus y secuenciar el código genético; en algunos meses se logró darle un nombre a la enfermedad y describir, con moderada precisión, su cuadro clínico y su comportamiento epidemiológico; y en un poco más de un año ya estaba en curso un proceso masivo de vacunación que, paulatinamente, adquirió el rango de campaña mundial, aunque la inequidad ha sido una de sus características.

Actualmente los procesos de vacunación son un hecho y si bien, como era esperable, han suscitado gran discusión y alguna que otra polémica, en general se considera que son un gran avance para afrontar la pandemia. Como ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación, y las redes sociales, son varias las vacunas desarrolladas y, hoy en día, al menos seis de ellas se están usando ampliamente en las campañas masivas.

Si bien el desarrollo de las vacunas se ha llevado a cabo a una velocidad sorprendente, simplificando o sobreponiendo fases en la investigación, los estudios emprendidos han contado con un muy importante acumulado de saber, y con potentes plataformas tecnológicas que, en la mayoría de los casos, ya habían sido usadas previamente. Pero, claro, también existen algunas vacunas cuya tecnología es nueva (1).


Por eso la inquietud frente a la seguridad y eficacia de las vacunas contra covid-19 ha estado muy presente y ha sido un asunto ampliamente debatido. En general, los estudios efectuados han mostrado unos porcentajes de eficacia altos y una muy buena seguridad, pero el asunto está bajo el escrutinio de la farmacovigilancia actual, dado que la aplicación de dosis de vacunas a millones de personas conlleva un terreno de observación diferente al que se pudo tener en los análisis previos.

Los datos frente a la aplicación de dosis de vacunas son impactantes, así como preocupantes son los datos comparativos entre regiones y países. Según los registros de Our World in Data, publicación en línea de la Universidad de Oxford, para finales de julio del presente año se habían aplicado 4.18 mil millones de dosis de vacunas lo cual ha permitido que el 28 por ciento de la población mundial haya recibido al menos una dosis, y el 14 por ciento haya recibido el esquema completo de vacunación (que, para la mayoría de las vacunas, incluye dos dosis) (2).

Sin embargo, la misma fuente permite observar que sólo el 1 por ciento de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis y que si bien en Canadá la proporción de personas completamente vacunadas es de 59 por ciento y en el Reino Unido es de 56, en otros países como Mozambique, Nigeria y Sudan este porcentaje no llega al 1 por ciento. En Colombia se estima que esta proporción está en el 23 por ciento.

Ante ello, los llamados para agilizar los procesos de vacunación y superar las barreras existentes han sido constantes. Y uno de los temas más candentes reposa en la propuesta para el retiro o postergación de los derechos de patente de las vacunas, aunque no ha sido posible doblegar los férreos intereses mercantiles de las empresas biotecnológicas (3). De ahí que la lentitud en el proceso de vacunación y su inequidad se hayan tornado preocupaciones permanentes (4).

Pero si bien existen estas inquietudes, y algunas otras referidas al tiempo de protección de las vacunas y la capacidad de enfrentar las rápidas mutaciones del virus, el acuerdo mayoritario entre expertos es que la vacunación es fundamental, debe ser continuada y acelerada. Y si bien se espera que ella minimice la propagación del contagio, lo cual ayudará a que se detenga la pandemia, por ahora puede afirmarse que la vacunación disminuye las consecuencias más graves de la enfermedad y, por tanto, disminuye la mortalidad debida a el covid-19. Así lo plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) (5).

Al mismo tiempo, las recomendaciones para prevenir la enfermedad insisten en que hay que mantener algunas otras medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos y la ventilación de espacios cerrados, e intensificar los procesos de seguimiento de casos y aislamiento selectivo. Sobre todo de cara a la presencia de nuevas variantes del virus Sars-Cov-2, algunas de ellas más contagiosas que las versiones previas del virus (6). Por ello se empieza a comprender que la vacunación es esencial pero no es suficiente (sobre todo si no tiene un despliegue realmente universal) y se requiere cambiar la estrategia de mitigación que tienen muchos países, incluida Colombia, por otra estrategia más contundente (7).

Esto es muy importante y realza la importancia de no limitar la acción en salud pública a la aplicación masiva de las vacunas. Pero existe, adicionalmente, otro argumento potente que refuerza esta idea de la insuficiencia de la vacunación, y tiene que ver con el reconocimiento del entramado de causas que participan en la génesis de la pandemia.


La acción sobre las causas socioambientales de la pandemia


Si bien el Sars-Cov-2 actúa como agente causal de la enfermedad covid-19, en una mirada más amplia frente a la génesis de la pandemia este sólo es un aspecto que hace referencia a las causas próximas de la enfermedad. Existe otro conjunto de causas, de índole más remota, que actúan en el origen de la pandemia y configuran las llamadas «causas socioambientales» de la misma (8). Cabe recordar que la actual pandemia se da en un contexto caracterizado por la emergencia de epidemias previas, algunas de ellas también pandemias, que han inquietado a las autoridades sanitarias alrededor del mundo.

Desde los años 80 del siglo XX, la humanidad ha experimentado el temor producido por, al menos, otras dos pandemias y algunas epidemias más, algunas de ellas también debidas a la acción de coronavirus. Aquí cabe tener presente las pandemias de VIH-Sida e influenza A(H1N1), así como las epidemias de Ébola, influenza aviar A(H5N1), Sars y Mers. Estas dos últimas causadas por virus de la familia Coronaviridae y de la subfamilia Orthocoronavirinae (9).

El análisis agrupado de estas epidemias, a la que se suma el covid-19, muestra un panorama de agitación epidemiológica que lleva a pensar en que las condiciones de vida actuales favorecen el desarrollo de las epidemias y el incremento de la virulencia de los agentes patógenos. Y dado que las aquí mencionadas son enfermedades zoonóticas, esto es, enfermedades que se transmiten de animales a humanos, el panorama también hace pensar en que las condiciones en que los humanos nos relacionamos con los animales permiten explicar más ampliamente las causas de estas epidemias.

 

 

Y esto es aplicable, por lo pronto, al covid-19, aunque el asunto del origen de la propagación del virus Sars-Cov-2 sigue estando en debate. Si bien desde un comienzo se planteó que lo más probable era que el origen estuviera relacionado con la transmisión natural del virus desde animales (murciélagos, pangolines o alguna otra especie) a humanos, más recientemente se ha fortalecido la hipótesis del accidente de laboratorio (10). La discusión entre los defensores de las dos hipótesis está lejos de dirimirse aunque la opinión mayoritaria de los expertos, y de la propia OMS, es que es poco probable que haya ocurrido ese accidente (11).

Sea como sea, el vínculo estrecho entre animales y humanos y las formas en que nos relacionamos con ellos sigue siendo crucial para entender el comportamiento de las recientes epidemias, incluida la actual. Por ello, podemos afirmar que las epidemias no son un simple fenómeno natural que relaciona un agente patógeno (en este caso, un virus) con una especie biológica susceptible. Claro que dicha relación está presente, pero el asunto va más allá, toda vez que las epidemias mencionadas se vinculan, de manera íntima, con amplios procesos sociales.

Por eso se ha señalado con cierta insistencia, por parte de voces críticas (12), que las formas de producción actual aceleran la evolución de la virulencia de los patógenos y su posterior transmisión, dado que aglomeran en espacios reducidos varias especies biológicas, estimulan el uso de monocultivos genéticos, colocan en situación de gran estrés inmunológico a los animales, facilitan la infección recurrente, proporcionan un suministro continuo de animales susceptibles y posibilitan que los virus salten la barrera entre especies. Adicionalmente, entran en juego factores importantes como la hipermovilidad de los agentes comerciales, la rapidez de los sistemas de transporte, la masificación de las urbes y la enorme desigualdad social existente.

Si esto es así, y en la actual pandemia operan estas causas socioambientales, el manejo de la pandemia debe involucrar muchas más acciones que la aplicación de la vacuna. Por más importancia que tengan los procesos de vacunación, y es indudable que la tienen, estos resultan insuficientes para afectar las causas más estructurales de la pandemia. Y su acción también es limitada para afrontar las interacciones que se establecen entre epidemias presentes de manera simultánea, aspecto que ha sido resaltado bajo la noción de sindemia (13).

Así que un manejo integral de la pandemia debe pensar en la acción combinada de diversas actividades y dinámicas. De tal manera que los procesos de vacunación deben complementarse con el mantenimiento de otras medidas de bioseguridad, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica (y farmacovigilancia), la reorganización de los sistemas asistenciales, el fortalecimiento de las redes de solidaridad comunitaria, la garantía del soporte social necesario para mantener las medidas de bioseguridad, el compromiso para enfrentar los mecanismos que producen inequidad sanitaria y el cambio en los procesos agroalimentarios y en las formas como nos relacionamos con los animales en los diferentes ecosistemas. Todo un reto que apunta a superar la crisis civilizatoria que nos aqueja.

 

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-55027519;https://es.statista.com/estadisticas/1207705/covid-19-vacunas-en-uso-en-el-mundo-por-numero-de-paises/
2 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-56433141;https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2021/06/14/para-resolver-la-pandemia-hay-que-ir-mas-alla-que-la-eliminacion-de-las-patentes/
4 http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/inequidad-y-demora-grandes-motivos-de-preocupacion-en-la-vacunacion-contra-covid-19/;http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/la-permanente-preocupacion-frente-a-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
5 https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-57527964
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900978-8
7 https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/342049
8 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51843449;
9 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51962135
10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57277406;https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/
11 https://www.nytimes.com/es/2021/03/30/espanol/china-origen-coronavirus-OMS.html;https://www.bbc.com/mundo/noticias-56580748
12 https://www.laizquierdadiario.com/El-COVID-19-y-los-circuitos-del-capital#nh29
13 http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/una-sindemia-es-mejor-o-peor-que-una-pandemia/


* Profesor asociado. Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia|

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº283
Davide Costanzo, , https://www.flickr.com/photos/badswan/50653753261/

La vivencia de la actual pandemia ha sido una experiencia excepcional. Y su enfrentamiento evidenció muchas dinámicas sociales que, por cotidianas, habían dejado de ser visibles o, por lo menos, quedaban ocultas bajo el manto de la aparente normalidad. Por ejemplo, la desgarradora desigualdad social existente en nuestras sociedades, los voraces intereses comerciales presentes en el ámbito de la salud, los estremecedores desequilibrios regionales en un planeta ambientalmente amenazado, las profundas tensiones geopolíticas en un contexto de cambio de la hegemonía mundial, la impactante diversidad de la acción comunitaria, la enorme capacidad de colaboración científica entre grupos de investigación, y el despliegue de complejas redes de solidaridad en los espacios locales, por sólo mencionar algunas.

Entre estas dinámicas, sobresalen aquellas asociadas al impresionante desarrollo científico-técnico que, por demás, nos ha permitido conocer, en muy poco tiempo, las intimidades de un inédito agente viral; describir el comportamiento clínico y epidemiológico de una nueva enfermedad y hacer uso de un recurso terapéutico eficaz, como las vacunas, ante la acción devastadora de la pandemia.

Por supuesto, aún es mucho lo que se desconoce, pero cabe recordar que hacia finales del año 2019, cuando aparecieron los primeros brotes de esa desconocida neumonía que afectó a la población china, en la ciudad de Wuhan, no se tenía la menor idea de lo que eso representaba ni de la envergadura que adquiriría. En pocas semanas se logró aislar el virus y secuenciar el código genético; en algunos meses se logró darle un nombre a la enfermedad y describir, con moderada precisión, su cuadro clínico y su comportamiento epidemiológico; y en un poco más de un año ya estaba en curso un proceso masivo de vacunación que, paulatinamente, adquirió el rango de campaña mundial, aunque la inequidad ha sido una de sus características.

Actualmente los procesos de vacunación son un hecho y si bien, como era esperable, han suscitado gran discusión y alguna que otra polémica, en general se considera que son un gran avance para afrontar la pandemia. Como ha sido ampliamente difundido por los medios de comunicación, y las redes sociales, son varias las vacunas desarrolladas y, hoy en día, al menos seis de ellas se están usando ampliamente en las campañas masivas.

Si bien el desarrollo de las vacunas se ha llevado a cabo a una velocidad sorprendente, simplificando o sobreponiendo fases en la investigación, los estudios emprendidos han contado con un muy importante acumulado de saber, y con potentes plataformas tecnológicas que, en la mayoría de los casos, ya habían sido usadas previamente. Pero, claro, también existen algunas vacunas cuya tecnología es nueva (1).


Por eso la inquietud frente a la seguridad y eficacia de las vacunas contra covid-19 ha estado muy presente y ha sido un asunto ampliamente debatido. En general, los estudios efectuados han mostrado unos porcentajes de eficacia altos y una muy buena seguridad, pero el asunto está bajo el escrutinio de la farmacovigilancia actual, dado que la aplicación de dosis de vacunas a millones de personas conlleva un terreno de observación diferente al que se pudo tener en los análisis previos.

Los datos frente a la aplicación de dosis de vacunas son impactantes, así como preocupantes son los datos comparativos entre regiones y países. Según los registros de Our World in Data, publicación en línea de la Universidad de Oxford, para finales de julio del presente año se habían aplicado 4.18 mil millones de dosis de vacunas lo cual ha permitido que el 28 por ciento de la población mundial haya recibido al menos una dosis, y el 14 por ciento haya recibido el esquema completo de vacunación (que, para la mayoría de las vacunas, incluye dos dosis) (2).

Sin embargo, la misma fuente permite observar que sólo el 1 por ciento de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis y que si bien en Canadá la proporción de personas completamente vacunadas es de 59 por ciento y en el Reino Unido es de 56, en otros países como Mozambique, Nigeria y Sudan este porcentaje no llega al 1 por ciento. En Colombia se estima que esta proporción está en el 23 por ciento.

Ante ello, los llamados para agilizar los procesos de vacunación y superar las barreras existentes han sido constantes. Y uno de los temas más candentes reposa en la propuesta para el retiro o postergación de los derechos de patente de las vacunas, aunque no ha sido posible doblegar los férreos intereses mercantiles de las empresas biotecnológicas (3). De ahí que la lentitud en el proceso de vacunación y su inequidad se hayan tornado preocupaciones permanentes (4).

Pero si bien existen estas inquietudes, y algunas otras referidas al tiempo de protección de las vacunas y la capacidad de enfrentar las rápidas mutaciones del virus, el acuerdo mayoritario entre expertos es que la vacunación es fundamental, debe ser continuada y acelerada. Y si bien se espera que ella minimice la propagación del contagio, lo cual ayudará a que se detenga la pandemia, por ahora puede afirmarse que la vacunación disminuye las consecuencias más graves de la enfermedad y, por tanto, disminuye la mortalidad debida a el covid-19. Así lo plantea la Organización Mundial de la Salud (OMS) (5).

