Manabe, Hasselmann y Parisi, quien en conferencia de prensa afirmó: Está claro que debemos actuar muy rápidamente y sin demora en favor de las generaciones futuras. Foto Ap y Afp

Estocolmo. El Premio Nobel de Física 2021 fue concedido este martes a dos expertos en la modelización física del cambio climático, el japonés-estadunidense Syukuro Manabe y el alemán Klaus Hasselmann, así como al teórico italiano Giorgio Parisi, experto en el desorden en los sistemas complejos.

Es la primera vez desde 1995, cuando el Nobel de Química reconoció las investigaciones sobre el agujero en la capa de ozono, que un Nobel científico premia trabajos directamente relacionados con el cambio climático, pero en un contexto de emergencia por completo diferente.

Los expertos en meteorología Syukuro Manabe, nacido en Japón hace 90 años, pero residente en Princeton, Estados Unidos, y Klaus Hasselmann, de 89 años, fueron distinguidos con la mitad del premio por "la modelización física del clima de la Tierra, así como por haber cuantificado la variabilidad y predicho de forma fiable el cambio climático", indicó el jurado.

El comité del Nobel recompensó así la obra fundacional de Manabe sobre el efecto invernadero de los años 60, con los que mostró que los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se correspondían con un aumento de la temperatura terrestre.

Por su parte, Klaus Hasselmann, radicado en Hamburgo, fue reconocido por haber logrado determinar unos modelos climáticos fiables, pese a las grandes variaciones meteorológicas.

Advertencia desde 1988

El investigador alemán lleva desde 1988 advirtiendo de un cambio climático "irreversible", recordó el instituto alemán Max Planck, donde trabajaba.

"Dentro de entre 30 y 100 años, dependiendo de la cantidad de energía fósil que consumamos, haremos frente a un cambio climático muy significativo", predijo el científico hace más de 30 años.

A un mes de la COP26, cumbre mundial sobre el clima organizada en Glasgow, Reino Unido, el premio concedido a los dos expertos en meteorología y climatología tendrá, a buen seguro, un fuerte eco político.

"Los dirigentes mundiales que todavía no han comprendido el mensaje, no estoy seguro de que lo vayan a entender porque lo digamos nosotros. Sin embargo, es un premio de física y lo que estamos diciendo es que la modelización del clima está sólidamente basada en la física", subrayó Thors Hans Hansson, miembro del comité del Nobel.

Al Gore y expertos del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC) ganaron el premio Nobel de la Paz en 2007. El de 2021 es el primer Nobel de Física que premia investigaciones sobre el clima.

La otra mitad del premio fue atribuida a Parisi, de 73 años y radicado en Roma, "por el descubrimiento de la interacción del desorden y las fluctuaciones en los sistemas físicos, desde la escala atómica hasta la planetaria".

"Creo que es muy urgente que tomemos decisiones muy fuertes (por el clima). Está claro que debemos actuar muy rápidamente y sin demora en favor de las generaciones futuras", afirmó el laureado italiano durante una conferencia de prensa telefónica con la Fundación Nobel.

Los tres galardonados se repartirán alrededor de 1.1 millones de dólares del premio según esta proporción: 50 por ciento será para Parisi y la otra mitad se la repartirán, a partes iguales, Manabe y Hasselmann.

Gran noticia, afirma la OMM

En Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) afirmó que se trataba de una "gran noticia. Esto demuestra de nuevo que la ciencia climática está fuertemente valorada", declaró su secretario general, Petteri Taalas.

El año pasado, el premio reconoció al británico Roger Penrose, al alemán Reinhard Genzel y a la estadunidense Andrea Ghez, pioneros de la investigación sobre los agujeros negros, las regiones del universo de donde nada se puede escapar.

Los físicos cuánticos, como Parisi, aparecían en las quinielas de posibles premiados de los expertos entrevistados por Afp, aunque decenas de investigadores de todo el mundo se perfilaban como eventuales ganadores del Nobel.

Medicina comenzó el lunes la temporada de los Nobel 2021 al premiar a dos estadunidenses, David Julius y Ardem Patapoutian, cuyos trabajos abrieron el camino al combate de los dolores crónicos.

Hoy es el turno del Nobel de Química. El premio de Literatura será anunciado mañana por la Academia Sueca y el de la Paz se dará a conocer el viernes en Oslo. El de Economía, el de más reciente creación, cerrara la temporada el lunes.

A causa de la crisis sanitaria, por segundo año consecutivo los laureados recibirán el premio en su país de residencia, aunque todavía hay esperanza de que el galardonado con el de la Paz pueda recoger su premio en Oslo.

“Entre dos mundos”: Perspectivas imposibles para el ojo humano

Una medusa Lion’s Mane en el Gros Morne National Park, Newfoundland, Canadá, 2012. Foto: David Doubilet.

 

Es realmente espectacular la sensación de poder observar la tierra en su totalidad, poder ver cómo todos sus elementos interactúan en un todo que rebosa vida por los cuatro costados.

Disfrutar al ver juntarse el cielo con el mar en un atardecer en la playa, o como un río surca a través de la naturaleza más salvaje de una montaña pero, en las fotografías de David Doubilet, se va un paso más allá porque en ellas se recogen perspectivas y composiciones imposibles para el ojo humano.

En su serie “Two Worlds” podemos viajar desde la bahía de Kimbe envuelta en coral en Papúa Nueva Guinea hasta los icebergs de la isla Danco de la Antártida. Y aprovechando la grandeza de estos lugares únicos, las fotografías divididas de Doubilet revelan los diversos ecosistemas a ambos lados de la superficie del agua.

Estas capturas están recogidas en el libro Two Worlds: Above and Below the Sea; 128 páginas que presentan 70 imágenes de los 50 años de carrera de Doubilet en los que ha estadio viajando por el mundo y siendo pionero en el campo de la fotografía submarina.

“Quiero crear una ventana al mar que invite a la gente a ver cómo su mundo se conecta con otro mundo que sustenta la vida y que permanece oculto a su vista”, dice Doubilet.

 

Padre e hijo en Papua, Nueva Guinea, 2013. Foto: David Doubilet.

 

Un banco de peces en las Gran Caimán, 1990. Foto: David Doubilet.

 

Pingüinos de barbijo y papúa, Isla Danco, Antártida, 2011. Foto: David Doubilet.

 

Cría de foca arpa, Golfo de San Lorenzo, Canadá, 2011. Foto: David Doubilet.

 

Tiburones en el arrecife Punta Negra, Atolón Fakarava, Polinesia Francesa, 2018. Foto: David Doubilet.

 

Iceberg conectado a tierra, Blanley Bay, Devon Island, Nunavut, Canadá, 2018. Foto: David Doubilet.

(Tomado de Cultura Inquieta)

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¿Modernización ecológica o «ecologización transmoderna»?

