Lunes, 30 Agosto 2021 05:07

Tres aniversarios

El reverendo William Barber (al centro) después de un mitin en el Lincoln Memorial el fin de semana en Washington, donde resaltó que las mismas fuerzas que quieren suprimir el voto en Estados Unidos, también "suprimen los salarios dignos, la salud universal, los derechos de los inmigrantes..."Foto Afp

“La feroz urgencia del ahora. Este no es momento para empeñarnos en el lujo de la calma o de tomarnos la droga tranquilizante del gradualismo. Ahora es el tiempo de hacer realidad las promesas de la democracia”, declaró el reverendo Martin Luther King Jr, desde las escalinatas del Monumento a Lincoln al culminar la histórica Marcha a Washington Por Empleo y Libertad en 1963.

Justo 58 aÑos después, el sábado pasado miles marcharon hacia ese mismo lugar y en unas 40 ciudades del país, con veteranos del gran movimiento por la justicia racial encabezado por King –el cual evolucionó a incorporar la lucha contra la injusticia económica del capitalismo y el militarismo imperial– abrazados de nuevas generaciones, haciendo eco de sus palabras y su compromiso moral.

La demanda central y unida del mosaico de esta movilización fue algo que no deja de ser asombroso dentro del propio país que no deja de proclamarse el "faro de la democracia" en el mundo: el derecho pleno al voto.

El reverendo William Barber, quien con otros resucitó la Campaña de los Pobres –la última iniciativa de King antes de ser asesinado– comentó en los actos del aniversario que “todo estadunidense debería estar pre-ocupado… puede ser que ya es una oligarquía civil y no una democracia, y el próximo paso es una autocracia”. Al encabezar marchas, manifestaciones y acciones de desobediencia civil por todo el país para defender el derecho al voto ante casi 400 iniciativas promovidas por republicanos para suprimir el voto sobre todo de minorías y pobres en 48 estados (por lo menos 18 estados ya han implementado leyes con ese propósito). Barber resaltó que las mismas fuerzas que están suprimiendo el voto, “están suprimiendo los salarios dignos, la salud universal, los derechos de los inmigrantes… todo está vinculado”.

A la vez, está por marcarse el 20 aniversario del 11-S y la proclamación de la "guerra contra el terror". Como en su momento advirtió Howard Zinn, el término es absurdo, ya que "toda guerra es terrorismo". Más aún, la declaración bélica aparentemente eterna fue también una declaración de guerra contra libertades civiles y derechos humanos dentro de este país y en cualquier parte del mundo donde deseaba operar Washington al realizarse detenciones masivas arbitrarias, lanzar nuevos sistemas de espionaje masivo de ciudadanos, desapariciones, tortura, y campos de concentración (Guantánamo), asesinatos y más –todo supuestamente prohibido por ley. Y el temor empleado para justificar todo.

Viente años después, todos son testigos al desastroso fin de la aventura bélica estadunidense en Afganistán, el primer frente de esa guerra contra el "terror". Circula una broma: "si alguna vez te sientes inútil, recuerda que tomó 20 años, billones de dólares y cuatro presidentes estadunidenses para remplazar al Talibán con el Talibán".

A la vez, en otro rudo recordatorio más de la emergencia del cambio climático, el mega-huracán Ida está azotando la región devastada por el huracán Katrina hace exactamente 16 años este domingo.

A diferencia de Katrina, Ida llega ahora a un territorio sitiado por el Covid-19. En Nueva Orleáns, los hospitales no podían evacuar pacientes a otras partes de la región porque no hay cupo, reporta Ap. Si la tormenta obliga a la gente a refugiarse en centros masivos como la vez pasada, los expertos de salud pública pronostican una pesadilla de contagios. Como siempre, las consecuencias más severas del cambio climático, como de la pandemia, son padecidas por los más pobres y vulnerables.

Tres aniversarios marcan la coyuntura estadunidense. Es como que los fantasmas del pasado se unieron para enviar un mensaje claro y directo al presente: los ataques contra los derechos democráticos, las guerras y el cambio climático están poniendo en jaque al futuro de todos.

Los que siempre han rescatado a este país desde abajo necesitan más que nunca de la solidaridad de fuerzas progresistas alrededor del mundo para actuar ante esta "feroz urgencia del ahora".

The Rolling Stones. Gimme Shelter. https://www.youtube.com/watch?v=clGX_J19_9o

Tom Morello, Bruce Springsteen, Eddie Vedder. Highway to Hell. https://www.youtube.com/watch?v=ZuNlA6BB28E

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Habitantes de Beita son dispersados con gas lacrimógeno, en el mejor de los casos, luego de incomodar a colonos israelíes y ahora a soldados que los sustituyen. Foto Afp

En el pueblo palestino de Beita, al norte de Cisjordania, una peculiar función de cine al aire libre se proyecta cada noche. Sentados en sillas de plástico y armados con punteros láser, linternas y altavoces, sus habitantes hacen ruido y proyectan luces hacia la colina vecina y hartar a los israelíes para que se marchen.

Desde mayo Beita quiere encarnar una nueva forma de resistencia que sea independiente de los partidos políticos ante la ocupación israelí.

"Aquí hay sólo una bandera: la de Palestina. No hay Fatah, Hamás o FPLP (Frente Popular para la Liberación de Palestina). No hay líderes carismáticos. Intentamos hacer desde abajo lo que los dirigentes no logran hacer desde arriba", dice Said Hamayel, uno de los manifestantes.

La movilización de los 12 mil 500 habitantes de este pueblo ha tenido frutos: a principios de julio los colonos israelíes que habían instalado sus caravanas en la colina situada frente a Beita fueron remplazados por soldados.

El asentamiento de Eviatar, creado sin el visto bueno de las autoridades israelíes, fue desalojado en virtud de un acuerdo logrado entre colonos y gobierno, mientras éste decide sobre los derechos de propiedad de la colina, territorio palestino que Israel ocupa desde 1967.

Todas las colonias instaladas en los territorios palestinos son ilegales, de acuerdo con el derecho internacional. El gobierno israelí autoriza la instalación de buena parte de estos asentamientos, pero hay una pequeña parte, llamadas "colonias salvajes", que nacen sin ningún tipo de permiso de las autoridades, como fue el caso de Eviatar.

Una vez que los colonos se fueron, los habitantes de Beita hubieran podido abandonar la lucha, pero las protestas siguen con el fin de "volver locos" a los soldados que ahora patrullan la colina y garantizar que la colonia no vuelva nunca a ser reconstruida.

Las protestas han ocasionado enfrentamientos violentos entre palestinos y militares que no han dudado en responder abriendo fuego. Hamayel pagó un alto precio por esto: su hijo Mohamed. El chico de 15 años murió a mediados de junio tras recibir un disparo fatal. El ejército israelí explicó que abrió fuego contra los manifestantes "porque ponían en peligro" a las tropas.

"Los israelíes quieren cortar de raíz esta nueva forma de resistencia popular. Tienen miedo", asegura el hombre, reprochando a la Autoridad Palestina –el gobierno del presidente Mahmud Abas– de que "sólo haga declaraciones" contra la colonización de Cisjordania y Jerusalén Este.

En 2007, después de que Hamás ganara las elecciones en la franja de Gaza y tomara las riendas de este enclave palestino, hubo graves enfrentamientos entre este movimiento islamista y el Fatah, de Abas. Desde entonces, Gaza y Cisjordania funcionan como dos entidades separadas.

Afp

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El movimiento antiabortista global sigue movilizándose después de Trump

Durante la presidencia de Donald Trump, el gobierno de EE UU asumió el liderazgo en la construcción de la alianza antiabortista mundial, organizando reuniones con representantes de gobiernos extranjeros con motivo de los encuentros de alto nivel de Naciones Unidas con ánimo de denunciar concretamente los derechos a la salud sexual y reproductiva (sexual and reproductive health and rights, SRHR), y trató de ampliar la alianza para el rechazo de los SRHR en las negociaciones internacionales.

El 22 de octubre de 2020, el gobierno de Trump anunció la firma de la Declaración de Ginebra: Consenso, un documento global de defensa de la familia y contrario al aborto, en un intento de ampliar y reforzar la alianza mundial antiabortista. Durante la presidencia de Trump, EE UU aprovechó, como punta de lanza del movimiento, cualquier instrumento de política exterior disponible para silenciar toda mención del derecho al aborto o de los derechos a la salud sexual y reproductiva en documentos de Naciones Unidas. Pero ahora que Trump ha salido de la Casa Blanca, se plantea la pregunta: ¿qué hay de esta alianza?

Manipulación de los derechos humanos

Los grupos antiabortistas de todo el mundo, que operan independientemente de quién está en el gobierno y se financian con dinero negro, ejercen presiones, defienden políticas y recurren a los tribunales masivamente. En los últimos años han comenzado a manipular normas tradicionales de derechos humanos para convertirlas en derechos de los nonatos y de la familia natural, lo que indica un desplazamiento de su argumentación de base religiosa a otra de naturaleza jurídica.

En EE UU, activistas antiabortistas tratan de desarrollar un marco jurídico contrario al aborto, que reconozca la personalidad del feto al amparo de la 14ª enmienda, lo que permitiría que el feto gozara de idéntica protección legal que las personas y haría que los abortos fueran inconstitucionales. En la Unión Europea (UE) se ha dado una iniciativa similar, que sostiene que la vida comienza en el momento de la concepción y por tanto requiere protección con arreglo a la legislación europea. El Tribunal General de la UE ha rechazado este argumento.

La nueva reacción conservadora se ha centrado particularmente en la Organización de Estados Americanos (OEA), que agrupa a 35 Estados independientes, donde desarrollan estrategias jurídicas para reinterpretar la legislación interamericana en materia de derechos humanos. Activistas contrarios a los derechos han tratado de manipular el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para que asegurara la protección desde el momento de la concepción, y alegan que esto impide la descriminalización del aborto. Al mismo tiempo, alertando frente a supuestos ataques a la soberanía nacional, afirman que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que ampara los SRHR, supone una imposición ideológica.

ADF International, un ejército jurídico cristiano estadounidense, también está involucrado en acciones legales en todo el mundo en casos que implican el carácter sagrado de la vida, y cuenta con oficinas situadas cerca de instituciones de la UE en Bruselas, Ginebra, Viena y Estrasburgo, además de sucursales en el sur de Asia y América Latina.

Bloqueo continuado durante las negociaciones

La alianza mundial anti-SRHR va mucho más allá de cualquier gobierno Republicano estadounidense y forma parte de una reacción más amplia frente a la supuesta ideología de género, que también incluye la oposición a los derechos de las personas LGBTQI y a la igualdad de género. El movimiento antigénero más amplio contempla una alineación de líderes autoritarios, la derecha religiosa y populistas de derechas, en muchos casos agrupados en torno a la defensa de la soberanía. Se ha insistido en priorizar y se incluyen referencias a la soberanía nacional, que genera bloqueos en las discusiones y frena el proceso de llegar a acuerdos.

