3 años del TLC con Canadá. Concentración sectorial, impacto socio-económico y comportamiento laboral

Luego de tres años de vigencia del TLC entre Colombia y Canadá, vale la pena evaluar el tipo de inversión y el comportamiento de las empresas canadienses en nuestro país, para ver si este TLC ha ayudado a mejorar las garantías en materia laboral y socio-cultural en dichas empresas. Con esa intención, la ENS hizo un estudio sobre el cumplimiento de las responsabilidades contraídos por ambos gobiernos dentro del TLC, y de los acuerdos paralelos que se firmaron en respuesta a los cuestionamientos por la falta de medidas claras de protección a los derechos humanos.

El estudio analiza igualmente el desempeño de las empresas más exitosas de Canadá en Colombia, especialmente en el sector minero-energético, en cuanto a sus ingresos y utilidades, pero también en su comportamiento laboral y en cuanto a las garantías de protección de los derechos humanos y del medio ambiente.

 

Canadá y su industria extractiva

 

La minería y los hidrocarburos implican explotaciones a gran escala, altamente tecnificadas, por lo que generan pocos empleos: no participan sino con el 1,1% del empleo total del país (238 mil empleos en 2012), además con una pésima distribución de los excedentes entre los trabajadores, al tiempo que ofrecen jugosos ingresos para sus dueños y accionistas. Por su parte, la industria contribuye con el 13% de todos los empleos del país y el sector agropecuario con el 18%. Dicho de otro modo: entre 2000 y 2012, años donde subió notoriamente la economía extractiva, la agricultura generó casi 3 veces más empleo que la minería, y la industria manufacturera generó más de 6 veces.

Canadá es uno de los países que más concentra capital minero. De hecho la mitad de todo el capital minero del mundo se encuentra en las bolsas de Toronto y Vancouver. No sorprende, entonces, que la inversión canadiense se concentre en el sector minero-petrolero. 35 de las 52 empresas canadienses en Colombia se dedican a actividades de exploración, extracción y distribución de minerales e hidrocarburos, más que las empresas procedentes de otros países. Ver gráfico: 

 

Distribución sectorial de las empresas canadiense  (%)

 

Fuente: Rastreo y cálculos propios

 

De las 35 empresas canadienses enfocadas en la exploración, extracción y/o distribución de minerales e hidrocarburos, 22 se especializan en la exploración y extracción de oro y otras minerales (excluyendo el carbón) que generan pocos ingresos por concepto de regalías.

Si separamos las 10 empresas canadienses con mejor desempeño económico en 2013, vemos que es contundente la concentración de las actividades de minería y extracción y transporte de los hidrocarburos como fuente de riqueza y utilidades empresariales. Ver cuadro:

 

Las 10 empresas canadienses más grandes (por ventas en 2013 y 2010)


 

Como se ve, 9 de los 10 primeros puestos de empresas canadienses en Colombia, medidos por ventas, los ocupan compañías relacionadas con hidrocarburos. Y se ve que los ingresos operacionales de las dos primeras: Pacific Rubiales Energy y Meta Petroleum, aumentaron exponencialmente. En Colombia Pacific Rubiales se ha ido abriendo camino a velocidad feroz en el sector de los hidrocarburos, tanto expandiendo la producción y los bloques de exploración, como adquiriendo otras empresas petroleras canadienses.

Pero además, Meta Petroleum, al igual que Pacific Stratus Energy y Petrominerales, son de propiedad de Pacific Rubiales Energy, que es, después de Ecopetrol, la segunda petrolera más grande del país, cuya producción ha tenido un incremento colosal en años recientes. En 2007 producía menos de 25 mil barriles diarios (1), y a mitades de 2013 producía más de 250 mil barriles por día, en Campos de Rubiales y Quifa (2) . Adicionalmente, tiene 40 bloques exploratorios en Colombia, tres más en Perú y dos en Guatemala.

Sólo una de la lista: la Gran Colombia Gold, se dedica a la exploración y extracción de oro y plata, después de concretar su fusión con Medoro Resources (otra minera de procedencia canadiense) que tiene minas en Antioquia (Segovia y Titiribi) y en Caldas (Marmato). Al igual que la gran mayoría de las empresas canadienses dedicadas a la extracción de oro y otros minerales preciosos, Gran Colombia Gold aún está lejos de acumular las ganancias prometidas debido al poco tiempo que lleva en el país, y a que aún está en procesos de exploración. Se espera que en próximos años sus ventas se incrementen al punto de competir con los ingresos de las petroleras canadienses con presencia en Colombia.

 

Derechos laborales: un discurso al vacío

 

La vulnerabilidad de los derechos laborales y sindicales en Colombia y su recurrente violación, fueron las principales razones de la oposición a los TLC, tanto con Canadá como con Estados Unidos y la Unión Europea. En respuesta a estos cuestionamientos, los gobiernos de Colombia y Canadá acordaron crear herramientas que, supuestamente, ayuden a que las empresas canadienses garanticen los derechos humanos básicos, entre ellos los laborales.

Este acuerdo plantea 3 retos: proteger, ampliar y hacer efectivos los derechos básicos de los trabajadores; fortalecer la cooperación en materia laboral entre ambos países; y avanzar en los compromisos internacionales laborales que cada país tiene. Asimismo, reafirma las obligaciones de cumplir los convenios de OIT, y propone que empleadores y trabajadores establezcan diálogos con el "fin de mantener un ambiente laboral justo, seguro y sano".

El acuerdo subraya la protección de 6 derechos laborales: libertad de asociación y derecho a la negociación colectiva, e incluye el derecho de huelga; eliminación de todas las formas del trabajo forzoso; abolición del trabajo infantil; eliminación de todas las formas de discriminación laboral; condiciones aceptables de trabajo con respecto al salario mínimo, jornada laboral, salud y seguridad ocupacional; otorgar a los trabajadores migrantes la misma protección legal que a los nacionales de cada país respecto a las condiciones de trabajo.

Otra herramienta es la evaluación de los impactos en materia de derechos humanos. Ambos gobiernos se comprometieron a adelantar reportes cada año, como una manera de asegurar que no haya retrocesos en esta materia, bien por las cláusulas y reglas del TLC, o por la actuación indebida de las empresas canadienses o colombianas.

Estos mecanismos y herramientas pueden sonar convincentes, pero, como la historia nos enseña, los discursos pueden divergir significativamente de las prácticas, y sobre todo de la voluntad concreta de las partes interesadas. El reporte del gobierno canadiense dice que tras la implementación del TLC las exportaciones de Canadá hacía Colombia en sectores que fueron liberalizados, crecieron más que las exportaciones colombianas hacían Canadá. Y aunque el reporte menciona que hubo dos sumisiones sobre asesinatos de sindicalistas y represión de activistas laborales y sindicalistas, percibidos como "obstáculos al desarrollo de los sectores de minería, hidrocarburos y la industria agrícola", pero que ninguna de esas sumisiones "ofrece un análisis de los cambios en las situación de derechos humanos, ni tampoco pudieron demostrar un vínculo entre el goce y respecto por los derechos humanos y las reducciones arancelarias de Canadá asociadas con la implementación del TLC".

El reporte también hace énfasis en uno de los proyectos que busca mejorar el Diálogo Social, la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial en el sector de minas. Pero está ubicado en La Guajira, departamento donde no existe actividad minera significativa por parte de una empresa canadiense. ¿Por qué no se desarrolló este proyecto en zonas de influencia de capital canadiense, donde existen múltiples conflictos de tipo socio-cultural, ambiental y laboral que involucran empresas mineras canadienses?

En cuanto a la violencia antisindical, según la base de datos de la ENS, entre el 1º de enero de 2013 y el 15 de agosto de 2014 se registraron 45 casos de violación a la libertad personal e integridad física de sindicalistas afiliados a la USO, entre ellos 2 homicidios y 29 amenazas. Lo que demuestra lo riesgosa que sigue siendo la actividad sindical en el sector petrolero, que es uno en los que hay más presencia de empresas canadienses. Especialmente en la zona de Puerto Gaitán, Meta, donde es casi completo el dominio de la empresa más lucrativa de Canadá en Colombia: Pacific Rubiales Energy. En los últimos 3 años (tiempo que coincide con la vigencia del TLC con Canadá) en esta zona la USO sufrió 24 violaciones a sus afiliados y dirigentes, entre amenazas, hostigamiento, detención arbitraria y un homicidio.

La detención de Héctor Sánchez Gómez, Campo Elías Ortiz y José Delio Naranjo Gualteros, dirigentes y activistas de la USO, habla de la precariedad de los derechos sindicales en una zona bajo influencia política y económica de Pacific Rubiales. Fueron retenidos 75 días por orden de un fiscal, acusados de secuestro, amenazas, violación al derecho al trabajo y obstrucción de vías públicas. Luego todos fueron puestos en libertad por un juez de garantías de Bogotá. No obstante Darío Cárdenas, vicepresidente de la seccional sindical, sigue retenido bajo los mismos cargos. Hoy se utilizan las normas penales para perseguir a dirigentes sindicales y no para proteger la actividad sindical.

A pesar de que la USO no tiene afiliado ningún trabajador de Pacific Rubiales, en la zona donde esta petrolera canadiense opera enfrenta 32 procesos penales en contra de sus dirigentes, afiliados y activistas, todos por acciones de protesta frente a la negativa de Pacific Rubiales de aceptar la afiliación sindical y la negociación colectiva en Campo Rubiales.

La seriedad de las violaciones de la Pacific merece un compromiso concreto gubernamental para lograr la resolución de estos conflictos, el castigo de los responsables (incluyendo la empresa), y una reparación integral al sindicato y sus afiliados (y sus familias) personalmente afectados por estas violaciones.

 

Sindicatos brillan por su ausencia en empresas canadienses

 

La presencia sindical y la existencia de la negociación colectiva en las empresas canadienses presentes en Colombia, en su gran mayoría del sector minero-energético, deja bastante que desear. En las 52 empresas solo existen 3 sindicatos (el 5,8%). Y más preocupante aún: sólo uno de ellos, Sintramanisol, de la empresa Bata Footwear, logró negociar y firmar convención colectiva de trabajo (CCT).

El sindicato Sintraminenergética ha logrado incidir en el entorno de la minería de oro en Marmato y Segovia, donde opera Gran Colombia Gold, pero sin lograr la firma de una CCT. En el caso de Colpatria (en socio con ScotiaBank) hay un claro acento antisindical, con la utilización de un pacto colectivo como mecanismo para asegurar que no nazca ni crezca la organización sindical.

El sindicato UTEN fue creado por acuerdo de puerta cerrada entre la gerencia de Pacific Rubiales y dirigentes de la CGT, para lograr que la USO se quedará por fuera de la empresa, y por ende de Campo Rubiales. Este sindicato no ha negociado ninguna CCT, al contrario, como compensación por crear un sindicato no conflictivo, la empresa firmó un Acuerdo Laboral que da algunas dádivas a los trabajadores que se unieron a la UTEN.

En conclusión, por fuera de la publicidad que contra en los grandes medios, empresas canadienses como Pacific Rubiales, patrocinadora de la selección nacional de fútbol, siguen existiendo muchas prácticas explícitas e implícitas antisindicales que van en contra de los derechos laborales.

A continuación se reseñan 15 casos en los cuales los proyectos de inversión minera y petrolera de compañías canadienses implican conflictividad con el medio ambiente y las comunidades:

 

Caso REM Forest

 

La abundancia de recursos forestales y de biodiversidad hace del Chocó una región atractiva para la inversión extranjera. Allí fijó sus intereses la multinacional canadiense REM Forest, cuyo principal accionista es el billonario Frank Giustra, un corsario financiero a quien el gobierno Uribe, a través de Codechocó, le concedió licencia para explotar durante 15 años más de 5 millones de metros cúbicos de madera en la zona de Bahía Solano, lo que representan unos US$1.500 millones. Esta compañía tiene vínculos financieros con Pacific Rubiales, Medoro Resources, Alange Corp y Gran Colombia Gold. Es decir, se trata de un proyecto de envergadura que vincula la madera con el oro y el petróleo (3).

