Vivienda social en Bogotá, una deuda creciente

¿Cómo se plantea la provisión de vivienda social en la propuesta de revisión general del POT de Bogotá, así como del modelo económico que ha condicionado la oferta, la demanda y las rentas del suelo, que hacen parte de la problemática? Estos son los interrogantes abordados en este artículo, para darle espacio a unas recomendaciones ante el escenario analizado.

La problemática de la vivienda, su déficit cuantitativo y cualitativo, es inmenso y tiende a profundizarse producto del mayor empobrecimiento que afecta, como consecuencia colateral de la pandemia en curso, a miles de hogares. Según el Dane, solo en Bogotá, existe un déficit de más de 770.000 viviendas de interés prioritario VIP y vivienda de interés social VIS, una realidad que tiende a su agudización producto de una propuesta de revisión general del POT que apalanca los intereses inmobiliarios y de construcción que reinan en esta urbe.

Es una realidad que a su vez niega el goce de lo establecido en el Artículo 51 de la Constitución Política (CP), que establece el derecho a vivienda digna, derecho en la práctica condicionado y determinado por realidades como las dinámicas del mercado, la renta y el valor del suelo urbano, que condicionan el acceso a las unidades.


Vivienda: entre el interés social y el prioritario

Los topes de precios establecidos para VIP (90 Smlv) y VIS (150 Smlv) así como las áreas y su sostenibilidad respecto a la vivienda no VIS, han condicionado la calidad en materiales, así como su ubicación, dejando a los constructores y promotores la oferta de metros cuadrados, al igual que las formas en que se habita. Así pues, la oferta inmobiliaria se ajusta a los máximos topes de precios, reduciendo áreas y calidad en materiales constructivos, debido a la necesidad de maximización de las ganancias, promoviendo la masificación de unidades habitacionales que desconocen las particularidades de los habitantes, lo que tiene repercusiones en la sostenibilidad en el tiempo y en su patrimonio,

De otra parte, se encuentra la problemática de que las VIS no tiene un enfoque diferencial, por cuanto dichos topes máximos evitan que las familias con verdaderas necesidades económicas accedan a este tipo de viviendas, por lo que resulta fundamental que se regulen tanto las áreas mínimas para las VIS y VIP, como los estándares de calidad del hábitat, entendido éste como la interacción entre el medio ocupado, su entorno próximo y la colectividad para la sostenibilidad. Necesidad de regulación mucho mayor pues los intereses de los constructores los lleva a reducir aún más los metros cuadrados de las viviendas, señalando que es imposible mantenerlos por la escasez del suelo y por los costos que implica construir en zonas centrales.

También, puede observarse en el presupuesto que se asigna al programa de hábitat y vivienda popular en el POT, el cual tiene una asignación de 1,34 por ciento, por lo que el déficit cuantitativo de vivienda para vivienda social no se pretende subsanar a partir del mercado formal, ni de las unidades con menores montos en su ubicación, ni con la mixtura en la ocupación de la ciudad, lo que trae como consecuencia la ampliación de las brechas socio-espaciales que tienen lugar no sólo en las unidades habitacionales, sino en las condiciones de movilidad y servicios.

Además de esta dificultad se suma que la búsqueda de recursos se prioriza sobre la movilidad en ciudad. Por ejemplo, la incumplida promesa de campaña de no privatizar empresas públicas hoy olvidada ante la confirmación de venta del 10 por ciento de las acciones del Grupo de Energía de Bogotá para destinarla a la construcción del metro en su segunda línea.

Así pues, el mercado inmobiliario, sumado a la falta de respuesta de la administración pública para regular las condiciones de las unidades habitacionales, ha conllevado a que se ocupen suelos no aptos para la vivienda urbana, promoviendo así mayores riesgos, no sólo en la tenencia insegura del predio, sino asociados a fenómenos naturales como remoción en masa y las inundaciones, como ha sucedido en los barrios cercanos a los cerros orientales y las inundaciones cercanas a las rondas de quebradas.

Por lo anterior, es fundamental que se precisen instrumentos que mejoren las condiciones de vida de quienes habitan las zonas ocupadas por asentamientos informales. En Bogotá, sin embargo, para el sector hábitat se proyecta un 5,99 por ciento del presupuesto que la administración distrital propone en la Revisión general del POT, que incluye el programa de mejoramiento integral del hábitat, el cual deberá también ser regulado, pues puede convertirse en una forma de legalización de asentamientos informales y de ampliación del perímetro urbano, en contra de una forma de planeación adoptada por la ciudad, de densificación y zonificación como estrategias de organización territorial.


Realidad que se relaciona con el propósito de mantener un modelo de cuidad consolidado y compacto, con mejores soportes urbanos, a partir de la generación de nuevas viviendas, las que, de acuerdo al Proyecto de revisión General del POT se construirán por la vía de la renovación urbana, planteando que se busca el mejoramiento de las condiciones urbanísticas y la calidad de vida de la población. Sin embargo, y sin desechar que así lo hagan, es indispensable regular el mercado, ajustándolo a las nuevas condiciones, con el fin de generar soluciones integrales, lo que puede precisarse desde la gobernanza abierta, lo que implica mayores espacios de intermediación, en función a los intereses y objetivos de cada uno de los actores, por lo que puede ampliarse la visión sobre las necesidades, no sólo en términos cuantitativos de las unidades habitacionales, sino en cuanto a su función social en el espacio y en las colectividades que se organizan en la ciudad.

Esta forma de gobernanza deberá redundar en estimular que los promotores inmobiliarios produzcan VIP y VIS con un enfoque poblacional y económico, así como destinar espacios en la ciudad para VIS y VIP que permitan la integración y mixtura, evitando la intensa zonificación que ha marcado la planificación. Por lo que es vital revisar el POT a la luz de la dignificación de la vida de los habitantes y de sus actividades, para responder a las necesidades reales de los ciudadanos. Por ello, el hábitat debe ser considerado un factor protagónico en la manera cómo se conciba el desarrollo territorial, mientras que los actores privados y ofertantes del mercado inmobiliario deben ajustarse a responder a las dinámicas sociales y económicas de quienes son damnificados del déficit cuantitativo de vivienda.

 

Artículos relacionados

La revisión de los planes ordenamiento territorial: procesos que no avanzan
Gloria Esperanza Narváez Tafur

¿Son eficientes los instrumentos de gestión y financiación?
Daniel Murcia Pabón

Retos de los movimientos sociales ante el problema urbano
Héctor Jair, Paloma Merchán y Mauricio Duarte

(Re)pensar el ordenamiento territorial desde una perspectiva feminista y de género
Gabriela Pedraza Sierra

¿Y el derecho a la ciudad del Territorio Sur?
Edgar Andrés Cuesta

La Estructura Ecológica Principal como soporte del ordenamiento del territorio
Ana María Peñuela Narváez

El derecho al saneamiento básico como derecho a la ciudad
Medardo Galindo Hernández

Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca: Observaciones frente al POT y la Ley Orgánica
Sergio Alexei Torres Bolívar

Para adquirir suscripción

https://libreria.desdeabajo.info/index.php?route=product/product&product_id=179&search=suscri

Publicado enEdición Nº286
Domingo, 28 Noviembre 2021 05:42

El modelo de desarrollo chino está en crisis

 Un residente camina entre los edificios de apartamentos de la promoción inmobiliaria y turística Life in Venice de Evergrande en Qidong, provincia de Jiangsu, China. (Qilai Shen / Bloomberg vía Getty Images)

China vivió un largo período de crecimiento económico vinculado a la inversión inmobiliaria. Ese modelo está fracasando.

Está a la venta nuestro cuarto número, “¿Adiós al proletariado?”. La suscripción a la revista también te garantiza el acceso a material exclusivo en la página.

La crisis que atraviesa la inmobiliaria china Evergrande tiene a la empresa en boca de todo el mundo. Los acreedores, inversores, contratistas, clientes y empleados de Evergrande, tanto dentro como fuera de China, están ansiosos por saber si el gobierno decidirá finalmente que la empresa es demasiado importante como para dejarla caer. De confirmarse el colapso de Evegrande, las repercusiones sobre el sistema financiero y la cadena de suministros de la construcción son impredecibles. Se sabe que el gobierno central de Pekín advirtió a los gobiernos locales que deben prepararse para los posibles efectos sociales y políticos de la crisis. 

Pero aun si la intervención del gobierno rescatara a Evergrande, el Estado chino enfrentaría nuevos dilemas. Evergrande es solo una de las muchas empresas inmobiliarias que enfrentan un posible default. La caída del precio de las viviendas en China está haciendo que la crisis se propague a otras inmobiliarias, como Kaisa. La Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que es probable que la crisis china afecte la economía mundial.  

La crisis de Evergrande y del enorme sector inmobiliario del país es una manifestación de la crisis del modelo de desarrollo chino. Los límites del modelo son perceptibles en la multiplicación de las ciudades fantasma: se estima que los departamentos vacíos en China bastarían para alojar a toda la población de Francia, Alemania, Italia, el Reino Unido o Canadá. ¿Cómo pudo ese modelo sostener un crecimiento tan veloz durante tanto tiempo y por qué fracasó recién ahora? Para comprender la crisis actual, debemos comprender el vínculo entre la propiedad —y la inversión fija en general— y las otras partes de la economía mundial y china.

El fin del «China Boom»

Desde mediados de los años 1990 hasta 2008, el sector exportador de China logró plantearse como un motor de dinamismo y rentabilidad. Alimentado por la demanda global y dominado por empresas privadas y extranjeras, el sector exportador acumuló una cantidad descomunal de divisas, fundamento monetario de una generosa expansión del crédito por parte del sistema financiero controlado por el PCCh. El crecimiento de las reservas permitió que los bancos estatales chinos expandieran la liquidez de su moneda local sin las fugas de capitales ni los riesgos devaluatorios típicos de los experimentos de expansión de otros países en vías de desarrollo. La mayor parte de los nuevos créditos terminaron en manos de empresas con buenos contactos, que tendieron a invertir en activos fijos como infraestructura, bienes raíces, plantas siderúrgicas y plantas de carbón. 

Como dijo una vez Keynes, dos vías que hacen el mismo camino no son dos veces mejores que una. Una buena parte de esa inversión fija financiada con deuda fue infructuosa y redundante. Desde fines de los años 1990, los dirigentes del PCCh hicieron sonar la alarma del endeudamiento y de la sobrecapacidad. Una de las soluciones propuestas fue la liberalización financiera: si se habilitara la circulación de la liquidez en busca de tasas de interés más elevadas, las empresas ineficientes perderían el acceso al crédito que las mantenía a flote. Pero otras facciones de la élite del partido-Estado percibían a estos sectores infructuosos como potenciales vacas lecheras y cuasi feudos. La reforma nunca cobró impulso. 

El primer golpe al crecimiento chino fundado en las exportaciones llegó con la crisis financiera de 2008-2009. En respuesta al colapso de la demanda global, el gobierno chino implementó una política de estímulo monetario tan agresiva como exitosa. Todavía impulsada por la enorme ola de inversiones en activos fijos financiados con deuda, la economía salió con fuerza de la crisis. Pero con el motor de la exportación detenido, la expansión redoblada del crédito bancario-estatal para la inversión no fue equivalente a la expansión de divisas. El resultado fue una enorme burbuja de deuda. Entre 2008 y 2017, las deudas pendientes de China pasaron de representar el 148% del PIB a representar más del 250%. La pandemia de 2020 conllevó un nuevo aluvión de préstamos, que —según una estimación— empujó la proporción deuda-PIB por encima del 330%. Siguiendo una huella conocida, la mayor parte de esa deuda terminó en la financiación de nuevos departamentos, plantas de carbón, plantas siderúrgicas y proyectos de infraestructura. Con pocas personas capaces de consumir los productos, las nuevas inversiones solo generaron una sobrecapacidad infructuosa. Como muestra el Gráfico 1, después del rebote de 2009-2010, la rentabilidad de las empresas siguió cayendo en términos generales, tanto en el sector privado como en el estatal.

