El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas
Este lunes 25 de octubre, un juez condenó al coronel Nelson de Jesús Arévalo, excomandante de la Estación de Policía de Suba, a 22 años de prisión por su responsabilidad en la manipulación de la escena del crimen para desviar la investigación que se adelantaba por la muerte del joven Diego Felipe Becerra Lizarazo, el 19 de agosto de 2011.
El excomandante tendrá que responder por los delitos de favorecimiento en homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia de armas. De acuerdo con la investigación, Arévalo llegó al lugar de los hechos a la medianoche y habló durante varios minutos con los agentes de la Policía que estaban en el sector.
“Supo de la obtención del arma y la escenificación”, precisó la jueza, quien señaló además que en base a las declaraciones de varios testigos, desde el primer minuto, Arévalo sabía de la estrategia de los policías para inculpar a Becerra.
De igual forma, el teniente Rosember Madrid Orozco recibió una pena de 11 años de prisión, mientras que el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, quien ya había sido condenado a 37 años de prisión por el homicidio del joven, fue sentenciado a 22 años. El abogado Héctor Hernando Ruiz también recibió una pena de 20 años.
Dentro del proceso judicial quedaron absueltos de sus cargos los coroneles José Javier Vivas y John Harbey Peña. Esto porque, según la juez, la Fiscalía General de la Nación no encontró pruebas de que los uniformados tuvieran conocimiento sobre la intención de plantar un arma para alterar la escena del crimen.
La juez también absolvió del delito de favorecimiento de homicidio a los civiles Jorge Narváez, el conductor del bus que atestiguó que Becerra subió para atracarlo, algunos instantes antes del supuesto cruce de disparos con la Policía; y a Nubia Mahecha, la esposa del mencionado.
Cabe recordar que en 2017, el subintendente Nelson Giovanni Tovar fue condenado a ocho años de prisión, en un preacuerdo con la Fiscalía, por ser quien puso el arma de fuego junto al cuerpo sin vida de Diego Becerra, al norte de Bogotá. A este se le permitió cumplir su sentencia bajo casa por cárcel, tras haber colaborado con la justicia. Los delitos por los que responde son fraude procesal, falsedad ideológica en documento público, ocultamiento, alteración de material probatorio, favorecimiento, porte ilegal de armas de fuego y falsa denuncia.
A estos sucesos también se suma Wilmer Alarcón, quien le disparó al joven grafitero, y cuyo procedimiento de captura fue legalizado en Yopal, Casanare, a finales de agosto, por parte del Cuerpo Técnico de Investigaciones y el Gaula. Este fue trasladado en su momento a la cárcel La Picota, de Bogotá, donde cumplirá su condena pendiente a 37 años, 6 meses y 1 día. Cabe destacar que esta pena había sido impuesta en agosto de 2016, cinco años después del homicidio
Diego Felipe Becerra rechazó una salida a cine con sus papás para ir con sus amigos a pintar un grafiti. En esas estaba la noche del 19 de agosto de 2011, bajo el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, dejando grabada la imagen del Gato Félix, cuando fueron sorprendidos por policías.
Los jóvenes corrieron porque, como era común, los uniformados los golpeaban y les quitaban las pinturas. Pero el patrullero, entonces adscrito al CAI Andes, Wilmer Alarcón alcanzó a Diego Felipe y le disparó. El menor de entonces 16 años fue llevado a la Clínica Shaio con un disparo en el área lumbar de la espalda y un orificio en un hombro que le causaron la muerte, después de llegar al centro asistencial.
Su padre llegó a la clínica, conoció el fallecimiento, y un uniformado le dijo que había encontrado un arma. En la escena del crimen vio a los policías en una dudosa conversación y decidió alertar que había una alteración de los hechos, pues su hijo estaba pintando un grafiti, no era un criminal. A partir de ese momento, se empezó a ‘desenmascarar’ el entramado que buscaba inculpar al menor de edad.
25 de Octubre de 2021
Trabajando para desmitificar las palabras "expropiación" y "socialización", buscan garantizar la vivienda para casi medio millón de personas afectadas por los aumentos de alquiler y las maniobras con las que las grandes inmobiliarias golpean los bolsillos de los inquilinos.
Más de un millón de berlineses votó “sí” en el referéndum para expropiar 240 mil viviendas a las grandes inmobiliarias. Desde entonces Deutsche wohnen & co enteignen (Expropiar a Deutsche wohnen y compañía), la agrupación que impulsó el referéndum no vinculante, se mantiene en las calles con movilizaciones hacia las sedes de los partidos que integrarían la nueva coalición gobernante en Berlín: socialdemócratas (SPD) que obtuvieron el 21,4 por ciento de los votos, Los Verdes con 18,9 por ciento y Die Linke (izquierda) con 14 por ciento. “Nuestra tarea más importante consiste en que la próxima coalición que gobierne Berlín incluya la realización de las expropiaciones en su acuerdo de coalición”, afirma Camilo Almendrales, integrante de la agrupación de inquilinos.
Los tres partidos gobiernan Berlín desde 2016. Sin embargo, esta vez deberán acordar un compromiso para tratar el referéndum que obtuvo el respaldo del 57,6 por ciento de la población berlinesa. En los últimos días la llamada coalición rojo-verde-rojo presentó un “documento exploratorio” en el que afirma que el nuevo gobierno respetará el resultado del referéndum y nombrará una comisión de expertos para examinar las “posibilidades, vías y condiciones” de su aplicación. La comisión también estará integrada por la iniciativa Deutsche wohnen & co enteignen. Por su parte, Klaus Lederer, el principal candidato de Die Linke, aseguró que su partido es el único garante fiable de que se trabajará en la aplicación del referéndum, según consigna el diario Berliner Zeitung. “No se trata de si vamos a aplicar el referéndum, sino de cómo”, escribió Lederer en su cuenta de Twitter.
Los habitantes de Berlín, una ciudad donde el 85 por ciento de las personas son inquilinas, votaron masivamente a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias que tengan más de 3.000 departamentos (como Deutsche wohnen, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstaden, Pears Global, TAG Immobilien, Grand City Properties, ADO Properties). Camilo Almendrales, es colombiano y miembro de la agrupación Deutsche Wohnen und Co enteignen. “Estamos contentos del resultado en las pasadas elecciones, pero somos conscientes de que nos queda un mundo por delante para cantar victoria”, afirmó a Página/12. Respaldados por dos artículos de la Ley Fundamental (Constitución) alemana más de un millón de personas dijo sí a la expropiación y socialización de cientos de miles de viviendas. El artículo 14 establece que “la expropiación está permitida por razones de bien común sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización”. Mientras que el artículo 15 determina que “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva”.
En la última década la situación de vivienda para los arrendatarios en Berlín cambió drásticamente. “En los últimos 10 años el precio de los contratos nuevos se ha duplicado. Los salarios en Berlín no se han duplicado y es una situación muy difícil para la gente”, cuenta una inquilina de la Deutsche wohnen que pidió que se reservara su nombre. La inquilina empezó a militar en la agrupación Deutsche wohnen & co enteignen desde su inicio en 2018, aunque ya en 2017 formaba parte del movimiento de inquilinos. “Es un enorme movimiento de gente que está realmente desesperada, gente que vivía desde hace años en su departamento y de repente le aumentan el alquiler de una forma tal que ya no puede pagarlo”, contó en diálogo con Página/12. “El problema es que no vas a encontrar en este momento un departamento libre, son muy pocos los que están disponibles”, añadió.
En este sentido, Almendrales también se refirió a las dificultades de los grupos vulnerables al momento de alquilar una vivienda. “La escalada de precios de alquiler afecta en sobremedida a grupos poblacionales socialmente y económicamente marginados: trabajadorxs precarizadxs, mujeres, migrantes, refugiados, personas con discapacidad y a la población LGBTIQA+”, explica.
