Pedro Castillo en campaña.  ________________________________________ Imagen: AFP

Pedro Castillo aseguró que "el cambio y la lucha recién comienzan" en Perú. Keiko Fujimori llegaría así por tercera vez consecutiva a una definición electoral tras sus fracasos por llegar al poder de 2011 y 2016.

 

El líder del partido de izquierdas Perú Libre, Pedro Castillo, y la candidata a la presidencia por el partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, van a la segunda vuelta en las elecciones del país, celebradas este domingo.

Castillo, que ha irrumpido como un huracán en esta votación, lidera con holgura tanto las estimaciones de conteo rápido (18,1%) como el escrutinio real, que con un 11% de los votos contabilizados lo mantiene en primer lugar con un 15,8% de los sufragios.

Con esos márgenes, Castillo, un maestro y líder de una facción radical del sindicato de profesores, tiene asegurado su acceso al balotaje salvo una muy improbable sorpresa estadística.

Los primeros datos provisionales también favorecen a Fujimori, quien llegaría así por tercera vez consecutiva a una definición electoral tras sus fracasos por llegar al poder de 2011 y 2016.

El recuento oficial pone hasta el momento a la heredera del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) en cuarto lugar, por detrás de Hernando de Soto y Rafael López Aliaga, pero con el matiz de que el porcentaje escrutado responde solo a zonas urbanas y próximas a los centros de recuento, alejadas de los núcleos de voto fujimorista. El recuento estadístico rápido, más acertado que el recuento inicial, ubica a la política con un 14,4%, cómoda con un pie dentro del balotaje.

Ascenso meteórico 

La presencia de Castillo en la definición presidencial coincide con las estimaciones que durante las últimas semanas habían detectado un ascenso meteórico y sorpresivo de este candidato, cuyas propuestas son de una izquierda en el campo económico y conservadoras en lo social.

En una alocución a sus seguidores desde la plaza de Armas de Tacabamba, aseguró tras reconocer los resultados de este domingo electoral que "el cambio y la lucha recién comienzan" en Perú y reafirmó su compromiso en establecer una alianza con "el mismo y verdadero pueblo peruano" para preservar sus raíces.

"Hoy al pueblo peruano se le acaba de quitar la venda de los ojos. Han tenido tiempo suficiente, décadas, pero ¿cómo dejan al país? Llegas a Lima Metropolitana, a las grandes ciudades, y encuentras a los lugares con opulencia que no miran más allá de su nariz", expresó el candidato.

Vieja candidata

Fujimori es de momento la candidata con mejores opciones para ocupar el segundo lugar ante De Soto y Aliaga, si bien el recuento aún puede deparar sorpresas en ese sentido.

Ante lo ajustado que se prevé el recuento, Fujimori ya salió al paso para ofrecer a De Soto "trabajar juntos" para confrontar a la "izquierda radical" representada por Castillo.

"Más allá de las diferencias que tengamos, también hay grandes coincidencias", afirmó la candidata antes de señalar que entre ellos "no importa quién pase a la segunda vuelta. Espero que podamos trabajar juntos".

Fujimori también tendió puentes a otros partidos que "no quieren que (el país) se convierta en Cuba o Venezuela". "Vamos a confrontar al populismo y a la izquierda radical, seremos muchos los peruanos que se van a sumar", expresó Fujimori.

La candidata se presentó en esta ocasión con una propuesta de derecha autoritaria, reivindicando la presidencia de su padre, preso por violaciones a los derechos humanos y a quien ya dijo que piensa indultar si llega al Palacio de Gobierno, y apostando por aplicar "mano dura" para resolver los problemas de los peruanos.

Sobre Fujimori pesa una acusación por el delito de lavado de activos vinculada a la supuesta financiación ilegal de las campañas de su partido en 2011 y 2016 a cargo de la empresa brasileña Odebrecht, entre otras.

Congreso dividido

En tanto, la votación al Congreso dejaría, tal y como estaba previsto, un Parlamento con hasta 11 grupos políticos distintos, con una votación de entre el 10,7% y el 5,4% de votos, liderados por Acción Popular, el partido de Yonhy Lescano el candidato que hasta hace pocos días era el gran favorito por llegar a la segunda ronda pero que se quedó por el camino.

Perú Libre, de Castillo, obtendría un resultado similar, seguido por el fujimorismo y la derecha radical de Renovación Popular, de López Aliaga. En cualquier caso, las encuestas confirman que Perú tendrá un poder legislativo muy disperso, polarizado y que tendrá dificultades para coordinar muchas bancadas, ninguna de las cuales tendrá un gran peso en una cámara compuesta por 130 diputados.

El resultado en las encuestas también apunta a que el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) podría obtener una plaza en el Congreso por el partido Somos Perú.

Día complejo

La jornada electoral se dio bajo una complicada situación, con la pandemia de covid batiendo récords de muerte y contagios y el país sumergido en una profunda crisis económica. A esto se añadió un retraso en la apertura de un gran número de mesas de votación debido a la incomparecencia de los miembros de mesa designados.

Si bien casi todas las mesas pudieron finalmente recibir votos, lo hicieron casi cinco horas después de lo establecido y eso generó largas filas y aglomeraciones, además de exponer a los adultos mayores, embarazas y personas con discapacidad  que, precisamente por protocolos de seguridad anticovid, habían sido convocados a votar a primera hora. Más de 25 millones de peruanos fueron llamados a votar en estos comicios, obligatorios para todos los ciudadanos de entre 18 y los 70 años de edad.

12/04/2021 09:47 Actualizado: 12/04/2021 09:54


 

El maestro de izquierda que aspira a la presidencia

¿Quién es Pedro Castillo? La gran sorpresa de la elección en Perú

El candidato presidencial Pedro Castillo, del partido Perú Libre, aseguró al cierre de este domingo electoral que "el cambio y la lucha recién comienzan" y reafirmó su compromiso en establecer una alianza con "el mismo y verdadero pueblo peruano" para preservar sus raíces.

El candidato, maestro y líder sindical, encabeza tanto el recuento de votos divulgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) como las bocas de urna, que lo ubican con casi total seguridad en la segunda vuelta electoral del próximo mes de junio.

Entre ovaciones de sus seguidores y gritos de "Pedro presidente", Castillo señaló que "la gran alianza para sacar adelante" el Perú "no es obedeciendo a planes programáticos, la gran alianza se tiene que hacer con el mismo y verdadero pueblo peruano".

Así, marcando distancias del resto de candidatos bien posicionados en los resultados preliminares, los derechistas radicales Keiko Fujimori y Hernando De Soto, el candidato insistió en que no irá a "tocar las puertas de quienes tienen intereses cerrados".

El candidato del sombrero de paja

Luce siempre un sombrero de paja y un lápiz, plantea propuestas como el cierre del Congreso y acudió a votar montado en una yegua.

Sigilosamente, Castillo, de 51 años, irrumpió en la recta final de la campaña. Es maestro de primaria en la región andina de Cajamarca, de donde es originario, y ganó notoriedad a partir de 2017, cuando encabezó una gran huelga nacional de docentes, que detuvo las clases durante tres meses, para reclamar mejoras salariales y eliminar las evaluaciones al desempeño laboral de los maestros.

En esa gran movilización, Castillo lideró una facción disidente del tradicional Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep). Para desprestigiarlo, en ese momento fue acusado de mantener nexos con el Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef), brazo político del grupo Sendero Luminoso, algo que el candidato siempre ha negado.

Por primera vez aspirante a la presidencia en estas elecciones, Castillo inició su carrera política en 2005, cuando pasó a integrar el comité de Cajamarca del partido Perú Posible (PP), del expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) que, tras llevar adelante un gobierno neoliberal que lo alejó del apoyo popular,  en 2019 fue detenido en Estados Unidos acusado de corrupción.

Tras cancelar su inscripción al PP en 2017, Castillo saltó al movimiento Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, un exgobernador regional que se proclama marxista y mariateguista y que arrastra una condena por corrupción. De hecho, Cerrón integró la boleta de Castillo como vicepresidente, hasta que el Jurado Electoral Especial (JEE) declaró improcedente su solicitud al existir una sentencia vigente en su contra.

En defensa del fundador de su partido, el candidato presidencial defiende que Cerrón "ha sido condenado, no por corrupción, sino por la corrupción", en sintonía con su plan de gobierno, que sostiene que "la corrupción es el nuevo terrorismo de Estado".

Por un Estado socialista

Con una campaña inicialmente discreta, Castillo figuró durante meses entre los rezagados, pero su popularidad subió en las últimas semanas, impulsado por un sector de votantes de izquierda que no terminaron de aceptar a Verónika Mendoza, la candidata de izquierda progresista que presenta el bloque de Juntos por el Perú.

Su discurso radical y populista plantea propuestas como un "Estado socialista", una ley que "regule los medios de comunicación" y elevar del 3,5 al 10 % del producto interior bruto (PIB) el presupuesto educativo. Con ello, garantizaría una mejor infraestructura, equipamiento, aumento de sueldo a los docentes y la creación del programa Perú Libre de Analfabetismo, que convocaría a 50.000 maestros jóvenes para erradicarlo.

Durante la campaña electoral, también advirtió que, en caso de llegar al poder, el Congreso sería cerrado si no acepta una Asamblea Constituyente para sustituir la Constitución de 1993, surgida tras el "autogolpe" del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Además, Castillo promete la conformación de un nuevo Tribunal Constitucional elegido por el pueblo, en consulta popular, en lugar de por el Congreso, porque los magistrados "están defendiendo una Constitución que ha terminado con todos los derechos y con el saqueo del país".

En repetidas ocasiones, se ha manifestado en contra del enfoque de igualdad de género en la educación, así como de derechos sociales como el matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo. En el tema del aborto aseguró que aunque el no está de acuerdo lo trasladaría a la Asamblea Constituyente para que lo decida.

El hombre del interior andino

Por poco ortodoxas que sean sus propuestas, le sirvieron para cautivar al interior rural andino del Perú, en donde su dominio fue abrumador según las cifras de la votación.

El candidato se esforzó durante la campaña en destacar sus orígenes humildes y andinos, encarnados en el símbolo del sombrero que siempre luce, de ala grande y hecho de paja, típico de los campesinos de su natal Chota, una provincia del norte de los Andes, pertenecientes a la región de Cajamarca.

En la mano suele cargar un lápiz gigante, que no es sólo símbolo de su profesión sino del logotipo del partido que representa. Con el sombrero pero sin lápiz, Castillo acudió a votar este 11 de abril en la ciudad de Tacabamba, montado en una yegua que, en medio de la multitud de sus seguidores, estuvo a punto de encabritarse.

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Sábado, 10 Abril 2021 05:52

Su antiimperialismo y el nuestro

Su antiimperialismo y el nuestro

Las tres últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente confusión política sobre el significado del antiimperialismo, una noción que, en sí misma, había sido poco debatida anteriormente.

