"La escasa agua potable es el recurso que define este siglo": estos son los inversores que empiezan a comprar el 'nuevo crudo'

Estados Unidos y Australia son los países del mundo donde la venta de agua es más activa.

Para el año 2050 se pronostica que, debido a la incidencia del calentamiento global, la mitad de la población humana vivirá en regiones concentradas en torno a las reservas de agua.

La carencia de reservas de agua ya es palpable incluso en algunas zonas del los países desarrollados, donde el mercado financiero ha llegado a reaccionar enviando señales de aviso para que la gente deje de dar por sentado el acceso al agua.

La oleada de calor y los incendios forestales en Estados Unidos del verano de 2020 fueron vistos como una oportunidad en Wall Street: en diciembre, CME Group y Nasdaq lanzaron un nuevo contrato de futuros —Nasdaq Veles California Water Index Futures—, que permite a los granjeros, fondos de cobertura y municipalidades protegerse contra los potenciales futuros saltos de precios del agua en California.

Mientras se barajan las mejores opciones para asegurar la conservación de un recurso indispensable para la vida en el planeta, dos posiciones encontradas gobiernan las discusiones: la de aquellos que insisten que el acceso al agua potable es un derecho esencial de los humanos y debe ser pagado por el Estado, y la de quienes optan por modelos de gestión y propiedad privada.

Matthew Diserio, presidente y cofundador de Watter Asset Management, que invierte tanto en activos físicos de agua como en valores temáticos, asegura que "la escasa agua potable es el recurso que define este siglo, al igual que el petróleo y el gas definían el previo", informa The Financial Times.

La venta de agua tiene sus limitaciones y el peso y la ubicación son algunas. "Poseer un iceberg en Groenlandia no les hará rico, pero tenerlo en Reno, Nevada [EE.UU.] sí lo hará", explica Christopher Gasson, director ejecutivo de la revista Water Intelligence.

A la vanguardia del mercado 

EE.UU. y Australia son los países donde la venta de agua es más activa. En la cuenca del Murray-Darling, en Australia, se ha formado un mercado valorado en 2.000 millones de dólares al año (1.460 millones de dólares estadounidenses). A los granjeros se le asigna un volumen de agua fluvial que pueden usar o vender. El precio de agua depende de los precios de productos agrícolas y de las condiciones climáticas.

Publicado: 12 nov 2021

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La inflación ha muerto, larga vida a la inflación

La devaluación del dinero ha sido presentada como la peor enfermedad de la economía de mercado. Pero, en esta década, el miedo a la inflación parece un residuo de los años de dominio neoliberal.

 

Las fuertes sacudidas de los precios a nivel global desde que comenzó la reactivación económica escalonada en la inmensa mayoría de los países de Europa, Asia y América, no dejan lugar a dudas: vuelve nada menos que la inflación. La inflación fue la bête noîre del neoliberalismo ascendente de los años ochenta y, a la vez, a lomos del caballo de la inflación fue como ese mismo neoliberalismo noqueó definitivamente a los gobiernos keynesianos que fueron objetivo primordial de su ofensiva. Cosa que no quita que le llevase muchísimos más años noquear a los estados keynesianos que esos mismos gobiernos construyeron durante los años de la posguerra mundial. 

En la ortodoxia liberal la inflación es la peor enfermedad que puede aquejar a la economía de mercado: la devaluación del dinero. Y con ella, algo mucho más importante: la devaluación de las posiciones de poder de los propietarios de dinero. La inflación plantea una contradicción siempre a las aspiraciones de construcción del homo economicus individualista, autosuficiente y racional del liberalismo porque implica aclarar de una vez por todas la confusión entre la buena y la mala moneda, posibilidad de confusión que aterraba al liberalismo del siglo XIX. Para esta tarea es indispensable la existencia de un Banco Central con poderes de Estado que determina cuánta moneda es buena y cuánta mala. El patrón oro fue la herramienta institucional que el liberalismo británico antiguo utilizó durante tres siglos para naturalizar esta vinculación entre la escala de las riquezas y el poder de las clases propietarias de dinero. 

El neoliberalismo norteamericano ascendente de los años setenta y ochenta, mucho más pragmático, conquistó las instituciones transnacionales procedentes del orden de Bretton Woods y desde ahí, fue conquistando, uno tras otro, los bancos centrales de los Estados nación, siempre en nombre de la lucha contra la inflación. No desenterraron el patrón oro mitificado por el liberalismo del siglo XIX sino que pusieron al dólar, y al petróleo, en su lugar. El poder político norteamericano sobre el mundo, y muy especialmente, su control sobre el combustible fósil, eran la garantía última de estabilidad financiera y monetaria en el mundo capitalista posterior a 1973. Hoy, el mega significante económico por excelencia, la inflación, vuelve a un capitalismo en el que ya no mandan unilateralmente ni Estados Unidos, ni el petróleo. 

La inflación reina pero no gobierna

Por acumulación histórica, la reaparición de la inflación como frame económico global debería dar una ventaja casi absoluta a la ortodoxia política neoliberal para recuperar su posición dominante tras dos años de extensión de algo así como un nuevo sentido común económico-político al que podríamos llamar provisionalmente neokeynesianismo pandémico. Todas y cada una de las instituciones económicas creadas durante el periodo neoliberal llevan la lucha contra la inflación inscrita en su ADN. El Banco Central Europeo y el euro fueron los experimentos mayores del régimen neoliberal de control de la inflación. Se puede decir, sin mucho exagerar, que el euro está construido sobre el control de la inflación de la eurozona a unos niveles de crecimiento anual nunca superiores al 2% del PIB continental.

Sin embargo, en este momento, es casi imposible pensar en una intervención como el tour de force de Jean Claude Trichet en 2008. En plena crisis financiera global, el entonces presidente del BCE, subió repentinamente un punto los tipos provocando una cadena de efectos aumentados de la crisis financiera. La subida de tipos europea puso punto y final repentino a la inmensa burbuja inmobiliaria española, abrió una profundísima crisis del sistema financiero español y, en el medio plazo ha supuesto, el asentamiento casi permanente desde entonces de la crisis en la Eurozona y, por extensión, en toda la Unión Europea. Una crisis europea que primero fue productiva, luego financiera, después monetaria, siempre social y ecológica y ahora ya, directamente existencial. 

El Banco Central Europeo se enfrentaba entonces a una inflación del 4% fundamentalmente provocada por un pico espectacular de los precios del petróleo y las materias primas generada en los mercados de futuros, uno de los refugios de emergencia más lucrativos de unos capitales en estampida tras la evaporación repentina del mercado de las hipotecas subprime. En octubre de 2021, la inflación en la Eurozona ha llegado al 4,1% provocada por un pico espectacular en los precios del gas y las materias primas generado en los mercados de futuros de nuevo desorbitados ante la llegada masas crecientes de capitales financieros en estampida en busca de nichos de rentabilidad. A partir de esta semejanza, no pequeña, todo son diferencias entre una situación y la otra, y muy posiblemente, muy diferentes van a ser los acontecimientos que sigan a la instalación de la inflación como ítem económico-cultural en la esfera política europea.

