Viernes, 27 Octubre 2017 19:21

Agua potable para resguardo wayuu

Agua potable para resguardo wayuu

Los pueblos indígenas que habitan la Guajira, ahogados en su propia sed como consecuencia de la extracción de carbón en su territorio durante los últimos 30 años, luchan contra la ambición de la multinacional Cerrejón S.A y la ausencia de Estado con vocación soberana. Lucha que poco a poco da frutos: el pasado 23 de octubre, el Juzgado Promiscuo del Circuito del departamento de La Guajira falló a favor de que el resguardo wayuu de Provincial, ubicado en el municipio de Barrancas, tenga acceso garantizado al agua.

Para la comunidad de Provincial y para muchas más, los días transcurren viendo cómo la alcaldía de Barrancas –en este caso–, la gobernación de La Guajira y la empresa Cerrejón, ingresan constantemente a su territorio para arrebatarles el agua del río que tienen cerca; mientras ellos, los wayuu, los oprimidos y olvidados, para garantizarse el agua que requieren para el consumo diario, actuando como extraños en su propia tierra, cargándola en galones y tarros, tienen que caminar largas distancias y pasar por encima de los bloqueos –escombros, árboles talados y tierra– que la multinacional puso para evitar el acceso al río.

La multinacional Cerrejón no solo deja sin agua a los resguardos, sino que con sus grandes tentáculos les arrebata cada día más territorios, afectando gravemente la espiritualidad, la humanidad, la economía y las políticas de vida wayuu, sin asumir, hasta el momento la responsabilidad que tiene por toda la tragedia que viven quienes desde siempre habitaron la península.

Como expresión de su resistencia, acudiendo a la justicia oficial, la comunidad indígena de La Guajira interpone tutelas y demandas exigiendo garantía y acceso a los derechos básicos fundamentales que le son negados, tales como servicios públicos, educación y salud. Muchos de cuyos casos terminan archivados o beneficiando, aún más, a la multinacional. Con excepciones, que justifican la regla.

El pasado 23 de octubre el Juzgado Promiscuo del Circuito del departamento de La Guajira falló a favor del resguardo de Provincial, y ordenó al alcalde del municipio de Barrancas, Jorge Cerchiaro Figueroa, que en las 48 horas siguientes a lo resuelto por el juzgado, provea a la comunidad con agua potable, con un mínimo de 50 litros diarios para cada persona; situación que debe mantenerse hasta que se repare el micro acueducto del resguardo, tarea para la cual la alcaldía cuenta con un plazo máximo de 6 meses.

Será la justicia oficial, en unión con los organismos policivos, quienes vigilen y certifiquen que las acciones ordenadas se ejecuten de manera efectiva. Pero le corresponde al gobierno nacional parar su política extractivista para evitar que este pueblo, como otros grupos poblacionales que habitan a lo largo y ancho de la geografía nacional, padezcan las consecuencias de la intromisión en sus territorios del capital internacional. Sólo así podrá evitarse que cese la muerte, la enfermedad, el desplazamiento, el terror, la sed, el deterioro del medio ambiente, que miles de connacionales padecen en carne propia. Ninguna cantidad de oro, plata, petróleo, carbón, palma de aceite, caña de azúcar, etcétera, alcanza para resarcir tal realidad.

Publicado enColombia
Con el mensaje de urgencia para los proyectos de reforma en salud dado al comienzo de esta legislatura por parte del gobierno de Santos, nos encontramos ad portas de un conjunto de reformas, con la seguridad de que serán aprobadas antes de concluir este año.

Esto se da en un marco de desaprobación de sectores sociales y gremiales por el carácter de las reformas, y además en un ambiente de desprestigio del Congreso por las denuncias en torno a las relaciones estrechas entre parlamentarios que impulsan estas reformas con las EPS, instituciones que saldrán más beneficiadas de tales cambios.

Como se presentó en la edición de desde abajo de octubre de este año*, hay un conjunto de iniciativas de orden constitucional, estatutario y ordinaria que impactarán sobre la política de salud, profundizando el enfoque de mercado, marginando aún más la posibilidad de una real garantía del derecho a la salud en el país, en contravía del clamor y las aspiraciones de la sociedad colombiana expresada a través de la gran movilización social de comienzos de 2010 contra de emergencia social en salud.