Las tres últimas décadas estuvieron marcadas por una creciente confusión política sobre el significado del antiimperialismo, una noción que, en sí misma, había sido poco debatida anteriormente. Hay dos razones principales para esta confusión: el final victorioso de la mayoría de las luchas anticoloniales posteriores a la Segunda Guerra Mundial y el derrumbe de la URSS. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y las potencias coloniales occidentales aliadas libraron varias guerras directamente contra movimientos o regímenes de liberación nacional, así como intervenciones militares más limitadas y guerras indirectas. En la mayoría de estos casos, las potencias occidentales se enfrentaban a un adversario local apoyado por una amplia base popular. Así pues, oponerse a la intervención imperialista y apoyar a los destinatarios de las mismas resultaba obvio para los progresistas; la única cuestión era si este apoyo debía ser crítico o sin reservas.

Durante la Guerra Fría, la principal división entre los antiimperialistas era la actitud hacia la URSS, que los partidos comunistas y sus aliados cercanos consideraban la «patria del socialismo». Estos determinaron en gran medida sus propias posiciones políticas alineándose con Moscú y el «campo socialista», lo que entonces se llamaba «campismo». Esta actitud fue alimentada por el apoyo de Moscú a la mayoría de las luchas contra el imperialismo occidental en el marco de su rivalidad global con Washington. En cuanto a la intervención de Moscú contra las revueltas obreras y populares en su propia esfera de dominación europea, los campistas actuaron como simples defensores del Kremlin, denigrando estas revueltas con el pretexto de que eran fomentadas por Washington.

Aquellos que pensaban que la defensa de los derechos democráticos es el principio fundamental de la izquierda apoyaron tanto las luchas contra el imperialismo occidental como las revueltas populares en los países bajo dominación soviética contra las dictaduras locales y la hegemonía de Moscú. Una tercera categoría la formaron durante un tiempo los maoístas los que, a partir de los años sesenta, calificaron a la URSS de «social-fascista», describiéndola como peor que el imperialismo estadounidense e incluso poniéndose del lado de Washington en ciertos casos, como la posición de Pekín en el sur de África. [1]

Pero la situación caracterizada por las guerras llevadas a cabo exclusivamente por las potencias imperialistas occidentales contra los movimientos populares del Sur del planeta empezó a cambiar con la primera guerra de este tipo librada por la URSS desde 1945: la guerra de Afganistán (1979-89). Y aunque no fueron organizadas por los Estados que entonces se llamaban «imperialistas», tanto la invasión de Vietnam a Camboya en 1978 como la agresión de China a Vietnam en 1979 causaron una gran desorientación en las filas de la izquierda antiimperialista mundial.

Otra complicación de gran envergadura fue la guerra dirigida por Estados Unidos contra el Irak de Saddam Hussein, en 1991. No se trataba de un régimen «popular», aunque sí dictatorial, sino de uno de los más brutales y asesinos de Medio Oriente, una dictadura que incluso había masacrado a miles de kurdos en su propio país con armas químicas y con la complicidad de Occidente, ya que esto había ocurrido durante la guerra de Irak contra Irán. Algunas personalidades, que hasta entonces habían pertenecido a la izquierda antiimperialista, cambiaron de bando en esta ocasión apoyando la guerra dirigida por Estados Unidos. Pero la gran mayoría de los antiimperialistas se opusieron a la misma, aunque fue llevada a cabo bajo el mandato de la ONU y aprobado por Moscú. Se mostraron reacios a defender una posesión del Emir de Kuwait, que Gran Bretaña le había regalado y que estaba poblada por una mayoría de emigrantes sin derechos. A la mayoría tampoco le agradaba Saddam Hussein: lo denunciaban como un dictador brutal, al tiempo que se oponían a la guerra imperialista dirigida por Estados Unidos contra su país.

Pronto surgió una nueva complicación: Tras el cese de las operaciones bélicas de Estados Unidos en febrero de 1991, la administración de George H.W. Bush -que había escatimado deliberadamente a las tropas de élite de Saddam Hussein por temor a un colapso del régimen, lo que habría sido beneficioso para Irán- le permitió al dictador desplegar esas mismas tropas para aplastar un levantamiento popular en el sur de Irak y también a la insurgencia kurda en el norte montañoso. Incluso, en este último caso, le permitió utilizar sus helicópteros. Eso provocó una oleada masiva de refugiados kurdos que cruzaron la frontera con Turquía. Para impedirlo y para que los refugiados volvieran a sus hogares, Washington impuso una zona de exclusión aérea sobre el norte de Irak (no-fly zone, NFZ). No hubo casi ninguna campaña antiimperialista contra la NFZ, ya que la única alternativa habría sido la continuación de la implacable represión de los kurdos.

En la década de 1990, las guerras de la OTAN en los Balcanes crearon un dilema similar. Las fuerzas serbias leales al régimen de Slobodan Milosevic llevaron a cabo acciones criminales contra los musulmanes bosnios y kosovares. Pero Washington había desestimado deliberadamente otros medios para evitar las masacres e imponer una solución negociada en la antigua Yugoslavia, porque que estaba presionado para que la OTAN dejara de ser una alianza defensiva y se convirtiera en una «organización de seguridad» involucrada en guerras intervencionistas. El siguiente paso en esta transformación consistió en involucrar a la OTAN en Afganistán tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, eliminando así la limitación original de la alianza a la zona del Atlántico. Luego vino la invasión de Irak en 2003, la última intervención dirigida por los Estados Unidos que fuera unánimemente condenada por los antiimperialistas.

Mientras tanto, el «campismo» de la Guerra Fría había resurgido bajo una nueva forma: ya no se alineaba detrás de la URSS, sino que apoyaba directa o indirectamente a cualquier régimen o fuerza que fuera objeto de la hostilidad de Washington. En otras palabras, se pasó de una lógica de «el enemigo de mi amigo (la URSS) es mi enemigo» a una lógica de «el enemigo de mi enemigo (Estados Unidos) es mi amigo» (o alguien a quien, en todo caso, no había que criticar). Si la primera lógica dio lugar a algunas asociaciones extrañas, la segunda es la receta del cinismo desenfrenado. Al centrarse exclusivamente en el odio al gobierno de Estados Unidos, conduce a la oposición sistemática a todo lo que Washington emprende en el escenario mundial y lleva al apoyo acrítico a regímenes totalmente reaccionarios y antidemocráticos, como el siniestro gobierno capitalista e imperialista de Rusia (imperialista cualquiera que sea la definición del término) o el régimen teocrático de Irán, o los émulos de Milosevic y Saddam Hussein.

Para ilustrar la complejidad de los problemas a los que se enfrenta hoy el antiimperialismo progresista -una complejidad insondable para la lógica simplista del neocampismo- consideremos dos guerras nacidas a partir de la Primavera Árabe de 2011. Cuando las movilizaciones populares lograron deshacerse de los presidentes de Túnez y de Egipto a principios de 2011, todo el espectro de autoproclamados antiimperialistas aplaudió al unísono, ya que ambos países tenían regímenes aliados con Occidente. Pero cuando la onda expansiva revolucionaria llegó a Libia, como era inevitable en un país limítrofe con Egipto y Túnez, los neocampistas se mostraron mucho menos entusiastas. Recordaron de pronto que el régimen altamente autocrático de Muammar al-Gaddafi había sido declarado ilegal por los Estados occidentales durante décadas, pero no sabían aparentemente que desde 2003 había colaborado con Estados Unidos y con varios Estados europeos.[2]

Fiel a su propio estilo, Gadafi reprimió las protestas en un baño de sangre. Cuando los insurgentes tomaron el control de la segunda ciudad de Libia, Bengasi, Gadafi -después de describirlos como «ratas» y «drogadictos» y de prometer memorablemente que iba a «purificar Libia palmo a palmo, casa a casa, hogar a hogar, calle a calle, persona a persona, hasta que el país quede libre de mugre e impurezas»- preparó un ataque contra la ciudad, desplegando todo el arsenal de sus fuerzas armadas. La probabilidad de una masacre a gran escala era muy elevada. Diez días después del inicio de la revuelta, el Consejo de Seguridad de la ONU adoptó por unanimidad una resolución que enviaba a Libia a la Corte Penal Internacional.[3]

Los habitantes de Bengasi pidieron protección al mundo entero, pero insistieron en que no querían tropas extranjeras en su territorio. La Liga de Estados Árabes apoyó el pedido. Como resultado, el Consejo de Seguridad adoptó una resolución que autorizaba la imposición de una zona de exclusión en el espacio aéreo libio, así como «todas las medidas necesarias… para proteger a las poblaciones y zonas civiles… excluyendo al mismo tiempo el despliegue de cualquier fuerza de ocupación extranjera, bajo cualquier forma y en cualquier parte del territorio libio».[4] Ni Moscú ni Pekín vetaron la resolución: ambos se abstuvieron, ya que no querían asumir la responsabilidad de una masacre anunciada.

La mayoría de los antiimperialistas occidentales condenaron la resolución del Consejo de Seguridad y recordaron las que habían autorizado el ataque a Irak en 1991. Al hacerlo, pasaron por alto el hecho de que el caso libio tenía más puntos en común con la NFZ impuesta en el norte de Irak que con la guerra contra Irak con el pretexto de liberar Kuwait. Sin embargo, la resolución del Consejo de Seguridad era claramente viciosa: podía interpretarse como una injerencia prolongada de las potencias de la OTAN en la guerra civil libia. Pero a falta de otros medios para evitar la masacre inminente, quedaba poco margen para oponerse a la NFZ en su fase inicial -por las mismas razones que llevaron a Moscú y Pekín a abstenerse.[5]

En pocos días, la OTAN privó a Gadafi de gran parte de su fuerza aérea y de sus tanques. Los insurgentes podrían haber continuado su lucha sin una intervención extranjera directa, siempre y cuando tuvieran las armas necesarias para contrarrestar el arsenal restante de Gadafi. Pero la OTAN decidió mantener la dependencia de su participación directa con la esperanza de controlarlos. [6] Al final, los insurgentes lograron frustrar los planes de la OTAN desmantelando por completo el Estado de Gadafi, lo que dio lugar a la situación caótica que reina ahora en Libia.

El segundo caso, aún más complejo que el anterior, es el de Siria. En este país, la administración Obama nunca tuvo la intención de imponer una NFZ. Debido a los inevitables vetos de Rusia y China en el Consejo de Seguridad, eso habría exigido una violación de la legalidad internacional similar a la cometida por el gobierno de George W. Bush con la invasión de Irak (una invasión a la que Obama, entonces senador, se opuso). Washington mantuvo un perfil bajo en la guerra siria, intensificando su intervención sólo después de que el llamado Estado Islámico (EI) lanzara su gran ofensiva y cruzara la frontera iraquí, después de la cual las intervenciones directas de Washington se limitaron exclusivamente al combate contra el EI.