Una de esas palabras

Si no existe tal cosa como un debate económico “puro” en general, menos aún en el caso del que posiblemente es, aún hoy, el término técnico de la ciencia económica con mayor carga histórica y política: la inflación. Hay que recordar que el expediente utilizado para borrar del mapa la lucha de clases en Europa a lo largo de toda la década de los setenta fue el control de precios, especificado claramente en un mandato férreo de control salarial que, en un momento de pleno empleo, tan sólo podían imponer los sindicatos a sus propios afiliados. Algo que uno tras otro, los sindicatos europeos terminaron por hacer, no sin que se librara una guerra social total en varios frentes internos y externos antes que se venían arrastrando desde el 68.


La baza decisiva del capital en aquella derrota por capítulos que sufrió la clase obrera industrial a lo largo de dos décadas fue utilizar el espacio transnacional para desvincular tanto los capitales productivos como los capitales financieros de los estados nación. El capital fue migrando hacia Asia, muy especialmente hacia China, en busca de menores costes laborales, ambientales y fiscales, blindado por todo un entramado jurídico-institucional que fomentaba la huida bajo una retórica de libre mercado, defensa de los derechos de propiedad y lucha contra la inflación.

En esas nuevas condiciones de movilidad incrementada del capital, los Estados nación europeos tomaron literalmente los restos de las luchas de clases europeas a su cargo en forma una nueva forma de concertación social en que se pactaron las condiciones de posibilidad del trabajo asalariado dentro de los límites intraspasables de las políticas antinflacionistas. Lo cual significaba de hecho renunciar no ya a un horizonte socialista sino a un horizonte simplemente de pleno empleo, el abc del keynesianismo.

La situación de jibarización y ultracongelación del proceso productivo en Europa ha tenido como consecuencia de la utilización generalizada de los ERTE. Con distintos nombres —kurzarbeit, furlough—, el ERTE ha sido la máxima aportación del modelo de negociación colectiva no inflacionista de inspiración alemana que se ha extendido en Europa. Pensados para absorber shocks temporales manteniendo los empleos en las estructuras empresariales existentes, los ERTE se han utilizado de forma generalizada durante un año y medio en las cuatro mayores economías de la Eurozona: Alemania, Francia, Italia y España. Además de en el Reino Unido, donde han alcanzado su máxima extensión. 

China reestructura Europa

Esta suspensión masiva de la producción ha sido aprovechada sin ningún tipo de miramiento por parte del gobierno de Xi Jinping, que no ha tenido más que seguir avanzando por las líneas de enfrentamiento endurecido con Estados Unidos marcadas en las guerras comerciales del periodo anterior a la pandemia. El ascenso de China en la jerarquía tecnológica y de diseño de la producción, incluyendo su sonora apuesta por el capitalismo verde, ha barrido con las escasas ventajas productivas rentables que quedaban en Europa, y ha dejado a Estados Unidos “únicamente” el dominio del dinero, del dólar. El otro gran pilar del poder de EEUU, el petróleo, sin embargo, ha quedado tocado de muerte en su rol hegemónico. Aunque todavía sea un mercado de importancia central, es evidente como, por el momento, está completamente subordinado a los mercados de gas natural. Mercados que sustentan una estructura de poder diferente, aunque emparentada, con la del petróleo.

Ese sonido estruendoso que generan los precios creciendo a velocidades supersónicas, el sonido de los cuellos de botella en la distribución, es el sonido que produce el Partido Comunista de China al dictar las nuevas condiciones de rentabilidad, y, esto es novedoso, también de cualificación, que van a marcar cuáles serán las empresas manufactureras y energéticas grandes, pequeñas y medianas, que queden en Europa. Los mismos mecanismos que utilizó el capital europeo para dejar herida de muerte a la clase obrera industrial de los años setenta, fundamentalmente la deslocalización, se han desarrollado tanto que también han herido de muerte a uno de sus padres: el capital industrial europeo. 

Como era de esperar estas nuevas condiciones de rentabilidad en los sectores industriales y energéticos con toda su afectación a los sectores logísticos y de distribución, las absorben los Estados europeos mediante su traslado inmediato a la fuerza de trabajo en forma de aniquilación definitiva del régimen salarial privado y el avance a doble velocidad hacia un mercado laboral pulverizado y basado en las percepciones intermitentes de rentas salariales, más cercano a la informalidad generalizada de las megapólis del sur global que del New Deal de Roosevelt. 

Milton Friedman tiene los ojos tristes

Jean Claude Trichet actuaba en nombre de un Banco Central que representaba  a una Europa que aún apostaba con confianza en el casino financiero global, confianza sostenida en parte por el poder político de la Francia poscolonial pero, sobre todo, por el poder económico indiscutido de la manufactura de exportación alemana. Hoy, la eurozona ha absorbido la contradicción central de la economía alemana, el mantenimiento de un gigantesco aparato industrial de exportación basado en el combustible fósil, modelo que hunde sus raíces en el inveterado antinflacionismo alemán, es directamente antagónico con los objetivos de la transición energética y el Green New Deal con los que Europa pretende recuperar sus posiciones de ventaja competitiva en el mundo. Vaciada progresivamente de sus funciones de mando sobre el proceso productivo capitalista global, Europa empieza a parecer un parque temático del welfare state que se arriesga a tener que declarar la quiebra si no le favorecen las decisiones estratégicas que tomen otros actores mejor situados en el nuevo orden financiero y productivo. 

El vaciado de funciones productivas capitalistas al que China ha sometido a Europa, y en menor medida a Estados Unidos, ha dejado un panorama de niveles de endeudamiento público completamente inédito, y en general, una vida económica en nuestras sociedades en la que las distintas formas de monetización de los títulos de propiedad, como los intereses financieros sobre la deuda o las rentas del suelo, le han quitado definitivamente la centralidad al salario como instrumento de la economía monetaria popular. 

Si el liberalismo se pudo reinventar como neoliberalismo fue en buena parte a que Milton Friedman y la escuela monetarista dio carpetazo a la nostalgia por el patrón oro perdido y diseño el programa más simple posible para gobernar un banco central: subir los tipos de interés cuando sube la inflación y bajarlos cuando baja. La economía para la que dio esta sencilla receta Friedman, el agitador político neoliberal por excelencia era aún una en la que la deuda era una figura restringida al comercio entre estados nación y a las relaciones entre las grandes empresas y los grandes bancos. Subir los tipos de interés era una maniobra rutinaria de aserción de la jerarquía y el poder del dinero sobre el proceso productivo capitalista. Y, obviamente, de los países exportadores de capital sobre los países importadores de capital. 