Al mismo tiempo, las recomendaciones para prevenir la enfermedad insisten en que hay que mantener algunas otras medidas de bioseguridad como el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos y la ventilación de espacios cerrados, e intensificar los procesos de seguimiento de casos y aislamiento selectivo. Sobre todo de cara a la presencia de nuevas variantes del virus Sars-Cov-2, algunas de ellas más contagiosas que las versiones previas del virus (6). Por ello se empieza a comprender que la vacunación es esencial pero no es suficiente (sobre todo si no tiene un despliegue realmente universal) y se requiere cambiar la estrategia de mitigación que tienen muchos países, incluida Colombia, por otra estrategia más contundente (7).

Esto es muy importante y realza la importancia de no limitar la acción en salud pública a la aplicación masiva de las vacunas. Pero existe, adicionalmente, otro argumento potente que refuerza esta idea de la insuficiencia de la vacunación, y tiene que ver con el reconocimiento del entramado de causas que participan en la génesis de la pandemia.


La acción sobre las causas socioambientales de la pandemia


Si bien el Sars-Cov-2 actúa como agente causal de la enfermedad covid-19, en una mirada más amplia frente a la génesis de la pandemia este sólo es un aspecto que hace referencia a las causas próximas de la enfermedad. Existe otro conjunto de causas, de índole más remota, que actúan en el origen de la pandemia y configuran las llamadas «causas socioambientales» de la misma (8). Cabe recordar que la actual pandemia se da en un contexto caracterizado por la emergencia de epidemias previas, algunas de ellas también pandemias, que han inquietado a las autoridades sanitarias alrededor del mundo.

Desde los años 80 del siglo XX, la humanidad ha experimentado el temor producido por, al menos, otras dos pandemias y algunas epidemias más, algunas de ellas también debidas a la acción de coronavirus. Aquí cabe tener presente las pandemias de VIH-Sida e influenza A(H1N1), así como las epidemias de Ébola, influenza aviar A(H5N1), Sars y Mers. Estas dos últimas causadas por virus de la familia Coronaviridae y de la subfamilia Orthocoronavirinae (9).

El análisis agrupado de estas epidemias, a la que se suma el covid-19, muestra un panorama de agitación epidemiológica que lleva a pensar en que las condiciones de vida actuales favorecen el desarrollo de las epidemias y el incremento de la virulencia de los agentes patógenos. Y dado que las aquí mencionadas son enfermedades zoonóticas, esto es, enfermedades que se transmiten de animales a humanos, el panorama también hace pensar en que las condiciones en que los humanos nos relacionamos con los animales permiten explicar más ampliamente las causas de estas epidemias.

 

 

Y esto es aplicable, por lo pronto, al covid-19, aunque el asunto del origen de la propagación del virus Sars-Cov-2 sigue estando en debate. Si bien desde un comienzo se planteó que lo más probable era que el origen estuviera relacionado con la transmisión natural del virus desde animales (murciélagos, pangolines o alguna otra especie) a humanos, más recientemente se ha fortalecido la hipótesis del accidente de laboratorio (10). La discusión entre los defensores de las dos hipótesis está lejos de dirimirse aunque la opinión mayoritaria de los expertos, y de la propia OMS, es que es poco probable que haya ocurrido ese accidente (11).

Sea como sea, el vínculo estrecho entre animales y humanos y las formas en que nos relacionamos con ellos sigue siendo crucial para entender el comportamiento de las recientes epidemias, incluida la actual. Por ello, podemos afirmar que las epidemias no son un simple fenómeno natural que relaciona un agente patógeno (en este caso, un virus) con una especie biológica susceptible. Claro que dicha relación está presente, pero el asunto va más allá, toda vez que las epidemias mencionadas se vinculan, de manera íntima, con amplios procesos sociales.

Por eso se ha señalado con cierta insistencia, por parte de voces críticas (12), que las formas de producción actual aceleran la evolución de la virulencia de los patógenos y su posterior transmisión, dado que aglomeran en espacios reducidos varias especies biológicas, estimulan el uso de monocultivos genéticos, colocan en situación de gran estrés inmunológico a los animales, facilitan la infección recurrente, proporcionan un suministro continuo de animales susceptibles y posibilitan que los virus salten la barrera entre especies. Adicionalmente, entran en juego factores importantes como la hipermovilidad de los agentes comerciales, la rapidez de los sistemas de transporte, la masificación de las urbes y la enorme desigualdad social existente.

Si esto es así, y en la actual pandemia operan estas causas socioambientales, el manejo de la pandemia debe involucrar muchas más acciones que la aplicación de la vacuna. Por más importancia que tengan los procesos de vacunación, y es indudable que la tienen, estos resultan insuficientes para afectar las causas más estructurales de la pandemia. Y su acción también es limitada para afrontar las interacciones que se establecen entre epidemias presentes de manera simultánea, aspecto que ha sido resaltado bajo la noción de sindemia (13).

Así que un manejo integral de la pandemia debe pensar en la acción combinada de diversas actividades y dinámicas. De tal manera que los procesos de vacunación deben complementarse con el mantenimiento de otras medidas de bioseguridad, el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia epidemiológica (y farmacovigilancia), la reorganización de los sistemas asistenciales, el fortalecimiento de las redes de solidaridad comunitaria, la garantía del soporte social necesario para mantener las medidas de bioseguridad, el compromiso para enfrentar los mecanismos que producen inequidad sanitaria y el cambio en los procesos agroalimentarios y en las formas como nos relacionamos con los animales en los diferentes ecosistemas. Todo un reto que apunta a superar la crisis civilizatoria que nos aqueja.

 

1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-55027519;https://es.statista.com/estadisticas/1207705/covid-19-vacunas-en-uso-en-el-mundo-por-numero-de-paises/
2 https://ourworldindata.org/covid-vaccinations
3 https://www.bbc.com/mundo/noticias-56433141;https://blogs.publico.es/vicenc-navarro/2021/06/14/para-resolver-la-pandemia-hay-que-ir-mas-alla-que-la-eliminacion-de-las-patentes/
4 http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/inequidad-y-demora-grandes-motivos-de-preocupacion-en-la-vacunacion-contra-covid-19/;http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/la-permanente-preocupacion-frente-a-la-vacunacion-contra-el-covid-19/
5 https://www.who.int/es/news/item/11-06-2021-statement-for-healthcare-professionals-how-covid-19-vaccines-are-regulated-for-safety-and-effectiveness
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-57527964
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2900978-8
7 https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/342049
8 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51843449;
9 https://www.bbc.com/mundo/noticias-51962135
10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-57277406;https://thebulletin.org/2021/05/the-origin-of-covid-did-people-or-nature-open-pandoras-box-at-wuhan/
11 https://www.nytimes.com/es/2021/03/30/espanol/china-origen-coronavirus-OMS.html;https://www.bbc.com/mundo/noticias-56580748
12 https://www.laizquierdadiario.com/El-COVID-19-y-los-circuitos-del-capital#nh29
13 http://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/una-sindemia-es-mejor-o-peor-que-una-pandemia/


* Profesor asociado. Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina. Universidad Nacional de Colombia|

 

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enColombia
Martes, 26 Enero 2021 15:44

10 compromisos

10 compromisos

Existen en la actualidad tres grandes iniciativas ciudadanas para transformar nuestra sociedad. La primera, derivada del Acuerdo de La Habana entre la antigua guerrilla de las Farc y el Estado colombiano. La segunda, presentada por la Misión de Sabios en noviembre del 2019. La tercera iniciativa está contenida en el pliego reivindicatorio presentado por los organizadores del paro del 21 de noviembre de 2019. Esas iniciativas pueden diferenciarse en 10 compromisos, resumidos en este artículo.

 

I. Cuidar el agua
La misión de sabios en su informe detalla acciones e instituciones que deben asumir la responsabilidad de planear, hacerle seguimiento y evaluación a las acciones y operaciones que implican cuidar el agua. Es posible afirmar que se trata de una síntesis de iniciativas elaboradas por una conciencia ecológica en consolidación en los últimos cincuenta años.

 

II. Defender los bosques
Intimamente ligado con el primero, está sintetizado en la necesidad de una reforma rural integral y un nuevo ordenamiento territorial.

 

III. Preservar la biodiversidad
La misión de sabios presentó un conjunto de iniciativas para garantizar esa preservación. Es significativo para este compromiso que el Papa Francisco haya establecido en la encíclica Laudato Sí, un vínculo entre los valores religiosos y la preservación de la biodiversidad del planeta Tierra al que llamó nuestra casa común.

 

IV. La salud humana
La comunidad médica logró una Ley Estatutaria donde la salud queda establecida como un derecho que el Estado debe garantizar. Esto significa cambios radicales en las políticas públicas dominantes hasta hoy.

 

V. La educación.
El derecho a la educación está establecido en la Constitución y la comunidad magisterial organizada en Fecode y su movimiento pedagógico han precisado cuáles son las condiciones adecuadas para la formación de la niñez, la infancia y la primera juventud. Hoy es un consenso que la formación universitaria es una condición universal de la experiencia adulta. Ahora se trata de transformar en política pública ese consenso.

 

VI. La renta básica
La experiencia de la pandemia ha permitido avanzar en el reconocimiento de una renta básica a toda persona que trabaje. Los recursos digitales ahora a la mano han permitido su implementación hoy todavía parcial.

 

VII.La vivienda digna
La experiencia de los Planes de Ordenamiento Territorial en todos los municipios, ha permitido precisar el sinsentido de familias sin acceso a una vivienda digna, servicios de agua, alcantarillado e internet adecuados.

 

VIII. Defensa de la paz
Superar la violencia en la sociedad tanto en sus especificidades locales como en las globales es hoy una posibilidad para el conjunto de la humanidad. Las culturas religiosas que giran todas alrededor del mandato “no matarás a tu prójimo” crean las condiciones afectivas para la realización de este derecho humano fundamental. Esta actividad implica dos compromisos afectivos:

 

IX. El cultivo de la amistad
Es consecuencia del anterior compromiso y tiene en la Encíclica del papa Francisco “Todos Hermanos” su síntesis expositiva.

 

X. El cultivo de la fraternidad
Este último compromiso clausura este decálogo y es la consecuencia del reconocimiento de la historia común de la familia humana con todas sus viscisitudes.

 

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

 

 

Publicado enEdición Nº275
Germán Ardila, Los consejeros, 60 x 100 cm (Cortesía del autor)

El tiempo pasa y nos marca de diversas maneras con sus acontecimientos, unos más fuertes, otros no tanto. De unos y otros escritos en desdeabajo en su debido momento. Hoy, en época de balances, los retomamos y les invitamos a su relectura.


La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

Los indicadores económicos así lo confirman. En 2020 el PIB per cápita cae en picado 8,7 por ciento (Gráfico 1), el número de patrones o empleadores disminuyó un 32,4 por ciento (principalmente por la masiva quiebra de micro, pequeños y medianos empresarios), se destruyeron 5 millones de puestos de trabajo, el desempleo afecta al 34,2 por ciento de la fuerza laboral, hay incertidumbre por el futuro y el riesgo de seguir en la miseria o caer en la pobreza en 6 de cada 10 colombianos (Gráfico 2), solo 14,6 por ciento de las empresas han podido seguir funcionando normalmente, el resto, el 85,4 por ciento, se declararon en quiebra (10,8%), tuvieron que cerrar temporalmente (52%) u operan parcialmente con teletrabajo (22,6 %). Todo enmarcado en una mayor concentración y centralización del capital, un protagonismo desmesurado del Estado para satisfacer las demandas de las oligarquías local e internacional. Sobresale en esta situación el fin de la clase media más vulnerable debido a la quiebra de sus negocios, caída en el desempleo, las barreras para acceder a subsidios o la pérdida de poder adquisitivo, el cual difícilmente volverán a recuperar en el corto plazo.

 

 

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane**. En él y de acuerdo con el gráfico 3, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

Los sectores de producción agrupan las diferentes ramas de actividad económica. Los sectores establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades de competitividad, crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta. Los sectores productivos de la economía colombiana se caracterizan por un peso muy alto en la explotación de los recursos minero-energéticos y las actividades del sector terciario.

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3 (ver matriz de sectores).


Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento (Gráfico1).
La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Además, en cuanto a las horas trabajadas, en mayo, 46 por ciento de las personas ocupadas señaló que había trabajado menos horas.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento (Cuadro 1). A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.


Un nuevo enfoque del mercado laboral del Dane, que resulta relevante en medio de la coyuntura actual, es el de cómo se distribuye la población ocupada según tamaño de empresa y rama de actividad. Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores; en este sentido, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

La división de clases constituye el marco referencial de todo el escalonamiento de las estratificaciones sociales. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) que publica el Dane, en el total nacional, las nueve posiciones ocupacionales registran variaciones negativas entre los meses de mayo 2019 a mayo 2020. En particular, las más afectadas por la crisis son: la categoría “Patrón o empleador” cae un -32,4 por ciento, producto de la riada de quiebras; “Empleado doméstico” cae en 36,9 por ciento; “Obrero, empleado particular” se reduce en 21,7 por ciento; “Trabajador familiar sin remuneración” baja 21,6 por ciento; “Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares” cae 18,6 por ciento y “Trabajador por cuenta propia” descendió 14 por ciento. Las categorías ocupacionales que menos registran estragos en sus puestos de trabajo son: “Obrero, empleado del gobierno” que se reduce apenas en 1,1 por ciento y “Jornalero o Peón” en -0,7 por ciento. El aparato estatal no ha sufrido mayor afectación por causa de la crisis económica y de salubridad pública, menos aún por las políticas implementadas por el Gobierno; obvio es decirlo, al Estado lo componen los grupos políticos, tecnocráticos, militares y policiales al servicio de la reproducción del poder (Cuadro 2).

 

 

El Dane clasifica las actividades económicas en 14 ramas, de ellas, las que concentraron las caídas más catastróficas del número de ocupados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 son diez: “Explotación de minas y canteras” (-15,6%); “Industrias manufactureras” (-27,2%); “Construcción” (-27,1%); “Comercio y reparación de vehículos” (-17,4%); “Alojamiento y servicios de comida” (-18,2%); “Transporte y almacenamiento” (-11,3%); “Información y comunicaciones” (-21.2%); “Actividades inmobiliarias” (-32,4%); “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (-18,8%); y, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (-30,1%). Por su posición dominante en el mercado y poder de manipulación de las tarifas, la rama de actividad “Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos” es la única que registra un crecimiento en el número de empleados: 28,2 por ciento. Otras ramas menos afectada por la crisis son: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (-7,3%); “Actividades financieras y de seguros” (-10,3%) y “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (-9,3%) (Cuadro3).


Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.


Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

** Este es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de los sectores y las actividades económicas que los integran.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Impactos del desplome en la estructura y posición político-ideológica de las clases sociales

 

Germán Ardila, El serviente ariadno (Lluvia de oro me pone verde de envidia, 30 x 30 cm (Cortesía del autor)

 

Las clases sociales significan y reflejan, en un único y mismo movimiento, sus contradicciones y luchas. Su estructura y disputas constituyen uno de los principales puntos de referencia para el análisis económico de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo socio-político. La articulación entre clase y lucha de clases permite definir las clases sociales en términos de relaciones sociales dinámicas-conflictivas y procesos activos.


Las estadísticas oficiales sobre la distribución de los ingresos confunden o equivocan la estratificación socio-económica con las clases sociales. No obstante, la distinción real, en la magnitud de los ingresos, no es más que la consecuencia de las relaciones de producción. Además, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano y la teoría crítica marxista, el ser humano es primariamente lo que son sus relaciones sociales.

En América Latina las políticas públicas que pretenden reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen como fundamento ideológico constituirse en sociedades de clase media. Los distintos gobiernos de la región asumen como un axioma la ecuación: “ampliación de la clase media=desarrollo económico + democracia”. En particular, consideran que una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y sociedad cohesionada. Frente al antagonismo entre la burguesía y la clase obrera, la clase media se percibe como el pilar mediador y el factor fundamental del “equilibrio” de cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, lo que predomina en esta visión es una definición de clase media “mínima”, resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria definidos en cada país.

Clase “mínima” que, pese a superar el umbral de la pobreza monetaria, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación ante circunstancias tales como el desempleo o la precarización del empleo, bruscos aumentos de la inflación, incrementos de la carga tributaria, quiebras de sus negocios y desastres o eventos sociales, personales y familiares catastróficos. Así resalta no solo en Colombia sino en toda la región, y los indicadores de la recesión económica en curso dará cuenta de lo anotado. Es necesaria agregar que la discusión sobre la estratificación social y en particular sobre las clases sociales debería involucrar otras dimensiones (como ocupación, educación,subsidios e impuestos, ingresos y gastos, consumo material y simbólico, prácticas culturales, capital social, percepción sobre su entorno político y praxis ideológica, entre otras).

Los resultados del estudio realizado por la Cepal sobre las clases sociales, presentado en la edición del Panorama Social de América Latina 2019, indican que la participación de los estratos (rangos definidos por líneas de pobreza per cápita) de ingreso medio (suma de las categorías bajo, intermedio y alto) en el total de la población de Colombia pasó de 27,3 por ciento en 2002 a 46,2 en 2017. A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo de 70,1 por ciento a 49,5. También se aprecia durante los quince años analizados un incremento del estrato de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza): del 2,6 al 4,3 por ciento de la población colombiana (Cuadro 4).

 

 

Crisis económica y cambios en las relaciones económicas

La dimensión económica está determinada por el proceso de producción, y el lugar de los agentes, su distribución en clases sociales, esto es, por las relaciones de producción.

La complejidad de la crisis económica, el déficit en las finanzas del Estado, los efectos de las políticas arbitrarias y clasistas del Gobierno y la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha suscitado el debilitamiento del núcleo o principio organizativo de la sociedad, es decir, la erosión o destrucción de las relaciones sociales. En paralelo, esta situación resalta la correlación existente entre las relaciones de producción y las conductas sociales, culturales y políticas. En resumen, la crisis y la pandemia significan una enorme conmoción en la sociedad colombiana, y la conjunción de procesos adversos genera una alteración violenta y brusca en la cotidianidad de los colombianos y su sistema político-económico. Las fuerzas sociales tienden a fragmentar, atomizar y polarizar y, por tanto, privatizar las experiencias de las personas y a bloquear la dinámica plural de la lucha de clases y los movimientos sociales en medio de la pandemia, la crisis socioeconómica y la represión estatal.

Una situación compleja y de destino incierto lo personaliza el exterminio de la clase media vulnerable. Por estar la clase media precisamente polarizada, en la lucha de clases, es en relación con esta polarización como hay que comprender su fraccionamiento. Como lo advirtió el estudio realizado por el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) sobre las clases sociales en el capitalismo actual, la pequeña burguesía no tiene posición de clase autónoma a largo plazo ni puede en general, como lo ha demostrado la historia, contar con organizaciones políticas propias; partidos políticos que representan efectivamente, a largo plazo y de manera dominante, los intereses específicos de la clase media rara vez han existido. En cambio, lo que se suele encontrar más son partidos burgueses con clientela pequeño-burguesa (pero también obrera), a saber, partidos que representan, de manera predominante, intereses e ideologías burgueses, pero que saben procurarse el apoyo de las fracciones de la clase media y de los “agentes desclasados” (lumpenproletariado).

Demografía, sociedad y dinámica política

El capitalismo crea inevitablemente y mantiene un conjunto de trabajadores desempleados o parcialmente ocupados (el ejército industrial de reserva) que, junto con las limitaciones dadas por consideraciones sobre la rentabilidad, la competencia y la movilidad de los capitales, impide necesariamente a la clase trabajadora que aumente sus salarios reales más rápidamente que la productividad. El empobrecimiento relativo de los trabajadores es un rasgo inherente del sistema capitalista considerado en su conjunto.

Un grave problema de las sociedades modernas es la transformación de grupos cada vez mayores de trabajadores en lumpenproletariado, esto es, “el desecho de todas las clases” que sobrevive en medio de la delincuencia y el crimen, la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad y toda clase de actividades ilegales; masas crecientes de población que en condiciones extremas de crisis y desintegración social se separan de su clases y llegan a conformar grupos flotantes y desocupados, particularmente evidentes en las principales ciudades. Históricamente, las oligarquías y partidos de extrema derecha se apoyan en el lumpen en su lucha por mantener el poder; estos grupos desclasados o amenazados en sus tradicionales estatus sociales son la base de apoyo para el surgimiento del fascismo y el nazismo, en el caso colombiano para el mantenimiento y crecimiento del paramilitarismo-narcotraficantes-lumpen oligarquía y, de acuerdo al desplome económico que presenciamos, a una posible ampliación de la base social para un mayor giro a la derecha de nuestra sociedad.

Si bien el rasgo distintivo de la época burguesa es la división de toda la sociedad en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, un fenómeno general del desarrollo del capitalismo es el crecimiento de la clase media. Esta emergencia de una tercera fuerza política y social está integrada por la pequeña burguesía tradicional (pequeña producción y propiedad urbana y rural, trabajadores por cuenta propia) y la nueva pequeña burguesía que abarca a asalariados dependientes de la circulación comercial, de la realización bancaria, de los servicios o de los aparatos del Estado, esto es, la población ocupada en el sector terciario (trabajadores asalariados no productores directos de plusvalía). La evidente quiebra de pequeños y medianos negocios por todo el país deja en claro que precisamente recae sobre esta clase uno de los mayores efectos de la crisis.

El siglo XX es significativo por la consolidación de la clase media en Colombia: Durante el período 1905-2019, el número de personas aumentó de 4,4 millones a 50,4 millones; la participación relativa de la población urbana creció durante este período de 15,7 por ciento a 77; y, la Incidencia de la pobreza monetaria cayó de 92 por ciento a 27,4 (Gráfico 2). El índice de escolaridad de la fuerza de trabajo también registra un crecimiento acelerado y continuo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aun con altas fragmentaciones, exclusión y desigualdades en el nivel y acceso a la educación de calidad entre clases sociales en el año 2020 (Cuadro 5).


El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las políticas públicas antidemocráticas, clasistas y arbitrarias, ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas del desarrollo en Colombia, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de los connacionales*** y destrucción de fracciones de la clase media.
La conmoción que afecta actualmente a las clases obrera y media genera graves problemas sociales, políticos y económicos para el desarrollo sostenible del país, la cohesión social y la democracia. En particular, la clase media sostiene parte considerable del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, y desempeña un papel clave en el apoyo a los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales. La pequeña burguesía junto con la aristocracia obrera se constituye como elemento conservador en la sociedad; estos promueven el reformismo gradual y las alianzas con la clase dominante en el seno de los movimientos políticos.


Sin embargo, la clase media es bipolar. De una parte constituye un elemento conservador en la sociedad; de otra, también es conocido el fenómeno de su “radicalismo” (el artesanado fue cuna del sindicalismo revolucionario y el estudiantado universitario episódicamente ha sido promotor de cambios radicales). Debido a su fraccionamiento y polarización es difícil llegar a una clasificación satisfactoria y predicción de sus posiciones políticas, incluso cuando estos numerosos grupos sectoriales han sido diferenciados en baja, intermedia y alta clase media, lo cual explica las diferentes fidelidades políticas; las mismas que están, como es evidente, fuertemente influidas por factores culturales, herencias parentales, por condiciones y demandas políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales específicas y oportunistas.


La inseguridad es una característica que afecta a amplias facciones de las clases media y obrera en sus condiciones de existencia. La crisis por la que atraviesa el país, unido a los efectos del cambio tecnológico en marcha producto de la 4ª revolución industrial que acaba con puestos de trabajo y precariza los derechos laborales conducen a la proletarización de la clase media, el empobrecimiento de los trabajadores y a la pérdida de sus relaciones sociales tradicionales. Los traslados de fracciones de la clase media hacia la burguesía son más limitados que los que tienen como término los demás conjuntos pequeños burgueses con polarización objetiva proletaria. Los obreros que abandonan la producción van principalmente hacia el sector de rebuscadores “independientes” o “cuenta propia”.


La polarización hacia la clase trabajadora es un hecho debido a la heterogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo de los agentes pequeñoburgueses, a menudo por reivindicaciones específicas, por aspectos particulares y la defensa común de la dignidad humana y la democracia radical. La alianza en un frente popular, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerza entre la oligarquía colombiana y la clase trabajadora. En efecto, la relación de fuerza entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase populares y media, por lo tanto, a medida de la cimentación del “pueblo” contra la oligarquía y sus aliados protofascistas y lumpen.


El ejercicio democrático formal en Colombia tiene una historia no mayor a un siglo. Durante los procesos electorales la abstención registra un promedio del 52 por ciento y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió a 47 y el voto por la izquierda aumentó a 42 por ciento (Gráfico 4). Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida y democracia real, así como los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, como evidencia empírica, muestran un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de nuevas formas de existencia humana y de desarrollo sostenible. En esta dinámica, las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país.


No obstante, según la experiencia internacional –desde el mismo surgimiento del fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX, y con lo que está en curso en Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, podemos decir que la sociedad entra en un periodo de polarización hacia los extremos en el campo de la lucha política e ideológica de las clases sociales. También es muy posible un mayor giro a la derecha de las facciones que se ven amenazadas en sus ideologías y estatus sociales, propiedad y seguridad. La actual crisis económica-financiera, acelerada y profundizada por el covid-19 estimulará el fortalecimiento o resurgimiento de los grupos insurgentes, así como del paramilitarismo, organizaciones criminales y de la lumpen oligarquía, a la par de la delincuencia de todo tipo, lo que abre una ventana para una propuesta de mano dura que garantice tranquilidad –seguridad, a la par de recuperación económica y la fantasía de un retorno a la “normalidad” perdida. El uribismo, expresión de la extrema derecha fascista y lumpen, sabe moverse en esas aguas.

 

*** De acuerdo con los resultados de la encuesta ‘Coronavirus, perspectivas del consumidor de Colombia’, elaborada por McKinsey & Company, entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año.

 

Para suscripción:

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=180&search=suscrip

Publicado enColombia
Germán Ardila, Los consejeros, 60 x 100 cm (Cortesía del autor)

La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

Los indicadores económicos así lo confirman. En 2020 el PIB per cápita cae en picado 8,7 por ciento (Gráfico 1), el número de patrones o empleadores disminuyó un 32,4 por ciento (principalmente por la masiva quiebra de micro, pequeños y medianos empresarios), se destruyeron 5 millones de puestos de trabajo, el desempleo afecta al 34,2 por ciento de la fuerza laboral, hay incertidumbre por el futuro y el riesgo de seguir en la miseria o caer en la pobreza en 6 de cada 10 colombianos (Gráfico 2), solo 14,6 por ciento de las empresas han podido seguir funcionando normalmente, el resto, el 85,4 por ciento, se declararon en quiebra (10,8%), tuvieron que cerrar temporalmente (52%) u operan parcialmente con teletrabajo (22,6 %). Todo enmarcado en una mayor concentración y centralización del capital, un protagonismo desmesurado del Estado para satisfacer las demandas de las oligarquías local e internacional. Sobresale en esta situación el fin de la clase media más vulnerable debido a la quiebra de sus negocios, caída en el desempleo, las barreras para acceder a subsidios o la pérdida de poder adquisitivo, el cual difícilmente volverán a recuperar en el corto plazo.

 

 

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane**. En él y de acuerdo con el gráfico 3, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

Los sectores de producción agrupan las diferentes ramas de actividad económica. Los sectores establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades de competitividad, crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta. Los sectores productivos de la economía colombiana se caracterizan por un peso muy alto en la explotación de los recursos minero-energéticos y las actividades del sector terciario.

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3 (ver matriz de sectores).


Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento (Gráfico1).
La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Además, en cuanto a las horas trabajadas, en mayo, 46 por ciento de las personas ocupadas señaló que había trabajado menos horas.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento (Cuadro 1). A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.


Un nuevo enfoque del mercado laboral del Dane, que resulta relevante en medio de la coyuntura actual, es el de cómo se distribuye la población ocupada según tamaño de empresa y rama de actividad. Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores; en este sentido, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

La división de clases constituye el marco referencial de todo el escalonamiento de las estratificaciones sociales. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) que publica el Dane, en el total nacional, las nueve posiciones ocupacionales registran variaciones negativas entre los meses de mayo 2019 a mayo 2020. En particular, las más afectadas por la crisis son: la categoría “Patrón o empleador” cae un -32,4 por ciento, producto de la riada de quiebras; “Empleado doméstico” cae en 36,9 por ciento; “Obrero, empleado particular” se reduce en 21,7 por ciento; “Trabajador familiar sin remuneración” baja 21,6 por ciento; “Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares” cae 18,6 por ciento y “Trabajador por cuenta propia” descendió 14 por ciento. Las categorías ocupacionales que menos registran estragos en sus puestos de trabajo son: “Obrero, empleado del gobierno” que se reduce apenas en 1,1 por ciento y “Jornalero o Peón” en -0,7 por ciento. El aparato estatal no ha sufrido mayor afectación por causa de la crisis económica y de salubridad pública, menos aún por las políticas implementadas por el Gobierno; obvio es decirlo, al Estado lo componen los grupos políticos, tecnocráticos, militares y policiales al servicio de la reproducción del poder (Cuadro 2).