Pero la influencia más decisiva de Washington en la guerra siria no fue su intervención directa -que sólo tiene importancia para los neocampistas focalizados exclusivamente en el imperialismo occidental- sino la prohibición a sus aliados regionales de entregar armas antiaéreas a los insurgentes sirios, principalmente a raíz de la oposición israelí.[7] El resultado fue que el régimen de Bashar al-Assad tuvo el monopolio aéreo durante el conflicto e incluso pudo recurrir al uso extensivo de barriles bombas transportados por helicóptero. Esta situación también alentó a Moscú a involucrar directamente a su fuerza aérea en el conflicto sirio a partir de 2015.

A propósito de Siria, la división entre los antiimperialistas fue muy grande. Los neocampistas -como, en Estados Unidos, la United National Antiwar Coalition y el US Peace Council- se centraron exclusivamente en las potencias occidentales en nombre de un «antiimperialismo» muy particular y unilateral, mientras apoyaban o ignoraban la intervención -incomparablemente mayor- del imperialismo ruso (o la mencionaban tímidamente, mientras se negaban a hacer campaña contra la misma, como en el caso de la Stop the War Coalition en el Reino Unido) y no hablemos de la intervención de las fuerzas fundamentalistas islámicas patrocinadas por Irán. Los antiimperialistas progresistas y democráticos -incluido el autor de este artículo- condenaron siempre al régimen asesino de Assad y a sus partidarios imperialistas y reaccionarios extranjeros y reprobaron la indiferencia de las potencias imperialistas occidentales ante la difícil situación del pueblo sirio, se opusieron a su intervención directa en el conflicto y denunciaron el papel nefasto de las monarquías del Golfo y de Turquía, las que apoyaron a las fuerzas reaccionarias dentro de la oposición siria.

La situación se complicó aún más cuando el EI, en plena expansión, amenazó al movimiento kurdo nacionalista de izquierda sirio, la única fuerza armada progresista que operaba entonces en territorio sirio. Washington combatió al Estado Islámico con una combinación de bombardeos y un apoyo incondicional a las fuerzas locales, incluidas las milicias alineadas con Irán en el territorio de Irak y las fuerzas kurdas de izquierda en Siria. Cuando el EI amenazó con tomar la ciudad kurda de Kobane, las fuerzas kurdas se salvaron gracias a los bombardeos y a las entregas de armas por parte de Estados Unidos.[8] Ninguna fracción de antiimperialistas se levantó para condenar esta descarada intervención de Washington, por la razón obvia de que la alternativa habría sido el aplastamiento de una fuerza vinculada a un movimiento nacionalista de izquierdas en Turquía apoyado tradicionalmente por el conjunto de la izquierda.

Posteriormente, Washington desplegó tropas terrestres en el noreste de Siria para apoyar, armar y entrenar a las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) dirigidas por las fuerzas kurdas. [9] La única oposición vehemente a este papel de Estados Unidos vino de Turquía, miembro de la OTAN y opresor nacional de la mayoría del pueblo kurdo. La mayoría de los antiimperialistas permanecieron en silencio (un silencio equivalente a la abstención), en contraste con su propia posición de 2011 sobre Libia, como si el apoyo de Washington a las insurgencias populares sólo pudiera tolerarse cuando están dirigidas por fuerzas de izquierda. Y cuando Donald Trump, presionado por el presidente turco, anunció su decisión de retirar las tropas estadounidenses de Siria, varias figuras destacadas de la izquierda estadounidense -entre ellas Judith Butler, Noam Chomsky, el fallecido David Graeber y David Harvey- emitieron una declaración [10] en la que exigían que Estados Unidos «continúe con su apoyo militar a las FDS» (sin especificar que eso debería excluir la intervención directa por tierra). Incluso entre los neocampistas, muy pocos fueron los que denunciaron públicamente esa declaración.

A partir de este breve repaso a las complicaciones recientes del antiimperialismo, surgen tres principios rectores. En primer lugar, y lo más importante: las posiciones verdaderamente progresistas -a diferencia de las apologías de los dictadores pintadas de rojo- deben determinarse en función de los intereses del derecho de los pueblos a la autodeterminación democrática y no por la oposición sistemática a todo lo que hace una potencia imperialista, sean cuales sean las circunstancias; los antiimperialistas deben «aprender a pensar».[11] En segundo lugar: el antiimperialismo progresista exige oponerse a todos los Estados imperialistas, no ponerse del lado de unos contra otros. Por último: incluso en aquellos casos excepcionales en los que la intervención de una potencia imperialista beneficia a un movimiento popular emancipador -e incluso cuando es la única opción disponible para salvar a dicho movimiento de una represión sangrienta- los antiimperialistas progresistas deben abogar por una desconfianza total hacia la potencia imperialista y exigir que su intervención se restrinja a formas que limiten su capacidad de imponer su dominación sobre aquellos a los que pretende salvar.

Las discusiones entre los antiimperialistas progresistas que están de acuerdo con los principios analizados anteriormente son esencialmente tácticas. Con los neocampistas, en cambio, hay muy poco espacio para la discusión: la invectiva y la calumnia son su modus operandi habitual, siguiendo la tradición de sus predecesores del siglo pasado. (Artículo publicado, The Nation, 6-4-2021: https://www.thenation.com/)

* Gilbert AchcarGilbert Achcar es profesor en SOAS, Universidad de Londres. Entre sus numerosos libros figuran The Clash of Barbarisms (2002, 2006); Perilous Power: The Middle East and US Foreign Policy, en coautoría con Noam Chomsky (2007); The Arabs and the Holocaust: The Arab-Israeli War of Narratives (2010); The People Want: Una exploración radical del levantamiento árabe (2013); y Síntomas mórbidos: La recaída en el levantamiento árabe (2016).

Por Gilbert Achcar | 10/04/2021

 

Notas

[1] https://www.jstor.org/stable/655421?seq=1

[2] https://abcnews.go.com/International/story?id=1965753

[3] https://undocs.org/fr/S/RES/1970(2011  

[4] https://undocs.org/fr/S/RES/1973(2011)

[5] http://www.inprecor.fr/article-Les-évènements-en-Libye?id=1120

[6] http://www.inprecor.fr/article-L’insurrection-libyenne-entre-le-marteau-de-Kadhafi,-l’enclume-de-l’Otan-et-les-confusions-de-la-gauche?id=1170

[7] https://ecfr.eu/article/commentary_syria_the_view_from_israel141/

[8] https://www.rferl.org/a/kobane-is-kurdish-syria/26644993.html

[9] https://foreignpolicy.com/2019/10/10/kurds-syrian-democratic-forces-us-donald-trump/

[10] https://www.nybooks.com/daily/2018/04/23/a-call-to-defend-rojava/

[11] https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1938/05/lt19380520.htm

Traducción  del francés por Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa: https://correspondenciadeprensa.com/

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Viernes, 09 Abril 2021 06:19

Draghi, Marx y el papa Francisco (I)

Draghi, Marx y el papa Francisco (I)

Uno. Cuando el febrero pasado se inauguraba en Italia el enésimo "gobierno técnico", hoy a cargo de Mario Draghi (bit.ly/2R8OZk5), ex jefe del Banco Central Europeo, laudado por la prensa como "una bendita llegada de caras nuevas (sic) con cualidades técnicas para resolver la crisis (económica y sanitaria)" (bit.ly/3wwEszv), se antojaba recordar los sarcasmos del viejo Marx respecto al nacimiento de uno de los primeros Golemos institucionales de este tipo, el gabinete de Aberdeen (1852-1855) en Inglaterra: "El mundo quedará estupefacto al enterarse de que la nueva era de la historia estará inaugurada por gastados y decrépitos octogenarios, burócratas que han venido participando en casi todos los gobiernos habidos y por haber desde fines del siglo pasado, asiduos de gabinete doblemente muertos, por edad y por usura, y sólo con artificio mantenidos con vida" ( New York Tribune, enero, 1853).

Dos. Marcello Musto, el conocedor de vida y obra del autor de El capital (véase: Karl Marx 1881-1883: el último viaje del moro, 2020), desempolvó aquel detalle ya hace años cuando arrasada por la crisis financiera en Europa germinaban "gobiernos técnicos" −Papademos en Grecia, Monti en Italia− "encabezados por hombres provenientes de las mismas instituciones responsables por la crisis". Igual que Draghi, responsable por asfixiar a Italia con su inducida, desde Bruselas, austeridad y anteriormente inducidos, desde Roma, recortes en el sector de la salud (y encima siendo él, también, responsable por la devastación de Grecia). Gobiernos mandados por el capital para restablecer la "confianza de los mercados" y empujar más "reformas" (recortes, privatizaciones, etcétera), una indicación "que el dominio del capital sobre el trabajo se volvió tan salvaje como lo era a mediados del siglo XIX" (bit.ly/3wy2Z7b).

Tres. La separación de lo "económico" y lo "político". La suspensión de la política. La desaparición de la lucha entre los partidos (el gobierno de Draghi es, desde luego, "de la unidad nacional"). Todo lo que ya criticaba −y ridiculizaba− Marx, servido nuevamente para imponer más austeridad y un programa ideológico que nadie ha elegido. ¿Un insulto a la democracia? Sí. De los que ya hemos visto tantos. La "tecnocracia" que en Italia, desde la caída la Primera República en los 90, dejó de ser una "excepción". Pero hoy, en tiempos de la pandemia, también algo más: un intento del empresariado de redirigir el Fondo Europeo para la Recuperación hacia las empresas, en vez de la gente común (bit.ly/3t1SXcs).

Cuatro. A Draghi −educado por los jesuitas, un gran devoto de San Ignacio de Loyola, quien piensa en sí mismo como un "banquero cristiano" (sic)− le gusta, respecto al "control moral de las fuerzas del mercado", citar a Marx. ¿A Karl? No. A Reinhard. El arzobispo de Múnich y ex obispo de... Tréveris, a quién el papa Francisco −igualmente jesuita y ex sucesor de Loyola al mando de la Compañía de Jesús− delegó los asuntos económicos. El mismo Francisco que mantiene cercanía con Draghi y que lo nombró miembro de la Academia de Ciencias Sociales del Vaticano. “El cardenal Marx −autor del libro Das Kapital: A plea for man (2008) que alude al título de Marx, pero para rechazar su análisis− correctamente insiste que la economía no es un fin en sí mismo, sino que tiene que servir a toda la humanidad”, suele decir, repitiendo nimiedades, Draghi (bit.ly/2OsYdH9).

Cinco. Es aquí donde entramos al reino de las metáforas teológicas. Draghi ha sido bautizado como "salvador". Una "bendición" para Italia. Una última oportunidad para "redimirla". Un influyente político lo comparó incluso con el Cristo mismo... (bit.ly/3wshJoa). La prensa, llena del fervor y júbilo cuasirreligioso, lo describía como "el nuevo milagro". Pero emulando un poco sarcasmo de Marx −cuya, por otro lado, predilección a las metáforas religiosas es harto conocida (véase: E. Dussel, Las metáforas teológicas de Marx, 1993)− se antoja preguntar: ¿cómo podrá este "mesías" y "encarnación" del neoliberalismo salvar al país devastado por... el propio neoliberalismo?