La sustentabilidad ha devenido, indudablemente, en un imperativo ético-político y un principio de responsabilidad en el presente y a nivel intergeneracional. Sin embargo, no siempre es claro qué se entiende al respecto. Por ejemplo, la necesidad de proteger y/o conservar la naturaleza es una posición común, pero la misma idea o concepto de naturaleza no lo es. Una muestra de ello es la discusión sobre sus derechos. Dicho debate varía mucho según el enfoque que se asuma. Hay perspectivas antropocéntricas, ecocéntricas y biocéntricas que reflejan, en parte, las tres grandes corrientes de la sustentabilidad (débil, fuerte y superfuerte) y los tres grandes tipos de ecologías políticas descritos por Eduardo Gudynas. Todo ello ocurre, a su vez, auspiciando o tensionando la propuesta de una modernización ecológica. En este escrito, quiero referirme puntualmente a los límites de dicha proposición y señalar, por consiguiente, qué implicaría un giro hacia lo que llamaré una «ecologización transmoderna».

En términos generales, la modernización ecológica se basa en la religión secular del optimismo tecnológico. Esto supone que los cambios sociotécnicos por sí solos son suficientes para optimizar los procesos productivos, disminuyendo su impacto ambiental y sin necesidad de imponer límites al desarrollo y crecimiento económico. La modernización ecológica se enmarca en la corriente de la sustentabilidad débil al considerar viable el establecimiento de políticas de conservación en simultáneo a la ejecución de planes de industrialización sostenible o el fomento de un ecologismo pronuclear. Bajo esta mirada, los derechos de la naturaleza en sí mismos no existen. Por el contrario, se reconoce y promueve el derecho a un medio ambiente sano, lo que permite apreciar el carácter especista y utilitarista de esta propuesta. La naturaleza, esa idea no-tan-común que todos dicen enarbolar, solo tiene sentido y valor en tanto es útil a las y los seres humanos.

Por tanto, más que una modernización reflexiva, la modernización ecológica se autoafirma en la falsa complacencia que produce la tecnofilia. Iniciativas como la agricultura climáticamente inteligente o la biotecnología asociada al manejo de plantaciones forestales dan forma a un régimen de tecno-naturaleza que promueve y celebra un mundo “más verde”, pero que guarda silencio ante la alta conflictividad socioambiental a lo largo y ancho del planeta. En suma, los límites de la modernización ecológica son, precisa y paradójicamente, sus pilares: un modo de ser autocentrado, uno modo de hacer mecanicista, un modo de sentir egocéntrico, un modo de pensar dualista y un modo de vivir hiperconsumista.

¿Cómo trascender, entonces, la programática ecomodernizadora? En principio, explicitando los lugares de enunciación en el análisis de la crisis ecológica global y la recomendación de propuestas de transformación y/o emancipación socioecológica. Esto es importante porque, en el fondo, la ontología política de la modernización ecológica produce y reproduce continuamente una única idea de naturaleza. Esta estrecha visión cercena las posibilidades de una ecología de mundos donde diversos conocimientos, técnicas, espiritualidades, sensibilidades y naturalezas conformen en su heterogeneidad un núcleo ético-mítico pluriversal.

Aquí es donde quisiera sugerir un juego de palabras que va más allá de la mera inversión de uno u otro vocablo, buscando proponer vías para abrazar otras ideas de naturaleza y sus respectivas formas de organización comunitaria. Lo que llamo una ecologización transmoderna remite a dos puntos centrales profundamente entrelazados. Por un lado el reconocimiento de que la naturaleza solo existe en pluralidad. Y por otro lado el establecimiento de un diálogo crítico intercultural en contextos asimétricos de poder. Para que tal diálogo no quede en una teorización abstracta y para que la pluralidad de visiones sobre la naturaleza no sea reducida al multiculturalismo liberal, es necesario identificar, tematizar y analizar los contenidos últimos de cada cosmovisión y su sistema de conocimientos y técnicas.

Esto nos lleva a la hermosa pregunta formulada por el profesor Eduardo Rueda sobre qué significa pensar míticamente el mundo. A mi juicio, una posible respuesta puede hallarse en una reflexión del maestro Enrique Dussel a propósito de su idea de transmodernidad, es decir, pensar míticamente el mundo implica ahondar en los supuestos ontológicos y en las estructuras ético-políticas de cada narrativa. De esta manera podríamos conocer concretamente los temas de tan necesaria conversación y los términos sobre los cuales activar políticamente el pluriverso.

La ecologización transmoderna busca una ambientalización de las existencias y los entramados comunitarios al tiempo que va recuperando creativa y críticamente todas las experiencias y expectativas de vida negadas por la modernidad, así como aquellas que le anteceden y las que continúan reexistiendo en contra/desde/y más allá de ella. En consecuencia, en lugar de continuar insistiendo en las promesas prometeicas de una razón tecnocientífica indolente, que está en la raíz de la crisis ecológica global, es importante abrirnos al estudio y comprensión de otras racionalidades para poder diseñar en conjunto un futuro con muchos futuros.

En síntesis se trata de un giro biocéntrico o de un enfoque de sustentabilidad superfuerte, donde la identificación de los lugares de enunciación en el debate sobre el reconocimiento de los derechos de la naturaleza es un primer paso para tejer, como ya había mencionado, una ecología de mundos donde otras temporalidades, otras escalas y otras estéticas, por nombrar unos pocos tópicos, formen parte de la conversación junto a temáticas acuciantes como otras formas de política, otros marcos jurídicos y otras economías.

Ante la elección que plantea la interrogante que abre este texto, la ecologización transmoderna es el camino más largo, la opción más utópica, pero la más honesta y consecuente con la diversidad biocultural del planeta.

Esta breve reflexión fue escrita en el marco del Diploma Superior en Ambiente y Sociedad que ofrece el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), bajo la coordinación académica del profesor Augusto Castro (Pontificia Universidad Católica del Perú), y como una asignación para el módulo sobre bioética, derechos y emancipación socioambiental en América Latina dictado por el profesor Eduardo Rueda Barrera (Pontificia Universidad Javeriana, Colombia).

04/10/2021

Por Marx José Gómez Liendo. Laboratorio de Ecología Política
Centro de Estudios de la CienciaInstituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC)

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Miércoles, 29 Septiembre 2021 05:51

El desplazamiento forzado aumenta en Colombia

La emergencia se presenta en el norte del municipio de Juradó como consecuencia de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y su presencia en los territorios indígenas. EFE/Archivo

El desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia

Casi 45.000 personas sufrieron desplazamiento forzado interno en Colombia en la primera mitad del 2021, 44.647 personas según la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA). Esto no es nuevo para Colombia que ostenta el triste récord de ser el primer país del mundo en número de desplazados internos, como atestigua el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, con 8,3 millones de personas contabilizadas hasta finales de 2020. Y el dato más preocupante es que las personas desplazadas internas en este primer semestre tripliquen a las que lo hicieron en el primer semestre del año anterior, porque significa que las dinámicas de desplazamiento no se han parado sino que siguen agravándose. Comunidades del norte del país, de Ituango en Antioquia, del Sur del departamento de Bolívar, del Cauca, de Nariño han tenido que abandonar sus territorios por la disputa por el control del territorio generándose con ello una crisis humanitaria.