Reforma a la Ley 100: otro retoque

Igual que la experiencia de reforma a la Ley 100 que se tuvo en 2007, se presentó un número importante de proyectos de ley que en su mayoría apuntan a un conjunto de ajuste de esta ley y no a configurar realmente un nuevo sistema de salud por fuera del marco del aseguramiento individual a la enfermedad.

En estos momentos ya hay un proyecto que acumuló los Proyectos de Ley 01, 95, 143, 147, 160, 161 y 182 de 2010-Senado y los Proyectos 035, 087, 106, 111 y 126 de 2010-Cámara, “por medio del cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones”.

Lo que resta en términos de la mecánica parlamentaria es la discusión en plenaria del Senado y Cámara de este proyecto de ley acumulado, que consta de 145 artículos.
El proyecto hace énfasis en la estabilidad financiera del sistema de salud, marcando los temas de financiación. Define, entre otros asuntos, que un cuarto (0,25 por ciento) de punto de la contribución parafiscal al pago de salarios a favor de las Cajas de Compensación se destinará a financiar el régimen subsidiado, con lo cual se da un paso que se pensaba varios años atrás, reduciendo aún más los recursos de los programas sociales para los afiliados y sus familias que desarrollan las Cajas.

El proyecto deja claro que hay un paquete de servicios de salud (POS), que es lo que recibirán los usuarios. El proyecto plantea que el POS deberá ser actualizado cada dos años, que la igualación entre POS contributivo y POS subsidiado se realizará gradualmente, y no como lo exige la Sentencia T-760 de 2008, de la Corte Constitucional.

Incorpora la estrategia de atención primaria en salud (APS), entendiéndola como el primer nivel de atención, que conlleva acciones preventivas, individuales y colectivas, ofrecidas por las EPS. Esto instrumentaliza y subordina la APS a la lógica del mercado, quitándole su potencia poblacional/territorial y su capacidad para afectar los determinantes de la salud y ser puerta de entrada al sistema de salud, rompiendo barreras que impiden la garantía del derecho a la salud.

Igualmente, incorpora el concepto de portabilidad nacional, lo que implica que las EPS deberán garantizar el acceso a los servicios de salud a los usuarios en cualquier parte del territorio nacional, asunto que desde hace muchos años ha sido demandado por la ciudadanía, en especial por la población en condiciones de desplazamiento.

El proyecto autoriza los “planes voluntarios de salud”, que podrán incluir coberturas asistenciales o económicas que se relacionan con los servicios de salud. El proyecto deja explícito que el gobierno nacional estimulará la creación, el diseño, la autorización y la operación de planes voluntarios y seguros de salud individuales y colectivos que ofrezcan beneficios no incluidos en el POS.

Sin lugar a dudas, acá está la almendra de la reforma, por cuanto se avanza en establecer un POS limitado para eludir el cubrimiento de los eventos NO POS, quedando por tanto un montón de aspectos de medicina, odontología, terapias, medicamentos y procedimientos por fuera, para que sean adquiridos por nuevos paquetes de seguros. Es decir, como a las EPS no les ha bastado con enriquecerse mediante el negocio del POS, ahora lo amplían por la vía de lo que llaman eufemísticamente “planes voluntarios de salud”, ¡claro! todo a expensas de una falta de garantía del derecho a la salud de la población.

Y para ajustar el proyecto de reforma, se reduce aún más la participación de los usuarios en los aspectos de intervención en las decisiones del Sistema General de Seguridad Social en Salud, como, por ejemplo, limitándola a un representante de los usuarios en las juntas directivas de las ESE, o sacándola de los comités técnico-científicos de las EPS.

Otras dos iniciativas: completar el círculo de la ganancia

Otros dos aspectos de las iniciativas que se mueven paralelamente en el Congreso para su aprobación son: un proyecto de acto legislativo que busca modificar la Constitución Política para establecer el derecho a la sostenibilidad fiscal y un proyecto de ley estatutaria en salud (Ver: Se acentú a la mercantilización del derecho a la salud).

Con estas dos iniciativas, se logra cerrar el círculo de iniciativas en el camino que quieren los negociantes de la salud: una reforma fiscal que subordina la garantía de los derechos sociales a la estabilidad fiscal, con lo cual quiebran la acción de tutela y las decisiones de la Corte Constitucional en materia de garantía del derecho a la salud. Por el lado de la ley estatutaria en salud, establecen que el derecho a la salud es igual sólo a POS.

