Sofia

Sofia

Jefe del Comando Sur, almirante Craig Faller, en Washington, EE.UU., el 7 de febrero de 2019Saul Loeb / AFP

La presencia del Comando Sur en el país suramericano ha sido rechazada anteriormente tanto por Venezuela, que la considera como una "provocación".

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur de EE.UU., anunció que se encuentra en Colombia, "un aliado vital y confiable en seguridad", para reunirse con la cúpula militar de ese país, en medio de las tensiones con el Gobierno de Venezuela. 

El Comando Sur informó mediante un tuit que Faller se reunirá con "líderes militares" en Colombia, país que visitó en junio pasado, "para discutir la cooperación en materia de seguridad". La información fue ratificada por la Embajada de EE.UU. en Bogotá.

La llegada de Faller coincide con la estadía del presidente colombiano, Iván Duque, en EE.UU., país al que arribó el pasado domingo para tratar una "agenda focalizada en temas ambientales, migratorios y crediticios", según informó en su cuenta de Twitter. Se prevé que el mandatario colombiano además participe en la Asamblea General de la ONU, que se llevará acabo esta semana. 

Antes de este viaje, Duque estuvo en España, de jueves a sábado. Allí se reunió con su homólogo Pedro Sánchez y autoridades de su gabinete; con el rey de ese país, Fernando IV; con los expresidentes Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; con sectores empresariales y de la banca, y con el opositor y prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, entre otros.

Colombia, Maduro y la Celac

El mandatario colombiano no participó en la 6.ª Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), celebrada el pasado sábado en México.

El repudio de Bogotá a Caracas quedó recogido en un comunicado, emitido por la Cancillería colombiana, donde se rechaza la participación del presidente venezolano, Nicolás Maduro, en la cita regional.

Colombia ratificó que desconoce "el poder de facto" de Maduro "como resultado de la elección presidencial del 20 de mayo de 2018, viciada por la ausencia de garantías a la oposición y por el fraude". Esta postura ha sido mantenida por el país suramericano con el apoyo de EE.UU. y un grupo de países de América Latina, a pesar de que los observadores internacionales no encontraron pruebas de irregularidades en esos comicios.

Los mandatarios Mario Abdo Benítez, de Paraguay, y Luis Lacalle Pou, de Uruguay, que sí asistieron al encuentro, también expresaron su cuestionamiento a la legitimidad de Maduro, como ya lo habían demostrado ambos países en el Grupo de Lima, cónclave surgido en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA) con la finalidad de proponer medidas y mecanismos regionales para deponer al mandatario venezolano.

Al respecto, el jefe de Estado venezolano le pidió a ambos presidentes que pusieran "la fecha, el lugar y la hora" para "debatir de democracia, de libertades, de resistencia, de revolución".

Faller de nuevo en Colombia

Hace tres meses, cuando Faller estuvo en territorio colombiano, hubo un cruce de declaraciones entre Caracas y Bogotá, en el contexto de las tensiones entre ambos países y de las acusaciones mutuas de desestabilización a través de la acción de grupos armados ilegales y de organizaciones criminales.

En esa oportunidad, el mandatario colombiano publicó en su cuenta de Twitter que en el encuentro con Faller y con el embajador de EE.UU. en ese país, Philip S. Goldberg, ambos le expresaron "su interés por seguir profundizando cooperación entre las dos naciones".

Duque también escribió que su país era para EE.UU. "uno de los aliados más importantes de la región" para "garantizar la seguridad y la lucha contra el narcotráfico, así como una democracia respetuosa de los derechos humanos".

En respuesta, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de Venezuela (FANB) emitió un comunicado en el que expresó su preocupación por la llegada de Faller a Colombia, y afirmó que esta no respondía a "razones de cooperación bilateral en materia de seguridad", sino que era una acto de "injerencismo y provocación".

Cinco días después de esa visita, el helicóptero en el que viajaba el presidente colombiano fue atacado con disparos de fusil, cuando aterrizaba en el aeropuerto de Cúcuta, procedente del municipio de Sardinata, al norte de Santander. Toda la tripulación resultó ilesa y la Casa de Nariño señaló como responsable a un miembro de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que supuestamente estaría en suelo venezolano, sin ofrecer mayores pruebas de esas acusaciones.

Esta nueva visita reaviva una vieja polémica surgida en el país hace un año por la presencia del Comando Sur en Colombia, que ha sido una constante durante el Gobierno de Duque. 

Luego del anuncio hecho por el fallecido ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, de que una misión militar de EE.UU. operaría en Colombia para "combatir el narcotráfico", un grupo de senadores expresó su repudio por considerar que esta decisión vulneraba la soberanía y Constitución del país y que podría fortalecer la actuación los grupos armados paramilitares, como ya ha sido señalado en otras oportunidad por el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso. 

Tras esos señalamientos, el Tribunal Administrativo del departamento de Cundinamarca aprobó la suspensión de las actividades del Ejército estadounidense en territorio colombiano, a raíz de una tutela presentada por un grupo de congresistas, que manifestaron que la decisión había sido inconsulta e inconstitucional.

Publicado: 20 sep 2021

El primer ministro de Australia, Scott Morrison, el presidente de EE.UU., Joe Biden, y el primer ministro británico Boris Johnson, durante una reunión virtual, 15 de septiembre de 2021.Foto: Andrew Harnik / AP

El anuncio se realiza en medio del aumento de la influencia de China en la zona.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, el primer ministro británico Boris Johnson y el primer ministro de Australia, Scott Morrison, han anunciado este miércoles la formación de una nueva alianza de seguridad y cooperación en materia de defensa para el Indo-Pacífico.