Además del aumento del alquiler para contratos nuevos las inmobiliarias se valen de otros mecanismos para aumentar su rédito. “No hacen diferencia entre los dos conceptos reparación/mantenimiento y modernización”, explica la inquilina. La ley indica que cuando se trata de una reparación o mantenimiento del edificio es el propietario quien debe pagar y cuando es una modernización la misma es a cargo del inquilino que lo verá reflejado en su alquiler. Una de las maniobras de la inmobiliaria más grande de la ciudad, Deutsche wohnen, propietarios de 115 mil viviendas, es comprar grandes bloques de edificios que requieren trabajos de adaptación a las nuevas condiciones que exige la legislación. “Ellos continúan dejando al abandono el edificio unos 10, 15 o 20 años más hasta que se encuentre en un estado deplorable y dicen bueno, ahora vamos a modernizar y tratan de meterle a los inquilinos los trabajos que en realidad serían de reparación”, dijo la inquilina.
Algunos inquilinos han llevado a juicio los reclamos para diferenciar mantenimiento de modernización. “Son pocas las personas que se sienten capaces de llevar esta lucha y además no sabes si vas a ganar y encima te caen los gastos del juicio. Todo esto ha contribuido a la enorme rabia de los inquilinos berlineses”, señaló la inquilina. Ante el desamparo los abogados de los inquilinos decidieron intentar aplicar dos artículos esenciales de la Ley Fundamental alemana. “El artículo 14 habla de expropiación, suena terrible, todo mundo dice ‘ah la vuelta al comunismo’, pero es algo que se hace a menudo cuando se construye una autopista o una carretera y la gente no quiere vender su parcela, se la expropia”, explica. Mientras que el artículo 15 sobre la socialización se aplicaría por primera vez en la historia de Alemania. “Jamás un tribunal alemán ha visto esa causa, es realmente terreno virgen en la jurisdicción, no podemos saber lo que va a decir nuestra Corte Constitucional Suprema hasta que no lo hayamos intentado”.
Por otra parte, la indemnización de las inmobiliarias será un tema central en la discusión por la expropiación de 240 mil viviendas. "Estos señores de las inmobiliarias afectadas sueñan con que se les indemnice incluso por las ganancias futuras que esperaban tener", explica la inquilina. "Han llegado a una suma de 36 mil millones de euros y Berlín está muy endeudada", añade. La estrepitosa suma busca desalentar a los berlineses. Los menos convencidos argumentan que una mejor solución sería tomar ese dinero y construir nuevos departamentos porque la expropiación no prevé la construcción de nuevos edificios. "Cuando me dicen esto yo digo, sí señor, tiene razón, la expropiación no crea ni un sólo departamento nuevo, como tampoco resuelve el conflicto en medio oriente porque no es su propósito. El propósito de la expropiación es mantener los alquileres que todavía son accesibles para que no sigan aumentando", dice.
La agrupación busca negociar una indemnización muy inferior a la planteada por las grandes inmobiliarias. "Entre 8 y 13 mil millones de euros y se pagará a 40 años", afirma la inquilina. Además tienen previsto la creación de una entidad de derecho público, una forma de organización de empresa sin fines de lucro. "Ya no se paga a los accionistas (de las grandes inmobiliarias) sino que ese dinero entra en el fondo de esta entidad de derecho público y se usa para ir pagando la deuda de la indemnización", afirma. La entidad que se creará también ofrecerá trabajo a los empleados de las inmobiliarias. "Vamos a ir pagando la indemnización a 40 años de plazo, dando trabajo a la gente que tiene que hacerse cargo de la gestión de estas viviendas y en la medida en que la carga del crédito va a ir bajando entonces esta entidad de derecho público va a disponer de más recursos para poder construir edificios nuevos". De esta forma el presupuesto de Berlín no cargará con el costo de la indemnización.
Este año, mientras avanzaba la campaña para llevar adelante el referéndum de resolución, la agrupación Deutsche Wohnen und co enteignen logró redactar un proyecto de ley que está publicado en su sitio web. “Vamos a hacer un referéndum de ley y si lo ganamos se acabó la cosa”, contó la inquilina. Aunque deberán esperar a que se conforme el nuevo gobierno. “Contamos con que la clase política no se atreva a ignorar el mandato democrático que le dio la población berlinesa al apoyar el referendo", afirmó la inquilina, que además subraya la importancia de poner fin a la especulación. "Si alguien tiene 10 edificios, 10 casas, bueno eso es el capitalismo y la propiedad privada y nosotros no tocamos eso. Sólo queremos poner fin a la especulación y eso se puede lograr si vamos por los más grandes que tienen un cuarto del total del departamentos existentes en Berlín".
23 de octubre de 2021
Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político.
Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de outsider que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de import/export se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable de las campañas del fmln, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el fmln como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los apparatchiks del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del fmln, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»1.
Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema».
Pero su verdadera imagen de outsider surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» –aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus followers–, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del fmln y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de millennials: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño.
No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del fmln, más aún entre los votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del fmln quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el fmln y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del fmln no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba). En fin, tanto el fmln como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el fmln.
Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.
Entre la dramaturgia y la inercia
La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña.
De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización, se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ong de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.
No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del fmln, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos2, ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 20213, además de que tuvo que inventar plazas de asesores ad honorem para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios.
De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase iii del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos4. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión5. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia6. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del fmln que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!».
La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional –después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo– llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente.
Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.
El covid-19: la oportunidad autoritaria
Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública7.
De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno.
También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.
Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 19818. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad9. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele10.
Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos11. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente –entre las más estrictas de la región– suscitó ciertas resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía testeos o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria12. Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias.
Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos13.
Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»14. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías… De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.
El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas15.
Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukelismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.
La institucionalización del bukelismo
El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84. Aun sin contar con sus aliados de gana, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país16. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992. El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía17. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición.
En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (oea) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la cicies, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno.
Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos18. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él19. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia20. De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib21. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público.
Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete ad hoc, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria22.
Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet23. Esta reforma, que se quiere el primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo24. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.
En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukelismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones25. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukelismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukelismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenza de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida.
Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del fmln por estas razones» en La Prensa Gráfica, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en Nómada, 25/2/2019.
Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en El Diario de Hoy, 20/6/2019.
Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019» en El Economista, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá $124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en Diario El Mundo, 13/10/2020.
Jimmy Alvarado: «El préstamo del bcie, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en El Faro, 8/3/2020.
Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: ¿Existen individuos en el sur?, LOM, Santiago de Chile, 2010.
FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en Análisis Económico No 53, 9/2020.
José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en Los Angeles Times en español, 9/11/2020.
Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en El Faro, 3/2/2020.
Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en El Faro, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en El Faro, 23/12/2020.
«Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.
Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en Elsalvador.com, 17/4/2020.
Daniel Miranda: «Nayib Bukele: ‘El Estado soy yo’. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en Envío No 468, 3/2021.
Ibíd.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares Nº 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en El Faro, 3/12/2020.
Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en El Faro, 1/3/2021.
Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en Revista Factum, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en Revista Factum, 30/6/2021.
Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en El Gato Encerrado, 13/7/2021.
Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en Diario El Mundo, 7/4/2021.
Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en El Faro, 7/6/2020.
Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en El Faro, 6/6/2021.
Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en El Faro, 16/6/2021.
La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil recomendó finalmente este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos "crímenes contra la humanidad", según el informe publicado horas antes de su lectura.
La CPI investigó durante seis meses las acciones del gobierno durante la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos en el país. El relator de esta comisión concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pidió la imputación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.
Sin embargo, la CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Por lo que el informe ahora deberá ser retomado por la Fiscalía General o alguna corte internacional.
Con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como "cobayos humanos" para probar medicamentos ineficaces contra el covid-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.
El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia, habladurías y prevaricación, pero que se retiraban los de "homicidio" y "genocidio de poblaciones indígenas" por desacuerdos en el seno de la comisión.
Además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al gobierno), la intención de inmunizar a la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimaron las medidas no farmacológicas", como el uso de mascarilla y el distanciamiento, fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.
Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará.