Esto se ha visto recientemente, este mismo mes, en las iniciativas adoptadas por Rusia en una reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre el HIV/SIDA. En la reunión se introdujeron 73 enmiendas en una declaración política para atender a las objeciones de Rusia, tras lo cual se propusieron nuevas enmiendas orales de última hora, para que el final Rusia se negara a apoyar la declaración. Las objeciones incluían las referencias a derechos y a la abolición de leyes discriminatorias, que según Rusia eran un “ataque a los valores familiares” e interferían en la soberanía nacional. Nicaragua, Bielorrusia y Siria también votaron en contra de la declaración. Esta se había negociado durante dos meses con el fin de intentar acomodar las objeciones rusas.

En la 74ª Asamblea Mundial de la Salud del pasado mes de mayo, Rusia, junto con Suazilandia, Mozambique y Zambia, propuso una enmienda a una resolución sobre la prohibición de la violencia contra la infancia que suponía tachar concretamente la referencia a la educación sexual. Hubo también una resolución, apoyada por una quincena de signatarios de la Declaración de Ginebra: Consenso, que proponía otorgar a la Santa Sede, firme oponente de los SRHR, el estatuto de observadora permanente de la Asamblea Mundial de la Salud.

La creciente politización de los SRHR ha supuesto la incapacidad de llegar a un acuerdo en toda una serie de cuestiones que afectan a la salud. En los casos en que se ha alcanzado un acuerdo que no ha sido aguado, esos avances pueden verse cuestionados por declaraciones opuestas de gobiernos conservadores o declaraciones conjuntas de varios países, reflejando la pugna política y la formación de alianzas contrapuestas a las que las negociaciones internacionales siguen estando sujetas.

Impulso de la movilización y financiación de las redes antigénero

Organizaciones internacionales contrarias a los SRHR han abierto estratégicamente oficinas locales para acceder directamente a responsables políticos e instituciones regionales con el fin de presionarles e influir en sus decisiones. El año pasado, Open Democracy reveló que grupos de la derecha cristiana estadounidense se habían gastado 280 millones de dólares en todo el mundo desde 2007 con el propósito de influir en las leyes, las políticas y las opiniones públicas de otros países. Hace pocas semanas se publicaron dos informes detallados que especifican los intentos de agentes contrarios a los SRHR de infiltrarse globalmente en negociaciones internacionales y eliminar toda referencia a los SRHR en las resoluciones.

El informe de la Asociación de Derechos de las Mujeres en Desarrollo (Association for Women’s Rights in Development, AWID) detalló cómo, junto a ataques directos a Naciones Unidas en forma de retirada de la financiación de sus agencias, agentes contrarios a los derechos se infiltran en la organización mundial con ánimo de cambiar el sistema desde dentro impartiendo formación a delegados y delegadas, aguando los acuerdos en materia de derechos humanos, promoviendo un marco paralelo de derechos humanos e infiltrándose en comités de ONG. En un proceso llamado ONGización, grupos religiosos constituyen organizaciones no gubernamentales y solicitan el estatuto de consultores con el fin de obtener acceso a negociaciones en organismos internacionales como Naciones Unidas y la OEA.

El Foro Parlamentario Europeo sobre Derechos Sexuales y Reproductivos también publicó el mes pasado un informe que identificó una suma de 707,2 millones de dólares, procedentes de EE UU, Rusia y Europa, que se gastó en la financiación de campañas antigénero en Europa entre 2009 y 2018, proviniendo la mayor parte, 437,7 millones, del interior de Europa. El informe reveló que las redes antigénero europeas están muy extendidas y cuentan con ONG que actúan a escala internacional financiando iniciativas antigénero y tienen sus sedes en Bélgica, Francia, los Países
Bajos, España y Polonia. Asimismo, fundaciones conservadoras han financiado directamente campañas contra el derecho al aborto, el activismo político antigénero y el apoyo a candidatos conservadores, además de las llamadas iniciativas profamilia en numerosos Estados miembros.

Esto no solo demuestra la influencia de la derecha cristiana estadounidense, sino también una amplia oposición dentro de Europa que combate los SRHR en los Estados miembros y moviliza asimismo en torno a las instituciones de la UE. La labor de investigación de Open Democracy, el Foro Parlamentario Europeo y AWID demuestra que esta forma de interferencia política transnacional, bien dotada financieramente, con consecuencias desastrosas para la salud global y los derechos humanos, por no hablar ya de la democracia, debe ser combatida.

Las redes antigénero están consolidadas y las actividades anti-SRHR seguirán independientemente de quién gobierne. Y mientras las defensoras y los defensores de los SRHR han trabajado duramente para impulsar la acción progresista en la agenda internacional, no es probable que cambien las posturas de líderes autoritarios o populistas, y lo que queda es la oposición que influye en las negociaciones con capacidad para aguar los acuerdos. Cuando la política interior se integra en la política exterior de los países, también hay que prestar atención al nivel de cada Estado, donde formulan sus posiciones para llevar a las negociaciones internacionales.

Pese a que Trump ha dejado la Casa Blanca y la nueva presidencia de Biden apoya firmemente los SRHR y se ha retirado de la Declaración de Ginebra: Consenso, Rusia ha hecho gala de su voluntad de impulsar una fuerte oposición a los SRHR y la igualdad de género. Agentes anti-SRHR están al acecho intentando formular una posición común de la UE sobre los SRHR, y la actividad internacional de organizaciones jurídicas que apoyan las iniciativas anti-SRHR y siguen presionando en cada país en su toma de posición implica que continuarán los bloqueos en foros internacionales. Una cuestión clave que hay que vigilar es cómo siguen formándose alianzas y qué tácticas utilizan para oponerse y eliminar el lenguaje SRHR en los documentos internacionales.

 

Por Lynda Gilby

27/07/2021

https://www.radicalrightanalysis.com/2021/07/27/the-global-anti-abortion-movement-continues-to-mobilize-post-trump/

Lynda Gilby es a Doctoral Fellow at CARR and a PhD Researcher in Global Health and Development at Tampere University, Finland.

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Viernes, 27 Agosto 2021 06:25

Instituciones depredadoras

Instituciones depredadoras

Aunque estamos habituados al papel devastador de los aparatos armados, legales e ilegales, contra los pueblos y sectores sociales, suele pasar desapercibido el carácter depredador de las instituciones estatales y de las organizaciones de arriba. En no pocas ocasiones, éstas desarticulan a las comunidades en resistencia de modo aún más duradero que la represión violenta.

Algo de esto sucede en el Chile de la revuelta y ahora de la Convención Constituyente. "Aún tenemos izquierda, ciudadanos", titula su último artículo Manuel Cabieses, veterano luchador y periodista, director de la publicación Punto Final hasta su cierre en 2018 y ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Con dolor y rabia alude a la "dispersión del pueblo" y la "desorientación ideológica", ya que sectores importantes de quienes lucharon en la revuelta lanzada en octubre de 2019, fueron subordinados "a la cultura excluyente de la oligarquía" (https://bit.ly/3j7jbrG

Destaca que los dos principales candidatos a la presidencia, Sebastián Sichel, por la derecha, y Gabriel Boric, p).or la izquierda, "son dos caras de la misma moneda", ya que ambos reciben la bendición de la Bolsa de Comercio "en demostración elocuente de confianza del capital financiero en el resultado de las próximas elecciones".

La Lista del Pueblo, que había conseguido 27 asientos en la Constituyente de los 155 en juego, siendo la agrupación que encarnaba a los movimientos nacidos en la revuelta, perdió un tercio de los constituyentes por las disputas internas de poder, maniobras y acuerdos secretos que resultan ser copia y calco de la vieja cultura política.

Una de las renunciantes, la constituyente Claudia Pérez, se alejó de la Lista de Pueblo "debido al hostigamiento, continuas fricciones, malas prácticas, actitudes matonescas y la evidente falta de probidad de algunos dirigentes" (https://bit.ly/3kc4vGW). Se refiere a la denuncia del Centro de Investigación Periodística (Ciper), de casos de corrupción comprobada en los gastos de campaña que llevaron a la expulsión de varios activistas (https://bit.ly/3808DUP).

Medios de izquierda e independientes, como El Clarín y El Ciudadano, están intentando analizar y comprender las razones de la crisis en esta agrupación que aparecía como la vocera natural de los movimientos populares.

Uno de ellos considera que el torrente inicial de la Constituyente se ha ido aquietando hasta convertirse en "un calmado cauce constitucional", en medio del cual aparecen "las maniobras y acuerdos políticos tras bambalinas entre los distintos grupos de convencionales" (https://bit.ly/3j77h0K).

La conclusión del periodista Guillermo Correa es que la energía de este sector se comenzó a volcar hacia las elecciones de noviembre, "en la idea de poder conquistar nuevos espacios de poder en la institucionalidad capitalista que rechazaban con energía y decisión en las calles, asambleas y territorios".

En efecto, el potente movimiento popular chileno se enfrascó primero en la elección de la Asamblea Constituyente, acudiendo a las urnas el 15 y 16 de mayo, pero de inmediato sus energías se volcaron hacia las presidenciales y parlamentarias del 21 de noviembre, que se superponen a la elaboración de una nueva Constitución.

En este proceso, que pretende trasladar la potencia de la calle a las instituciones estatales, se fueron dejando jirones de principios y de rebeldías, que terminaron por desfigurar y debilitar a las organizaciones de base. Peor aún, participando en las instituciones la vieja cultura política se renueva y vigoriza, encarnando en jóvenes y militantes de los sectores populares.

Es necesario aprender de los procesos en curso, ya que se repiten de país en país con notable precisión. El levantamiento de octubre en Ecuador fue tragado por la disputa electoral, situación que puede repetirse en Colombia con las elecciones de 2022, con el agravante de que fue la más profunda y dilatada revuelta de las varias que sacudieron el continente en los últimos años.

Un primer aprendizaje dice que no es posible participar en las instituciones estatales sin practicar la cultura política tradicional. Es profundamente equivocado pensar que, desde esos espacios, se pueda hacer algo diferente a lo ya establecido. Una y otra vez observamos que las mejores voluntades se estrellan en los muros institucionales.

El segundo aprendizaje es que el mayor error consiste en dispersar las organizaciones de base, que son las que generan los grandes eventos y las que pueden darle continuidad a los movimientos. Sin ellas quedan prisioneros de las dinámicas institucionales que los neutralizan.

En algún momento debemos asumir que es preferible crear lo nuevo, que dedicarnos a reformar lo existente. Que no es posible descolonizar el Estado, ni despatriarcalizar el patriarcado; ni democratizar las fuerzas armadas y el Poder Judicial, núcleos duros de las opresiones. Es lo que nos dice la experiencia de las últimas décadas.

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Protestas, descontento y democracia en América Latina

Las protestas y estallidos sociales vienen marcando la coyuntura política latinoamericana. Luego de un paréntesis al comienzo de la pandemia de covid-19, han reemergido con fuerza en varios países de la región. Las movilizaciones no tienen, sin embargo, una direccionalidad única, ni un solo punto de llegada. Y vuelven a poner de relieve las tensiones entre desigualdades y democracia.