Es decir, asimismo cierran el círculo al conseguir definir en un plano constitucional, estatutario y ordinario que el Sistema de Seguridad Social en Salud sólo garantice un POS muy limitado, que no es posible ir más allá de él por la vía de la tutela, bien porque la ley estatutaria define que el derecho a la salud es sólo POS, bien porque la estabilidad fiscal lo impide, y se cierra con el negocio de nuevos paquetes de aseguramiento. A la EPS que quiera más que le piquen caña.

Este panorama es desconcertante, en la medida en que el gobierno de Santos, con su fachada de algo nuevo, logra concretar las iniciativas de la emergencia social en salud contra las que se peleó ampliamente a comienzos de 2010, sólo que ahora lo hace en una mejor condición al instalarlas en un orden constitucional, estatutario y ordinario, favoreciendo los intereses de los actores que intervienen desde una perspectiva de lucro, en clara contravía de la garantía del derecho a la salud para la población colombiana.

En este contexto, el próximo período debe fortalecer los procesos de resistencia social en contra de este modelo privatizado de salud, bajo la idea de fortalecer las experiencias y las iniciativas de carácter alternativo que permitan acumular fuerzas necesarias para dar una próxima batalla contra los mercaderes de la salud en mejores condiciones. La situación de lucro con la salud, a expensas de la vida y el bienestar de la gente, no puede ser ni van a ser eterna.

Por Mauricio Torres-Tovar, M.D.
Miembro del Movimiento Nacional por la Salud y la Seguridad Social

*    Re-emergencia social en salud. desde abajo Nº 162, pp. 2, 3, 5, octubre de 2010.

Diversas voces
Academia Nacional de Medicina
Comunicación al Ministro de la Protección Social

Con sorpresa leemos en su columna en El Tiempo del 21 de noviembre: “Por eso, esperamos que todos los actores se despojen de sus intereses gremiales o personales, y nos ayuden a construir, en lo que resta del trámite legislativo, una reforma que logre los objetivos de calidad y equidad para todos los colombianos”.

Si usted se refiere como “intereses gremiales o personales” a lo expresado en nuestras comunicaciones pertinentes a los proyectos de ley, debe saber que la Academia Nacional de Medicina no es una institución “gremial” en el sentido que usted parece insinuar. Es una corporación por ley “asesora del gobierno nacional en todo lo relacionado con la salud y la educación médica del pueblo colombiano” y es nuestro deber, al igual que el de los funcionarios públicos, velar por los intereses de la sociedad y del paciente individual. Este es el imperativo ético que ha regido nuestra profesión por más de 2.500 años.

Los proyectos que se han llevado a consideración del Congreso no representan, en manera alguna, la tan esperada reforma estructural del sistema de salud. Más bien recogen lo que se pretendió obtener con los malogrados decretos legislativos de la emergencia social, en detrimento de la salud como derecho humano, con perjuicio para los pacientes, especialmente de aquellos con enfermedades de alto costo o con “enfermedades huérfanas”.

Con la propuesta legislativa se viola lo dispuesto en la Constitución Política de Colombia, porque limita el derecho a la salud al establecer que “prestaciones individuales pongan en riesgo los recursos necesarios para la atención del resto de la población” y que “las prestaciones que reconoce el sistema se financiarán y no podrán exceder los recursos destinados por la ley para tal fin”. Más que nadie, como profesionales de la salud entendemos que los recursos son limitados; sin embargo, con la propuesta legislación se estaría autorizando a los aseguradores intermediarios determinar a su arbitrio las limitaciones en la prestación de los servicios de salud.

En ninguna parte los proyectos de ley hacen referencia a los desmedidos costos de la intermediación, ni a los abusos en los recobros al Fosyga, ni a la indebida utilización de los recursos para fines diferentes de la seguridad social y la conformación de oligopolios, que realmente explican la crisis económica del modelo actual. Más bien culpan a los pacientes y los prestadores de la atención de la salud como los responsables de la crisis y pretenden corregirla limitando servicios.