El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, se justificó al asegurar que se trata de un informe "político". "Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República", defendió poco antes de la reunión de la comisión.
El resumen del informe final fue leído este miércoles pero deberá ser votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.
Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será "simbólico", porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un 'impeachment' y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.
La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus. "Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas", dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.
En un principio, la comisión indagó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.
En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por "prevaricato" al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.
También fueron indagadas las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el "tratamiento precoz" del coronavirus.
Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que impactó en el país.
21 de octubre de 2021
![Fuentes: La marea climática [Foto: Eva Saldaña, directora de Greenpeace España. GREENPEACE]](/media/k2/items/cache/fb0bea59b8aac75d972fd20c40893cc1_Generic.jpg)
Hablamos con la directora de Greenpeace España sobre avances e inacción climática, la COP 26 y el papel de las asambleas ciudadanas.
Eva Saldaña (Madrid, 1977) es directora de Greenpeace España desde el pasado 18 de mayo, aunque llegó a la organización ecologista mucho antes. Lo hizo en 2004 como educadora ambiental y responsable de la red de voluntariado. En 2012 asumió la dirección de Movilización. Entonces, ni el ecologismo ni la crisis climática estaban en la agenda –mediática y política, sobre todo– como lo están hoy. Hace diez años, recuerda, “nos llamaban locas cuando hablábamos de la revolución de las renovables”. Pero ahora, insiste, el debate solo puede ser: renovables o renovables. “Lo que antes era radical –apunta– ahora es imparable”.
Activista de base y muy implicada en la realidad de lugares como la Amazonia peruana o la región del Mekong, en Asia, Saldaña llega a este puesto en un momento “crucial”. Así que, dice, “es un honor pero también un reto enorme poder empujar todo lo fuerte que se pueda desde aquí para liderar y diseñar el cambio, y para actuar, que es lo que está faltando”. En los aproximadamente cuatro meses que lleva en el cargo, ha visto cómo los temas en los que lleva trabajando tantos años llegan a las negociaciones y a los despachos del gobierno, pero sin la contundencia y la ambición que requieren.
Durante la entrevista, repite varias veces que estamos ante una emergencia: “Han mejorado muchas cosas pero falta ese sentimiento que yo comparo con que se te queme la casa; si eso pasa, yo no me quedo ahí sentada viendo qué decisión tomar. Lo que hago es que me levanto y me pongo a actuar: llamo a emergencias o aviso, me activo”. Eso es justo lo que considera que está faltando frente a la crisis climática.
En su diagnóstico, sostiene ese argumento con la esperanza y el optimismo que le dan algunos avances: “Se está entendiendo que la salud del planeta es nuestra salud pero nos falta una movilización global sin precedentes”, dice, y reconoce que le gustaría presenciar cómo el cambio climático lleva a la gente a las calles con la misma fuerza con la que lo ha hecho el feminismo o el “no a la guerra”.
¿Cuáles son esas señales de avance?
Por ejemplo, cuando la Agencia Internacional de la Energía dice, de repente, que no hace falta extraer más carbón, ni petróleo, ni gas natural, y plantea una hoja de ruta para la transición energética en la que las energías renovables son compatibles con el Acuerdo de París. Lo dice un organismo que hasta ahora apoyaba los combustibles fósiles. Esto fue muy importante.
Por otro lado, sentimos mucha alegría cuando el Tribunal de La Haya condenó a la petrolera Shell a reducir sus emisiones un 45%, responsabilizándoles de los derechos humanos presentes y futuros. Eso ha sentado un precedente que va a marcar un cambio.
Al mismo tiempo, vemos cómo la junta de accionistas de Exxon desafía a la dirección y consigue colar una candidatura climática en la junta directiva que apuesta por inversiones en renovables. Es otro gigante de los combustibles fósiles que de repente empieza a hacer un giro. Como Chevron: sus accionistas tumbaron un plan en favor de otro que apueste por las renovables.
Pueden parecer cosas curiosas, pero son importantes para el cambio que necesitamos. A la par, se está reactivando en las calles el movimiento de Fridays For Future que se había apagado por la pandemia.
Sin embargo, vamos muy lentos a la hora de ser contundentes con el abandono de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones de dióxido de carbono a pesar de que el IPCC, la ONU, nos está hablando de una alerta roja para la humanidad. Pero eso no abre los telediarios; está costando que se comunique el tema con la intensidad y la urgencia que requiere.
Ponía como ejemplo el litigio climático contra Shell en Países Bajos. ¿Cómo pueden este tipo de procesos, como el que está abierto en España contra el Gobierno, acelerar la acción?
Los litigios son una herramienta cada vez más presente. Más allá de la acción directa y la movilización ciudadana en la calle, creo que tenemos que utilizar otro tipo de mecanismos que nos amparan y que esperamos que realmente signifiquen justicia climática. Desde Greenpeace, junto a Ecologistas en Acción y Oxfam Intermón –después se unieron la Coordinadora de ONG y Fridays For Future–, llevamos a los tribunales que la falta de ambición de los objetivos de reducción de emisiones que ha aprobado el Gobierno no llega ni a la mitad, según lo firmado en el Acuerdo de París.
La Ley de Cambio Climático era necesaria pero llega descafeinada: plantea una reducción de las emisiones del 23% para 2030 respecto a los niveles preindustriales. Eso no tiene nada que ver con lo que nos está pidiendo la comunidad científica, que habla de una reducción del 55%.
Como nosotros, hay muchos países con casos similares abiertos. En Australia, por ejemplo, se sentenció a su ministra de Medio Ambiente como responsable de las decisiones que tome para las generaciones futuras. Es la opción que tenemos ahora para seguir insistiendo ya que por otras vías no lo estamos consiguiendo.
En los últimos días se ha anunciado un recorte en el presupuesto del Ministerio de Transición Ecológica dentro de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). ¿Qué dice esto de la acción climática del Gobierno?
Los PGE que acaban de presentarse muestran cómo sigue sin apostarse por una transformación del sistema y una recuperación verde y justa. Se trata de unos presupuestos con una inversión muy grande. Si les sumamos la inversión del plan España Puede, estamos hablando de muchos millones de euros. Desde Greenpeace lamentamos mucho que haya cosas que se quedan fuera, como la transformación de la agricultura, dejando que predomine un modelo agroindustrial devastador. No entendemos que se tengan millones de euros y una oportunidad delante y se siga apostando por modelos que ya se ha visto que no sirven y que además están traspasando no solo la destrucción del medio ambiente sino también la vulneración de derechos humanos. También vemos que se sigue sin avanzar en la fiscalidad verde y justa.
Es importante que los PGE estén enfocados sobre el despliegue de las renovables, una movilidad sostenible, una transición justa y una rehabilitación de viviendas con el foco puesto en las personas vulnerables, y no sobre falsas soluciones.
¿Qué expectativas tiene sobre la COP 26?
Para empezar, es muy importante que esté muy bien representado el Sur Global. Nos consta que está siendo complicado asistir a esta cumbre para organizaciones sociales pero también para representantes de algunos gobiernos.
Vemos que las empresas de combustibles fósiles siguen teniendo mucha presencia. Recientemente, hemos sacado una iniciativa ciudadana europea para llegar al millón de firmas y poder evitar que estas sigan utilizando los patrocinios; que sigan metiéndose en las mesas de negociación y que sigan haciendo greenwashing. Esperamos que estas empresas tengan menos espacio en las mesas de negociación.
Además, los gobiernos siguen apropiándose de las narrativas ecologistas, sobre todo en Europa, donde hay gobiernos verdes y gobiernos más progresistas, pero sigue sin pasar nada.
¿Y qué tiene que pasar en esta cumbre?
Lo primero: que haya acuerdos globales para revisar los compromisos de reducción de emisiones. Seguimos sin llegar a las cifras que necesitamos. Rusia, China o Estados Unidos ni siquiera han hecho sus deberes todavía para llegar a esta COP. Y hay países, como España, que llegan con porcentajes muy bajos. La Unión Europea llega con un 55%, pero pensamos que la UE o los países más desarrollados deberían impulsar un 65% y llegar a él en 2040. Tienen que dar señales rápidas, son los países que tienen más músculo para hacerlo.