La caída de las ganancias sumó un nuevo problema a la sobrecapacidad financiada con deuda, pues las ganancias brindan el flujo de dinero que las empresas necesitan para pagar sus deudas y reembolsar a sus prestamistas. En China, el rendimiento decreciente de los activos creó una bomba de tiempo financiera: ¿Qué pasaría si empezaran los defaults? Los gestores económicos del PCCh no tenían espalda para implementar más políticas de estímulo a la inversión financiadas con deuda. Mientras tanto, el crecimiento del sector exportador todavía seguía por debajo de los niveles previos a 2008. En busca de un nuevo régimen de expansión, Pekín llamó a dejar atrás las inversiones fijas y a apuntalar el consumo doméstico privado. Efectivamente, el volumen de consumo privado creció a gran velocidad luego del ingreso del país a la OMC en 2001, pero nunca tomó ritmo suficiente como para alcanzar la expansión de la inversión (ver el Gráfico 2). El crecimiento insuficiente del consumo fue resultado de la creciente desigualdad. A lo largo del boom de las exportaciones, el ingreso promedio de las familias creció a un ritmo mucho más lento que la economía en general. Esto implica que la mayor parte de los nuevos ingresos generados por la economía terminó en manos del gobierno y de otras empresas, no en salarios y remuneraciones que pusieran dinero en los bolsillos de los empleados. En vez de incrementar el consumo, el plusvalor fue reinvertido en más inversión y más sobrecapacidad.

Incluso antes de 2008, circulaban muchas propuestas que apuntaban a un nuevo equilibrio. El aumento del consumo hubiera implicado nuevas fuentes de demanda final, capaces de absorber la sobrecapacidad y garantizar el incremento de las ventas de las empresas. Con todo, la distribución del ingreso necesaria para equilibrar la economía mediante el impulso del consumo privado es fácil de enunciar pero difícil de implementar, sobre todo cuando se tiene en cuenta el monopolio de poder de la élite del partido-Estado. 

Estos complejos problemas moldearon la siguiente etapa de la trayectoria china. En 2015-2016, la debacle financiera y la fuga de capitales forzaron una fuerte devaluación de la moneda. En 2016 el gobierno logró estabilizar la economía, pero solo a costa de un renovado control de capitales. El sistema bancario también inyectó nuevas rondas de crédito con el fin de mantener la rueda en movimiento. Un signo de la enorme fragilidad financiera del país fue que muchos de los préstamos se usaron para refinanciar la deuda existente y no para financiar nuevas inversiones o consumo. 

El estancamiento del sector manufacturero —revelado por Purchasing Manager Index (PMI), uno de los índices más importantes del sector— ilustra bien el impasse de la economía china. En el PMI, un valor por encima de 50 indica expansión y uno por debajo de 50 contracción. En el Gráfico 3 (abajo) el eje de la derecha muestra que, durante una década, el PMI rondó el 50 (nivel de estancamiento). El eje de la izquierda muestra el volumen de nuevos préstamos. Si comparamos los datos de nuevos préstamos con los del índice manufacturero, comprobamos la efectividad decreciente del estímulo crediticio. Desde el rebote de 2009-2010, el mero mantenimiento de la actividad económica conlleva inyecciones de dinero más grandes. Mientras que las olas de crédito, recurrentes y cada vez más cuantiosas, hacen crecer la deuda sin contribuir al dinamismo económico, las empresas se convierten en zombis adictos a los préstamos. 

Dos capitales

Desde fines de los años 1990, el problema de la sobrecapacidad financiada con deuda recibió distintas soluciones, entre ellas la liberalización de los mercados financieros y el incremento del consumo privado. Pero durante la última década de estancamiento, un nuevo tipo de equilibrio terminó definiendo la economía política china: «el Estado avanza, el sector privado retrocede» (guojin mintui). Aunque la idea suele plantearse en términos de distintas ideologías partidarias o estilos de dirección individual, la presión ejercida por el Estado sobre el sector privado y sobre las empresas extranjeras refleja condiciones económicas más generales. En un ambiente de bajo crecimiento, las empresas vinculadas al Estado crecen a costa de otros sectores. Su alianzas con los dirigentes del partido garantizan su capacidad de desarrollar la estrategia propuesta.

La capacidad de maniobra del sector estatal descansa sobre la singular forma de propiedad china, específicamente sobre el hecho de que el Estado sigue siendo el terrateniente universal. Durante los años 1950, el PCCh abolió la propiedad privada y sentó las bases del partido-Estado, representante autodesignado del pueblo y dueño único de toda la propiedad. A pesar de las importantes reformas económicas implementadas a partir de 1978, el partido-Estado nunca modificó la propiedad estatal del suelo ni su estatuto de forma privilegiada de la propiedad. El Estado promovió el desarrollo de una economía privada garantizando a los emprendedores individuales derechos de uso de los bienes raíces por tiempo limitado. Es decir que el uso tiene fecha de caducidad y el Estado conserva el poder de establecer los términos de una renovación o de cancelar el contrato en cualquier momento. Así comenzó la reforma de mercado de fines de los años 1970, cuando el Estado instituyó el sistema fundado en la responsabilidad del usuario (arrendó derechos de uso a las familias campesinas sin perder la propiedad de la tierra). A mediados de los años 1980, las ciudades empezaron a implementar una mercantilización similar del derecho de uso del suelo bajo propiedad estatal, que comenzó con la reforma de Shanghái. Estas reformas, que culminaron en los años 1990, generaron las condiciones de desarrollo de las inmobiliarias del tipo Evergrande sin subvertir la propiedad estatal del suelo. 

Además de la propiedad de la tierra, Pekín nunca abandonó el carácter dominante de las empresas estatales en los sectores clave. La reforma de las empresas estatales de los años 1990 no fue exactamente una «privatización». Muchos gigantes estatales fueron reestructurados siguiendo el modelo de las empresas transnacionales de Occidente, orientadas hacia la generación de ganancias, y abandonaron casi todas sus funciones sociales, como la provisión de vivienda y salud para sus empleados. Pero muchas de las empresas más grandes permanecieron bajo control del gobierno central o de los gobiernos locales a través de la propiedad estatal directa o de la participación estatal mayoritaria en los paquetes accionarios de las empresas públicas. La cantidad de empresas chinas que figuraban en el listado de Global Fortune 500 pasó de 10 en el año 2000 a 124 en 2020. De esas 124 empresas, 91 son empresas estatales. Los activos industriales totales del Estado duplican los activos privados y ocupan un rol predominante en sectores como finanzas, energía, automóviles, telecomunicaciones y minería. 

Por lo tanto, durante el largo boom de las exportaciones, la economía política china fue impulsada por el intercambio en un mercado orientado hacia la generación de ganancias y fundado en los derechos temporarios sobre la propiedad otorgados por el Estado a ciertos individuos y emprendedores. Con el tiempo, muchos inversores empezaron a pensar que la propiedad estatal era una formalidad y suponían que la renovación del derecho de uso sería rutinaria y ritual. Mientras la economía china se mantuvo en ascenso, con altas tasas de rendimiento, los empresarios no tuvieron ningún problema en conservar su riqueza y su propiedad en China y la preocupación sobre la seguridad de sus finanzas no surcó sus cabezas. Pero cuando las tasas de crecimiento empezaron a caer, los inversores volvieron a prestar atención a la naturaleza transitoria de su propiedad, determinada por la vigencia del Artículo 6 de la Constitución china («el Estado ratifica el sistema económico básico en el que la propiedad pública es dominante») y del Artículo 7 («la propiedad estatal […] es la fuerza principal de la economía nacional. El Estado garantiza la consolidación y el crecimiento de la economía estatal».

La presión sobre los negocios privados y extranjeros se hizo evidente a partir de 2008. Cuando la recesión mundial congeló el crecimiento económico, Hun Jintao promulgó una nueva ley antimonopolios, aplicada mucho más enfáticamente en el caso de las empresas privadas y extranjeras que en el caso de las empresas estatales. No cabe duda de que, durante el conflicto entre las distintas élites nacionales, la etiqueta «anticorrupción» sirvió para purgar del partido a muchos individuos que poseían empresas. Pero rara vez la ley antimonopolios puso en cuestión a las empresas estatales, aun cuando el sector alberga monopolios fundamentales, como el de las telecomunicaciones y la energía. A la inversa, la campaña anticorrupción normalizó la confiscación de la riqueza individual. La combinación de la inseguridad de los individuos más ricos y emprendedores, la caída de la rentabilidad en una economía que se ralentiza y las expectativas de una fuerte devaluación del renminbi desató la ola de fuga de capitales que culminó con el alboroto financiero del verano de 2015, al que nos referimos antes. Aunque el reforzamiento del control de capitales contuvo la fuga, las empresas y los individuos ricos de China renovaron sus deseos de sacar su riqueza del país y llevarla a jurisdicciones que protegieran mejor la propiedad privada. 

Cuando Xi Jinping llegó al poder en 2012, muchos analistas supusieron que el mandatario embarcaría al país en un proceso de liberalización económica. Durante las primeras etapas del reinado de Xi, los medios estatales promovieron el mensaje con un debate sobre la desregulación financiera y la «reforma del costado de la oferta», que, como dijo el New York Times en 2016, «suena menos a Marx y a Mao que a Reagan y a Thatcher». Pero las expectativas de que Xi fuera un hombre promercado del estilo de Deng Xiaoping no tardaron en evaporarse. La fuerza de los grupos de interés mejor establecidos en el partido-Estado dejó poco margen a Xi como para que hiciera otra cosa más que apoyar la continuidad de la expansión de las empresas de propiedad estatal o vinculadas al estado a expensas de las empresas privadas y extranjeras. 

Aunque el giro estatista es previo a Xi, el mandatario propició una aceleración significativa del proceso. Este año Xi presentó el programa «prosperidad común». La consigna fue de la mano de medidas severas contra las empresas privadas. Entre esas medidas represivas, cabe mencionar el bloqueo de última hora de una oferta pública de venta (IPO) en el extranjero de Ant Group (el brazo fintech de Alibaba); la imposición de una pesada multa antimonopolio sobre Alibaba; las fuertes restricciones sobre la capacidad de las empresas tecnológicas de recolectar datos y proveer servicios; la prohibición de las tutorías escolares con fines de lucro y la habilitación para que las empresas estatales pasen a hacerse cargo de ciertos activos fundamentales de las empresas tecnológicas privadas. 

Evergrande y el futuro del capitalismo chino

En 2016, una editorial estatal de Pekín empezó a vender una versión en chino simplificado de mi libro The China Boom. En esa edición, la expresión «capitalismo en China» fue traducida sistemáticamente como «socialismo de mercado con características chinas». Es la autodescripción oficial estricta del sistema de partido-Estado chino, cuyas publicaciones oficiales nunca utilizan los términos «capitalismo» ni «capitalismo chino» para caracterizar el sistema económico del país. Algunos intelectuales de izquierda occidentales, como David Harvey, empezaron a especular con que Xi estaría conduciendo a China de vuelta al camino socialista abandonado luego de la muerte de Mao. La idea de un giro maoísta anticapitalista también está presente en publicaciones como The Wall Street Journal y The Washington Post

Por más extendida que esté, la idea de que China está apartándose del capitalismo es inadecuada. Después de cuatro décadas de reformas, la economía china todavía no alcanzó el modelo capitalista neoliberal bosquejado (y defendido) por la literatura sobre las «transiciones de mercado». Pero el sistema chino —definido por la mercantilización plena de los medios de vida, el predominio del imperativo de las ganancias en todas las actividades económicas, la propiedad estatal del suelo, que se suma a la protección débil de todas las otras formas de propiedad privada, y el carácter predominante de las empresas estatales— probablemente responde mejor a la categoría de capitalismo de Estado o capitalismo de partido-Estado. La Rusia de Putin brinda a Xi un ejemplo de régimen autocrático capaz de soportar las recesiones económicas después de haber bloqueado, contenido o exterminado a todos los oligarcas con bases de poder independientes. Pekín quiere restringir la acumulación de capital privado para dejar más espacio a la acumulación de capital estatal. El proyecto también implica castigar la resistencia de base contra la acumulación, como demuestra la reciente detención de activistas sindicales, investigadores especializados en derechos laborales e intelectuales marxistas. 