La cooperación trilateral, que llevará el nombre de AUKUS, prevé que EE.UU. ayude a Australia con tecnologías necesarias para dotarse de submarinos de propulsión nuclear, argumentando la "estabilidad" en la región donde China va aumentando su influencia y capacidades militares.

"Todos reconocemos el imperativo de garantizar la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico a largo plazo", declaró Biden desde la Casa Blanca en una reunión virtual con sus homólogos.

Por su parte, Morrison aseguró que Australia seguirá cumpliendo con todas sus obligaciones de no proliferación nuclear y no va a poseer armas nucleares. Los submarinos en cuestión se construirán en Adelaida en una estrecha colaboración con EE.UU. y Reino Unido, agregó.

Johnson calificó el proyecto de los submarinos de propulsión nuclear para Australia como "uno de los más complejos y técnicamente exigentes del planeta", al sostener que su construcción hará del mundo un lugar más seguro.

La propulsión nuclear permitiría a los submarinos australianos moverse y operar sigilosamente y durante períodos más prolongados. Además de la cooperación naval, la nueva alianza también implicará colaboración en la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la cibernética.

Pese a que ninguno de los tres líderes mencionó si su iniciativa va dirigida contra algún país en particular, durante su presidencia, Biden ha buscado reorientar la política exterior de EE.UU. hacia el Pacífico, mientras que su Administración ha acusado a Pekín de ignorar las normas del mar de la China Meridional, lamentando que el Gobierno chino "no se ha enfrentado a ninguna consecuencia" por ello.

En ese sentido, desde China recuerdan que Washington no ha ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y, sin embargo, se considera a sí mismo como "un juez de la Convención, que señala con el dedo a otros países e interfiere arbitrariamente". Además, insisten en que Pekín siempre ha defendido el concepto de seguridad marítima común con el fin de lograr una cooperación mutuamente beneficiosa para todos.

Publicado: 15 sep 2021

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, el 4 de agosto de 2021Foto: Luis Cortes / Reuters

El próximo 18 de septiembre se celebrará la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

La próxima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), a celebrarse el próximo 18 de septiembre en México, podría definir el futuro de la Organización de Estados Americanos (OEA). 

México ostenta la Presidencia Pro Témpore de la CELAC y como anfitrión de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, propondrá la discusión sobre el destino de la OEA, frecuentemente criticada por la actitud sesgada de su secretario general, Luis Almagro, siempre proclive a defender los intereses de EE.UU.

"Tenemos que preparar para 2022 la propuesta que le vamos a hacer a EE.UU. y a Canadá de cuál sería el futuro distinto de la Organización de Estados Americanos", señaló este jueves el canciller mexicano, Marcelo Ebrard. 

Durante una conferencia de prensa realizada en la Embajada de México en Washington D.C., Ebrard detalló que intentarán llegar a un consenso sobre el futuro de la OEA, que responda a las interrogantes sobre si es necesario reformar. o reemplazar a la organización hemisférica.

"¿Qué rasgos tendría? ¿Cómo funcionaría? Eso va a ser el día 18 de septiembre", adelantó el ministro de Exteriores, quien aseguró que la propuesta final podría ser presentada a EE.UU. y Canadá durante el primer semestre de 2022

Contrapeso a la OEA

El pasado 24 de julio, previo a una reunión de la CELAC, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que buscaban diseñar un plan para sustituir a la OEA por un "organismo verdaderamente autónomo" que no fuese "lacayo de nadie"

El anuncio de López Obrador recibió el respaldo de los presidentes de Bolivia, Luis Arce; y de Venezuela, Nicolás Maduro. Por su parte, Colombia rechazó la propuesta, al considerar que la integración regional debe buscar relaciones "más estrechas" con EE.UU. y Canadá.

El pasado 24 de febrero, durante una visita oficial del presidente argentino Alberto Fernández a México, los Gobiernos de ambas naciones firmaron una declaración conjunta, en donde advirtieron del peligro de que la Organización de Estados Americanos se extralimite en sus alcances, como ocurrió en 2019 durante el proceso electoral en Bolivia. 

La postura de la OEA fue clave para elevar los niveles de presión por parte de la oposición boliviana, con una denuncia de "fraude" que nunca pudo comprobarse, y que precipitó el golpe de Estado contra Evo Morales.

Publicado: 9 sep 2021

Los científicos trabajan en una cueva en Indonesia.Griffith University / Reuters

El análisis mostró que la joven desciende de la primera ola de humanos modernos que llegó a Wallacea hace 50.000 años.

Los huesos de una cazadora adolescente que murió hace más de 7.000 años en la isla indonesia de Sulawesi ayudaron a los científicos a descubrir un grupo de humanos previamente desconocido.

"Hemos descubierto el primer ADN humano antiguo en la región insular entre Asia y Australia, conocida como 'Wallacea', que proporciona una nueva perspectiva de la diversidad genética y la historia de la población de los primeros humanos modernos en esta parte del mundo poco estudiada", manifestó Adam Brumm, coautor del estudio y profesor de Arqueología de la Universidad Griffith (Australia), en un correo electrónico citado por 9 News.

Los investigadores descubrieron el esqueleto de una mujer de entre 17 y 18 años en una cueva en Sulawesi en el 2015. Sus restos fueron enterrados en un sitio arqueológico llamado 'Leang Panninge' hace 7.200 años. La adolescente era parte de la cultura Toalean, cuyos rasgos solo están presentes en Sulawesi. 

"Los 'toaleanos' es el nombre que los arqueólogos han dado a una cultura bastante enigmática de cazadores-recolectores prehistóricos que vivieron en las llanuras boscosas y montañas del sur de Sulawesi entre hace unos 8.000 años y aproximadamente el siglo V d. C.", explicó Brumm. "Hicieron herramientas de piedra muy distintivas (incluidas puntas de flecha diminutas, finamente elaboradas y conocidas como 'puntas de Maros') que no se encuentran en ningún otro lugar de la isla o en Indonesia en general", recalcó el investigador. 