El mundo post globalización neoliberal está definido por la deuda de una manera muchísimo más capilar y determinante que por los salarios, una subida brusca de tipos de interés en Estados Unidos o la Eurozona, ajustaría aún las ya de por sí recargadas tuercas de la acumulación por desposesión tanto en su versión social como ecológica a través de los mecanismos políticos del Estado. Esta vez las evidencias apuntan a que Milton Friedman no va a ganar la batalla monetaria, la separación fundamental entre quienes perciben rentas de la propiedad de algún tipo —la inmobiliaria es la más habitual— y quienes no las perciben y dependen plenamente de un trabajo asalariado que simplemente ya no existe, se ha vuelto demasiado evidente como para envolver el dominio del rentista en unos cuantos tecnicismos folklóricos heredados del siglo XX sobre el daño mortal que supone, siempre y en todo lugar, la inflación.

Por Isidro López

Es miembro de la Fundación de los Comunes. 

11 nov 2021 05:57

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Martes, 09 Noviembre 2021 05:21

La vuelta de los Chalecos Amarillos

Asamblea de Asambleas de los “chalecos amarillos” a principios de abril de 2019 en Saint Nazaire (Francia). Foto de Yves Monteil de la web Reporterre

¿Qué queda del movimiento que encendió las calles de París y puso contra las cuerdas al gobierno de Macron entre finales de 2018 y principios de 2019?

Ante el aumento histórico del precio de la gasolina, el gas y la electricidad en Francia, muchas son las voces que pronostican el posible regreso masivo de los chalecos amarillos a las calles. Sin embargo, ¿es esto posible? ¿Y qué queda de este movimiento que encendió las calles de París y puso contra las cuerdas al gobierno de Macron entre finales de 2018 y principios de 2019?

En primer lugar, hay razones para no sobredimensionar esta pretendida vuelta del movimiento, empezando por la durísima represión vivida en carne propia. Recordemos que en los dos primeros meses de chalecos amarillos hubo más personas mutiladas por la actuación policial que en los diez años anteriores. El balance humano, sólo hasta abril 2019, es de un muerto, tres personas en coma, cinco perdieron una mano y 23 perdieron un ojo.

Pero es que a la represión policial se une la represión judicial (juicios exprés), la represión de los servicios de inteligencia (dosieres, escuchas, captación de datos, etc.) y la represión administrativa encarnada principalmente por la polémica “ley antidisturbios”, que facilita detenciones en las manifestaciones y permite castigar con hasta 15.000 euros o con una pena de prisión a quien se tape la cara. No es muy difícil de imaginar lo que todo esto supone para los que tienen menos recursos.

También hay otras razones más endógenas al movimiento que nos hacen ser precavidos: desgaste de una militancia muy intensa con efectos laborales y lo que el sociólogo Peter Berger llama una limpieza afectiva, es decir, las separaciones sentimentales, amicales o familiares que se han producido a causa de un movimiento muy exigente y polémico en el seno de las estructuras familiares y de sociabilidad cotidiana. Además en varias rotondas ocupadas, con el paso del tiempo y los cambios en la opinión pública, reaparecieron las divisiones sociales o políticas que se habían puesto en suspenso garantizando la unidad y su éxito inicial. La manifestación de las diferencias políticas entre participantes, pero también de clase (entre las fracciones más estables y las más frágiles de las clases populares) hicieron mella en un movimiento que fue perdiendo apoyo social al ser, sobre todo, asociado a la violencia.

Dicho esto, también hay razones para pensar que una re-movilización es posible. Hay todavía rotondas activas, chalecos amarillos que manifiestan en otros conflictos sociales, los grupos de Facebook siguen ahí y existen acciones que se preparan desde los anuncios de las subidas de precio o eventos que se organizan para el tercer aniversario del movimiento. Por lo general los militantes siguen en contacto, debaten y esperan el momento adecuado para salir a la calle. Entre los chalecos amarillos encontramos una parte considerable de primo-manifestantes y entre estos hay muchos para los que el movimiento ha supuesto más bien una socialización agonística y están dispuestos a todo para enfrentase al ejecutivo. Muchas de estas personas que no estaban “interesadas por la política” ahora también miran con lupa las decisiones del ejecutivo y pueden re-movilizarse.

A partir de sus estudios sobre el movimiento feminista, la socióloga Verta Taylor nos invita a pensar la continuidad de los movimientos sociales según sus ciclos de movilización, postulando que se parecen más a una montaña rusa y son bastante dependientes de los ciclos de atención mediática. Y observa como algunos movimientos sociales devienen “estructuras durmientes” que se re-activan con contextos políticos favorables. ¿Y qué mejor contexto que el de una subida histórica de los precios de la electricidad, el gas y la gasolina? Unas reformas como estas, mal medidas, pueden ser la chispa que reavive la protesta y la legitimidad pública de los chalecos amarillos.

Como ha dicho el historiador económico Adam Tooze, “la lección de la crisis de los chalecos amarillos no es que la tarificación del carbono sea imposible, sino que hay que hacerlo siendo conscientes de los efectos distributivos". En esto reside la clave de la cuestión, en saber si Macron ha aprendido la lección. ¿Actuará como en 2018 con etnocentrismo de clase, es decir menospreciando u obviando los efectos en desigualdad de estas subidas, o tratará de corregir este impacto desproporcional para evitar un nueva crisis política justo antes de las elecciones?

Con los chalecos amarillos como protagonistas o no, lo que está claro es que una movilización social semejante sería condición de posibilidad para volver a situar la cuestión social en el centro del debate y despejar el marco dominante seguridad/migración, que favorece a la dupla Macron y Zemmour, de cara a las elecciones de 2022

Por Aldo Rubert

Es investigador en la Universidad de Lausanne y en el INRAE.

9 nov 2021

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Publicado enPolítica
Fuentes: Rebelión - Imagen, Jeff Bezos (dueño de Amazon), Warren Buffet y Elon Musk, tres de los hombres más ricos que más han incrementado sus ganancias en la pandemia.

Al ser una crisis controlable (aunque trágica) el Covid-19 no hizo colapsar el sistema global capitalista, pero envió a cuidados intensivos a su hijo pródigo, el neoliberalismo.

El principio del egoísmo individual como fórmula de la prosperidad colectiva de Adam Smith (el dogma más perverso de la historia moderna) ha sido puesto en cuestionamiento, sobre todo con la lentísima aceptación del cambio climático. Al igual que en la depresión de los años 30, en esta crisis los estados confirmaron su rol de bomberos, no por sus ejércitos sino por sus servicios sociales. La percepción positiva de los sindicatos trepó veinte puntos en pocos años y la de los militares cayó del 70 en 2018 al 56 por ciento, aún antes del fiasco de Afganistán. 