El proyecto REM Forest preveía la explotación de 44.596 hectáreas de selva, ubicadas todas al interior del consejo comunitario Los Delfines, lo que suponía la explotación del 70% del territorio comunitario (4) . Para lograr el aval de la comunidad la empresa ofreció al Consejo Comunitario el 10% del costo de explotación, más regalos velados y sobornos al parecer. Pero las consecuencias ambientales y sociales de esta explotación maderera eran tan considerables, que el Ministerio del Medio Ambiente reversó la licencia ambiental, por lo que la empresa canadiense abandonó el país, dejando una estela de destrucción forestal en la zona, donde construyó carreteras, redes eléctricas, campamentos e incluso helipuertos, daños por los que la empresa no ha respondido.

 

Proyecto Caramanta

 

Caramanta es un municipio del suroeste de Antioquia, en límites con Marmato, cuya vocación histórica es la agricultura. Pero desde el 2008, tanto Caramanta como los municipios vecinos de Jardín y Támesis, vienen siendo objeto de la avanzada inversionista de 4 empresas canadienses: Caramanta Conde Mine, Solvista Gold Corp., Medoro Resources, B2 Gold Corp.; una empresa sudafricana (Anglo Gold Ashanti), y un sinnúmero de empresarios particulares.

El territorio de Caramanta es de 9.408 hectáreas, y 5.199 de ellas presentan titulación minera, y otras 2.414 están en solicitud de licencia. Tal irrupción inversionista minera, que se ha hecho mediante la compra de propiedades en gran escala y a precios irrisorios, la ha facilitado la concentración de la propiedad: el 0.46 de los propietarios posee el 45% de la tierra. Y las multinacionales canadienses tienen 1.122 hectáreas tituladas, el 12% del territorio.

De suerte que en Caramanta la disyuntiva es inequívoca: o el pueblo o las minas. Lo que provocó la reacción de la comunidad agremiada en la Asociación Agropecuaria de Caramanta, y en el Cinturón Occidental Ambiental (COA). Lograron la intervención de Corantioquia, que en mayo de 2012 ordenó suspender actividades a la minera canadiense Caramanta Conde Mine, porque realizaba actividades no avaladas por la entidad ambiental, como el uso de fuentes hídricas, construcción de vías y de un helipuerto. Un pequeño triunfo que sin embargo no frena la iniciativa empresarial minera comandada por las empresas canadienses.

 

Proyecto Dojurá (Chocó)

 

Dojura es un municipio enclavado en la selva chocoana, tierra poblada por comunidades indígenas y negras, que desde 1999 busca la titulación colectiva de 172.000 hectáreas, a las cuales tienen derecho en virtud de la Ley 70 de 1993. En septiembre de 2011 les fueron concedidos a 43 consejos comunitarios agremiados en Cocomopoca la propiedad grupal de 73.000 hectáreas, el 42% del territorio reclamado.

El problema es que de las 86.000 hectáreas tituladas por el gobierno a la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti, en asocio con la canadiense Continental Gold (5), 55.000 se ubican al interior del territorio concedido por el gobierno a las comunidades afro descendientes. Más aún, incluye el cerro Dojura, considerado por los habitantes como lugar sagrado.

Así se ha configurado un triple conflicto, frente al cual tanto AGA como Continental Gold, que se encuentran en la etapa de exploración, han guardado un cauteloso silencio, que preserva sus interesas en proporción inversamente proporcional a la disminución de los derechos colectivos de la comunidad.

 

Zona del piedemonte llanero

 

En los últimos años el piedemonte llanero se ha convertido en una de las zonas claves para la actividad petrolera. La cuenca de los llanos orientales y la del piedemonte suman 28.5 millones de hectáreas, de las cuales 5,7 millones (el 20%) ya fueron entregadas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en convenios de exploración y explotación a varias empresas.

En diciembre de 2013 Ecopetrol, en asocio con la canadiense Talisman Energy, anunciaron la comercialidad del proyecto Akacías, en el bloque CPO-09, con reservas estimadas de 1.300 millones de barriles de petróleo (6). Talisman Energy participa con el 45% de la explotación de este bloque, y con el 50% en el bloque CPEB. Metapetroleum, filial de Pacific Rubiales Energy, opera a su vez con el 70% del bloque Quifa. Y Parex Resources participa con el 50% del bloque Capachos y con el 100% del bloque Cabrestero.

El problema es que del piedemonte llanero fluyen las aguas que abastecen 7 municipios: Acacías, Castilla la Nueva, Cumaral, Cubarral, Guamal, San Martin y Villavicencio, donde viven 620.500 personas. Pese a los reportes maquillados de las empresas vinculadas a este macroproyecto petrolero, las consecuencias ambientales no se han hecho esperar. Desde el 2010, solo en los proyectos bloque CPO-09 y bloque Llanos 36 3D, se han reportado serios efectos ambientales, frente a los cuales las comunidades reaccionaron con múltiples acciones colectivas, que incluyen bloqueos de empresas contratistas, tomas de vías y una audiencia pública ambiental en Guamal, en octubre de 2013. Así lograron dar la voz de alerta, por lo que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) negó en primera instancia autorización para la explotación del bloque 36 3D, a cargo de la firma colombiana Montecz, quedando en firme el bloque CPO-09, en el que participa Talisman Energy, y otros vinculados a Talisman y Metapetroleum.

Con todo, el área protegida por la autoridad ambiental es apenas una minúscula fracción del territorio, por lo que el conflicto persiste y afecta a más de medio millón de habitantes de la zona.

 

Explotación petrolera en Casanare

 

A principios de este año se registró en el departamento del Casanare una sequía de grandes proporciones, que produjo la muerte de más de 20 mil animales, entre ellos 6 mil chigüiros. Y ello ocurrió en la Orinoquía, la segunda fuente de agua subterránea dulce del país. En julio los habitantes de Yopal, capital de Casanare, realizaron una protesta cívica porque llevan 3 años sin suministro de agua.

Aunque aparentemente la crisis del agua no tiene que ver con la inversión petrolera canadiense en Casanare, en realidad sí tiene relación. Este departamento, y el Meta, son los mayores productores de petróleo en el país, y por lo mismo son objeto de un gigantesco feriado de licencias para su explotación, las cuales han tomado a manos llenas las multinacionales canadienses Canacol Energy, Alange Energy Corp, Pacific Rubiales Energy y Parex Resources. Para 2014 en esta región había concesionadas un total de un millón de hectáreas, 850.000 en fase exploratoria y el resto en fase de producción. Y se van a concesionar más licencias para exploración y explotación petrolera por medio de Fracking, que es una técnica que implica actividad sísmica y uso intensivo de agua, y por tanto puede generar una catástrofe ambiental.

De hecho los habitantes de Tauramena, otro municipio de Casanare con proyección petrolera, preocupados por los pasos de animal grande que sienten venir, decidieron realizar una consulta popular para impedir la explotación petrolera. El 98% votó en contra de la misma.

 

Proyecto Marmato (Caldas)

 

Marmato se asienta en una montaña llena de oro, por lo que sus 9.000 habitantes viven de horadar la tierra para extraer el mineral que constituyen su sustento. Por eso mismo es un campo de conflicto, donde la comunidad trata de sobrevivir frente a la multinacional canadiense Gran Colombia Gold, que a toda costa busca apropiarse de la montaña para sacarle el oro, que se calcula en cerca de 7 millones de onzas, y 59 millones de onzas de plata (7).

Se trata de un proyecto de minería a cielo abierto que involucra el uso de potentes explosivos, químicos peligrosos como el cianuro, la deforestación y devastación de toda la zona, y el uso del agua, en perjuicio de la comunidad. Por ello la comunidad reunida en el Comité Pro-Defensa de Marmato y el Consejo Regional Indígena del Cauca, se ha resistido a entregarle la montaña a la multinacional canadiense, con lo que se ha desatado una silenciosa disputa, que tuvo su punto álgido con el asesinato del sacerdote José Reinel Restrepo, quien había declarado que sólo muerto lo sacarían del pueblo.

Pese a que los mineros de Marmato no se han dejado sacar de la empresa y se han mantenido en la parte alta de la mina, y a que el Concejo Municipal en 2011 prohibió la mina a cielo abierto, el conflicto persiste. Por un lado, el gobierno nacional ha buscado mecanismo para impedir que comunidades y gobiernos locales se opongan a proyectos mineros, por ser de "interés nacional"; y por el otro la multinacional canadiense sigue buscando mecanismos de irrupción en la parte alta de la montaña, a la vez que mantiene la explotación minera en la parte baja.

 

Proyecto Angostura, Páramo de Santurbán

 

El páramo de Santurbán se ubica entre los departamentos de Santander y Norte de Santander, en un área de 142.610 hectáreas. Es un complejo de enorme riqueza de aguas, biodiversidad, fauna, flora y recursos minerales. Además, es una zona de recarga y regulación hídrica estratégica. 48 municipios de ambos departamentos, donde viven 2.3 millones de personas, se abastecen del agua proveniente de 5 quebradas, 2 ríos y 10 lagunas. Según la empresa de acueducto de Bucaramanga, los efectos de la explotación minera sobre el suministro de agua suponen un serio peligro.

La parte correspondiente a Santander, entre los municipios de Vetas y California, es un sitio rico en minerales, especialmente oro y plata, por lo que una parte de sus habitantes se dedica a la pequeña minería de subsistencia. La llegada de la multinacional canadiense Greystar (ahora Eco Oro) dio pie a un conflicto que se expande a todo el departamento. Claro que esta empresa sólo cuenta con la titulación del terreno, y desde 1995 ha invertido más de 140 millones de dólares sin extraer ni un gramo del metal.

Greystar tiene 36 mil hectáreas asignadas, que hacen parte del páramo de Santurbán, cuyas reservas se estiman en 9 millones de onzas de oro y 59 millones de onzas de plata. De ahí que a septiembre de 2010 sus acciones tenían ganancias en la bolsa valoradas en 266 millones de dólares. Greystar parece que no está en el negocio de la explotación minera sino en el de la especulación financiera.

Ante el abandono estatal, la estrategia de la empresa canadiense es ganarse a la población supliendo parte de sus necesidades. Financió la estación de radio del municipio de Vetas, el jardín infantil, el colegio y el coliseo principal de California, además de prometer la pavimentación de los municipios hasta Bucaramanga.

Ante la presión de la sociedad civil, Greystar decidió retirar la solicitud de explotación minera, aunque meses después (en septiembre de 2011), y luego de cambiarse el nombre a Eco Oro, la volvió a solicitar. En el interregno, las autoridades ambientales actuaron en defensa del páramo, y el proyecto se encuentra paralizado (8), pero la latencia del conflicto continúa.

 

Proyecto Gramalote, Antioquia

 

El proyecto Gramalote se ubica en el oriente de Antioquia y cobija 6 municipios: San Roque, Santo Domingo, Cisneros, Maceo, San Rafael y Yolombó, donde se estima que las reservas de oro pueden llegar a 2.39 millones de onzas. Se trata de un proyecto de riesgo compartido entre la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti y la empresa canadiense B2 Gold.

La multinacional Anglo Gold Ashanti es una compañía con pésimo historial, no sólo medioambiental sino también en Derechos Humanos. En el caso colombiano, llaman la atención 3 fenómenos: el primero es el vínculo "raramente" causal entre la llegada de la multinacional y la presencia de grupos paramilitares, lo que explicaría por qué éste es uno de los pocos proyectos en el que la resistencia de las comunidades ha sido nula: las secuelas de la violencia y el miedo han impedido cualquier forma de organización. El segundo es la adquisición de títulos en zonas protegidas, especialmente páramos. Y el tercero es la puerta giratoria que existe entre el gobierno y puestos de dirección en la multinacional. El director operativo del proyecto estuvo encargado de Ingeominas, la entidad que concedió la titulación a AGA y a B2 Gold (9).

Este proyecto se encuentra en etapa de estudios de factibilidad, y está pronto a comenzar operaciones de explotación, presumiblemente bajo el modelo de mina a cielo abierto. Las consecuencias medioambientales y de seguridad alimentaria en una zona cuya base económica es la agricultura de subsistencia, no se harán esperar. Pero bajo la sombra del miedo, es posible que dichos efectos no aparezcan en toda su dimensión sino cuando los daños sean irreparables.