Junto al comercio electrónico y las redes sociales, el sector inmobiliario es una de las áreas de influencia más importantes del capital privado. ¿Qué consecuencias tendrá el pánico generado por Evergrande en la transformación de este sector esencial, que genera cerca del 25% del producto chino y sostiene una burbuja de activos cuyo valor cuadruplica el PIB del país? Tal vez sea una oportunidad para que el partido-Estado chino fortalezca la promoción del sector estatal contra sus rivales. La crisis de Evergrande se desató cuando el Estado intentó castigar a las inmobiliarias mediante la restricción del acceso al crédito de los bancos estatales. Se suponía que estas medidas forzarían el desapalancamiento de las empresas endeudadas. Algunos medios dicen que el gobierno chino está evaluando la posibilidad de disolver y reestructurar Evergrande como un conjunto de empresas estatales. En ese caso, la crisis de Evergrande terminaría siendo una oportunidad para que el partido nacionalizara una de las empresas inmobiliarias más grandes de la economía nacional, reafirmando la propiedad estatal sobre el suelo. Esta tendencia es consistente con el reciente ataque del Estado a las empresas privadas más grandes, que podría terminar con la decisión de convertirlas en empresas bajo propiedad o control estatal. Si disolviera empresas como Evergrande, el Estado sería capaz de separar las actividades más rentables (como la unidad que gestiona las viviendas existentes) y poner fin a todas las operaciones insalvables. Pero aun en el caso de que el Estado decidiera nacionalizar los activos, estos terminarían en manos de desarrollistas estatales que siguen trabajando con fines de lucro.

Como sucedió en momentos previos de la crisis, Pekín está haciendo algunos gestos que apuntan a la necesidad de encontrar un nuevo modelo de desarrollo. Bajo la rúbrica «prosperidad común» y el llamamiento a la redistribución de la riqueza, Xi vinculó el ataque contra el sector privado a la necesidad de solucionar la desigualdad y hasta de incrementar el consumo doméstico. Hasta ahora, existe poca evidencia de que una nueva ronda de redistribución implicará algo más que el desplazamiento de recursos y poder del sector privado hacia las empresas estatales, menos rentables pero igualmente orientadas hacia la generación de ganancias. Aquellos que esperan que Xi reviva el socialismo —un sistema político y económico en el que la vida de las personas está por encima de las ganancias, las inversiones y el crecimiento— están condenados a la decepción.

* Publicado originalmente en inglés en Phenomenal World (12/11/2021) *

Publicado enInternacional
La iniciativa “Deutsche Wohnen & Co enteignen” juntó más de 350.000 firmas.. Imagen: DPA

Una ciudad con 85% de inquilinos

Trabajando para desmitificar las palabras "expropiación" y "socialización", buscan garantizar la vivienda para casi medio millón de personas afectadas por los aumentos de alquiler y las maniobras con las que las grandes inmobiliarias golpean los bolsillos de los inquilinos.

 

Más de un millón de berlineses votó “sí” en el referéndum para expropiar 240 mil viviendas a las grandes inmobiliarias. Desde entonces Deutsche wohnen & co enteignen (Expropiar a Deutsche wohnen y compañía), la agrupación que impulsó el referéndum no vinculante, se mantiene en las calles con movilizaciones hacia las sedes de los partidos que integrarían la nueva coalición gobernante en Berlín: socialdemócratas (SPD) que obtuvieron el 21,4 por ciento de los votos, Los Verdes con 18,9 por ciento y Die Linke (izquierda) con 14 por ciento. “Nuestra tarea más importante consiste en que la próxima coalición que gobierne Berlín incluya la realización de las expropiaciones en su acuerdo de coalición”, afirma Camilo Almendrales, integrante de la agrupación de inquilinos.

Los tres partidos gobiernan Berlín desde 2016. Sin embargo, esta vez deberán acordar un compromiso para tratar el referéndum que obtuvo el respaldo del 57,6 por ciento de la población berlinesa. En los últimos días la llamada coalición rojo-verde-rojo presentó un “documento exploratorio” en el que afirma que el nuevo gobierno respetará el resultado del referéndum y nombrará una comisión de expertos para examinar las “posibilidades, vías y condiciones” de su aplicación. La comisión también estará integrada por la iniciativa Deutsche wohnen & co enteignen. Por su parte, Klaus Lederer, el principal candidato de Die Linke, aseguró que su partido es el único garante fiable de que se trabajará en la aplicación del referéndum, según consigna el diario Berliner Zeitung. “No se trata de si vamos a aplicar el referéndum, sino de cómo”, escribió Lederer en su cuenta de Twitter.

Sí a la expropiación

Los habitantes de Berlín, una ciudad donde el 85 por ciento de las personas son inquilinas, votaron masivamente a favor de la expropiación de las grandes inmobiliarias que tengan más de 3.000 departamentos (como Deutsche wohnen, Vonovia, Akelius, Covivio, Heimstaden, Pears Global, TAG Immobilien, Grand City Properties, ADO Properties). Camilo Almendrales, es colombiano y miembro de la agrupación Deutsche Wohnen und Co enteignen. “Estamos contentos del resultado en las pasadas elecciones, pero somos conscientes de que nos queda un mundo por delante para cantar victoria”, afirmó a Página/12. Respaldados por dos artículos de la Ley Fundamental (Constitución) alemana más de un millón de personas dijo sí a la expropiación y socialización de cientos de miles de viviendas. El artículo 14 establece que “la expropiación está permitida por razones de bien común sólo por ley o en virtud de una ley que establezca el modo y el monto de la indemnización”. Mientras que el artículo 15 determina que “con fines de socialización, el suelo, los recursos naturales y los medios de producción pueden ser situados bajo un régimen de propiedad colectiva”.

En la última década la situación de vivienda para los arrendatarios en Berlín cambió drásticamente. “En los últimos 10 años el precio de los contratos nuevos se ha duplicado. Los salarios en Berlín no se han duplicado y es una situación muy difícil para la gente”, cuenta una inquilina de la Deutsche wohnen que pidió que se reservara su nombre. La inquilina empezó a militar en la agrupación Deutsche wohnen & co enteignen desde su inicio en 2018, aunque ya en 2017 formaba parte del movimiento de inquilinos. “Es un enorme movimiento de gente que está realmente desesperada, gente que vivía desde hace años en su departamento y de repente le aumentan el alquiler de una forma tal que ya no puede pagarlo”, contó en diálogo con Página/12. “El problema es que no vas a encontrar en este momento un departamento libre, son muy pocos los que están disponibles”, añadió. 

En este sentido, Almendrales también se refirió a las dificultades de los grupos vulnerables al momento de alquilar una vivienda. “La escalada de precios de alquiler afecta en sobremedida a grupos poblacionales socialmente y económicamente marginados: trabajadorxs precarizadxs, mujeres, migrantes, refugiados, personas con discapacidad y a la población LGBTIQA+”, explica.

Trampas del mundo inmobiliario

Además del aumento del alquiler para contratos nuevos las inmobiliarias se valen de otros mecanismos para aumentar su rédito. “No hacen diferencia entre los dos conceptos reparación/mantenimiento y modernización”, explica la inquilina. La ley indica que cuando se trata de una reparación o mantenimiento del edificio es el propietario quien debe pagar y cuando es una modernización la misma es a cargo del inquilino que lo verá reflejado en su alquiler. Una de las maniobras de la inmobiliaria más grande de la ciudad, Deutsche wohnen, propietarios de 115 mil viviendas, es comprar grandes bloques de edificios que requieren trabajos de adaptación a las nuevas condiciones que exige la legislación. “Ellos continúan dejando al abandono el edificio unos 10, 15 o 20 años más hasta que se encuentre en un estado deplorable y dicen bueno, ahora vamos a modernizar y tratan de meterle a los inquilinos los trabajos que en realidad serían de reparación”, dijo la inquilina.

Algunos inquilinos han llevado a juicio los reclamos para diferenciar mantenimiento de modernización. “Son pocas las personas que se sienten capaces de llevar esta lucha y además no sabes si vas a ganar y encima te caen los gastos del juicio. Todo esto ha contribuido a la enorme rabia de los inquilinos berlineses”, señaló la inquilina. Ante el desamparo los abogados de los inquilinos decidieron intentar aplicar dos artículos esenciales de la Ley Fundamental alemana. “El artículo 14 habla de expropiación, suena terrible, todo mundo dice ‘ah la vuelta al comunismo’, pero es algo que se hace a menudo cuando se construye una autopista o una carretera y la gente no quiere vender su parcela, se la expropia”, explica. Mientras que el artículo 15 sobre la socialización se aplicaría por primera vez en la historia de Alemania. “Jamás un tribunal alemán ha visto esa causa, es realmente terreno virgen en la jurisdicción, no podemos saber lo que va a decir nuestra Corte Constitucional Suprema hasta que no lo hayamos intentado”.

Viviendas accesibles

Por otra parte, la indemnización de las inmobiliarias será un tema central en la discusión por la expropiación de 240 mil viviendas. "Estos señores de las inmobiliarias afectadas sueñan con que se les indemnice incluso por las ganancias futuras que esperaban tener", explica la inquilina. "Han llegado a una suma de 36 mil millones de euros y Berlín está muy endeudada", añade. La estrepitosa suma busca desalentar a los berlineses. Los menos convencidos argumentan que una mejor solución sería tomar ese dinero y construir nuevos departamentos porque la expropiación no prevé la construcción de nuevos edificios. "Cuando me dicen esto yo digo, sí señor, tiene razón, la expropiación no crea ni un sólo departamento nuevo, como tampoco resuelve el conflicto en medio oriente porque no es su propósito. El propósito de la expropiación es mantener los alquileres que todavía son accesibles para que no sigan aumentando", dice.

La agrupación busca negociar una indemnización muy inferior a la planteada por las grandes inmobiliarias. "Entre 8 y 13 mil millones de euros y se pagará a 40 años", afirma la inquilina. Además tienen previsto la creación de una entidad de derecho público, una forma de organización de empresa sin fines de lucro. "Ya no se paga a los accionistas (de las grandes inmobiliarias) sino que ese dinero entra en el fondo de esta entidad de derecho público y se usa para ir pagando la deuda de la indemnización", afirma. La entidad que se creará también ofrecerá trabajo a los empleados de las inmobiliarias. "Vamos a ir pagando la indemnización a 40 años de plazo, dando trabajo a la gente que tiene que hacerse cargo de la gestión de estas viviendas y en la medida en que la carga del crédito va a ir bajando entonces esta entidad de derecho público va a disponer de más recursos para poder construir edificios nuevos". De esta forma el presupuesto de Berlín no cargará con el costo de la indemnización.

Hacia un referéndum vinculante

Este año, mientras avanzaba la campaña para llevar adelante el referéndum de resolución, la agrupación Deutsche Wohnen und co enteignen logró redactar un proyecto de ley que está publicado en su sitio web. “Vamos a hacer un referéndum de ley y si lo ganamos se acabó la cosa”, contó la inquilina. Aunque deberán esperar a que se conforme el nuevo gobierno. “Contamos con que la clase política no se atreva a ignorar el mandato democrático que le dio la población berlinesa al apoyar el referendo", afirmó la inquilina, que además subraya la importancia de poner fin a la especulación. "Si alguien tiene 10 edificios, 10 casas, bueno eso es el capitalismo y la propiedad privada y nosotros no tocamos eso. Sólo queremos poner fin a la especulación y eso se puede lograr si vamos por los más grandes que tienen un cuarto del total del departamentos existentes en Berlín".

23 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
Martes, 28 Septiembre 2021 06:04

Grandes deudas

Grandes deudas

Evergrande, la enorme constructora china, es la noticia financiera del momento y en buena medida por las razones que se han vuelto más comunes: su enorme deuda y las previsibles consecuencias. En su nombre lleva el castigo (una pizca de metafísica no hará daño).

Siempre grande, o bien, cada vez más grande es la traducción literal del nombre de esta gigantesca compañía de China, cuyo negocio inmobiliario es el más endeudado del mundo. El grupo fue fundado en 1996 por Xu Jiayin y ahora abarca otras actividades: financieras, fabricación de autos eléctricos, alimentos y bebidas y, como debe ser, es dueño de uno de los grandes equipos de futbol, el Guangzhou FC.

Hoy, según la información pública disponible, el área de desarrollo de bienes raíces en Evergrande tiene mil 300 proyectos en más de 250 ciudades de China. El negocio se sostiene en un mar de deuda, valuada en más de 300 mil millones de dólares, en un sector en el que, añadiendo las actividades relacionadas, se estima que representa alrededor de una cuarta parte del PIB de China. El fenómeno está asociado con el dinámico proceso de urbanización en esa sociedad.

El tamaño de la deuda es un signo del modo de operar de empresas del tipo de Evergrande. En este caso, al parecer, el problema inmediato de la empresa se deriva, además de la magnitud de la deuda misma, de los cambios políticos que están en curso en China y reorientan la actividad económica y la relación entre el Estado con las empresas, asociado con las estrategias que hoy promueve el gobierno de Xi Jinping.