Al igual que en los años 30, se comienza a reconsiderar el rol de diferentes organizaciones populares, como los demonizados sindicatos. Por un lado, se ha alcanzado un mínimo histórico en el número de afiliados (11 por ciento; seis por ciento en el sector privado) y, por el otro, llegamos a un máximo (desde 1965) de percepción positiva del 68 por ciento, 20 puntos sobre la medición anterior de 2009. Si consideramos el grupo de jóvenes menores de 34 años, la aprobación llega al 77 por ciento.

Durante esta pandemia, la fortuna de individuos como Jeff Bezos y Elon Musk se multiplicó, mientras el salario mínimo es el mismo desde 2010. Hoy Tesla vale casi tanto como la economía de Australia y Amazon más que toda Canadá. Pero no se puede inflar un globo por siempre. Los diversos estudios que confirman la existencia de una correlación entre sindicalizados y la brecha de ingresos entre los ricos y la clase trabajadora han germinado en la conciencia popular. Las nuevas generaciones serán culpadas de la decadencia hegemónica de Estados Unidos, pero su percepción es consecuencia de esa misma decadencia que los mantiene atrapados en deudas y falta de perspectivas (algo que también los profesores percibimos cada día en nuestros estudiantes).

La sobrevivencia de la cultura esclavista

En 1865 los confederados del sur fueron derrotados por los unionistas de Lincoln pero, a partir de ahí, comenzaron a ganar múltiples batallas políticas y culturales que persisten hasta hoy. No sólo sus generales fueron indultados por intentar destruir el país; no solo lo regaron con monumentos a los racistas más radicales de la historia, sino que consolidaron la vieja cultura de la impunidad de la extrema derecha y revirtieron varios logros legales de los negros, de los mestizos y de los pobres con las leyes Jim Crow, con golpes de estado cuando los negros ganaron elecciones, con políticas de segregación y exclusion, con la creación de guetos urbanos para negros a través del trazado de autopistas, y con la criminalización de negros y latinos a través de excusas, como la más reciente guerra contra las drogas. 

Pero hubo una herencia aún mayor en el corazón ideológico del país. No sólo le arrancaron Texas y el resto de los estados del Oeste a México para reinstalar la esclavitud donde era ilegal, sino que aventureros como William Walker la legalizaron apenas se autonombraron presidentes de países como Nicaragua, u operaron en diversas “repúblicas bananeras” sin respetar ninguna ley de las “razas inferiores”. Luego, de forma deliberada, exportaron el consumismo a su patio trasero para reemplazar la esclavitud legal por la esclavitud asalariada. 

Quienes eran minoría en Estados Unidos lograron imponer un sistema electoral que persiste hasta hoy para dominar la política en Washington. De la misma forma que esos poderosos esclavistas del sur expandieron la esclavitud por generaciones en nombre de la civilización y la libertad, luego de la Guerra Civil impusieron la idea de que la libertad y la prosperidad dependían de los empresarios millonarios. Amenazar su prosperidad era amenazar la prosperidad y la existencia de toda una nación. La más reciente “Teoría del derrame” no es otra cosa que la continuación de la teoría del amo como benefactor de sus esclavos. La idea de que son los ricos quienes crean empleo y no los trabajadores, no es otra cosa que la continuación de la sacralización de los amos y la demonización de los esclavos, convertidos ahora en asalariados. 

A dos décadas de la derrota de 1865, se evitó recordar la masacre de Chicago celebrando el “Día de los trabajadores”; se lo reemplazó con un día abstracto, el “Día del trabajo”, justo cuando los sindicatos de obreros eran fuertes en los estados del norte. No por casualidad, cuando en 1935 F. D. Roosevelt promovió la Ley Wagner para apoyar a los sindicatos en un Nuevo Contrato Social que sacaría al país de su mayor crisis económica, en los estados que antes conformaron la Confederación casi no hubo sindicalización.

En la historia nada se crea ni se destruye completamente. Todo se transforma. El “Destino manifiesto” se continuó con la retórica del liderazgo de “La raza/el mundo libre”. La obsesión anglosajona de tener todo bajo control, sobre todo a las razas inferiores que no sabían gobernarse, se continuó con la excusa de la guerra contra el comunismo durante la Guerra Fría… y más allá. El zar de la prensa William Hearst fue un millonario progresista (mientras sus clientes fueron trabajadores) hasta que Franklin Roosevelt promovió, con nuevas leyes, el derecho de los trabajadores a sindicalizarse. Entonces se convirtió en el primer McCarthy antes de la Guerra Fría. Hearst fue uno de los inventores de la prensa amarilla y de la Guerra contra España (junto con el venerado Pulitzer) que le secuestró la revolución a los cubanos en 1898. Tres décadas después, atendiendo a sus intereses económicos, lanzó una campaña mediática identificando a Roosevelt y los sindicatos con el comunismo, como antes se identificó a los negros con el caos y con una imaginaria violacion colectiva de las hijas rubias. Su coqueteo con el nazismo (como el de tantos otros millonarios de este lado) tenía todo de la tradición del Sur esclavista: la raza superior, la clase dominante es la salvación de la civilización, la libertad y el progreso. 

Sindicatos en Estados Unidos hoy

No pocos esclavos apoyaron la esclavitud. No pocos asalariados apoyaron a millonarios poderosos como Herbst. En abril 2021 los trabajadores de Amazon en Alabama votaron (1798 a 738) contra el establecimiento de un sindicato, a pesar de sus paupérrimas condiciones de trabajo, lo que demuestra que los mitos nacionales (si los millonarios sufren, se acaba el mundo) son más fuertes que las necesidades personales. Una moraleja reproducida por asalariados y empresarios que venden en la calle se hizo viral entre los hispanos de Florida: “Los ricos madrugan como pobres y los pobres duermen como ricos”

Pero hay otras razones: Amazon acosó a sus trabajadores de Alabama por email y con reuniones individuales para que votaran en contra. Práctica que luego llamó “educación”. La vieja tradición esclavista de educar a los de abajo para que apoyen los intereses de los de arriba. 

Según un proyecto de ley del nuevo gobierno, conocido como Protecting the Right to Organize, estas prácticas de acoso podrían ser penalizadas con 50.000 dólares. Una propina para Walmart o Amazon, pero algo es algo. Aún así, es probable que el partido Republicano lo boicotee en el senado.