Los científicos pudieron recuperar ADN del hueso petroso en la base del cráneo de la joven para establecer una descendía de la primera ola de humanos modernos que ingresó a Wallacea hace 50.000 años. Esto fue parte de la colonización inicial de la "Gran Australia", o la masa continental combinada de Australia y Nueva Guinea. Son los antepasados ​​de los indígenas australianos y papúes actuales, explicó Brumm.

"Anteriormente, se pensaba que la primera vez que las personas con genes asiáticos entraron en Wallacea fue hace unos 3.500 años, cuando los agricultores de habla austronesia del Neolítico de Taiwán atravesaron las Filipinas y llegaron a Indonesia", contó la investigadora. "[Este hallazgo] sugiere que podría haber habido un grupo distinto de humanos modernos en esta región del que realmente no teníamos idea hasta ahora, ya que los sitios arqueológicos son muy escasos en Wallacea y los restos de esqueletos antiguos son raros", dijo. 

El estudio de Brumm y sus colegas fue publicado este miércoles en la revista Nature.

Publicado: 26 ago 2021 09:22 GMT

Comunicado sobre la propuesta de amnistía general del Álvaro Uribe Vélez

Frente a la propuesta del expresidente Álvaro Uribe de una “amnistía general” y un “borrón y cuenta nueva” para Colombia, queremos recordar lo siguiente:

1. La base de la posición del Gobierno Nacional en las negociaciones en La Habana con las FARC-EP, y en el proceso de paz en general, fue el rechazo tajante a una amnistía general y la priorización de los derechos de todas las víctimas en el marco del fin del conflicto. Queremos reiterar ese rechazo. Desde la firma del Acuerdo General en agosto de 2012, se dijo que las víctimas estarían en el centro del Acuerdo y esa ha sido hasta hoy nuestra estrella polar. Una amnistía general como propone Álvaro Uribe daría al traste con la investigación y juzgamiento de los principales responsables de las graves violaciones. Y con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.

2. En realidad, la discusión sobre la posibilidad de una amnistía general se cerró hace al menos nueve años -si no antes, con la jurisprudencia de las Cortes-, cuando el Congreso de la República, presidido por el Partido Conservador, expidió el Acto Legislativo No 1 de 2012: el llamado “Marco Jurídico para la Paz”. En ocho intensos debates “en frío”, sin la presión de las negociaciones, el Congreso buscó un equilibrio entre la necesidad de facilitar la terminación del conflicto y la mayor garantía posible de los derechos de las víctimas. El Marco establece -siguiendo las recomendaciones del Secretario General Kofi Annan al Consejo de Seguridad-, que una combinación de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial permitirá “garantizar los deberes estatales de investigación y sanción”.

3. En particular, esta norma constitucional permite la selección de los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, para que sean investigados y juzgados, y autoriza la renuncia condicionada a la acción penal para quienes no sean seleccionados. El Marco Jurídico delimita su ámbito de aplicación a quienes participaron en el conflicto armado interno y de manera expresa extiende este tratamiento “a los agentes del Estado, con relación a su participación en el mismo”. En su primer enunciado el Marco deja claro que estos instrumentos tienen carácter excepcional, restringido a quienes, de nuevo, participaron en el conflicto.

4. El Gobierno negoció en La Habana partiendo de este marco constitucional. En enero de 2015, en uno de los momentos más difíciles en los casi cinco años de negociaciones, les explicamos a puerta cerrada al Secretariado de las FARC-EP que esa era no solo la
posición del Gobierno Nacional, sino lo que exigía la realidad política y jurídica del siglo XXI: “no puede haber y no habrá amnistía general. Punto.”

5. Enumeramos una a una las restricciones. Colombia había suscrito el Estatuto de Roma y desde el 2002 estaba obligada a investigar y sancionar los crímenes de guerra y lesa humanidad, a riesgo de que interviniera directamente la Corte Penal Internacional. (Colombia está aún en un “examen preliminar”, que pende sobre los resultados del proceso actual.) La Corte Interamericana de Derechos Humanos había ordenado la derogación de las leyes de amnistía en América Latina, de Uruguay a El Salvador. La Constitución Política y la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Corte Suprema exigían la investigación y sanción de estos crímenes. Y, ante todo, los colombianos y las víctimas en particular, esperaban que el fin del conflicto se lograra con justicia y verdad. En lo posible, teníamos que estar a la altura de sus expectativas.

6. Propusimos en esa reunión que esos crímenes fueran investigados y sancionados por un tribunal especial, ante el cual las FARC-EP iban a tener que comparecer. Esa discusión -inédita con una guerrilla- concluyó más tarde en la creación del JEP. A su vez, la JEP hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, que busca asegurar la satisfacción más amplia de los derechos de las víctimas, combinando instrumentos judiciales con extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad. Cualquier discusión sobre impunidad en una transición a la paz tiene que partir del grado de satisfacción de esos derechos en su conjunto, de manera “interrelacionada”, como dice el Acuerdo Final.

7. Los primeros resultados del Sistema Integral son promisorios. En territorios como Caicedo y Sonsón en Antioquia, Ortega y Roncesvalles en el Tolima, Palestina en el Huila, Caldono en Cauca, Miravalle en Caquetá, y en ciudades como Tumaco, Popayán, Valledupar y Riohacha, entre otras, se han hecho ya importantes actos de reconocimiento de responsabilidad y de verdad entre los perpetradores y las comunidades, impulsados por la Comisión de la Verdad o en audiencias de la JEP. Y la JEP ha logrado en un tiempo razonable, en comparación con tribunales similares, imputar a guerrilleros y agentes del Estado por gravísimos crímenes de lesa humanidad que convulsionaron a Colombia, y hacer a la vez una contribución definitiva a la verdad. Son los propios mandos guerrilleros y nuestros propios oficiales y suboficiales los que están hablando.