El Partido Comunista replantea su dirección en el marco de lo que se ha llamado la prosperidad común, que se enfoca en la profunda desigualdad que se ha creado en ese capitalismo dirigido desde el Estado. En dicha línea se diseñan un conjunto de políticas nacionales de seguridad. Una vuelta más de la línea del socialismo con características chinas. Se trata, en esencia de fortalecer el control económico y político.

El gobierno impuso medidas para reducir el nivel de la deuda de las grandes empresas constructoras. Evergrande ha tenido que restructurar su deuda para acomodar el negocio a las nuevas condiciones mediante el acopio de liquidez, afectando las condiciones de la venta de las unidades, pero en el camino se enfrenta al vencimiento de intereses.

Esto apunta a una situación que puede derivar en una crisis que se desparrame por el sector financiero y a los acreedores de la compañía en los mercados internacionales; además de las repercusiones sobre el conjunto de las empresas proveedoras.

Ya se ha llamado a esta crisis como el momento Lehman Brothers de China, en referencia a cómo se precipitó la crisis financiera de 2008 en Estados Unidos. Habrá que ver cómo se desenvuelve el asunto, mientras tanto, el viernes, Evergrande no pagó los intereses vencidos y entró en un periodo de gracia de 30 días.

Evergrande expresa un fenómeno típico de la financiarización económica y que se expresa en la conformación de empresas de gran tamaño y mucha deuda. Y mientras más mejor. Hoy, este rasgo es emblemático de la globalidad de los mercados.

El tamaño, expresa el poder de mercado de las empresas, vinculado con los costos y los precios con los que operan y las abundantes ganancias que generan. Se trata del espacio que dominan con sus productos y servicios; tan global como se pueda. Ejemplos de esto son bien conocidos y muchos son claramente identificables por todos. Otros lo son menos pero igualmente relevantes.

En ciertos sectores la dimensión de las empresas ha llevado a una situación denominada como demasiado grande para quebrar, lo cual deriva casi directamente en que ante una condición de fragilidad, el gobierno intervenga para prevenir o amortiguar la quiebra o, de plano, socializar los costos. Se trata de contener el reguero de deudas impagables que se genera.

En 2008, por ejemplo, los bancos y otras empresas financieras se consideraron muy grandes para quebrar. Aunque Lehman fue sacrificado, las dos grandes compañías hipotecarias públicas, la aseguradora privada AIG y la mayor parte del sector bancario fueron intervenidos, subsidiados o rescatados. La intervención aún tiene efectos en las condiciones financieras más de una década después.

Cómo dijo Alan Greenspan, antiguo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, la crisis de 2008 fue un episodio de exuberancia irracional. El caso es que esa exuberancia y esa irracionalidad se generan en todos los mercados de activos, sean los créditos, bonos, acciones, bienes raíces, criptomonedas, obras de arte y demás. Cuando la exuberancia se financia con deudas crecientes y de enorme tamaño se provocan crisis muy costosas.

Mientras más desarrolladas son las economías de mercado se vuelven un formidable entramado de deudas. Puede leerse al respecto el libro de John Lanchester: ¿Huy! Por qué todo el mundo debe a todo mundo y nadie puede pagar. También puede verse el capítulo segundo de la serie de Netflix: El dinero en pocas palabras.

Las deudas deben validarse de modo constante y a tiempo, es decir, que deben cobrarse, lo que se hace de muy distintas maneras y con costos diferenciados. Cuando la magnitud de la deuda es demasiado grande y el entramado entre deudores y acreedores en más complejo, las crisis son más severas y las cargas sociales más desiguales.

Publicado enEconomía
La voladura controlada de Evergrande, el gigante inmobiliario chino

El movimiento del gobierno chino dejando que Evergrande caiga, debe leerse entonces, como un doble aviso, tanto a sus clases capitalistas internas como

 

La gigantesca empresa inmobiliaria china Evergrande llevaba meses anunciando sus problemas de liquidez para hacer frente a una montaña de deuda cercana a los 300.000 millones de dólares. Los repetidos anuncios de falta de liquidez han terminado por provocar una serie de bruscas caídas bursátiles de los bonos privados chinos denominados en dólares que se negocian en uno de los tres sistemas financieros paralelos que mantiene el gobierno Chino: el llamado mercado chino offshore en dólares. De ahí la crisis, en un patrón más o menos típico, ha saltado a los valores inmobiliarios chinos y de Hong Kong y a los mercados globales, en tanto muchos grandes fondos de inversión transnacionales tienen fuertes posiciones precisamente en ese mercado. 

Gigantes financieros que nos son familiares como BlackRock o HSBC son propietarios de distintos fondos de alto rendimiento que han estado comprando grandes cantidades de bonos basura de Evergrande, y del sector inmobiliario chino, con primas de riesgo los suficientemente altas como para llegar a sus objetivos de rentabilidad, en un entorno en que las enormes cantidades de liquidez puestas por los bancos centrales occidentales en manos de los agentes financieros no encuentran rentabilidades suficientes. Semanas antes, otro viejo conocido, el mega fondo de gestión de activos inmobiliarios Blackstone, se desprendió apresuradamente de una buena parte de sus bonos inmobiliarios chinos. Acrecentando, sin embargo, la que es su principal apuesta en China, la compra masiva de instalaciones logísticas para el comercio online.

Las comparaciones con el crash de octubre de 2008 y las reminiscencias de la quiebra de Lehmann Brothers se han repetido en los últimos días al calor de la mayor bajada de las bolsas desde la aprobación del mega rescate al mercado de bonos privados americanos por parte de la Reserva Federal en marzo de 2020. En su editorial de ayer martes, el Financial Times, en una de sus frecuentes arrancadas de pundonor neoliberal, zanjaba el asunto diciendo que Evergrande no es Lehmann Brothers porque la casa de finanzas neoyorkina operaba en un mercado libre mientras que Evergrande no lo hace. Solo pensar en la cola interminable de rescates al sector financiero americano y europeo, y en las aún más largas consecuencias políticas de estos rescates, hace que el comentario del FT sea más patético que irritante, y da la medida de la indigencia política en que se encuentran actualmente los partidarios de la globalización neoliberal.

Pero más allá de mantener viva la llama doctrinal del libre mercado, esta declaración, y en la misma línea otras del Wall Street Journal en su editorial, marca las dos grandes posiciones contradictorias que las finanzas occidentales mantienen sobre China: por un lado, se elimina de un plumazo el riesgo de una verdadera quiebra tolerada por el gobierno chino de sus múltiples gigantes inmobiliarios que sería absolutamente devastadora para los grandes fondos occidentales, asumiendo que el rescate de Evergrande y el resto de valores inmobiliarios chinos está hecho. Es decir, se salvan las posiciones de alto beneficio en China de los grandes actores financieros de Wall Street. 

Pero, a la vez, se redobla el ataque ideológico a una China que ha salido ganadora indiscutible de la pandemia, y que hoy simplemente, concentra la inmensa mayoría del capital productivo global. De alguna manera, las casas de finanzas globales tienen clara la visión de la magnitud del pastel chino pero les puede la frustración de estar sometidos a las formas y ritmos de acceso al beneficio que marca el PCCh. En ese terreno ideológico-político antes que financiero es donde la caída bursátil de Evergrande ha sido más impactante. Frente a la creciente evidencia del dominio chino de la producción global, se lanza la sombra de la duda acerca del futuro de la economía china.

La verdadera “crisis”

Esto no quiere decir que la economía china no tenga problemas, que los tiene, sino más bien que hay poca comparación posible entre las gigantescas burbujas inmobiliarias estadounidense y española que pincharon estrepitosamente en 2008 dejando a la vista que buena parte del modelo económico dependía de los precios de la vivienda, y la burbuja inmobiliaria en un país que acaba de coronar su ascenso a la categoría de primera potencia económica mundial. En el que para colmo, aunque la cifra crece rápido, no más de un 3% de sus bonos privados están en manos de fondos extranjeros.

China sigue teniendo un problema gigantesco con sus niveles de endeudamiento en la moneda nacional: el renminbi (RNB) y, en concreto, en su principal mercado de bonos privados, el mercado onshore en renmimbis. Hasta hace poco más de un año, la infinidad de empresas estatales y locales chinas se financiaban en este mercado interno sin riesgo de quiebra; una reminiscencia del comunismo chino. En los años anteriores a la crisis del coronavirus, el Gobierno chino se ha visto enfrentado progresivamente a un dilema aún no resuelto: el crecimiento indefinido de la deuda en RNB provoca salidas de capital hacia el dólar en masa y, en la medida en que el renminbi se devalúa, provoca también un crecimiento inmediato del servicio de las deudas en dólares. Se daña aquí uno de los principios centrales que han guiado el camino de China a la hegemonía productiva global: la acumulación de reservas en dólares durante más de treinta años. Pero una revalorización del renminbi tampoco es una posición satisfactoria para los dirigentes económicos chinos en la medida en que daña sus exportaciones, y en este caso, desvaloriza las inmensas reservas chinas en dólares que le dan el poder último sobre las finanzas estadounidenses.

La solución que desde hace un año ha puesto en marcha Xi Jinping consiste precisamente en abrir parcialmente, los mercados de bonos onshore en Renminbis, el sancta sanctorum de los mercados financieros chinos, a los flujos financieros transnacionales. En concreto, la entrada de los fondos de ahorro mutuo chinos en la órbita financiera global, ha hecho que, en un mundo en crisis abierta, todos los grandes nombres de bancos y casas de finanzas internacionales consideren este mercado como su gran apuesta. Un movimiento en absoluto exento de riesgos para China. El movimiento del gobierno chino dejando que Evergrande caiga relativamente, debe leerse entonces, como un doble aviso, tanto a sus clases capitalistas internas como a los grandes agentes financieros, a los que se ha mostrado el poder de intervención en los mercados financieros del nuevo país con mayor poder poder económico de la tierra.

a los grandes agentes financieros.

Isidro López

Es miembro de la Fundación de los Comunes. 

22 sep 2021 10:16

Publicado enEconomía
Casas diminutas para pobres: el “sueño americano” apretado en 6 metros cuadrados

En Los Ángeles, el gobierno y algunas ONG’s instalaron un barrio con casas de dos por tres metros. Es para personas o familias que han quedado en situación de calle con la coronacrisis. Otra postal de la decadencia capitalista.

 

La noticia recorrió los portales de todo el mundo. En solo 90 minutos, un grupo de obreros arma una “casa”. El gobierno de Los Ángeles y la ONG Hope of the Valley dicen que podrán parecer pequeñas pero “cuentan con varios servicios compartidos, como una sala de lavandería, baños, seguridad las 24 horas los siete días de la semana y un parque para pasear perros”.

Desde el aire las fotos muestran el barrio de “casas diminutas”, como lo llamaron algunos medios. Una junto a otra, perfectamente alineadas, como cajas de zapatos en un gran depósito. O una de esas “ciudades” de los parques infantiles.

El espíritu de la ONG quizá sea loable, pero desnuda la decadencia capitalista. En el país más rico del mundo, la gestión de la coronacrisis empuja a millones a la precariedad del trabajo y de la vida. El “sueño americano” condenado a chocarse contra sus delgadas paredes; una y otra vez.

Sorprende el optimismo. El “contrato” es por 3 meses. A lo sumo 6. Después, de patitas a la calle. Es que según ellos “las viviendas están pensadas como provisionales debido a que sus habitantes suelen encontrar un trabajo y un hogar definitivo a los pocos meses de vivir allí”. Ponele.

Claro.

Según la organización Human Rights Watch, desde el inicio de la pandemia 74,7 millones de personas han perdido su trabajo en Estados Unidos, una parte no pudo recuperarlos y en la mayoría de los casos se trataba de quienes cobran salarios inferiores a la media. Peor. “En el mes de enero, aproximadamente 24 millones de adultos informaron que se encontraban en situación de hambre y más de seis millones manifestaron que temían sufrir un desalojo por no poder cumplir con los pagos relacionados con la vivienda”. Para las personas latinas o afroamericanas estos números se duplican.

Hay un último dato que golpea. Es de la Oficina Nacional de Censos. Asegura que “el 32 % de los adultos de bajos ingresos dijeron que se habían sentido deprimidos en los siete días anteriores”. La “nueva solución” a las preocupaciones y angustias que genera la crisis es encerrarlas en casas diminutas.