Los actuales desplazamientos se están dando en el curso de la profunda crisis política, económica, social y de derechos humanos, agravada por la presente pandemia, que está atravesando Colombia. El apoyo masivo de la población, que se volcó a las calles, al paro nacional indefinido que comenzó el 28 de abril ha sido una respuesta a esta crisis. La otra cara de la moneda ha sido la brutalidad militar y policial,  el escenario de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional, con que el gobierno colombiano ha respondido al paro y a las demandas de la sociedad civil. Esta respuesta gubernamental nos da algunas pistas para entender el porqué de la persistencia del desplazamiento forzado.

La disputa por el control del territorio entre los grupos armados ilegales es la primera razón con la que se explican los desplazamientos. La voluntad expresa del gobierno del actual presidente Iván Duque, y del uribismo que lo sustenta, de no cumplir los acuerdos frustró la oportunidad para la paz que podía brindar lo pactado en La Habana. Este incumplimiento llevó a sectores de las FARC a retomar la guerrilla y toda la economía que gira a su alrededor y, asimismo, expresó la voluntad del gobierno de frustrar las posibilidades de lograr un acuerdo de paz con el ELN, la otra gran guerrilla histórica. Y mientras, el paramilitarismo se extendía y consolidaba en las zonas donde se retiraban las FARC-EP. Grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también denominado Clan del Golfo, los Caparros, y otros, disputaban el control del territorio autofinanciados con el narcotráfico, con el apoyo de transnacionales sobre todo extractivistas, y contando para su accionar con la connivencia del ejército.

También la no implementación de lo firmado en la Habana para favorecer el campo y la economía campesina ha estimulado nuevamente la extensión de los cultivos ilícitos en los territorios, que no han visto ninguno de los apoyos a planes productivos alternativos acordados. El Gobierno desatendió los proyectos de Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación[1], y hoy muchos de los desplazados son exguerrilleros de las Farc que no pueden adelantar sus proyectos productivos mientras son amenazados y asesinados.

Las dinámicas del desplazamiento permiten el control del territorio, pero no sólo para las rutas de la ilegalidad, sino también, dentro de una clásica estrategia contrainsurgente, para el control social y lo que es todavía más importante, permiten el control de los recursos existentes y su explotación por las grandes empresas nacionales o internacionales. En la geografía del desplazamiento subyacen recursos minerales, metales o madera y grandes proyectos extractivos o de agricultura industrial que para su explotación precisan la eliminación de las insurgencias pero también de las resistencias sociales a esos proyectos y al despojo de las poblaciones campesinas, indígenas o afrodescendientes que habitan en los territorios codiciados.

La expansión de la frontera extractiva a territorios a los que no había llegado por la presencia de la guerrilla o la oposición social es una de las causas del actual agravamiento de los desplazamientos.

Los casos de Ituango en el departamento de Antioquia, del Sur de Bolívar y la situación en el norte del departamento del Cauca pueden ayudar a comprender las razones del desplazamiento forzado.

En este mes de julio en Ituango, 4090 personas, de ellas 1300 menores de edad, se desplazaron a la cabecera municipal por presión de los grupos ilegales, amenazas a personas y comunidades, combates, produciéndose así una terrible crisis humanitaria. Este desplazamiento no ha sido un fenómeno nuevo. Enlaza con las masacres del Aro y la Granja, entre otras, desde los 90 hasta ahora. Se enmarca, además de economías y grupos ilegales, con proyectos empresariales como el embalse de Hidroituango, propiedad de Empresas Públicas de Medellín fuertemente contestado por las comunidades afectadas, o las concesiones mineras a Cerro Matoso SA, empresa cuestionada por sus vínculos con el paramilitarismo, y a otras empresas nacionales y multinacionales que han presentado 34 solicitudes de contrato minero que cubrirían el 40% de las 234.700 has. del municipio de Ituango.

No hace falta profundizar mucho para ver cómo en un territorio como Ituango en el que antes de los acuerdos había una fuerte militarización, tras la desmovilización de las FARC, aunque en menor medida siguen actuando disidencias de las FARC, el ejército permite la penetración de los nuevos grupos paramilitares. El ejército retiró las bases militares que en lo más duro del conflicto protegían el proyecto de Hidroituango, manteniendo una presencia menor de tropas de la Cuarta Brigada. A la vez más de 1000 hombres armados del grupo paramilitar de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia rodean el municipio. Es imposible que fuerzas de ese calibre puedan moverse con tanta facilidad sin la connivencia de la fuerza pública.

En Ituango las autoridades y las fuerzas militares y policiales han estado presionando para el retorno de los desplazados, un retorno  a un territorio que el estado no protege, sin dar garantías por tanto para la seguridad que los desplazados precisan, y por contra señalando a algunos de los líderes de los albergues. Esta política no va a evitar nuevos desplazamientos sino que permite la repetición, cada poco tiempo, de unos desplazamientos en los que se pierden las cosechas, el cuidado de los animales, con lo que es extremadamente difícil sacar el fruto de los proyectos productivos de sustentación y que pueden forzar el desplazamiento y el despojo definitivo.

También en este mes de julio se ha producido un desplazamiento masivo en el Sur de Bolívar. 1000 personas, unas 250 familias, se han visto obligadas a desplazarse al casco urbano del municipio de Santa Rosa del Sur por la violencia entre grupos armados en sus territorios. El Sur de Bolívar sufre desde hace muchos años la disputa por la explotación minera. Hay oro en las serranías de San Lucas y el Corcovado. La acumulación de títulos mineros y las solicitudes en marcha por grandes mineras nacionales y transnacionales buscan desocupar el territorio de sus pobladores y sus trabajos de minería artesanal. Mientras Fedeagromisbol, que agrupa 45 asociaciones agromineras de pequeños mineros, lucha por ir formalizando sus explotaciones artesanales grandes empresas, como AngloGold Ashanti, Mineros SA, Comercializadora  Internacional Carbones de Córdoba y Antioquia, Uragold SA, CI Minwerbank ltda, tienen proyectos de minería a gran escala acaparando los títulos concedidos y otras concesiones pendientes de aprobación. Los datos son ilustrativos, las solicitudes presentadas afectan a 960.114 hectáreas, el 60% de la región, y más de la mitad de las solicitudes se concentraron en 5 solicitantes mientras las comunidades tenían solicitudes para 7.913 hectáreas.

El Sur de Bolívar es un territorio en el que históricamente el grupo guerrillero ELN (Ejército de Liberación Nacional) ha tenido presencia. Hoy también están los paramilitares de las AGC, y las disidencias de las Farc, el frente 37 y los de Gentil Duarte, disputando el territorio. La militarización existente en el territorio se incrementó en enero de 2019 con la llegada de los 2000 efectivos de la Fuerza de Tarea Conjunta Marte del Ejército, la fuerza aérea, la armada y la policía nacional, pero como decía la nota de prensa su tarea era combatir al ELN. Es quizás por ello que en abril de 2021 se denunciaba como los paramilitares podían establecer un retén permanente en el Cerro de los Muñecos, a pesar de la cercana presencia del Batallón Nariño del ejército, incluso algunos pobladores señalaban a los miembros de ese batallón de abrirle el paso a los paramilitares y abastecerlos de alimentos.

El alcalde de Segovia, Didier Osorio, denunciaba este 24 de agosto que policías estarían informando a los paramilitares sobre operativos en la zona, de cómo son los turnos, los desplazamientos, de los cuadrantes, a qué hora están o no están en determinado lugar para que los grupos criminales puedan actuar.