Estamos marchando a un escenario similar al de la Segunda República española un siglo después. Por un lado las organizaciones sindicales con su utopía y, por el otro, la derecha nacionalista refugiada en el pasado. Algún día, tal vez dentro de unas décadas, los historiadores verán nuestro tiempo como la culminación de un absurdo: un puñado de familias acaparando casi toda la riqueza del mundo y defendida por el resto, como los esclavos defendían a sus amos. 

Por Jorge Majfud | 01/11/2021

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Un grupo de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana en la salida norte de Quito con tierra, troncos y neumáticos en llamas, el 27 de octubre de 2021. Foto Afp

Indígenas y campesinos de Ecuador bloqueaban vías en varias provincias el miércoles, el segundo día de protestas contra la subida de precios de los combustibles fijada por el Gobierno y en medio de un estado de excepción.

Un grupo de manifestantes bloqueó la carretera Panamericana en la salida norte de Quito con tierra, troncos y neumáticos en llamas, según reporteros de la AFP.

Algunas personas talaban árboles de un cerro aledaño para fortalecer las barricadas.

"Cerramos los carriles con el material de unas volquetas. El gobierno ha hecho pendejadas con subir a cada rato la gasolina", expresó a la AFP Dennis Viteri, un obrero textil de 28 años que vive en la zona de Calderón, donde se registran protestas.

"Cerramos los carriles con el material de unas volquetas. El gobierno ha hecho pendejadas con subir a cada rato la gasolina", expresó a la AFP Dennis Viteri, un obrero textil de 28 años que vive en la zona de Calderón, donde se registran protestas.

La Panamericana es la principal arteria que conecta la capital ecuatoriana con Colombia por la zona andina.

El Servicio Integrado de Seguridad ECU911 también reportó bloqueos de carreteras en las provincia de Imbabura, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo.

Diversos sectores sociales protestaron el martes en rechazo a la política económica gubernamental, que ha llevado a que el precio del diésel, el combustible más utilizado en el país, aumente un 90% desde 2020, pasando el galón americano de 1 a 1,90 dólares.

La poderosa y opositora Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) bloqueó carreteras en varias provincias ecuatorianas, mientras que nativos, obreros, profesores y estudiantes marcharon en Quito.

Se registraron choques entre manifestantes y policías cerca de la sede del Ejecutivo.

La Conaie, que participó en revueltas sociales que derrocaron tres presidentes entre 1997 y 2005, decidió extender la protesta, que deja 37 detenidos, cinco policías heridos y dos militares retenidos por manifestantes, quienes se encontraban en buen estado, de acuerdo con el gobierno.

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Indígenas bloquearon ayer la carretera que une la costa y las zonas montañosas en la región de Zumbahua, Ecuador, como parte de la protesta contra las políticas económicas del gobierno del presidente Guillermo Lasso. Foto  Afp

Abierto desafío al estado de excepción // Reportan bloqueos y choques con policías // Al menos 37 detenidos, reporta la prensa local // El gobierno minimiza la movilización

Quito. El poderoso movimiento indígena de Ecuador que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005 (Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad y Lucio Gutiérrez), encabezó ayer, como parte del paro nacional convocado por organizaciones sociales, una protesta contra las políticas económicas de gobierno de Guillermo Lasso, tras los incrementos en los precios de los combustibles y en abierto desafío al estado de excepción por la violencia del narcotráfico.

"La paralización representa pérdidas económicas para los pequeños negocios, que son el sustento de miles de familias ecuatorianas. Di no al paro", replicó Lasso en un tuit.

"El pueblo está diciendo: no podemos cargar únicamente nosotros con el precio de los combustibles", señaló Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie). Ante la represión aseguró: "no venimos a desestabilizar, sino a exigir al gobierno en materia económica".

Rodeado de miles de indígenas en el sector de Panzaleo, en el centro del país, Iza expresó que una de sus exigencias es la congelación del precio de los combustibles en 1.50 para el diésel y 2 dólares para la gasolina. Otro reclamo es la reducción de precios en beneficio de los indígenas, que representan 7.4 por ciento de los 17.7 millones de habitantes.

Lasso anunció el sábado la congelación del precio de la gasolina extra en 2.55 dólares el galón, y del diésel en 1.90.

Iza lanzó la advertencia de una protesta escalonada e indefinida hasta que Lasso muestre "voluntad" de atender las demandas. En casi tres años, el galón de gasolina corriente, de la más utilizada, subió de 1.48 a 2.50 dólares, y los incrementos no cedieron pese a la crisis económica desatada por la pandemia de Covid-19.

Al participar después en la movilización en Quito, Iza añadió: "no podemos sacar dinero de la gente más pobre, sino ir a una discusión más integral. Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes".

José Villavicencio, presidente de la Unión General de los Trabajadores, aseveró que “se demuestra el descontento del país frente a la política neoliberal. El presidente Lasso en lugar de congelar lo que ha hecho es incrementar los precios, en los hechos ha sido un paquetazo contra el pueblo ecuatoriano”.

Al finalizar la tarde, miles de trabajadores, integrantes de organizaciones sociales, indígenas y otros colectivos marcharon de manera pacífica en Quito, en rechazo a las políticas del gobierno.

La policía acordonó desde la mañana el Palacio de Carondelet y otros edificios del gobierno, y por la tarde se reportaron choques entre manifestantes y uniformados. Decenas de personas arrojaron piedras a los policías, que respondieron con gas lacrimógeno.

Hubo, además, informes de incidentes aislados en las provincias de Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Guayas, Pastaza, Los Ríos y Azuay, donde la vía Panamericana fue bloqueada con troncos y otros objetos.

El vocero presidencial Carlos Jijón aseguró que las protestas son "de baja intensidad".

La prensa local reportó la detención de 37 personas, mientras dos militares fueron retenidos por manifestantes al noreste de Quito y cinco policías resultaron heridos.

También hubo roces entre manifestantes y agentes en los bloqueos.

Los inconformes respondieron al llamado de la Federación de Estudiantes Universitarios y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Negras e Indígenas.

Las movilizaciones hacen recordar las protestas de octubre de 2019, cuando cientos de indígenas protagonizaron por casi dos semanas violentas marchas en rechazo al aumento del precio de la gasolina, que saldaron con 11 muertos, saqueos, destrucción de parques, ataques al edificio del Legislativo y el incendio del edificio de la Contraloría. El entonces mandatario Lenín Moreno dio marcha atrás con la medida.

Al descontento social se suma el despliegue de militares que hizo Lasso en apoyo al combate del narcotráfico y las investigaciones por su relación con cuentas en paraísos fiscales reveladas por la investigación Papeles de Pandora.

La actual agitación se suma al repunte de homicidios y masacres carcelarias, que este año han dejado más de 2 mil muertos. Ayer por la mañana se reportó un nuevo enfrentamiento entre presos, con saldo de dos heridos, en la penitenciaría del Litoral, donde en septiembre otro motín dejó 119 muertos.