Ante el malestar social, el gobierno de Joe Biden ha dispuesto fondos que suenan impactantes, pero según las organizaciones sociales lejos estarían de revertir esos problemas estructurales.

La misma semana que se conoció la noticia, también se supo que el millonario dueño de Amazon, Jeff Bezos, gastó una fortuna para viajar al espacio. Agradeció a sus trabajadores que corren 12 horas por día y mean en botellas de plástico. Así le ayudaron a cumplir su sueño. El hombre tiene una casa para cada clima. Cuando se aburre o corre el almanaque, se muda unas semanas. Sus propiedades en Estados Unidos están valuadas en US$500 millones. ¿La cucha del perro será más grande que estas casitas?

No es solo Estados Unidos. Son las familias de Guernica desalojadas por los mulos de los countries y los gobiernos progres. O las que tienen que amontonarse en piezas también diminutas en Salta o Constitución.

¿Nos vamos a rendir ante un sistema social en que millones sobreviven sin techo o hacinados mientras los millonarios gozan sus mansiones obscenas? No podemos.

Viernes 23 de julio

Publicado enSociedad
Viernes, 23 Abril 2021 06:12

Madriguera, nido, albergue, amparo

AFP, PHILIPPE LOPEZ

También en Europa la posibilidad de tener un techo ha sido conculcada para millones de ciudadanos por fondos especuladores que, en ocasiones, concentran partes enteras de las principales ciudades. Hasta hacía poco, esos capitales parecían no encontrar límites por parte de los poderes públicos. Pero eso ha empezado a cambiar.

El drama de la vivienda no es el mismo en Europa que –pongamos– en América Latina, y hasta puede parecer horrible, viendo la magnitud de lo que pasa por aquí –más ahora–, preocuparse de lo que pasa por allá. Pero a veces hay que ir a ver qué sucede en los países ricos para darse cuenta de que las tensiones que los atraviesan son las mismas que por acá y que los razonamientos para enfrentarlas –las ideologías– también.

En el mundo rico, la crisis de 2008 fue un parteaguas. Tal vez, el equivalente al que habrá sido para sus habitantes de las primeras décadas del siglo pasado la crisis del 29. Hace casi 15 años empezaron a notarse por esos lares cosas, fenómenos que ya estaban pero no salían a la luz. El estallido de la burbuja inmobiliaria, por ejemplo, hizo que millones de personas en Estados Unidos y Europa fueran despedidas de sus trabajos, no pudieran pagar sus elevadísimas deudas y perdieran sus casas. Muchas de ellas quedaron, literalmente, en la calle.

Los años previos habían sido casi de fiesta. La fiebre por el ladrillo, que acompañaba un boom del consumo, aumentaba una sensación de bonanza que los gobiernos de entonces se empeñaban en sostener, fueran ellos liberales o socialdemócratas. Guarda quien intentara pinchar el globo: era tratado de agorero por los gobernantes, por los empresarios, por los banqueros. Con la crisis de las subprimes de 2008 y la crisis de la deuda de 2010, el castillo se desmoronó. No hay que ser adivino para deducir quién pagó los platos rotos. Muchas familias que se habían endeudado para comprar sus casas debieron entregarlas a sus acreedores –por lo general, bancos–, que en los años siguientes engrosaron su cartera de apartamentos y casas, y luego los transfirieron a fondos de inversión. Pagar el alquiler se hizo, a su vez, insostenible para cada vez más gente, fundamentalmente en las principales ciudades, donde el proceso de gentrificación iniciado años antes se fue acentuando.

De acuerdo a los datos de Eurostat (la oficina de estadística de la Comisión Europea), en 2020, antes de la pandemia –que empeoró todo–, alrededor de 700 mil personas en la Unión Europea (UE) vivían en la calle, un 70 por ciento más que diez años atrás. Dos años antes, otras estadísticas indicaban que el 17 por ciento de los europeos vivía en condiciones de hacinamiento y que 82 millones de residentes en los por entonces 28 países de la UE (uno de cada cuatro de los 440 millones de habitantes del bloque, que todavía incluía al Reino Unido) destinaban, en promedio, más del 30 por ciento de sus ingresos –y un 10 por ciento, más del 40– a pagar alquileres o hipotecas. Diez años antes, eran muchísimos millones menos.

El porcentaje variaba grandemente de un país a otro, pero el fenómeno afectaba a la gran mayoría. Incluso a Francia, donde cada vez más gente empezó a tener problemas para asumir el pago de un alquiler y los gastos corrientes. El número de personas desalojadas en Francia creció un 40 por ciento entre 2002 y 2011, según los datos oficiales citados por El País de Madrid (13-XI-12). Y si allí las cosas no se desbordaron, como sucedió en otros países del sur europeo (España, Grecia), se debió a que entraron en juego mecanismos de compensación y asistencia propios de un Estado de bienestar más sólido que en la media de la UE. Aun así, los suicidios por desalojos, casi inexistentes en años anteriores, fueron en Francia algo suficientemente significativo como para ser destacados como preocupantes por algunos municipios en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, de acuerdo al diario Libération.

***

El problema de la vivienda fue creciendo tanto desde 2008 en Europa que a comienzos de la década pasada comenzaron a multiplicarse en la región los movimientos centrados en ese tema, que pasaron a abarcar ya no tanto a los dejados de lado tradicionales –como los inmigrantes– como a los nativos de clase baja o media expulsados de sus casas o al borde de serlo. En marzo de 2019 unas 80 asociaciones de 20 países lanzaron una iniciativa ciudadana para obligar a los países de la UE a invertir más en vivienda pública, hacerla accesible a los sectores populares, penalizar a los tenedores de casas vacías y prohibir los desalojos sin alternativa habitacional digna. La iniciativa, a la que llamaron Housing for All (‘vivienda para todos’), necesitaba recoger 1 millón de firmas en un año, un plazo que vencía en marzo de 2020, para que pudiera ser debatida por las estructuras de la UE. Los cambios de normativa causados por el Brexit y la exclusión de las firmas conseguidas en Gran Bretaña obligaron a abandonar la campaña antes de fecha. «Íbamos por el buen camino», dijeron los responsables de la campaña. Y consideraron que, de todas maneras, el debate estaba instalado.

La pandemia, con su secuela de nuevos desalojos, reactualizó ese debate. En enero, el Parlamento Europeo aprobó un informe sobre la situación de la vivienda en la UE presentado por la eurodiputada verde holandesa Kim van Sparrentak. En la Europa de hoy, decía la legisladora ecologista, «grandes compañías –en especial, bancos– están comprando partes enteras de las ciudades, concentrando en sus manos un poder enorme, con gigantescas consecuencias urbanísticas, de ordenamiento territorial, habitacionales, ambientales». Pero esas empresas sólo responden ante sus accionistas y en muchos países «no encuentran límites por parte de los poderes públicos». El informe de Van Sparrentak reclamaba que se establecieran esos límites. Nicolas Schmit, comisario de Empleo y Derechos Sociales de la UE, respaldó a su colega holandesa. «La vivienda no es solamente un sector económico: es también un derecho y hay que garantizar su aplicación», dijo.

El informe fue aprobado por una amplia mayoría (352 votos a favor, 179 en contra), pero representantes de asociaciones que impulsaron la iniciativa Housing for All creen que no va a tener mayores consecuencias, que será un texto más, como lo son las constituciones de tantísimos países, que reconocen el derecho a una vivienda digna como un derecho humano básico que no puede ser librado a los vaivenes del mercado, y sin embargo… «Exigiremos, a pesar de todo, el respeto de esas leyes allí donde existen y no se aplican. Mejor que estén a que no estén, aunque no nos hagamos ilusiones», dijo, por ejemplo, un integrante de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de España, uno de los movimientos europeos por la vivienda más fuertes de Europa.

***

España ha sido en las últimas décadas el país europeo donde más vivienda se construyó, pero también uno de los que registran un mayor número de casas y apartamentos vacíos y un mayor número de desalojos. Sólo entre 2008 y 2012, señalaron los investigadores universitarios madrileños Raquel Rodríguez Alonso y Mario Espinoza Pino en De la especulación al derecho a la vivienda (Traficantes de Sueños, 2017), unas 245 mil familias fueron desalojadas de sus casas por no poder hacer frente a sus hipotecas o alquileres. Los números se mantuvieron más o menos en los mismos niveles en los años siguientes. A mediados del año pasado había unos 200 desalojos diarios (La Marea, 16-IX-20). «Ante la ausencia de alternativas habitacionales por parte de la administración, el destino de estas familias suele ser la miseria y la exclusión», apuntaron los investigadores. «El mazazo [de la crisis de 2008] hizo aparecer de golpe todas las contradicciones sobre las que se había articulado el ciclo inmobiliario: el sobreendeudamiento familiar, las consecuencias de una forma de crecer devastadora en el medioambiente, las malas prácticas de las entidades financieras, la negligencia y la complicidad de las instituciones de control, la debilidad de un mercado de trabajo dependiente del monocultivo del cemento. […] El final de la “fiesta del ladrillo” se saldó con una resaca de miles de desahucios», dijeron.

El modelo español de boom inmobiliario, sostenido con matices tanto por el conservador Partido Popular (PP) como por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), tenía entre sus pilares la sobreoferta de vivienda. «Uno podía suponer que, ante tanta casa construida, los precios bajarían. Pero no: aumentaron. Era pura especulación, apoyada en una burbuja de consumo», destacaba recientemente Jaime Palomera, presidente del Sindicato de Inquilinos de Cataluña.

***

El año pasado, cuando negociaron la formación del gobierno español, Unidas Podemos (UP) y el PSOE acordaron reformar la ley de vivienda, regulando el mercado inmobiliario, frenando los desalojos, estableciendo un impuesto a las viviendas vacías, fijando un tope a los alquileres, promoviendo la vivienda social. Era, en realidad, una propuesta de los liderados por Pablo Iglesias que los socialistas se vieron obligados a aceptar: a la coalición UP la apoyaban los otros partidos que permitieron, con su abstención en el Parlamento, que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del gobierno, como los catalanes de Izquierda Republicana y los vascos de EH Bildu, así como 9 mil organizaciones sociales y las centrales sindicales. Estaba escrito negro sobre blanco, pero, una vez aprobados los presupuestos generales del Estado, los socialistas dieron marcha atrás.

El alma liberal que anida en el PSOE –que está mediada, sobre todo, por las voces del ministro de Transportes, encargado del área de vivienda, José Luis Ábalos, y la ministra de Economía, Nadia Calviño (una economista ligada al mundo de las finanzas que estuvo a punto de convertirse en presidenta del Eurogrupo)– atendió los reclamos de los grandes intereses inmobiliarios, muy bien representados en la dirigencia socialista. En las últimas semanas Ábalos dijo que se opone a la intervención del Estado en el mercado inmobiliario. Dijo también que la vivienda es, «además de un derecho humano, un bien de mercado» –el énfasis lo puso en la segunda parte de la oración–, que los propietarios necesitan seguridad jurídica y que los «maximalismos» son «ineficaces y peligrosos». Si de él dependiera, la intervención del Estado en materia de vivienda se limitaría a «otorgar incentivos fiscales» a los propietarios para que alquilen sus viviendas a precios rebajados y a aumentar el parque de vivienda social. Y poco más: acaso prohibir los desalojos en tiempos de pandemia y luego sin alternativa habitacional.

A Ábalos y a Calviño los seduce la ley de vivienda que desde 2019 aplican sus correligionarios socialistas en Portugal, basada en los mismos principios de incentivos fiscales para los propietarios que fijen alquileres inferiores al precio de mercado. Pero ha sido muy poco efectiva la ley portuguesa, dijo Palomera a El Salto (23-II-21): en sus primeros meses de vigencia la norma portuguesa generó unas pocas decenas de alquileres sociales. No movió la aguja. Si se confirma la propuesta de Ábalos y Calviño, agregó el presidente del Sindicato de Inquilinos de Cataluña, «los fondos buitre no sólo habrán conseguido permiso para seguir especulando sin límite, sino que gozarán de nuevos favores fiscales que vaciarán las arcas públicas de la sanidad, la educación y las políticas de vivienda». «En resumen, más favores fiscales para los que más tienen», concluyó.