El Norte del Cauca es un territorio donde mal convive con los territorios ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes el desarrollo de grandes empresas, de parques industriales y de zonas francas Hay una gran militarización con bases de unidades móviles y de alta montaña. Sólo en los municipios de Caloto, Corinto y Toribio hay siete bases militares y seis retenes militares permanentes de la policía y el ejército. A pesar de ello se están repitiendo las matanzas de líderes indígenas y existe el riesgo de desplazamiento de población afrodescendiente. Población a la que se ha marginado del supuesto desarrollo que han conllevado los parques industriales, y a la que se le ha negado su cosmovisión, sus derechos, empleabilidad y proyecto social. Según Indepaz en este año se han producido 9 masacres en el Cauca, con 28 personas asesinadas que ha afectado a población indígena y afrodescendiente.

La misión de las fuerzas militares es de hecho dar seguridad a las empresas, y no a las personas y comunidades que habitan el territorio. Una base militar está en la zona franca donde se ubica una de las principales empresas, Propal (Productora de Papeles SA), la seguridad privada de las empresas está vinculada al ejército y sus jefes son exmilitares o personal activo del ejército, a la vez que algunos municipios están contribuyendo con sus fondos propios a sufragar una parte de la presencia militar. El apoyo a las empresas por parte del estado contrasta con los 350 acuerdos incumplidos firmados entre el gobierno y las comunidades afrocaucanas, que dificultan los planes de vida propios, a la vez que permiten las explotaciones mineras con impacto ambiental y el crecimiento de los cultivos ilícitos y los grupos paramilitares.

Podríamos concluir que el desplazamiento forzado, y su aumento, tiene que ver con la reconfiguración de los grupos armados y el incumplimiento de los acuerdos de la Habana. Pero no cabe pensar en un problema puntual, o en hechos aislados en determinados territorios. Es un problema estructural que continua la dinámica histórica de desplazamientos y despojo consustancial al modelo económico de las élites dominantes en Colombia.

 

Tomàs Gisbert

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

María Jesús Pinto

Centre Delàs d’Estudis per la Pau

29/09/2021

[1] Las Zonas Veredales Transitorias de Normalización y los Puntos Transitorios de Normalización son espacios creados en virtud de los Acuerdos de paz entre el gobierno y las FARC-EP en 2016, verificados por Naciones Unidas para la concentración, desmovilización y reincorporación a la vida civil de los Ex Combatientes de las FARC-EP. Al terminarse en 2017 son sustituidos por los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación. En 2020 existían 20 ETCR y se crearon aproximadamente 93 Nuevas áreas de reincorporación.

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El radio de TOI-1685b es 1.5 veces más grande que el de la Tierra y el de TOI-1634b, 1.8. Los planetas aparecen rojos, debido a la luz de las estrellas enanas rojas que orbitan.Foto Astrobiology Center

Dos supertierras rocosas recién descubiertas carecen de atmósferas primordiales gruesas en órbitas muy cercanas alrededor de dos estrellas enanas rojas diferentes.

Estos cuerpos brindan la oportunidad de investigar la evolución de las atmósferas de los planetas rocosos calientes, según el grupo de astrónomos del Centro de Astrobiología, el Observatorio Astronómico Nacional de Japón, la Universidad de Tokio y varios institutos, autores del hallazgo.

En esta investigación, el telescopio Subaru y otros aparatos de ese tipo realizaron observaciones de seguimiento de esos dos planetas (TOI-1634b y TOI-1685b, originalmente identificados por la nave espacial TESS, de la NASA).

Ambos candidatos están en la constelación de Perseo, y aproximadamente a la misma distancia de la Tierra; TOI-1634b está a 114 años luz y TOI-1685b a 122. El equipo confirmó que son supertierras rocosas en órbitas de periodos ultracortos que tardan menos de 24 horas en completar un viaje alrededor de sus estrellas anfitrionas.

El espectrógrafo Doppler infrarrojo (IRD), montado en el telescopio Subaru, también midió las masas de estos planetas y proporcionó información sobre su estructuras internas y atmosféricas. Los resultados mostraron que están "desnudos", lo que significa que carecen de atmósferas primordiales de hidrógeno-helio gruesas, posiblemente debido a interacciones con las estrellas anfitrionas extremadamente cercanas.

Esto deja espacio para una atmósfera secundaria compuesta por gases liberados desde el interior del planeta. Los resultados también muestran que TOI-1634b es uno de los planetas más grandes (1.8 radios terrestres) y más masivos (10 masas de la Tierra) entre los cuerpos rocosos de periodo ultracorto conocidos.

Estos nuevos cuerpos celestes ofrecen excelentes oportunidades para estudiar qué tipo de atmósferas, si las hay, pueden desarrollarse en planetas rocosos de periodo ultracorto, y brindan pistas para ayudar a comprender cómo se forman esos cuerpos inusuales.

Otras observaciones de futuros telescopios, incluido el espacial James Webb, tienen como objetivo detectar y caracterizar las atmósferas de estos planetas. Teruyuki Hirano, autor principal de esta investigación, explicó: “Nuestro proyecto para realizar un seguimiento intensivo de los candidatos planetarios identificados por TESS con el Subaru aún está en progreso, y se confirmarán muchos planetas inusuales en los próximos años”.

El estudio se publicó en Astronomical Journal.

Imagen: SpaceX

SpaceX envió este 16 de septiembre de 2021 a cuatro personas al espacio en una primera misión puramente turística, de tres días de duración, a una altitud superior a la de la Estación Espacial Internacional y con el sistema de pilotaje automático Inspiration4. Volvieron a la Tierra sin sufrir atascos.

En septiembre de 2018, el milmillonario japonés Yusaku Maezawa ya adquirió de Elon Musk los servicios del sistema Starship de su empresa SpaceX para un viaje alrededor de la Luna a partir de 2023. Se desconoce el importe de la factura, pero probablemente es desorbitado.

Entre 2001 y 2009 se vendieron ocho billetes para embarcar en compañía de astronautas a bordo de la nave rusa Soyús para ir a la Estación Espacial Internacional, la famosa ISS. Un viaje de ida y vuelta al precio de entre 20 y 35 millones de dólares por persona, el equivalente al presupuesto diario de una quincena de millones de seres humanos que se hallan en el umbral de pobreza internacional.

Más allá de la obscenidad de una actividad destinada a satisfacer el sueño de unos individuos, estas excursiones recalcan la idea de que el espacio es una mercancía. Asimismo, consumen materiales y energía y tienen consecuencias medioambientales que aumentarán notablemente si este turismo espacial llega a comercializarse más ampliamente. Intentemos por tanto especificar dichas consecuencias diferenciando entre vuelos poco contaminantes, pero muy numerosos, vuelos medianamente contaminantes y bastante numerosos, y vuelos extremadamente contaminantes, pero poco numerosos.