2019 será recordado como el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre, emergieron protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El miedo al contagio de covid-19 pareció sofocarlas cuando la pandemia llegó a la región en 2020. Sin embargo, en Bolivia y en Colombia, el descontento pudo más que el miedo y la gente salió a las calles aun con pandemia1. En Perú y Paraguay, que habían vivido crisis institucionales en 2019, las protestas estallaron a fines de 2020 y principios de 2021, respectivamente. ¿Qué significan las manifestaciones de la ciudadanía en medio de una crisis sanitaria y económica? ¿Y qué nos dice su ausencia? En este artículo, intentaré esbozar algunas ideas sobre el significado del malestar social, así como potenciales escenarios para los sistemas políticos de la región, que reflejan diferentes modos de canalizar ese malestar y nos hablan de las promesas incumplidas de la transición democrática. 

Las transiciones democráticas de los años 80 ocurrieron en el contexto de una profunda crisis económica: la crisis de la deuda externa, que provocó una recesión tan grande que dio en llamarse a esos años la «década perdida» de América Latina. La interpretación de esta crisis como indicador de la inoperancia de los gobiernos autoritarios empujó la democratización de la región. Durante las transiciones, los politólogos se dividían entre dos temores. Había quienes pensaban que las jóvenes democracias no sobrevivirían a la pobreza y desigualdad que heredaban porque sus crisis fiscales no les dejarían atender las demandas de las mayorías excluidas que ganaban entonces el derecho a expresarse políticamente. Y por otro lado, estaban quienes temían que las elites que habían apoyado los golpes de sus aliados militares interrumpieran el proceso si no se contenían las demandas de esas mayorías excluidas2.

El despertar democrático no trajo redistribución para las mayorías que ganaron derechos políticos, sino procesos de ajuste económico y una ola de reformas de mercado que parecían inevitables cuando la caída del Muro de Berlín anunciaba el fin de la utopía comunista. Las elites económicas perdieron el miedo a la democracia, y si bien los militares se resistieron a los intentos de juzgar sus crímenes contra los derechos humanos, se mantuvo la paz social, ya fuera por miedo a la represión pasada o por el desgaste que implicaba la supervivencia económica, con el aumento de la pobreza y la informalidad que trajeron los años 90. Cuando las elites políticas parecían acordar en lo que se llamó el Consenso de Washington (reformas que incluían privatizaciones, desregulación y liberalización comercial), la resistencia de las clases populares empobrecidas comenzó a surgir y se agudizó con la crisis económica que caracterizó el último lustro del siglo xx. Si bien el descontento desbordó las calles, como durante el Caracazo en Venezuela o las llamadas «guerras» del gas y del agua en Bolivia, se expresó mayormente utilizando los canales políticos abiertos por la democracia; es decir, con el abandono de los partidos que promovían políticas de mercado y la búsqueda de otras alternativas. Esta estrategia democrática generó un aumento en la volatilidad electoral en busca de nuevas opciones y abrió paso a liderazgos que reconfiguraron totalmente los sistemas de partidos en Venezuela, Ecuador y Bolivia y, parcialmente, en Argentina y en Uruguay3. En otros casos, existía un partido que proveía una alternativa a la fuerza de gobierno, como en Brasil, pero allí no se produce una reconfiguración del sistema de partidos y el Partido de los Trabajadores (pt) no logra nunca mayorías legislativas, por lo que depende de gobiernos de coalición4. En todos estos casos, las novedades políticas polarizan los sistemas de partidos (incluso en Brasil, con el clivaje petismo/antipetismo). 

Con el nuevo milenio, llegaron los altos precios de las materias primas empujados por la demanda asiática que cambiaba la geopolítica mundial. Para Sudamérica, tan dependiente en recursos naturales, el maná caía del cielo. Además del aumento de la riqueza y su traslado a los mercados de trabajo, los recursos fiscales permitieron políticas redistributivas que facilitaron la reducción de la pobreza y la desigualdad, la expansión de la educación y la emergencia de una nueva clase media que aspiraba a la movilidad social, aunque era todavía muy vulnerable a cualquier shock negativo por su falta de ahorros y dependía de un Estado que garantizara servicios públicos y sociales de calidad5. La democracia, sin embargo, parecía por primera vez cumplir con la promesa de redistribución que los politólogos de la transición democrática habían imaginado como consecuencia lógica del cambio de régimen, pero sin el retorno a los golpes militares que los atemorizaba en los años 80. Mientras las clases populares aumentaban sus expectativas sociales y buscaban que la política las resolviera, las elites se centraban en la emergente tensión entre democracia y república. Todos parecían ignorar, sin embargo, las limitaciones de las mismas promesas que parecían cumplirse, con una educación que se expandía a un ritmo mayor que su calidad y un modelo de desarrollo que recaía en proyectos extractivistas que proveían recursos fiscales sin resolver la demanda de empleo ni tomar en serio los costos medioambientales, mayormente pagados por grupos vulnerables tanto rurales como urbanos. Pese a las mejoras en los mercados laborales, estos continuaron siendo altamente excluyentes y segmentados por la informalidad, mientras que reforzaban desigualdades sociales que se superponían a otras diferencias étnicas, de raza y de género. 

Con el fin del boom de las materias primas en 2014, comienza un proceso de reversión de las mejoras sociales respecto a la desigualdad y la pobreza. Las promesas de movilidad social a través de la educación, anhelo de la nueva clase media, se vuelven cada vez más difíciles de cumplir6. Más aún, esa nueva clase media comienza a percibir su vulnerabilidad frente a los shocks y la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, en sociedades donde sus oportunidades laborales están marcadas por distancias sociales impuestas por origen, geografía, etnicidad, raza, informalidad y género. Al deterioro económico se le suma la inseguridad ciudadana, que pareciera agudizarse por la incapacidad e incluso la complicidad estatal con el crimen organizado, y a la desaceleración de las mejoras sociales se le agregan los escándalos de corrupción que llevaron a presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios al procesamiento judicial. Llegamos entonces a 2019 con «vacas flacas» y un Estado que no puede compensar las debilidades del mercado. En lugar de poder reactivar a través del gasto, el sector público camina la senda del ajuste fiscal. Estos ajustes económicos encienden la mecha de la protesta en Ecuador, Chile y Colombia. En Bolivia, se trató de una crisis de legitimidad política7. Perú y Paraguay también vivieron crisis institucionales en 2019 (pero estas no se expresarían en protestas hasta ya entrada la crisis sanitaria provocada por la pandemia). El deterioro económico y el consiguiente malestar que provocaba no siempre se expresaron en las calles, sino que a veces resultaron en votos que castigaban al partido de gobierno, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2019, que obligaron al recambio en Argentina (donde perdió la derecha) y en Uruguay (donde perdió la izquierda).

En 2020, llegó la pandemia. Las cuarentenas y el miedo acallaron las protestas, aunque sus causales solo empeoraron. La región no solo sufrió el impacto de la enfermedad que hizo epicentro en ella durante mucho tiempo, sino que además entró en recesión. En 2020 la economía latinoamericana cayó 7,7% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)8. Esa caída tuvo un impacto desigual entre quienes podían trabajar remotamente y un gran sector de trabajadores informales que se quedaron de un día para el otro sin posibilidad de ganar el sustento. La región también fue la que más días de educación perdidos acumuló, lo que siguió profundizando la desigualdad entre quienes tienen acceso a tecnologías para educación remota y quienes no. La pobreza y el desempleo aumentaron, la corrupción se inmiscuyó en el manejo de la pandemia y, en muchos casos, las elites políticas siguieron mostrando falta de empatía con una población cada vez más angustiada. 

Hasta que el malestar explotó, y entonces los jóvenes encabezaron las protestas pese a la represión y la pandemia. Si bien en Bolivia las protestas habían continuado intermitentemente hasta que se convocó a la nueva elección presidencial, en Perú tomaron la forma de un estallido. El motivo fue que el Congreso (con poca legitimidad) declaró la vacancia del popular presidente interino Martín Vizcarra (recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, había renunciado en 2018 para evitar una jugada similar). El enojo de la ciudadanía se manifestó en las calles y obligó a renunciar al presidente designado por el Congreso. Le siguieron las protestas de Paraguay en marzo de 2021 y la explosión de mayo en Colombia, donde la mecha fue encendida por una reforma impositiva y, pese a una brutal represión con muertos y desaparecidos, las protestas continúan un mes más tarde. La movilización refleja un descontento que nos remonta a los miedos de los «transitólogos» sobre la coexistencia de la democracia con una enorme desigualdad y pobreza. Y en este punto hay que pensar no solamente en los altos niveles de desigualdad, sino también en su trayectoria, que había parecido descendente hasta mediados de la década pasada. La politización de la desigualdad llega en un momento en que esa trayectoria se detiene y esto hace trizas las esperanzas de movilidad social, o al menos de mejora en el bienestar que había generado. Las nuevas generaciones ya no quieren volver a naturalizar la desigualdad y expresan su descontento políticamente (aunque también de otros modos que van más allá de este ensayo). En ese contexto de descontento social, podemos pensar en al menos tres escenarios políticos posibles para entender esquemáticamente las trayectorias de los países (aun reconociendo sus múltiples especificidades). 

El primer escenario es el de fragmentación o desestructuración política, donde el descontento popular con las elites políticas se expresa en las calles y electoralmente no encuentra un punto focal. Este escenario aparece en sistemas políticos con elites económicas poderosas, donde la estabilidad macroeconómica se mantuvo y los procesos de redistribución material y simbólica habilitados por el boom de las materias primas fueron sostenidos, pero no dramáticos. Chile es el caso paradigmático. El «octubre chileno» que estalló en 2019 movilizó a 20% de la población a las calles y forzó la celebración de un plebiscito para decidir sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución. Los resultados electorales de la consulta de octubre de 2020 confirmaron el enojo de la ciudadanía, con un apoyo de 80% a la convocatoria de una Convención Constitucional (pese al muchísimo mayor apoyo financiero a la opción del rechazo). La elección de constituyentes, en mayo de 2021, volvió a señalar el descontento de la ciudadanía con los partidos tradicionales, ya que un tercio de los escaños quedó en manos de candidatos independientes. En Perú, jóvenes descontentos frente a una pelea palaciega que ignoraba la crisis sanitaria y económica del país salieron a las calles desafiando la pandemia en noviembre de 2020. El fastidio de la ciudadanía con esos políticos ajenos a su sufrimiento quedó plasmado en una elección presidencial en la que la fragmentación electoral fue tal, que el 18% que obtuvieron los votos blancos y nulos casi emparejó al candidato más votado, mientras que la segunda candidatura recibió 13% de apoyo electoral. En la segunda vuelta entre esos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y con una campaña que polarizó a la opinión pública agitando el espectro del comunismo si ganaba el primero, el voto se dividió por clase social y geografía. Castillo ganó por menos de un punto porcentual9. En Colombia, también la ciudadanía se expresó en las calles retomando las protestas de 2019, pese a una represión brutal heredera de años de conflicto armado que había contenido durante mucho tiempo la movilización. Sin embargo, todavía es temprano para definir las consecuencias electorales de esa movilización. 