8. Nunca antes una guerrilla había aceptado comparecer ante un tribunal y reconocer su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ni tampoco habían aparecido miembros de fuerzas militares, luego de un conflicto, dispuestos a contarles a los jueces la verdad de lo que pasó y a someterse a penas alternativas. No pasó en Sur África, ni en ninguna otra parte. La (hasta hace poco) Fiscal de la Corte Penal Internacional ha dicho que Colombia demuestra que es posible hacer un proceso de paz bajo los parámetros del Estatuto de Roma, mientras que especialistas en negociación afirman que Colombia resolvió el problema que los aquejaba desde hace treinta años: cómo superar el dilema entre la justicia y la paz.

9. La propuesta de Álvaro Uribe de una amnistía general pretende derrumbar este edificio, que Colombia ha construido con tanta dificultad. Los primeros damnificados, además de las víctimas por supuesto, serán los miembros de las Fuerzas Militares y otros agentes del Estado que participan hoy en el proceso transicional y que verán cómo se esfuma con esta propuesta su seguridad jurídica. No hay doctrina más sólida en el derecho internacional en materia de amnistías que la prohibición de la autoamnistía, que es lo que conlleva cualquier amnistía general.

10. El Marco Jurídico para la Paz, por el contrario, logró un equilibrio, permitiendo la suspensión condicionada para los agentes del Estado de la acción penal en los casos de menor responsabilidad. Esa posibilidad no existía para agentes del Estado, como sí para las guerrillas, que podían beneficiarse de una amnistía por el delito político de rebelión y delitos menores asociados al conflicto. Y el Acuerdo Final extendió, en razón del fin del conflicto, un tratamiento simétrico pero diferenciado a los agentes del Estado en la JEP, cuando en circunstancias ordinarias la responsabilidad de quienes portaron las armas en defensa de los ciudadanos y la Constitución es mayor. Este tratamiento está condicionado a la satisfacción de los derechos de las víctimas y al cumplimiento de una sanción.

11. Queda el asunto del expresidente Uribe. En La Habana tomamos la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Pero eso no quiere decir que el expresidente no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral dentro del respeto que merecen. Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación. Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las FARC según los lineamientos de la Corte Constitucional, así como ha apoyado la participación en su propio partido de líderes guerrilleros como Ever Bustamante o Rosenberg Pabón, parte de la cúpula del M-19 y responsables por tanto de crímenes atroces por los que nunca han respondido.

12. Lo mismo debería hacer la izquierda, ahora que Petro se une a las voces de apoyo a una amnistía general. En lugar de estar promoviendo la impunidad, deberían estar acudiendo a la Comisión de la Verdad o, si es el caso, a la JEP, a explicar por ejemplo la relación entre le Partido Comunista Colombiano y los crímenes cometidos por las FARC-EP. Es la hora de la responsabilidad. No hay otro camino para Colombia que avanzar hacia la reconciliación sobre la base de la justicia y la verdad.

Humberto De la Calle Sergio Jaramillo
Ex Jefe de la Delegación del Ex Alto Comisionado para la Paz
Gobierno Nacional en La Habana

 Marines de Estados Unidos brindan asistencia durante una evacuación en el aeropuerto internacional de Kabul, Afganistán, el viernes pasado. Foto Afp

Detrás del desastre muy cantado de Estados Unido y la OTAN en Afganistán (https://bit.ly/3sBYqam) se encuentra el velo de las enormes ganancias circulares del Pentágono y la bancocracia de Wall Street, además de las pletóricas reservas de "tierras raras" y litio (https://bit.ly/3B5R8Pr).

Al contrario de la revista globalista británica The Economist –que disminuye a la mitad los costos de la guerra en Afganistán y que promovió el narconeoliberalismo-militarizado (https://econ.st/3kgt3hN)–, la Universidad Brown de Estados Unidos publicó, tres meses y medio antes de la humillante caída de Kabul, la cuantiosa "inversión" de Estados Unidos durante 20 años aparentemente "estériles", que ascienden a 2.26 millones de millones de dólares (trillions en anglosajón) que fueron desglosados de la siguiente manera :1) 933 mil millones para los gastos militares; 2) pago de 530 mil millones de "intereses" (¡mega-sic!) del "préstamo" para su guerra; 3) 443 mil millones de "incrementos" a la base presupuestal del Pentágono; 4) 296 mil millones para "cuidado de veteranos de guerra", y 5) 59 mil millones del presupuesto del Departamento de Estado (https://bit.ly/3sDGaOc).

Los "costos del proyecto de guerra" en Afganistán estiman que "241 mil personas han muerto como resultado directo de esta guerra" y "constituyen una parte (¡mega-sic!) de los costos más amplios de las guerras (sic) de Estados Unidos después del 11 de septiembre" que "se extienden a Irak, Siria, Yemen, Somalia y otros lugares".

Así, resulta que el complejo-militar-industrial de Estados Unidos y sus "guerras eternas" practican la "economía/finanzas de guerra" y la destrucción nihilista de los países que invade.

Estas cifras perturbadoras contrastan con el PIB nominal de Afganistán –casi 20 mil millones de dólares, según el FMI–, uno de los países más pobres del planeta con ingresos de menos 2 dólares al día de 90 por ciento de su población (https://bit.ly/3zaWCaQ), sin contar su primer lugar global en mortalidad infantil, pese a ostentar en sus entrañas pletóricas reservas de "minerales de tierras raras" y litio.