«Qué sabrá usted de un techo», le escribió a Ábalos la periodista Cristina Fallarás, columnista de Público que en el «putísimo año 2008» fue desalojada de su casa junto con una hija de 4 años y uno de 10, y embarazada de ocho meses. «Ustedes hablan de alquileres, de arrendatarios y arrendadores, hablan de términos idiotas por negarse a decir techo. Techo, techo, techo; de eso se trata. Madriguera, nido, albergue, amparo. Qué sabrán ustedes al sentarse sobre sus cálculos de mierda, que no tienen en cuenta el significado de las rentas del trabajo frente a las rentas del capital», escribió. Pero la carta de Fallarás no conmovió a Ábalos. Menos que menos a Calviño. Y es de suponer que aún menos a Joan Clos, un socialista que fue alcalde de Barcelona y ministro de Industria, Turismo y Comercio, y el año pasado se convirtió en presidente de dos organizaciones patronales del sector, la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias y la Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler, a las que pertenece, por ejemplo, el fondo de inversión estadounidense Blackstone, el mayor propietario de viviendas de España en la actualidad.

***

Los socialistas españoles de «alma liberal» tal vez se hayan congratulado por la noticia que el 15 de abril llegó desde Alemania: allí, el Tribunal Constitucional anuló la ley de congelación de alquileres vigente desde hacía algo más de un año en Berlín, la capital del país, gobernada por una alianza entre socialdemócratas, ecologistas y los poscomunistas de La Izquierda. Aprobada en febrero de 2020, la ley berlinesa fijaba un tope al precio del metro cuadrado en una ciudad cada vez más cara, en la que el 85 por ciento de los 3,7 millones de habitantes son inquilinos. De un alcance de cinco años, abarcaba casas y apartamentos construidos antes de 2014, aproximadamente 1,5 millones. Pero el Tribunal Constitucional consideró que se trata de un asunto de competencia federal y no de los estados (Berlín es una ciudad-estado) y la declaró sin valor. En su año de vigencia, la ley permitió que los alquileres bajaran un 7,6 por ciento respecto a 2019. Su lado negativo es que los constructores trasladaron su obra nueva a zonas periféricas de la capital. «Eso pasa siempre cuando a un poderoso se lo intenta limitar, pero hay que seguir por ese lado para favorecer a los más pobres. Como consecuencia de la emergencia sanitaria, va a haber en Berlín una verdadera emergencia social que, en primer término, se hará sentir en el tema de la vivienda. La ley de 2020 había sido una buena solución», comentó la Asociación Berlinesa de Inquilinos.

Ábalos pronostica que en Cataluña puede suceder algo similar a lo que sucedió en Berlín. En setiembre, el Parlamento catalán aprobó, con el apoyo de 4 mil asociaciones y buena parte del espectro político –desde Podemos y la anticapitalista Candidatura de Unidad Popular hasta los centroderechistas de Junts per Catalunya–, una ley de congelación y rebaja de alquileres aplicable en las 60 localidades más castigadas por la especulación inmobiliaria. Siguiendo el camino de sus correligionarios alemanes que impugnaron la ley berlinesa, el PP denunció la ley catalana en el Tribunal Constitucional y en enero el tribunal controlado por los «populares» acogió la denuncia.

El ejemplo catalán muestra que no sólo ciudades o países con gobiernos en los que participa la «izquierda radical» habilitan al Estado a intervenir en el mercado inmobiliario. «Media Europa y algunas ciudades de Estados Unidos tienen leyes así», dice Palomera. En Europa, las más avanzadas y favorables a los inquilinos rigen en grandes ciudades –como las francesas París y Lille, y la austríaca Viena– y a nivel estatal –como en Suecia, Países Bajos y Suiza–. La ley holandesa –aprobada a fines de marzo, tras una dura negociación entre liberales, socialdemócratas y verdes– establece que durante tres años los alquileres no podrán subir más del 1 por ciento sobre el nivel de inflación en la franja privada del mercado inmobiliario, que abarca a unas 560 mil viviendas (El País, 26-III-21). En el mercado regulado, el de la vivienda social –que comprende a más de 2,3 millones de hogares, un 80 por ciento del total de los arrendamientos–, ya regía, desde febrero, un congelamiento de los alquileres. El Parlamento holandés también aprobó una partida de 450 millones de euros para mejorar los barrios más deprimidos y facilitar el acceso a la vivienda social a las personas que viven solas.

La resistencia a medidas de este tipo en filas de la derecha holandesa había sido muy dura. La conservadora ministra del Interior, Kasja Ollongren, se había opuesto a aceptar una resolución anterior del Senado holandés de bajar temporalmente los alquileres por la crisis sanitaria. Que los inquilinos negocien con los propietarios individualmente, pues habrá quienes se apiaden, llegó a decir. Fue censurada en el Parlamento, incluso por legisladores de su propio partido, y debió ceder. La ley aprobada ahora va bastante más allá de una simple bajada temporal de los arrendamientos.

«Los mercados del alquiler se han convertido en mercados muy especulativos con dinámicas parecidas a las de los mercados financieros», dijo Palomera a El Salto. Regularlos se impone. Va de justicia social mínima, piensa. Sus colegas berlineses coinciden. Y afirman que en el debate sobre si la vivienda es un derecho humano básico o un bien de mercado se juega la vida de la gente. Como le lanzaba a la cara Fallarás a Ábalos y al «alma liberal» de los socialistas españoles: «Qué sabrán de un techo».

Publicado enInternacional
Qué puede enseñarnos una ciudad comunista en materia de urbanismo

Nombrada en recuerdo del dirigente comunista italiano Palmiro Togliatti, la ciudad rusa de Toliatti fue elegida en 1966 para albergar una fábrica de automóviles con tecnología aportada por FIAT, para convertirse pronto en el centro industrial planificado más grande de la Unión Soviética (URSS). Su paisaje urbano muestra signos de la preocupación de quienes la planearon por crear espacios habitables centrados en las necesidades comunitarias, no tan solo en la producción industrial.

En el verano de 1966, el Estado soviético firmó un acuerdo con la dirección de la empresa automovilística italiana FIAT. Se trataba de construir una nueva fábrica de automóviles en la URSS, encargándose la empresa turinesa del equipamiento tecnológico y de la formación de especialistas. La fábrica estaba destinada a ser el corazón de un nuevo asentamiento urbano para el personal obrero, técnico y directivo, incluidos –con carácter temporal– los obreros e ingenieros italianos.

La localidad elegida era una joven ciudad situada en la región de Kuybyshev (actualmente Samara), en el oeste de Rusia, rebautizada en 1964 en homenaje al líder comunista italiano, Palmiro Togliatti, quien había fallecido recientemente. En el lado italiano, las implicaciones simbólicas eran evidentes. El sucesor de Togliatti, Luigi Longo, visitó la ciudad en agosto de 1966; Pravda le citó destacando el significado de la llegada de obreros y técnicos turineses a una ciudad que llevaba el nombre de Togliatti, y expresando la esperanza de que en pocos meses la ciudad deviniera una especie de Turín soviética.

La historia de la fábrica y del nuevo asentamiento urbano se enmarca a menudo en el hecho muy poco común, en plena guerra fría, de que se prestara apoyo tecnológico occidental a la modernización soviética. Sin embargo, ese episodio es emblemático del periodo de declive de la URSS con respecto a dos aspectos clave del postestalinismo. Se refiere tanto a las ambiciones transformadoras del urbanismo como a la mentalidad tecnocrática –y hasta cierto punto política– de las elites profesionales, que determinaron su actitud pragmática a la hora de aprender de las tendencias arquitectónicas y tecnológicas internacionales, inclusive occidentales.

Una ciudad-fábrica

A finales de la década de 1940, Stavropol-na-Volguie (Stavropol del Volga) era una pequeña ciudad de unos pocos miles de habitantes, fundada dos siglos antes a orillas del río Volga. Apenas unas décadas después, ya con el nombre de Toliatti, se había convertido en la ciudad industrial planificada más grande de la URSS.

El primer paso de este ambicioso proyecto urbanístico fue la construcción, en la primera mitad de la década de 1950, de una presa y una central hidroeléctrica sobre el Volga. Primero se construyó un distrito urbano, Komsomolskiy rayón (distrito Komsomol), para alojar a los constructores de la planta, seguido poco después de otro más, ahora denominado Tsentral’niy (Central). En la primera mitad de la década de 1960, la población ya sumaba más de 120.000 habitantes. Pero el empujón definitivo para el desarrollo de la ciudad partió de la necesidad –identificada por el gobierno soviético como prioridad estratégica– de desarrollar la propia capacidad de producción de automóviles a fin de responder a la creciente demanda de transporte privado por parte de la población. Con este fin se planteó la necesidad de establecer una nueva fábrica y de buscar el apoyo tecnológico de especialistas extranjeros.

La elección recayó en FIAT, uno de los principales fabricantes del mundo de coches utilitarios. Tras la firma del acuerdo de cooperación, por el que la empresa italiana se encargaba del proyecto técnico, en julio de 1966, las autoridades soviéticas autorizaron la construcción de una gran fábrica a unos pocos kilómetros al oeste del distrito Central. Las obras arrancaron a comienzos de 1967; casi inmediatamente después, en marzo, se emprendió la construcción a marchas forzadas de edificios de viviendas alrededor de la futura fábrica. Así nació Avtograd, hoy Avtosavodskiy rayón (distrito Autoindustrial), el barrio más grande de Toliatti, concebido originalmente como una nueva ciudad y uno de los proyectos de planificación urbanística más ambiciosos de la URSS de posguerra.

Para comprender este proyecto hemos de tener en cuenta por lo menos tres elementos: la relación entre ideología, urbanismo y espacio en la URSS; la fábrica de automóviles como respuesta del Estado soviético a la demanda de transporte privado que emergió en los años de relativa liberalización que siguió a la muerte de Stalin; y las tendencias y prácticas de la planficación y la arquitectura soviéticas a finales de la década de 1960.

El modelo de ciudad-fábrica no era exclusivo de la URSS y de los países del bloque del Este, pero sí fue un elemento crucial de la ideología soviética durante toda la historia de este Estado. Desde los años posrevolucionarios se atribuyó a los asentamientos urbanos una función central en la creación de una nueva sociedad comunista, de acuerdo con el principio constructivista según el cual “una nueva sociedad necesita un nuevo espacio”. A partir del comienzo de la década de 1930 se construyeron nuevas ciudades, inicialmente asociadas sobre todo a la industria minera/extractiva; y la estrecha relación que se planteó en los años de Stalin entre el espacio urbano, el bienestar y la industria reforzó su relevancia ideológica.

Sin embargo, la URSS de mediados de la década de 1960 era en muchos aspectos un país diferente del que había sido en los años de apogeo del estalinismo, siendo uno de los cambios más importantes el que se produjo en el ámbito del urbanismo. El llamado deshielo de Nikita Jrushchov, de mediados de 1950, comportó una liberalización relativa y nuevas aspiraciones –aunque parciales y contradictorias–, que pretendían revitalizar la utopía igualitaria radical de la década de 1920.

Ante la dramática escasez de viviendas, agravada por las devastaciones de la guerra, una segregación socioespacial significativa y la desigualdad entre las elites y la clase trabajadora, el Estado soviético lanzó un vasto programa de construcción masiva de viviendas en todo el país. Asociado al rechazo del neoclasicismo arquitectónico imperante desde comienzos de la década de 1930, y favorable a la recuperación del estilo racionalista internacional, se trataba de un plan tecnocrático encaminado a hacer frente a una penuria de emergencia, pero también fue una medida ambiciosa que buscaba el bienestar universal y un intento de proyectar la ideología oficial igualitaria en el espacio urbano, con el fin de promover un nuevo estilo de vida y preparar así la transición a una sociedad comunista.

El nuevo elemento central de este programa era el microdistrito, un complejo residencial de nuevo tipo, consistente en edificios construidos a base de paneles prefabricados, separados por patios interiores provistos de parques infantiles, espacios verdes y, al menos en teoría, de equipamientos educativos, culturales y sanitarios. La arquitectura era hiperestandarizada y estaba basada en materiales baratos, pero la planificación era innovadora; aspiraba a superar la segregación socioespacial que había caracterizado el periodo estaliniano mediante la creación de un entorno en el que quisieran vivir casi todas las clases de personas, estableciendo un equilibrio específico entre el espacio privado –cada familia tenía su propio piso, abandonando así las casas comunales compartidas– y el espacio colectivo.