Otra cosa que tiene que pasar es una apuesta importante por abandonar realmente los combustibles fósiles sin falsas soluciones. Y el desbloqueo de los 100.000 millones de dólares anuales para financiación climática destinados a aquellos países que no tienen esos recursos. Países como Estados Unidos y Canadá están bloqueando ese dinero, que se firmó en el Acuerdo de París. Sin dinero, muchos países no van a poder transformarse.
También tiene que haber una apuesta por la deforestación cero y la restauración de los ecosistemas, porque van a jugar un papel importante en toda esta transformación. Si no cuidamos la biodiversidad, tampoco vamos a conseguir esa reducción de emisiones. Otro tema importante: el cambio a una economía climática. Todos los flujos financieros tienen que ir en la dirección de cumplir el Acuerdo de París. El Banco Santander sigue invirtiendo en la destrucción de la Amazonia y el BBVA sigue apostando por el carbón en otros países de Europa. Eso tiene que cambiar, el viraje hacia una economía climática es fundamental.
Aunque es algo de lo que se hablará menos, también debe promoverse la sostenibilidad de la agricultura. Por último, hay dos artículos del Acuerdo de París, el 6 y el 17, que está muy abiertos. El 6 deja mucho espacio para las falsas soluciones, y hay que tener mucho cuidado con esto, con todo el mercado de la compensación de emisiones. Las compensaciones y la captura de carbono son trampas. Queremos reducciones reales, no que los países estén jugando con mercados de emisiones. El artículo 17 habla de los estándares y la transparencia: los reportes por país deberían ser iguales, con unos reportes comunes para que de alguna forma podamos ver que vamos juntos y que hay una gobernanza global en este sentido, apostando por salvarnos de esta emergencia climática.
¿Qué papel va a tener la sociedad civil?
Uno fundamental. No nos engañemos, una cosa es lo que nos gustaría ver en la COP y otra cosa en lo que ocurra allí. La COP no deja de ser una oportunidad enorme donde se juntan todos los gobiernos a negociar pero tenemos un papel muy importante de seguir impulsando un liderazgo centrado en la vida, amplificar mucho el concepto de activismo. Ahora mismo necesitamos que todas seamos activistas desde nuestro lugar y vamos a seguir observando a dónde van los flujos financieros.
Tenemos un papel muy importante de diálogo con el territorio, sobre todo ahora con la implantación de las renovables. Son los años más importantes de esta transición ecológica y los costes no pueden recaer de nuevo en las personas más vulnerables. Creo que la sociedad civil tiene que estar muy atenta a esto y denunciarlo. Y también creo que tenemos que mostrar la hoja de ruta, el camino. Las soluciones están ahí. Tenemos que insistir en que hay alternativas, que estamos a tiempo y que es importante implementarlas.
Antes de la COP de Glasgow hay varias manifestaciones, también está la Cumbre Alternativa de los Pueblos, que será online. Ya está planteado lo que se llama el Acuerdo social de Glasgow, que servirá para acelerar la acción necesaria después de la COP.
También se ha puesto en marcha una asamblea ciudadana. Este tipo de iniciativas comienzan a estar muy presentes. Usted forma parte del grupo de especialistas que dará apoyo a la Asamblea Ciudadana para el Clima de España que arrancará el 20 de noviembre. ¿Cómo se puede impulsar una acción climática real a través de este mecanismo?
Ya hay algunos análisis hechos sobre las asambleas de este tipo en otros países europeos y hay de todo. Así que hay que quedarse con aquellos modelos que han puesto realmente en valor el rol protagonista de la ciudadanía, que han traído mensajes potentes y que se ha dejado que estos fuesen vinculantes.
Desde Greenpeace hemos hecho alegaciones a la orden ministerial publicada por el Gobierno para la Asamblea Ciudadana para el Clima de España y, de momento, estamos a la expectativa. Necesitamos entender cómo va a funcionar, si vamos a poder trabajar en cosas concretas que sirvan para transformar, que es lo que realmente necesitamos. Ya no necesitamos seguir hablando y dialogando: hay que ir a cosas concretas, fechas y números concretos. Veremos si las preguntas que se lanzan a esa asamblea son suficientes; si la información que se comparte, el espacio y el tiempo también lo es. Se hablaba de cinco sesiones y en Greenpeace consideramos que quizás no es suficiente.
Tienen que existir estos espacios de participación y tienen que ser lo más vinculantes posibles con la acción gubernamental. La sociedad civil tiene que ser protagonista de este cambio.
Cada vez se habla menos de negacionismo y más de retardismo. ¿Qué peligros tiene esto último?
El peligro principal es que retrasa la acción. Todos estos “ismos” –negacionismo, depresismo, colapsismo…– al final se centran en lugares de inacción; unos en el futuro, otros en lo negativo, pero esto no nos sirve. Todo lo que no sea contribuir al cambio es perder el tiempo.
¿Quién retrasa la acción climática en España?
Un ejemplo concreto lo estamos viendo con la factura de la luz. Yo siempre pongo el foco en las empresas de combustibles fósiles, pero las eléctricas siguen jugando su juego, aunque el mercado ya les ha dicho que tienen pérdidas y que tienen que apostar por las renovables. Lo saben, pero quieren seguir en un modelo en el que pongan las reglas al juego. En ese juego, están Ibedrola, Endesa, Naturgy, la petrolera Repsol o Enagás. Todas ellas se agarran a un modelo obsoleto para ver cuánto tiempo pueden conseguir que ese modelo permanezca. Lo hacen para su propio beneficio y quienes estamos enfrente les decimos que no, que ahora de lo que se trata es del bien común.
Hay una lucha continúa entre el bien común –que pone la vida en el centro– y su propio beneficio –que se centra en el dinero–. Se están vulnerando derechos humanos y estamos jugando a ver la energía como un producto, o el agua, cuando deberían verse como derechos fundamentales. Las grandes empresas siguen ahí pero no les va a quedar otra que cambiar. Eso lo saben. Mientras tanto, nos complican que la transición se acelere y se acelere bien, que pueda recaer en otro tipo de empresas –pequeña y mediana empresa–, en el mercado social, en autónomos que quieran acceder al dinero europeo y formar parte de la transición ecológica.
Durante toda la entrevista ha hablado de falsas soluciones. ¿Cuáles son?
Quizás la más gorda o lo que ahora mismo está jugando un papel muy importante es el gas fósil [llamado comercialmente gas natural]. No deja de ser fósil y se está vendiendo de todos los colores. Creo que el lenguaje a veces dice mucho; es importante hablar de gas fósil y de gas renovable y dejarnos de listas de colores que impiden que la ciudadanía entienda de qué estamos hablando. Si me dices gas verde, azul, rosa y amarillo no llegamos a entender todos los matices.
En invierno, el gas va a tener un papel importante sobre la factura de la luz. Está marcando el precio porque contamina CO2 y hay que pagar por ello. Eso está bien, pero tenemos un mercado eléctrico que es mayorista y que se basa en que se paga lo que más coste tiene. Y esto no puede ser cuando tenemos las renovables ahí, que no tienen esos costes, o tenemos fuentes como la nuclear o la hidroeléctrica que ya están totalmente amortizadas porque fueron muy subvencionadas en su momento con el consecuente beneficio para las grandes, y que siguen ahí.
Luego, el hidrógeno va a jugar un papel durante un tiempo y siempre que esté producido con materia prima renovable y sea renovable va a jugar un papel importante, si se produce a través de la electrólisis del agua o la gasificación de biomasa o residuos. Hay que darle un uso acotado, al transporte de carreteras o vehículos pesados, por ejemplo, que es donde quizás no se puede llevar a cabo la electrificación. Si esto lo empezamos a teñir de falsas soluciones y de trampas, entonces el hidrógeno puede servir para perpetuar el gas fósil porque para producir el hidrógeno se necesita el ciclo combinado [coexistencia de dos ciclos termodinámicos en el mismo sistema, uno a través del vapor de agua y otro a través de la combustión].