En Chile, Perú y Colombia, los jóvenes lideraron las protestas en el marco de una menor densidad organizativa de la sociedad civil y, por ende, la falta de representantes claros con capacidad para negociar salidas de la crisis. En estos casos no hay un liderazgo definido de las protestas, pero los jóvenes comparten su frustración frente a una educación superior cuyo costo no se condice necesariamente con su calidad, o con la provisión de habilidades que permitan un empleo digno y la movilidad social prometida por la expansión educativa. En los tres países, las anteriores protestas habían sido localizadas geográfica o temáticamente y no habían encontrado respuesta en el sistema político (incluso a veces la represión fue la única respuesta). Esta nueva ola de protestas, cuyas consecuencias todavía no terminan de vislumbrarse, se expandió a través del territorio y sorprendió a las elites políticas y económicas, que hasta entonces se habían sentido seguras. 

El segundo escenario es de continuidad de la polarización. En estos casos, los sistemas políticos ya sufrieron una crisis de representación de los partidos tradicionales en respuesta a las reformas de mercado de los años 90. Esas crisis permitieron la emergencia de nuevos liderazgos que prometían renovación y ocupaban el espacio de oposición a esas políticas, especialmente tras la recesión del último lustro del siglo xx. Los gobiernos de izquierda que llegaron con el recambio pudieron aprovechar el boom de las materias primas para beneficiarse del consiguiente crecimiento económico y redistribuir recursos más significativamente con el fin de compensar los efectos de las políticas anteriores en la estructura social. A los recursos fiscales del boom, estos nuevos liderazgos sumaron la explícita representación de los sectores populares formales e informales incluyendo diferentes grados de confrontación con las elites económicas. En los casos más personalistas, la concentración de poder generó tensiones importantes con la democracia, lo que dio paso a procesos de backsliding o erosiones incrementales que deterioraban el régimen democrático de un modo que no había sido previsto por los «transitólogos», como ocurrió en el caso de Venezuela10

Bolivia, Argentina y Ecuador representan el escenario de democracias con continuidad de la polarización (tal vez también Uruguay, aunque sin liderazgos personalistas). La polarización surgida de la anterior crisis de representación todavía organiza sus sistemas políticos, aunque está empezando a desarticularse en el caso ecuatoriano, donde el movimiento indígena y los jóvenes desconfían del correísmo y las protestas también estallaron en 2019 lideradas por el movimiento indígena. En estos países, los sectores populares están más organizados y las protestas se sostienen al ritmo de los ajustes, pero con liderazgos sociales que permiten la negociación y establecen límites a la política pública. El movimiento indígena en Ecuador y el piquetero11 en Argentina son ejemplos de esa capacidad, que permitió negociar el fin de las protestas sociales de 2019 en Ecuador y evitar su ocurrencia en Argentina ese mismo año (las protestas limitadas que se registraron durante la pandemia han representado hasta ahora a sectores de centroderecha de oposición al gobierno de Alberto Fernández). Incluso en Bolivia, donde la ruptura institucional emergió después de la movilización polarizada de sectores juveniles urbanos de clase media, las protestas organizadas por movimientos sociales asociados al Movimiento al Socialismo (mas) fueron claves para el retorno del calendario electoral incluso durante la pandemia. En este escenario, la organización de los sectores populares y la polarización social y política son todavía claves para comprender la protesta, aunque las consecuencias de la pandemia pueden modificar los patrones de polarización en el futuro. 

El tercer escenario de liderazgos reestructuradores del sistema político refleja también un descontento ciudadano con los partidos políticos tradicionales similar al del primer escenario. Sin embargo, en lugar de volcarse a las calles, este descontento encuentra un punto focal alrededor de un liderazgo electoral que se presenta como renovador y busca reestructurar el sistema político. El Salvador y México son casos emblemáticos. En ambos países, las transiciones tardías se combinaron con la gran dependencia de la economía estadounidense, expresada en la integración comercial, la migración y las remesas. Esa misma dependencia de Estados Unidos proveyó mecanismos de protección a las elites económicas que limitaron el alcance de los procesos de redistribución en los años 2000 y redujeron la volatilidad económica provocada por los ciclos de precios de materias primas presente en los otros dos escenarios12

En El Salvador y en México, los partidos políticos tradicionales no solo se mostraron incapaces de responder a las demandas de seguridad personal de la ciudadanía y a la necesidad de un modelo económico inclusivo, sino que también fueron salpicados por escándalos de corrupción. En ambos países, el descontento popular encontró un líder que los acusaba de «ser lo mismo» y prometía un mundo mejor, tal como había ocurrido en los países que entraron en crisis de representación a fin del siglo pasado, tras las reformas de mercado. 

El Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), que habían pactado la transición mexicana, fueron perdiendo capacidad para diferenciarse. Durante la presidencia del priísta Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, firmado en 2012, acentuó el acercamiento entre estos tres partidos, que acordaron reformas políticas en busca de un crecimiento económico que venía eludiendo a México. Sin embargo, ni la economía mejoró, ni la violencia y la complicidad estatal (cuya visibilidad se incrementó con el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014) disminuyeron. En la elección de 2018, el pan y el prd, nacidos a ambos lados del espectro ideológico del pri, respaldaron incluso al mismo candidato presidencial. Este acercamiento y su pobre desempeño aumentaron la credibilidad de la denuncia de Andrés Manuel López Obrador y le permitieron construir una identidad renovadora pese a su pasado priísta y perredista. Los escándalos de corrupción que salpicaban a los partidos solo hicieron más atractiva su oferta electoral y le permitieron alcanzar 53% de los votos en las elecciones presidenciales y controlar una mayoría en el Congreso. En las elecciones legislativas de junio de 2021, su coalición logró mantener la mayoría en el Congreso, aunque no obtuvo la supermayoría que buscaba para aprobar cambios constitucionales13. Sin embargo, las elecciones de gobernador muestran su expansión territorial, pese a haber tenido un revés significativo en su bastión de Ciudad de México.

En El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) habían firmado los acuerdos de paz que llevaron a la transición democrática y se alternaron en el gobierno sin poder resolver la creciente violencia contra la que terminaron usando similares políticas represivas. También ahí los escándalos de corrupción involucraron a presidentes de ambos partidos y señalaron la falta de conexión entre la política y las calles. Como en México, esta desconexión no resultó en una gran movilización popular, sino que se canalizó en el apoyo a la candidatura de Nayib Bukele, quien denunciaba a los dos partidos tradicionales (a pesar de haber empezado su carrera política en el fmln). Bukele logró un enorme apoyo popular y recibió 53% de los votos en la elección presidencial de 2019, sustentado en gran parte por el electorado más joven –elegido con 37 años, es el presidente más joven de la región–. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, su liderazgo se confirmó en el apoyo a su nuevo partido, lo que empujó a los partidos tradicionales hacia la irrelevancia electoral y le permitió a Bukele el control del Congreso14

Los liderazgos de López Obrador y Bukele se parecen por su apoyo entre los más jóvenes y los más educados y por sus estrategias de concentración de poder personal a partir de su gran popularidad15. Ambos prometen cambiar sus sistemas políticos y se caracterizan por liderazgos personalistas. Si bien su concentración de poder puede amenazar los contrapesos de una democracia representativa, es también más fácil para los poderes económicos negociar cuando hay líderes que cuando se enfrenta el enojo generalizado que caracteriza a Chile, Perú y Colombia. Pese a que estos casos de liderazgo polarizador se parecen al segundo escenario, el contexto económico es diferente. Si bien los precios de las materias primas están subiendo nuevamente, esto no alcanza para cubrir las necesidades fiscales de la región en el marco de la pandemia, y es más difícil construir una coalición duradera sin tener recursos para distribuir, dados los altos niveles de pobreza e informalidad en la región. 

La pandemia abre un nuevo escenario de incertidumbre, que se suma a la multiplicidad de identidades políticas en una región donde al feminismo y las organizaciones lgbti+, a los movimientos indígenas y afrodescendientes y a la multiplicidad de organizaciones locales que resisten desastres ecológicos se les suman las nuevas iglesias evangélicas y movimientos conservadores locales que hacen incierta la lógica de la movilización democrática. La movilización empuja cambios políticos, pero no necesariamente conocemos su destino, ya que responde a ciclos de protesta y a la heterogeneidad de los actores que la empujan. 

La incertidumbre en la dirección de la protesta social es ilustrada por las movilizaciones de Brasil en 2013. Un grupo de jóvenes estudiantes inició la protesta en respuesta a un aumento en las tarifas de transporte. La represión policial contribuyó a expandir las movilizaciones, que ampliaron sus demandas al acceso y la calidad de los servicios públicos frente al gasto en estadios para el Mundial de Fútbol y las Olimpíadas, que Brasil buscaba utilizar para venderse al mundo. Aunque la presidenta Dilma Rousseff respondió a las demandas, su popularidad resultó afectada y su reelección en 2014 fue ajustada. La movilización, sin embargo, se expandió hacia grupos conservadores que saldrían posteriormente a las calles para pedir el juicio político de Rousseff, en un contexto de deterioro económico y alto impacto público de la corrupción (gracias a la operación Lava Jato). Esta movilización facilitó la defección de sus aliados de la coalición de gobierno, frente a lo cual el minoritario pt no pudo evitar el impeachment a la presidenta. En ese vacío se montó la candidatura de Jair Bolsonaro, quien prometió la renovación política, aunque a diferencia de México y El Salvador, llegó al poder gracias a alianzas con partidos tradicionales, en el contexto fragmentado de la política brasileña. La marea puede volver a cambiar, dados el gran descontento con Bolsonaro y la liberación del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; este último lidera, en este momento, las encuestas para la elección presidencial de 202216. Es decir, la movilización y el descontento popular no tienen una direccionalidad única, ni un único punto de llegada. 

La difícil convivencia entre democracia y desigualdad, agudizada por la reciente explosión de descontento en un contexto de crisis económica y sanitaria, resultó en los tres escenarios descriptos. Estos escenarios definen equilibrios inestables. Es verdad que la ciudadanía con demandas insatisfechas busca una democracia que la escuche, le preste atención y la siente a la mesa donde se toman las decisiones. Esa demanda de legitimidad democrática es más importante que los límites a la política pública que sugerían los «transitólogos» con miedo al retorno militar. Sin embargo, aunque esa legitimidad es necesaria para sostener la democracia, no es suficiente si no se asocia a una esperanza de mayor bienestar futuro, y este puede ser definido de muchas maneras dada la heterogeneidad de las demandas organizadas por el descontento. La democracia latinoamericana superó la transición, pero su consolidación requiere una combinación de inclusión y capacidad de respuesta que, esperemos, resulte de los procesos de movilización que está viviendo la región en este momento.