Por lo pronto, debemos expresarle que la Academia Nacional de Medicina no apoya las reformas propuestas, tal como están presentadas, sin incluir aspectos que se consideran fundamentales, no por “intereses gremiales o personales”, sino por defender los intereses de los pacientes, de aquellos que nosotros, los médicos, debemos tratar, no los de las entidades intermediarias, que tan satisfechas deben estar con los proyectos de ley en curso.

Reforma a la salud que se aprueba en el Congreso es acta de defunción para hospitales públicos: Secretario de Salud de Bogotá

Noviembre 24 de 2010. Como un acto que declara la muerte de los hospitales públicos calificó Héctor Zambrano Rodríguez, Secretario de Salud de Bogotá, las recientes aprobaciones de la reforma a la salud que a pupitrazo limpio van pasando en Cámara y Senado.

El titular de la cartera de Salud de Bogotá indicó que temas como reducir la obligatoriedad en la contratación de un 60 a un 40 por ciento de las EPS con los hospitales y quitarle el manejo al Estado de todas las actividades de promoción y prevención, para que las EPS privadas decidan cómo y con quién hacerlo, es declarar los hospitales públicos como inviables y llevarlos a la quiebra.

“El gobierno nacional se excusa en que hay falta de accesibilidad en salud en algunas regiones del país para llevar la red pública hospitalaria al cierre o la privatización, y eso en últimas perjudicará a los usuarios y no garantizará el total acceso al derecho a la salud”, expresó el funcionario.

Para la red adscrita a Bogotá esa medida significa una reducción anual de más de 106 mil millones de pesos al año.

En comunicación dirigida al Ministro de la Protección Social, la Secretaría Distrital de Salud expresa su gran preocupación por el retroceso que sufrirá la salud con una reforma que pretendía sacar al sector de su profunda crisis. Por lo que se ha aprobado hasta el momento, el remedio resultó peor que la enfermedad.

“Como primera medida, vemos con gran preocupación cómo a pesar de los diferentes espacios y escenarios abiertos para la participación, la gran mayoría de propuestas realizadas por esta Secretaria, por entes territoriales, Fedemunicipios y Fededepartamentos y por otros actores en las mesas de trabajo y foros regionales, no fueron tenidas en cuenta en el articulado propuesto por los ponentes y avalado por su Despacho para el debate que se está surtiendo en estos momentos. Por tanto, consideramos que no es viable la legitimización del proceso de análisis y discusión que tanto el gobierno nacional como el Congreso pretenden mostrarle a la comunidad”, expresa el Secretario en esa carta.

Otro aspecto que preocupa con la reforma que hace curso en el Congreso de la República es que ahora la calificación de los hospitales se basará únicamente en factores de equilibrio financiero y no en indicadores de rentabilidad social, de avances en salud pública y de mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población. En ese sentido, ningún hospital será viable porque, como es bien sabido, las ESES tienen problemas de cartera y demora en pagos por parte de las EPS, y ese sería el único factor por calificar, pero para nada se les exigen indicadores de salud a los prestadores privados de servicios de salud, salvo resultados y balances financieros.

Publicado enEdición 164
En rueda de prensa citada para el 23 de febrero por la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –CAJAR-, se hicieron patentes las irregularidades jurídicas derivadas de la Acción de Tutela presentada el pasado 2 de febrero, ante el Consejo Superior de la Judicatura, por el ex director del Departamento Administrativo de Seguridad -DAS- Jorge Noguera Cotes. Su pretensión: emprender acciones de nulidad de los más de 50 mil folios probatorios que dan cuenta de los delitos que se le imputan, entre ellos, el asesinato de numerosos sindicalistas y defensores de derechos humanos.

Ir más allá de la denuncia. Este fue el espiritu que rondó durante la rueda de prensa en la que participaron Tarcisio Mora, presidente de la CUT, Eduardo Carreño, del CAJAR, y Luís Alberto Vanegas, responsable de la Oficina de Derechos Humanos de la CUT
 
En sus declaraciones, los citantes a este ejercicio comunicativo énfatizaron en la nueva estratagema jurídica emprendida por el abogado del ex director del DAS, Jorge Noguera, al interponer tutela ante el Consejo Superior de la Judicatura, con la que pretende, una vez más, obtener la libertad de su defendido, a espaldas de los crimenes que se le sindican, lista en mano, en contra de sindicalistas y defensores de derechos humanos, cuando era director de la agencia de seguridad estatal.