 

Proyecto La Vega-Mocoa, Cauca y Putumayo

 

El Macizo Colombiano es la principal "fábrica de agua" del país". Surte el 70% de los acueductos de Colombia, lo que da cuenta de su enorme importancia estratégica, al punto que la Unesco lo declaró reserva de la biósfera. Alberga 15 páramos, varios volcanes y 65 lagunas. Tiene 3 millones 200 mil hectáreas, de las cuales cerca de la mitad son bosques y 200 son áreas de páramo.

Allí se encuentran La Vega (Cauca) y Mocoa (capital de Putumayo), municipios que se caracterizan por una fuerte agricultura de subsistencia minifundista, de la que viven 45.000 personas, además en medio de conflicto armado entre las guerrillas, el ejército y los paramilitares. En esta zona, al igual que en el conjunto del Macizo Colombiano, avanza avasalladora la gran minería transnacional, capitaneada por la multinacional Anglo Gold Ashanti. También participan las canadienses Continental Gold y B2 Gold, ésta última en asociación con la primera.

Estas empresas pretenden extraer principalmente oro y cobre en La Vega, y Molidebno y cobre en Mocoa, todo ello en un terreno de 13.654 hectáreas. Pero se han topado con la fuerte oposición de la comunidad indígena, campesina y afrodescendiente, pues supondría la desaparición, no sólo de la economía campesina de subsistencia sino también de los pueblos mismos; esto porque el proyecto, junto a otros que se desarrollan en la región, abarcan un altísimo porcentaje del territorio. Por ello el proceso de explotación minera avanza lentamente, y por tanto el conflicto aún no ha virado de su etapa de latencia a la fase de abierta confrontación.

 

Quinchía, departamento de Risaralda

 

Quinchía se encuentra ubicado al occidente de Risaralda, y hace parte del llamado cinturón del Cauca Medio, una de las zonas más ricas en minerales, en la que también se halla Marmato y la gran reserva de oro de La Colosa, Tolima. Es un municipio de vocación agrícola, y como complemento económico hay unos 2.000 mineros informales que realizan labores artesanales de filón, aluvión y barequeo.

En el 2007 la Anglo Gold Ashanti, que entró a Quinchía en 2003, le vendió sus títulos a la canadiense B2 Gold, que a su vez los revendió a las también canadienses Batero Gold y Seafield Resources. La primera de ellas tiene el proyecto Batero-Quinchía, con recursos indicados de 3.54 millones de onzas de oro, 12.3 millones de onzas de plata y 438 millones de libras de cobre. Y Seafield Resources afirma que su proyecto tiene reservas por 3 millones de onzas de oro. Su explotación sería a cielo abierto, pero hasta ahora sólo se han realizado labores de exploración.

La irrupción de estas mineras canadienses implica 3 problemas. El primero es el cambio de vocación productiva del municipio, pues más del 10% de su territorio está titulado a las mineras canadienses, con posibilidad de ampliación (10). Lo que comporta un problema de seguridad alimentaria, que se suma a los problemas de uso del agua y devastación de fauna y flora que acompañan a los proyectos de minería a cielo abierto (11). El segundo problema tiene que ver con la minería artesanal, que el gobierno considera ilegal y ha perseguido desde el mismo momento en que se concedió la titulación a las empresas canadienses. Se trata pues de un conflicto entre la comunidad de Quinchía y estas empresas. Y el tercer problema está asociado a las actividades especulativas de estas empresas, que sin haber comenzado a extraer oro (planean iniciar en 2015) ya están sacando cuantiosos dividendos, de los que el municipio no ha visto un peso.

 

Expoliación en Segovia, Antioquia

 

Este es uno de los casos de robo más aberrantes por parte de una multinacional de origen canadiense, que además involucra a altos funcionarios del Estado.

La Frontino Gold Mines se estableció en Segovia desde 1852, y desde entonces fue operada por inversionistas estadounidenses, lo que le ha valido el triste título de ser la zona urbana más contaminada por mercurio del planeta. En 1979 esta empresa fue liquidada y sus dueños la entregaron a sus trabajadores activos (1.600) y jubilados (1.440) en dación de pago por sus pasivos laborales y pensionales, con documentos que certifican tal hecho, firmados en New York.

Haciendo omisión de esos derechos, en 2010 el gobierno vendió esta empresa a la canadiense Medoro Resources, luego llamada Continental Gold por su fusión con esta última. Se consumó así una expoliación en toda regla, de la que la exministra de relaciones exteriores, María Consuelo Araujo, sacó beneficio personal porque terminó siendo la gerente de Continental Gold en Colombia. La mina de Segovia produce el 4% del oro del país: 55.000 onzas de oro año.

A esto se suma que con la llegada de la compañía canadiense el conflicto armado, que siempre ha existido en esta zona, adquirió nuevas dimensiones, pero extrañamente la compañía no se ve afectada en su producción. En cambio los mineros sí se ven extorsionados, amenazados y asesinados, como constatan los 280 asesinatos ocurridos desde la llegada de la multinacional hasta el 2012 (12), muchos de ellos trabajadores, dirigentes sindicales y pequeños propietarios mineros (13).

 

Taraira, Vaupés

 

En 2007 Ingeominas le otorgó a la multinacional canadiense Consigo-Frontier la concesión de 10.000 hectáreas en el municipio de Taraira, Vaupés, para explotación aurífera.

Tal concesión se hizo sin proceso de consulta previa, obligatoria porque el proyecto está en territorios de comunidades indígenas y es importante reserva forestal. Por tal motivo en 2008 la autoridad ambiental ordena la suspensión de las actividades de la multinacional, orden que ese mismo año se levanta y la compañía continua con sus actividades. Es más, la autoridad minera le concedió dos títulos más: el IH3-16001X (9.973 hectáreas) y el IGH-15001X (2.010 hectáreas), dos días después de declararse la zona como Parque Nacional Yaigojé Apaporis (14).

Este caso es importante porque, en primer lugar, al menos formalmente, en el país está prohibida la titulación minera en parques nacionales, y a la fecha los gobiernos de Uribe y Santos han entregado 30 títulos en estas zonas restringidas, dos de los cuales a la canadiense Cosigo Frontier (15). Y en segundo lugar, porque allí viven comunidades indígenas, habitantes ancestrales, que consideran sagrado el lugar donde Cosigo pretende desarrollar su actividad minera.

 

Suárez, departamento de Cauca

 

En los corregimientos La Toma y Buenos Aires, del municipio de Suárez, las comunidades afrocolombianas asentadas han vivido del oro por más de 40 años, con las modalidades artesanales de barequeo y socavón (16). Pese a ello, desde el 2006 entran a la zona las multinacionales Anglo Gold Ashanti y Cosigo Resources, esta última canadiense, con el fin de establecer una mina a cielo abierto. Para ello se han hecho de títulos mineros que en solo en el corregimiento La Toma alcanzan 6.500 de sus 7.000 hectáreas, lo que implicaría su desalojo.

En total, las dos terceras partes del municipio de Suárez están en trámite para explotación de oro, y para ello más de 10 mil hectáreas ya han sido concedidas a particulares y a multinacionales. En la zona también se ha hecho presente el terror. El caso más sonado fue la masacre de 8 mineros informales a manos de paramilitares en abril de 2010 (17).

No obstante, en mayo de 2011 la Corte Constitucional ordenó a Ingeominas suspender todas las licencias de explotación minera en La Toma, hasta no llevar a cabo la consulta previa con las comunidades afrodescendientes de la zona. La batalla hasta el momento la gana la comunidad, pero la historia continúa.

 

Titiribí, Antioquia

 

El municipio de Titiribí está ubicado a 70 kilómetros al suroeste de Medellín. Aunque su economía es básicamente agrícola, tiene igualmente una tradición minera que se remonta a tiempos coloniales. Cuando se creía que tras un siglo de explotación en este municipio ya no existía más oro, aparte de la tradicional minería artesanal informal, en 2010 la historia dio un giro con la llegada a la zona de las mineras canadienses SunWard Resources y Gran Colombia Gold.

La primera aterrizó tras comprar las propiedades mineras a la también canadiense Goldplata Resources. Se estima que las existencias de oro allí alcanzan 4.58 millones de onzas indicadas, y otras 6.44 millones de onzas inferidas (18). La Gran Colombia Gold, por su parte, compró la mina La Independencia, en el llamado proyecto El Zancudo, del cual explota unas 130.000 onzas año.

Se presenta, por tanto, un conflicto que enfrenta a las grandes mineras canadienses con los pequeños mineros artesanales; conflicto que permanece en estado de latencia, pues la oposición ha sido pequeña y fragmentaria, mientras que el proyecto minero de las canadienses cuenta con el sólido respaldo del gobierno en sus niveles nacional, departamental y local.

 

Uranio conflictivo en Samaná, Caldas

 

Aunque desde 1979 se conoce la existencia de uranio en el municipio de Samaná, sólo hasta 2009 comenzó un plan serio de exploración de las reservas de este mineral radioactivo en los corregimientos Berlín y San Diego.

Gaia Energy tiene 10.700 hectáreas concesionadas mediante 4 títulos mineros, y adelanta investigaciones en el corregimiento de Berlín, encontrando el momento reservas de 20 millones de libras de uranio. Se estima que para ser rentable la explotación debe asegurar reservas de 100 millones de libras.

No obstante, esa no es la única propiedad minera de la canadiense U308 Corp. Además de reservas de uranio, el área concesionada tiene reservas de vanadio, fosfato, itrio, molibdeno, neodimio y níquel (19) .

Podría tratarse de una tragedia ambiental y de salud pública anunciada, pues es evidente el riesgo asociado a dicha actividad. El uranio en cualquiera de sus estados (natural, enriquecido o empobrecido) tiene efectos tóxicos en el cuerpo humano, más aún si se explota a cielo abierto.

Lo preocupante, añadido a lo anterior, es que hasta el momento ni la comunidad tiene consciencia clara de los riesgos inherentes a esta actividad minera, ni el Estado colombiano posee una reglamentación en la materia.

 

Publicado 18 de septiembre de 2014.

 

  1. Pacific afirma que llegará a medio millón de barriles”. Portafolio, 12 de abril de 2011, www.portaflio.com.
  2. Véase: Pantin, Ronald. 2013. “Los retos del sector hidrocarburos: el caso Pacific”. El Espectador, 26 de junio de 2013, www.elespectador.com.
  3. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Bosques de Bahía Solano, Colombia. En: http://ejatlas.org/conflict/bosques-de-bahia-solano-colombia.
  4. Molano, Alfredo (2011). “¿A quién le importa Juan Ceballos?”. En: http://www.elespectador.com/opinion/quien-le-importa-juan-ceballos-columna-269818
  5. Esta empresa canadiense tiene en Colombia un amplísimo espectro de intereses mineros. Se conocen al menos 6 proyectos concretos: Buriticá, Berlín, Dominical, Dojura, Santander, Anzá, lunareja, y Arenosa y Zaragosa. Ver: Eafit: http://www.eafit.edu.co/escuelas/economiayfinanzas/laboratorio-financiero/burkenroad/burkenroad2012/continental-gold-2012.pdf
  6. Ecopetrol S.A. “Ecopetrol y Talisman anuncian la comercialidad de Akacías en el bloque CPO-09”. En: http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=148&conID=79328&pagID=135588
  7. Alfredo Molano Bravo (01 de octubre de 2011). “El espejismo de Marmato”. En: http://www.elespectador.com/noticias/nacional/el-espejismo-de-marmato-articulo-302997
  8. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). Ibíd.
  9. Lasillavacia.com (30 de junio de 2011). “Las preguntas detrás de Anglo Gold Ashanti”. En: http://lasillavacia.com/historia/las-preguntas-detras-de-anglogold-ashanti-25503
  10. Eltiempo.com (10 de junio de 2012). “Buscan frenar minería ilegal en el eje cafetero”. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-11934181
  11. Ver: http://www.risaraldahoy.com/2013/04/acueductos-comunitarios-de-quinchia-en.html
  12. Wradio.com (26 de octubre de 2012). “Enfrentamientos entre BACRIM por minería ilegal dejaron 280 muertos en Segovia en 2012”. En: http://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/enfrentamientos-entre-bacrim-por-mineria-ilegal-dejaron-280-muertos-en-segovia-en-2012/20121026/nota/1785833.aspx
  13. Elcolombiano.com (16 de enero de 2012). “Asesinato de otro minero causa preocupación en Segovia”. En: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia/asesinato_de_otro_minero_causa_preocupacion_en_segovia.asp
  14. Indepaz (junio de 2012). “Taraira: se abre el ojo del huracán minero en la amazonía colombiana”.
  15. Revista Semana (23 de marzo de 2013). “Naturaleza minada en parques Nacionales”. En: http://www.semana.com/nacion/articulo/naturaleza-minada-parques-nacionales/337666-3
  16. Environmental Justice Atlas (EJAtlas). “Suarez, Cauca Colombia”. En: http://ejatlas.org/conflict/surez-cauca-colombia
  17. Revista Semana (08 de abril de 2010). “Oro, violencia y muerte en Suarez, Cauca”. En: http://www.semana.com/nacion/problemas-sociales/articulo/oro-violencia-muerte-suarez-cauca/115274-3
  18. Alcaldía de Titiribí: http://www.titiribi-antioquia.gov.co/Emp_enlac.shtml
  19. Poder colombiano (18 de junio de 2012). “Uranio en Colombia”. En: http://elpodercolombiano.blogspot.com/2012/06/uranio-en-colombia.html
Publicado enColombia
Domingo, 31 Agosto 2014 10:22

Ecuador. El retorno de las carabelas

Ecuador. El retorno de las carabelas

"La Unión Europea puede darle el nombre bonito que quiera,

pero la orientación que está tomando esto.

es llevarnos hacia un tratado de libre comercio,

y eso no lo vamos a aceptar.