Probar la ingravidez en un vuelo parabólico

Por 6.000 euros, una ya puede contratar un vuelo en un avión que encadena una sucesión de parábolas y permite experimentar la gravedad reducida de Marte o de la Luna, y sobre todo flotar doce veces en plena ingravidez durante una veintena de segundos. Así, la empresa Novespace ha embarcado a 1.856 pasajeros en 217 vuelos que duran alrededor de dos horas y media cada uno, equivalente a la duración (y la contaminación) de un vuelo de París a Varsovia. En la medida en que el número de pasajeros es limitado, la contaminación total de este carrusel de lujo no deja de ser modesta en comparación con los 915 millones de toneladas de CO2  emitidas en 2019 por los 4.500 millones de pasajeros del conjunto de vuelos comerciales (más de 100.000 al día en promedio).

Ver la curvatura de la Tierra en un vuelo suborbital

Salir al espacio implica volar a una altura bastante mayor que los aviones, por encima de los 100 km de altitud. Se trata de un llamado vuelo surborbital, pues la velocidad de la nave es insuficiente para colocarla en órbita. Su vuelo balístico permite experimentar la ingravidez durante varios minutos y al mismo tiempo admirar la belleza de la curvatura de la Tierra. Con un precio anunciado de 250.000 dólares, resulta caro apreciar la redondez de nuestro planeta, pero dispensa al pasajero, provisionalmente, de la proximidad de las clases populares.

La empresa Virgin Galactic, perteneciente al milmillonario Richard Branson, anunció en julio que ya ha vendido 600 billetes para su SpaceShipTwo y que está construyendo otras dos naves similares. Esto significa que realizará potencialmente cientos de vuelos regulares, pues ya son 9.000 los clientes que han manifestado su interés. La empresa Blue Origin, del milmillonario Jeff Bezos, también está en liza con su cohete reutilizable, New Shepard, concebido asimismo para lanzar una cápsula con seis turistas espaciales a bordo en una trayectoria suborbital que alcanza una altitud máxima de unos 100 km.

Según el informe de evaluación medioambiental del SpaceShip Two, podemos calcular que la emisión de CO2 de un vuelo completo es del orden de 27,2 toneladas. A razón de 6 pasajeros por vuelo, esto supone 4,5 toneladas de CO2 por persona, lo que equivale a dar la vuelta al mundo una persona sola en un automóvil mediano. Por algunos minutos de ingravidez, esto representa más del doble de la emisión individual anual (presupuesto CO2) que permitiría, según el GIEC [Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático], respetar el objetivo de +2 ºC del Acuerdo de París. En otras palabras, cada pasajero se saltará alegremente este límite y se arrogará el derecho de emitir en lugar de los demás seres humanos.

La propulsión híbrida del SpaceShipTwo no emite únicamente CO2. La nave también escupe hollín, fruto de la combustión incompleta de una mezcla de protóxido de nitrógeno (N2O) líquido y un derivado sólido de polibutadieno hidroxitelequílico. Un artículo científico de 2010 calculó que un millar de vuelos suborbitales al año generarían del orden de 600 toneladas de hollín, que, al permanecer cerca de diez años en suspensión en la atmósfera, entre 30 y 50 km de altitud, contribuirían a alterar el clima en todo el planeta, aunque las naves despegaran siempre del mismo lugar. En comparación con esto, la aviación civil parece casi limpia: emite más hollín en total, 7.200 toneladas al año, pero a una altitud del orden de 10 km, lo que reduce su permanencia en suspensión y permite que las lluvias lo arrastren al suelo.

Visitar la estación espacial internacional

Pasemos ahora al nivel superior. A partir de 2009 y desde que entraron en servicio los módulos científicos europeo y japonés, la tripulación de las expediciones a la ISS aumentó a seis astronautas de los países que la han financiado. En virtud de esta obligación, dejó de haber sitio para un pasajero particular y la agencia espacial rusa interrumpió los vuelos turísticos a la estación espacial. Sin embargo, los vuelos a la ISS para superricos van a reanudarse por iniciativa de la empresa Space Adventures (que vende asimismo vuelos de ingravidez). Después de años de ausencia, EE UU ha recuperado, en efecto, su capacidad de enviar a personas al espacio a raíz del éxito del vuelo de cualificación de la cápsula Crew Dragon lanzada por SpaceX el pasado mes de mayo. Space Adventures lo ha aprovechado para recuperar dos plazas libres en los vuelos del Soyús ruso, anunciando al mismo tiempo su asociación con la empresa Space X.

El precio de estos vuelos rondará los 100 millones de dólares. Con semejante tarifa, para realizar el sueño de Ícaro (ojo: terminó mal), hay que formar parte de las 11.000 personas que poseen una fortuna de 250 millones de dólares como mínimo o tal vez ganar un lote de cierto programa de telerrealidad. Después tendrá que pasar una prueba de aptitud física para el vuelo espacial, en particular para asegurar que el organismo del pasajero o pasajera pueda soportar la aceleración del despegue.

Las 119 toneladas de queroseno refinado consumidas en la primera etapa del cohete Falcon 9 producen, con su combustión controlada, una energía comparable a la que generó la reciente explosión que devastó el puerto de Beirut y sus alrededores: el equivalente a 1.220 toneladas de TNT. De acuerdo con el informe de evaluación medioambiental del Falcon 9, el vuelo completo, incluida la recuperación de la cápsula tripulada mediante embarcaciones especiales y un helicóptero, emitirá 1.150 toneladas de CO2, el equivalente a 638 años de emisión de un automóvil mediano que recorre 15.000 km al año. ¡Bastante más que una operación salida de vacaciones en la autopista! Con cuatro pasajeros por vuelo, esto supone cerca de 290 toneladas de COpor pasajero. Es decir, un turista en órbita vale tanto como 65 turistas suborbitales y casi 160 años de emisión de un automóvil…

Alrededor de la Luna

Un vuelo alrededor de la Luna como el que proyecta Maezawa también está reservado, desde luego, a los milmillonarios, que ya suman más de 2.000 y cuyo número crece constantemente. La nave Starship, a bordo de la cual se llevará a cabo el viaje, es la segunda etapa del cohete Super Heavy, el lanzador orbital superpesado y reutilizable desarrollado por SpaceX. El último informe medioambiental de este cohete señala que el conjunto Starship/Super Heavy produce la bagatela de 3.750 toneladas de CO2 en cada vuelo. El proyecto DearMoon preveía embarcar de 6 a 8 personas, lo que supone que cada una de ellas causará emisiones de 470 a 625 toneladas de CO2, superando así en un viaje de algunos días de duración el presupuesto CO2 anual de varios cientos de personas. Si bien esto es menos que las 1.630 toneladas de CO2 que emite anualmente Bill Gates con sus desplazamientos en avión privado…

No contabilizamos, sin duda equivocadamente, el coste en CO2 de la construcción de las plataformas de lanzamiento. Es hormigón, y también mucho gasto en términos de superficie ocupada. Si en Roissy el aeropuerto [Charles de Gaulle] ocupa alrededor de un tercio de la superficie de París intramuros (32 km2), lo hace para más de 470.000 movimientos de aviones al año y cerca de 70 millones de pasajeros y pasajeras. En comparación, los vuelos suborbitales previstos por Virgin Galactic partirán del Spaceport America, en Nuevo México, cuya superficie de 73 km² no servirá para más de un millar de vuelos al año.