En un escrutinio expedito, se deduce que la "industria de defensa" de Estados Unidos –con sus célebres empresas Raytheon, Lockheed Martin, General Dynamics, General Electric, Northrop Grumman, Boeing– descolgaron pantagruélicas ganancias, al unísono de los cuantiosos ingresos financieros por "intereses" (sic) de la bancocracia de Wall Street.

No aparecen tramposamente los beneficiarios del pago de "intereses" por el préstamo de guerra ni los "costos" o "ganancias" de los numerosos "contratistas" ni de los 6 mil paramilitares/mercenarios "privados" de la estadunidense Blackwater/Academi/Xe Services LLC (https://bbc.in/2W34o87) y la británica G4S (https://bit.ly/37W49i0).

Quien invirtió 10 mil dólares en acciones bursátiles de la industria de defensa de Estados Unidos de sus principales cinco empresas hace 20 años, obtuvo hoy jugosas ganancias por casi 100 mil dólares (https://bit.ly/2UBmEoK).

Hace 11 años, The New York Times, con base en un memorándum interno del Pentágono, publicó que Afganistán posee inmensas reservas que lo podrían convertir como la "Arabia Saudita del Litio" (https://nyti.ms/3gn2arw).

En ese entonces –cuando el general David Petraeus, comandante del CentCom de Estados Unidos se extasiaba de sus cantidades "inmensamente significativas"– se calculaba su valor en un millón de millones (one trillion, en anglosajón). Hoy, 11 años más tarde, la cotización del litio se ha disparado (https://bit.ly/3B0Yrb8).

Ahora, el mayor temor de Estados Unidos se (con)centra en la "santa alianza minera" de los talibanes y China (https://bit.ly/3gmp6XO), con el fin de explotar las pletóricas reservas de "minerales en tierras raras" (https://bit.ly/3B1Dtsx) en Afganistán, indispensables para las aplicaciones de las nuevas tecnologías militares, espaciales y computacionales.

La nueva "geopolítica de las tierras raras" en el siglo XXI expone la gran vulnerabilidad de Estados Unidos frente a China cuando las reservas de "tierras raras" en Afganistán tendrían hoy un valor de 3 millones de millones de dólares. Quizá esa haya sido la peor derrota allí de Estados Unidos.

www.alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

https://t.me/AJalife

https://www.youtube.com/channel/UClfxfOThZDPL_c0Ld7psDsw?view_as=subscriber

Gerardo Blyde Pérez, Dag Nylander y Jorge Rodríguez firman el memorando de entendimiento durante un reunión en la Ciudad de México, 13 de agosto de 2021.

 

 

Las partes afirmaron haber mantenido "reuniones constructivas" este fin de semana.

Representantes del Gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición de Venezuela acordaron celebrar una nueva ronda de conversaciones entre el 3 y el 6 de septiembre, según se desprende de un comunicado difundido en Twitter por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Noruega, país que ejerce como mediador en el diálogo.

Las partes también confirmaron haber "sostenido reuniones constructivas" los días 14 y 15 de agosto e informaron "haber discutido el establecimiento de un mecanismo de consulta con actores políticos y sociales que sea lo más incluyente posible".

Este viernes en México se inició la primera ronda de diálogo entre voceros del Gobierno de Nicolás Maduro y representantes del sector radical de la oposición. Las partes firmaron un memorando de entendimiento para confirmar su disposición al diálogo.

Las conversaciones contaron con la participación de Jorge Rodríguez (representando al Gobierno de Nicolás Maduro), Gerardo Blyde (jefe de la delegación opositora de la Plataforma Unitaria de Venezuela) y los mediadores Marcelo Ebrard (canciller de México) y Dag Nylander, del Centro Noruego para la Resolución de Conflictos. 

Publicado: 16 ago 2021

Guatemala: continúan las protestas contra el presidente Alejandro Giammattei

Miles de guatemaltecos volvieron a las calles repudiando la repentina destitución del reconocido fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval, el mal manejo de la pandemia y la escasa cantidad de vacunas.

 

La fiscalía de Guatemala ordenó la detención del exalcalde de Mixco, Otto Pérez Leal, hijo del encarcelado expresidente Otto Pérez Molina. Pérez Leal es señalado por delitos de conspiración, asociación ilícita y abuso de autoridad con propósito electoral, malversación de fondos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había pedido al gobierno priorizar la lucha contra la corrupción mientras en el país miles de guatemaltecos volvieron a las calles este viernes para exigir la renuncia del presidente Alejandro Giammattei y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras, tras la repentina destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval, reconocido en el país centroamericano por haber trabajado junto a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) que llevó a que el expresidente Pérez Molina fuera detenido por corrupción.

Exalcalde detenido

Otto Pérez Leal, exalcalde del municipio de Mixco fue detenido este viernes acusado de varios delitos, informó la fiscalía de Guatemala. "La fiscalía inició la investigación luego de conocer la denuncia presentada por la Contraloría General de la Nación", el ente fiscalizador del Estado. "Las órdenes de aprehensión solicitadas contra las personas señaladas son por los delitos de conspiración, asociación ilícita, abuso de autoridad con propósito electoral, peculado por sustracción, malversación, incumplimiento de deberes y encubrimiento propio", afirmó la fiscalía. Pérez Leal utilizó más de 81 mil dólares para beneficiarse personalmente y al desaparecido Partido Patriota (PP) en las elecciones de 2015, precisó.

Además de Pérez Leal fueron capturadas otras tres personas de su administración en Mixco (2012-2016), un municipio al oeste de la capital guatemalteca. Está pendiente la detención de la exdiputada Stella Alonzo (2016-2020), esposa del exalcalde. El padre de Pérez Leal, Otto Pérez Molina (2012-2015) renunció a su cargo cuatro meses antes de finalizar su mandato luego de haber sido señalado por la fiscalía guatemalteca y la CICIG por encabezar una red de corrupción en las aduanas. El expresidente está en prisión desde 2015 a espera de un juicio. Otros integrantes de su gobierno, como la exvicepresidenta Roxana Baldetti y varios de sus ministros están también en la cárcel por actos de corrupción. La CICIG llevó al desmantelamiento de al menos 60 estructuras de corrupción dentro del Estado.