Presidente Rafael Correa"

Enlace Ciudadano, sábado 23 de mayo de 2009

 

Se cierra el círculo. El Gobierno de Rafael Correa empezó con fuertes impulsos revolucionarios. La necesidad de recuperar la soberanía nacional era una de sus grandes motivaciones. Enfrentar la deuda externa, sacar la base norteamericana de Manta, alejarse del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM) y oponerse a los Tratados de Libre Comercio (TLC) fueron algunos de los puntos básicos de la naciente gestión de la "revolución ciudadana".

 

El Gobierno de Correa, recogiendo la lucha y el mandato de varios grupos sociales se comprometió, en sus inicios, a no dar paso a un TLC con los Estados Unidos. En el Plan de Gobierno 2007-2011 de Alianza País, escrito en el 2006, se estableció como indispensable luchar en contra de los procesos impulsados por los intereses mezquinos de las mafias corporativas en detrimento de la mayoría de ecuatorianos, como el mal llamado Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos, que es una propuesta depredadora de la vida misma en tanto anuncia la profundización del modelo neoliberal y una creciente sumisión antiética del ser humano al poder monopólico del capital.

 

Inclusive se planteaba en aquella época que "a través de la democracia activa –con tantas consultas populares como sean necesarias– se abordarán cuestiones cruciales como el TLC". Soplaban vientos de cambios. La democracia se perfilaba en el horizonte.

 

Pero, como sucede con frecuencia, angustiados por su incapacidad de cumplir sus compromisos, muchas veces con amenazas ficticias o simplemente autoconstruidas, los autodefinidos como revolucionarios terminan por concentrarse en mantenerse en el poder. El pragmatismo entierra lo revolucionario del proceso. En algún momento, la búsqueda de cambios estructurales deviene en una creciente concentración de poderes. Emerge y se consolida un caudillo. Y la misma lucha en contra de la opresión abre la puerta a nuevas formas de opresión...

 

Esta es la suerte inexorable de la ahora mal llamada "revolución ciudadana", que hace rato perdió lo de ciudadano y dejó de ser revolucionaria. Las agujas del reloj, que empezaron a la izquierda, marchan irremediablemente hacia la derecha. La promesa de cambios estructurales, con la que se inició en el año 2007, llegó a su cúspide con la Constitución de Montecristi. Y desde allí se camina hacia el otro lado... La conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) consagra esta tendencia, tanto como el retorno al FMI y al Banco Mundial.

 

Los preparativos para que atraquen nuevamente la carabelas

 

El Gobierno del presidente Rafael Correa, quien se había opuesto a los TLC como profesor universitario y que luego mantuvo esta posición al inicio de su administración, consecuente con esa posición, frenó pronto las negociaciones iniciadas en septiembre de 2007 entre los países de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y la Unión Europea (UE).

 

Los europeos, como bloque, habían propuesto inicialmente a los andinos, como bloque, negociar un Acuerdo de Asociación. Esta aproximación, con la que los europeos incluso pretendían revitalizar la aletargada integración andina, fracasó. Bolivia anunció su retiro de la mesa de negociaciones en abril de 2008, cuestionando el acuerdo de asociación propuesto, en tanto reeditaba la lógica de los TLC.

 

A cambio los tres países andinos restantes en la CAN recibieron la oferta de un Acuerdo Comercial Multipartes, un eufemismo para negociar acuerdos bilaterales entre la UE y cada uno de los países andinos. Ecuador se retiró de las negociaciones en julio de 2009.

 

Recordemos que el Gobierno de Ecuador intentó introducir otros criterios en las negociaciones con la UE. Se hablaba de un Acuerdo Comercial para el Desarrollo, que debía agregar a las negociaciones, a más de los temas comerciales, la cuestión de la cooperación y, por cierto, aspectos políticos, como las cuestiones migratorias. Este es un punto crucial para una sociedad como la ecuatoriana, que tiene un importante número de compatriotas viviendo en Europa, no siempre en las mejores condiciones de inserción y respeto. Y por estas razones esta posición era defendida por el entonces canciller Fander Falconí. [2]

 

Cuando Ecuador en el 2010 demostró el interés de volver a negociar, la UE dijo tener la predisposición para conversar dejando claramente sentadas algunas cuestiones que limitaban el planteamiento del Gobierno ecuatoriano. Sobre lo político –la cuestión migratoria, por ejemplo– se dijo que la Comisión no tenía un mandato suficiente otorgado por el Parlamento Europeo y que otros temas debían ser negociados con cada uno de los países miembros. En lo referente a la cooperación apenas se mostró interés en revisar la forma de distribución de los recursos ya comprometidos para los próximos años.

 

Además, a los negociadores europeos les incomodaban algunos puntos de la Constitución de Montecristi. La embajadora del Reino Unido, Linda Cross, en entrevista al Diario El Universo, en el año 2011, reconoció que una complicación para concretar las negociaciones entre Ecuador y la UE puede ser la Constitución, por ejemplo, donde hay preferencia para compañías nacionales en sectores estratégicos. No vale la pena entrar a cuatro o cinco rondas de negociaciones y al final que la Corte Constitucional diga que es inconstitucional. Hay que resolver este problema antes de entrar en negociaciones [3] .

 

En suma, lo que quedó abierto es la posibilidad de retomar los diálogos circunscritos (aparentemente) al ámbito comercial/económico. Así la negociación se enmarcó en una construcción de una suerte de acuerdo comercial recargado. En donde lo comercial es apenas una parte. Los conocidos como términos de Singapur completan el temario, que se lo plantea en las diferentes mesas de negociaciones sobre inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, acceso a mercados de bienes agrícolas y bienes no agrícolas, reglas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias, compras públicas, política de competencia, facilitación en aduanas, comercio y desarrollo sostenible, solución de diferencias, entre otros temas que fijan los límites de las negociaciones propuestas por la UE.

 

Por fin el 2011, el Gobierno de Correa, que ya había empezado a flaquear en sus ímpetus revolucionarios, buscó un acercamiento con la UE para, según la comunicación oficial del jefe negociador comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, fechada el 17 de febrero, "concluir el Acuerdo Comercial Multipartes" [4] , es decir aceptar la hoja de ruta y el contenido de la propuesta de la UE.

 

La meta estaba fijada: el Ecuador alcanzaría un acuerdo similar al de sus vecinos, es decir un TLC. En la práctica se trata de un acuerdo de adhesión a lo acordado por Colombia y Perú. Lo que quedaba por negociar son los ¨límites" y los "umbrales", tal como lo reconoció el propio presidente Correa.

 

En ese año, el pragmatismo estaba presionado por el creciente déficit comercial global, que bordeaba los 1.500 millones de dólares, que coincidió con la finalización (temporal) de las preferencias arancelarias andinas (ATPDEA). Esta realidad y la ausencia de una clara e inteligente concepción estratégica de inserción en la economía mundial, crearon las condiciones para que el Régimen retome las negociaciones con la UE.

 

Al parecer aupada por determinados círculos gubernamentales pro TLC, la acción mediática creció para tratar de convencer a la sociedad de que esta negociación es indispensable para el país. Se exacerbó sistemáticamente el síndrome del atraso en relación a las negociaciones cerradas ya con Colombia y Perú, y el miedo a quedarse sin TLC. Incluso se llegó al chantaje burdo anticipando graves problemas si el Ecuador pierde las preferencias arancelarias europeas .

 

Este tipo de afirmaciones, orientadas a generar angustia en la sociedad, carecía de todo asidero. Pero caló en la sociedad. En el año 2011 un 80% de la población veía con buenos ojos los convenios de tipo TLC, cuando en el año 2006 este apoyo no llegaba al 35% (Perfiles de Opinión).

 

En el año 2013, una vez más afloró la presión del déficit de la balanza comercial. Nuevamente el anticipado fin de las preferencias arancelarias europeas provocó un ambiente abiertamente favorable a una rápida aceptación de los términos del TLC. La amenaza implicaba un potencial pago de aranceles: el atún, 24%; el camarón, el 18% y las rosas el 12%.

 

En esas circunstancias, sin realizar un análisis real sobre la inconveniencia del acuerdo, el Gobierno de Correa aceleró la negociación.

 

El creciente déficit comercial no petrolero, que bordeó los 9 mil millones de dólares el año 2013, hay que ubicarlo también en el contexto de las presiones fiscales de la primera mitad del año 2014. Es evidente que el Gobierno, que no tomó los correctivos necesarios de forma oportuna, no podía resolver este desbalance con crecientes restricciones a las importaciones, por lo que optó por tratar de sostener al menos las condiciones existentes en el mercado europeo. Con ello no solo que aceptó como contraparte la apertura del mercado ecuatoriano, sino todas aquellas normas y reglas que completan este tipo de acuerdos comerciales. Y de esta manera se concretó el "bobo aperturismo" que implica este tipo de acuerdos. [5]

 

El rumbo estaba trazado desde que se iniciaron las negociaciones. Debe quedar claro que en el acuerdo de Ecuador con la UE no había posibilidad de conseguir otra cosa. Recuérdese lo que afirmó el comisario europeo Peter Mandelson, en la Cumbre de Presidentes de América Latina y el Caribe - Unión Europea, realizada en Lima, en mayo de 2008, cuando señaló que el pilar comercial del "Acuerdo de Asociación", antesala fracasada del Acuerdo Comercial Multipartes, era, esencialmente, un TLC y que no aceptarían otras propuestas por fuera de ese marco. Ese funcionario europeo fue categórico, cuando agregó "que quien insistiera en esas propuestas se vería excluido de las negociaciones". Y el Gobierno de Correa, como lo vimos, no quiso que le excluyan...

 

Las viejas aspiraciones librecambistas de los neoliberales se impusieron . Concretadas las negociaciones con la UE, ya no sorprende que en las filas del Gobierno, directamente en el equipo negociador ecuatoriano con la UE hayan participado, al más alto nivel, personas que alentaron el TLC con los EEUU.

 

En síntesis, al no existir una real apertura europea para incorporar las cuestiones que tienen que ver con un verdadero diálogo político, teniendo una perspectiva profunda e incluso estructural, sobre bases de equidad no de igualdad, la cancha de la negociación quedó inclinada desde el inicio en contra del Ecuador. Y al tratarse de una partida tipo TLC, independientemente del nombre que se le ponga, Ecuador aceptó seguir siendo sobre todo un país productor y exportador de materias primas.

 

Así, el Gobierno de Correa, al entrar nuevamente en el tren de las negociaciones avanzadas por peruanos y colombianos, cayó por una suerte de embudo que le condujo inexorablemente a un acuerdo tipo TLC. Y lo hizo con plena conciencia de lo que se negocia. A la postre nadie le presionó.

 

Acuerdo multipartes o simple adhesión como sinónimos de un TLC

 

Haciendo caso omiso a las afirmaciones tremendistas de que sin TLC nos quedamos aislados, preguntémonos ¿qué es lo que realmente se negoció con la UE? Aclarar esta pregunta resulta vital. No es suficiente decir que el 30% de nuestras exportaciones va a Europa y que sin un TLC estarían en riesgo. Tampoco basta con resaltar que el mercado europeo tiene un enorme potencial, con sus 520 millones de habitantes.