Dejamos de lado asimismo las consecuencias medioambientales de la extracción, el transporte y la transformación de los materiales de alta calidad, como el acero y el aluminio, necesarios para fabricar los cohetes, que no se recuperarán en su totalidad.

El 1 % más rico es responsable del doble de emisiones que la mitad más pobre de la humanidad. Después de sus yates privados y sus aviones de negocios, los caprichos espaciales de esta gente (ultra)rica alimentan la ilusión de omnipotencia que se halla en el origen de los graves desarreglos de la biosfera terrestre. Si las economías de escala derivadas de las mejoras técnicas hicieran que el turismo espacial resultara accesible al conjunto de las clases superiores, estas desigualdades se amplificarían todavía más, sumándose a las degradaciones causadas por nuestras sociedades en general y por el turismo de masas en particular.

19/09/2021

https://theconversation.com/tourisme-spatial-quand-les-plaisirs-de-quelques-uns-polluent-la-planete-de-tous-146552

Traducción: viento sur

Por François Graner | Roland Lehoucq | Emmanuelle Rio

 

Roland Lehoucq es astrofísico, miembro del Comisariado de la Energía Atómica y Energías Alternativas (CEA); Emmanuelle Rio es profesora investigadora de la Universidad de París Saclay y François Graner es director de investigación del CNRS, Universidad de París.

Publicado enMedio Ambiente
Saltar las barreras corporativas para transformar los sistemas alimentarios

La pandemia expuso las debilidades del actual sistema alimentario, que la Cumbre convocada por la ONU promete profundizar junto con las empresas. Especialistas y activistas de la agroecología y la soberanía alimentaria desarman la situación actual y muestran las estrategias que ya están en marcha desde abajo para modificar el modelo en la postpandemia.

En su último informe sobre la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, Naciones Unidas (ONU) reconoció que durante la pandemia 811 millones de personas no accedieron a alimentos suficientes y dio por hecho que el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 sobre “Hambre Cero” quedará incumplido. A pesar de este reconocimiento, el 23 de septiembre, el organismo internacional promoverá una Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios con la que promete avanzar en aquellos objetivos profundizando el actual sistema alimentario, atado a las políticas corporativas de la “Revolución Verde” promocionada desde los años 60. El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, ofrece una mirada global sobre las presiones de esa política corporativa alrededor del mundo y las estrategias surgidas desde el campesinado y los movimientos de la sociedad civil para enfrentar la pandemia del hambre. Una voz que no será escuchada en la Cumbre. 

“Necesitamos que se apoye el movimiento sin tierra para que se puedan producir alimentos y comidas saludables. Necesitamos este cambio, cambiar la matriz de producción”, sostuvo Matheus Gringo de Assunção —economista, militante del Movimiento Sin Tierra (MST) e investigador del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales— durante la presentación del libro en el ciclo de charlas  “Nuestra comida, nuestra historia: recuperando las narrativas de los sistemas alimentarios”, organizadas por la Fundación Rosa Luxemburgo para respaldar a las organizaciones campesina, indígenas y movimientos sociales que ya se pronunciaron (contra la Cumbre de la ONU) bajo el lema “Sistema Alimentarios para los Pueblos”.  

“Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas: no será justo. No va a parar el hambre y no va a respaldarnos como sociedad”, sentenció Qiana Mickie, fundadora y activista en organizaciones de economía solidaria en Nueva York, Estados Unidos, e integrante del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), una de las principales plataformas desde donde se denuncia lo que ocurrirá en la Cumbre de fin de mes. “No se trata tanto de lo que hablen en la Cumbre si no lo que realmente hace falta. Si los recursos de los Estados siguen yendo a las transnacionales y los privados solo veremos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad”, completó. 

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, editado por la Fundación Rosa Luxemburgo, utiliza la pandemia como catalizador de la crisis de los sistemas alimentarios al señalar cómo puso “al desnudo la fragilidad y las profundas contradicciones del modelo dominante de agricultura y alimentación” —las violaciones del derecho a la alimentación, los niveles de concentración en los sistemas alimentarios, la fijación de precios injustos de los alimentos, las políticas alimentarias incoherentes—. Temas que no aparecerán con la voces de los territorios en la Cumbre convocada por la ONU en alianza con el Foro Económico Mundial y las empresas tecnológicas

Pero la publicación no se queda en la denuncia sino que reconoce cómo la pandemia potenció las respuestas en defensa de la soberanía alimentaria: “También ha creado el ímpetu para solidaridad entre diferentes clases de personas en todo el Sur y el Norte global”, se destaca en el libro sobre las experiencias de los movimientos sociales y las organizaciones campesinas que sirven como guía hacia otros sistemas alimentarios. 

Asegurar el derecho a la alimentación, cuenta pendiente del actual sistema alimentario 

El libro está dividido en tres grandes ejes —“El empuje hacia una opresión. Futuro sombrío y respuestas desde abajo”; “Las políticas deben estar al servicio de las personas: la lucha por los derechos a la tierra y la alimentación” y “Respuestas desde abajo: reimaginando redes entre lo urbano y lo rural”— que permiten hacer un repaso de lo global a lo local sobre las luchas campesinas, indígenas y de la sociedad civil por otro sistema alimentario frente a una política global corporizada, que la Cumbre de los Sistemas Alimentarios propone profundizar.

Las miradas críticas y propositivas de los artículos del libro provienen de los trabajadores de la tierra, de especialistas en agroecología, de movimientos de la sociedad civil de Asia (India, Filipinas y Camboya) y de América (Argentina, Brasil y Estados Unidos).  “Muchos de los actuales sistemas alimentarios y agrícolas del mundo necesitan ser transformados en favor de las personas, el medio ambiente y el clima”, afirmó Patricia Lizarraga, coordinadora de proyectos de Rosa Luxemburgo en Buenos Aires, en la apertura del webinario virtual. 

“El Covid-19 puso de manifiesto, además, que la distribución y comercialización de alimentos está muy concentrada y es poco equitativa”, sentenció Lizarraga, quien también es autora de uno de los capítulo del libro “Solidaridad de clase en la lucha contra el hambre”, junto a Matheus Gringo de Assunção. 

En ese capítulo repasan lo que en las conclusiones señalan como “los increíbles ejemplos de solidaridad en la brecha urbana y rural que aseguraron el acceso a los alimentos nutritivos para millones de personas” durante la pandemia de coronavirus. Las experiencias relatadas en ese capítulo son las de “Periferia Viva” —una red solidaria creada entre movimientos sociales de Brasil para garantizar el acceso a alimentos durante la crisis generada por el Covid-19— y la Red de Comedores para una Alimentación Soberana, impulsada por la  Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) y que unió a 200 organizaciones populares para abastecer de alimentos agroecológicos a los comedores populares. 

“La pandemia fue un problema extra a la crisis económica, social y medioambiental que se incrementó en los últimos años. Las medidas de cuidado que se pusieron en práctica eran necesarias para proteger la salud, pero profundizó la crisis en América Latina. En Argentina y Brasil los números son similares, el 40 por ciento vive en pobreza o extrema pobreza”, analizó Gringo de Assunção sobre la urgente crisis alimentaria. 