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Este martes los principales sindicatos y organizaciones sociales realizan una movilización nacional contra las reformas impulsadas por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.

El anuncio, el viernes pasado, de la suspensión de posibles subidas del precio de los combustibles no alcanzó para frenar las protestas.

La convocatoria nacional fue llamada desde el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la principal central obrera del país; la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie); el Frente Popular; la Unión Nacional de Educadores (UNE), y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre otras.

La movilización se da a tan solo cinco meses de haber asumido Lasso y con el presidente que se encuentra sin aliados claros, con un apoyo minoritario en el Congreso y cruzado por las revelaciones de los Pandora Papers que expusieron las cuentas en paraísos fiscales del mandatario.

En paralelo, el Gobierno utilizó la “crisis de seguridad” que vive el país, golpeado por la crisis económica, para sacar a los militares y policías a las calles, luego de que el presidente decretó el estado de excepción la semana pasada. "Empezando de inmediato, nuestras Fuerzas Armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional", había dicho Lasso en un mensaje transmitido por el canal estatal EcuadorTV.

En este contexto se darán manifestaciones contra el Gobierno en varias ciudades del país en rechazo a las medidas políticas oficiales, entre ellas el fallido intento de aumento del combustible en base al sistema de fijación de precios con base en el mercado internacional que implementó la Administración del ex presidente Lenín Moreno. Una medida similar había sido el detonante del estallido social de 2019.

Desde las organizaciones que convocan las protestas exigieron que se frene el aumento del combustible permanentemente. "Que se congele, no solo que se suspenda, porque sino también con conceptos se puede estar, en ese sentido, engañando al pueblo ecuatoriano", advirtió Leonidas Iza, presidente de la Conaie.

Para el presidente del FUT, Ángel Sánchez, la suspensión debió contemplar todo el incremento desde junio pasado, y no solamente el de este mes, es decir, regresar a 1,75 dólares y 1,00, respectivamente.

Las manifestaciones están incluyen otras demandas de carácter social y legislativo, entre ellos, que el presidente no aproveche el estado de excepción en el país por la crisis de seguridad, para pasar leyes de forma acelerada.

En concreto una serie de reformas que propuso Lasso, pero no lograron avanzar en el Congreso, donde el Gobierno controla apenas 13 de los 137 escaños que tiene la cámara única. El mes pasado el parlamento rechazó la ley Creando Oportunidades, una de las principales reformas impulsadas por el oficialismo que incluía entre una reforma fiscal y laboral que fue catalogada como “regresiva” por sindicatos. A esto se suma un presupuesto con recortes en materia social dictada por el mandato de austeridad del FMI, que ha prolongado el programa de crédito que empezó con Lenin Moreno.

En un acto público este lunes, el presidente aseguró que frente a las manifestaciones la decisión del Gobierno es mantenerse "firme". "Vamos a desarrollar todo un dispositivo para evitar el cierre de vías, para que impere la ley, (..) y con la fuerza pública, con la Policía Nacional, vamos a imponer el orden", afirmó Lasso.

Los organizadores de las protestas advirtieron un posible uso de las Fuerzas Militares, amparado por el estado de excepción, para bloquear o impedir la salida de manifestantes.

Lasso llegó a la presidencia cuando el país enfrentaba una profunda crisis económica desde antes de la pandemia. Según los pronósticos del FMI el crecimiento para este año rondará el 2,5%, uno de los más bajos de Sudamérica. El presidente saliente Lenin Moreno sumó 6500 millones de dólares a la ya abultada deuda externa de 17.400 millones, y bajo los auspicios del FMI intentó imponer un duro ajuste.

Ecuador tiene una deuda externa de 52.000 millones de dólares, necesitará más de 7.000 millones de dólares en un nuevo financiamiento en 2021, según un informe del FMI. La condición a cambio sería que el país acepte recortar su déficit presupuestario a un objetivo de $ 2.800 millones este año desde $ 7.200 millones en 2020. Es decir, un gigantesco recorte y ajuste en el gasto público.

Un ajuste según los dictados del FMI fue lo que terminó motorizando el levantamiento indígena, obrero y popular de octubre de 2019, que no terminó con la caída del expresidente Lenin Moreno por la acción de las direcciones sindicales y de las organizaciones indígenas que las terminaron desactivando.

Ante la crisis el presidente amenaza con activar un mecanismo que le permite al Ejecutivo disolver el Congreso y gobernar por decreto por 90 días hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales y legislativas.

Una medida de ese tipo podría abrir un escenario político y social imprevisible, en el contexto de la crisis social provocada por los ajustes sistemáticos para cumplir con una deuda odiosa contraída con organismos internacionales.

Lunes 25 de octubre

Diego Sacchi@sac_diego

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Jueves, 07 Octubre 2021 05:55

El laborismo británico gira a la derecha

El laborismo británico gira a la derecha

Lo que tiene que cambiar no es el capitalismo: es la gente. Eso es lo que piensa Keir Starmer, el líder del Partido Laborista británico, que dedicó su discurso anual a defender el legado de Blair y a omitir los graves problemas de los servicios públicos privatizados. El ala derecha del laborismo -que recuperó el poder tras el paréntesis de Corbyn- prefiere no hablar de nacionalizaciones, algo que ahora hasta los conservadores se animan a hacer.

El largamente esperado primer discurso presencial de Keir Starmer en la conferencia anual de los laboristas británicos fue, como se podía suponer, aburrido: una lección de historia con eje en la Revolución Industrial y el gobierno de Tony Blair, mientras omitía silenciosamente todo lo que iba desde Clement Atlee hasta Jeremy Corbyn. En términos de política, prometió gastar más en la salud mental de los jóvenes, en caso de llegar a gobernar, sin mencionar la privatización generalizada de ese sector, mientras casi la mitad de los fondos del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) son canalizados hacia empresas de salud privadas. También prometió «dar a nuestros jóvenes herramientas para el futuro» en términos de habilidades «digitales» y «para la vida». La información que circulaba antes del discurso sugería que, sobre este punto, lo que Starmer tenía en mente era capacitar a los jóvenes para que entiendan mejor los sistemas de puntaje crediticio, sus cuentas privadas de ahorro previsional y los contratos que los propietarios les piden que firmen.

Entonces, ¿cuál es la gran oferta de Starmer? Un gobierno laborista que le enseñará a los británicos a navegar mejor por las embravecidas aguas del capitalismo, mientras paga a otra empresa para que mitigue sus preocupaciones cuando el estrés se vuelva abrumador. «Todo lo que tenemos que hacer es aprender a adaptarnos», dijo Starmer, mientras elaboraba una extensa analogía sobre la fábrica de su padre y la necesidad de «reformarnos» nosotros mismos.