Seis. La figura del "salvador" es central para toda la, profundamente ideológica, idolatría de Draghi y de la institución del "gobierno técnico". Él "ya una vez salvó al euro" (nyti.ms/3s4vaY2) −con todos los costes que ello implicaba, algo que los pueblos de la UE aún están pagando (bit.ly/2OxLsuY)−, así que ahora "salvará a Italia". Conviene, no obstante, darse cuenta qué significará esta "salvación" recetada por las élites empresariales (Cofindustria): el disciplinamiento de la clase trabajadora italiana, localizada en un sistema político estado-centrista y cuasirredistributivo (basado en una esquizofrénica Constitución).

Siete. Como bien apuntó hace tiempo Michael Löwy −un gran experto en la Iglesia (véase: Guerra de dioses, 1999) y uno que desde el principio tenía reservas respecto al papa Francisco, su supuesto anticapitalismo y su enfoque hacia los pobres (bit.ly/3sZ3Zzi)− vivimos en una suerte de "estado de excepción", donde los "gobiernos técnicos", en un sentido benjaminiano, ya se han vuelto una "norma". Un sistema en que el capital financiero ya es rey que designa sus súbditos y antiguos trabajadores (Goldman Sachs et al.) como jefes de gobiernos destinados a obedecerle (bit.ly/39PhR7B). Y a −aparentemente− profesar también "la palabra del Señor" (Mammón).

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Viernes, 09 Abril 2021 06:15

Exilio igual a desconfianza

Exilio igual a desconfianza

Los acontecimientos y circunstancias de los (campesinos) latinoamericanos exiliados que buscan un lugar donde refugiarse y, si es posible, vivir en Estados Unidos o en las ciudades mexicanas, dan lugar a múltiples especulaciones en torno a la evolución y consecuencias a que dan lugar.

El lenguaje, la palabra, nunca termina de dar cuenta de aquello que se escapa, se oculta y es el centro del problema. Aquello, que por enigmático, no resulta descifrable, no obstante, si atendemos a lo percibido, aunado a la interioridad, existen posibilidades de establecer nuevas lecturas de los hechos.

Frente a la dolorosa sensación de desamparo que están viviendo en su paso al país vecino del norte, los exiliados latinoamericanos experimentan una sensación de desconfianza y miedo que recorre y se desliza mientras los gobiernos establecen negociaciones.

Como en el castillo de Kafka, Estados Unidos no es el fin, sino lo inaccesible. Una puerta conduce a otra. Un secreto que oculta a otro secreto… siempre quedará lejos mientras sigamos hablando.

Una desconfianza que hace interminable cada punto, cada coma, cada pausa, cada palabra que pueden ser llevados al infinito.

Desconfianza en los límites del encuadre: tiempo, lugar, personas, formas de expresión, respeto mutuo, que a su vez se tornan ilimitados.

Desconfianza en el orden para plantearse los problemas, reflejos de experiencias en que es abolida la conciencia, abierta a lo inimaginable, promotora de severos matices persecutorios y querulantes y proscribe palabras que corresponderían a su dominio. Desconfianza que pone de manifiesto un abismo construido de desconfianzas mutuas entre autoridades de naciones en desacuerdo y el lenguaje es motivo de interminables sospechas. La falta de confianza básica pone de relieve el instante, la fugacidad del instante, los instantes trágicos en que el significado se destruye.

Desconfianza que habla de algo inaprensible, de una ruptura que surge del interior mismo de las palabras y en fisuras de las mismas palabras en que se escapa el significado al transformar lo real en "expresiva" mudez. Las palabras existen al margen de lo que expresan, desligadas de contenido, disociadas y escindidas de significado. La desconfianza revelada en silencios, rupturas del diálogo, inasistencias, sello característico de la impotencia (omnipotencia) recíproca frente al doble discurso sin legitimidad racional, cuando la visión no encuentra representación se inmoviliza y aparece el horror, el pánico, la parálisis. La palabra desaparece, se congela y un penoso esfuerzo de querer decir se desmorona frente a la negación cultural del rechazo del diferente.

Así, la palabra operará de manera hueca, sin eco, sin resonancia, sin referente y sin destinatario.

Lo que se traducirá en actuaciones irracionales, verbalizaciones como descarga, en lugar de actos racionales precedidos por la reflexión producto de un acto de pensamiento complejo.

Ahí se incuba la desconfianza que impide reconocer el lenguaje que cubre la angustia y el miedo a lo incognoscible. El poder de lo que está en juego excede al poder de lo que se dice, cada palabra tirando de otra, creando una base de significación que es desplazada. Las palabras sugiriendo, punteando, haciendo sospechar…

Un bebé exiliado de su madre se enfrenta a un mundo que se moviliza entre muy ricos y muy pobres.

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¿El plan centroamericano de Biden ralentizará la migración (o la acelerará)?

Joe Biden entró en la Casa Blanca con algunas posiciones estimulantes pero contradictorias sobre inmigración y Centroamérica. Prometió revertir las draconianas políticas antiinmigrantes de Donald Trump mientras, a través de su "Plan para Construir Seguridad y Prosperidad en Asociación con los pueblos de Centroamérica", restauraba el "liderazgo de Estados Unidos en la región" que dijó que Trump había abandonado. Para las y los centroamericanos, sin embargo, tal "liderazgo" tiene una resonancia inquietante.

Aunque, de hecho,  la segunda mitad del nombre de su plan se hace eco del de organizaciones de base de izquierda, como el Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador (CISPES), en su contenido destaca una versión de seguridad y prosperidad para esa región que se asemeja más a la Guerra Fría que a la del CISPES. En realidad, en lugar de solidaridad (o incluso asociación) con Centroamérica, el plan de Biden promueve un viejo modelo de desarrollo económico que ha beneficiado durante mucho tiempo a las empresas estadounidenses. También tiene como objetivo imponer una versión claramente militarizada de la seguridad a los pueblos de esa región. Además, se centra en reclutar gobiernos centroamericanos y, en particular, sus ejércitos para contener la migración a través del uso de la represión.

Vincular la inmigración y la política exterior

La declaración más clara de los objetivos del presidente en Centroamérica aparece en su "Ley de Ciudadanía americana de 2021", enviada al Congreso el 20 de enero. Esa propuesta ofrece un amplio conjunto de cambios destinados a eliminar las exclusiones racistas del presidente Trump, restaurar los derechos de asilo y abrir un camino hacia el estatus legal y la ciudadanía para la población inmigrante. Después de las andanadas antiinmigrantes de los últimos cuatro años, esa propuesta parece digna de ser saludada. Sigue los pasos de compromisos globales bipartidistas anteriores, como la Ley de Reforma y Control de la Inmigración de 1986 y un proyecto de ley de inmigración fallido de 2013, que incluían un camino a la ciudadanía para muchas personas indocumentadas, al tiempo que dedicaban recursos significativos a la "seguridad" fronteriza.

Si se lee con atención, una parte significativa de la propuesta de inmigración de Biden se centra en la premisa de que abordar las causas profundas de los problemas de Centroamérica reducirá el flujo de inmigrantes a la frontera de Estados Unidos. En sus propias palabras, el plan Biden promete promover "el Estado de derecho, la seguridad y el desarrollo económico en Centroamérica" con el fin de "abordar los factores clave" que contribuyen a la emigración. Sin embargo, enterrados en su lenguaje difuso, hay metas bipartidistas de Washington de larga data que deberían sonar familiares para quienes hayan estado prestando atención a estos temas en estos últimos años.

En esencia: que se inviertan millones de dólares en  "ayuda" para la mejora de las fuerzas militares y policiales locales a fin de proteger un modelo económico basado en la inversión privada y la exportación de las ganancias. Y, sobre todo, los privilegios de los inversores extranjeros no deben ser amenazados. Resulta que este es el mismo modelo que Washington ha impuesto a los países de Centroamérica durante el último siglo, el que ha dejado sus países corruptos, violentos y empobrecidos, y que continuó desarraigando a las y los centroamericanos, haciéndoles huir hacia Estados Unidos.

Para el plan de Biden, al igual que para los de sus predecesores, es crucial otro elemento clave: coaccionar a México y Guatemala para que sirvan como apoderados para terminar el muro construido solo parcialmente a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos y promovido con orgullo por otros presidentes: desde Bill Clinton hasta Donald Trump.

Si bien el modelo económico que acecha detrás del plan de Biden puede ser antiguo, el intento de externalizar la aplicación de la ley de inmigración de Estados Unidos a las fuerzas militares y policiales mexicanas y centroamericanas ha demostrado claramente ser un giro del siglo XXI en la política fronteriza.

Externalización de la frontera (de Bush a Biden)

La idea de que la política de inmigración podría ser externalizada comenzó mucho antes de que Donald Trump, a mediados de 2019, amenazara notoriamente con imponer aranceles a los productos mexicanos para presionar al nuevo presidente de ese país a que aceptara su demanda de colaborar con la agenda antiinmigrante de Washington. Eso incluyó, por supuesto, la controvertida política de Trump de "quedaros en México", lo que ha continuado dejando varados allí a decenas de miles de solicitantes de asilo.

Mientras tanto, durante casi dos décadas, Estados Unidos ha estado intimidando (y financiando) a las fuerzas militares y policiales del sur de sus fronteras para hacer cumplir sus prioridades de inmigración, convirtiendo efectivamente las fronteras de otros países en extensiones de la de Estados Unidos. En este proceso, las fuerzas de México se han desplegado regularmente en la frontera sur de ese país, y las de Guatemala en su frontera con Honduras, todo para hacer cumplir violentamente las políticas migratorias de Washington.

Dicha externalización fue, en parte, una respuesta a los éxitos del movimiento por los derechos de los inmigrantes en este país. Los dirigentes estadounidenses esperaban evadir el escrutinio legal y las protestas en su país haciendo que México y Centroamérica implementaran los aspectos más impresentables de sus políticas.

Todo comenzó con la Iniciativa Mérida en 2007 [capital del Estado de Yucatán], un plan lanzado por George W. Bush que destinaría miles de millones de dólares a equipamiento militar, ayuda e infraestructura a México (con cantidades más pequeñas destinadas a Centroamérica). Uno de sus cuatro pilares fue la creación de "una frontera para el siglo XXI", empujando a México a militarizar su frontera sur. Para 2013, Washington había financiado 12 nuevas bases militares a lo largo de esa frontera con Guatemala y un "cordón de seguridad" de 100 millas al norte de ella.

En respuesta a lo que se vio como una crisis de niñas y niños migrantes en el verano de 2014 (¿suena familiar?), el presidente Barack Obama presionó aún más a México para que iniciara un nuevo programa en su frontera sur. Desde entonces se han destinado decenas de millones de dólares al año a la militarización de esa frontera, y México no tardó en detener a decenas de miles de migrantes mensualmente. No es sorprendente que las deportaciones y violaciones de los derechos humanos contra las y los migrantes centroamericanos se dispararan dramáticamente. "Nuestra frontera hoy en día es la frontera de México con Honduras y Guatemala", exultó el ex zar fronterizo de Obama, Alan Bersin, en 2019. Un activista local fue menos optimista, protestando porque el programa "convirtió la región fronteriza en una zona de guerra".