En cambio, tenemos un montón de soluciones sobre la mesa: energía renovable integrada, aprovechamiento del almacenamiento disponible, electrificación, eficiencia, la reducción de consumo, la gestión de la demanda, la participación ciudadana con comunidades energéticas y autoconsumo… Tenemos pasos a dar y sin embargo hacemos una apuesta enorme de inversión en el hidrógeno y en el gas. Por eso hablamos de falsas soluciones: porque nos retrasan de dar otros pasos importantes.
Además, el 39% de la factura del gas que pagamos en España se va a la infraestructura gasista. Esto es un dato importante porque Enagás sigue intentando conseguir fondos europeos para proyectos que sigan sosteniendo esas infraestructuras de gas de las que ahora mismo estamos usando el 50%, la mitad. Así que vamos a invertir en un sistema que realmente reduzca las emisiones.
21/10/2021
Existe una percepción bastante generalizada en España, incluso en algunos círculos del PSOE gobernante, de que el peligro del renacimiento de la ultraderecha a nivel mundial se está exagerando por parte de algunas voces de izquierda, pues creen que en realidad estas fuerzas de ultraderecha (con mucha semejanza con las ultraderechas de antaño), están siendo derrotadas y van de capa caída. Así vemos como la que fue vicepresidenta Primera del primer gobierno de coalición de izquierdas, la señora Carmen Calvo, afirmó en un momento del debate en el programa El Ágora de la hora 2 de la SER, como prueba de tal percepción de la realidad, que el presidente Trump había sido derrotado en las últimas elecciones en EEUU, insinuando que su futuro era uno de descenso en lugar de recuperación y ascenso.
El trumpismo no está desapareciendo; antes al contrario, está creciendo
Creo conocer bien EEUU y me temo que la señora Calvo está equivocada. Es posible e incluso probable que el Partido Republicano, hoy controlado en su totalidad por Trump, recupere el control del Congreso y del Senado en 2022 y que gane las elecciones presidenciales del 2024. Las razones de esta percepción son múltiples, y las he ido elaborando en varios artículos, ya publicados en este rotativo.
Uno es el enorme desprestigio del establishment político-mediático liberal, identificado con el Partido Demócrata, que desde los años setenta con el presidente Carter y continuando con los presidentes Clinton y Obama, ha estado aplicando políticas liberales (iniciadas por Carter y expandidas por Reagan y los presidentes republicanos Bush, padre e hijo), que han beneficiado sistemáticamente las rentas del capital sobre las rentas del trabajo (como consecuencia de estas políticas liberales, los directivos de las 350 empresas más importantes de los EEUU, que ganaban en el año 1978, el inicio del período liberal, 1,7 millones de dólares al año, 33 veces más que el salario promedio del trabajador 51.200 dólares, pasaron a ganar, en el año 2019, 21,3 millones, 365 veces más que los últimos, 58.200 dólares). El abandono de las políticas redistributivas del Partido Demócrata, iniciadas por el presidente Roosevelt con el New Deal, fueron sustituidas por el Partido Demócrata con políticas de identidad, favoreciendo la integración de los sectores discriminados, como las minorías negras y latinas (sobre todo la negra) y las mujeres dentro de la estructura de poder, medidas que, por muy loables que tales intervenciones fueran, beneficiaron a grupos minoritarios (de clase media alta, profesionales con educación superior), que pasaron a integrarse en las direcciones de las instituciones predominantemente públicas (y muy en particular, en los aparatos federales) sin que ello implicara un mayor beneficio de la gran mayoría de las minorías y de las mujeres pertenecientes a las clases populares. El hecho de que el presidente Obama fuera negro tuvo una enorme importancia simbólica, pero sus políticas liberales no beneficiaron a las clases populares, a las cuales pertenecían la gran mayoría de las minorías y también de las mujeres.
De ahí la gran capacidad de movilización de Trump en 2006, en un momento en que la clase trabajadora (la mayoría blanca) y otros sectores vulnerables dentro de las clases populares estaban sufriendo las consecuencias de las políticas neoliberales de liberalización económica, lideradas por los gobiernos del Partido Demócrata anteriores. Trump se presentó como la voz del antiestablishment liberal y globalizador frente al Partido Demócrata (supuesta causa de todos sus males) que lideraba un gobierno federal, al que se le presentaba cautivado por minorías y mujeres universitarias de clase media alta. Su mensaje, caracterizado por un nacionalismo extremo, retrógrado, añorando un pasado idealizado, de carácter imperial, basado en una superioridad racial, machista y cultural, defendiendo la civilización cristiana, (convirtiendo al "Estado y a la Ley en instrumentos para asegurarse que se siga la voluntad de Dios en la sociedad" como subrayó la juez Amy Coney Barrett, nombrada miembro del Tribunal Supremo en EEUU por el presidente Trump), así como a la "patria-nación" frente a sus enemigos (que incluye a todo aquel que no comulgue con su credo) fue muy movilizador. El lector español recordará esta ideología como dominante durante la dictadura fascista en España.
La recuperación del New Deal como respuesta del Partido Demócrata al Trumpismo
La concienciación de este problema, y el coste que le ha significado al Partido Demócrata estar identificado con el liberalismo globalizador, explica que la dirección del gobierno Biden esté respondiendo a marchas forzadas con la recuperación del New Deal. El mayor obstáculo no es que no tenga el apoyo popular para hacer tales reformas, (que sí lo tiene), sino que no tiene los números en el Congreso que le permitan aprobar tal ambicioso proyecto (ver V. Navarro El fin del neoliberalismo y la búsqueda de alternativas, publicado el 14 octubre 2021 en Público). Necesitan 50 votos en el Senado y el Partido Demócrata solo tiene 48 votos que apoyen el New Deal de Biden, puesto que dos demócratas no lo están apoyando y son representantes (y portavoces) de intereses económicos que quedarían afectados por la aprobación de tales propuestas y que se oponen al New Deal: uno es el senador Joe Menchin, del Partido Demócrata del Estado de Virginia, financiado por la industria del carbón, y la otra senadora del Estado de Arizona, también del Partido Demócrata, Krysten Sinema, financiada por la industria farmacéutica que se opone a la regulación de precios de las medicinas, propuesta que hace Biden en su New Deal.
¿Es EEUU una democracia?
Sí, pero muy limitada. Vayamos por partes. En primer lugar, el presidente de EEUU no es elegido directamente por la población. En realidad, en todas las elecciones desde el año 2000, los candidatos del Partido Demócrata a la presidencia de Estados Unidos han obtenido más votos que los candidatos republicanos (excepto Bush, hijo) y sin embargo los presidentes han sido, la mayoría, republicanos (durante el período 2000-2020, la mayoría de los votos fueron al candidato demócrata, excepto Bush, y sin embargo, los republicanos gobernaron más años, 12, que los demócratas, 8). Y ello se debe al hecho de que quien elige al presidente de EEUU es el Colegio Electoral, que sistemáticamente favorece a los estados rurales sobre los industriales y urbanos.
Lo mismo ocurre en cuanto a la composición del Senado, cámara enormemente poderosa, pues aprueba el presupuesto del estado federal, los nombramientos propuestos por el presidente, e incluso los miembros de la Corte Suprema. Cada estado tiene el mismo número de senadores: dos. California, estado en general demócrata, tiene cuarenta millones de habitantes, y tiene el mismo número de senadores, dos, que Wyoming, con medio millón de habitantes predominantemente en zonas rurales y predominantemente republicanos. Y, aquí también, sistemáticamente los demócratas consiguen más votos que los republicanos en las elecciones al Senado, y es más que probable que ello ocurra en el año 2022. Uno de los analistas electorales con mayor credibilidad, David Shore (New York Times, 10 de octubre de 2021) dice que en 2022 los demócratas podrían ganar, consiguiendo más del 51% del voto del Senado y, en cambio, conseguir solo 43 senadores, convirtiéndose en irrelevantes.