Nota: la autora agradece los comentarios de Ernesto Cabrera y la conversación en la sesión de «LASA 2021: Democracia y protesta social», con Aníbal Perez-Liñán, Rossana Castiglioni, Martín Tanaka y Felipe Burbano, 28/5/2021.

  • 1.

En el caso boliviano, las protestas de 2019 y 2020 fueron de diferente signo político: contra el gobierno de Evo Morales primero, y luego contra el de Jeanine Áñez por parte de fuerzas cercanas al ex-presidente exiliado en Argentina.

  • 2.

En la ciencia política estadounidense, Stephan Haggard y Robert Kaufman: The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton UP, Princeton, 1995) es un ejemplo del primer grupo, mientras que Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter: Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (Johns Hopkins UP, Baltimore, 1986) es un ejemplo del segundo.

  • 3.

En Argentina, se fragmentaron el peronismo y su oposición, que perdió al radicalismo como punto focal, lo que dio lugar a la emergencia de nuevos partidos; en Uruguay, la llegada del Frente Amplio (FA) acabó con el bipartidismo de blancos y colorados. Tanto la facción kirchnerista del peronismo como el FA generarían nuevos ejes de polarización electoral.

  • 4.

Kenneth M. Roberts: Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era, Cambridge UP, Cambridge, 2014; David J. Samuels y César Zucco: Partisans, Anti-Partisans, and Non-Partisans: Voting Behavior in Brazil, Cambridge UP, Cambridge, 2018.

  • 5.

M.V. Murillo, Virginia Oliveros y Milan Vaishnav: «Voting for the Left or Governing on the Left?» en S. Levitsky y K. Roberts (eds.): Latin American Left Turn, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2011; Nora Lustig: «Desigualdad y política social en América Latina» en Corporación Andina de Fomento (CAF): El desafío del desarrollo in América Latina. Políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva, CAF, Caracas, 2020.

  • 6.
  1. Lustig: ob. cit.
  • 7.

Las protestas en Bolivia se relacionan con la desconfianza frente al proceso electoral, porque el presidente Evo Morales ignoró la prohibición de ser reelecto pese a haber convocado y perdido un plebiscito al respecto. Las movilizaciones poselectorales, en conjunto con un motín policial, llevaron a que el ejército «sugiriera» la renuncia presidencial y a que se iniciara un proceso de sucesión no institucional. Nuevas protestas desafiaron la represión militar para pedir una normalización electoral y volvieron a hacerlo en pandemia, hasta la realización de una nueva elección presidencial en la que Morales no fue candidato, pero la fórmula de su partido, encabezada por el ex-ministro Luis Arce Catacora, obtuvo 55% de los votos.

  • 8.

Panorama social de América Latina 2020, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021.

  • 9.

Los votantes de menor ingreso y del interior apoyaron a Castillo, y los de mayor ingreso y de la región limeña, a Fujimori. La gobernabilidad será difícil porque Castillo solo cuenta con 28% de los escaños en el Congreso.

  • 10.

Nancy Bermeo: «On Democratic Backsliding» en Journal of Democracy vol. 27 No 1, 1/2016.

  • 11.

El movimiento piquetero nació a mediados de la década de 1990 para organizar a los desempleados y trabajadores informales, y llevó adelante cortes de rutas, ollas populares e incluso el reparto de asignaciones monetarias con diversos tipos de contraprestaciones en trabajo comunitario.

  • 12.

Daniela Campello y C. Zucco: The Volatility Curse, Cambridge UP, Cambridge, 2020; N. Lustig: ob. cit.

  • 13.

Esta caída es, sin embargo, menor que la sufrida en anteriores elecciones de medio término por el partido de gobierno y ocurre en un contexto de crisis sanitaria y sin mejora en los indicadores económicos o de seguridad.

  • 14.

Bukele usó de inmediato el control del Poder Legislativo para reemplazar a cinco jueces de la Corte Suprema con aliados, con lo que logró concentrar aún más poder. Ver Oscar Pocasangre: «Why El Salvador’s Multi-Party System Is on the Brink of Collapse» en El Faro, 24/2/2021 y Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz: «Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía» en El Faro, 2/5/2021.

  • 15.

Estos datos corresponden a la elección presidencial, y no a las legislativas. V. «La población salvadoreña en las elecciones presidenciales de 2019», Documento de Trabajo No 1/2019, Fundaungo, p. 40, y «4 datos que caracterizan a los electores que votaron por López Obrador» en Expansión, 10/7/2018. En el caso de México, en las elecciones legislativas de 2021 cae el apoyo a Morena entre los jóvenes y los más educados, y se mantiene un menor apoyo entre las mujeres, mientras que sube entre los más pobres. Ver Santiago Rodríguez: «Las grietas de Morena: jóvenes, mujeres y clases medias» en El País, 9/6/2021. 

  • 16.

Recordemos que un proceso judicial que no siguió el debido cauce le impidió presentarse como candidato frente a Bolsonaro y su anulación le permite hacerlo en la próxima elección.

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Cambio de «Zeitgeist»: trabajo, ingreso y placer en la nueva normalidad

La pandemia modificó los parámetros del mundo laboral. Mientras miles de jóvenes de los países ricos piensan en abandonar su trabajo o pasar a la hibridez entre las tareas presenciales y remotas, se produce un debate sobre el placer, la tecnología y los ingresos en el capitalismo contemporáneo.

Un fantasma recorre los países centrales: la epidemia de la «gran renuncia». En Estados Unidos, cuatro millones de trabajadores –oficinistas, empleados de comercio, gastronomía y supermercados, trabajadores de transporte y cargas y «esenciales» (médicos, enfermeros, docentes, cuidadores)– presentaron su renuncia en abril de este año. En Reino Unido, hay más de un millón de empleos vacantes que los reclutadores o empleadores no pueden llenar, a pesar de que existen más de dos millones de personas buscando empleo. Además, según el «índice de tendencia laboral» de Microsoft relevado por el Foro Económico Mundial, al menos 40% de la fuerza de trabajo juvenilestá considerando abandonar su empleo o revisar las condiciones para pasar de modo estable al modo híbrido (entre presencial y remoto). Según la misma investigación, los jefes declaran que durante la pandemia han prosperado significativamente, y la brecha con los empleados se ha hecho palpable, evidente, dolorosamente indisimulada.

Los empleadores han realizado tímidos esfuerzos, hasta el momento, para tentar a la demanda a reingresar al empleo formal: se ofrecen bonos de ingreso, aumento de salarios y esquemas híbridos de trabajo (remoto-presencial), pero sin éxito. Asimismo, algunas empresas como LinkedIn y Twitter han brindado beneficios ostentosos a sus empleados, como vacaciones con todo pago o bonos sorpresa, con el objetivo de retener sus talentos. ¿Cómo se llegó hasta aquí?

Los analistas coinciden en señalar que, al irrumpir la pandemia, los sectores medios-bajos se encontraron en la disyuntiva entre pagar personal de cuidado para sus hijos o renunciar al empleo para cuidarlos ellos mismos, lo cual financieramente tuvo mucho más sentido, al tiempo que evitaron la exposición de sí mismos y la familia al virus. Los oficinistas y profesionales, cubriendo largas horas en soledad frente a la computadora, pronto se encontraron cuestionando la relevancia, significatividad y propósito de sus empleos. En gran medida, fueron estos bullshit jobs o «empleos redundantes» los que fueron abandonados por los propios empleados.

Según un estudio de la Universidad de Stanford, uno de los principales factores causales de la gran renuncia fue el maltrato en el lugar de trabajo. Los trabajadores y trabajadoras tomaron la decisión de irse o quedarse según cómo la empresa los trató (o destrató) durante la pandemia. Quienes ya se encontraban al borde de la renuncia fueron empujados al punto de ruptura. Muchas de las empresas reforzaron sus políticas restrictivas y despidieron personal o redujeron salarios, lo que hizo que quienes no fueron afectados por esas medidas renunciaran de todas maneras, al comprobar la hostilidad de la empresa hacia su fuerza de trabajo. Asimismo, muchos de estos empleados –ya acostumbrados a las inversiones en criptomonedas, bonos o acciones– utilizaron su dinero para pasar el tiempo de confinamiento sin trabajar. Impulsados por el boom de las redes sociales y por el tiempo disponible para consumirlas, otros tantos se lanzaron al emprendedorismo, el e-commerce o su pasatiempo como fuente de ingresos.

Esta «economía YOLO» (you only live once, o solo se vive una vez), mezcla de carpe diem con burnout digital, maltrato y culturas empresariales tóxicas, sumada al descreimiento respecto de las instituciones políticas y económicas para responder adecuadamente a la necesidad de seguridad, protección y contención de los individuos, decantaron en lo que el Washington Post denominó «una revisión profunda del trabajo en Estados Unidos» (aunque el fenómeno se evidencia también en otros países centrales). Jack Kelly, periodista de la revista Forbes, fue más allá y lo identificó como un cambio de Zeitgeist [espíritu de la época]. «Ha habido un cambio de humor y un cambio en el Zeitgeist. Hemos aprendido de primera mano lo frágil que es la vida. Muchas personas han reexaminado sus vidas. Se dan cuenta de que tienen un tiempo limitado en este mundo. Esto ha causado una suerte de momento existencial. La gente ha comenzado a reflexionar acerca de qué ha estado haciendo y si desea continuar en el mismo empleo o carrera por los próximos cinco a 25 años. Los resultados de esta introspección claramente muestran que desean hacer un cambio”, asegura.

El trabajo no solo constituye un eje de la economía. Es, también, un ordenador sociopolítico, un mecanismo de control social y una institución que jerarquiza, incluye y expulsa identidades y cuerpos. El trabajo organiza la vida familiar y comunitaria, impacta en las creencias o cosmovisiones y tiene un rol ineludible en la dinámica de la disputa ideológica dentro de la sociedad.

En la nueva normalidad, la ética protestante parece entrar en conflicto con el principio del placer. El constreñimiento al trabajo deja lugar a un inconsciente colectivo que busca el hedonismo para superar un tiempo crítico y de muerte. La lógica del deseo y su satisfacción está vinculada a la pulsión erótica, es decir, a la continuidad de la vida y de la especie: el placer es indisociable de la fecundidad, aun en los casos en que esté mediado por técnicas artificiales. Eso indica, precisamente, la fuerza con que la vitalidad irrumpe y busca los caminos para materializarse, con el esfuerzo y los recursos que sean necesarios. La pulsión erótica, en este sentido, se relaciona con la natalidad, como quería Hannah Arendt. Cada acción humana conlleva el germen de la disrupción, de la introducción de lo inesperado, de lo improbable sucediendo. La natalidad, para Arendt, equivale a la libertad, y esta, a la capacidad creativa y creadora de la especie humana.