 

 

El Dane clasifica las actividades económicas en 14 ramas, de ellas, las que concentraron las caídas más catastróficas del número de ocupados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 son diez: “Explotación de minas y canteras” (-15,6%); “Industrias manufactureras” (-27,2%); “Construcción” (-27,1%); “Comercio y reparación de vehículos” (-17,4%); “Alojamiento y servicios de comida” (-18,2%); “Transporte y almacenamiento” (-11,3%); “Información y comunicaciones” (-21.2%); “Actividades inmobiliarias” (-32,4%); “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (-18,8%); y, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (-30,1%). Por su posición dominante en el mercado y poder de manipulación de las tarifas, la rama de actividad “Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos” es la única que registra un crecimiento en el número de empleados: 28,2 por ciento. Otras ramas menos afectada por la crisis son: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (-7,3%); “Actividades financieras y de seguros” (-10,3%) y “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (-9,3%) (Cuadro3).


Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.


Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

** Este es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de los sectores y las actividades económicas que los integran.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Impactos del desplome en la estructura y posición político-ideológica de las clases sociales

 

Germán Ardila, El serviente ariadno (Lluvia de oro me pone verde de envidia, 30 x 30 cm (Cortesía del autor)

 

Las clases sociales significan y reflejan, en un único y mismo movimiento, sus contradicciones y luchas. Su estructura y disputas constituyen uno de los principales puntos de referencia para el análisis económico de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo socio-político. La articulación entre clase y lucha de clases permite definir las clases sociales en términos de relaciones sociales dinámicas-conflictivas y procesos activos.


Las estadísticas oficiales sobre la distribución de los ingresos confunden o equivocan la estratificación socio-económica con las clases sociales. No obstante, la distinción real, en la magnitud de los ingresos, no es más que la consecuencia de las relaciones de producción. Además, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano y la teoría crítica marxista, el ser humano es primariamente lo que son sus relaciones sociales.

En América Latina las políticas públicas que pretenden reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen como fundamento ideológico constituirse en sociedades de clase media. Los distintos gobiernos de la región asumen como un axioma la ecuación: “ampliación de la clase media=desarrollo económico + democracia”. En particular, consideran que una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y sociedad cohesionada. Frente al antagonismo entre la burguesía y la clase obrera, la clase media se percibe como el pilar mediador y el factor fundamental del “equilibrio” de cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, lo que predomina en esta visión es una definición de clase media “mínima”, resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria definidos en cada país.

Clase “mínima” que, pese a superar el umbral de la pobreza monetaria, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación ante circunstancias tales como el desempleo o la precarización del empleo, bruscos aumentos de la inflación, incrementos de la carga tributaria, quiebras de sus negocios y desastres o eventos sociales, personales y familiares catastróficos. Así resalta no solo en Colombia sino en toda la región, y los indicadores de la recesión económica en curso dará cuenta de lo anotado. Es necesaria agregar que la discusión sobre la estratificación social y en particular sobre las clases sociales debería involucrar otras dimensiones (como ocupación, educación,subsidios e impuestos, ingresos y gastos, consumo material y simbólico, prácticas culturales, capital social, percepción sobre su entorno político y praxis ideológica, entre otras).

Los resultados del estudio realizado por la Cepal sobre las clases sociales, presentado en la edición del Panorama Social de América Latina 2019, indican que la participación de los estratos (rangos definidos por líneas de pobreza per cápita) de ingreso medio (suma de las categorías bajo, intermedio y alto) en el total de la población de Colombia pasó de 27,3 por ciento en 2002 a 46,2 en 2017. A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo de 70,1 por ciento a 49,5. También se aprecia durante los quince años analizados un incremento del estrato de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza): del 2,6 al 4,3 por ciento de la población colombiana (Cuadro 4).

 

 

Crisis económica y cambios en las relaciones económicas

La dimensión económica está determinada por el proceso de producción, y el lugar de los agentes, su distribución en clases sociales, esto es, por las relaciones de producción.

La complejidad de la crisis económica, el déficit en las finanzas del Estado, los efectos de las políticas arbitrarias y clasistas del Gobierno y la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha suscitado el debilitamiento del núcleo o principio organizativo de la sociedad, es decir, la erosión o destrucción de las relaciones sociales. En paralelo, esta situación resalta la correlación existente entre las relaciones de producción y las conductas sociales, culturales y políticas. En resumen, la crisis y la pandemia significan una enorme conmoción en la sociedad colombiana, y la conjunción de procesos adversos genera una alteración violenta y brusca en la cotidianidad de los colombianos y su sistema político-económico. Las fuerzas sociales tienden a fragmentar, atomizar y polarizar y, por tanto, privatizar las experiencias de las personas y a bloquear la dinámica plural de la lucha de clases y los movimientos sociales en medio de la pandemia, la crisis socioeconómica y la represión estatal.

Una situación compleja y de destino incierto lo personaliza el exterminio de la clase media vulnerable. Por estar la clase media precisamente polarizada, en la lucha de clases, es en relación con esta polarización como hay que comprender su fraccionamiento. Como lo advirtió el estudio realizado por el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) sobre las clases sociales en el capitalismo actual, la pequeña burguesía no tiene posición de clase autónoma a largo plazo ni puede en general, como lo ha demostrado la historia, contar con organizaciones políticas propias; partidos políticos que representan efectivamente, a largo plazo y de manera dominante, los intereses específicos de la clase media rara vez han existido. En cambio, lo que se suele encontrar más son partidos burgueses con clientela pequeño-burguesa (pero también obrera), a saber, partidos que representan, de manera predominante, intereses e ideologías burgueses, pero que saben procurarse el apoyo de las fracciones de la clase media y de los “agentes desclasados” (lumpenproletariado).

Demografía, sociedad y dinámica política

El capitalismo crea inevitablemente y mantiene un conjunto de trabajadores desempleados o parcialmente ocupados (el ejército industrial de reserva) que, junto con las limitaciones dadas por consideraciones sobre la rentabilidad, la competencia y la movilidad de los capitales, impide necesariamente a la clase trabajadora que aumente sus salarios reales más rápidamente que la productividad. El empobrecimiento relativo de los trabajadores es un rasgo inherente del sistema capitalista considerado en su conjunto.

Un grave problema de las sociedades modernas es la transformación de grupos cada vez mayores de trabajadores en lumpenproletariado, esto es, “el desecho de todas las clases” que sobrevive en medio de la delincuencia y el crimen, la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad y toda clase de actividades ilegales; masas crecientes de población que en condiciones extremas de crisis y desintegración social se separan de su clases y llegan a conformar grupos flotantes y desocupados, particularmente evidentes en las principales ciudades. Históricamente, las oligarquías y partidos de extrema derecha se apoyan en el lumpen en su lucha por mantener el poder; estos grupos desclasados o amenazados en sus tradicionales estatus sociales son la base de apoyo para el surgimiento del fascismo y el nazismo, en el caso colombiano para el mantenimiento y crecimiento del paramilitarismo-narcotraficantes-lumpen oligarquía y, de acuerdo al desplome económico que presenciamos, a una posible ampliación de la base social para un mayor giro a la derecha de nuestra sociedad.

Si bien el rasgo distintivo de la época burguesa es la división de toda la sociedad en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, un fenómeno general del desarrollo del capitalismo es el crecimiento de la clase media. Esta emergencia de una tercera fuerza política y social está integrada por la pequeña burguesía tradicional (pequeña producción y propiedad urbana y rural, trabajadores por cuenta propia) y la nueva pequeña burguesía que abarca a asalariados dependientes de la circulación comercial, de la realización bancaria, de los servicios o de los aparatos del Estado, esto es, la población ocupada en el sector terciario (trabajadores asalariados no productores directos de plusvalía). La evidente quiebra de pequeños y medianos negocios por todo el país deja en claro que precisamente recae sobre esta clase uno de los mayores efectos de la crisis.

El siglo XX es significativo por la consolidación de la clase media en Colombia: Durante el período 1905-2019, el número de personas aumentó de 4,4 millones a 50,4 millones; la participación relativa de la población urbana creció durante este período de 15,7 por ciento a 77; y, la Incidencia de la pobreza monetaria cayó de 92 por ciento a 27,4 (Gráfico 2). El índice de escolaridad de la fuerza de trabajo también registra un crecimiento acelerado y continuo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aun con altas fragmentaciones, exclusión y desigualdades en el nivel y acceso a la educación de calidad entre clases sociales en el año 2020 (Cuadro 5).


El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las políticas públicas antidemocráticas, clasistas y arbitrarias, ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas del desarrollo en Colombia, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de los connacionales*** y destrucción de fracciones de la clase media.
La conmoción que afecta actualmente a las clases obrera y media genera graves problemas sociales, políticos y económicos para el desarrollo sostenible del país, la cohesión social y la democracia. En particular, la clase media sostiene parte considerable del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, y desempeña un papel clave en el apoyo a los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales. La pequeña burguesía junto con la aristocracia obrera se constituye como elemento conservador en la sociedad; estos promueven el reformismo gradual y las alianzas con la clase dominante en el seno de los movimientos políticos.


Sin embargo, la clase media es bipolar. De una parte constituye un elemento conservador en la sociedad; de otra, también es conocido el fenómeno de su “radicalismo” (el artesanado fue cuna del sindicalismo revolucionario y el estudiantado universitario episódicamente ha sido promotor de cambios radicales). Debido a su fraccionamiento y polarización es difícil llegar a una clasificación satisfactoria y predicción de sus posiciones políticas, incluso cuando estos numerosos grupos sectoriales han sido diferenciados en baja, intermedia y alta clase media, lo cual explica las diferentes fidelidades políticas; las mismas que están, como es evidente, fuertemente influidas por factores culturales, herencias parentales, por condiciones y demandas políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales específicas y oportunistas.


La inseguridad es una característica que afecta a amplias facciones de las clases media y obrera en sus condiciones de existencia. La crisis por la que atraviesa el país, unido a los efectos del cambio tecnológico en marcha producto de la 4ª revolución industrial que acaba con puestos de trabajo y precariza los derechos laborales conducen a la proletarización de la clase media, el empobrecimiento de los trabajadores y a la pérdida de sus relaciones sociales tradicionales. Los traslados de fracciones de la clase media hacia la burguesía son más limitados que los que tienen como término los demás conjuntos pequeños burgueses con polarización objetiva proletaria. Los obreros que abandonan la producción van principalmente hacia el sector de rebuscadores “independientes” o “cuenta propia”.


La polarización hacia la clase trabajadora es un hecho debido a la heterogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo de los agentes pequeñoburgueses, a menudo por reivindicaciones específicas, por aspectos particulares y la defensa común de la dignidad humana y la democracia radical. La alianza en un frente popular, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerza entre la oligarquía colombiana y la clase trabajadora. En efecto, la relación de fuerza entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase populares y media, por lo tanto, a medida de la cimentación del “pueblo” contra la oligarquía y sus aliados protofascistas y lumpen.


El ejercicio democrático formal en Colombia tiene una historia no mayor a un siglo. Durante los procesos electorales la abstención registra un promedio del 52 por ciento y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió a 47 y el voto por la izquierda aumentó a 42 por ciento (Gráfico 4). Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida y democracia real, así como los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, como evidencia empírica, muestran un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de nuevas formas de existencia humana y de desarrollo sostenible. En esta dinámica, las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país.


No obstante, según la experiencia internacional –desde el mismo surgimiento del fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX, y con lo que está en curso en Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, podemos decir que la sociedad entra en un periodo de polarización hacia los extremos en el campo de la lucha política e ideológica de las clases sociales. También es muy posible un mayor giro a la derecha de las facciones que se ven amenazadas en sus ideologías y estatus sociales, propiedad y seguridad. La actual crisis económica-financiera, acelerada y profundizada por el covid-19 estimulará el fortalecimiento o resurgimiento de los grupos insurgentes, así como del paramilitarismo, organizaciones criminales y de la lumpen oligarquía, a la par de la delincuencia de todo tipo, lo que abre una ventana para una propuesta de mano dura que garantice tranquilidad –seguridad, a la par de recuperación económica y la fantasía de un retorno a la “normalidad” perdida. El uribismo, expresión de la extrema derecha fascista y lumpen, sabe moverse en esas aguas.

 

*** De acuerdo con los resultados de la encuesta ‘Coronavirus, perspectivas del consumidor de Colombia’, elaborada por McKinsey & Company, entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año.

Germán Ardila, Los consejeros, 60 x 100 cm (Cortesía del autor)

La crisis económica-financiera, acelerada por el covid-19, golpea más allá de lo proyectado por el establecimiento: a mayo de 2020 el número real de desempleados totaliza 7.512.518 (sumando desempleados que siguen buscando alguna oportunidad y los que perdieron las esperanzas, se sienten impotentes y se retiran del mercado laboral); en consecuencia, la tasa de desempleo real se eleva a 34,2 por ciento; el país pierde dos décadas de desarrollo. Además, el ingreso per cápita en 2020 será menor en 8,7 por ciento. La polarización social es cada vez más conflictiva. Solo una amplia alianza social y democrática creará esperanzas y bloqueará el giro de facciones de clase hacia la derecha.

La actual crisis social y económica será recordada como una de las más abrumadoras en la historia de Colombia. En este acontecimiento confluyen tres fenómenos adversos: una depresión económica-financiera que venía incubándose desde años atrás, la pandemia causada por coronavirus a partir de 2019 y las políticas arbitrarias favorables a los grupos de poder impuestas por el gobierno nacional y los mandatarios regionales y locales.

Los indicadores económicos así lo confirman. En 2020 el PIB per cápita cae en picado 8,7 por ciento (Gráfico 1), el número de patrones o empleadores disminuyó un 32,4 por ciento (principalmente por la masiva quiebra de micro, pequeños y medianos empresarios), se destruyeron 5 millones de puestos de trabajo, el desempleo afecta al 34,2 por ciento de la fuerza laboral, hay incertidumbre por el futuro y el riesgo de seguir en la miseria o caer en la pobreza en 6 de cada 10 colombianos (Gráfico 2), solo 14,6 por ciento de las empresas han podido seguir funcionando normalmente, el resto, el 85,4 por ciento, se declararon en quiebra (10,8%), tuvieron que cerrar temporalmente (52%) u operan parcialmente con teletrabajo (22,6 %). Todo enmarcado en una mayor concentración y centralización del capital, un protagonismo desmesurado del Estado para satisfacer las demandas de las oligarquías local e internacional. Sobresale en esta situación el fin de la clase media más vulnerable debido a la quiebra de sus negocios, caída en el desempleo, las barreras para acceder a subsidios o la pérdida de poder adquisitivo, el cual difícilmente volverán a recuperar en el corto plazo.