El presidente Trump fanfarroneó e intimidó a México y a varios países centroamericanos mucho más abiertamente que los dos presidentes anteriores, mientras llevaba dichas políticas a nuevos niveles. Bajo sus órdenes, México formó una nueva Guardia Nacional militarizada y desplegó a 12.000 de sus miembros en la frontera con Guatemala, incluso cuando la financiación de Washington ayudó a crear una infraestructura de alta tecnología a lo largo de la frontera sur de México, rivalizando con la frontera de Estados Unidos.

Trump pidió reducir la ayuda a Centroamérica. Sin embargo, bajo su supervisión, la mayor parte de los 3.600 millones de dólares asignados por el Congreso siguieron fluyendo hacia allí, aproximadamente la mitad de ellos destinados a fortalecer las unidades militares y policiales locales. Sin embargo, Trump retenía temporalmente los fondos de ayuda no militar para obligar a Guatemala, Honduras y El Salvador a firmar acuerdos de "tercer país seguro" que permitirían a Estados Unidos deportar a esos países a personas con solicitudes de asilo válidas.

Trump también exigió que Guatemala aumentara la seguridad a lo largo de su frontera sur "para detener el flujo de migración irregular" y "desplegar funcionarios del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y del servicio de Inmigración y Control de Aduanas estadounidenses para asesorar y orientar a sus homólogos de la nación anfitriona encargados de la seguridad fronteriza, de la inmigración y de las aduanas". Una vez que los países centroamericanos accedieron a las demandas de Trump, se restauró la ayuda.

Este  mes de febrero, el presidente Biden suspendió esos acuerdos de terceros países seguros, pero está claro que, por lo demás, está dispuesto a seguir subcontratando la vigilancia de las fronteras a México y Centroamérica.

La otra cara de la militarización: el desarrollo económico

Mientras las administraciones demócratas y republicanas externalizaban una respuesta militarizada a la inmigración, también trataron de vender sus agendas con promesas de ayuda al desarrollo económico de Centroamérica. Sin embargo, sistemáticamente promovieron el mismo tipo de asistencia que históricamente trajo violencia y pobreza a la región, y por lo tanto llevó directamente a la crisis migratoria actual.

El modelo que Washington continúa promoviendo se basa en la idea de que si los gobiernos centroamericanos pueden cortejar a los inversores extranjeros con una mejor infraestructura, desgravaciones fiscales y leyes ambientales y laborales laxas, el libre mercado proporcionará la inversión, el empleo y el crecimiento económico, que (en teoría) evitará que la gente quiera migrar. Sin embargo, una y otra vez, en la atormentada historia de Centroamérica ha sucedido exactamente lo contrario. La inversión extranjera fluyó, deseosa de aprovechar las tierras fértiles, los recursos naturales y la mano de obra barata de la región. Esta forma de desarrollo, ya fuera en apoyo a las plantaciones de plátano y café en el siglo XIX o del azúcar, algodón y ganado después de la Segunda Guerra Mundial, llevó a Centroamérica a las revoluciones de la década de 1980 y a la migración masiva hacia el norte actualmente.

Este modelo se basa en gobiernos militarizados para desposeer a los campesinos, liberando la tierra para los inversores extranjeros. Del mismo modo, se utiliza la fuerza y el terror para mantener una clase obrera barata e impotente, lo que permite a los inversores pagar poco y cosechar ganancias fantásticas. A su vez, esta práctica han provocado la deforestación del campo, mientras que sus exportaciones baratas a los Estados Unidos y a otros países han ayudado a fomentar estilos de vida de alto consumo que han acelerado el cambio climático, trayendo condiciones meteorológicas cada vez más duras, que incluyen el aumento del nivel del mar, tormentas más intensas y sequías e inundaciones que han socavado aún más los medios de vida de las poblaciones pauperizadas de América Central.

A partir de la década de 1970, muchos de esos trabajadores y campesinos pobres presionaron a favor de la reforma agraria y la inversión en derechos básicos como la alimentación, la salud y la educación en lugar, simplemente, de enriquecer aún más a las élites extranjeras y locales. Cuando la protesta pacífica se encontró con la violencia, se produjo la revolución, aunque solo triunfara en Nicaragua.

Washington pasó la década de 1980 tratando de aplastar la exitosa revolución de Nicaragua y los movimientos revolucionarios contra los gobiernos militares de derecha de El Salvador y Guatemala. Los tratados de paz de la década de 1990 pusieron fin a los conflictos armados, pero nunca abordaron las divisiones sociales y económicas fundamentales que subyacían en ellos. De hecho, el fin de esos conflictos sólo abrió las compuertas regionales a nuevas inversiones extranjeras masivas y al auge de las exportaciones. Esto supuso, entre otras cosas, la extensión de las fábricas con bajos salarios centradas en las exportaciones (maquiladoras) y el cultivo de nuevas frutas y verduras no tradicionales orientadas igualmente a la exportación, así como un auge de las industrias extractivas como la del oro, el níquel y el petróleo, por no hablar de la creación de nuevas infraestructuras para el turismo de masas.

En la década de 1980, las y los refugiados comenzaron a huir hacia el norte, especialmente de El Salvador y Guatemala, entonces desgarrados por la guerra, la represión y la violencia de los paramilitares locales y los escuadrones de la muerte. La aparente paz en la década de 1990 no supuso en absoluto el fin de la pobreza, la represión y la violencia. Tanto las fuerzas armadas públicas como las privadas proporcionaron seguridad, pero solo a las élites y a los nuevos megaproyectos urbanos y rurales que patrocinaron.

Si un gobierno amenazaba las ganancias de los inversores de alguna manera, como cuando El Salvador declaró una moratoria sobre las licencias mineras, el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica patrocinado por Estados Unidos permitió a las corporaciones extranjeras demandarle y obligarle a someterse al arbitraje vinculante de un organismo del Banco Mundial. En los años de Obama, cuando el presidente electo y reformista de Honduras [Manuel Zelaya] trató de promulgar mejoras laborales y ambientales, Washington dio el aval a un golpe de Estado y lo celebró cuando el nuevo presidente [Roberto Micheletti] declaró orgullosamente el país abierto a los negocios con un paquete de leyes que favorecían a los inversores extranjeros.

El periodista David Bacon llamó a la nueva dirección de ese país un "modelo económico de salarios de pobreza" que no hizo sino favorecer el aumento de pandillas, el tráfico de drogas y la violencia. La protesta se encontró con una feroz represión, incluso cuando fluía la ayuda militar estadounidense. Antes del golpe, las y los hondureños apenas figuraban entre los migrantes centroamericanos a Estados Unidos. Desde 2009, sus ciudadanos han llegado a predominar a menudo entre las y los obligados a huir de sus hogares y dirigirse al norte.

La Alianza para la Prosperidad 2014 del presidente Obama ofreció una nueva ronda de ayuda para el desarrollo económico impulsado por los inversores. La periodista Dawn Paley caracterizó esa Alianza como "en gran parte un plan para construir nuevas infraestructuras que beneficiarán a las empresas transnacionales", incluyendo "desgravaciones fiscales para los inversores corporativos y nuevos oleoductos, carreteras y líneas eléctricas para acelerar la extracción de recursos y agilizar el proceso de importación, ensamblaje y exportación en maquilas de bajos salarios". Un proyecto importante fue un nuevo gasoducto para facilitar las exportaciones de gas natural estadounidense a Centroamérica.

Fue Obama quien supervisó el reconocimiento por Washington del golpe en Honduras. Fue Trump quien miró hacia otro lado cuando Guatemala en 2019 y Honduras en 2020 expulsaron a las comisiones internacionales anticorrupción. Y fue Trump quien aceptó minimizar los crecientes cargos de corrupción y tráfico de drogas contra su amigo, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández [en funciones desde enero de 2014], siempre y cuando promoviera una economía favorable a los inversores y aceptara colaborar con la agenda antiinmigración del presidente de Estados Unidos.

La caravana de enero de 2021 marca la llegada de los años Biden

Todas las señales apuntan a que los años de Biden continuarán con lo que se ha convertido en la norma de Washington en Centroamérica: externalizar la política de inmigración, militarizar la seguridad allí y promover un modelo de desarrollo que pretende disuadir la migración mientras realmente la alimenta. De hecho, la propuesta del presidente Biden prevé 4 mil millones de dólares en cuatro años a distribuir por el Departamento de Estado y la Agencia Americana para el Desarrollo Internacional. Sin embargo, dicho desembolso estaría condicionado al progreso hacia objetivos aprobados por Washington como "mejorar la seguridad fronteriza", "informar a las y los ciudadanos de los peligros del viaje a la frontera suroeste de los Estados Unidos" y "resolver disputas que involucren la confiscación de bienes inmobiliarios de entidades estadounidenses". También se destinarían recursos significativos a seguir desarrollando tecnología fronteriza inteligente en esa región y a las operaciones de la Patrulla Fronteriza en Centroamérica.

Un anticipo de cómo es probable que todo esto funcione llegó justo cuando Biden asumió el cargo en enero de 2021.

Uno de los resultados predecibles de la externalización del control de inmigración por parte de Washington es que el viaje de las y los migrantes desde Centroamérica se ha vuelto cada vez más costoso y peligroso. Como resultado, algunos migrantes han comenzado a reunirse en grandes caravanas públicas para protegerse. Su objetivo: llegar a la frontera de Estados Unidos de forma segura, entregarse a la patrulla fronteriza y solicitar asilo. A finales de enero de 2021, una caravana de unas 7.500 personas hondureñas llegó a la frontera con Guatemala con la esperanza de que el nuevo presidente en Washington anulara, como prometió, la controvertida política de Trump de inmovilizarles en México en internamientos aparentemente interminables, en campamentos abarrotados e inadecuados, justo a las puertas  Estados Unidos.

No sabían que, de hecho, Biden continuaría con la externalización de la política de inmigración de sus predecesores hacia México y Centroamérica. Y es lo que sucedió: 2.000 policías y soldados guatemaltecos con gas lacrimógeno y porras (armados, entrenados y apoyados por Estados Unidos) fueron concentrados en la frontera entre Guatemala y Honduras para expulsarlos.

Un antiguo funcionario de Trump (que el presidente Biden mantiene en su puesto ) tuiteó que Guatemala había "asumido sus responsabilidades de manera apropiada y legal". El gobierno mexicano también elogió a Guatemala mientras reunía a miles de sus tropas en su propia frontera sur. Y Juan González, director del Consejo de Seguridad Nacional de Biden para el Hemisferio Occidental, elogió la "gestión del flujo migratorio" de Guatemala.