Los jóvenes quieren más. Lejos de aceptar su destino como simples «luchadores por la libertad que viajan en Uber, se alojan con Airbnb y piden comida a Deliveroo», tal como Liz Truss –ahora secretaria de Relaciones Exteriores del gobierno conservador– los describió de manera memorable en 2018, quieren la certeza y la seguridad de tener servicios públicos. Las encuestas muestran habitualmente que –al igual que sus padres y abuelos– los jóvenes apoyan la propiedad pública, desde los autobuses hasta los servicios de salud, pasando por la energía y el agua. Pero según la ministra de Hacienda en las sombras Rachel Reeves, estas no son «cuestiones primordiales».

Pero dígale eso a la persona joven que ve su esperanza y su seguridad erosionadas por la rutina diaria de lo que Reeves llama «economía cotidiana». No es que «nada les venga bien», como diría mi madre. Simplemente están hartos de que su empresa privatizada de autobuses aumente las tarifas y reduzca los servicios de los que dependen para ir a la universidad, trabajar o divertirse. Están desesperados porque no pueden pagar su propia vivienda, debido a que las facturas de los servicios públicos privatizados y los alquileres privados están por las nubes. Están hartos de que las empresas privatizadas de cuidados y los call centers paguen salarios miserables, que eluden los requisitos básicos de salario mínimo para los adultos contratando jóvenes. Están estresados por tener que competir en todas partes –en pruebas interminables, en su «marca» en internet–, en un intento desesperado por conseguir una oportunidad decente en un país donde, después de casi cuatro décadas de privatizaciones, todo es mercado. 

Hoy, solo los privilegiados pueden acudir a sus familias en busca de ayuda, ya que muchos padres y madres enfrentan los mismos problemas que sus hijos e hijas. No es de extrañar que los jóvenes se sientan abatidos. Eso ya pasaba antes de que llegara el impacto de amenazas globales como la pandemia, el cambio climático, las guerras culturales financiadas por la derecha y la forma en que el Brexit ha terminado con las posibilidades de movilidad social. Starmer tiene razón al enfocarse en la salud mental. Sin embargo, a pesar de sus promesas de priorizar la prevención, su discurso sugiere que, en realidad, tratará los síntomas, no las causas.

Una promesa de más dinero para financiar la asistencia en las escuelas y acceder así más rápidamente al tratamiento a través de los «centros de salud mental» locales será bien recibida por las organizaciones benéficas de salud mental. Pero Starmer no dijo nada sobre el hecho de que la salud mental de los jóvenes está como está, en parte, porque en los últimos años ese ha sido el sector más privatizado del NHS. En la actualidad, 44% del desembolso del NHS en esta área se destina al sector privado y llega a 97% del desembolso total del NHS cuando se trata de los jóvenes con más problemas. Ya ha habido numerosas historias de terror sobre los resultados.

Starmer dijo con razón que el futuro del NHS no podía ser «solo más dinero». ¿Pero reconoció la necesidad de frenar la salida de los miles de millones que fluyen al sector privado? No. Por el contrario, se mostró entusiasmado con la forma en que la salud sería «rehecha» gracias a una cantidad «apabullante» de robots y realidad virtual. «Podría hablar de esto todo el día», dijo, mientras en realidad sonaba tan experto en tecnología como Boris Johnson en su infame discurso sobre la tecnología en la en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde habló de cómo «tu colchón controlará tus pesadillas».

También hubo otro efímero rayo de esperanza en el discurso de Starmer: que, si bien no iba a hacer que los servicios básicos volviesen a ser de propiedad pública, al menos regularía mejor a las empresas que los prestan. A las empresas que recortan todos los gastos, explotan al personal, restringen la posibilidad de hablar con un ser humano y cargan con más trabajo a los desafortunados consumidores, no les falta fibra moral, sino que simplemente están cumpliendo con su obligación legal de maximizar los beneficios para los accionistas. Entonces, cuando Starmer anunció que modificaría las obligaciones legales de los directores de las empresas, por un momento feliz pensé que estaba a punto de comprometerse a introducir obligaciones legales más estrictas para que estos protegieran no solo las ganancias, sino también a las personas y el planeta. Esta modificación ha sido exigida durante mucho tiempo por activistas y sindicalistas. Pero el plan de Starmer no tenía nada que ver con eso. En su lugar, se trataba de hacer «del éxito a largo plazo de las empresas la principal prioridad».

En ese contexto, el llamado de Starmer a trabajar como «socios» no implicará ninguna diferencia. «El orgullo nace del trabajo», anunciaba Starmer entre interrupciones. Pero ni una palabra sobre para quién trabajas ni sobre quién es el dueño de tu empleo y tus servicios. El discurso de Starmer fue solo la última decepción en la conferencia laborista en Brighton.

La secretaria de Vivienda en las sombras Lucy Powell prometió dar a quienes compraran por primera vez «prioridad» en los nuevos desarrollos y expresó sus deseos de mayor cantidad de viviendas sociales, pero no dijo nada sobre la regulación de los alquileres privados. Eso significa que cualquier impuesto superior con el que se grave a los propietarios privados simplemente será transferido a los inquilinos –aunque los inquilinos escoceses parecen estar mejor protegidos, según los planes de la nueva coalición del Partido Nacional Escocés (SNP) con el Partido Verde, que Starmer calificó hoy desdeñosamente como un «mal gobierno»–.

El secretario de Transporte en la sombra, Jim McMahon, dijo que quería que «el transporte público funcionara para el bien común» y Reeves prometió «la mayor ola de contratación no tercerizada en una generación», pero no dieron detalles en ninguno de los casos. Si su propio líder puede salirse con la suya afirmando que cuando dijo que apoyaba la nacionalización de los servicios públicos, en realidad no hablaba en serio, entonces las esperanzas de un cambio radical más bien se desvanecen. El mayor problema de Jeremy Corbyn no era que a los votantes no les agradara su mensaje, sino que simplemente no creían que cumpliría. ¿Cómo puede alguien creerle a Starmer (sentir confianza y seguridad en lo que promete) cuando esta semana nos dijo que gustosamente daba marcha atrás con sus promesas si a cambio obtenía un rédito político?

De hecho, Starmer y sus colegas ministeriales en la sombra generalmente hablan de contratación no tercerizada solo en referencia a quienes hacen aportes al Partido Conservador y a los contratos relacionados con el covid-19, lo que deja la clara impresión de que las empresas que no aportan al Partido Conservador no tienen motivo para preocuparse por sus planes de subcontratación. Después de todo, algunos de los mayores beneficiarios de la privatización de ciertos sectores de la asistencia social y la salud mental y física son empresas fundadas por personas que hicieron generosos aportes al Partido Laborista durante los años de Blair.