 

 

El desplome económico y social quedó plasmado en los resultados recientes del Indicador de seguimiento a la economía (ISE) publicado por el Dane**. En él y de acuerdo con el gráfico 3, para el mes de abril de 2020 el ISE en su serie original se ubicó en 82,62, lo que representó un decrecimiento de 20,1 por ciento respecto a su comportamiento un año antes (103,35).

Los sectores de producción agrupan las diferentes ramas de actividad económica. Los sectores establecen una clasificación de la economía en función del tipo de proceso productivo que lo caracteriza. Cada país apuesta más firmemente por uno u otro sector en función, entre otros factores clave, de los recursos propios con los que cuenta, de sus posibilidades de competitividad, crecimiento y expansión, y de sus preferencias a la hora de adoptar una estrategia de desarrollo concreta. Los sectores productivos de la economía colombiana se caracterizan por un peso muy alto en la explotación de los recursos minero-energéticos y las actividades del sector terciario.

De acuerdo con los resultados del ISE, en abril de 2020 el sector primario cayó en 13,7 por ciento; el sector secundario registró un desplome de -47,1; y, el sector terciario se derrumbó en 13,3 (ver matriz de sectores).


Para el año 2020, el Fondo Monetario Internacional (FMI) proyecta el hundimiento de la economía colombiana en -8 por ciento. La tasa de crecimiento de la población es del 1,1 por ciento; en consecuencia, el ingreso per cápita caerá en 8,7 por ciento (Gráfico1).
La pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 aceleró, profundizó y amplió los impactos de la crisis económica-financiera que se venía manifestando desde el año 2019. En relación con el mercado laboral, el número de personas ocupadas se redujo en -22,1 por ciento al comparar las cifras de mayo de 2020 respecto a mayo de 2019 (cerca de 5 millones de puestos de trabajo se destruyeron). En consecuencia, la tasa de desempleo se multiplico 2,1 durante el último año al aumentar de 10,5 a 21,4 por ciento.

Además, en cuanto a las horas trabajadas, en mayo, 46 por ciento de las personas ocupadas señaló que había trabajado menos horas.

Esta tasa de desempleo enmascara una situación más trágica aun: cerca de 3 millones de personas abandonaron el mercado de trabajo (salieron de la población económicamente activa ante la imposibilidad y desesperanza de encontrar algún trabajo); por consiguiente, al agregar el número de desempleados registrados en mayo de 2020 (4.693.929) con aquellos miembros de la fuerza de trabajo que cayeron en la trampa de la impotencia aprendida (2.818.589), el número real de desempleados suma 7.512.518 y la tasa de desempleo objetiva se eleva a 34,2 por ciento (Cuadro 1). A nivel nacional se reportaron 17,8 millones de personas inactivas, es decir que estando en edad de trabajar, no están trabajando ni buscando emplearse.


Un nuevo enfoque del mercado laboral del Dane, que resulta relevante en medio de la coyuntura actual, es el de cómo se distribuye la población ocupada según tamaño de empresa y rama de actividad. Las estadísticas del Dane muestran que de las 17.262.386 personas ocupadas que hubo en mayo de 2020, 11,3 millones hacen parte de pequeñas empresas, compañías con empleados de máximo 10 personas, y el resto, es decir, cerca de 6 millones de ocupados son de firmas con más de 10 trabajadores; en este sentido, en las pequeñas empresas hubo una reducción de 3,4 millones de ocupados, frente a mayo de 2019; así mismo, en las empresas de más de 10 empleados se redujo la población ocupada en 1,5 millones de personas. El 43,5 por ciento de la población desocupada perdió el empleo durante el tiempo que ha venido evolucionando la pandemia.

La división de clases constituye el marco referencial de todo el escalonamiento de las estratificaciones sociales. De acuerdo con los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (Geih) que publica el Dane, en el total nacional, las nueve posiciones ocupacionales registran variaciones negativas entre los meses de mayo 2019 a mayo 2020. En particular, las más afectadas por la crisis son: la categoría “Patrón o empleador” cae un -32,4 por ciento, producto de la riada de quiebras; “Empleado doméstico” cae en 36,9 por ciento; “Obrero, empleado particular” se reduce en 21,7 por ciento; “Trabajador familiar sin remuneración” baja 21,6 por ciento; “Trabajador sin remuneración en empresas de otros hogares” cae 18,6 por ciento y “Trabajador por cuenta propia” descendió 14 por ciento. Las categorías ocupacionales que menos registran estragos en sus puestos de trabajo son: “Obrero, empleado del gobierno” que se reduce apenas en 1,1 por ciento y “Jornalero o Peón” en -0,7 por ciento. El aparato estatal no ha sufrido mayor afectación por causa de la crisis económica y de salubridad pública, menos aún por las políticas implementadas por el Gobierno; obvio es decirlo, al Estado lo componen los grupos políticos, tecnocráticos, militares y policiales al servicio de la reproducción del poder (Cuadro 2).

 

 

El Dane clasifica las actividades económicas en 14 ramas, de ellas, las que concentraron las caídas más catastróficas del número de ocupados entre mayo de 2019 y mayo de 2020 son diez: “Explotación de minas y canteras” (-15,6%); “Industrias manufactureras” (-27,2%); “Construcción” (-27,1%); “Comercio y reparación de vehículos” (-17,4%); “Alojamiento y servicios de comida” (-18,2%); “Transporte y almacenamiento” (-11,3%); “Información y comunicaciones” (-21.2%); “Actividades inmobiliarias” (-32,4%); “Administración pública y defensa, educación y atención de la salud humana” (-18,8%); y, “Actividades artísticas, entretenimiento, recreación y otras actividades de servicios” (-30,1%). Por su posición dominante en el mercado y poder de manipulación de las tarifas, la rama de actividad “Suministro de electricidad gas, agua y gestión de desechos” es la única que registra un crecimiento en el número de empleados: 28,2 por ciento. Otras ramas menos afectada por la crisis son: “Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca” (-7,3%); “Actividades financieras y de seguros” (-10,3%) y “Actividades profesionales, científicas, técnicas y servicios administrativos” (-9,3%) (Cuadro3).


Es un desplome generalizado de la economía colombiana pese al ejercicio de gobierno despótico y arbitrario desplegado por la clase dominante a lo largo de los últimos tres meses, donde ha ostentado de su poder, dándole cuerpo a una dictadura civil con respaldo constitucional y, que bajo el pretexto de cuidar, vigilan, oprimen y controlan a la ciudadanía a la sombra de un asfixiante Estado policial. El ejercicio sin control del poder les ha permitido, de una parte, deshilachar la ya de por sí maltrecha democracia y, de otra, hipotecar el futuro de las próximas generaciones debido al escalamiento de la deuda pública y el déficit fiscal que alcanzan 66 y 10 por ciento del PIB, respectivamente. Las consecuencias de sus imposiciones las padecen hoy, y las sufrirán en extenso en los años que vienen, las clases populares trabajadoras y un amplio sector de la media.


Entretanto, el Gobierno ha concentrado su atención de manera especial en los temas de salubridad y social. Si bien ha ofrecido apoyos económicos al sector productivo y financiero, el Ministerio del Trabajo no ha asumido el papel que le corresponde en una situación de crisis laboral como la actual.

** Este es un índice sintético cuyo fin es proporcionar una medida de la evolución de la actividad real de la economía en el corto plazo, el cual se ajusta a la metodología utilizada en las cuentas nacionales trimestrales; compuesto por un conjunto heterogéneo de indicadores mensuales representativos de los sectores y las actividades económicas que los integran.

* Economista y filósofo. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Impactos del desplome en la estructura y posición político-ideológica de las clases sociales

 

Germán Ardila, El serviente ariadno (Lluvia de oro me pone verde de envidia, 30 x 30 cm (Cortesía del autor)

 

Las clases sociales significan y reflejan, en un único y mismo movimiento, sus contradicciones y luchas. Su estructura y disputas constituyen uno de los principales puntos de referencia para el análisis económico de las sociedades modernas y su proceso de desarrollo socio-político. La articulación entre clase y lucha de clases permite definir las clases sociales en términos de relaciones sociales dinámicas-conflictivas y procesos activos.


Las estadísticas oficiales sobre la distribución de los ingresos confunden o equivocan la estratificación socio-económica con las clases sociales. No obstante, la distinción real, en la magnitud de los ingresos, no es más que la consecuencia de las relaciones de producción. Además, de acuerdo con el psicoanálisis freudiano y la teoría crítica marxista, el ser humano es primariamente lo que son sus relaciones sociales.

En América Latina las políticas públicas que pretenden reducir la pobreza y la desigualdad de ingresos tienen como fundamento ideológico constituirse en sociedades de clase media. Los distintos gobiernos de la región asumen como un axioma la ecuación: “ampliación de la clase media=desarrollo económico + democracia”. En particular, consideran que una clase media fuerte y próspera es crucial para cualquier economía exitosa y sociedad cohesionada. Frente al antagonismo entre la burguesía y la clase obrera, la clase media se percibe como el pilar mediador y el factor fundamental del “equilibrio” de cualquier sociedad capitalista. Sin embargo, lo que predomina en esta visión es una definición de clase media “mínima”, resultado automático de la superación de los umbrales de pobreza monetaria definidos en cada país.

Clase “mínima” que, pese a superar el umbral de la pobreza monetaria, se encuentra en una situación de alta vulnerabilidad y riesgo de volver a esa situación ante circunstancias tales como el desempleo o la precarización del empleo, bruscos aumentos de la inflación, incrementos de la carga tributaria, quiebras de sus negocios y desastres o eventos sociales, personales y familiares catastróficos. Así resalta no solo en Colombia sino en toda la región, y los indicadores de la recesión económica en curso dará cuenta de lo anotado. Es necesaria agregar que la discusión sobre la estratificación social y en particular sobre las clases sociales debería involucrar otras dimensiones (como ocupación, educación,subsidios e impuestos, ingresos y gastos, consumo material y simbólico, prácticas culturales, capital social, percepción sobre su entorno político y praxis ideológica, entre otras).

Los resultados del estudio realizado por la Cepal sobre las clases sociales, presentado en la edición del Panorama Social de América Latina 2019, indican que la participación de los estratos (rangos definidos por líneas de pobreza per cápita) de ingreso medio (suma de las categorías bajo, intermedio y alto) en el total de la población de Colombia pasó de 27,3 por ciento en 2002 a 46,2 en 2017. A su vez, la población de estratos de ingreso bajo (que corresponden a la suma de la población en situación de pobreza extrema, pobreza no extrema y bajos no pobres) se redujo de 70,1 por ciento a 49,5. También se aprecia durante los quince años analizados un incremento del estrato de ingresos altos (personas cuyos ingresos per cápita superan las 10 líneas de pobreza): del 2,6 al 4,3 por ciento de la población colombiana (Cuadro 4).

 

 

Crisis económica y cambios en las relaciones económicas

La dimensión económica está determinada por el proceso de producción, y el lugar de los agentes, su distribución en clases sociales, esto es, por las relaciones de producción.

La complejidad de la crisis económica, el déficit en las finanzas del Estado, los efectos de las políticas arbitrarias y clasistas del Gobierno y la pandemia de enfermedad por coronavirus de 2019-2020 ha suscitado el debilitamiento del núcleo o principio organizativo de la sociedad, es decir, la erosión o destrucción de las relaciones sociales. En paralelo, esta situación resalta la correlación existente entre las relaciones de producción y las conductas sociales, culturales y políticas. En resumen, la crisis y la pandemia significan una enorme conmoción en la sociedad colombiana, y la conjunción de procesos adversos genera una alteración violenta y brusca en la cotidianidad de los colombianos y su sistema político-económico. Las fuerzas sociales tienden a fragmentar, atomizar y polarizar y, por tanto, privatizar las experiencias de las personas y a bloquear la dinámica plural de la lucha de clases y los movimientos sociales en medio de la pandemia, la crisis socioeconómica y la represión estatal.

Una situación compleja y de destino incierto lo personaliza el exterminio de la clase media vulnerable. Por estar la clase media precisamente polarizada, en la lucha de clases, es en relación con esta polarización como hay que comprender su fraccionamiento. Como lo advirtió el estudio realizado por el sociólogo político marxista greco-francés Nicos Poulantzas (1936-1979) sobre las clases sociales en el capitalismo actual, la pequeña burguesía no tiene posición de clase autónoma a largo plazo ni puede en general, como lo ha demostrado la historia, contar con organizaciones políticas propias; partidos políticos que representan efectivamente, a largo plazo y de manera dominante, los intereses específicos de la clase media rara vez han existido. En cambio, lo que se suele encontrar más son partidos burgueses con clientela pequeño-burguesa (pero también obrera), a saber, partidos que representan, de manera predominante, intereses e ideologías burgueses, pero que saben procurarse el apoyo de las fracciones de la clase media y de los “agentes desclasados” (lumpenproletariado).

Demografía, sociedad y dinámica política

El capitalismo crea inevitablemente y mantiene un conjunto de trabajadores desempleados o parcialmente ocupados (el ejército industrial de reserva) que, junto con las limitaciones dadas por consideraciones sobre la rentabilidad, la competencia y la movilidad de los capitales, impide necesariamente a la clase trabajadora que aumente sus salarios reales más rápidamente que la productividad. El empobrecimiento relativo de los trabajadores es un rasgo inherente del sistema capitalista considerado en su conjunto.

Un grave problema de las sociedades modernas es la transformación de grupos cada vez mayores de trabajadores en lumpenproletariado, esto es, “el desecho de todas las clases” que sobrevive en medio de la delincuencia y el crimen, la prostitución, el tráfico de drogas, la mendicidad y toda clase de actividades ilegales; masas crecientes de población que en condiciones extremas de crisis y desintegración social se separan de su clases y llegan a conformar grupos flotantes y desocupados, particularmente evidentes en las principales ciudades. Históricamente, las oligarquías y partidos de extrema derecha se apoyan en el lumpen en su lucha por mantener el poder; estos grupos desclasados o amenazados en sus tradicionales estatus sociales son la base de apoyo para el surgimiento del fascismo y el nazismo, en el caso colombiano para el mantenimiento y crecimiento del paramilitarismo-narcotraficantes-lumpen oligarquía y, de acuerdo al desplome económico que presenciamos, a una posible ampliación de la base social para un mayor giro a la derecha de nuestra sociedad.