Hechos que se conectan. Interceptaciones telefónicas ilegales a periodistas y defensores de derechos humanos, rebeladas la semana que cursa, dejan entrever que la corrupción estructural que carcome al DAS, continúa vigente. Organismo que es, vaya paradoja, el directamente encargado de la seguridad de las personas amenazadas de muerte por agentes del mismo Estado colombiano.

Dos variables que van de la mano y corroen como cáncer letal: la llamada ‘seguridad democrática’, ligada a los esquemas de protección de civles, y las distintas modalidades de espionaje, normalmente implicadas con el paramilitarismo, que rompen con la privacidad, la seguridad y la vida de las personas que se oponen, desde la acción cívica, al régimen político vigente en Colombia. Acción, que además de ilegal, involucra a la población civil en el conflicto armado, social y político que padece el país.

Eduardo Carreño recordó los vínculos entablados por Don Antonio, ex capitán del Ejército, mano derecha y lugarteniente de Jorge 40, receptor de la lista con nombres, ubicaciones precisas, dadas por el entonces director del DAS, la misma que motivó la muerte, según el abogado, de más de 70 sindicalistas. Razón que propició una crisis, otra, del organismo de espionaje que depende de la Casa de Gobierno, y su supuesta depuración a través de una comisión de notables.

De una tutela ilegítima

Un antecedente que deja mal parado al Consejo Superior de la Judicatura tiene que ver con la Tutela interpuesta por el CAJAR para evitar la extradición de los jefes paramilitares desmovilizados. En ella aducían que los crímenes de lesa humanidad son de mayor jerarquía y entidad, en términos de política criminal, que los de narcotráfico. Respetando los argumentos, el Consejo Seccional de Cundinamarca concedió la Tutela. Pero la reacción no se dejó esperar, y de manera sorprendente el Consejo Superior de la Judicatura actuó, ocho días después, en contravía de las normas y de la evidencia, echando para atrás lo fallado por su entidad dependiente en Cundinamarca. Transcurridos otros dos días y los jefes ya figuraban en los Estados Unidos. En el ambiente quedó el interrogante, ¿por qué tanto afán?

Decisión en contra del derecho y de la verdad. Recordaron los abogados que la Constitución política de 1991 estableció que el Presidente de la República elige a la totalidad de los miembros del Consejo Superior de la Judicatura, Sala Disciplinaria, esto es, son funcionarios que dependen directamente del Presidente. Centralismo indefinido, agudizado en el presente gobierno. Concentración del poder que le resta autonomía a las distintas ramas del Estado.

La improcedencia de esta Tutela puede repercutir, no solamente en el aparato de justicia, sino en la cuota de impunidad que se le adjudica a Noguera, toda vez que este organismo está impedido para darle salida. Así lo enfatizó Carreño, quien señaló que: “Ante el Consejo Superior de la Judicatura se responde, en primer término, que no hay vías de hecho y, en segundo lugar, que a través de la Tutela no se puede decretar la nulidad de las pruebas. Si ellos quieren acudir a alguna instancia, tienen que ir al Fiscal General de la Nación y pedirle la nulidad o en el juicio Ante la Sala Penal de la Corte pedir dicha nulidad.”

Y agregó: “Lo que se busca fundamentalmente es dilatar el proceso y esto lleva implícito que se comiencen a generar prescripción de delitos. Las prescripciones son de cinco años la mínima y esto corre a favor del señor Noriega. Además, se pretende dejar en la impunidad la totalidad de los crímenes, lo que implica que las ejecuciones de los dirigentes sindicales que estaban siendo protegidos por el Estado, a través de este organismo, se quedan en la impunidad”.

Del cinismo a la impunidad: sólo un paso

La artimaña no es nueva. Como se conoce, el 22 de febrero de 2007 Noguera fue detenido tras pruebas que dieron cuenta de su relación directa con el ex jefe paramilitar Jorge 40. Pese a lo cual el ex director del DAS recuperó su libertad el 23 de marzo del mismo año, a través del recurso jurídico “Habeas corpus” otorgado por el Consejo Superior de la Judicatura. No obstante, el 6 de julio de ese mismo año fue recapturado y llamado a juicio el 1 de febrero de 2008 “…por los delitos de concierto para delinquir agravado, en concurso heterogéneo con el de utilización de asunto sometido a secreto o reserva, y abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto homogéneo”.