 

Querer presentar el Acuerdo Comercial Multipartes, como algo diferente a un TLC, sin analizar sus contenidos, sería simplemente un engaño a la sociedad. Es cierto que en este proceso de negociación de la UE no se han hecho públicos todos los detalles de la transacción, ni conocemos todo lo acordado. Sin embargo, hay material para un primer análisis.

 

Como un dato para la historia de este proceso debe quedar dicho que en las conversaciones sostenidas no hubo transparencia, ni siquiera el conocido como "cuarto de al lado", en el que podían al menos obtener alguna información representantes de la sociedad civil durante las negociaciones fallidas del TLC con los Estados Unidos. Este mecanismo servía para que fluyan algunos "chismes" sobre lo que se estaba conversando, no para transparentar las negociaciones.

 

Tratándose de un convenio de adhesión a lo ya suscrito por Perú y Colombia, bien se pueden anticipar sus consecuencias. Las masivas protestas campesinas en el vecino del norte demuestran quienes resultaron los perjudicados de este tipo de acuerdos TLC. A más de veinte años del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que suscribió México con sus vecinos del norte, hay también suficiente información para poder concluir que no fue el camino para el desarrollo de ese país, sino todo lo contrario.

 

La propuesta comercial europea plantea exigencias tipo "OMC plus", que van más allá de lo acordado en la Organización Mundial de Comercio (OMC). Esto es también más complejo en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual, por lo que incluso se ha llegado a hablar de un " ADPIC plus" [6] . Repitámoslo, estos acuerdos comerciales, que no son solo comerciales y tampoco libres, incorporan muchos aspectos como inversiones, servicios públicos, propiedad intelectual, compras públicas, política de competencia, solución de diferencias, entre otros.

 

Un primer resumen de las negociaciones se puede hacer a partir de las notas sobre las conclusiones realizadas por el equipo europeo, dirigida al Comité de Políticas de Comercio de la UE. [7] Allí, para empezar se señala que no se consiguieron mayores variaciones para –textual– "el ingreso del Ecuador al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú":

 

Se acordaron un número limitado de modificaciones y aumentos al texto para tomar en cuenta la inclusión del Ecuador en el Acuerdo y prever ciertas especificidades requeridas para su aplicación eficaz por el Ecuador. El balance general y las aspiraciones del Acuerdo no fueron afectados por estas modificaciones.

 

Veamos pues algunos de los puntos que destacan los europeos:

 

  • - Ecuador liberalizará plenamente dentro de 10 años el 96,8% de sus aranceles y el 99,5% del promedio para sus importaciones desde la UE para el período referencial de 2005-2007.
  • - El banano se beneficiaría con una reducción del arancel, que se iniciaría en el 2016 y concluiría en el 2020, año en que entrará al mercado europeo con un arancel de 75 euros por tonelada. Hoy Colombia y Perú pagan 110 euros por tonelada, Ecuador, 132. Para el 2020, esos países pagarán 75 euros por tonelada y a Ecuador le habría tocado pagar 114 euros.
  • - Ecuador se comprometió a liberalizar el 64,4% de sus importaciones en el momento en que entre en vigencia el tratado, con un incremento adicional paulatino hasta el año 17. El comercio totalmente excluido por el Ecuador representa el 0,1% del total de las importaciones para el período referencial acordado de 2005-2007.
  • - En término de líneas arancelarias, el Ecuador ofreció liberalizar el 59,9% en el momento en que entre en vigencia el tratado, también con un incremento paulatino hasta el año 17.
  • - Ecuador liberalizará sus importaciones agrícolas: el 44,2% de las líneas tarifarias y el 55,3% de las importaciones (del promedio de 2005-2007), a la entrada en vigencia del acuerdo. Luego habrá una liberalización progresiva.
  • - Ecuador abrirá importantes contingentes arancelarios libres de impuestos para productos lácteos. Estas importaciones representarán un total de 1.500 toneladas de productos lácteos (que significa tres veces más que las ofertas hechas por Ecuador durante el proceso de negociación). Aunque la leche líquida y el queso fresco no son parte del acuerdo, si lo es la leche en polvo, quesos maduros, yogurt y otros productos lácteos (recordemos que la leche siempre se exporta como leche en polvo). Las importaciones de lácteos crecerán por tiempo indefinido en 5% al año.
  • - Ecuador liberalizará totalmente sus importaciones de semillas de todo tipo, frutas, gomas, resinas, entre otros productos, al entrar en vigencia el acuerdo.
  • - En la carne de chancho, el Ecuador brindará liberalización total en la entrada en vigencia para las líneas de mayores transacciones (despojos y grasa de cerdo).
  • - La UE alcanzó sus principales objetivos sobre el acceso de productos agrícolas, incluidos productos elaborados.
  • - "Las excepciones en la cobertura en materia de los bienes están muy limitadas. Lo primordial es que se logró la cobertura plena en los productos farmacéuticos".
  • - "En términos de servicios y servicios de construcción, el efecto está en concordancia con la ambición de los otros dos países andinos y también se aseguró la cobertura de concesiones de obras."
  • - El Ecuador ofrece la plena liberalización de los productos industriales dentro de 10 años, inclusive se mejoró el trato a la importación de vehículos.
  • - Con la entrada en vigencia, la UE liberalizará el 99,9% de las líneas arancelarias industriales y el 100% de las importaciones de Ecuador, que representan un promedio de las importaciones de 70,1 millones de euros...
  • - En cuando a las bebidas alcohólicas, el Ecuador ofreció la total liberalización en la entrada en vigencia para todas las bebidas, un avance sustancial desde la oferta anterior de los 10 años.
  • - En términos de servicios (telecomunicaciones, financieros, de oficina, ambientales, de distribución, entre otros) el resultado está en línea con lo conseguido por los otros dos países andinos. La UE se aseguró la cobertura de las concesiones de obras.
  • - La oferta de Ecuador es menos ambiciosa que la de Colombia y Perú en unos pocos aspectos de relativa menor importancia para la UE , por ejemplo, una restricción poco más apretada que Perú para un porcentaje de mano de obra local ; servicios informáticos transfronterizos ; servicios auxiliares en el transporte aéreo .
  • - "Pese a la posición particularmente defensiva del Ecuador en el área de las adquisiciones públicas, el resultado de las negociaciones es ambicioso y en general coincide con el alcance y las aspiraciones de Colombia y Perú."
  • - Para las adquisiciones estatales: "El Ecuador ha aceptado el mismo nivel de umbrales como Colombia y Perú con niveles más altos únicamente de manera temporal (durante cinco años)."
  • - La política de contratación pública ecuatoriana de "desagregación tecnológica" se eliminará después de cinco años.

 

De los puntos analizados rápidamente se desprenden muchas conclusiones, por ejemplo cabe preguntarse en qué queda la política del "conocimiento libre" que impulsa el Gobierno luego de aceptado este acuerdo. Pero sobre todo, como se puede observar luego de este breve análisis, quienes auspician estos tratados omiten que los TLC son mucho más que tratados de comercio. Nada indican sobre las sumisiones geopolíticas y económicas que implican. Nunca más volvieron a hablar de la cuestión migratoria, que fue de plano descartada. No es tema de discusión la cuestión de las restricciones sociales y ambientales que imponen los TLC. También se obvia reconocer los impactos nocivos sobre el empleo en determinadas actividades productivas, como la agraria, en particular la campesina [8] . Y lo que es absolutamente claro, se trata de un acuerdo de adhesión al Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú: un TLC.

 

Poco o nada les importa que los TLC congelen las estructuras productoras y exportadoras sustentadas en el extractivismo, impuesto hace más de 500 años con la llegada de las carabelas españolas. Y por cierto tampoco reconocen que son propuestas al servicio de los intereses de los capitales transnacionales.

 

Los riesgos y las amenazas de la negociación de estos acuerdos tipo TLC eran por demás conocidos de antemano. Bastaría con rescatar los trabajos que se elaboraron cuando el Ecuador estuvo cerca de firmar un TLC con los Estados Unidos. Pero también hay análisis más recientes, acotados a un posible acuerdo con la UE.

 

Basta ver el estudio preparado por investigadores de FLACSO-Ecuador y del CEDLAS/UNLP-Argentina (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales de la Universidad de La Plata de Argentina), que se publicó en el libro "El retorno de las carabelas" (2012). Allí se establece que el acuerdo entre Ecuador y la UE generaría, a nivel agregado, efectos en términos de crecimiento económico muy pequeños, alrededor del 0,5% del PIB. En términos de generación de empleo, así como de ampliación y diversificación de actividades manufactureras los resultados son por igual muy pobres. Si se excluye el banano, las ganancias de acceso al mercado serían aún menores.

 

En resumen los grandes ganadores de este proceso serían los grandes comercializadores de banano, así como los exportadores de materias primas, es decir aquellos grupos que han lucrado de la modalidad acumulación primario exportadora, que son los mismos beneficiarios del extractivismo galopante del Gobierno de Correa. Hay muchos intereses económicos en juego para mantener el status quo de la "banana republic" .

 

Lo que resulta lamentable es que varias personas y grupos sociales que otrora se opusieron férreamente al TLC, hoy callan o, lo que es peor, tratan de "entender" el paso dado por Correa y su Gobierno. Y por cierto suenan vacios los discursos del propio presidente Correa, que ya en funciones, se mostraba abiertamente en contra de "la falacia del libre comercio":

 

La idea de que el libre comercio beneficia siempre y a todos, es simplemente una falacia o una ingenuidad extrema más cercana a la religión que a la ciencia, y no resiste un profundo análisis teórico, empírico o histórico. [9]

 

Soberanía a cambio de espejitos del siglo XXI

 

Este acuerdo entre Ecuador y la UE debe ser ubicado en un contexto geopolítico. Más allá de lo que representa, especialmente, para Ecuador, es necesario entender sus alcances. En el mundo se ha reforzado en estos últimos años la tendencia del neoliberalismo global. Es una Europa neoliberal y en crisis la que alienta este tipo de acuerdos, que son también impulsados por otras potencias capitalistas.

 

No nos olvidemos, que desde el fallido intento del Acuerdo Multilateral de Inversiones (MAI), a fines de los años noventa en el siglo pasado, el capital transnacional está empeñado en construir una suerte de Constitución para una única economía global capitalista.

 

El Acuerdo Multilateral de Inversiones fue un tratado internacional para la protección de las inversiones extranjeras negociado por los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico), en los años noventa. Fue el proceso de negociación multilateral más importante hasta esa época. Allí estaban en juego asuntos transcendentales para el futuro de la humanidad, así como para las relaciones entre los Estados. Su aprobación habría significado enormes beneficios para las transnacionales, al mismo tiempo que graves restricciones para la política y para la misma democracia. Los derechos laborales y de la pluralidad, incluyendo la Naturaleza, habrían estado en grave riesgo.

 

Con el Acuerdo Multilateral de Inversiones se pretendía la no discriminación a los inversores extranjeros, que deben ser tratados igual o mejor que las empresas nacionales; eso implicaba ninguna restricción de entrada para las inversiones extranjeras, así como ninguna condición en tanto los gobiernos nacionales y locales no habrían podido imponer requisitos de desempeño, como asegurar el empleo local, por ejemplo.

 

La oportuna reacción de varios actores, sobre todo los sindicatos europeos, lograron frenar estas pretensiones. Sin embargo, como hemos visto, no fue suficiente. El capital transnacional asimiló el golpe y buscó otros caminos. Desplegó sus mejores esfuerzos en la Organización Mundial de Comercio (OMC), pero tampoco bastaron para satisfacer sus aspiraciones; algunas economías emergentes, sobre todo de los BRICS [10] lograron detener varios asaltos librecambistas de las potencias tradicionales. Este freno no significa que los BRICS representen una posición alternativa; en realidad están tratando de disputar espacios de poder a los viejos poderes mundiales.