¿Quién tendrá mayor capacidad de movilización?
En este escenario, el futuro podría ser muy preocupante, pues, la única alternativa es que el Partido Demócrata consiguiera una gran movilización capaz de neutralizar la enorme desventaja que el sistema electoral supone para tal partido. Y aun cuando ello se consiguió en 2020, no es seguro que se consiga en 2022, pues es poco probable que las propuestas New Deal sean aprobadas por tal partido, contribuyendo con ello al desencanto popular. Es importante subrayar que el desencanto es muy notable y muy en particular entre la clase trabajadora, incluyendo la negra, la latina y todas las clases populares sin educación secundaria, lo cual puede contribuir a una gran desmovilización de las clases populares, de lo cual, Trump se beneficiaría. La pérdida de control del Senado y del Congreso en el 2022 por parte de los demócratas, la victoria de las presidenciales por parte de los republicanos liderados por Trump, significaría un cambio de enormes consecuencias internacionales, además de nacionales, que debieran ser motivo de reflexión y reacción por parte de las fuerzas progresistas a nivel mundial. De la misma manera que el fascismo y el nazismo fueron resultado de la Gran Depresión, causada por las políticas liberales aplicadas en aquel entonces, sus herederos actuales han sido consecuencia de la crisis económica provocada por el liberalismo económico, iniciado en los años 70 y 80, que ha afectado muy negativamente el bienestar y calidad de vida de las clases populares, que la pandemia mundial ha puesto en evidencia.
octubre 21, 2021
Frente a las consecuencias innegables del cambio climático, la resolución adoptada por el Consejo de Derechos Humanos insta a los Estados a tomar medidas «rápidas y reales» para el cuidado del ambiente y el pleno ejercicio de los derechos. La OMS también emitió un comunicado crítico en el que pide soluciones urgentes en la próxima COP 26.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que un medio ambiente limpio, saludable y sostenible es un derecho humano. Lo hizo a través de una resolución impulsada por Costa Rica, Maldivas, Marruecos, Eslovenia y Suiza, que obtuvo 43 votos de apoyo y ningún voto en contra. Sin embargo, Rusia, China, India y Japón se abstuvieron de votar. El Consejo instó a tratar el tema en la Asamblea General y estableció, en una resolución separada, una nueva relatoría dedicada específicamente al impacto del cambio climático en los derechos humanos. La Organización Mundial de la Salud y Amnistía Internacional también emitieron declaraciones que ratifican la perspectiva de derechos humanos ligados íntimamente al respeto a la naturaleza.
El organismo internacional observó que el derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible está relacionado con otros derechos humanos reconocidos internacionalmente. Los derechos humanos son indivisibles e interrelacionados. En los hechos, la degradación del ambiente daña el ejercicio del derecho a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros. Este derecho tiene sus raíces en la Declaración de Estocolmo de 1972. En ese documento, la ONU ya afirmaba que «hemos llegado a un momento de la historia en que debemos orientar nuestros actos en todo el mundo
atendiendo con mayor solicitud a las consecuencias que puedan tener para el medio ambiente«.
Proteger el medio ambiente, la naturaleza y a las personas que luchan contra el extractivismo
La reciente declaración del Consejo de Derechos Humanos de la ONU alienta a los Estados a que creen capacidades para las actividades de protección del medio ambiente, a fin de cumplir sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos. Se pide, asimismo, que mejoren la cooperación con otros Estados, el resto del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, las instituciones nacionales de derechos humanos y las empresas para la implementación del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible.
También se les insta a adoptar políticas para el disfrute del derecho a un medio ambiente sin riesgos, limpio, saludable y sostenible, en resguardo de la biodiversidad y los ecosistemas. El documento pone en el contexto de la garantía de los derechos humanos el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tomando en consideración su carácter integrado y multisectorial. Además, invita a la Asamblea General a «examinar» el tema. El derecho a un medioambiente saludable está reconocido jurídicamente en más del 80% de los Estados miembros de la ONU a través de constituciones, leyes, sentencias judiciales y tratados regionales.
El reconocimiento de esta garantía fundamental por el máximo órgano de derechos humanos es el resultado de décadas de ardua lucha de ambientalistas, activistas, pueblos indígenas, científicos y muchos otros actores de la sociedad civil. Este hito significa también protección para quienes luchan contra los extractivismos y la contaminación. Según datos brindados por la propia ONU, solo en 2020 fueron asesinados más de 200 activistas.
La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a los Estados a tomar medidas audaces para dar efecto “rápido y real” al derecho a un medio ambiente saludable. En ese sentido, manifestó su intención de que la medida “sirva como trampolín para impulsar políticas económicas, sociales y ambientales transformadoras que protejan a las personas y a la naturaleza”.
A su vez, destacó que la declaración de este derecho reconoce claramente la degradación ambiental y el cambio climático como crisis de derechos humanos interconectadas. Asimismo, continuó, la medida resalta que los segmentos de la población en mayor situación de vulnerabilidad se ven afectados de manera más aguda. Por su parte, la directora ejecutiva del Programa de la ONU para el Medio Ambiente (PNUMA), Inger Andersen, aseveró que la adopción de la resolución es “un hito decisivo para la justicia ambiental”.
La lucha de la sociedad civil por el reconocimiento del cuidado del ambiente como derecho humano
En la previa de la reunión del Consejo de Derechos Humanos, Amnistía Internacional junto a más de 1100 grupos de la sociedad civil y de pueblos indígenas emitió una declaración pública en la que instaba al organismos de la ONU a reconocer un medioambiente seguro, limpio, saludable y sostenible como derecho humano universal. «Cuando millones de personas sufren hambre y desplazamiento debido a los efectos del cambio climático y la degradación ambiental, está más claro que nunca que la vida y la dignidad humanas dependen de un medioambiente saludable», señalaba el documento conjunto, que también exigió a los Estados miembros que mandaten un procedimiento especial de la ONU sobre derechos humanos y cambio climático.
“Los dramáticos efectos del cambio climático han puesto al descubierto, con una claridad devastadora, hasta qué punto un medioambiente saludable es parte integral del disfrute de todos nuestros demás derechos. Es fácil no valorar nuestro planeta hasta que vemos el costo humano de su degradación: hambre, desplazamiento, desempleo, carencia de hogar, enfermedades y muertes”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
El documento encabezado por Amnistía Internacional denunció que «la falta de medidas de los gobiernos para abordar el cambio climático pese a las acuciantes pruebas científicas podría ser la mayor violación de derechos humanos intergeneracional de la Historia». En ese sentido, consideraron que una declaración internacional «animaría a los Estados que aún no reconocen este derecho en sus leyes nacionales a reconocerlo, y motivaría a otros a reforzar su legislación».
La OMS se pronunció sobre «decisiones insostenibles» contra el planeta y la salud
En el Informe especial sobre cambio climático y salud, elaborado por la Organización Mundial de la Salud y publicado ayer en el marco de los preparativos de la 26.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, expone el llamado de la comunidad mundial de la salud en favor de la acción climática. De esta manera, el cumplimiento de esos objetivos se vincula expresamente con la garantía derecho humano a la salud, razón más que suficiente para sostener la perspectiva de derechos humanos en las políticas ambientales.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, aseguró que «las mismas decisiones insostenibles que están matando a nuestro planeta están matando a las personas». Por este motivo, el organismo sanitario realizó un llamado a todos los países para que se comprometan a tomar medidas decisivas en la COP26 con el fin de limitar el calentamiento mundial a 1,5 °C.
El informe de la OMS se presenta al mismo tiempo que una carta abierta, firmada por más de dos tercios del personal de la salud mundial —300 organizaciones que representan al menos a 45 millones de médicos y profesionales de la salud de todo el mundo—, en la que se pide a los líderes nacionales y a las delegaciones de los países en la COP26 que intensifiquen la acción climática.