Esta gran ola de renuncias, esta Great Resignation, ¿no es acaso una disrupción en las relaciones entre el trabajador y la patronal, la introducción de un repertorio de acción social por fuera de los mecanismos tradicionales de protesta, movilización y sindicalización? ¿No se trata acaso de una innovación en las relaciones sociales, que evade por completo el camino de la lucha y del conflicto y se apropia de los instrumentos que el mismo opresor dispone y de sus propias reglas para aliviar el yugo, mejorar sus condiciones de existencia y compartir (a través de las redes sociales, ni más ni menos) estas historias de éxito, es decir, épicas, con quien quiera oírlas?

Si se corrobora la tesis de que que nos encontramos ante un nuevo escenario de estancamiento secular, como señala Paula Bach, en el que el capitalismo se muestra débil para resurgir de su crisis (como es su modus operandi) y, asimismo, los principales actores económicos y políticos reconocen esta falencia –un dato no menor–, la puesta en crisis de la relación entre el trabajo, el ingreso y el uso del tiempo es ineludible. Por un lado, están quienes sostienen que, en el futuro cercano, simplemente no habrá empleo para todos: la automatización reemplazará más empleos de los que se crearán («algunos empleos no volverán», advierten los asesores de Joe Biden). Pero hay corrientes teóricas de la automatización que aseguran lo contrario. Es decir, que este escenario no se verificará y que la fuerza laboral humana seguirá siendo esencial para que el capital pueda reproducirse.

Como sea, la idealización de la tecnología, junto con demandas como la renta básica universal, el Green New Deal [Nuevo Pacto Verde] global o la semana laboral de cuatro días, apunta a un horizonte reformista de la institución del trabajo. Las relaciones de producción quedarían intactas, desde luego, pero sería un escenario optimista –progresista– para la fuerza de trabajo. Asimismo, el boom de las inversiones financieras durante la pandemia llevó a muchos trabajadores a incrementar sus ahorros, haciendo su vida cada vez más holgada e independiente del «de 9 a 5». Esto presenta para muchos una arista excitante y estimula la especulación con las criptomonedas y los mercados.

En otras palabras, el divorcio entre la economía real y el mercado financiero va en aumento. Los comunes, los «plebeyos», han encontrado ahora la forma de volverse masivamente hacia los ingresos pasivos, la «economía de la pasión» (emprendedores, oficios, artesanos, profesionales independientes que trabajan como freelancers o consultores), el autoempleo o una mezcla de ellos. Así, la gig economy o economía de pequeños encargos –de empleados flexibilizados, precarizados y explotados– muestra su contracara en la independencia personal inherente al sueño americano (self-made) y su desafío abierto a los patrones corporativos abusivos, de maltrato y avaros. La trayectoria de la ambición yuppie retratada en la vieja película Secretaria ejecutiva, con la meritocracia y el rascacielos como dispositivos de ascenso social, tiene 40 años después su desenlace en el éxodo de los oficinistas al campo, donde redescubren su amor por las gallinas, las huertas y la comunidad.

En síntesis, el mercado laboral de las economías centrales tiene dos fugas: las renuncias masivas y el mercado financiero. Es en esta lenta sangría del capitalismo donde podemos ubicar una causa poderosa del estancamiento secular.

Junto con la creciente desmaterialización, digitalización y abstracción de la economía (pensemos en las billeteras digitales, las criptomonedas o los vales no fungibles), aumenta, asimismo, la brecha de acceso a la inclusión financiera. Los sectores medios de las economías centrales ya están dando ese salto, gracias a su proximidad a los catalizadores, resortes y explicadores del proceso.

Para las economías periféricas como las de América Latina, este escenario profundiza la disyuntiva en que la región se encuentra actualmente, acelerada por la «nueva normalidad», dado que las inversiones escasean y las economías centrales se encuentran enfocadas en resolver sus propias dificultades, absorbiendo los flujos de capital y los cargamentos de vacunas en la misma medida. Observemos que, mientras Elon Musk y Richard Branson fogonean la nueva carrera espacial, buscando quizás reactivar la economía pero, más importante aún, ensayando la misión de colonizar un nuevo territorio donde exiliar a la especie (o al 1% de ella), Bill Gates decide invertir en activos reales, ni más ni menos que la tierra cultivable de Estados Unidos. Resulta llamativo que el milmillonario decida invertir en aquello que se anuncia que está por extinguirse. En los tres casos, de todas maneras, la inversión permanece en el circuito de la economía central, sin posibilidad de derrame o inclusión alguna.

Frente a este escenario centrípeto de los flujos de riqueza, las periferias tienen al menos dos alternativas claras. Una es asumir un mayor endeudamiento, como proveedores de mano de obra ultrabarata remota (outsourcing) y doméstica (inmigrantes), receptores del dumping medioambiental (cerdos, salmones, minería) y alimento para buitres financieros. La otra es dar un salto análogo al de los tigres asiáticos, invirtiendo en educación financiera, premiando la audacia política y ejercitando la disciplina colectiva.

Estas naciones, sin dudas, deberán pelear por ingresar al Green New Deal global y adquirir todos los derechos sociales, ambientales y políticos del Primer Mundo (que, de otro modo, solo serán privilegios).

El punto en que convergen, tal vez, todos los discursos es el punto final impuesto por el trabajador al explotador, pero no como se lo imaginaban los marxistas. La opción por la salida hacia una fuente de ingresos alternativa, benigna y soberana, cuando es masiva, resulta en una especie de revolución silenciosa, un salto de conciencia más parecido a un despertar místico que a las milicias de Sierra Maestra.

Paradójicamente, este salto fue habilitado por el propio capital en su búsqueda insaciable de incrementar las ganancias mediante instrumentos derivativos y digitales. Con la desmaterialización del dinero llega la desmaterialización del empleo, en formato remoto primero, como ingreso autónomo después, y finalmente pasivo. ¿La meta? Restaurar el placer, aquello que el capitalismo llama «calidad de vida». Pasar más tiempo con los seres queridos, disfrutar del ocio, consumir calidad, compartir experiencias, desarrollar talentos y proyectos creativos.

La revolución, por tanto, también se ha desmaterializado y desterritorializado. La lucha por la independencia, la soberanía nacional o la democracia popular ha dado paso al combate por el placer, entendido como bienestar integral del individuo y su comunidad.  El plot twist de la especie que vuelve al origen cuando se siente amenazada. Recupera su instinto y no se disculpa, no se cuestiona, no se resiste; simplemente obedece a un recurso ancestral implantado en su memoria antes que el chip: la supervivencia. 

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El drama de los migrantes que buscan llegar a Europa por mar en frágiles gomones, una postal que se repite.. Imagen: AFP

Salió con 54 personas y solo 7 quedaron vivos

Partieron rumbo a España pero terminaron en Mauritania. La mayoría de quienes iban en el gomón fueron muriendo de sed y hambre, primero los niños y luego las mujeres.

 

"Se morían poco a poco. Primero los niños y luego las mujeres". Uno de los siete supervivientes de un bote inflable que partió del Sahara con 54 personas y navegó 13 días a la deriva antes de acabar en una playa de Mauritania relata la última tragedia de la ruta migratoria a las islas Canarias, en España, la más peligrosa de África.

Desde un centro de detención de migrantes en Mauritania, Moussa (el nombre ficticio que da para no revelar su identidad) rememoró este martes al teléfono su "infierno" de casi dos semanas a bordo de una barca semirrígida, esas a las que se tragan las olas en cuanto el mar se encrespa.

Su caso ha sido una excepción, relata a Efe Helena Maleno, portavoz de la ONG Caminando Fronteras, la interlocutora de Moussa y que ha visto desaparecer decenas de botes neumáticos a poco de partir.

Helena es además testigo de cómo este tipo de embarcaciones están aumentando en la ruta canaria, lo que agrava más aún su peligrosidad. "1.000 kilómetros. Es la primera vez que vemos que una zodiac aguanta tanto", dice.

Pero al aguante del bote de Moussa no acompañó el de sus tripulantes, que fueron muriendo de sed y hambre a medida que pasaban los días, a pesar de la ayuda de algunos pescadores marroquíes con los que se iban cruzando. Les daban, recuerda este guineano, dos o tres botellas de agua para 54 personas. No era suficiente.

Dos hermanos sobreviven juntos

Desde un puesto policial de Nuadibú, en Mauritania, un agotado Moussa usa para hablar con Helena un móvil prestado por un vecino de la zona, que se acerca a darles comida cada día. Allí está con otros tres compañeros de viaje: dos malienses hermanos y un senegalés. Los otros tres supervivientes se recuperan en el hospital.

Su pesadilla empezó un 3 de agosto, cuando esas 54 personas, mayormente de Guinea Conakry, Senegal, Costa de Marfil y Mali, se subieron cerca de El Alaiún (Sahara Occidental) a una barca frágil, construida para albergar muchas menos y con la intención de recorrer unos 125 kilómetros hasta la isla de Fuerteventura (Canarias).

Al día y medio de partir, se quedaron sin combustible. No estaban lejos de la costa y se iban cruzando con pescadores, pero ninguno, cree Helena, llamó a las autoridades para avisar de la barca a la deriva.

El bote continuó entonces su ruta hacia el sur llevado por el mar y la falta de agua y comida empezó a hacer estragos. Sus tripulantes iban muriendo "poco a poco", explica Moussa. Primero los niños (había tres) y luego las mujeres. De las diez que viajaban en el bote solo sobrevivió una, ahora en un hospital de Nuadibú.

"La gente se quedaba como dormida y moría, otros se tiraban al mar", revive Moussa, y recuerda cómo finalmente, 13 días después, el capricho de las corrientes llevó a la barca a una playa mauritana. Al llegar a la costa, murieron otras tres personas.

Al oeste, 4.500 kilómetros de agua

La barca de Moussa podría haber tenido un desenlace aún peor. El mar podría haberlos llevado hacia adentro, donde les esperaban al oeste 4.500 kilómetros de océano Atlántico. De hecho, este año ya van dos botes que llegan medio destrozados a Trinidad y Tobago con cadáveres a bordo. A la mayoría se los traga el mar.

Ahora, Moussa tiene miedo de que lo deporten y lo dejen en medio del desierto en la frontera con Mali, como suelen hacer las autoridades mauritanas cuando tienen constancia de migrantes de esa nacionalidad.

"Prometeme que no me van a llevar al desierto", implora al teléfono prestado a Helena, quien reclama a Mauritania un trato más benevolente para estos náufragos. "Pedimos a las autoridades mauritanas que no los sometan a un procedimiento de expulsión, sobre todo a estas víctimas de tragedias. Están destrozadas".

De la historia de Moussa, Helena saca otra reflexión. Cree que ninguno de esos pescadores que asistieron a los emigrantes avisó a las autoridades marroquíes. Tienen, dice, miedo a hacerlo. "Les pido que informen. Se pueden evitar tragedias. No tienen que tener miedo, lo importante es salvar vidas".

Helena no para de recibir llamadas de familiares de las mujeres que iban en la balsa. Esperaban saber de ellas el 4 de agosto tras una travesía prevista de 24 horas a Canarias, pero las noticias nunca llegaron.