 

La historia recoge varias intentonas anteriores. En nuestra región Estados Unidos ha recurrido a diversos mecanismos para asegurarse nuestro mercado y nuestros recursos naturales. Recordemos que el 24 mayo de 1888 el Gobierno norteamericano invitó a los países latinoamericanos y al entonces reino de Hawai a una Conferencia Internacional en Washington, para estudiar, entre otras cosas, "la adopción por cada uno de los gobiernos de una moneda común de plata, que sea de uso forzoso en las transacciones comerciales recíprocas de los ciudadanos de todos los Estados de América". El uso del oro y la plata, con relación fija, debía ser consultado con las otras naciones del globo, en lo que pudo haber sido un Congreso Monetario Universal, tal como describió José Martí, el origen, la evolución y el fracaso de esta iniciativa.

 

Desde entonces ha corrido mucha agua por el Potomac. Varios han sido los intentos hegemónicos de Washington para consolidar esquemas de control del resto de las economías de América. Intentos que no tienen a la moneda como su único eje, pues el poder norteamericano se deriva no solo del dólar como moneda de uso internacional, tampoco basta su potencial económico, sino que su poderío se basa en el poder militar y político, así como en el cultural.

 

La lista de estas acciones, en las que se combinó el uso de la fuerza con propuestas diplomáticas diversas, tuvo en la Iniciativa para las Américas, en el año 1990, un antecedente reciente de la propuesta para construir el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), en 1994. En ese año los Estados Unidos, Canadá y México suscribieron el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que abriría la puerta a varios acuerdos de esta índole con varios países de la región. Cuando el ALCA fracasó por la movilización social continental y la oposición de Brasil, se fortaleció la vía bilateral; los TLC que también forman parte de este sueño del capital transnacional, apoyado por muchos gobiernos a lo largo y ancho del planeta; uno de ellos, el de Correa.

 

Tengamos presente que, de diversas maneras, este tipo de acuerdos priva a los gobiernos nacionales de poderes democráticos y concede nuevos derechos a los capitales transnacionales. Tiende a desmantelar las leyes sociales y de protección del medio ambiente. Estos acuerdos merman los poderes de los gobiernos locales e inclusive socavaan las iniciativas locales. Estos acuerdos, que son negociados sin participación ni debates públicos y con la exclusión de la mayoría de la población, en síntesis, no son equitativos. Y pueden inclusive poner en riesgo la Constitución de los países, como lo he demostrado para el caso ecuatoriano: "¿Nuevas amenazas para la Constitución de Montecristi? Un TLC con la Unión Europea" (2011). [11]

 

A modo de conclusión, recogiendo recientes palabras del excanciller Fander Falconí, podemos decir que

 

El comercio internacional es como una boa constrictora que asfixia a sus presas antes de engullirles. Las reglas comerciales internacionales son tan injustas y desiguales que terminan por perpetuar la misma estructura productiva que se configuró en el siglo XIX. [12]

 

En el caso de la negociación ecuatoriana se debe considerar, adicionalmente, que esta se realizó en medio de una severa crisis de muchos países europeos, que no solo que no están dispuestos a hacer concesiones, sino que buscan en estos acuerdos mecanismos para resolver sus problemas. La negociación se produjo en un momento de auge neoliberal de la mayoría de los países de la UE, de suerte que nada que afecte dicha ideología pudo haber sido aceptado. En la UE se ha comenzado a desmontar las leyes laborales, a menoscabar el sistema de pensiones y por cierto el control estatal sobre determinados sectores estratégicos, la liberalización del sector servicios o la apertura a los productos transgénicos.

 

Si todas estas visiones neoliberales priman dentro de Europa, lo lógico será que desde allí se trate de exportarlas a otras regiones en función de los intereses europeos. Parece obvio esperar que la UE no firmara nada por debajo o al margen de su marco jurídico. Europa, además, busca recuperar espacios de competitividad particularmente frente a China asegurándose condiciones ventajosas en terceros países.

 

Como complemento hay que saber que la UE está negociando con los Estados Unidos un acuerdo tipo TLC, conocido como el Pacto Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), que puede transformarse en una suerte de acuerdo marco casi global que englobaría gran parte de la economía mundial, absorbiendo y subyugando aún más a los países que han suscrito TLC con la UE o los Estados Unidos.

 

Con el TLC acordado con la UE se reforzaría la posición del Ecuador como país productor y exportador de materias primas, lo que debilitaría la estrategia de desarrollo endógeno del país y por cierto mucho más las perspectivas de construir el Buen Vivir o sumak kawsay .

 

En síntesis, la UE tiene mucho más por ganar, mientras que Ecuador pondría en riesgo su futuro. Los TLC, llámese como sea, son herramientas estratégicas para los intereses del capital transnacional. No son de ninguna manera instrumentos de desarrollo para los países del Sur, por más que se diga solemnemente lo contrario.-

 

El autor es Expresidente de la Asamblea Constituyente del Ecuador.

 

Nota: el título de este artículo se toma del libro "El retorno de las carabelas. Acuerdo Comercial Multipartes entre Ecuador y la Unión Europea" (2012), en el que escriben Hugo Jácome, Fander Falconí, Julio Oleas, Jacques Ramírez, Isabel Estévez, Martín Cicowiez y el autor de este texto.

[2] Conviene leer su posición en el artículo sobre las implicaciones del posible Acuerdo Multipartes con la UE, escrito con Julio Oleas, en el libro "El retorno de las carabelas" (2012).

[3] Diario El Universo, Guayaquil, 21.2.2011.

[4] Ver la carta de Méntor Villagómez, jefe negociador comercial del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, a Gaspar Frontini, jefe negociador comercial de la UE.

[5] Cristian Espinosa, presidente de la Cámara de Comercio Ecuatoriano - Americana, exnegociador del TLC con los Estados Unidos, sintetizó de qué se trata: "Ellos se comprometen a respetar los aranceles bajos del atún, así como el Ecuador se compromete a mantener los términos negociados de una patente. Si se incumple el respeto a la exclusividad de la patente, se retiran los beneficios arancelarios a otros productos. Esa es la idea de la negociación". Ver Vega, María de la Paz (2014). "Propiedad intelectual, plato fuerte de las negociaciones con la UE". En Gestión. Economía y sociedad. (238), abril - mayo, p. 19.

[6] Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), de la OMC, negociado en la Ronda Uruguay (1986-94), incorporó por primera vez normas sobre la propiedad intelectual en el sistema multilateral de comercio. En este tipo de acuerdos ADPIC plus las pruebas de datos llegan a 25 años, cuando en la legislación europea están en los 15 años.

[7] Note for the Atteention of the Trade Policy Committe o en español Notas para la atención del Comité de Políticas de Comercio, Bruselas, 23 de julio del 2014.

 

Disponible en http://ecuadordecidenotlc.blogspot.com/2014/08/informe-sobre-la-conclusion-de-las.html

[8] La política del correísmo en el ámbito agrario, lejos de los mandatos constitucionales para construir la soberanía alimentaria, favorece a unos cuantos consorcios agropecuarios, especialmente de la agroindustria y al sector exportador-importador de productos agrícolas y pecuarios.

[9] Rafael Correa; Ecuador: Ee Banana Republic a la No República, Debate, Bogotá, 2009.

[10] Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica.

[11] http://www.rebelion.org/noticia.php?id=122979

[12] Falconí, Fander (2014) Al sur de las decisiones - Enfrentando la crisis del siglo XXI. Quito.

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La Unión Europea sufrió una indigestión. Bruselas activó el plan "retórica" para disuadir a los países de América latina (Argentina, Brasil, Chile, Perú y Ecuador) de que recuperaran los mercados que quedaron abiertos luego de que Rusia prohibiera la importación de frutas, legumbres, pescados, leche, carne de chancho y productos lácteos provenientes de Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá y Noruega. A través de declaraciones filtradas por los medios occidentales, la UE hizo saber que no le parecía "leal" que los países latinoamericanos se aprovecharan de la crisis entre Rusia y Occidente para venderle a Vladimir Putin los mencionados productos. Una fuente de la UE dijo al Financial Times que el organismo europeo iba a "hablar con los países que, potencialmente, pueden suplantar las exportaciones a fin de indicarles que no se aprovecharan injustamente de la situación".

Como ahora no le conviene, Europa parece de pronto descubrir la injusticia que ella misma promueve a todos los niveles en sus relaciones comerciales con el resto del mundo, empezando por las desestabilizantes subvenciones agrícolas con las cuales adultera la equidad de los mercados agrícolas mundiales. Las sanciones que Occidente adoptó contra Moscú luego de la anexión de Crimea por parte de Rusia y el respaldo que Rusia ofrece, a los separatistas del este de Ucrania han desembocado en una guerra comercial muy fuerte entre los bloques. Moscú respondió a las sanciones con el embargo agrícola e inmediatamente después entró en contacto con los países latinoamericanos capaces de sustituir los productos bajo embargo.


Los rusos fueron muy rápidos en su objetivo de contar, a partir de septiembre, con la posibilidad de importar las frutas, las legumbres, los pescados, la leche, la carne de chancho y lácteos que antes le compraban a la UE por un total de 11 mil millones de euros (según fuentes comunitarias, 5250 millones corresponden a los productos ahora vetados). Serguéi Dankvert, el director del Servicio de Inspección Agrícola y Ganadera ruso, se reunió en un primer momento con los embajadores de Brasil, Argentina, Chile, Ecuador y Uruguay. Luego, el Ejecutivo de Putin dio un paso mucho más concreto cuando decidió suprimir la prohibición sanitaria (vigente desde 2011) que pesaba sobre 89 compañías cárnicas de Brasil y 18 fábricas peruanas de tratamiento de pescado.

Fuera de la geografía latinoamericana, Turquía y Bielorrusia se metieron en la misma brecha. La Unión Europea dice que contempla iniciar "negociaciones" con los países latinoamericanos con fuerte potencial para reemplazar los productos europeos. Fuentes anónimas de la UE declararon a varios diarios que se trata de negociaciones "políticas", cuyo objetivo consiste en "federar" el mayor número posible de países a fin de presionar a Rusia. El tema es, sin embargo, otro: los europeos temen perder el mercado ruso en un momento en que el renovado esquema de la Guerra Fría produce un significativo acercamiento entre Rusia y América latina. El momento más emblemático de esa relación recuperada fue en 2008, cuando las fuerzas navales de Rusia y Venezuela llevaron a cabo maniobras conjuntas en el Caribe. Rusia le vendió luego a Venezuela material militar por un total de 3000 millones de euros.


Eximio jugador del ajedrez internacional, el presidente ruso desplazó con ojo estratégico sus piezas al tablero latinoamericano. El ministro británico de Relaciones Exteriores, Philip Hammond, calificó a Putin de "paria" en Europa. En América latina, en cambio, el jefe de Estado ruso fue un actor de peso. Antes de que Putin viajara a Cuba en julio pasado, el Parlamento ruso aprobó una ley mediante la cual condonó 90 por ciento de la deuda que La Habana tenía con Moscú (35.000 millones de euros). De su escala en Nicaragua, el presidente ruso dejó una promesa: contribuir a la construcción de un gran canal interoceánico capaz de competir con el Canal de Panamá. Putin viajó luego a Buenos Aires, donde firmó acuerdos de cooperación energética, y después a Brasil para participar en Fortaleza en la cumbre de los Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica). Allí, estos países dieron un paso histórico cuando anunciaron la creación de un banco fuera del circuito occidental, el Banco de Desarrollo. La confrontación en Ucrania y su repercusión en las relaciones entre Rusia y las potencias de Occidente puso a América latina en el centro del juego. Europa tantea ahora la manera de sacar del medio a un socio múltiple que amenaza sus prerrogativas comerciales. La Unión Europea le vende a Rusia 10 por ciento de su producción agrícola. Sin embargo, ante la amenaza latinoamericana, Bruselas argumenta que no es oportuno tratar con un socio "poco confiable" como Moscú y que sería un error mayor que los países latinoamericanos "sacrificaran una relación económica ya extensa por beneficios a corto plazo".