Si bien el rasgo distintivo de la época burguesa es la división de toda la sociedad en dos grandes clases que se enfrentan directamente: la burguesía y el proletariado, un fenómeno general del desarrollo del capitalismo es el crecimiento de la clase media. Esta emergencia de una tercera fuerza política y social está integrada por la pequeña burguesía tradicional (pequeña producción y propiedad urbana y rural, trabajadores por cuenta propia) y la nueva pequeña burguesía que abarca a asalariados dependientes de la circulación comercial, de la realización bancaria, de los servicios o de los aparatos del Estado, esto es, la población ocupada en el sector terciario (trabajadores asalariados no productores directos de plusvalía). La evidente quiebra de pequeños y medianos negocios por todo el país deja en claro que precisamente recae sobre esta clase uno de los mayores efectos de la crisis.

El siglo XX es significativo por la consolidación de la clase media en Colombia: Durante el período 1905-2019, el número de personas aumentó de 4,4 millones a 50,4 millones; la participación relativa de la población urbana creció durante este período de 15,7 por ciento a 77; y, la Incidencia de la pobreza monetaria cayó de 92 por ciento a 27,4 (Gráfico 2). El índice de escolaridad de la fuerza de trabajo también registra un crecimiento acelerado y continuo a partir de la segunda mitad del siglo XX, pero aun con altas fragmentaciones, exclusión y desigualdades en el nivel y acceso a la educación de calidad entre clases sociales en el año 2020 (Cuadro 5).


El choque generado por la crisis económico-financiera, la pandemia y las políticas públicas antidemocráticas, clasistas y arbitrarias, ha generado un retroceso equivalente a la pérdida de las dos últimas décadas del desarrollo en Colombia, un salto hacia atrás en la pobreza del país, destrucción de puestos de trabajo, quiebras masivas de micro, pequeñas y medianas empresas, pobreza e incertidumbre por el futuro económico en 60 por ciento de los connacionales*** y destrucción de fracciones de la clase media.
La conmoción que afecta actualmente a las clases obrera y media genera graves problemas sociales, políticos y económicos para el desarrollo sostenible del país, la cohesión social y la democracia. En particular, la clase media sostiene parte considerable del consumo y de la inversión en educación, salud y vivienda, y desempeña un papel clave en el apoyo a los sistemas de protección social a través de sus contribuciones fiscales. La pequeña burguesía junto con la aristocracia obrera se constituye como elemento conservador en la sociedad; estos promueven el reformismo gradual y las alianzas con la clase dominante en el seno de los movimientos políticos.


Sin embargo, la clase media es bipolar. De una parte constituye un elemento conservador en la sociedad; de otra, también es conocido el fenómeno de su “radicalismo” (el artesanado fue cuna del sindicalismo revolucionario y el estudiantado universitario episódicamente ha sido promotor de cambios radicales). Debido a su fraccionamiento y polarización es difícil llegar a una clasificación satisfactoria y predicción de sus posiciones políticas, incluso cuando estos numerosos grupos sectoriales han sido diferenciados en baja, intermedia y alta clase media, lo cual explica las diferentes fidelidades políticas; las mismas que están, como es evidente, fuertemente influidas por factores culturales, herencias parentales, por condiciones y demandas políticas, económicas, culturales, ambientales y sociales específicas y oportunistas.


La inseguridad es una característica que afecta a amplias facciones de las clases media y obrera en sus condiciones de existencia. La crisis por la que atraviesa el país, unido a los efectos del cambio tecnológico en marcha producto de la 4ª revolución industrial que acaba con puestos de trabajo y precariza los derechos laborales conducen a la proletarización de la clase media, el empobrecimiento de los trabajadores y a la pérdida de sus relaciones sociales tradicionales. Los traslados de fracciones de la clase media hacia la burguesía son más limitados que los que tienen como término los demás conjuntos pequeños burgueses con polarización objetiva proletaria. Los obreros que abandonan la producción van principalmente hacia el sector de rebuscadores “independientes” o “cuenta propia”.


La polarización hacia la clase trabajadora es un hecho debido a la heterogeneidad de las condiciones de vida y de trabajo de los agentes pequeñoburgueses, a menudo por reivindicaciones específicas, por aspectos particulares y la defensa común de la dignidad humana y la democracia radical. La alianza en un frente popular, que articule a la clase obrera, los pueblos originarios, la pequeña burguesía tradicional (campesinos y pequeños empresarios) y la nueva clase media (trabajadores del sector terciario) cambia radicalmente la relación de fuerza entre la oligarquía colombiana y la clase trabajadora. En efecto, la relación de fuerza entre los partidos y movimientos de extrema derecha y la clase trabajadora no puede ser estructuralmente modificada sino a medida que se establezcan las alianzas de la clase obrera y campesina con las demás clases y fracciones de clase populares y media, por lo tanto, a medida de la cimentación del “pueblo” contra la oligarquía y sus aliados protofascistas y lumpen.


El ejercicio democrático formal en Colombia tiene una historia no mayor a un siglo. Durante los procesos electorales la abstención registra un promedio del 52 por ciento y el voto por los candidatos de izquierda promedia 13,2 por ciento. En las elecciones presidenciales de 2018 la abstención descendió a 47 y el voto por la izquierda aumentó a 42 por ciento (Gráfico 4). Los resultados de procesos sociales cada vez más activos y demandantes de mejores condiciones de vida y democracia real, así como los resultados electorales de los últimos comicios presidenciales, como evidencia empírica, muestran un mayor grado de conciencia política y de confluencia de los movimientos sociales inspirados en la creación de nuevas formas de existencia humana y de desarrollo sostenible. En esta dinámica, las elecciones presidenciales de 2022 se ubican en medio de una coordenada espacio-temporal favorable a los programas de la izquierda democrática, con opción de ser gobierno por primera vez desde que existe el sufragio universal en el país.


No obstante, según la experiencia internacional –desde el mismo surgimiento del fascismo en los años 20 y 30 del siglo XX, y con lo que está en curso en Estados Unidos, Brasil y varios países europeos, podemos decir que la sociedad entra en un periodo de polarización hacia los extremos en el campo de la lucha política e ideológica de las clases sociales. También es muy posible un mayor giro a la derecha de las facciones que se ven amenazadas en sus ideologías y estatus sociales, propiedad y seguridad. La actual crisis económica-financiera, acelerada y profundizada por el covid-19 estimulará el fortalecimiento o resurgimiento de los grupos insurgentes, así como del paramilitarismo, organizaciones criminales y de la lumpen oligarquía, a la par de la delincuencia de todo tipo, lo que abre una ventana para una propuesta de mano dura que garantice tranquilidad –seguridad, a la par de recuperación económica y la fantasía de un retorno a la “normalidad” perdida. El uribismo, expresión de la extrema derecha fascista y lumpen, sabe moverse en esas aguas.

 

*** De acuerdo con los resultados de la encuesta ‘Coronavirus, perspectivas del consumidor de Colombia’, elaborada por McKinsey & Company, entre el 29 de abril y el 4 de mayo del presente año.

Publicado enColombia
Martes, 30 Abril 2019 15:56

El camino de la movilización social

http://laguacharaca.net/politica/en-aumento-cifra-de-asesinato-a-lideres-sociales-en-colombia/

Más allá de lo deseado y soñado con los acuerdos de paz firmados entre Gobierno y Farc, Colombia no logra salir del ciclo de violación a los derechos humanos. Signada por la violencia, la muerte y la exclusión conservan sus dominios; la economía al servicio de los más ricos tampoco deja de ser. Motivos más que suficientes para que la escalada social en defensa de la vida gane nuevos picos en los años que se avecinan.

 

La respuesta del presidente Iván Duque para la Minga indígena realizada en el Cauca a lo largo de cuatro semanas, desnuda la tónica que tendrá el actual Gobierno, a lo largo de su periodo, para asumir las problemáticas sociales: por un lado la solución militarista, por el otro la estigmatización, criminalización, desprestigio y calumnias para quienes osen alzar su voz.

Esto ante lo social. Pero va más allá. Obstaculizar la Agenda acordada con las Farc, y boicotear diálogos posibles de paz, amparado en la “legalidad” –exigencia de sometimiento– es la otra cara de la misma moneda. Más guerra y polarización nacional están en la agenda, la cual ganará nuevos picos en la medida que el país ingrese en el periodo electoral territorial. Polarizar es parte de su estrategia para prolongar su dominio político, económico, militar y control social.

Movilización social, mecanismos para exigir garantías para la vida

La movilización social en Colombia ha sido un mecanismo permanente para la disputa de mejores cocdiciones de vida, así ha sido desde siempre y para todos los sectores sociales negados y/o excluidos. En la última etapa de la vida nacional este recurso también debe emplearse para exigir cumplimiento de lo firmado en protestas varias.

Ante estas constantes, y con la realidad que agobia a la sociedad en general, y a los movimientos sociales en particular, lo que veremos, por tanto, de acá hasta el 2022, será un sinnúmero de protestas sociales contra el gobierno de Iván Duque. Lograr su coordinación, bajo la sombra de una agenda común, sería el reto colecrivo para dejar atrás la dispersión, las agendas corporativas, y pasar a una ofensiva que arrincone al establecimiento.

Cómo no reclamar, cómo no movilizarse, cuando pareciera que son más importantes los problemas externos que los propios. La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha), en sus últimos tres informes referencia la situación de alta complejidad no atendida por la institucionalidad. Por ejemplo, el 28 de febrero en Tumaco (Nariño), se presentó el desplazamiento de por lo menos 190 personas como resultado de enfrentamientos entre grupos armados.

En el Carmen del Darién (Chocó) persiste una grave situación de confinamiento por combates entre la guerrilla del Eln y el Ejército, por lo cual alrededor de 356 indígenas se encuentran prácticamente confinados, con problemas de restricción para su movilidad. Aparte de ello, hay amenazas para quienes denuncian esta situación. Así mismo “[…] se destacan intimidaciones y amenazas por parte del Grupo Armado Organizados Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y del ELN contra líderes sociales que habitan estos territorios, causando temor en las comunidades […] La presencia de cultivos ilícitos y exposición directa a las hostilidades en la zona dado los intereses de los grupos armados, es un factor que agudiza la situación actual”1.

La situación de confinamiento, según medios de información nacionales, deja cuatro niños muertos. En San Calixto, Norte de Santander, se presenta la misma situación, 2.098 personas (600 familias) se encuentran confinadas, “[…] con restricciones a la movilidad, acceso a medios de vida, seguridad alimentaria, agua y cerca de 250 niños, niñas y adolescentes están afectados en su derecho a la educación […]”2. El día 8 de marzo, dos días antes de empezar la Minga por la vida, en Norte del Cauca fue asesinado el líder indígena Nasa Alexander Cunda en zona rural de Miranda. Entonces, frente a este panorama surgen preguntas como ¿Dónde está la institucionalidad? ¿Dónde está el gobierno? ¿Cuáles son las medidas preventivas más allá de la solución militarista? ¿Cuál es el plan para proteger a los líderes sociales? Si la Defensoría del Pueblo emite alertas tempranas para poder prevenir los asesinatos ¿por qué no las atiende el gobierno nacional?

Los ríos de sangre siguen creciendo en Colombia

En materia política, según el informe, ¿cuáles son las líneas comunes? Asesinatos de líderes sociales en el post Acuerdo (2018), es una de ellas. Desde la firma del Acuerdo de paz en 2016, hasta el 31 de julio de 2018, fueron asesinados 343 líderes y defensores de derechos humanos. Los picos más altos de asesinatos se presentaron en los periodos pre y post electorales, especialmente en el proceso del plebiscito por la paz en octubre del 2016, el inicio de la campaña electoral en 2017 y la primera y segunda vuelta presidencial –mayo y junio del 2018.

La violencia política en el post acuerdo se manifiesta en 27 de los 32 departamento del país. Como plantea la Defensoría del Pueblo (2019), los departamentos más críticos son: Cauca, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca, Caquetá, Putumayo, Meta, Nariño, Chocó, Arauca y Córdoba. Esta situación, de alta complejidad, pareciera no tener prioridad dentro de la agenda presidencial, legislativa y judicial del país. Lo más preocupante, como lo plantea el informe, tiene que ver con la impunidad que prevalece, la falta de medidas de protección y la omisión frente a los atentados contra el derecho a la vida de los líderes sociales. Los municipios con más ocurrencia de asesinatos contra líderes sociales y defensores de derechos humanos son Corinto y Caloto (norte del Cauca), Tumaco (Nariño) y Riosucio (Chocó)3.

El problema estructural del uso de la tierra

Otro factor que alienta las movilizaciones sociales tiene que ver con el programa nacional de sustitución de cultivos ilícitos. Los campesinos cultivadores de coca, agrupados en la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) anuncian protestas por el incumplimiento en este tema y por el planteamiento de retornar a las fumigaciones con glifosato4 como único mecanismo para combatir el narcotráfico.

El problema de la economía del narcotráfico y las rentas que esta produce tiene varias lecturas. Los cultivadores están en la base más primaria de la producción y son personas predominantemente campesinas, que acuden a esta economía por falta de garantías para desarrollar otro tipo de actividad agrícola. El aislamiento geográfico, la falta de infraestructura, el acceso restringido a mercados, la falta de asistencia técnica y la violencia en las áreas rurales, crean las condiciones para que se mantengan los cultivos de uso ilícito.

En el punto 4 de los Acuerdos de paz –referente a los cultivos de uso ilícito– está la solución básica a la problemática: la promoción de la sustitución voluntaria de los cultivos de uso ilícito, mediante la “transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas y la generación de condiciones de bienestar para las comunidades […]”5. Esto se lograría con acuerdos de sustitución y no resiembra, planes de asistencia inmediata (planes de seguridad alimentaria), con la reforma rural del campo colombiano, más presencia del Estado desde una visión social y no militarista, y con una planeación participativa.

Según el reporte del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), la siembra de cultivos tuvo un incremento del 17 por ciento para diciembre del 2017, alcanzando 171.000 hectáreas. Los departamentos más afectados son Nariño, Putumayo, Norte de Santander y Cauca; territorios donde también, por demás, se presentan los picos más altos de violencia política, confrontaciones entre grupos armados y disputas sociales.

Avanzar en la defensa de la vida

En Colombia no existe la posibilidad de la participación social desprevenida y el ejercicio de la protesta sin ser amenazado o asesinado, lo que desprende un reto por encarar por parte de los movimientos sociales: la defensa de la vida y demas derechos humanos. Aunque vivimos en pleno siglo XXI, esta agenda nos regresa a realidades de los siglos XIX y XX, de tal tamaño es nuestra problemática. Precariedad social y política agudizada por gobiernos autoritarios, como el actual, convencidos que “la letra con sangre entra”. Todo un exabrupto que legitima la protesta social, cada día más necesaria para que la violencia no avance y para que la democracia tome realmente forma entre nosotros.