La magnitud y el ritmo de ejecución del programa fueron impresionantes, pero este tenía fallos estructurales debido a sus enormes ambiciones, que dieron pie a la definición de objetivos imposibles y a la preponderancia de objetivos cuantitativos unidimensionales, en gran medida bajo la influencia del principal legado del periodo estaliniano, a saber, la planificación centralizada; así, desde el comienzo hubo problemas como la ejecución deficiente, continuos retrasos y falta de presupuestos. En este contexto, las ciudades-fábrica –que idealmente debían constituir ciudades sin clases– se convirtieron en entornos socioespaciales específicos, en los que las viviendas e infraestructuras de servicios eran propiedad de la empresa y esta era responsable de asegurar el bienestar, dando pie a un sistema interconectado y por tanto a una comunidad y un estilo de vida distintivos.

El diseño de Avtograd

El nuevo clima político y el cambio de estilo de vida dieron pie a una creciente demanda de bienes de consumo masivo, incluido el transporte privado. La alta prioridad estratégica otorgada a la planta de VAZ y la nueva ciudad reflejaban asimismo el propósito del Estado soviético de satisfacer esta demanda, insuficientemente atendida por fabricantes preexistentes. Tras las ciudades mineras de la década de 1930 y los polos científicos/energéticos del periodo de posguerra, Avtograd fue entonces la primera representante de una tercera generación de ciudades-fábrica: la ciudad del automóvil.

Como respuesta tecnocrática a una escasez de oferta y a la presión social a favor del consumo, representaba la aplicación de los principios fordistas –el epítome de productividad– a la producción masiva, siendo Detroit el ejemplo idealizado. Por otro lado, esas fábricas y ciudades también se planificaron con fines ideológicos y propagandísticos, encarnando el transporte motorizado una visión que encajaba en la aspiración soviética a la ciudad del futuro y proyectaba una imagen de novedad y modernidad. En otras palabras, la innovación tecnológica occidental, transmitida por la experticia de FIAT, se incorporó a un proyecto específicamente soviético.

La construcción de la fábrica de VAZ y de la ciudad de Avtograd se planteó el último año de gobierno de Jrushchov. La destitución del dirigente reformista abrió la puerta –tras un breve periodo todavía relativamente dinámico, caracterizado por los intentos de reforma económica del primer ministro Alexey Kosyguin– al periodo de Leonid Breshnev, que más tarde se calificaría de época de estancamiento. Este periodo comportó una reversión significativa de los procesos de liberalización política, un duro golpe a las esperanzas de reforma desde dentro de la URSS y la instalación en el conformismo (a)político, bien que en un contexto de estabilidad económica que duró más de una década.

A pesar de la continuidad sustancial de las estrategias y las políticas del periodo de deshielo, el discurso urbanístico derivó consecuentemente de la ideología igualitaria a una visión básicamente tecnocrática de la provisión de bienestar universal, siento el derecho a la vivienda y el derecho al trabajo los elementos clave del pacto social del Estado con su ciudadanía trabajadora. La atención política se centró en la mejor de las condiciones materiales, y las nuevas directrices insistieron en el incremento del espacio habitacional por persona y la calidad de los materiales de construcción. Avtograd fue el producto de este complejo contexto histórico y político-ideológico.

El planeamiento del nuevo distrito se encomendó al arquitecto Boris Rubanenko. Este se había educado en los años de la vanguardia racionalista y había protagonizado una carrera de éxito desde la década de 1930, cuando desarrolló una síntesis arquitectónica que logró incorporar algunos elementos del movimiento moderno en el estilo neoclásico por entonces oficial. Tras la muerte de Stalin, optó por el retorno al estilo moderno internacional, y por tanto, en el periodo de construcción de Avtograd, a finales de la década de 1960, sus puntos de vista urbanísticos reflejaban la influencia tanto de su educación y su experiencia profesional como de los principios y tendencias contemporáneas a escala internacional.

Estas influencias se plasmaron en el plan de Avtograd, inspirado en los teóricos urbanísticos soviéticos de la década de 1920 (en particular, los conceptos de desarrollo lineal y de las zonas funcionales paralelas, elaborado por Nikolai Milyutin), pero también en los experimentos de ciudades planificadas de fuera del bloque del este, en particular Brasilia, la nueva capital de Brasil planeada pocos años antes por Oscar Niemeyer y Lúcio Costa.

El plano del distrito (véase aquí) se basó en una estructura ortogonal, con dos avenidas perpendiculares que lo dividían en cuatro partes desiguales. El eje vertical conectaba el territorio de la fábrica con la orilla del Volga. Avtograd se dividió en distritos residenciales, que a su vez se subdividieron en microdistritos. La unidad principal del microdistrito, y el espacio más importante de la interacción social cotidiana, era un kvartal (bloque residencial), ampliado con las características típicas de los planes soviéticos de viviendas masivas de finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970: edificios de nueve o doce plantas alrededor de un amplio patio semiabierto, un espacio común verde que incluye equipamientos educativos, un campo de deportes y un parque infantil.

Los primeros edificios de viviendas también incluían, en cierto modo y en parte como reminiscencias de los experimentos constructivistas de las décadas de 1920 y 1930, una especie de bloque común de servicios recreativos y culturales, desde bibliotecas hasta clubes de ajedrez. Las grandes avenidas, aptas para una ciudad del motor, se diseñaron más para un transporte motorizado que no peatonal, de acuerdo con los principios que había concebido Le Corbusier unas pocas décadas antes.

Dado el importante papel atribuido a los espacios de uso colectivo con fines culturales y recreativos, se previeron varios edificios públicos amplios, desde casas de la cultura y polideportivos hasta cines y teatros. Estos espacios también expresaban una mezcla de influencias y elementos históricos y culturales: las ambiciones igualitarias socioespaciales de la vanguardia constructivista de los años veinte, la visión monumental de la cultura heredada del estalinismo y la aspiración racionalista contemporánea de aportar un mayor confort y calidad de vida a la sociedad a través del urbanismo.

Además, los edificios públicos permitían a los arquitectos expresar sus ambiciones artísticas, a diferencia de las exigencias sumamente estandarizadas de los bloques de viviendas. Estaba previsto que el más grande y ambicioso de ellos, la Casa de la Cultura, las Artes y la Creatividad (DKIT), fuera el principal distintivo y centro percibido del distrito. Sin embargo, estas aspiraciones chocaron pronto con grandes obstáculos. A mediados de la década de 1970, el sistema de bienestar se vio sometido a fuertes presiones, debido a crecientes limitaciones presupuestarias; junto con la ineficiencia de la planificación centralizada, esto condujo al aplazamiento sistemático del desarrollo de infraestructuras de bienestar en todos los niveles.

En muchos casos, las instalaciones de servicios no se construyeron hasta varios años después de los bloques de viviendas, y la construcción de edificios de uso recreativo también se vio afectada por retrasos significativos. La DKIT, planeada en 1971, no se construyó hasta mediados de la década de 1980. Al final de la década, la crisis del modelo de economía planificada o de ordeno y mando ante la aparición del postfordismo global agravó todavía más la tendencia y condujo a significativos recortes presupuestarios. Debido a ello, la ciudad realizó el pacto social soviético basado en el derecho a un empleo y una vivienda estables, pero al mismo tiempo, en palabras de observadores tanto occidentales como soviéticos, creó un entorno caracterizado por la falta de vida en la calle, la anomia y la privación sensorial.

Tras la caída

Hoy en día, el rayón Avtosavodskiy tiene una población de alrededor de 430.000 habitantes, más de la mitad de la población total de Toliatti, en un territorio de más de 88 kilómetros cuadrados. Como ocurre con la mayoría de los asentamientos monoindustriales soviéticos, compite en el contexto de la economía de mercado global. VAZ, ahora llamada AvtoVAZ –con Renault como su principal accionista–, sigue siendo el fabricante de vehículos ligeros más grande de Rusia, pero en 2014-2015 se sometió a un proceso de restructuración que comportó una drástica reducción de la plantilla, que ha tenido un impacto significativo en los niveles de desempleo y bienestar socioeconómico de la población del distrito y de la ciudad.

A pesar de su tamaño relativamente grande (la vigésima ciudad más grande de Rusia) y su actividad industrial significativa, hoy Toliatti es en lo esencial una urbe periférica. Es la única con una población tan numerosa que no constituye un centro administrativo regional; una infraestructura de transporte y una capacidad administrativa insuficientes merman el interés de los inversores. Su estructura monoindustrial hace que su economía dependa fundamentalmente de la fábrica de automóviles. Si bien el nivel poblacional permanece relativamente estable, teniendo todavía más habitantes que en tiempos del colapso de la URSS, los niveles de desempleo y la tendencia al envejecimiento de la población resultan alarmantes.

La ciudad también es un típico objeto de marginación discursiva. La gran rigidez programática del plan del distrito y la identidad común, basada en la fábrica, de su población, son metáforas concretas y directas de la inadaptabilidad de la monogorod (ciudad monoindustrial) soviética –y la supuesta mentalidad soviética de la clase obrera industrial– a la flexibilidad e innovación que dexige la lógica de la globalización.

La investigación visual que llevamos a cabo el fotógrafo Michele Cera y yo en el distrito de Avtosavodsky en mayo de 2018 se concibió como primer paso de un proyecto artístico y científico encaminado al estudio de ciudades de la antigua URSS desde el punto de vista de las características del legado arquitectónico soviético, sus transformaciones y su relación dialéctica con las comunidades locales.

Estos temas tienen que ver con cuestiones urbanas que siguen debatiéndose hoy en el ámbito académico (¿Cuáles son los rasgos distintivos de las ciudades y la urbanidad en el régimen comunista? ¿Por qué vías se han transformado estas características después de su colapso?). Un asentamiento postestalinista planificado al cien por cien, desprovisto de todo legado preexistente, parecía un punto de partida idóneo, y en efecto, Avtosavodsky se ha mostrado particularmente resistente a las transformaciones posfordistas y muchas dinámicas asociadas, observadas en todo el espacio urbano exsoviético, desde la creciente segregación socioespacial hasta la gentrificación.

La subsunción capitalista-mercantil del entorno arquitectónico heredado, observada en las ciudades más globalizadas de Rusia y de la antigua URSS, suele proceder por la vía de la privatización del espacio y/o la transformación de sus funciones. Sin embargo, esto no es tan significativo en este caso, siendo un ejemplo emblemático el hecho de que casi todos los principales edificios públicos, demasiado grandes para un uso rentable, siguen siendo de propiedad pública y han conservado su función original.

La estructura uniforme del distrito y su economía, centrada todavía en el sector secundario, también han influido claramente en la ausencia de segregación social que la caracteriza. No existen áreas o bolsas de riqueza y pobreza manifiestas que diferencien los microdistritos y bloques residenciales en Avtosavodsky, a pesar de la presencia de promociones inmobiliarias en el interior y en el extrarradio.

Nuestra investigación visual también pretendía destacar la conexión entre la escala urbana y la escala humana. Esto se planteó por oposición expresa a la tendencia común, en la fotografía paisajística, de acentuar la falta de vitalidad y/o la decadencia de la arquitectura y la infraestructura construida de finales del socialismo. A fin de cuentas, esa opción acaba descontextualizando los propósitos, las ambiciones y las implicaciones sociales de la planificación y la arquitectura modernas, y de sus variantes particulares en el socialismo realmente existente.

Observar las escalas macro y micro nos permite resaltar la particular lógica omnímoda del urbanismo soviético postrero. Al operar al margen del reino de los intereses privados y de la lógica del beneficio, planteaba un singular sistema interconectado y orgánico de elementos infraestructurales, destinados a implementar el proyecto oficial de transformación total. Como han apuntado la historiadora Kimberly E. Zarecor y su colega Mark B. Smith, esto tuvo repercusiones importantes en las relaciones sociales cotidianas de la población. La aparente falta de vitalidad de la ciudad monumental, y monótona, con sus grandes edificios, sus avenidas corbusianas y su arquitectura residencial hiperestandarizada, muestra un lado menos evidente cuando se observa desde abajo. No en vano, sus edificios recreativos, los patios interiores y otros espacios públicos y comunes siguen facilitando una relativa actividad social.

Hoy en día, Avtosavodsky es un asentamiento periférico que pugna por sobrevivir, afectado por graves problemas socioeconómicos y con perspectivas muy inciertas. Sin embargo, al mismo tiempo no da la impresión de ser un lugar sin sentido o sin significado, un gueto anómico a gran escala. Observado desde el siglo XXI, todavía muestra claros signos de la lógica que subyace a su planeamiento, con todas sus ambiciones, fallos y éxitos relativos. Como tal, la ciudad del motor soviética ofrece un antídoto frente a nuestra conciencia perdida de cómo la historia, y la política, configuran nuestra vida urbana.