Luego, tras una ruptura procesal, Noguera volvió a recuperar su libertad, en plena etapa del juicio, adelantado esta vez por la Corte Suprema de Justicia, que consideró la actuación como nula, toda vez que el Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, no asumió la investigación de manera directa, lo que violaba el principio de fuero constitucional de este alto funcionario. Tras este imprevisto, el Fiscal dictó nuevamente intrusión contra Noguera Cotes, llamándolo a indagatoria, e imponiéndole medida de aseguramiento el 12 de diciembre de 2008, fecha en la que fue de nuevo detenido y recluido en la cárcel La Picota de Bogotá.

A pesar de que Noguera pidió nulidad de actuación ante la Corte Suprema de Justicia, ésta ha dejado en claro que las pruebas presentadas en su contra tienen toda la legalidad y quedan incólumes, por cuanto se han practicado ajustadas al debido proceso, bajo las formalidades de la ley. De aprobarse la Tutela, por tanto, el aparato judicial quedará como promotor de la impunidad, poniendo en entredicho cualquier injerencia punitiva, pues actúa en connivencia con el crimen.

Sindicalistas y defensores en Derechos Humanos burlados

El presidente de la CUT, Tarcisio Mora, enfatizó que “…en el asesinato a sindicalistas, a lo largo y ancho del territorio nacional, se esconde una estrategia de fondo. El Acuerdo de Ralito que se constituyó en una auténtica alianza entre las Fuerzas Militares y los grupos paramilitares”. Por tanto, la extradición de los jefes de estos grupos, se traduce en un grave obstáculo para impartir justicia. Recordó el dirigente sindical, que entre los enviados a los Estados Unidos se cuenta Salvatore Mancuso, sancionado por el asesinato de dirigentes de la Unión Sindical Obrera-USO, con ocho años de prisión.

Recordaron los abogados, en el comunicado con que citaron a la rueda de prensa, el testimono de Luciano Sanín, director de la Escuela Nacional Sindical, presentado pocos días antes de la realización de la audiencia convocada por el Congreso de los Estados Unidos, para examinar la situación de violencia antisindical reinante en Colombia: “en los últimos 23 años se registraron en Colombia, 2.694 sindicalistas asesinados, 482 de los cuales, ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El 60% de estos asesinatos no han sido investigados y apenas en 90 casos ha habido una sentencia condenatoria, pero sólo de los autores materiales, no intelectuales”.

Otra cara del problema responde a una estrategia de exterminio sistemática que va más allá de las eliminaciones de orden físico. A los asesinatos sistemáticos de sindicalistas se suma la modificación de las relaciones productivas derivadas de la precarización de las condiciones laborales y del mismo derecho a la asociación de los trabajadores. Dos ejemplos lo ilustran bien. En el 2006, el Ministerio de Protección Social rechazó 71 solicitudes de organización sindical y la Central Unitaria de Trabajadores pasó desde su fundación de 1.600.000 afiliados a 450 mil.
 
Impedidos en el derecho legítimo de organización, y asesinados, el movimiento sindical y los defensores de derechos humanos, son lacerados desde varios flancos, con predilección de quien tiene la función de proteger su integridad.  “Se dispararon las alarmas con el problema del DAS y esto nos obligó a denunciar ante el país la posibilidad de liberación del señor Jorge Noguera. Él entregó unas listas a algunos paramilitares y esos dirigente fueron asesinados y frente a esto llamamos a la justicia y al pueblo colombiano para que esté más alerta frente a la Tutela que él presentó para que se anulen las pruebas. Haremos lo que haya lugar, hay que actuar en el marco internacional, así como a nivel nacional también”, aseveró Tarcisio Mora.

Las víctimas de estos crímenes claman justicia, por lo que resulta vital que la sociedad colombiana haga suya la veeduría de lo que pueda suceder a partir de estas acciones que pretenden impunidad. Es necesario, no sólo pensar en una depuración de estos organismos, sino también hacer patente la situación estructural de corrupción y crimen que impera en las distintas ramas del poder en Colombia.

Por, Julián Carreño










Publicado enColombia
Página 1 de 2