Lo peor está por llegar

Si 2020 fue un año histórico en cuanto a repunte de llegada de emigrantes a Canarias, 2021 está doblando sus cifras. Hasta el 1 de agosto, ya se contaban 7.531 personas, frente a las 3.185 del año anterior.

Y lo peor está por venir. A partir de finales de septiembre, cuando el Atlántico se calma un poco y los vientos Alíseos acompañan, las pateras se multiplican.

A Helena le preocupan especialmente dos cosas: la emigración de marroquíes, que el año pasado aumentó de manera exponencial, y los botes como el de Moussa.

"Hemos visto un aumento de las balsas neumáticas en el Atlántico, que antes no se daban", avisa. Lo ha podido comprobar en su piel Moussa y con lo vivido ya no quiere volver a intentarlo. "Yo solo quiero volver a Guinea. Quiero ver a mi mujer y a mis hijos".

Por María Traspaderne

18/08/2021

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Fuentes: El diario [Imagen de archivo de varias personas frente a la Puerta de Brandeburgo en Berlín, Alemania. EFE/EPA/FILIP SINGER]

 ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ ha logrado que el próximo 26 de septiembre, día de las elecciones generales y de comicios al Ayuntamiento de la capital alemana, los berlineses voten sobre remunicipalizar casas de grandes dueños de vivienda de la ciudad

Los alemanes están llamados a votar el próximo 26 de septiembre en las primeras elecciones de la ya bautizada como era «post-Merkel». Tras 16 años en el poder, la canciller Angela Merkel no se presenta a su reelección. Sin embargo, para los berlineses, ese día 26 de septiembre no sólo será electoralmente importante por suponer una despedida a la todavía jefa del Gobierno alemán.

Los capitalinos germanos también votarán en sus elecciones locales y, además, se pronunciarán sobre la hoy por hoy exitosa campaña ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’. Esta iniciativa, lanzada en 2019, ha conseguido las firmas de berlineses necesarias para organizar un referéndum en el que se vote sobre si expropiar o no a las empresas que poseen más de 3.000 viviendas en suelo de la capital.

La campaña lleva en su nombre el de la firma inmobiliaria Deutsche Wohnen, que dispone de 110.000 viviendas en la capital alemana. El objetivo de los activistas es hacerse con unos 240.000 pisos hoy en manos de grandes propietarios.

El pasado mes de julio se ponía la fecha del 26 de septiembre para la celebración del referéndum, después de confirmarse que los activistas de la iniciativa habían reunido suficientes firmas para seguir adelante con la votación. Superaron ampliamente, según los datos comprobados por las autoridades, las 183.700 firmas necesarias para organizar la votación.

«Hay detalles técnicos por terminar, pero el referéndum es el 26 de septiembre», dice a elDiario.es Ingrid Hoffmann. La activista de la iniciativa berlinesa menciona algunas responsabilidades de última hora que aún han de asumir ella y sus compañeros de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’. Por ejemplo: la impresión de folletos sobre el referéndum que tienen que hacer llegar a todos los hogares berlineses.

Hofmann explica que el colectivo también da la batalla con las autoridades para que dejen de afirmar «lo astronómico» que resultará el pago de la indemnización para expropiar las casas de los grandes propietarios. Los periódicos alemanes están estos días llenos de este tipo de estimaciones. La convocatoria también ha llegado al influyente Financial Times. «Mi piso es ahora una commodity», lamentaba la activista Lorena Jonas, una de las promotoras del referéndum, calificada de «campaña radical» por el rotativo británico, que advertía de que las encuestas sugieren que casi la mitad de los berlineses apoyan la iniciativa y esta «podría fijar un precedente para otras ciudades con elevadas rentas».

Quienes más se oponen a esta medida –como Sebastian Czaja, el líder del partido liberal, el FDP– hablan de un coste de no inferior a los 36.000 millones de euros. El Gobierno de la capital sitúa los costes totales en un montante que va entre 29.000 y los 39.000 millones.

Esos números sirven a menudo para transmitir la idea a la población de que el proyecto de Hoffmann y compañía está fuera del alcance de las autoridades berlinesas. Berlín, por muy capital que sea, sigue siendo una ciudad, en el mejor de los casos, con un presupuesto muy ajustado. Pero en ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ defienden que el mecanismo de expropiación no lastrará las cuentas de la capital.

«El presupuesto berlinés no se verá afectado en absoluto», sostiene Hoffmann. «Porque se tiene que crear una entidad pública para reunir los recursos con los que conseguir los 240.000 pisos, emitiendo bonos de deuda. Eso es lo que permite obtener dinero como en un crédito pero sin pedir dinero al banco. Luego, el pago de los alquileres de esos pisos permitirá devolver el dinero», explica la activista. «Esto, nuestros adversarios nunca lo mencionan», abunda la activista en conversación con este medio.

La Constitución como pilar de la iniciativa

Lo que no falta entre los responsables de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ son las referencias al artículo 15 de la Ley Fundamental alemana, que es como aquí se conoce a la Constitución. «La tierra, los recursos naturales y los medios de producción pueden transferirse a la propiedad común u otras formas de economía común con fines de socialización mediante una ley que regule la naturaleza y el alcance de la indemnización», se lee en dicho artículo de la Carta Magna germana.

En caso de que haya mayoría de «sí» en el referéndum, el resultado no implicará directamente la expropiación. La política tendrá que actuar en consecuencia legislando y, por lo que deja ver el Ayuntamiento de Berlín en sus campañas, plasmar en la legislación la expropiación no será sencillo. Sólo el partido Die Linke, el que está situado más a la izquierda del espectro parlamentario alemán, apoya a las claras la iniciativa.

En el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD), la formación del actual alcalde de Berlín, Michael Müller, y de la favorita a ganar la carrera al Ayuntamiento berlinés, Franziska Giffey, no contemplan la expropiación. En Los Verdes, el segundo mayor partido progresista, hablan de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ como un «último recurso» ante la tensa situación del mercado inmobiliario de la capital alemana.

Precios al alza, carestía de vivienda y fusiones de grandes empresas

Berlín, ciudad gobernada por una coalición de izquierdas liderada por el socialdemócrata Müller, es de las ciudades donde más suben los precios del alquiler, según un reciente estudio de la plataforma inmobiliaria de internet Inmmoscout24. En la subida que se registrará en la capital en 2022, del 5,7%, según las estimaciones de ese portal, jugará un papel importante que se declarara inconstitucional por motivos competenciales la conocida como ‘Ley de Tope al alquiler‘. La normativa consiguió bajar los alquileres considerados excesivos.

Con esa medida, que Die Linke y Los Verdes quieren ver aplicada en todo el país y no sólo a una ciudad o región, las autoridades berlinesas trataron de hacer frente a la situación de carestía habitacional que se vive en la capital teutona. Se estima que al año hacen falta en Berlín 40.000 nuevas viviendas. En 2020 se construyeron 16.000 cuando se querían levantar 20.000. En general, Alemania no construye lo suficiente. De ahí que en la prensa económica se considere que el Gobierno de la ‘gran coalición’ de Merkel ha fracasado en materia de vivienda.

Este es el contexto en el que ha surgido ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’ y en el que también Deutsche Wohnen y Vonovia, dos de los grandes actores del mercado inmobiliario alemán, quieren fusionarse. Si eso ocurre, la activista Hoffmann considera que no será una traba para su iniciativa. «Llevan ya tres intentos para fusionarse. A lo mejor, juntas, esas empresas se sienten más seguras formando una empresa más poderosa aún. Pero para nosotros, en una expropiación, que dos empresas pasen a formar una significa menos papeleo» destaca con sorna.

Ella confía en que el 26 de septiembre, en una jornada en la que se votará para reconfigurar el Bundestag, el Gobierno federal y el Ayuntamiento berlinés, haya una alta participación. Según sus cuentas, a partir de una participación del 70%, ganará el «sí» en el referéndum de ‘Expropiar a Deutsche Wohnen y Compañía’.

Por Aldo Mas | 19/08/2021

Publicado enInternacional
Viernes, 13 Agosto 2021 05:43

El diablo está en los detalles

El diablo está en los detalles

EL IMPUESTO GLOBAL A LAS CORPORACIONES MULTINACIONALES

 

Pareciera ser que la comunidad internacional está avanzando hacia lo que muchos consideran un acuerdo histórico para fijar una tasa de impuesto mínimo global a las corporaciones multinacionales. Era hora de que sucediera –pero tal vez no sea suficiente.

Con las reglas existentes, las empresas pueden eludir pagar su porción justa de tributos si registran sus ingresos en jurisdicciones con bajos impuestos. En algunos casos, si la ley no les permite simular que una parte suficiente de sus ingresos se origina en algún paraíso fiscal, han trasladado algunas partes de sus operaciones a estas jurisdicciones.

Apple se convirtió en el paradigma de la evasión fiscal al registrar ganancias generadas en sus operaciones europeas en Irlanda y luego utilizar otro vacío legal para evadir gran parte de la notoria tasa impositiva del 12,5 por ciento que rige en Irlanda. Pero Apple no ha estado sola a la hora de dirigir la creatividad que pone en los productos que amamos hacia nuevas formas de evasión fiscal con respecto a las ganancias que obtiene al vendérnoslos. Ha dicho, con razón, que pagaba cada dólar exigido; simplemente estaba sacando plena ventaja de lo que el sistema le ofrecía.

Desde esta perspectiva, un acuerdo para establecer un impuesto mínimo global de por lo menos un 15 por ciento es un paso importante hacia adelante. Pero el diablo está en los detalles. En la actualidad, la tasa oficial promedio es considerablemente más alta. De esta forma, es posible, y hasta probable, que el mínimo global se convierta en la tasa máxima. Una iniciativa que comenzó como un intento por obligar a las multinacionales a aportar su cuota justa de impuestos podría terminar cosechando un ingreso adicional muy limitado, mucho más bajo que los 240.000 millones de dólares por año que, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), no se pagan. Y algunas estimaciones sugieren que, además, los países en desarrollo y los mercados emergentes verían solo una pequeña fracción de esta recaudación.

Impedir este desenlace depende no solo de evitar esa convergencia global a la baja, sino también de garantizar una definición amplia e integral de las ganancias corporativas (una que limite, por ejemplo, la deducción por costos relacionados con gastos de capital, más interés, más pérdidas previas a la entrada, más…). Probablemente, lo mejor sería acordar una contabilidad estándar para que nuevas técnicas de evasión impositiva no reemplacen a las viejas.

Particularmente problemático en las propuestas presentadas por la OCDE el 1 de julio es el llamado Pilar Uno, que busca abordar las potestades tributarias y aplica en forma exclusiva a empresas globales muy grandes. El viejo sistema de precios de transferencia claramente no estaba a la altura de los desafíos de la globalización del siglo XXI; las multinacionales habían aprendido a manipular el sistema para registrar ganancias en jurisdicciones de bajos impuestos. Es por eso que Estados Unidos ha adoptado una estrategia en la que las ganancias son asignadas a cada estado mediante una fórmula que tiene en cuenta las ventas, el empleo y el capital.