A mediados de marzo, el presidente Biden pareció vincular una respuesta positiva a la solicitud de México de parte de parte de la vacuna excedente  contra la coovid-19 de Washington con nuevos compromisos para tomar medidas enérgicas contra las y los migrantes. Una de las exigencias era que México suspenda sus propias leyes que garantizan condiciones de detención humanas para las familias con niños pequeños. Ninguno de los dos países tenía capacidad de proporcionar tales condiciones para el gran número de familias detenidas en la frontera a principios de 2021, pero la administración Biden prefirió presionar a México para que ignorara sus propias leyes, a fin de poder deportar a más de esas familias y mantener el problema fuera de la vista del público estadounidense.

A finales de enero de 2021, el CISPES se unió a una gran coalición de organizaciones de paz, solidaridad y trabajo que pidió a la administración Biden que reconsiderara sus planes centroamericanos. "Las múltiples e interconectadas crisis que enfrentan millones de personas en Centroamérica son el resultado de décadas de brutal represión estatal de los movimientos democráticos por parte de regímenes de derechas y de la implementación de modelos económicos diseñados para beneficiar a los oligarcas locales y las empresas transnacionales", escribió el CISPES. "Con demasiada frecuencia, Estados Unidos ha apoyado fuertemente estas políticas, que han empobrecido a la mayoría de la población y devastado el medio ambiente".

Esta coalición pidió a Biden que rechazara el compromiso, que viene de lejos, de Washington con la seguridad militarizada vinculada a la creación y el fortalecimiento de economías extractivas favorables a los inversores en Centroamérica. "Hacer frente a los flujos migratorios exige un replanteamiento total de la política exterior de Estados Unidos", instó el CISPES. A mediados de marzo, el presidente no había respondido de ninguna manera a la petición. Mi consejo: no contengas la respiración mientras esperas la respuesta.

Aviva Chomsky

3 abril 2021

 

30/03/2021

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O las grandes tecnológicas o la prensa libre

La captura de ingresos por publicidad digital de las grandes empresas de tecnología como Google y Amazon representa una amenaza seria para la libertad de prensa.

 

A fines de febrero en 2021 se produjeron dos acontecimientos notables. En primer lugar, Facebook y Google intentaron intimidar a Australia debido a una nueva ley que exige que las plataformas de las grandes tecnologías (big tech) compartan con las empresas de medios de comunicación australianas los ingresos por publicidad digital. Segundo, la cumbre de ministros de Economía y Finanzas del G-20 resultó en un giro drástico respecto de las normas impositivas globales.

En un anuncio que casi no tuvo publicidad, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo a sus pares del G-20 que el gobierno de Joe Biden iba a desestimar el reclamo del gobierno de Donald Trump de que las compañías estadounidenses de tecnología, como Google y Facebook, pudieran optar voluntariamente por quedar fuera del propuesto acuerdo impositivo digital global. Esta disposición, conocida como «safe harbor» (puerto seguro), era enfáticamente resistida por la Unión Europea y durante muchos años bloqueó las negociaciones para que las compañías de tecnología paguen una porción mayor de sus impuestos en los países donde operan.

Por años, Facebook, Google, Amazon, Apple y otras empresas buscaron paraísos fiscales, instalando centros de operaciones básicas en países de baja tributación y registrando la totalidad de sus ventas a través de esos países. Con la administración Biden dando muestras de una nueva apertura estadounidense a un impuesto digital común, así como a un impuesto corporativo mínimo global, las big tech pronto podrían encontrarse ante un frente transatlántico unificado.

Parte de ese frente es impulsado por una pelea por la supervivencia entre las empresas de medios tradicionales, no solo en Australia sino en todo el mundo. Además de transmitir torrentes de desinformación electoral y sobre el covid-19, otro de los impactos peligrosos de la actividad de Google y Facebook ha sido el debilitamiento de la estabilidad económica de los medios de comunicación, desde Australia hasta la Unión Europea, pasando por el estado norteamericano de Maryland.

Las big tech debilitan a la prensa

¿Cómo amenazan Google y Facebook el bienestar económico de la prensa libre? Solo estas dos firmas absorben un increíble 60% de toda la publicidad online en el mundo (fuera de China). Con otro 9% que toma Amazon, solo resta un magro 30% de ingresos por publicidad digital global para distribuir entre los miles de medios de comunicación, muchos de los cuales son publicaciones locales. Dado que los avisos digitales online representan en la actualidad más de la mitad del gasto total por publicidad (y se proyecta un crecimiento aún mayor), esto ha contribuido enormemente a la desfinanciación y el fracaso de empresas de noticias en un país tras otro.

La situación de Australia es típica. Su comisión de competencia determinó que, por cada 100 dólares australianos gastados por anunciantes online en Australia, 47 van a Google y 24 a Facebook, aun si la publicidad tradicional ha caído. Varios estudios establecieron que la mayoría de la gente que se informa mediante la web no consulta la fuente original de las noticias, sino que accede a ellas a través de las plataformas de Facebook y Google, que están hábilmente diseñadas para mantener la atención de los usuarios. Muchos de estos jamás hacen clic en los enlaces, y en cambio absorben el meollo de las noticias desde los titulares y las vistas preliminares de las plataformas.

En efecto, los medios digitales han convertido a miles de editoriales y emisoras en poco más que escritores fantasma no remunerados de los contenidos de su plataforma. Hay que tener en cuenta que Facebook y Google podrían modificar su diseño y sus algoritmos para dirigir intencionalmente a los usuarios a los sitios web de las fuentes de noticias. Sin embargo, no lo hacen. Prefieren reempaquetar y monetizar el producto del productor original sin pagar por eso. En otras industrias, eso se llama robo.

Por lo tanto, Australia decidió luchar contra este duopolio estableciendo algunas reglas propias. Una nueva ley exige que las empresas de medios digitales compensen a las empresas australianas de medios en forma justa por reempaquetar y monetizar sus contenidos de noticias registrados. Los medios de comunicación de todo el mundo están atentos para ver cómo resulta esto.

El poder puro y desnudo de la plataforma

Ante la propuesta, Google lanzó inicialmente amenazas, pero luego negoció acuerdos con las empresas de noticias para pagarles alguna compensación. En cambio, Facebook hizo exhibición de sus fuerzas sacando completamente a Australia de su plataforma por varios días. Esto impidió que tanto las empresas de noticias australianas como los usuarios, entre ellos importantes organismos gubernamentales como los servicios de salud, de prevención y combate de incendios y de crisis, pudieran publicar, ver o compartir contenidos de noticias.

El resultado fue impactante, el proverbial «disparo que se escuchó ‘en todo el mundo’». Facebook censuró a los usuarios australianos con más eficacia que la que alguna vez haya podido ejercer el gobierno comunista chino, lo cual promovió acusaciones de «autoritarismo big tech». Facebook finalmente cedió a los requerimientos de Australia a cambio de algunas concesiones poco claras e inciertas. Pero el mensaje del poder puro y desnudo de la plataforma fue inequívocamente claro.

En la actualidad se libra una batalla similar en el estado de Maryland. Durante los últimos 10 años, el ingreso por publicidad de los periódicos estadounidenses cayó 62 y sin ese financiamiento, el empleo en las redacciones se redujo casi a la mitad. Esa caída coincidió con un incremento enorme>span class="MsoHyperlink"### en el uso de medio digitales. Presionado por estas cifras de la economía, Maryland aprobó el primer impuesto estadounidense sobre los ingresos por publicidad digital (percibidos dentro de los límites de ese estado), dirigido a empresas como Facebook, Google y Amazon. Se proyecta que la medida genere un ingreso fiscal de hasta 250 millones de dólares en el primer año, que se destinará a las escuelas. Los gigantes tecnológicos amenazan con acciones legales contra Maryland, al tiempo que legisladores de los estados de Connecticut e Indiana han introducido medidas similares.

El panorama más amplio: lo que está en juego

Uno de los debates más importantes y no zanjados de la era de internet es si las plataformas de medios digitales como Facebook, Google/YouTube y Twitter son la nueva «plaza pública», es decir, una especie de ágora de la libertad de expresión global, o simplemente la más moderna versión tecnológica de las antiguas empresas editoriales y de difusión radial y televisiva. O, quizás, un híbrido entre ambos.

Antes incluso de los acontecimientos seminales de este año –el ataque al Capitolio y la decisión de Facebook, Google y Twitter de discontinuar las publicaciones del presidente de Estados Unidos–, las empresas de big tech actuaron como editoras al poner en manos de sus algoritmos de «participación» decisiones cruciales sobre qué contenido se presenta al tope de los flujos de noticias de los usuarios y cuál se promociona y amplifica. Sus sofisticadas máquinas editoriales de «cola larga» utilizan sistemas precisos de direccionamiento de contenidos a nichos de usuarios, para mostrar diferentes contenidos a diferentes personas, incluso publicidad política.

No se trata aquí de tableros de chat online pasivos, ni las plataformas de las big tech son meras administradoras de una plaza pública digital. Son «editoriales robot» en las que los algoritmos llevan a cabo las tareas esenciales de un editor. Desde un punto de vista legal o de rendición de cuentas, debería importar poco si lo que está detrás de la cortina es una súper computadora o un ser humano. De hecho, estas empresas tienen más en común con el New York Times, Bild y Rupert Murdoch que con un wikiboard en línea o una esquina para la libre expresión en el Hyde Park de Londres.

Sin embargo, la ley vigente no trata a estas empresas como a editoriales o difusoras de radio o televisión, en particular en lo que a responsabilidad o rendición de cuentas se refiere. Las plataformas de medios digitales prefieren escudarse tras el hecho de que tienen miles de millones de usuarios que generan contenido, lo que asimilaría su rol al de un «transportista general» estilo AT&T o al de una plaza pública. Pero eso no debería opacar la centralidad de su función editorial.

¿Una amenaza a la internet abierta?

Quienes critican el enfoque de Maryland y Australia sostienen que amenaza el principio de una internet abierta. En esencia, exigen que las fuentes de noticias tradicionales soporten la carga financiera de continuar produciendo noticias de calidad sin recibir una compensación justa, así como demandaron que se le permitiera a Napster distribuir música registrada en forma gratuita sin compensar a los músicos y las discográficas.

Pero el principio de «internet abierta» debe equilibrarse con el «principio del derecho de autor», que se estableció años antes de que existiera internet. La ley de derecho de autor establece que ningún individuo u organización puede echar mano al contenido de otro y monetizarlo sin pagar por eso. Hay algo básico y justo en que los gigantes de medios digitales paguen por el contenido de noticias original que utilizan para llevar tráfico a sus sitios propios.

El principio de internet abierta contribuye a la inestabilidad financiera de los medios de comunicación de todo el mundo, y si se lo lleva a su conclusión lógica, canibalizará lo que queda de los medios noticiosos. Sin fuentes creíbles de noticias en las que apoyarse, Facebook, Google y Twitter estarían aún más teñidas por la desinformación por la que se han hecho famosas estas plataformas. De esa forma van camino a la autodestrucción.