 

1 Ocha. (2019). Desplazamiento masivo en Tumaco (Nariño)-Transfronterizo. Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/flash-update-no-1-%E2%80%93-colombia-desplazamiento-masivo-en-tumaco-nari%C3%B1o-0
2 Ocha. (2019). Confinamiento en Jiguamiandó- Carmen del Darién (Chocó). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/confinamiento-en-jiguamiand%C3%B3-carmen-del-dari%C3%A9n-choc%C3%B3
3 Defensoría del Pueblo. (10 de enero de 2019). “El riesgo de los defensores de derechos humanos merece mayor atención del Estado” Defensor. Recuperado de http://www.defensoria.gov.co/es/nube/noticias/7716/%E2%80%9CEl-riesgo-de-los-defensores-de-derechos-humanos-merece-mayor-atenci%C3%B3n-del-Estado%E2%80%9D-Defensor-Defensor-del-Pueblo-Carlos-Negret-Defensor%C3%ADa-derechos-humanos.htm
4 Prohibido a nivel mundial por sus afectaciones a la salud y el medio ambiente.
5 Oficina del Alto Comisionado para la Paz. (2016). El Acuerdo Final de Paz. La oportunidad para construir paz. Recuperado de http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/herramientas/Documents/Nuevo_enterese_version_6_Sep_final_web.pdf
* Sociólogo e Investigador Social de la Violencia Política y el Conflicto Armado Colombiano. Estudiante de Maestría en Sociología Universidad Nacional de Colombia. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Referencias

Cinep, CCJ, IEPRI y otros. (2018) Informe ¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de Líderes Sociales en el Post Acuerdo. Recuperado de https://www.cinep.org.co/Home2/component/k2/655-informe-cuales-son-los-patrones-asesinato-de-lideres-sociales-en-el-post-acuerdo.html
OCHA. (2019). Restricciones al acceso en San Calixto-Catatumbo (Norte de Santander). Recuperado de https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/colombia-flash-update-n%C2%B0-1-restricciones-al-acceso-en-san-calixto
UNODC. (2018). Colombia. Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2017 resumen ejecutivo. Recuperado de https://www.unodc.org/mwg-internal/de5fs23hu73ds/progress?id=yzhySxvtKYjUTFRsbyQkH0eDCzNasoTxV8ZTl_7ecP0,
El Espectador. (12 de marzo de 2019). Mueren cuatro niños en Chocó a cauca del confinamiento. Recuperado de https://www.elespectador.com/noticias/nacional/mueren-cuatro-ninos-en-choco-causa-del-confinamiento-video-844524

Publicado enEdición Nº256
Martes, 30 Abril 2019 10:41

Cúcuta: la frontera fracturada

Nolberto Roa Pulido, “Frontera cerrada”, https://www.flickr.com/photos/nolbertoroa/24719292456/

La crisis desatada en las relaciones colombo-venezolanas, más la crisis económica, social, política, militar, desatada en el país vecino, trae sus coletazos, quienes habitan Cúcuta los viven con toda crudeza.

 

Como no había sucedido en toda la historia de la relación limítrofe colombo-venezolana, la frontera entre los dos países está hoy fracturada, es pura dinamita que explota por momentos, pero que puede llegar a disolverse en un caos infinito o en una integración fructífera hacia el futuro.

Cúcuta la capital de Norte de Santander, ubicada sobre la Cordillera Oriental, es epicentro de un desastre económico-social y sicosocial. Esta frontera, con sus 2.219 kilometros, es la más prologanda entre paises surameericanos. Es un desastre de todo tipo, una verdadera fractura social, que tiene como punto de arranque el gobierno de Uribe y la prioridad que lo ideológico tomó sobre el mercado; el cierre de la frontera, luego de la evidente conspiración golpista propiciada desde Colombia, desnudó ante los ojos de todos la dependencia que tiene esta parte del país de sus vecinos.

 

El territorio

 

El área metropolitana de Cúcuta –que comprende Villa del Rosario, Los Patios, Zulia, San Cayetano y Puerto Santander– suma 1.200.000 habitantes, más San Antonio y Ureña, localidades venezolanas que hacen parte de este entramado. La capital del departamento propiamente dicha reúne 700.000 pobladores, registrando un crecimiento enorme en los últimos años, del cual se desprenden variedad de problemáticas, entre ellas económicas y sociales. Como toda ciudad fronteriza, su economía y vida cotidiana depende y/o se complementa del vecino.

Registra esta ciudad, por tanto, un crecimiento inmenso, más aun para lo limitado de su territorio –10 km2 de extensión de norte a sur y 11 km2 de oriente a occidente–, el cual está distribuido en 10 comunas, de las caules las conocidas como 1, 4, 5, 6 y 9 concentran la mayor conflictividad social. Destaca entre estas, a su vez, la comuna seis, la más pobre, descuidada y “caliente” de la ciudad, toda vez que es la que conecta con las trochas de paso de migrantes, donde operan las bandas criminales y hacen presencia grupos armados ilegales.


Dicen en Cúcuta que la realidad que hoy viven allí no siempre fue así, que todo se complicó a partir del cierre de la frontera ordenada en 2015 por el presidente Nicolás Maduro, generando el conflicto entre los dos países una grave crisis diplomática, económica y humanitaria, decretando estado de excepción en varios municipios del estado Tachira, y luego del estado Zulia.

Según la Asociación de Supermercados de Norte de Santander, en el último año, como reflejo de la crisis, 700 establecimientos están en crisis, de los cuales la mayoría estaban ubicados cerca a la frontera.

Crisis también reflejada en el negocio de cambio de divisas, el cual cayó en un 40 por ciento, y las remesas en un 90. Decaída que refleja muy bien el cambio sufrido con el cierre fronterizo, pues hasta antes de tal decisión ingresaban por día a la ciudad 40.000 venezolanos, lo que movía al mercado en todas sus variables. Ahora en la ciudad no quedan sino informales, lo que disparó en el 70 por ciento el rebusque callejero y el surgimiento de locales pequeños, los que no garantizan estabilidad económica alguna, según diagnóstico de la Federación de Comerciantes de N. de S.

La pobreza que traía desde siempre la ciudad ahora está multiplicada, también la desigualdad social y la inequidad, lo que ha propiciado el ahondamiento de la inseguridad, producto de la presencia de bandas criminales, grupos armados, policía corrupta, grupos que controlan la frontera y todo tipo de negocios ilegales. El Eln, el Epl, disidencias de las Farc y bandas criminales organizadas se disputan el territorio, los cultivos de coca, y el control de población en las comunas, entre ellos los miles de pobres de ambos países que luchan por la supervivencia y que fácilmente son cooptados por las mafias, como mulas para llevar droga a otras ciudades.

Población que habita la ciudad desde hace añós, pero también quienes quedaron atrapados después del último cierre de frontera, en total 17.000 venezolanos que no pueden regresar, entre estos 3.000 personas (entre civiles y personal de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que desertaron). Población que es una carga fiscal para la ciudad, la que según cálculos debe invertir 60.000 millones por año en mantener esa población.

 

Corredores y algo más

 

Nada puede ser peor que lo vivido hoy por miles en esta parte del país, padecimiento que, valga decirlo, se llegó al mismo por las políticas ideologizadas en relaciones internacionales impuestas por el doble gobierno de Uribe, las que llevaron a que el país perdiera un mercado de 7.000 millons de dólares, los mismos que hoy llevan al desvelo a la oligarquía que necesita recuperarlos, para lo cual conspira contra el gobierno del país vecino por y con todos los medios posibles.

Dicen, sin embargo, que “cada día trae su afán”, lo que está plenamente comprobado en los 144 kilómetros de frontera de Norte de Santander, en los cuales existen cuatro pasos formales y 39 trochas ilegales –otros dicen que hay más de cien–, las mismas que ahora el gobierno colombiano ha decidido considerar como lugares de paso legal. Son estas trochas los lugares por donde transita el contrabando de gasolina, alimentos, ganado, medicamentos, carros, personas con afán de residencia más allá de su territorio tradicional de vida, pero también de aquellas sometidas a la trata –esclavitud de diverso tipo–; así como el comercio ilegal de divisas, y el narcotráfico de un país al otro, todos los días y a toda hora. Eso sucede en Puerto Santander, la Ye de astilleros, San Faustino y la Parada. La policía fronteriza de los dos lados mira para otro lado y engorda los bolsillos.

El cruce puede ser legal, ilegal, formal e informal o también clandestino, y en él se encuentra de todo tipo de “profesiones”, unas manejadas por pequeños propietarios y otros por las bandas ubicadas a ambos lados de la frontera.

Algunas de esas bandas tienen estre sus prácticas cobrar peaje, aunque este también es un rebusque que ponen en práctica particulares en procura de unos pesos. Por ejemplo, para pasar hacia Cúcuta los migrantes deben cancelar 2.000 a ambos lados del rio, del lado venezolano a los Colectivos y del lado colombiano a grupos criminales o rebuscadores particulares, como ya fue anotado.

Este es un rebusque abierto a otras muchas “profesiones” puestas en práctica, por la aguda crisis en curso, por pobres de ambos lados de la frontera, que así buscan sus pesos diarios: lavado y secado de pies para la gente que pasa las trochas y no quiere ingresar a Cúcuta sucia, cuesta 500 pesos. Algunos prestan servicio de baño por 200 pesos y si es con ducha 1.000; el “lomotaxi” –jóvenes que cargan personas a la espalda para pasar el Táchira–: 2.000 pesos. También existe el “lomocarga”, que cobra según el peso –en algunos casos hasta $ 15.000 por ir de un punto a otro–, carga que también debe cancelar peaje: si son bultos de papa, plátano o frutas a 5.000 pesos, si son otros productos $ 3.000.

El rebusque es total. Usted puede pasar la trocha del rio por “puente de tablas” a 2.000 pesos, pero si es “puente de piedra” a 1.000. O la otra “profesión “los arrastradores” de mercancías y objetos que llevan los migrantes o quienes simplemente van de paso, cobran entre 1.000 a 2.000 pesos por servicio.

 

De todo como en bótica

 

Pero en las trochas y en las entradas a Cúcuta hay de todo: minutos a celular, cigarrillos sueltos, alquiler de botas pantaneras para el paso del río, venta de ungüentos para los callos, empanadas, desayunos, almuerzo, jugos, cambio de pañales, jeringas, cambio de moneda, y algo muy preciado por el que va a cruzar la frontera: los medicamentos, por los cuales primero se pregunta en los puestos ambulantes, por ejemplo por ibuprofeno, acetaminofén, amoxicilina, y si no los encuentran entonces ingresa a Cúcuta.

Una crisis que rompe la cohesión social y la credibildiad en el gobierno nacional, como en el local y departamental. Por ello, y con la pretensión de quebrar el 12,8 en desempleo que según el Dane registraba la ciudad en enero pasado, el gobierno colombiano plantea proyectos de emprendimiento para la clase media –que ve como su precaria estabilidad se hace añicos– lo cual queda en el vacío o las simples buenas intenciones. Entre proyectos y declaraciones de político hay que aclarar que en esta crisis las clases dominantes regionales también hacen parte del entramado de corrupción, otra forma de rebusque, una que brinda más dividendos.

Como si fuera poco, en este hervidero de pobreza, sobrevivientes de la exclusión social, transeúntes hacia el interior del país u otros destinos, rebuscadores, etcétera, Cúcuta es hoy el epicentro de trabajos de inteligencia por parte de los EEUU, Rusia, Venezuela, Cuba, Colombia; de “trabajo humanitario” destinado a poner fin al gobierno de Nicolás Maduro. Una crisis sin precedentes en la ciudad fronteriza, una crisis que por momentos se siente sin control alguno, y que puede llevar a un estallido social que la limpie de tanta miseria.

 

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enEdición Nº256
Política social, conflicto de clases y Plan Nacional de Desarrollo 2019-2022

Durante el taller Construyendo País, realizado el 6 de abril de 2019 en Aracataca-Magdalena, el presidente Iván Duque se refirió al acuerdo con las comunidades indígenas del Cauca, en minga desde el 12 de marzo. El mandatario afirmó: “Soy consciente de que en Colombia hay muchas deudas sociales por saldar, muchas brechas con los municipios más alejados y con las minorías étnicas de Colombia” […] pero “aquí se trabaja con el Plan de Desarrollo y no con más acuerdos impagables, no más acuerdos de ilusiones. Es en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) donde se deben materializar los diálogos”.

Palabras, que disfrazan intereses. Cuando se ingresa al campo de la política social y el plan de desarrollo, donde están en juego tantos intereses antagónicos y diversos, los problemas cambian de matiz, lo que nos recuerda que la historia es el resultado de la lucha de clases, un perpetuo tejer y destejer de equilibrios, alianzas y enfrentamientos colectivos. Además, como lo enseña la ciencia política que todo partido digno de tal nombre se propone tomar el poder para poner el Estado al servicio de la clase cuyos intereses expresa ese partido. No es la excepción el gobierno de Duque, oligárquico y en favor de las clases dominantes.

Al analizar atentamente el proceso presupuestal, la estructura, la fuente y asignación de recursos financieros en el PND fácilmente se deduce que se trata de una lucha de clases cuidadosamente perfilada y estratégicamente planeada para reproducir las estructuras de poder y consolidar la hegemonía y dominio de clase. Este artículo analiza el conflicto de clases y la política social en el PND 2019-2022.

 

Política social y PND 2019-2022

 

Las políticas sociales (ver recuadro) de Colombia son una mezcla confusa y compleja de enfoques, fundamentaciones, instituciones, burocracias, intereses e intencionalidades. Prima, en todo caso, la esencia asistencialista de la política pública y el interés de control social de los “beneficiarios” mediante el corporativismo y el clientelismo que siempre promueven las “Leyes de pobres”. Sin importar el texto constitucional, pródigo en derechos humanos universales, la lucha contra la pobreza y la focalización de grupos humanos específicos o “rotulados” en espacios delimitados y discriminados es el común denominador de los programas sociales. A los bienes y servicios públicos en Colombia los caracteriza la insuficiencia, la estratificación y la mala calidad.