Pedido de la CIDH

Mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió el viernes a Guatemala a priorizar la lucha contra la corrupción, cuando en el país centroamericano la ciudadanía volvió a las calles con movilizaciones y cierres de calles en rechazo de la destitución del exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) Juan Francisco Sandoval y en reclamo al mal manejo que tiene el gobierno de Giammattei de la pandemia de covid-19. Los manifestantes piden la renuncia del mandatario y de la fiscal general y jefa del ministerio Público, Consuelo Porras.

Mile de guatemaltecos volvieron a movilizarse este viernes en diferentes puntos del país centroamericano. Es el segundo día manifestaciones en esta semana. La convocatoria fue impulsada por las autoridades ancestrales indígenas de Guatemala, organizaciones indígenas, Comité de Desarrollo Campesino y Comité Campesino del Altiplano, que también pidieron la renuncia del mandatario, señalado por promover la impunidad. También se sumó a las movilizaciones la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) de la estatal y autónoma Universidad de San Carlos, así como la asociación estudiantil Landivarianos, de la privada y jesuita Universidad Rafael Landívar (URL).

Las manifestaciones se extendieron por todo el país, en las calles de las zonas urbanas y en la capital, con bloqueos, bailes y consignas de apoyo a Sandoval, removido de su cargo el pasado 23 de julio, pese a ser reconocido por su trabajo como fiscal anticorrupción. El exfiscal de la FECI tuvo que salir del país para resguardar su vida.  "Considero que Giammattei es corrupto y tan corrupto es que tiene tomado el MP, una institución que debe ser independiente", afirmó Sandoval entrevistado este viernes por el canal NTN24.

Juan Francisco Sandoval al mando de la FECI y en compañía de la exfiscal general Thelma Aldana (2014-2018) y el colombiano Iván Velásquez titular de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), imputó desde 2015 a la fecha a más de 200 personas entre ministros, diputados, funcionarios, miembros de la élite empresarial, además de presidentes y expresidentes.

06/08/2021

ferrAn de vargas

 Inaugurados el viernes pasado los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, leemos, escuchamos y vemos mucha información sobre una sociedad tan desconocida en nuestro país como la japonesa. Para deshacer algunos de sus mitos y conocer los aspectos más políticos de Japón, hablamos con Ferran de Vargas, doctor en traducción y estudios interculturales, máster en estudios de China y Japón y especialista en política y estudios culturales en Asia oriental y especialmente en Japón y que ha publicado recientemente el libro ‘Izquierda y revolución. Una historia política del Japón de posguerra (1945 a 1972)’.

 

Hace una semana se inauguraron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, en Japón. Leemos, escuchamos y vemos mucha información deportiva, pero también, quizás por primera vez en mucho tiempo, nos llegan noticias sobre una sociedad y una cultura tan desconocida en nuestro país. Aunque pueda parecer lo contrario por la cantidad de anime (dibujos japoneses), suhsi y ramen que consumimos.

Para huir de los mitos occidentales sobre Japón y entender mejor la sociedad japonesa más allá de los tópicos, hemos hablado con Ferran de Vargas (Barcelona, 1989). De Vargas es doctor en traducción y estudios interculturales, máster en estudios sobre China y Japón y especialista en política y estudios culturales en Asia oriental y especialmente en Japón. De Vargas ha estudiado cómo se conjugan los movimientos sociales con el arte y especialmente en cómo todos estos movimientos influyeron en la izquierda japonesa, la otra gran desconocida de Japón.

De Vargas ha publicado recientemente uno de los pocos libros, si no el único, donde se trata la historia de la aparición y la caída de la izquierda japonesa. Izquierda y revolución. Una historia política del Japón de posguerra (1945-1972) abarca la historia política de Japón desde 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, hasta el 1972. Un periodo donde la izquierda japonesa fue la gran protagonista.

El libro forma parte de la Colección Estudios Japonesas de Edicions Bellaterra y ha sido financiado por el Centre d’Estudis i Recerca sobre Àsia Oriental, con el apoyo del Grup de Recerca GREGAL. En él se habla de la evolución de la izquierda japonesa y de su papel a través de diferentes hechos históricos, prácticamente desconocidos en España y en todo occidente. Ocupaciones de fábricas y empresas durante la posguerra; el Partido Comunista enviando guerrillas a las montañas para intentar sublevar a los campesinos siguiendo el ejemplo de la revolución maoísta; la movilización de masas más grande de la historia japonesa contra el Tratado de Seguridad entre EEUU y Japón; o las grandes luchas del 68 japonés, olvidadas siempre cuando se habla de 1968 desde occidente, con masivas movilizaciones contra la Guerra de Vietnam.

O como la llaman en Vietnam, la Guerra Americana. Después de todo, tal como explica De Vargas, Japón fue durante muchos años, el lugar del mundo con más bases americanas.

"La motivación principal del libro fue contrarrestar la imagen que tenemos habitualmente de Japón", explica De Vargas. Principalmente los tópicos occidentales en torno a la sociedad japonesa, como pueden ser el hecho de ser una sociedad conservadora, sumisa, pasiva o poco politizada. "Japón, dependiendo del momento histórico, demuestra todo lo contrario", afirma el autor del libro.