Las democracias deben detener esta destrucción del ecosistema de los medios digitales antes de que estas empresas destruyan nuestras democracias. Francia y Austria han aprobado leyes similares a las de Australia; Canadá anuncia que adoptará ese enfoque y posiblemente la India también lo haga.

Hay mucho en juego en esta batalla por la participación en la publicidad digital, y la Unión Europea y Estados Unidos deberían señalar el rumbo tanto para asegurar que los medios big tech respeten la inviolabilidad de la ley de derecho de autor como para detener el debilitamiento de los medios de comunicación y de las empresas de noticias en todo el mundo. Desafortunadamente, el gobierno de Biden se ha mantenido notablemente callado en relación con este tema, algo quizá comprensible teniendo en cuenta que tiene mucho que atender en sus primeros meses de gestión.

También es lamentable que la Directiva de la Unión Europea sobre Derecho de Autor, una regulación que ya tiene dos años, no haya sido aún implementada por la mayoría de los Estados miembros. Esta norma, sin embargo, es significativamente más débil que la nueva ley de Australia, ya que no obliga a las empresas tecnológicas a someterse a un arbitraje vinculante con las empresas de noticias cuando no logran llegar un acuerdo. Martin Kretschmer, profesor de Derecho en la Universidad de Glasgow, afirma que «la Directiva de la Unión Europea sobre Derecho de Autor es ya una ley anticuada».

Pero un frente unificado transatlántico en el G-20 respecto a normas impositivas globales ofrece una oportunidad para que la Unión Europea y Estados Unidos negocien con otras naciones líderes para establecer un nuevo estándar que permita controlar los muchos aspectos tóxicos de los monopolios de las big tech. Es hora de que los Estados a ambas márgenes del Atlántico mejoren su juego.

Fuente: IPS

Traducción: María Alejandra Cucchi

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Pascua. Entre memorias y reciclajes del terror

En la semana de Pasión y de Pascua, nuestra Comunidad siguió su tradición consolidada de recorrer los caminos ensangrentados en donde se les arrancó la vida a centenares de integrantes de nuestro proceso. Es la pasión de Jesús reciclada permanentemente por nuestro criminal Estado colombiano.

Este Viernes Santo de 2021 peregrinamos por los caminos de las veredas La Linda, La Sucia y La Cristalina. Estuvimos en el sitio donde fue perpetrada por el ejército la horrenda masacre de jóvenes en el amanecer de 26 de diciembre de 2005. Previamente miembros de la Brigada XVII habían cooptado a los hermanos Ovidio, Albeiro y Lubín Cardona Borja, quienes eran milicianos de las FARC, con el fin de que trabajaran para el ejército como infiltrados y prepararan una gran fiesta de Navidad con amplio consumo de licor; así podrían sorprender ebrios a numerosos jóvenes de la zona y masacrarlos, confiando en que entre ellos caerían algunos milicianos. El General Zapata dio el falso Parte a los medios mostrándolos como “guerrilleros muertos en combate”. Entre las 6 víctimas fatales cayeron integrantes de nuestra Comunidad y los hermanos Cardona cobraron como cuota de sangre 4 millones de pesos por cada víctima, sumas que el ejército les canceló inmediatamente, mientras esos victimarios se integraban de lleno a la tropa paramilitar, usando uniformes y armas de uso privativo del ejército y rindiendo declaraciones falsas ante fiscales cooptados por los militares para alimentar montajes judiciales de atrevida falsedad y suciedad.

En ese mismo recorrido pasamos por el sitio donde la guerrilla de las FARC asesinó, el 6 de octubre de 1997, a tres líderes de nuestra naciente Comunidad de Paz: Ramiro Correa, Fernando Aguirre y Luis Fernando Espinosa, cobrándonos así el respeto con que cumplíamos nuestro Reglamento, en el cual se prohibía vender alimentos a cualquier actor armado.

En ese mismo recorrido estacionamos en otros numerosos lugares ensangrentados: desde el sitio donde los militares le arrancaron la vida a la niña de 3 años Mildrey Dayana David Tuberquia, el 18 de marzo de 2003, hasta el sitio en que sus auxiliares paramilitares masacraron al joven Weber Andrés Garzón, el 18 de agosto de 2019 por negarse a cumplir sus absurdas órdenes. Visitamos también las ruinas de la vivienda de la familia Arenas Román, cuyo padre, Ignacio Arenas, fue bajado de un chivero y asesinado en la vía a Apartadó, el 25 de agosto de 2000 y sus tres hijos: Luz Analia, Hernando y Duver Antonio, masacrados un mes después, el 23 de septiembre de 2000.

Pero mientras la memoria nos revivía los horrores del pasado, las denuncias actuales nos convencen de que el Estado que nos domina sigue demostrando su carácter GENOCIDA, con un afán desaforado por exterminar a todo grupo que no se ajuste a su modelo excluyente, paramilitar y asesino, tal como se comprobó en las recientes audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, realizadas en Bucaramanga, Bogotá y Medellín entre el 25 y el 27 de marzo de 2021.

Ponemos en conocimiento del país y del mundo los últimos hechos que nos preocupan profundamente:

  • El lunes 22 de marzo de 2021, dos pobladores del caserío de San José fueron amenazados por los paramilitares, quienes los trataron de “sapos” o informantes. Uno de los paramilitares anunciaba: “va a correr de la colorada” (refiriéndose a nuevos derramamientos de sangre).
  • ·El domingo 28 de marzo de 2021un personaje extraño, con la cara cubierta, estuvo recorriendo, de manera muy sospechosa, la parte del río El Cuchillo que bordea nuestro asentamiento central de San Josesito, como inspeccionando su topografía con miras a algún plan de acción. A raíz de esto, otras personas informaron que en días pasados habían visto a otros personajes sospechosos haciendo similares recorridos por el río.
  • ·En la última semana de marzo de 2021,en la vereda El Porvenir se vio transitar a un grupo de jóvenes reclutados y entrenados por los paramilitares.
  • ·En la última semana de marzo de 2021, pobladores de la vereda El Porvenir manifestaron su propósito de vender sus tierras porque, según ellos, “ya los paramilitares no los dejan trabajar”.
  • ·El martes 30 de marzo de 2021,  ala 01 del amanecer, paramilitares movilizados en motos distribuyeron panfletos en diversas veredas de San José de Apatadó. Uno de esos panfletos fue dejado en el asentamiento de San Josesito de nuestra Comunidad de Paz. Las cámaras captaron el momento en que llegaban en moto a dejar los panfletos.

Todos los episodios reseñados evidencian el dominio paramilitar de la zona, donde se comprueban reclutamientos, entrenamientos, reuniones, imposición de normas y cobros de impuestos a su amaño, presiones sobre pobladores para convertirlos en aliados y amenazas contra potenciales informantes, concentrando nuevamente las amenazas en anuncios de exterminio de nuestra Comunidad de Paz, en la cual ven un estorbo para sus planes de dominio, pues nuestra Comunidad no comparte ni de lejos sus perversos principios.

Es de público conocimiento, además, que en los alrededores de la base militar se ha establecido una caseta de fuerte consumo de licor en las noches, donde los paramilitares acuden armados. Es también preocupante el aumento de civiles armados que se movilizan por la carretera, multiplicándose la fuerza paramilitar ante la tolerancia absoluta de las instituciones.

Con nuestro saludo de Pascua, deseándoles felicidades, agradecemos nuevamente a las comunidades que desde tantos sitios del país y del mundo siguen manifestando su solidaridad fraterna con nuestra causa.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Abril 6 de 2021

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En el laboratorio experimentan con un ejemplar de venus atrapamoscas y con uno de tabaco. Foto Afp

Singapur. Hablar de plantas carnívoras manipuladas a distancia o vegetales que avisan cuando se ven afectados por una enfermedad no refiere a una película de ciencia ficción, sino a la obra de científicos que experimentan nuevos sistemas para comunicarse con esos seres.

En Singapur los investigadores conectaron plantas a electrodos capaces de detectar las bajas señales eléctricas que los vegetales emiten de forma natural.

Utilizaron esa tecnología para que una dionea atrapamoscas cierre sus "mandíbulas", formadas por dos lóbulos, cuando un teléfono inteligente emite una señal.

Después unieron uno de los lóbulos a un brazo robótico para agarrar un alambre de medio milímetro y luego un objeto pequeño mientras caía.

La tecnología está en ciernes, pero los investigadores creen que podría servir en el futuro a concebir "robots-plantas" capaces de manipular objetos demasiado frágiles para los brazos rígidos de las máquinas.

“Estas especies de robots naturales podrían interrelacionarse con otros artificiales para crear sistemas híbridos”, declaró Chen Xiaodong, autor de un estudio publicado por la Universidad Tecnológica Nanyang (NTU, por sus siglas en inglés) de Singapur.

Quedan muchos problemas por resolver. Por ejemplo, los científicos pueden estimular las "mandíbulas" de las dioneas atrapamoscas para que se cierren, pero no son capaces de abrirlas, un proceso que en la naturaleza dura 10 horas o más.

El sistema también puede detectar las señales débiles emitidas por las plantas. Esto a la larga podría permitir que los agricultores fueran alertados en una fase precoz cuando esos seres estén enfermos.

"Vigilando las señales eléctricas de las plantas, podríamos ser capaces de detectar cuando piden socorro y anomalías", afirmó Chen.

"Los agricultores podrían darse cuenta de que una enfermedad se propaga, incluso antes de que aparezcan síntomas claros."

Hace tiempo que los científicos conocen la existencia de las señales eléctricas emitidas por las plantas, pero su superficie irregular y blanda dificulta la instalación de sensores.

Los investigadores concibieron electrodos con una textura flexible que se pueden ajustar alrededor de una planta para detectar señales de forma más fiable. Se pegan con un termogel.

Otros investigadores van por el mismo camino.

En 2016, un equipo del Instituto de Tecnología de Massachusetts utilizó hojas de espinaca como detectores capaces de enviar correos electrónicos a los científicos cuando se detectaban explosivos en el subsuelo.

Los investigadores colocaron nanotubos de carbono que podían emitir una señal fluorescente cuando las raíces de las plantas detectaban compuestos nitroaromáticos, sustancia que suele usarse en los explosivos. Una cámara infrarroja leía la señal y enviaba un mensaje a los científicos.

Científicos de todo el mundo creen que necesitaremos una nueva generación de vacunas anti-COVID en menos de un año

Una cobertura baja de vacunación en muchos países podría tener como consecuencia la circulación de más variantes capaces de infectar a inmunizados. Según un encuesta global, el 88% de los científicos creen que habrá nuevas versiones de las vacunas en pocos meses

 

Existe la posibilidad de que en menos de un año la primera generación de vacunas para la COVID-19 ya no surta efecto y sean necesarias fórmulas modificadas. Eso indica una encuesta entre epidemiólogos, virólogos y especialistas en enfermedades infecciosas.  