Es una política social en ejercicio, además, en un ámbito social colonizado por el gran capital y la clase política corrupta que, mediante la concepción neoliberal, todo lo privatizó y lo convirtió en mercancía. Muchos de los programas sociales son diseñados e impuestos homogéneamente por el Banco Mundial en todos los países periféricos o tercemundistas, como por ejemplo “Familias en acción” que transfiere subsidios condicionados en efectivo a las madres por cada hijo menor de edad que hayan procreado; una manera de promover la alta natalidad en los hogares pobres, y de esta manera encadenarlos y someterlos de por vida a la explotación del capital y a los grandes intereses clientelistas, ideológicos, burocráticos y fiscales del Estado. Para nuestro caso, cerca de tres millones de hogares son beneficiarios del programa “Familias en Acción”. El diagrama 1 resume la complejidad de enfoques, programas e instituciones que dan materialidad a la política social en Colombia.

 

 

En Colombia, el gasto social como porcentaje del PIB es de 12,7 por ciento. La inversión real apenas sobrepasa el 10 por ciento; los 2,7 puntos porcentuales restantes se pierden en los oscuros meandros de la corrupción. De acuerdo con la estructura porcentual por funciones, la salud, la educación y la protección social concentran el 94,3 por ciento del gasto social (Gráfico 1).

 

 

Según el artículo 4º, el Plan Nacional de Inversiones Públicas 2019-2022 se estima en un valor de mil noventa y seis, coma uno billones ($1.096,1), a pesos constantes de 2018, el cual incluye el componente Plan Plurianual de Inversiones para la Paz de forma transversal y que se estima en un valor de treinta y siete coma uno ($37,1) billones, a pesos constantes de 2018.

En esta senda y según el artículo 1º, los objetivos del PND 2019-2022 “Pacto por Colombia, pacto por la equidad”, pretenden sentar las bases de legalidad, emprendimiento y equidad. Los objetivos se instrumentalizan mediante pactos en pos de lograr la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, en concordancia con un proyecto de largo plazo con el que Colombia alcance los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030.
Los pactos estructurales, según el artículo 3° del PND 2019-2022, son:

 

i) Legalidad. El Plan establece las bases para la protección de las libertades individuales y de los bienes públicos, para el imperio de la Ley y la garantía de los derechos humanos, para una lucha certera contra la corrupción y para el fortalecimiento de la Rama Judicial.
ii) Emprendimiento. Sobre el sustento de la legalidad, el Plan plantea expandir las oportunidades de los colombianos a través del estímulo al emprendimiento, la formalización del trabajo y las actividades económicas, y el fortalecimiento del tejido empresarial en las ciudades y en el campo.
iii) Equidad. Como resultado final, el Plan busca la igualdad de oportunidades para todos, por medio de una política social moderna orientada a lograr la inclusión social y productiva de los colombianos, y que se centra en las familias como los principales vehículos para la construcción de lazos de solidaridad y de tejido social.

 

El gráfico 2 y el cuadro 1 ilustran las fuentes que financian el PND 2019-2022 y la distribución de los recursos por pactos. La mitad del financiamiento del Plan tiene como fuentes el Presupuesto General de la Nación y los sistemas generales de participaciones y regalías. La tercera parte de los recursos del Plan depende del aporte incierto del sector privado.


El “Pacto por la equidad”, que se sustenta, según el PND 2019-2022, en una “política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados”, concentra el 46,5 por ciento del total de los recursos. Once líneas programáticas integran este “Pacto por la equidad”: i) Primero las niñas y los niños: desarrollo integral desde la primera infancia hasta la adolescencia; ii) Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos; iii) Educación de calidad para un futuro con oportunidades para todos; iv) Alianza por la seguridad alimentaria y la nutrición: ciudadanos con mentes y cuerpos sanos; v) Vivienda y entornos dignos e incluyentes; vi) Trabajo decente, acceso a mercados e ingresos dignos: acelerando la inclusión productiva; vii) Juventud naranja: todos los talentos cuentan para construir país; viii) Dignidad y felicidad para todos los adultos mayores; ix) Deporte y recreación para el desarrollo integral de los individuos, para la convivencia y cohesión social; x) Que nadie se quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza; xi) Herramientas para una política social moderna y conectada a mercados.

En una sociedad clasista todos los gobiernos se basan en la fuerza y el asistencialismo social. La política social lejos de ser incondicional es francamente calculadora; el análisis de costo/beneficio en términos políticos y económicos la condiciona. En todo caso, el PND en cuestión y estos pactos son en sí mismo una contradicción, pues no se proponen quebrar la triada que caracteriza el ser social excluyente dominante en la sociedad colombiana, a saber: clasista, explotador y autoritario, con los cuales se potencia formas de control como el corporativismo, a través del cual un grupo social extiende su tendencia histórica y hereditaria de estatus y privilegios. El abismo social entre la oligarquía y las clases trabajadoras, y los antagonismos a que da lugar, tiende a tramitarse mediante prácticas y negociaciones de intereses corporativistas, segmentados y particulares. En general, las clases medias y populares se sometieron a una relación de clientelismo con los partidos políticos del establecimiento y los gobiernos de turno y aceptaron las operaciones del depredador poder oligárquico.

El interés individual y el de grupos particulares domina el ambiente del Presupuesto General y del Plan Nacional de Desarrollo, ejerciendo enorme presión para tratar de apropiarse de los limitados recursos públicos que se manifiesta en una creciente demanda por servicios y subsidios del Estado y la absoluta falta de conciencia de la sociedad respecto de las prioridades y los limitados recursos disponibles para satisfacer las necesidades colectivas. Los gastos obligatorios o inflexibles concentran tres cuartas partes del presupuesto nacional; el único gasto verdaderamente discrecional es la inversión pública asociada con el PND; sobre ella recaen conflictivamente los intereses antagónicos, las mezquindades grupales y las luchas de clases.

Los pobres, los grupos de presión y los diversos poderes de facto han impuesto históricamente a las clases dominantes, a los ricos, ciertos deberes y funciones paternalistas y asistencialistas tanto como se les impone a ellos la deferencia, el sometimiento y la legitimación simbólica y electoral del régimen político. Ambas partes de la ecuación están restringidos a un mismo campo de fuerza. Esta hegemonía, corporativismo y conexión clientelar ofrece el armazón desnudo de una estructura de relaciones de dominio y subordinación. La relación recíproca entre oligarquía y plebe se reproduce desde los tiempos coloniales; por muy desigual que resulte esta relación, las clases dominantes necesitan a pesar de todo cierto tipo de apoyo de los pobres y de las clases trabajadoras, y éstos, a la vez, sienten que son necesitados para legitimar a la oligarquía*.

 

Colombia en la Ocde

 

Colombia es el pariente pobre en el club de países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (Ocde), organismo de cooperación internacional integrado por 36 estados, cuyo objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. La Ocde fue fundada en 1961 y Colombia ingresó al mismo en 2018.

De acuerdo con el último informe de esta Organización respecto al avance de América Latina en términos económicos y sociales, es posible evaluar y comparar el desempeño de Colombia en tres dimensiones: i) Ingresos y Productividad; ii) Vulnerabilidades sociales; iii) Percepción sobre las Instituciones y el Gobierno (Cuadro 2).

 

 

Si bien Colombia ha avanzado en diferentes indicadores económicos, registra graves y preocupantes vulnerabilidades sociales y políticas, entre ellas un índice alto de desconfianza en el gobierno nacional y las instituciones públicas. La corrupción y la precaria democracia vulneran los derechos humanos. La economía puede ir bien (dependiendo significativamente de las actividades extractivas: petróleo y minería), favoreciendo a unos pocos, pero la insatisfacción con la calidad de vida en el país afecta tanto a los ricos como a los pobres. El desempeño del país es mediocre respecto a la media latinoamericana y la distancia con la situación en estas tres dimensiones que registran los países desarrollados es inconmesurable. Pese a todo, la Ocde determinará junto con el Banco Mundial y el FMI las reformas que se avecinan en la institucionalidad social: pensiones, gasto público social, mercado laboral, subsidios, salud y educación.

El PND 2019-2022 pretende superar estos obstáculos estructurales, pero su concepción clasista y el anclaje de la política social en la premodernidad (“Ley de pobres”, clientelismo, asistencialismo y corporativismo), no permiten ser optimistas de alcanzar el grado de civilización deseado e idealizado en la situación actual que ostentan los países de la Ocde. La política social moderna debe fundamentarse en la Declaración Universal de Derechos Humanos; pero para que florezca la dignidad humana se requiere de una sociedad pletórica de paz, democracia plena, justicia, trabajo digno, autonomía, libertad y solidaridad. Todo depende, principalmente, de la madurez de las clases trabajadoras, es decir, el desarrollo de su instinto moral y el grado de conciencia política, que impulsan la unidad, la organización y la lucha por la dignidad humana.

* Sobre los estudios históricos de las relaciones dominio y subordinación, ver: Thompson, E. P., (1979), Tradición, revuelta y conciencia de clase. Editorial Crítica, Barcelona.
** Economista político y filósofo humanista. Escritor e investigador independiente. Integrante del comité editorial de los periódicos Le Monde diplomatique, edición Colombia, y desdeabajo.

 


 

Política social y lucha de clases

 

El concepto de política societal comprende la esfera de la política social (la organización institucional de los bienes y servicios sociales, la garantía de los derechos y la distribución del ingreso) e incluye también la intervención social sistemática en todos los puntos del ciclo de producción y reproducción de la vida, con el objetivo de mantener y reproducir las estructuras de poder o de cambiar el sistema societal.
Las políticas sociales son producto de la modernidad, es decir del capitalismo, con el cual tomaron cuerpo dos clases fundamentales de la sociedad capitalista, la burguesía y el proletariado, con intereses, necesidades y cosmovisiones antagónicas.


El proletariado luchó desde su origen por el reconocimiento de su dignidad humana, expresada en reivindicaciones por la reducción de la jornada de trabajo, el alza salarial, el derecho a la organización sindical y a participar en el ejercicio del poder político. Las organizaciones socialistas libertarias, en paralelo buscaron conquistar la democracia radical, la justicia y la igualdad, en un contexto societal de planificación y organización colectiva consciente y autogestionaria de la vida social y económica.


La respuesta a estas iniciativas y luchas por parte de los estados burgueses y el gran capital fue represiva, intolerante y de enfrentamiento. Siempre ha habido una relación de simbiosis entre el gran capital privado y el poder del Estado. Además, los gobiernos conservadores intentaron atraer y cooptar a los trabajadores mediante la implementación de políticas sociales y de seguridad social. El capitalismo demostró una alta capacidad de resistencia, adaptabilidad y el grado de lealtad que inspiraba en las clases trabajadoras.


El estadista y político alemán Otto von Bismarck, artífice de la unificación alemana, fue el primero en promover un Estado Social de Derecho. El canciller alemán centró sus esfuerzos en frenar el movimiento obrero, al que ilegalizó aprobando las Leyes Antisocialistas, al tiempo que intentaba atraerse a los trabajadores con la legislación social más avanzada del momento. Alemania se convirtió en el primer país en introducir la seguridad social. La promoción del bienestar de los trabajadores –a fin de que la economía alemana siguiera funcionando con la máxima eficiencia– y eludir la demanda de opciones socialistas más radicales, fue copiada e implementada en la mayoría de países europeos y en Estados Unidos a principios del siglo XX y unas décadas después en América del Sur. No obstante, la insurrección obrera logró triunfar en Rusia en el año 1917. El mundo quedó dividido en un campo de fuerza que enfrentaba al capitalismo y al socialismo.


En consecuencia, las políticas sociales quedaron en medio de una reñida e inflexible batalla ideológica y programática entre antagonismos irreconciliables, en un «campo de fuerza» societal. Para la burguesía, las políticas sociales (desde arriba) constituían “un acto de concesión”; para las clases trabajadoras (desde abajo) “un acto a lograr, una conquista”.


En todas las sociedades tradicionales, las “donaciones” han jugado una función central en el mantenimiento de la posición social. Prestigio, subordinación, obligación y control social entrañan una coincidencia entre las relaciones que supone el «acto de dar» y el contexto de las estructuras sociopolíticas concretas que mantienen todavía rasgos universales*. Pese a la confrontación dialéctica de las políticas sociales, éstas lograrían su síntesis en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien, esta declaración está inspirada en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, el texto de 1948 representa “un estándar común a ser alcanzado por todos los pueblos y naciones”. Los derechos humanos son “el reconocimiento de la dignidad inalienable de los seres humanos”. Libre de discriminación, desigualdad o distinciones de cualquier índole, la dignidad humana es universal, igual e inalienable. En resumen, las políticas sociales transitaron desde el asistencialismo y particularismo que caracteriza a las “Leyes de pobres”, pasando por los derechos ciudadanos en cada Estado-Nación, hasta alcanzar su universalidad (Diagrama 2).

 

 


Pese a este mandato, desigualdad, exclusión, violencia, pobreza, informalidad laboral, desempleo, fanatismos y corrupción son características históricas y estructurales de las sociedades latinoamericanas y caribeñas que se han mantenido y reproducido incluso en períodos de crecimiento y prosperidad económica.


Más allá de una pretendida política social, lo que debe sustentar un Estado y los gobiernos que pretendan justicia, igualdad, democracia plena y dignidad humana, es una política societal fundamentada en la universalidad de los derechos humanos. Estas características y constantes históricas de América Latina y el Caribe no logran romperse con el gasto social asistencial limitado a la lucha contra la pobreza, a pesar de registrar importantes avances. Pero la tendencia es irregular, dependiendo del lugar y momento del ciclo económico.


Con todo, persisten grandes desafíos de financiamiento de las políticas públicas y los niveles de gasto siguen siendo muy inferiores a los existentes en países desarrollados. La heterogeneidad entre los países es muy marcada: mientras que las erogaciones en políticas sociales de los países de mayor riqueza relativa alcanzan un promedio superior a 2.000 dólares de 2010 por persona al año, en los países que tienen niveles de pobreza más elevados y, por consiguiente, enfrentan mayores desafíos financieros para mejorar el bienestar social, dichas erogaciones son, en promedio, inferiores a 220 dólares por persona al año. Colombia ocupa un lugar intermedio en el concierto de países latinoamericanos y del Caribe, con un gasto social de 945 dólares de 2010 por persona y un equivalente al 12,7 por ciento del PIB (Cuadro 3).

 

 


Son realidades y contradicciones que trae toda sociedad dominada por la estructura y lógica capitalista. Por ello, mientras la política social no avance a ser societal y se fundamente en el proceso histórico y universal de conquistas y actualizaciones de los Derechos Humanos, la dinámica estructural de nuestro país –y en los otros que integran la región– continuará siendo la misma.

 

* Thompson, E.P., (2000), Agenda para una historia radical, Editorial Crítica, Barcelona, pp. 30-31.

Publicado enColombia
Página 1 de 9