Los países en desarrollo y los desarrollados pueden verse afectados de manera diferente dependiendo de qué fórmula se use: un énfasis en las ventas afectará a los países en desarrollo que producen bienes manufacturados, pero puede ayudar a resolver algunas de las desigualdades asociadas con los gigantes digitales. Y para las grandes empresas tecnológicas, el valor de las ventas debería reflejar el valor de los datos que recaban, que es crucial para su modelo de negocios. La misma fórmula tal vez no funcione en todas las industrias. De todas formas, hay que reconocer los avances en las propuestas actuales, incluida la eliminación de la prueba de presencia física para imponer tributos, algo que no tiene ningún sentido en la era digital.

Algunos consideran que el Pilar Uno es un respaldo al impuesto mínimo y, por ende, no les preocupa la ausencia de principios económicos que guíen su construcción. Solo una pequeña fracción de las ganancias por encima de un cierto umbral serán asignadas entre las jurisdicciones implicadas, lo que supone que el porcentaje total de ganancias a ser asignadas sea, por cierto, pequeño. Pero si a las empresas se les permite deducir todos los insumos de producción, incluido el capital, el impuesto a las ganancias corporativas es, realmente, un impuesto a las rentas o a las ganancias puras, y todas esas ganancias puras deberían estar disponibles para ser asignadas a las diferentes jurisdicciones implicadas en el proceso. En consecuencia, la demanda por parte de algunos países en desarrollo de que un porcentaje mayor de las ganancias corporativas sea objeto de esta reasignación es más que razonable.

Hay otros aspectos problemáticos de las propuestas, hasta donde se puede saber (ha habido menos transparencia, menos discusión pública de los detalles de lo que uno habría esperado). Un aspecto tiene que ver con la resolución de disputas, que, claramente, no se puede llevar a cabo usando los tipos de arbitraje que prevalecen hoy en los acuerdos de inversión; tampoco debería dejarse la resolución de disputas en manos del país «de origen» de una corporación (en especial frente a corporaciones sin ataduras que buscan constantemente hogares más favorables). La respuesta correcta es un tribunal fiscal global, con la transparencia, estándares y procedimientos que se esperan de un proceso judicial del siglo XXI.

Otra de las características problemáticas de las reformas propuestas tiene que ver con la prohibición de tomar medidas unilaterales, algo, al parecer, destinado a frenar la propagación de impuestos digitales. Pero el umbral propuesto de 20.000 millones de dólares deja a muchas grandes compañías multinacionales fuera del radar del Pilar Uno, ¿y quién sabe qué vacíos legales podrán encontrar los abogados tributarios inteligentes? Dados los riesgos para la base imponible de un país –y en vistas de lo difícil que es concluir los acuerdos internacionales y lo poderosas que son las multinacionales–, los responsables de las políticas públicas tal vez deban recurrir a medidas unilaterales. No tiene sentido que los países renuncien a su potestad tributaria por un Pilar Uno limitado y arbitrario. Los compromisos exigidos no tienen punto de comparación con los beneficios otorgados.

Los líderes del G20 harán bien si llegan a un acuerdo sobre un impuesto mínimo global de por lo menos el 15 por ciento. Más allá de la tasa final que fije el piso para los 139 países que actualmente negocian esta reforma, sería mejor si por lo menos unos pocos países introdujeran una tasa más alta, de manera unilateral o como grupo. Estados Unidos, por ejemplo, planea una tasa del 21 por ciento (véase en este número la nota de Jorge A. Bañales).

Es crucial abordar el conjunto de cuestiones detalladas que son necesarias para un acuerdo fiscal global, y resulta especialmente importante interactuar con los países en desarrollo y los mercados emergentes, cuya voz no siempre ha sido escuchada lo suficiente. Pero, principalmente, será esencial revisar la cuestión en cinco años, no siete, como se propone en la actualidad. Si los ingresos impositivos no aumentan como se promete y si los mercados en desarrollo y emergentes no obtienen un porcentaje mayor de esos ingresos, el impuesto mínimo tendrá que ser aumentado y las fórmulas para asignar los derechos fiscales entre los países deberán ser revisadas.

Joseph E. Stiglitz
13 agosto, 2021

(Publicado originalmente en Project Syndicate.

Traducción de Brecha.)

Publicado enEconomía
Viernes, 13 Agosto 2021 05:38

El hambre desata pasiones

El hambre desata pasiones

La pre-Cumbre de Roma “se quedó corta”

 

Querían enterrarnos para que desapareciéramos, pero no sabían que éramos semillas”. Incluyendo esta frase político-poética, los movimientos sociales internacionales publicaron el martes 3 de agosto sus conclusiones sobre la Pre-Cumbre de la Alimentación convocada en Roma entre el 25 y el 28 de julio.

La Pre-Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las Naciones Unidas, “se queda corta en cuanto a la transformación de los sistemas alimentarios no sostenibles y a la identificación de salidas a las crisis del clima, del hambre y del COVID-19”, subrayan los sectores críticos.

Aglutinados en la Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de la ONU de septiembre, más de 300 movimientos y organizaciones sociales de diferentes continentes habían publicado una Declaración de Apertura que resume su visión crítica (https://www.csm4cfs.org/es/declaracion-de-apertura-de-la-contra-movilizacion-de-los-pueblos-para-transformar-los-sistemas-alimentarios-corporativos/ ). En ella argumentan que dicho evento está siendo diseñado para servir a los intereses de los actores más poderosos del complejo agroindustrial mundial.

El comunicado de clausura de la movilización ciudadana no disimula la frustración de la sociedad civil internacional por lo que se acaba de vivir en Roma. Subraya que “ya está inequívocamente claro que la pre-Cumbre ha llegado a su fin sin ninguna resolución de los temas fundamentales que cientos de organizaciones han exigido que se aborden” (https://www.csm4cfs.org/es/thousands-mobilize-to-call-for-food-systems-that-empower-people-not-companies/ ).

La contra movilización había sido convocada por una amplia red de movimientos sociales, redes y ONG. Se realizó virtualmente, en paralelo a la pre-Cumbre oficial Según los organizadores, contó con unos 9 mil participantes de diferentes continentes, lo que consideran exitoso. Destacan que reunió a una gran diversidad de asistentes y fue capaz de catalizar y amplificar una contra narrativa a la Pre-Cumbre. Lograron llegar a un amplio público con su visión respecto a la necesidad imperiosa de promover una transformación auténtica de los sistemas alimentarios industriales, subrayan.

Publicaciones en grandes medios, como la británica BBCAl Jazeera, la televisión estatal italiana RAI , L’Humanité de Francia o Le Courrier de Suiza, entre muchos otros,  ofrecieron espacios a las voces contestarias. Los organizadores evalúan que varios miles de mensajes con el indicativo #FoodSystems4People fueron consultados por unos 10 millones de usuarios en las muy diversas redes sociales.

Maratón contestatario

Al momento del balance publicado la primera semana de agosto, los promotores  recuerdan que la contra movilización de los pueblos para transformar los sistemas alimentarios corporativos arrancó el 25 de julio con un rally virtual global, de ocho horas de duración (https://www.youtube.com/watch?v=KVGkBV55XnQ ). En el evento, se alternaron mensajes de comunidades, declaraciones, representaciones artísticas y movilizaciones en directo de cientos de personas y organizaciones de todos los continentes. Representaban a pequeños agricultores, pastores, pescadores, pueblos indígenas, trabajadores agrícolas y alimentarios, sin tierra, mujeres, jóvenes, consumidores, personas que sufren la inseguridad alimentaria en el ámbito urbano, ONG y académicos.

El día siguiente, el 26 de julio, se organizaron tres mesas redondas para debatir temas esenciales ligados a la Cumbre oficial de la ONU de septiembre próximo y sus intentos de abrir las puertas a la captura corporativa de la gobernanza alimentaria y la ciencia.

“Los sistemas alimentarios están cada vez más diseñados para empoderar a las empresas, no a las personas”, afirmó Ali Aii Shatu, del Comité de Coordinación de los Pueblos Indígenas de África (IPACC). Los paneles, compuestos por oradores de movimientos sociales, representantes gubernamentales, de las Naciones Unidas y del mundo académico, abordaron la toma de control creciente de los sistemas alimentarios por parte de las multinacionales.

La contra-Pre Cumbre se hizo eco de una declaración compartida y firmada por cientos de académicos que fue publicada recientemente. El mundo científico aumenta día a día sus críticas. El Panel Internacional de Expertos en Sistemas Alimentarios Sostenibles (IPES) anunció oficialmente que se retira del proceso de preparación de la Cumbre de Nueva York.

El 27 de julio, día de cierre del evento paralelo, se realizaron 15 diálogos virtuales sobre temas muy variados. Entre ellos:  la lucha por la soberanía alimentaria en Latinoamérica y el Caribe; la necesidad que la agroecología, los derechos humanos y la soberanía alimentaria construyan alternativas basadas en la justicia; la democratización de los sistemas alimentarios como forma de prevenir la concentración empresarial.

Sintetizando el pensamiento mayoritario entre los participantes, Shalmali Guttal de Focus on the Global South, sostuvo en una de las intervenciones: “necesitamos más control sobre las grandes empresas y normas más estrictas, que prioricen el interés público. Debemos vincular los sistemas alimentarios a las culturas alimentarias, no separarlos de nuestra sociedad”.

Próximos pasos resistentes

La Respuesta Autónoma del Pueblo a la Cumbre de las Naciones Unidas anunció su hoja de ruta. Ahora está evaluando los resultados de la pre Cumbre de Roma. Y, en los próximos días y semanas, seguirá monitoreando la continuidad del proceso de cara a Nueva York, a medida que se vayan haciendo públicas las informaciones sobre los preparativos del cónclave.

En paralelo, exige la reflexión y el debate público sobre los instrumentos legales vinculantes para poner fin a la impunidad de las multinacionales; terminar con el uso de plaguicidas; desactivar el monopolio mundial sobre las semillas; erradicar la privatización de la biodiversidad y de los bienes comunes.

Temas esenciales que desbordan la voluntad política de la ONU y la gran empresa de la agricultura y la alimentación que, por el momento, homogenizan la preparación del evento de septiembre próximo.

Los movimientos sociales siguen alzando el tono de su crítica, como se escuchó en la movilización virtual contestataria de fines de julio. Abundan las voces que incluso afirman que la única alternativa viable será el boicot ciudadano a la Cumbre de Nueva York. El drama del hambre en el mundo y la búsqueda de alternativas dividen aguas. Desatan pasiones, polarizan miradas y reducen los espacios de eventuales consensos. La pulseada parece ser más fuerte que nunca. Y los actores sociales apuestan a ser lo que son:  semillas portadoras de un nuevo modelo.

 

Publicado el: 10 agosto, 2021

Por Sergio Ferrari, desde Ginebra, Suiza

Publicado enSociedad