En el documento afirma: «La quema de combustibles fósiles nos está matando. El cambio climático es la mayor amenaza para la salud a la que se enfrenta la humanidad. Aunque nadie está a salvo de los impactos del cambio climático sobre la salud, los más vulnerables y desfavorecidos los sufren de forma desproporcionada». Además, sostiene que la contaminación del aire, resultado principalmente de la quema de combustibles fósiles, causa 13 muertes por minuto en todo el mundo.
Por | 20/10/2021
La banda armada que secuestró a 17 misioneros estadounidenses y canadienses en Haití pidió un rescate de un millón de dólares por cada una de las personas captivas, según informó el ministro de Justicia, Litz Quitel. Mientras que en el país caribeño, especialmente en Puerto Príncipe, las calles amanecieron casi vacías por segundo día consecutivo debido a una huelga promovida por organizaciones patronales y sector transportista en reclamo por la inseguridad, raptos y asesinatos tras el reciente secuestro. Cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital.
"La banda haitiana que secuestró a un grupo de misioneros estadounidenses y canadienses está pidiendo 1 millón por cada uno para su liberación, un total de 17 millones de dólares", aseguró Quitel, que luego indicó que los secuestradores exigen habitualmente grandes sumas que luego son rebajadas durante las negociaciones.
El ministro de Justicia subrayó que el FBI y la policía de Haití están en contacto con los secuestradores, y que las negociaciones podrían durar días o semanas. "Estamos intentando lograr su liberación sin pagar un rescate. Esta es la primera vía de acción. Seamos honestos: Cuando les demos ese dinero, ese dinero será usado para (comprar) más armas y municiones”, afirmó Quitel.
El ministro además señaló que su equipo no participa en las negociaciones. "No tengo los datos específicos, no quiero interferir con quien está negociando y los secuestradores. Cada caso es diferente", dijo al diario The Washington Post.
Quitel añadió que las autoridades del país buscan llegar a un desenlace similar al del secuestro en abril pasado de un grupo de sacerdotes y monjas católicos por parte de la misma banda, 400 Mawozo. En esa negociación los cinco curas, dos monjas y tres de sus familiares fueron liberados a finales del mismo mes con el pago de rescate únicamente por dos de los sacerdotes, aseguró el ministro de Justicia.
En abril, 10 personas, entre ellos dos religiosos franceses, estuvieron secuestrados 20 días por la banda 400 Mawozo en la misma región situada entre Puerto Príncipe y la frontera con República Dominicana. Gédéon Jean, director del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Puerto Príncipe, afirmó que la banda 400 Mawozo estuvo detrás de cerca del 80 por ciento de los secuestros del tercer trimestre de 2021, según consigna el matutino estadounidense.
Según indicó Quitel, las 17 personas están siendo retenidas en una casa justo afuera de Croix-des-Bouquets, donde lsos misioneros fueron secuestrados cuando viajaban en autobus al este de Puerto Príncipe. La zona está controlada por la banda 400 Mawozo.
Por su parte, Estados Unidos reiteró que no negociará con quien secuestra a sus ciudadanos. La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó que Washington mantiene su política de no negociar con secuestradores remarcó que el objetivo continúa siendo "traerles a casa". En el grupo de víctimas figuran cinco niños, el menor de ellos de ocho meses y otros de 3, 6, 14 y 15 años.
La Policía Montada de Canadá confirmó este martes que está trabajando con las fuerzas policiales de Haití y Estados Unidos en el caso de los misioneros secuestrados. En una declaración a los medios, la policía canadiense señaló que "está tomando muy en serio esta situación y está colaborando con las autoridades policiales de Haití y Estados Unidos en este incidente". Por otra parte, afirmaron que no harán más comentarios sobre investigaciones en marcha en otros países.
En tanto la cancillería canadiense señaló que está recabando más información junto a las autoridades locales y Christian Aid Ministries tras conocerse el secuestro de los misioneros. Las autoridades canadienses no han revelado la identidad del ciudadano de ese país que hace parte del grupo de rehenes.
En las calles de la capital haitiana habían unos pocos vendedores ambulantes. Sólo algunos grandes mercados abrieron las puertas, pero la mayoría de las escuelas, instituciones financieras y de la administración pública se adhirieron a la huelga.
El presidente de la Asociación de Propietarios y Conductores de Haití, Mehu Changeux, explica que el paro reclama la acción del Gobierno para combatir a las pandillas y critica una supuesta campaña de las autoridades para ahogar las demandas de la población. "Les decimos que no es el dinero lo que hace que los conductores y los ciudadanos se queden en casa, es la convicción", tuiteó el sindicalista.
Sin embargo, cerca del mediodía comenzaron a reanudarse algunas actividades en la capital, y en algunas zonas se experimentaba una reactivación del transporte colectivo, mientras que en otros departamentos más alejados de la capital los sectores no acataron la huelga, precisaron medios locales.
20 de octubre de 2021
La cifra representa el doble del PIB de México // Presionan para que se les fiscalice mejor y paguen más impuestos
La riqueza de los multimillonarios de Estados Unidos creció 2.1 billones de dólares durante la pandemia de Covid-19, prácticamente el doble de lo que representa el producto interno bruto (PIB) de México, exhibe inequality.org, un proyecto del Instituto de Estudios Políticos.
En marzo de 2020 la riqueza colectiva de los multimillonarios de la mayor economía del mundo ascendía a unos 3 billones de dólares y ahora se estima en unos 5 billones de dólares, de acuerdo con un análisis de listados de Forbes, realizado por Estadunidenses por la Equidad Fiscal y el Programa del Instituto de Estudios de Políticas sobre Desigualdad.
También ha crecido el número de personas que forman parte de este selecto grupo; los cuales –en medio de la mayor crisis mundial en 90 años– han pasado de ser 614 al inicio de la pandemia, a 745, de acuerdo con los datos más recientes.
La bonanza de estas personas contrasta con los 89 millones de estadunidenses que han perdido sus trabajos, más de 44.9 millones que han enfermado de Covid-19 y más de 724 mil que han muerto a causa del virus, recalca la plataforma.
Incluso, los 5 billones de dólares en riqueza que ahora concentran 745 multimillonarios estadunidense superan los 3 billones que comparte la mitad de los hogares en Estados Unidos, de acuerdo con estimados de la Reserva Federal. También equivale a 142.9 por ciento del plan Reconstruir mejor, impulsado por el presidente Joe Biden.
“La bonanza multimillonaria de Estados Unidos demuestra las fallas estructurales en nuestros sistemas económicos y fiscales actuales”, subrayan los responsables de inequality.org.
Entre los beneficiados de la crisis, destaca el cofundador de Tesla, Elon Musk, cuya fortuna tuvo un crecimiento de 751 por ciento, al pasar de 24.6 mil millones de dólares a 209.4 mil millones de dólares, con lo que además encabeza la lista de estos multimillonarios.
Enseguida se sitúa Jeff Bezos, fundador de Amazon, cuya fortuna para mediados de octubre de este año asciende a 192.2 mil millones de dólares, luego de crecer 70.1 por ciento frente a marzo de 2020.
Otro personaje que sobresale en la lista es Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, que posee una fortuna de 117.6 mil millones de dólares tras un aumento de 114.9 por ciento durante la pandemia de Covid-19.
Frente a la dimensión de la desigualdad en Estados Unidos, 67 organizaciones enviaron una carta al Congreso de ese país expresando su preocupación sobre la necesidad de fiscalizar mejor a los multimillonarios y que paguen más impuestos.
En promedio, los multimillonarios pagan una tasa efectiva de impuesto sobre la renta federal de alrededor de 8 por ciento, por debajo de la que deben entregar contribuyentes de ingresos medios, incluidos maestros, enfermeras y bomberos.
A finales del mes pasado el gobierno nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de ley por medio del cual se adopta la acción climática que busca continuar con la gestión del cambio climático en el territorio, con acciones como reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y adaptación de los ecosistemas y las comunidades para el cumplimiento de las metas climáticas; en el marco de los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional en esta materia.