Doble lenguaje, doble geometría. La Unión Europea y los países que la componen sacan la biblia de los valores según les conviene. Por ejemplo, a pesar de las múltiples sanciones y amenazas proferidas contra Moscú por Occidente, Francia no renunció a venderle y entregarle a Rusia dos navíos portahelicópteros Mistral por un valor de mil millones de euros. Los regateos y advertencias de la UE no amedrentaron a los actores institucionales o privados. En Brasil, Ricardo Santin, presidente de la sección aves de la Asociación Brasileña de Proteínas Animales (ABPA), ve claramente una "oportunidad para aumentar sus exportaciones hacia Rusia". Entre enero y junio pasado, Brasil exportó a Rusia 563 millones de dólares en carne bovina. El comercio bilateral entre Brasilia y Moscú representó 3000 millones de dólares en el mismo período. El secretario de la Política Agrícola Brasileña, Seneri Paludo, calificó de "revolución" las posibilidades que abre el embargo ruso. En la Argentina, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, dejó claro que "Argentina generará las condiciones para que el sector privado, con el impulso del Estado, pueda incrementar las exportaciones y satisfacer la demanda del mercado ruso". Según un informe publicado por la Cámara Argentino-Rusa, el año pasado el comercio entre ambos países creció en un 30 por ciento: pasó de 1980 millones de dólares en 2012 a 2627 millones en 2013. En el frente del Pacífico, Chile, Perú y Ecuador están en la misma línea. Chile con el salmón (antes venía de Noruega), las manzanas, las peras y las uvas (Polonia, Francia, Italia), Ecuador con las frutas y flores cortadas (Holanda) y Perú con el pescado, la nueva Guerra Fría puede dar lugar a una modificación del geocomercio.

Para tener una idea cifrada de las necesidades rusas, entre enero y mayo de 2014 Rusia importó productos agroalimentarios por un valor de casi 17.000 millones de dólares. Los cínicos de Europa claman ahora por un poco más de lealtad. Xavier Beulin, presidente de la megasubvencionada FNSA (Federación Nacional de Sindicatos de explotaciones agrícolas), salió a denunciar el "oportunismo" de los productores de Brasil y la Argentina. Los portavoces de la UE protestaron a su vez por el hecho de que haya "gobiernos" detrás de los productores privados. El argumento es de una hipocresía continental. Los 28 gobiernos de la UE están, de manera directa o a través de Bruselas, detrás de todos los grandes contratos que se firman en el mundo. Las monstruosas subvenciones agrícolas y sus 373 mil millones de euros distribuidos entre los 13 millones de agricultores de la UE son una prueba más que evidente. En el viaje que realizó en julio pasado a la región, Putin dijo que América latina se estaba convirtiendo "en una parte importante del mundo policéntrico emergente". Occidente hará todo lo posible para reducir el policentrismo y atrasar las agujas del reloj mundial a los tiempos de la dominación colonial.


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La muerte del Mecanismo de Desarrollo Limpio

El Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) fue creado por el Protocolo de Kioto en 1997 y entró en vigor en 2005.  Por este medio, los países en desarrollo pueden realizar proyectos que reduzcan emisiones de gases de efecto invernadero, y transferir (vender) esas reducciones a los países desarrollados para que estos puedan cumplir con sus metas de reducción establecidas en Kioto.

 

El MDL ha sido, desde sus orígenes, fuente de todo tipo de especulaciones y debates.  Desde los más optimistas que veían en él una forma efectiva de reducir gases de efecto invernadero y de transferir recursos económicos y tecnológicos a los países en desarrollo, a los más críticos que sostenían que no se iba a producir ni lo uno ni lo otro.  La mayoría de los análisis de evaluación del mecanismo, una vez cerrado el primer período de compromiso 2008 – 2012, le ha dado la razón a los más críticos.

 

Sus defensores aducen que el fracaso del MDL se debe a los altos costos demandados por un sistema extremadamente complejo y burocratizado.  Sus detractores afirman que es imprescindible un sistema así para intentar evitar las enormes posibilidades de fraude (en un mecanismo en el que tanto al comprador, como al vendedor y al fiscalizador, les conviene sobrestimar reducciones) y de error (dadas las incertidumbres científicas y técnicas que envuelven los proyectos).

 

Pero más allá del análisis de sus logros o carencias, los resultados de la última reunión de la Conferencia de las Partes le han puesto un punto final al Mecanismo de Desarrollo Limpio, al menos en América Latina.

 

La enmienda de Doha (2012) al Protocolo de Kioto ha establecido un Segundo Período de Compromiso que cubrirá el lapso 2013-2020 durante el cual los países firmantes se comprometen a reducir en un 18% sus emisiones de gases de efecto invernadero respecto a las que tuvieron en el año 1990.  Pero esta enmienda no ha contado con la firma de cinco países claves: Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y Nueva Zelandia.

 

Esto deja prácticamente sola a la Unión Europea en el esfuerzo convenido internacionalmente de reducir emisiones y la convierte en la única potencial compradora de créditos de reducción de emisiones en cualquiera de sus formas.  El MDL es el único medio que tienen los países en desarrollo de participar del mercado de carbono.  Consecuentemente los Certificados de Reducción de Emisiones (CERs) que puedan obtenerse a partir de este mecanismo tendrán como su potencial y exclusivo comprador a la Unión Europea.

 

Pero la Unión Europea ha decidido que para este segundo período de compromiso solo aceptará CERs que provengan de los Países Menos Desarrollados, una lista de 49 países de África y Asia, entre los que no se encuentra ningún país latinoamericano.  Por lo tanto, los proyectos de MDL provenientes de América Latina que no hayan alcanzado a ser registrados ante la Junta Ejecutiva del MDL antes del 31 de diciembre de 2012 no podrán vender sus certificados dentro del sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea.

 

Al final de 2012 había unos 6.000 proyectos registrados ante la Junta que generaron hasta el 2012 un total de CERs por aproximadamente 2 mil millones de toneladas de CO2.  A su vez se espera que esos proyectos generen CERs por más de 6 mil millones de toneladas de CO2 hacia el 2020.  A estos habría que sumarles todos los proyectos que están en las etapas previas esperando a ser registrados.

 

Esto ya supera largamente las expectativas de demanda esperada de créditos de carbono en el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea para el período 2013-2020, lo cual deja muy poco margen para la colocación de los certificados del Mecanismo de Desarrollo Limpio, aún para aquellos países menos desarrollados que podrán ser los únicos ofertantes en ese mercado.

 

Por otra parte, los precios de los certificados de carbono en la actualidad no son para nada alentadores.  La sobreoferta de créditos de carbono, sumada a las incertidumbres sembradas por unas negociaciones lentas y controversiales en la Convención de Cambio Climático, hicieron caer los precios de los certificados de reducción de un precio que llegó a estar por encima de los 30 euros a un mínimo de 2,8 euros a comienzos de este año.

 

El Mecanismo de Desarrollo Limpio ha muerto y con él ha fenecido el mercado de carbono para los países latinoamericanos.  No obstante la Convención está analizando nuevos mecanismos de mercado que, se espera, estarán definidos para el año 2015 y entrarán en vigor a partir de 2020. Veremos.  Por ahora, Latinoamérica puede ir guardando  sus sueños de certificados de carbono en el cajón.

 

- Gerardo Honty es analista en Energía y Cambio Climático de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social). www.energiasur.com / twitter: @energiasur

http://www.alainet.org/active/63580//

 

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El gobierno de Obama hace fracasar el Tratado de Comercio de Armas de la ONU
Adivine qué está más estrictamente regulado: ¿el comercio mundial de bananas o el de los buques de guerra? En junio, un grupo de activistas se congregó en Time Square, Nueva York, para denunciar una absurda realidad: “Las bananas están más estrictamente reguladas que las armas de bajo calibre. Hay más normas que regulan el comercio de bananas de un país a otro que las que regulan el comercio de una AK-47 o un helicóptero militar”. Así lo expresó Suzanne Nossel, de Amnistía Internacional Estados Unidos, durante la manifestación justo antes de que comenzara la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Tratado de Comercio de Armas ( TCA ), realizada del 2 al 27 de julio. Gracias a una declaración de último momento realizada por Estados Unidos de que “necesitaba más tiempo” para revisar el breve texto del tratado, de apenas 11 páginas, la conferencia culminó la semana pasada en fracaso.
No hay mucho que pueda considerarse polémico en el tratado. Los gobiernos signatarios acuerdan no exportar armas a países a los que se aplica un bloqueo de armas, ni exportar armas que facilitarían “la comisión de genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra” u otras violaciones al derecho humanitario internacional. La exportación de armas está prohibida si facilita la “violencia de género o la violencia contra los niños” o si las armas son utilizadas para “el crimen internacional organizado”. ¿Por qué Estados Unidos necesita más tiempo que los más de 90 países restantes que tuvieron suficiente tiempo para leer y aprobar el texto? La respuesta estriba en el poder del lobby de la industria armamentista y la aparente incapacidad del Presidente Barack Obama de hacer lo correcto, especialmente si no fue fríamente calculado desde el punto de vista político.


El gobierno de Obama hizo fracasar el tratado exactamente una semana después de la masacre en Aurora, Colorado. En Colorado Obama prometió “oraciones y reflexión”. Como afirmó el Alcalde de la Ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, al referirse a que tanto Obama como Mitt Romney estaban evitando hablar del control de armas: “Las palabras reconfortantes son muy lindas, pero quizá ya es hora de que las dos personas que aspiran a la presidencia de Estados Unidos nos digan qué es lo que van a hacer al respecto. Porque obviamente este es un problema que afecta a todo el país y cada día mueren muchas personas a causa de heridas de armas de fuego. Esto debe terminar, y en lugar de que los dos candidatos (el Presidente Obama y el Gobernador Romney) nos digan en términos abstractos que quieren hacer 'del mundo un lugar mejor', dígannos cómo lo harán. Este es un problema real. Más allá de cuál sea su posición respecto a la Segunda Enmienda, más allá de cuál sea su postura sobre las armas, tenemos derecho a que ambos nos digan concretamente, no solo en términos generales, qué van a hacer con respecto a las armas”.


La violencia con armas es un gran problema en Estados Unidos, que solo parece penetrar en la conciencia de la población cuando ocurre una masacre. Los defensores de la tenencia de armas atacan a quienes sugieren que se necesita mayor control de armas y los acusan de politizar la masacre. Sin embargo, algunos funcionarios electos están tomando medidas al respecto. El gobernador de Illinois, Pat Quinn, está impulsando una prohibición a las armas de asalto en su estado, similar a la que está en vigor en California, Connecticut, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York.


El vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional del Rifle ( NRA , por sus siglas en inglés), Wayne LaPierre, lanzó una amenaza ante la conferencia de la ONU : “Las armas de fuego para uso de civiles no deben formar parte de ningún tratado. No puede haber ningún tipo de concesión al respecto. Ni las Naciones Unidas ni ninguna otra influencia externa tiene la autoridad de interferir en las libertades consagradas en nuestra Declaración de Derechos, otorgada por nuestro creador a toda la humanidad. Por lo tanto, la NRA luchará con toda su fuerza para hacer fracasar cualquier tratado que incluya armas civiles dentro del ámbito de su aplicación”. La NRA organizó una campaña para enviar cartas de oposición al tratado, que fueron firmadas por 51 senadores y 130 miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Tras el fracaso de la conferencia, la NRA se atribuye haberle dado el tiro de gracia al tratado.


Por supuesto que no hay nada en el tratado que pudiera afectar las leyes nacionales de armas de Estados Unidos. Los derechos protegidos en la venerada Segunda Enmienda (“Siendo necesaria una milicia bien regulada para la seguridad de un Estado libre, el derecho del Pueblo a poseer y portar armas no será infringido.”) permanecerían intactos. El interés de la NRA no solo está puesto en los portadores de armas individuales, sino también en los fabricantes y exportadores de armas de Estados Unidos. Estados Unidos es el mayor fabricante, exportador e importador de armas del mundo. La regulación de este flujo mundial de armamento es lo que probablemente alarma más a la NRA , no la posibilidad de que la ONU elimine las armas que la gente posee legalmente en Estados Unidos.


Los manifestantes que protestaron frente a la sede de las Naciones Unidas durante la conferencia sobre el Tratado de comercio de armas recrearon un cementerio simbólico y en cada lápida pusieron la siguiente leyenda “2.000 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas”. Es decir que muere una persona por minuto. En muchos lugares del mundo masacres similares a la de Aurora suceden con demasiada frecuencia. Unos días después de lo sucedido en Aurora, al menos nueve personas murieron en un ataque con avión estadounidense no tripulado en el noroeste de Pakistán. Funcionarios paquistaníes afirmaron que se sospechaba que las víctimas eran militantes, pero el gobierno de Obama considera a todo hombre adulto que es atacado por aviones no tripulados como militante, a menos que se demuestre lo contrario, póstumamente.