Una generación de viejos blairistas como Peter MandelsonJohn McTernanPhil Collins y sus acólitos que trabajan ahora para Starmer han hecho fila para aconsejar a su nuevo líder que haga su propia versión de la «campaña de seducción del sector financiero realizada por Blair», una nueva abolición de la Cláusula 4 por parte de Starmer, si se quiere, haciendo mucho hincapié en la «seguridad». «Apoyarse en [su] marca» como ex director de la fiscalía británica.

Pero, ¿cómo podemos tener seguridad cuando sabemos que nuestras necesidades básicas están siendo explotadas con fines de lucro, en lugar de ser administradas por el bien común? ¿Dónde está nuestra recompensa por el «trabajo duro» cuando nos vemos obligados a hacer un segundo turno al final de un día agotador, comparando precios en los «mercados» menos divertidos de la historia, en un intento desesperado por no ser estafados?

Sobre la asistencia social, el secretario de Salud en la sombra, Jonathan Ashworth, nos dice que su plan es «de tan largo alcance como el plan de Aneurin Bevan para el NHS». Pero en 1948 Bevan hizo que los hospitales fueran controlados por el Estado y aseguró la cobertura universal, mientras que, en la actualidad, el Partido Laborista solamente promete que los trabajadores de la asistencia social podrán negociar mejores salarios con sus empleadores en gran parte privatizados (aunque no, por supuesto, 15 libras la hora). Quizás se supone que estos trabajadores se sienten reconfortados por las –sin duda– sentidas palabras de Starmer sobre la «nobleza de la asistencia» y la noción de que ese trabajo es una «vocación». Y sobre los requisitos para la asistencia social, ni Starmer ni Ashworth dijeron nada sustancial. Además, el considerable monto de dinero que Reeves prometió para hacer una reforma verde de la economía, a juzgar por sus discursos y los de Starmer, irá a parar casi en su totalidad a los bolsillos de las empresas, incluso aquellas que han pasado años ejerciendo presión contra objetivos de cuidado del clima más estrictos.

Los que sugieren que la propiedad pública podría ser un mejor enfoque –como Andy Burnham sobre asistencia social y Ed Miliband sobre energía– han provocado, según se dice, furia en las oficinas del líder laborista. Starmer puede haber subido al escenario con «Right Here, Right Now» de Fatboy Slim y terminado con la promesa de «aprovechar el momento». Pero ahora no es el momento de hablar de nacionalización, le dijo Starmer a Andrew Marr el domingo, aunque los mercados de asistencia social y salud mental se tambaleen, el mercado del gas y la electricidad colapsen y los conservadores (¡los conservadores!) estén poniendo nuevamente bajo control estatal otra franquicia ferroviaria fallida.

Al enfrentar una repregunta por la incumplida promesa de campaña sobre la propiedad pública, Starmer le dijo esta semana a Laura Kuenssberg, de la BBC, que «el mundo ha cambiado». En efecto, ha cambiado. Solo que Starmer no parece haber notado de qué modo.

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El futuro gobierno alemán representará más de lo mismo

Los encuestadores alemanes pueden aparecer satisfechos. Las encuestas de intención de voto vaticinaron los resultados de la elección del pasado domingo con inusitada certeza. Toda una rareza en estos tiempos. Finalmente, el partido socialdemócrata (SPD), encabezado por Olaf Scholz, conquistó el primer lugarcon el 25,7 % de los votos, mientras que el partido demócrata cristiano (CDU), liderado por Armin Laschet, (foto) alcanzó el segundo lugar con el 24,1 % de los votos. En tercer y en cuarto lugar aparecieron el partido verde, con el 14,8 % de los votos, y el partido liberal (FDP), con el 11,5 % de los votos. 

Más allá de todo, los resultados del domingo representaron una catástrofe electoral para la CDU, la cual protagonizó su peor elección desde la posguerra. Por su parte, el SPD restableció parcialmente su caudal de votos tras haber alcanzado su mínimo histórico en la elección de 2017. Los verdes realizaron una muy buena elección, la mejor de su historia, y casi con seguridad participarán en el próximo gobierno. El partido ultraderechista (AFD) retrocedió del tercer al quinto lugar, pero su caudal de votos solo descendió levemente. Además, la AFD conquistó el primer lugar en Sajonia y Turingia, dos provincias del este fuertemente afectadas por la pobreza y la desigualdad.

Desde el anuncio de los resultados el domingo por la noche, las negociaciones entre los partidos para la formación del gobierno comenzaron a toda máquina. Por el momento, la “coalición semáforo” entre el SPD (rojo), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Scholz como canciller, aparece como la más probable. Sin embargo, la “coalición Jamaica” entre la CDU (negro), los verdes (verde) y el FDP (amarillo), con Laschet como canciller, aún no aparece descartada del todo. Curiosamente, la negociación iniciada entre los verdes y los liberales, terceros y cuartos respectivamente, determinará al futuro canciller de Alemania.

En este contexto, ¿qué consecuencias generarán los resultados de la elección del domingo de cara al futuro? En Alemania el modelo de país no aparece en disputa. Las principales fuerzas políticas no presentan diferencias de fondo respecto a la orientación económica, política y social del país, sino que representan matices en el marco de un modelo de país impuesto por las clases dominantes. El hecho de que el candidato a canciller de la socialdemocracia participe en el gabinete de Merkel como ministro de Finanzas representa una muestra de la hegemonía del modelo de país imperante.

En este sentido el futuro gobierno, independientemente de su composición, estará caracterizado por la continuidad del rumbo neoliberal asumido por el gobierno de Merkel (CDU), como así también por el gobierno de su antecesor, Gerhard Schröder (SPD). Los matices aparecerán eventualmente en lo social, por iniciativa del SPD, y en lo medioambiental, por iniciativa de los verdes. En lo social, el SPD acometerá un aumento del salario mínimo, la flexibilización de los requisitos para la asistencia social y la expansión de las guarderías infantiles. En lo medioambiental, los verdes establecerán metas y plazos más estrictos para las emisiones de CO2, como así también un límite de velocidad de 130 km/h en las autopistas (actualmente sin velocidad máxima y por ende más contaminantes). 

Ninguna de estas reformas, evidentemente, determinará cambios de fondo en el modelo de país imperante en Alemania. Desafortunadamente, este modelo ya no representa como en el pasado una garantía de bienestar para las mayorías sino que, por el contrario, desde la irrupción del neoliberalismo en Alemania a finales de los años 1990s, genera una sociedad cada vez más desigual y menos incluyente. En este sentido el futuro gobierno alemán representará, más allá de su composición final, más de lo mismo.

29 de septiembre de 2021

Por Ezequiel Luis Bistoletti, profesor argentino en la Universidad Alice Salomon Berlin, en Alemania, y conductor del programa “Demoliendo mitos de la política”.

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