06/03/2021

https://www.jacobinmag.com/2021/03/tolyatti-russia-communist-city-auto-industry

Traducción: viento sur

Publicado enSociedad
Un rosario de reclamos al Gobierno: vocero de víctimas de Iota denuncia incumplimientos y fallos en la reconstrucción de San Andrés

El líder sanandresano Alberto Gordon May asegura que el Gobierno no ha cumplido con lo pactado en el plan de reconstrucción del Archipiélago.

 

Después de casi cuatro meses de que el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina fue golpeado por el huracán Iota, sus pobladores hablan sobre lo que dicen ser un atropello del Gobierno Nacional en la región.

Así lo hizo saber en entrevista con El Espectador el pastor Alberto Gordon May, presidente de la Autoridad Raizal, órgano que representa a los habitantes nativos del Archipiélago, quien además es el líder de las víctimas del huracán Iota.

Según el vocero, la administración Duque implementó “prácticas neocolonialistas” en las islas, y ha ignorado a sus gobernantes y comunidades. Son varios los problemas que el líder manifiesta como desatendidos en las islas, empezando por el incumplimiento del gobierno Duque respecto al plazo de 100 días que se planteó para la reconstrucción de la región.

De acuerdo con las declaraciones de Gordon May, en El Espectador, “el plazo puesto por el mandatario finalizó el 27 de febrero pasado. Después se extendió hasta el 10 de abril, término que ya se amplió hasta el primer trimestre de 2022. Para ser sincero, dudamos de que haya reconstrucción en los próximos mil días”.

Esta percepción, según el líder, es algo que “todos los miembros de la comunidad comparten”, ya que manifiesta que los sanandresanos hoy están mucho peor que antes del paso de Iota, “antes tenían casa, cubiertas sus necesidades de energía, agua y otros elementos necesarios. Las condiciones a que están sometidos ahora son lamentables, deprimentes e inhumanas”, asegura Gordon May en el diario nacional.

Además, afirma que desconocen el Plan 100 y que tampoco han sido enterados “de un plan anual que se ha anunciado a pesar de las múltiples visitas de Iván Duque”. También agrega que, “Contrario a la Ley 1523 de 2012 (Sistema de Gestión del Riesgo de Desastres), elaborada para ocasiones como la que sufrimos ahora, el Plan de Acción Específico (PAE) para el archipiélago, que será la carta de navegación para las islas, según Susana Correa, gerente de reconstrucción de Providencia, no ha sido ni siquiera firmado por el consejo de ministros”.

Para Gordon May, “el Gobierno ha tenido dos “planes”: el que le cuenta a la comunidad y el que manipula”, y señala a su vez que, “la gente ha venido reaccionando a la improvisación diaria, lo que nos parece sumamente grave porque reinan el desespero y la incertidumbre. Los habitantes están viviendo a sol y lluvia, aunque esta fase de la crisis debió haber sido superada en la primera etapa de la emergencia”.

De acuerdo con el líder sanandresano, “hasta este momento la única persona que conoce el PAE es Susana Correa”, pero aún así el pastor señala que la funcionaria “no lo ha compartido ni discutido con nadie y se escuda en diversas disculpas para protegerse”, además asegura que Correa, “sale a mentir ante los medios” y que, “el Gobierno ha desconocido la totalidad de la ley y ha ignorado, principalmente, los principios de igualdad, protección, el participativo que ordena reconocer y promover la colaboración activa de las comunidades, y, muy importante, el principio de diversidad cultural que exige respetar las particularidades de cada comunidad y aprovechar al máximo los recursos de la misma”.

Esto, según el vocero, fue una acción del Gobierno en la que no se acogió estrictamente a la ley, ya que manifiesta que si “la hubiera cumplido, no habría tanto desespero. La población de las islas está al borde de un colapso emocional por la incertidumbre sobre su presente y, ante todo, sobre su futuro

.

Las condiciones actuales en las que viven los sanandresanos

 

Gordon May informó en El Espectador que “mucha gente pasa los días en carpas. Las viviendas a las que les han reparado techos sin reconstruir, sus bases no cuentan con los amarres y las técnicas antihuracán, a pesar de que el propio Ministerio de Vivienda reconoce que hay que cumplirlas”.

A su vez, asegura que a pesar de que “la energía ha sido restablecida y se instalaron unas plantas desalinizadoras (del agua marina), es preciso resaltar que la disponibilidad de agua del embalse Fresh Water Bay ha venido disminuyendo por causa de los procesos erosivos de la cuenca y que este es el único embalse que existe”.

Por eso, señala que “en las épocas de sequía hay escasez. Pero, en este momento, otro motivo de gran preocupación es qué va a suceder con el suministro del líquido, además de la sequía, por la sobrecarga de personas de afuera que llegaron sin medir su impacto”.

En la misma línea, habla del impacto negativo que ha causado el aumento del 20% de la población en las islas, proveniente de personas que están llevando a cabo las labores de reconstrucción. Gordon May asegura que esto ha sido un “un desastre”, empezando por el ámbito ambiental.

“Los servicios de energía y agua que son precarios, igualmente son escasos. Por lo tanto, no dan abasto con el incremento poblacional. También nos preocupa el brusco cambio de relacionamiento social con grupos tan numerosos de personas ajenas a nuestra cultura”, asegura el líder en El Espectador.

Asimismo, afirma que “se desconocen los términos de referencia y códigos de reconstrucción de las viviendas porque las condiciones contractuales con Findeter no han sido puestas a consideración de la comunidad”, ya que según Gordon May, si estos trabajos se hicieran “con las especificaciones técnicas descritas, se podría suplir con trabajo local gran parte de las obras de construcción, para lo cual la comunidad se ha venido organizando. Consideramos que la vinculación laboral externa debe ser gradual y organizada para evitar efectos negativos y garantizar la sostenibilidad social, ambiental y económica”.

De igual forma, el líder reconoce que hay otros problemas en las islas, como que el Gobierno quiso obviar el derecho constitucional de la consulta previa, algo que señala se pudo evitar gracias a que “un grupo de raizales, en la diáspora, ayudó a preparar varias propuestas de casas.

Solo después de insistentes reclamos por parte de líderes de la comunidad, el Gobierno, al parecer, finalmente incluirá tales diseños en sus planes. La vocería y la presión de un grupo de líderes, la veeduría local, a través de tutelas, la Autoridad Raizal, la Comunidad Raizal en la Diáspora, a quienes agradecemos inmensamente, y la prensa local e internacional, ayudaron a que la administración Duque atendiera los reclamos comunitarios”, señaló en el diario nacional el vocero sanandresano.

Gordon May también habló del puente entre San Andrés y Providencia que no ha sido recuperado, pero que en cambio sí se construyó un muelle sin consulta previa de la comunidad, además de otros proyectos como la construcción de la base de Guardacostas o de Salvamento Marítimo que la Armada Nacional ha querido edificar en el sector de Old Town” y el cual también rechazan los raizales.

El líder mencionó además que a tres meses de que empiece la temporada de huracanes en el Caribe, aún no se ha construído por lo menos un albergue en las islas.

7 de Marzo de 2021

Publicado enColombia
Una de las zonas golpeadas por el huracán Iota en Providencia.FOTO: REUTERS | VIDEO: AFP

La Defensoría del Pueblo de Colombia denuncia que hay damnificados viviendo en carpas de mala calidad. El Gobierno de Iván Duque prometió una reconstrucción que aún no ha comenzado

Hace veinte días, cuando el huracán Iota destruyó el 98% de la isla colombiana de Providencia, el presidente, Iván Duque, se desplazó hasta allá, hizo su programa de televisión diario desde el Archipiélago de San Andrés, llevó a decenas de funcionarios y prometió que en menos de cien días Providencia estaría reconstruida. La realidad es, de momento, otra y, según denunció la Defensoría del Pueblo, “hay personas que no están en albergues y se encuentran a la intemperie debido a la calidad de los plásticos y carpas que son arrastrados por los vientos”. El Gobierno instaló carpas de campaña para el contingente de funcionarios que llegaron a la isla y entregó 2.000 tiendas de campaña para quienes se quedaron sin casa, pero las lluvias de los últimos días las inundaron y causaron más angustia entre los isleños.

“Se necesitan carpas más decentes para albergarse y tejas para aquellos que tienen parte de sus casas en pie, pero se están mojando igual. Aunque han hecho lo imposible con la limpieza, han fallado mucho en solucionar el tema del techo que es algo básico para pensar en lo que viene”, dijo Juanita Ángel, propietaria de Cabañas de Agua Dulce, una posada hotelera de Providencia.

La recolección de escombros, que fue otra de las promesas de Duque, también va muy lenta. A la fecha han retirado 3.000 toneladas. Si bien los residentes agradecen el trabajo de la fuerza pública, con 120 policías y 1.100 miembros de la Armada, se quejan de que el Gobierno no dimensionó la cantidad de escombros. “¿Por qué a la carretera la limpian una y otra vez mientras nuestros patios y el interior de nuestras casas, devastadas por el viento y la lluvia, consumen nuestras fuerzas en la lucha por ponerles un mínimo de orden y condiciones de habitabilidad?”, escribió en el diario El Isleño Germán Márquez, biólogo y fundador del la organización Sea Land & Culture Old Providence Foundation (Prosealand).

La Gerente para la Reconstrucción de San Andrés y Providencia, Susana Correa, comenta a EL PAÍS que esperan 12.000 toneladas y admite que “será imposible tener lista la recolección para esta semana”. “No revisamos que había que bajar los escombros de las casas, ni pensábamos que iban a salir tantas toneladas, ya cambiamos la estrategia”, reconoció Correa, quien anunció que contrataron a 100 isleños para ayudar en la limpieza.

Después de la carta del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, que urge al Gobierno “a apoyar a la comunidad en la recuperación de las viviendas” y agilizar la adaptación de los techos, Correa aseguró que este miércoles comenzarán a cubrir con tejas las casas que quedaron con afectaciones leves y llevarán plásticos. ¿Por qué no hubo previsión?. Susana Correa dice que “sí se previó, pero era muy difícil hacer algo sin antes tener una caracterización”. Hoy saben que el 45% de las viviendas de la isla colapsaron, el 38% perdió sus cubiertas y un 13% quedó con afectaciones leves. “De nada servía poner tejas y que la casa se cayera”, dice Correa.

Aunque han pasado veinte días, el censo de la población- de 6.650 habitantes- aún no ha terminado y el Gobierno tampoco sabe cuántos de los pobladores, que se fueron a San Andrés tras la emergencia, han retornado a la Isla. En medio de la emergencia, se han presentado 61 casos de la covid-19 y un fallecido por la enfermedad.

La reconstrucción se ve lejana

Por esos tropiezos es que los residentes ven lejana la reconstrucción anunciada para comenzar este 10 de diciembre. “Acá no se ha dado una solución de emergencia. Si no agotamos la etapa humanitaria no podemos enfrentar la de reconstrucción”, dijo Amparo Antón, habitante de la isla. No se entiende- dijo- cómo cuando llegaron venezolanos a Cúcuta se hicieron refugios en tiempo récord y en la isla la respuesta no ha sido igual de efectiva. Su reclamo tiene un subtexto: para muchos habitantes de Providencia, que tienen su propia lengua, hay un abandono histórico por parte de Colombia y una mirada centralista que no contempla su cultura. Para ellos esto se evidenció con la propuesta de instalarles casas prefabricadas.

Pero Correa aseguró que aún no está definido el diseño de las viviendas y que se decidirá en concertación con los habitantes. “Solo trajimos tres casas para presentar estilos diferentes, pero habrá reuniones con constructores de la isla en los próximos días”, dijo la Gerente para la Reconstrucción de San Andrés y Providencia a este diario. Sin embargo, tampoco tienen una cifra de cuánto costará el proyecto porque cada ministerio debe presentar su presupuesto y aún no lo han consolidado.

En todo caso, según ella, “el pico” de reconstrucción de Providencia se hará entre enero y febrero, algo que para los isleños es una eternidad si es que continúan a la intemperie y con más lluvias como se ha denunciado.

Por Catalina Oquendo

Bogotá - 09 Dec 2020 - 23:23 CET

Publicado enColombia
Página 1 de 11