La crisis climática ya no acepta más discursos floridos, pero sin acción, y mientras más se demoren los gobiernos en implementar estrategias y planes de intervención serios y audaces, mayores serán los recursos económicos que hay que invertir y por consiguiente habrá que realizar recortes presupuestales en otros renglones de la vida nacional.
Al igual que los proyectos presentados por los gobiernos anteriores especialmente el de Juan Manuel Santos, su prosa es muy hermosa, pero carece un soporte financiero que garantice su viabilidad y mucho menos que se traduzca en acciones, con el agravante que antagoniza con la ley de presupuesto recientemente aprobada en la cual se reducen drásticamente los recursos financieros para enfrentar el cambio climático , a ello hay que agregar una mayúscula contradicción; mientras las Naciones Unidas, permanentemente han llamado a los gobiernos de todo el mundo a enfatizar en la educación como un factor esencial para dar respuesta a los retos que plantea a la humanidad el cambio climático, la educación nos ayuda a entender las causas y consecuencias de este fenómeno global y nos orienta en el desarrollo de estrategias y actitudes, conductas para adaptarnos a sus consecuencias, pero ante todo, nos permite entender que el cambio ambiental es ante un problema ético que requiere de todos los ciudadanos del mundo construir y poner en práctica normas éticas que nos lleven del antropocentrismo al biocentrismo, como la ética que debe regular las relaciones entre los seres humanos, con otros seres vivos ,con los ecosistemas y con la naturaleza, el proyecto del gobierno excluye al Ministerio de Educación cuando debería estar orientando el proyecto, en un reciente pronunciamiento la UNESCO , formuló un llamado a las universidades del planeta para que incluyeran el cambio climático como un eje transversal en sus programas de formación profesional.
Como consecuencia del modelo de desarrollo capitalista dominante en el país, que reduce el desarrollo humano al crecimiento económico, fomentando la desigualdad y afectando de manera significativa el medio ambiente, se ha puesto en primer lugar el papel preponderante de la educación en todos los procesos sociales y como motor del desarrollo; en este escenario, el papel de la pedagogía se ha vuelto trascendental por su significado en la promoción del aprendizaje, todos los seres humanos se han vuelto aprendices. Esto conlleva a replantear el papel del profesor de transmisor a mediador del conocimiento, sensible y crítico, un aprendiz permanente, un orientador, un investigador y sobre todo un constructor de sentido.
A pesar de la trascendencia del problema, de las políticas formuladas, de las estrategias planteadas y de las acciones propuestas; el sistema educativo colombiano no ha logrado producir los cambios esperados en las personas. No ha sido posible que pueda desarrollar mecanismos para la conservación de los ecosistemas ambientales, sociales y económicos, para enfrentar la pérdida progresiva de la biodiversidad que amenaza el futuro del país. Es indudable que un sistema educativo sustentado en la racionalidad cartesiana, que fomenta el transmisionismo de contenidos abstractos y descontextualizados, es incapaz de posibilitar que los aprendices desde su experiencia cotidiana se repiensen y generen hábitos de consumo más responsables y actitudes más proactivas con el ambiente.
La sociedad colombiana es cada vez más urbana, ha perdido sus conexiones con la naturaleza y con todo lo que en ella tiene ocurrencia, lo que ha llevado a perpetuar la idea de que los ecosistemas y los recursos naturales son medios útiles para el ser humano, que están a merced de su poder, y no como sistemas de los cuales dependemos. En este contexto se requiere que la educación en general y la educación ambiental en particular lleve a las personas a la autorreflexión, deje de enseñar teorías sin contenido material y pase a inspirar actitudes y valores, que fomenten la construcción de puentes entre los retos ambientales, las emociones y la curiosidad. Así, la posibilidad con el cuidado y uso responsable del medio ambiente aumentará.
Vale la pena retomar los planteamientos de William Ospina en un evento donde se analizaron las metas educativas para la generación del Bicentenario en donde sostuvo: “si la educación es adiestramiento y transmisión de habilidades prácticas, los talleres, las fábricas y las oficinas son mucho más competentes para impartirla que las aulas, a menudo dispuestas a contaminarse de todo, salvo de realidad. Las aulas a veces parecen vestigios de esas edades que sólo creían en la verdad revelada, administrada por una iglesia, que tenían por impura y vulgar toda concesión a la experiencia. Causa perplejidad que se nos encierre en lóbregos recintos para iniciarnos en el conocimiento de la naturaleza, que debamos escuchar por horas y por meses un saber aburrido y fósil mientras afuera discurre el milagro del mundo”.
Teniendo en cuenta que la magnitud y frecuencia de los fenómenos asociados al cambio climático son variables y fluctuantes ,tanto espacial como temporalmente, se hace necesario que el sistema educativo en particular replanteé los procesos pedagógicos y las estrategias didácticas imperantes en la escuela, generalmente homogenizantes, instrumentales e inmediatistas, con privilegio del activismo, para impulsar miradas diferenciales y particulares que estimulen el desarrollo de lazos y construya vasos comunicantes entre la problemática ambiental y las comunidades locales, su cultura y saberes.
El cambio climático requiere ser abordado con todos los recursos con que dispone el país, entre los cuales la educación desempeña un papel trascendental en el legado que se dejará a las futuras generaciones. La educación, formación y sensibilización sobre el cambio climático serán herramientas claves para estimular y promover la creación de capacidades de adaptación y mitigación frente a los impactos y efectos de un fenómeno de alta complejidad y novedad, que requiere del conocimiento y la participación decidida de todos los colombianos
El cambio climático no hace cuarentena y la pandemia solo ha venido a evidenciar la situación de un planeta que lleva demasiado tiempo enfermo”, aseguró Silvia Gómez, (2020) directora de Greenpeace Colombia. El virus y los efectos del cambio climático que se vienen sucediendo, nos han enseñado que no respetan fronteras y que sus impactos afectan a todos los habitantes de la tierra, sin ningún tipo de distinciones.
Es necesario que la educación colombiana se apropie de ese gran legado de sabiduría ambiental que encierra la acuarela de nuestras comunidades indígenas y ancestrales, que ha sido reconocido y valorado por la comunidad científica universal.
En estos convulsionados tiempos, debemos aprovechar la problemática ambiental para convocar a toda la ciudadanía para promover una acción educativa integral que nos comprometa para luchar por una patria más justa, participativa, solidaria y responsable con el medio ambiente. El sistema educativo colombiano tiene la responsabilidad de preparar a todos los ciudadanos del país en una perspectiva que los lleve a reconocer su territorio como un sistema complejo, que necesita soluciones análogas para los problemas ambientales, para lograr su sustentabilidad, en ese sentido cobran actualidad los planteamientos del insigne investigador y docente de la problemática ambiental del país Julio Carrizosa Umaña:
Necesitamos una educación que nos capacite para nuestra propia complejidad y la complejidad de la realidad colombiana y creo que los elementos de una educación ambiental compleja a todo lo largo del sistema educativo podrían ayudar a formar gentes capaces de hacer eso. Concentro mi propuesta en términos “formación” y “capacitación” y en eso difiero de las líneas actuales que se concentran en la “construcción de competencias. Esa diferencia es de fondo, aspiro a algo más que entrenar en el desempeño de un trabajo específico: creo que el mundo actual lo necesario es preparar para la vida misma”.
Finalmente, me parece conveniente retomar los siguientes aspectos de la carta que Joyce Msuya, directora ejecutiva de la cuarta Asamblea de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente dirigió a los participantes en el evento: “El tiempo se nos acaba. Debemos ir más allá de las promesas y la política. Más allá de los compromisos con poca rendición de cuentas. Lo que está en juego es la vida y la sociedad, en la forma en que la que la mayoría la conocemos y la disfrutamos hoy”.
Por. Luis Hernando Rincón Bonilla*
Fuente: El Nuevo Liberal, Popayán-Cauca, octubre 15 de 2021
*Profesor jubilado de la Universidad del Cauca
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