Para De Vargas, era importante hacer este libro porque varias generaciones de jóvenes han crecido con el anime o más recientemente con la gastronomía o el cine japonés. Esto, explica De Vargas, "ha sido una puerta de entrada a la cultura japonesa muy despolitizada". Aunque, como explica el autor, Japón fue el epicentro del marxismo en Asia (todas las obras que influyeron en el maoísmo fueron primero traducidas al japonés y después al chino).

Mitos de un país desconocido

Cuando se trata de hablar de mitos occidentales, Japón se lleva el pleno. "Lo primero que me viene a la cabeza es eso que alguien se inventó de la huelga a la japonesa. Incluso cuando hacen huelga se supone que trabajan más. Es un mito totalmente falso", explica de Vargas. De hecho "es un mito con sus orígenes aquí, desconocido totalmente en América Latina o el mundo anglosajón".

Otro mito de la sociedad japonesa es la supuesta tendencia a la armonía y la no confrontación de los japoneses. De Vargas matiza en este caso. Mientras hay una parte de cierto en ello, realmente se magnifica más de lo que es en realidad. "Es cierto que cuando vas a Japón experimentas menos conflicto social cotidiano con la gente, pero hay otras formas de expresar el descontento y la no conformidad".

En Japón, explica el autor del libro, "se han visto episodios donde los japoneses, como cualquier otra cultura, o incluso con formas más radicales, demuestran su disconformidad de forma violenta cuando ha sido necesario". Las imágenes de las manifestaciones japonesas con los cascos y los largos palos para enfrentarse a la policía es, seguramente, de las más conocidas por aquellas personas interesadas en el país nipón. Japón, reconoce De Vargas, "es una sociedad de muchos contrastes con, a veces, muy pocos matices".

Otro de los grandes mitos sobre Japón, afirma De Vargas, es que es un país conservador. Esto en realidad, como en cualquier otro lugar del mundo, siempre ha dependido del momento histórico. "Si se ha vendido en occidente a Japón como un país conservador, ha sido por intereses políticos o geoestratégicos". En los EEUU, afirma De Vargas, le convino mucho que Japón fuera un país conservador. "Puso muchos recursos y dinero para que en Japón gobernara la derecha".

Unos Juegos poco populares

El buen recuerdo de los Juegos Olímpicos de Tokio 1964 ha persistido durante todos estos años. Pero el Japón actual no tiene nada que ver con el de aquella época. En 1964 hacía pocos años que había salido de la posguerra y no existía aún la crítica al modelo olímpico y lo que conlleva en términos de especulación y destrucción del territorio.

Ahora, afirma De Vargas, Japón hace tiempo (desde los años 90) que está en un periodo de decadencia, del que todavía no se ha recuperado. Esto ha hecho que estos Juegos Olímpicos, y más tras el desastre de Fukushima, "se estén viviendo con mucho escepticismo". "Había una cierta ilusión al principio", pero con la crisis sanitaria mundial, y también por diversas polémicas que han rodeado los Juegos, "esto se ha ido disipando a medida que se acercaba la fecha de inauguración". "La población japonesa está mayoritariamente en contra de los JJOO", afirma De Vargas. Además, el Gobierno "no ha gestionado muy bien la crisis sanitaria. Han ido bastante lentos en todo. Actualmente todavía hay muy poca gente vacunada".

Los JJOO por otra parte, han sido salpicados por varias polémicas sexistas, a las que se le han sumado las dos últimas. La dimisión del compositor de la música de la ceremonia de inauguración, después de que se descubriera una antigua entrevista en que admitía haber realizado acoso escolar a discapacitados. Y la última dimisión el pasado 22 de julio, de uno de los directores artísticos de la ceremonia inaugural para bromear sobre el holocausto.

De Vargas sitúa el interés de acoger los Juegos por parte del Partido Liberal Democrático de Japón (jiyu-Minshuto, abreviado PLD) -derecha conservadora en el poder desde hace tiempo- en el hecho de querer aprovechar un momento de euforia nacional "para intentar imponer su principal objetivo, que es cambiar la Constitución. Concretamente el artículo 9, el cual no permite a Japón tener un ejército convencional". "La sociedad japonesa está bastante dividía en este punto y se necesitan dos terceras partes de ambas cámaras, la alta y la baja, para hacer esta reforma". Al PLD le faltan las dos terceras partes de la cámara alta. "Tenían la intención de aprovechar toda la euforia olímpica para volver a ganar las elecciones y conseguir las dos terceras partes en las dos cámaras". Esto, argumenta De Vargas, es también lo que quieren los EEUU, "un Japón con un ejército fuerte para tener un aliado en la zona en un momento que China comienza a ser una amenaza".

La respuesta a los JJOO por parte de la sociedad japonesa ha sido sorprendente según De Vargas. "Ha habido un cierto movimiento, teniendo en cuenta lo dormida que está la sociedad japonesa, con un par de episodios que incluso han salido en los medios de comunicación". Pueden parecer cosas menores, afirma el especialista, pero tratándose de Japón, "que hayan intentado apagar la llama olímpica", muestra un rechazo a los Juegos probablemente mayor de lo que se puede percibir. "Desde el 2019 ha habido movimientos organizados, que a pesar de no ser masivos, se han opuesto a los JJOO".

De Vargas recuerda que actualmente todavía hay mucha gente sin casa a causa del tsunami que mató alrededor de 20.000 personas en 2011. "La gente todavía no tiene casa y esto ha sido un fuerte contraste con todo el dinero que se han gastado en los Juegos". Después de todo, Tokio 2021 serán los JJOO más caros de la historia.

Barcelona

28/07/2021 16:24 Actualizado: 30/07/2021 08:53

Por Manel Ros

Biden anunció nuevas sanciones en contra del gobierno cubano.. Imagen: AFP

La Cancillería de la isla rechazó las "calumniosas" medidas de los Estados Unidos

Aunque el demócrata dijo que analiza posibles cambios para mejorar la situación humanitaria de la isla, el primer anuncio concreto sólo incluyó castigos.