El militante del MST indicó que en Brasil las redes solidarias fueron imprescindibles frente al desmantelamiento de los programas de alimentación por parte del presidente Jair Bolsonaro, a diferencia de la Argentina donde se relanzaron políticas de asistencia alimentaria, pero marcó otro problema que afecta a ambos países: “La industria agroalimentaria está en manos de las multinacionales y eso convierte a los alimentos en objeto de los inversores y tiene un efecto en los precios”. 

La otra experiencia relatada en el libro muestra cómo la pandemia de Covid-19 amenazó la seguridad alimentaria también en Nueva York, en el corazón financiero de la potencia económica y agrícola. En los barrios pobres del Bronx, Qiana Mickie —fundadora de QJM Multiprise e integrante de organizaciones de economía solidaria como Farmers Market Coalition, South Bronx Farmers Market— fue parte de las redes tejidas entre los pequeños agricultores y las comunidades relegadas, que formaron largas filas día tras día para recibir una ración de comida en medio de las políticas de encierro, el incremento de los precios de los alimentos y la pérdida de puestos de trabajo. Un espejo de lo ocurrido a nivel mundial. 

“En Harlem vemos cómo las personas mayores y niños en edad escolar están en una situación de inseguridad alimentaria. Entre los niños, alcanza a uno de cada cuatro. El impacto es mayor en ellos, en las personas mayores y en los pueblos indígenas”, describe Mickie y advierte que no es solo un fenómeno urbano ver a filas de personas haciendo colas bajo la lluvia para llevarse un bolsón de alimentos sino que “en las áreas rurales también sucede”. 

“Lo que tenemos que buscar son soluciones de largo plazo, modificar el sistema alimentario, potenciar los sistemas de pequeños agricultores y cooperativas. No es posible superar el hambre con obras de caridad”, sentenció la activista e integrante del comité de coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y Pueblos Indígenas (MSC) ante el Comité de Naciones Unidas sobre la Seguridad Alimentaria (CSA).     

Políticas públicas a favor de las corporaciones o sistemas alimentarios más justos

Las redes solidarias de pequeños productores con la sociedad civil organizada en las ciudades son la respuesta a un problema de base y de escala global, pero para poder asegurar alimentos sanos para la población los pequeños productores campesinos e indígenas deben tener asegurado el acceso a la tierra o la posesión de sus tierras ancestrales. El libro expone esta problemática global a partir del capítulo  “El papel del Estado en Garantía del Derecho a la Alimentación”, escrito por el especialista indio PS Vijayshankar, experto en agricultura sostenible y cofundador y director de investigación de Samaj Pragati Sahayog (SPS).

Vijayshankar escribe sobre la producción de alimentos en la India en un momento crítico. Las políticas neoliberales del gobierno de Narendra Modi le abren las puertas a las empresas multinacionales para el control de la producción, comercialización y fijación de precios de los alimentos, alejando el rol histórico que mantuvo el Estado indio en la regulación de las compras, almacenamiento y distribución de los alimentos producidos por los pequeños productores. Lo que generó movilizaciones históricas para frenar las políticas a favor de las corporaciones de la industria alimenticias y respaldadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) para eliminar las subvenciones estatales.   

Durante la pandemia el Estado se ha retirado de muchas actividades y la protección legal de los pequeños productores es cada vez peor. Muchas multinacionales están interviniendo directamente en la producción con el arrendamiento de tierras”, resaltó Vijayshankar sobre el avance corporativa en la India y agregó que también alcanza a la regulación de precios y el sistema de financiamiento: “Las grandes corporaciones están fijando los precios, con objetivos de explotación para los pequeños productores, que poseen pequeñas parcelas y, en muchos casos, deben tomar préstamos de las propias corporaciones para seguir produciendo”. 

El especialista y docente sostiene que el rol del Estado para proteger a los pequeños productores y la producción de alimentos para la sociedad se hizo evidente y confió en que la lucha social continuará: “La seguridad alimentaria se ha conseguido mediante la presión popular y no queremos se dé marcha atrás”.

Vijayshankar resaltó además la importancia de que los pequeños productores avancen hacia formas de cooperativismo para “tener una posición más fuerte de los pequeños agricultores frente al mercado”. “Desde los años 60 se busca imponer una agricultura a gran escala e intensiva —la llamada “Revolución verde”—. Eso es lo que hay que poner en discusión y reformar”, sostuvo el especialista indio y docente universitario.  

El modelo para hacer frente al actual modelo hegemónico impuesto por las corporaciones, la OMC y los Estados es con acceso a la tierra y fomento a la agroecología, plantea Vijayshankar. “La reforma agraria, la tenencia de la tierra es fundamental para cualquier cambio, poder tener los títulos de los agricultores que las tienen de forma ancestral”, asegura y agrega que un modelo que frene la sobreexplotación de los suelos y el agotamiento de las aguas debe estar asociado a la agroecología y a los modelos locales ancestrales. 

Las estrategias, la resistencia, otro modelo alimentario 

El libro Barreras de choque para los sistemas alimentarios y agrícolas en el post Covid-19, permite abrir ventanas al mundo, observar cómo las peleas por otro modelo de producción enfrentan las mismas políticas corporativas, y regresar a la realidad regional. “Las personas que producen los alimentos que terminan en los platos de la población brasileña se ven atacados, perseguidos por los empresarios del agronegocio y por el gobierno de Bolsonaro, que suspendió cualquier proceso que lleve a la reforma agraria. Y legalizó el acaparamiento de tierras”, denunció Gringo de Assunção. 

Brasil sintetiza la crudeza del actual sistema alimentario. El nivel de deforestación del Amazonas avanzó hasta un 40 por ciento de su superficie total para ampliar la frontera de los cultivos de soja que van a alimentar la producción ganadera y la exportación de commodities. Los que sufren el avance de esa frontera agropecuaria de forma inmediata y violenta son las comunidades indígenas y campesinas, pero el impacto de la deforestación del Amazonas genera consecuencias globales, entre ellas, las sequías y bajantes de los ríos, como ocurre en el Río Paraná

En paralelo, Bolsonaro eliminó los programas de alimentación denominados “Hambre cero” —uno de los objetivos propuestos por la ONU y que admitió que incumplirá— que no solo ofrecían asistencia alimentaria si no que eran una política destinada a los pequeños productores a partir de la compra pública para abastecer organismos estatales y hospitales públicas con alimentos agroecológicos. “Desde 2016 esos programas quedaron desfinanciados. Habíamos llegado a cubrir el 30 por ciento de las escuelas del país con alimentos sanos provenientes de la agricultura familiar”, destacó el integrante del MST.   

“Bolsonaro frenó cualquier tipo de reforma agraria y nos llevó a una situación en la que no hay acceso a la tierra, pero tenemos un movimiento de resistencia activo, somos el primer frente contra las políticas neoliberales que propone”, reivindicó Gringo de Assunção y convocó a que los movimientos sociales mantengan una actitud de “solidaridad no pasiva”, o sea, promover acciones que combatan el hambre al mismo tiempo que se le reclama y recuerda al Estado que “no está cumpliendo con su deber de garantizar derechos”. Y aseguró que esas acciones deben comprometer a las comunidades para que “sean los protagonistas en las políticas públicas”. 