Luego de que la conferencia culminara sin éxito, Suzanne Nossel, de Amnistía Internacional, declaró: “Se trata de una cobardía sorprendente del gobierno de Obama, que a última hora cambió radicalmente de postura y saboteó el avance hacia un tratado de armas mundial, justo cuando estaba llegando a la recta final”. Las palabras de Nossel fueron aún más severas al criticar al propio Departamento de Estado, donde trabajó tiempo atrás bajo el mando de Hillary Clinton.


La ONU prometió reanudar la iniciativa de aprobar un tratado de comercio de armas, a pesar de la intransigencia del país al que Martin Luther King Jr. denominó “el principal proveedor de violencia del mundo”. Hasta entonces, las bananas estarán más fuertemente reguladas que los buques de guerra y las bazucas.



Amy Goodman
Democracy Now!


Texto en inglés traducido por Mercedes Camps. Edición: María Eva Blotta y Democracy Now! en español, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna.


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Martes, 22 Mayo 2012 06:42

Gigantes asiáticos negocian TLC

Gigantes asiáticos negocian TLC
Los tres principales exportadores de Asia –China, Japón y Corea del Sur– han acordado empezar negociaciones con vistas a un tratado trilateral de libre comercio (TLC). Ese pacto tendría enormes beneficios potenciales, dado el tamaño y, hasta cierto punto, la complementariedad de las tres economías. Sin embargo, se requerirán prolongadas negociaciones, y entre los muchos obstáculos están los poderosos cabildos proteccionistas en cada país y las recurrentes tensiones geopolíticas en la región.


Las planes de negociar un TLC fueron anunciados luego de una cumbre trilateral el 20 de mayo, en la cual también se firmó un tratado de inversión y compromisos de trabajar de común acuerdo para resolver disputas regionales. En una declaración conjunta, los gobernantes de los tres países describieron un pacto trilateral como medio no sólo de impulsar el comercio, sino de cimentar la integración económica de Asia del este y construir confianza política. Se espera que las pláticas formales comiencen este año.


En principio, un TLC China-Japón-Corea del Sur tendría enorme significado económico. Los tres países son importantes exportadores mundiales y su peso combinado podría rivalizar con el de la Unión Europea y el TLC de América del Norte. Según datos del FMI, el comercio entre los tres países, medido por exportaciones totales, sumó 745 mil mdd en 2011, contra 163 mil mdd en 2001. El valor total de esta medida de comercio trilateral se ha expandido en un promedio de 17% anual en la década pasada.


La rápida tasa de crecimiento refleja en parte el desarrollo de cadenas regionales de suministro en productos que terminan en los mercados occidentales. Sin embargo, exportadores de China, Japón y Corea del sur también se benefician de la creciente demanda final de sus mercados vecinos. Contra este trasfondo, no es sorpresa que las principales economías exportadoras de Asia buscan comerciar más entre sí en momentos en que las crisis fiscales y el lento crecimiento proyectan una sombra sobre las perspectivas de la demanda en EU y Europa.


Pese al impacto potencial del TLC China-Japón-Corea del Sur, existen varios motivos de cautela. Primero, las negociaciones serán sin duda prolongadas y contenciosas. El precedente histórico sugiere que negociar acuerdos de comercio bilaterales puede llevar años, y en este caso la necesidad de conversaciones tripartitas conlleva dificultades adicionales. Se han necesitado años tan sólo para que los tres países accedieran a comenzar negociaciones.


Intereses proteccionistas arraigados en cada país representarán un obstáculo formidable. Por ejemplo, no es probable que China haga concesiones que amenacen la capacidad del Estado de controlar las industrias estratégicas, y productores agrícolas de Japón y Corea del Sur tienen el poder político para defender las extensas barreras comerciales que los protegen. Enfrentados a tales desafíos, los negociadores comerciales de los tres países podrían optar por suavizar las pláticas excluyendo sectores especialmente delicados, lo cual limitará la importancia económica del acuerdo resultante. Como caso relevante, China ha concluido con rapidez una serie de TLC en años anteriores, pero varios de esos pactos son relativamente estrechos y carecen de mecanismos rigurosos de aplicación.


Una advertencia final es que las tensiones geopolíticas subyacentes pueden complicar las cosas. Si bien los tres países prometen de rutina expandir la cooperación y resolver en paz sus diferencias, las relaciones diplomáticas se tensan con frecuencia debido a la animosidad histórica y las disputas territoriales. También, Japón estará ansioso por tranquilizar al principal garante de su seguridad, EU, de que un TLC con China no socavará las perspectivas de la sociedad transpacífica, acuerdo de comercio propuesto que Washington apoya pero al que no es probable que China se adhiera.


En suma, un pacto comercial China-Japón-Corea del Sur sin duda acercaría a los tres países, pero las posibilidades de que un acuerdo de largo alcance se concluya en breve plazo parecen tenues.


Traducción de texto: Jorge Anaya

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TLC inmodificable, inicuo e indefinido

¿Cuántos ciudadanos conocen de verdad el TLC con Estados Unidos? ¿Cuántos saben que tiene 23 capítulos, miles de cláusulas, cartas adjuntas, archivos anexos, entendimientos sobre salud pública, medio ambiente, patentes, biodiversidad y servicios financieros, entre otros? ¿Cuánto se ignora de los 400 temas que comprende y de las instituciones que establece, por encima de las nacionales, para regirlos?
 

El desconocimiento no es culpa del ciudadano común. Tres gobiernos sucesivos se han encargado de ocultar los impactos que tiene este TLC con Estados Unidos, la madre de todos los demás, y se han limitado a decir como Uribe: “Da acceso a los productos colombianos al mercado más grande del mundo”.O como Santos: “Creará 500 mil empleos”. O como Andrés Felipe Arias: “Permite cambiar uchuvas por trigo”. O el mentiroso: “Vendrán productos más baratos”.
 

El TLC implica mucho más que estas frases engañosas. Leyes injustas como la 100, la 142 o los regímenes de inversión extranjera o de regalías no podrán modificarse si con ello fueran perjudicados los planes de negocios de los inversionistas norteamericanos. Los TLC blindan el neoliberalismo y le dan estabilidad jurídica al inscribirse en el bloque de constitucionalidad de tratados internacionales, protegidos del Ejecutivo y del Legislativo. Al definir como inversión, empresas, acciones, bonos, créditos y préstamos, operaciones bursátiles, contratos, propiedad intelectual y bienes tangibles e intangibles, los intereses norteamericanos se vuelven intocables, a no ser para otorgarles más ventajas.
 

Se dice que el TLC impone obligaciones iguales a las dos partes. Así es, pero se trata de socios completamente desiguales: el PIB de Estados Unidos es treinta veces mayor que el de Colombia, y no hay trato diferencial para el débil. La teoría de la convergencia, por la cual en una zona económica común entre economías diferentes la más atrasada se acerca a la de mayor nivel de desarrollo, está rebatida; la actual crisis europea, con los casos de Grecia y España, es la más reciente refutación a dicho aserto.
 

Esto se ratifica luego de décadas de globalización: los países de ingreso medio han decaído en el Índice de Desarrollo Humano de 0,673, a 0,63 -de 1998 a 2011-, mientras, los de ingreso muy alto, hoy día, están en niveles de 0,9, y, los de ingreso bajo, apenas superan 0,45, según el PNUD.
 

El TLC se firmó sin límite. La cláusula 23.4 prescribe que “cualquiera de las partes podrá poner término a este Acuerdo”. Es indispensable un gobierno nacionalista que al menos intente renegociarlo en un plano donde la iniquidad manifiesta se logre reversar, iniquidad todavía más severa en cuanto que la superpotencia usará el TLC para verter sus excedentes, causantes de la crisis de superproducción que atraviesa, sobre la contraparte colombiana.


Por Aurelio Suárez Montoya, Bogotá, mayo 14 de 2012
 

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Lunes, 07 Mayo 2012 16:13

Bandera a media asta








La política exterior del uribismo. Enajenación, aislamiento y servidumbre

Edición 156, 2009

El TLC en el Congreso de los Estados Unidos
Edición 133, 2008

La Corte y el TLC: inversión de los derechos
Edición 131, 2008

Costa Rica en referendo. TLC
Edición 127, 2007

TLC y telecomunicaciones. Colombia - Estados Unidos
Edición 123, 2007

Avanza devastador proceso privatizador y social. Colombia-Tlc-Iirsa
Edición 123, 2007

Crónica de una posible y no anunciada muerte. El Tlc con Estados Unidos
Edición 121, 2007

¿América para los americanos? Colombia, Iirsa, Tlc, Plan Puebla Panamá
Edición 119, 2007

El pacto de la tortilla. México y el Tclan
Edición 119, 2007

Negocio de lesa patria. TLC, Estados Unidos – Colombia
Edición 118, 2006

Marcha la dignidad. Tlc Ecuador
Edición 111, 2006

Tres graves pifias. Tratado de Libre Comercio
Edición 111, 2006

¡Está desnudo! El Tratado de Libre Comercio
Edición 110, 2006

Los campesinos se resisten a ser desplazados por el TLC. Colombia
Edición 105, 2005

Porque decir no a las patentes sobre plantas y animales
Edición 99, 2005

Lección de democracia y organización para Colombia. Cauca: Consulta indígena y popular rechaza al Tlc
Edición 99, 2005

Consulta Popular ante el TLC
Edición 98, 2005

“Exportando libertad” e importando esclavitud. Trade Promotion Authority TPA
Edición 98, 2005

TLC Estados Unidos - Colombia:. La salud en la mira de las multinacionales
Edición 96,

Tratados de Libre Contaminación. Normas ambientales en el TLC
Edición 93, 2004

El TLC ¿Cuáles beneficios? A manera de constancia
Edición 92, 2004

Atlanta, malos presagios. Tratado de Libre Comercio, segunda ronda
Edición 91, 2004

Colombia, salto al vacío. Estados Unidos - Alca:
Edición 90, 2004

Los tropiezos del libre comercio
Edición 89, 2004

La defensa del arroz y la Jornada Andina contra el TLC
Edición 89, 2004

La lucha contra el Alca y los Tratados Bilaterales se adoptó como primer punto de cualquier agenda de resistencia social
Edición 88, 2004

TLC y soberanía nacional. Un continente en resistencia
Edición 88, 2004
EEUU no firmará un acuerdo para eliminar de su arsenal militar las minas antipersona. Así lo confirmó la pasada madrugada Ian Kelly, portavoz del Departamento de Estado norteamericano, después de que en los últimos días surgieran rumores sobre un cambio en su política. "Esta Administración valoró la posibilidad de revisar nuestra política en este sentido, pero hemos decidido dejarla como está", aseguró.

Según Kelly, EEUU no sería capaz "de asegurar nuestra propia defensa o de cumplir con nuestro compromiso con los países aliados" firmando una convención para dejar de usarlas. Está previsto que esta decisión genere una gran polémica en la comunidad internacional.

La ONG Human Rights Watch (HRW) envió una carta al presidente Obama a principios de esta semana solicitando su adhesión a un tratado internacional contra este tipo de armamento.Steve Goose, su portavoz en nueva York, dijo que ese tratado se había convertido en algo prioritario y que la Administración Obama estaría desatendiendo su compromiso humanitario no aceptándolo.

No firma pero lo respeta

La situación no deja de ser paradójica porque mientras que el país lleva desde 1993 contribuyendo con la eliminación de estas minas en todo el mundo, no se decide a firmar un tratado que lo haga oficial y obligatorio.

De hecho, según HRW, desde 1997, EEUU no ha usado, producido o exportado minas antipersona. Ese año, el entonces presidente Bill Clinton, prometió que el país firmaría el tratado que porhibe su utilización en 2006. En 2004, con Bush en la Casa Blanca, el proceso se paralizó.

En la actualidad, hay 156 países que han firmado el Tratado contra las minas antipersona. Los 37 países que no lo han ratificado, han respetado el documento, consiguiendo un enorme progreso en este campo.

Por ejemplo, la ONG asegura que en 2008 un total de 5.170 personas murieron a causa de las minas, mientras que en los 90 esa cifra rondaba las 26.000 al año.
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