 

El presidente estadounidense Joe Biden anunció este jueves nuevas sanciones contra el gobierno de Cuba. El canciller cubano, Bruno Rodríguez rechazó las “calumniosas” medidas y dijo que Estados Unidos debería atender la represión y violencia social que sucede en su propio territorio. A su vez el diplomático exigió pruebas de las acusaciones hechas por el gobierno estadounidense.

Bloqueo y más sanciones

La administración Biden anunció que el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, Álvaro López Miera, y la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior cubano (MININT), fueron incluidos en una lista prohibitiva de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro, lo cual no le permitiría acceder al sistema financiero estadounidense. La OFAC congeló las propiedades e intereses de López Miera, así como de la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior de Cuba, señalándolos de abusos de los derechos humanos en el marco de las manifestaciones

Las sanciones contra López Miera y la unidad especial del MININT congelan todos los activos e intereses que tengan en Estados Unidos, y también prohíben que cualquier ciudadano, residente o entidad estadounidense hagan transacciones con ellos. Sin embargo, el impacto de las sanciones de Washington es limitado porque el MININT en su conjunto ya estaba en la lista de la OFAC y López Miera probablemente no tenga activos bajo jurisdicción estadounidense. Consultado al respecto, el portavoz del Departamento de Estado de EE.UU. , Ned Price, admitió que esto era "en gran parte para enviar un mensaje" a Cuba. Más tarde en conferencia de prensa, el canciller cubano afirmó que López Miera no tiene cuentas en Estados Unidos y tampoco interés en viajar a ese país.

Biden y la OEA

"Esto es solo el comienzo: Estados Unidos seguirá sancionando a los responsables de la opresión del pueblo cubano”, amenazó Biden en referencia a las sanciones anunciadas este jueves y que afectan específicamente al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y a la Brigada Nacional del Ministerio del Interior. “De manera inequívoca condeno las detenciones masivas y los falsos juicios que injustamente condenan a prisión a aquellos que se atreven a hablar en un esfuerzo por intimidar y amenazar al pueblo cubano para que se mantenga en silencio. El pueblo cubano tiene el mismo derecho a la libertad de expresión y la protesta pacífica que cualquier otro pueblo”, sostuvo el mandatario norteamericano.

"Estados Unidos apoya a los valientes cubanos que han salido a las calles para oponerse a 62 años de represión bajo un régimen comunista", agregó Biden en un comunicado. Mientras que, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, defendió las nuevas sanciones contra Cuba. “El Tesoro continuará aplicando sus sanciones relacionadas con Cuba, incluyendo las impuestas hoy, para apoyar al pueblo de Cuba en su búsqueda de la democracia y el alivio del régimen cubano”, aseguró Yellen.

Biden además se comprometió a trabajar junto a la Organización de Estados Americanos (OEA) para "presionar al régimen para que libere de inmediato a los presos políticos detenidos injustamente, restablezca el acceso a internet y permita que los cubanos disfruten de sus derechos fundamentales".

La doble vara de EE.UU.

La respuesta del gobierno de Cuba no se hizo esperar. El canciller Bruno Rodríguez señaló que Estados Unidos "debería aplicarse a sí mismo la Ley Global Magnitsky por los actos de represión cotidiana y brutalidad policial que costaron 1.021 vidas en 2020", en referencia a la ley sobre la que se basa EE.UU. para imponer las nuevas sanciones contra las autoridades de la isla, que se suman a las más de 200 impuestas por el gobierno del republicano Donald Trump.

Ante las nuevas medidas contra la isla, el jefe de la diplomacia cubana le reprochó al gobierno estadounidense su doble discurso humanitario y  la falta de voluntad de la administración de Biden para eliminar el bloqueo económico así como otras medidas de presión que afectan a la sociedad de Cuba, especialmente la eliminación del tope y las limitaciones a las remesas, la reactivación de las visas de reunificación familiar y de los viajes a la isla. La Casa Blanca de Donald Trump (2017-2021) prohibió en noviembre del año pasado el envío de remesas a Cuba, una medida con la que EE.UU. aumentó rápidamente el ahogo económico a la isla y que Biden mantiene intacta tras seis meses en el poder. "Si al Gobierno de Estados Unidos le preocupara el bienestar del pueblo cubano pondría fin al bloqueo con que intenta asfixiarnos, a las acciones ilegales de injerencia en los asuntos internos de Cuba y a las campañas de desinformación para justificar con mentiras sus medidas de agresión", aseguró el canciller en un comunicado.

Más tarde Rodríguez habló en conferencia de prensa donde rechazó las acusaciones del gobierno de Joe Biden al tiempo que le exigió pruebas de los señalamientos hechos por la administración estadounidense. "Se han publicado listas de personas desaparecidas, aquí declaro que son absolutamente falsas y rechazo que haya un solo caso", afirmó el diplomático. "Emplazo a las personas que se han referido a eso que presenten nombres, lugares, evidencia", agregó.

Respecto a las acusaciones de la Casa Blanca sobre el acceso a Internet en la isla, Rodríguez aseguró que "el obstáculo principal a la conectividad de los ciudadanos cubanos a Internet es el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, es la manipulación extrema de las redes digitales".

El jefe de la diplomacia también se refirió a las acusaciones del gobierno de Biden sobre las remesas. "Miente desvergonzadamente el gobierno de los EE.UU. cuando dice que el gobierno cubano se apropia de parte de las remesas. Las remesas no se gravan, no hay impuestos, no hay aranceles. Quien fija una comisión de servicio no es el gobierno cubano, es la compañía Western Union", afirmó Rodríguez que reiteró el pedido de pruebas sobre estas acusaciones.

22/07/2021

Página 1 de 13