La comunidad científica ha señalado desde hace tiempo que es necesario un proceso de vacunación global para neutralizar con éxito la COVID-19. El motivo, la amenaza que suponen las variantes del virus. Algunas de las que están surgiendo y propagándose son incluso más mortales, más contagiosas y más resistentes a las vacunas.  

El pronóstico, que no es bueno, lo comparten dos tercios de las personas encuestadas por la alianza de las vacunas de la gente, una coalición de organizaciones entre las que se encuentran Amnistía Internacional, Oxfam y UNAIDS, que hizo la encuesta entre 77 científicos de 28 países. Casi un tercio de los encuestados indicó que el marco temporal es, probablemente, de nueve meses o menos.

Según el 88% de los que contestaron, una cobertura baja de vacunación persistente en el tiempo en muchos países puede tener como consecuencia una posibilidad mayor de que aparezcan mutaciones resistentes. Entre esas respuestas están las de personas que trabajan en instituciones como la Escuela de Medicina Tropical e Higiene de Londres, la Universidad de Edimburgo, el Imperial College o las universidades de Yale y Johns Hopkins

“Cada día aparecen nuevas mutaciones. A veces encuentran un nicho para el que están mejor preparadas que sus predecesoras. Estas variantes, las que tienen suerte, podrían transmitirse de manera más eficiente y podrían escaparse de las respuestas del sistema inmunológico a cepas previas", dijo Gregg Gonsalves, profesor asociado de epidemiología de la Universidad de Yale, en un comunicado. “A menos que vacunemos al mundo entero, dejamos el terreno de juego abierto a más mutaciones que podrían producir más variantes que, a su vez, podrían escapar a las vacunas actuales y requerirían de dosis de refuerzo”. 

Las vacunas disponibles actualmente han recibido autorizaciones de emergencia por parte de diversas administraciones de todo el planeta y son una mezcla de tecnologías nuevas y antiguas. Tiene gran interés el enfoque del ARN mensajero que utilizan empresas como Pfizer/BioNTech y Moderna. Puede modificarse en cuestión de semanas o meses para adaptarse a variantes nuevas, pero su fabricación siempre es susceptible de generar dificultades en su producción que retrasan el proceso. 

Hay países que no han puesto ni un sola vacuna

Uno de los problemas principales de las vacunas con esta tecnología es que no están al alcance de los países de menos recursos porque son mucho más caras y requieren de un almacenamiento mucho más costoso en comparación con otras. 

Al mismo tiempo, países con más recursos como Estados Unidos y Reino Unido ya ha administrado al menos la primera dosis de la vacuna a la tercera parte de sus habitantes y han garantizado cientos de millones de dosis. Otros países como Sudáfrica y Tailandia no han conseguido vacunar ni al 1% de su población. Algunos países no han puesto ni una sola vacuna. 

Covax – la coalición por la vacunación global, que pretende combatir contra el llamado nacionalismo de las vacunas- espera ser capaz de suministrar dosis a al menos el 27% de la población de países con menores ingresos a lo largo de este año

“La urgencia por vacunar a la población que vemos en los países ricos -esperan que los adultos estén vacunados en verano- no se refleja en todo el mundo. Nos encontramos en su lugar con que Covax tiene como objetivo el 27% de la población si somos capaces de gestionarlo; no es suficiente”, dice Max Lawson, responsable de políticas de lucha contra la desigualdad de Oxfam y presidente de la Alianza de Vacunas del Pueblo, que pide a los fabricantes de vacunas para la COVID-19 que compartan su tecnología y propiedad intelectual para aumentar la producción

“¿Dónde está la ambición para lograr un objetivo global, el que nos pide la ciencia? Creo que esa es la clave. No vemos la ambición necesaria, falta el reconocimiento de que una vacunación limitada es bastante peligrosa”. 

Por Natalie Grover

2 de abril de 2021 20:28h

Traducido por Alberto Arce

El mundo poscovid, ¿unos ‘nuevos años veinte’?

Lo cierto es que no fue una época especialmente 'feliz' para muchos. Todos los elementos que dieron pie a la violencia política de los años treinta y el auge del fascismo se encontraban ya presentes en la década anterior.

 

En «MoneyBart», el tercer episodio de la vigésimo segunda temporada de Los Simpsons, Lisa se propone multiplicar sus actividades extraescolares para poder ser admitida en Harvard. “Cariño, podrías ir a McGill, el Harvard de Canadá”, trata de consolarla su madre. “Algo que es el ‘algo’ de ‘algo’ en realidad es el ‘algo’ de ‘nada’”, responde Lisa. Ya sabrá disculpar el lector la referencia pop para comenzar este artículo, pero resulta más accesible que desmontar, una vez más, la genealogía que ha llevado a la frase con la que Karl Marx abre El 18 de brumario de Luis Bonaparte –“Hegel observó en algún lugar que todos los hechos y personas de la historia mundial se repiten, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de añadir: la primera como tragedia y la segunda como farsa”– a convertirse en un recurso retórico vacío o, peor aún, una suerte de dictum para marxistas escolásticos.

Sirva este prolegómeno para reflexionar sobre los varios artículos que plantean la llegada de unos “nuevos años veinte” una vez la epidemia de Covid-19 esté bajo control o haya desaparecido por completo. Ésa es la tesis, por ejemplo, de Nicholas Christakis. Según el director del Human Lab de la Universidad de Yale, “típicamente, en períodos de pandemia la gente se vuelve más religiosa, ahorra dinero, le toma aversión al riesgo, tiene menos interacciones sociales y se queda más en casa, dejas de ver a tus amigos”. A esta fase le sigue un “período intermedio, donde el impacto biológico de la pandemia quedará atrás, pero aún tendremos que lidiar con el impacto económico y social”, y, una vez superado éste –el autor calcula ese momento en torno al año 2024–, “como pasó en los locos años veinte del siglo pasado”, la gente “buscará inexorablemente más interacción social”, irá “a clubes nocturnos, restaurantes, manifestaciones políticas, eventos deportivos, recitales”, mientras “la religión disminuirá, habrá una mayor tolerancia al riesgo y la gente gastará el dinero que no había podido gastar”. Después de la pandemia, concluye Christakis, “puede venir una época de desenfreno sexual y derroche económico”.

“¿Hay razones para pensar que el mundo poscovid traerá otros felices años veinte como los que en el siglo pasado sucedieron a las ruinas humeantes de la Primera Guerra Mundial y los millones de muertos de la mal llamada gripe española?”, se preguntaba un artículo El País a propósito de los planteamientos de Christakis. Hay quien ha querido ver un paralelismo entre los avances tecnológicos de aquella década –la expansión de la electricidad, el cine, la radio, el automóvil, el teléfono y el telégrafo– y el desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación (TIC) de la nuestra. Incluso L’Óreal se ha sumado a esta corriente. “La gente estará contenta por volver a salir, a socializar”, declaró el presidente de la compañía, Jean-Paul Agon. “Será como los felices años veinte, habrá una fiesta con maquillaje y fragancias, utilizar barra de labios será de nuevo un símbolo de retornar a la vida”, añadió. La idea de fondo no solo dista de ser original, sino que es tremendamente superficial y, posiblemente, equivocada. La metáfora de “los nuevos años veinte”, más que aclarar, contribuye a oscurecer nuestra comprensión del presente o el pasado.

Presente continuo

Uno de los rasgos atribuidos por el filósofo estadounidense Fredric Jameson a la posmodernidad, entendida como lógica cultural del capitalismo tardío, es la crisis del pensamiento histórico, o en otros términos, la creciente incapacidad para entender los procesos sociopolíticos históricamente. En El postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado –del que este año se cumple el trigésimo aniversario de su publicación–, Jameson venía a decir que el nuestro es un régimen de presente continuo donde, desarticulado de todo proceso histórico, el pasado se ha convertido en una especie de baúl de los recuerdos del que pueden sacarse los disfraces a conveniencia. Disfraces que, en este caso, han sido confeccionados por el departamento de vestuario de la industria cultural: quien habla de “los años veinte” como lo hace Christakis está pensando en un imaginario construido por el cine estadounidense de bootleggers, flappers y jazz.

Aunque estos artículos no obvian que “los felices años veinte” terminaron con la crisis de 1929, esta se presenta como un accidente histórico y no como consecuencia de las tensiones creadas por el Tratado de Versalles, la hiperinflación alemana, el retorno de las economías occidentales al patrón oro y las políticas de Calvin Coolidge (1923-1929), un conocido partidario del laissez-faire y del principio de mínima intervención gubernamental en la economía. Y se limita geográficamente, en un nuevo ejemplo de colonización cultural, a los Estados Unidos de América: aunque la República de Weimar e incluso la Unión Soviética tuvieron sus propios “felices años veinte” –entre 1924-1929 y 1921-1928, respectivamente, gracias al Plan Dawes y el Plan Young, en el caso alemán, y a la Nueva Política Económica (NEP), en el de la URSS–, lo cierto es que los “felices años veinte” no fueron especialmente “felices” para muchos en ninguno de esos tres países ni mucho menos en otros.

También los veinte fueron el fermento de regímenes autoritarios con la proclamación del almirante Miklós Horthy como regente de Hungría (1920), la marcha sobre Roma de Benito Mussolini (1922), la dictadura de Miguel Primo de Rivera en España (1923) o los golpes de Estado en Portugal y Polonia, ambos en 1926. Aunque las consecuencias económicas del crack del 29 precipitaron los hechos, lo cierto es que todos los elementos que dieron pie a la violencia política de los treinta y el auge del fascismo se encontraban ya presentes en la década anterior.

Por otra parte, esa misma interpretación de los años veinte sesgada y pasada por el tamiz de la cultura de masas permite que genere menos rechazo entre el público que, pongamos por caso, la Rusia de los años noventa. Un período con el que comparte la misma relajación de la moral y rápidas transformaciones políticas y económicas, convulsión social y capitalismo desembridado. Huelga decir que, de ser preguntados por ello, seguramente muy pocos, por no decir nadie, responderán que quieren parecerse a aquella Rusia caótica y en descomposición social, que solo se estabilizó con el cambio de milenio, con el perfeccionamiento del sistema de ‘democracia gestionada’ que supuso la llegada de Vladímir Putin al Kremlin.

La historia de la interpretación de la historia es tan fascinante como la historia misma. En los últimos años hemos visto conjurarse en el discurso político desde la República de Weimar a la Edad Media, uno de los tropos preferidos de la nueva derecha radical. Con el Covid-19 y la incertidumbre que lleva aparejada, estos espectros deambulan más que nunca entre nosotros. Puede que el pronóstico sobre unos “nuevos años veinte” no sea el último que veamos de estas características. “No podemos predecir cómo responderá nuestra palabra”, escribió el poeta ruso Fiódor Tiútchev en el siglo XIX. Habrá que limpiarse bien las lentes para evitar que se empañen de ideología y estar atentos, como siempre, a la evolución de los acontecimientos.

Por Àngel Ferrero, miembro del comité de redacción de Sin Permiso.

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