Desde Nueva York, allí donde los representantes de los estados miembro de la ONU se reunirán para proponer un supuesto cambio en la Cumbre de los Sistemas Alimentarios, la integrante del MSC y activista por la soberanía alimentaria comparte la necesidad de renovar la forma en las que se definen las políticas públicas: “Necesitamos un enfoque para edificar un sistema resiliente de cara al futuro, que penetre en el sistema alimentario y en el sistema político, ampliando los actores y tomadores de decisiones”. 

En ese sentido, Mickie insistió con que “la financiación del gobierno para el sistema de bienestar no debe ser sólo para la asistencia sino para generar soluciones”. ¿Cómo generamos un control democrático sobre la explotación de los recursos? ¿Cómo generamos alternativas para incluir a las comunidades locales? ¿Cómo mejoramos la logística para conectar a los productores regionales con las ciudades? ¿Cómo redistribuimos la tierra de forma equilibrada? ¿Cómo creamos en lo urbano espacios con prácticas agroecológicas? La activista neoyorkina dejó desafíos flotando. “Tenemos que hablar de modelos que hay que transformar no solo trabajar en la supervivencia sino trabajar en un modelo que genere resiliencia y perdure en el tiempo”, sentenció.  

—¿Se puede esperar alguna línea de acción que surja de la Cumbre de Sistemas Alimentarios de la ONU que modifique los problemas de producción, comercialización y acceso a la alimentación sana que describen?— preguntó Tierra Viva a Qiana Mickie   

—En la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios se va a hacer un greenwashing de los conceptos que no funcionan. Lo que necesitamos es movilizarnos, hacer escuchar las voces de las poblaciones, necesitamos menos cooptación de las corporaciones, necesitamos fomentar lo que sabemos que sí funciona y necesitamos el respaldo de las organizaciones y de la sociedad civil. Si lo que se plantea en la Cumbre va en contra de los derechos de las personas no es justo, no va a parar el hambre y no va respaldarnos como sociedad. Tenemos que crear presión sobre la cumbre para que escuchen la voz del pueblo y los retos presentes, necesitamos desarmar el poder. No se trata tanto de lo que hablen en la cumbre si no lo que realmente hace falta y necesitamos, en la práctica, los fondos para que se lleven a la práctica los modelos que sabemos que funcionan. 

—¿Qué soluciones se podría proponer en materia de comercialización y distribución de alimentos a partir de las respuestas que dio la economía solidaria en el marco de la pandemia?

—Se trata de desmantelar el capitalismo dentro del sistema alimentario. Pasar de una política agroglobal a una de nivel local. Apoyar modelos y soluciones que se basen en la solidaridad y de soporte directo a los pequeños productores. Construir políticas públicas para asegurar la seguridad alimentaria, que está relacionado a las comunidades locales y a través de la agricultura regenerativa. Necesitamos un cambio en la relación de poder, porque si los recursos del Estado siguen yendo a  las transnacionales y los privados, solo vemos efectos devastadores para el ambiente, la salud y la marginalización de nuestra sociedad. Hay que apoyar a estos modelos que son viables, aumentar las investigaciones, apoyar a los pequeños productores y hacerlo de manera conjunta. Tenemos los líderes, tenemos las estrategias, necesitamos más solidaridad para quitar poder a los grupos concentrados. Ya sabemos lo que hay que hacer, solo tenemos que insistir y encontrar los recursos.

18 septiembre 2021

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 Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

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China realiza los preparativos para Cumbre Mundial sobre Biodiversidad

China ya realiza los preparativos para  acoger en octubre la cumbre mundial sobre biodiversidad (COP 15) en la ciudad suroccidental de Kunming. Este evento ha sido pospuesto dos veces y reestructurado debido a la pandemia de COVID-19.

Autoridades locales informaron que actualmente instalan y actualizan los equipos en la sede principal, pero además dan los toques finales al embellecimiento de la urbe y reparación de las carreteras principales.

Según detallaron, los asistentes a la cita serán transportados en vehículos de energías limpias y se albergarán en 16 hoteles acondicionados con medidas que permitan detectar y controlar cualquier caso de COVID-19.

La Organización de Naciones Unidas y China acordaron recientemente inaugurar la COP15 de forma virtual a mediados de octubre desde Kunming y además pasar las discusiones en persona para entre el 25 de abril y el 8 de mayo del año venidero.

Ese evento debía efectuarse en octubre de 2020, pero por la pandemia se aplazó para mayo del presente año y después para el mes que viene. No obstante, el Ministerio chino de Ecología y Medioambiente siempre advirtió que la celebración de la cumbre dependerá de la situación sanitaria a escala global.

El objetivo de la reunión será conformar la agenda global con las metas que deben alcanzarse hacia 2030 en la conservación de la biodiversidad.

China buscará incluir también el uso sostenible, compartido y balanceado de los recursos naturales.

Como parte de los preparativos, en junio último el gigante asiático y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica patrocinaron un foro que examinó cómo el sector empresarial podría contribuir de forma activa en la conservación de los recursos naturales y respalden los respectivos esfuerzos y proyectos globales.

Ese espacio incluyó el debate de temas como el uso sostenible de los suelos, conservación de los bosques, la protección de los ecosistemas marinos y financiamiento a proyectos ecológicos, entre otros.

12 septiembre 2021

(Con información de Prensa Latina)

Brasil: Arranca la votación en el "juicio del siglo" sobre tierras indígenas

Se espera que el juez Edson Fachin, relator del caso, lea su voto en la sesión del jueves

 El máximo tribunal debate la tesis del marco temporal, que sostiene que solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.

 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) arranca hoy su votación en un juicio que podría poner en jaque a centenares de tierras indígenas pendientes de demarcación en el país. En el llamado "juicio del siglo" sobre los indígenas, la máxima Corte debe decidir si es válida la tesis del marco temporal, defendida por el agronegocio con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.

La sesión del pleno del STF finalizó este miércoles sin iniciar la votación. Se espera que el juez Edson Fachin, relator del caso, lea su voto en la sesión del jueves. Según el aviso del tribunal, los miembros de la Corte fueron consultados y acordaron dejar el voto de Fachin para la próxima sesión debido a la extensión de su fundamento. El juicio podría prolongarse varias sesiones a pedido de alguno de los 11 jueces y se espera una votación ajustada.

En concreto el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en el estado sureño de Santa Catarina, que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988. Pero, por decisión de la propia Corte, el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa. 

Los indígenas sostienen que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin prever ningún marco temporal. Y afirman que en muchos periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), con lo cual sería imposible determinar su presencia en 1988. 

Por su parte los grandes productores rurales sostienen que en Brasil, con una población de 213 millones de habitantes, los 900 mil indígenas ya poseen mucho territorio (un 13 por ciento de la enorme superficie del país) y que si no se adopta el marco temporal ese número llegará al 28 por ciento, unas proyecciones muy cuestionadas. El sector cuenta con el apoyo de Bolsonaro, que hasta ahora viene cumpliendo su promesa electoral de no demarcar "ni un centímetro más" de tierras indígenas. 

08/09/2021

Publicado enInternacional