El canciller de Nicaragua, Denis Moncada (al centro), en Managua, tras anunciar este viernes la salida de Nicaragua de la OEA.STR (AFP)

El régimen desconoce al organismo americano, al que acusa de mantener “actitudes injerencistas” contra el Gobierno que lidera el sandinista

 

Tras el rechazo de las elecciones presidenciales de Nicaragua por la mayoría de países de América, el presidente Daniel Ortega ha decidido retirar a su país de la Organización de Estados Americanos (OEA), a la que ha acusado de mantener “actitudes injerencistas” contra su régimen. El canciller nicaragüense, Denis Moncada, ha informado este viernes en Managua que el Gobierno ha comenzado su salida del organismo americano “instruido por el presidente constitucional de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra”, en la que es una respuesta a los señalamientos de ilegitimidad democrática de los resultados de las presidenciales.

El régimen ha explicado que la salida de la OEA se da bajo el amparo del artículo 67 de la Convención de Viena, que establece el procedimiento oficial a seguir cuando un país decide retirarse de un tratado internacional que ha ratificado. “Me dirijo a usted para notificarle oficialmente nuestra indeclinable decisión de denunciar la Carta de la Organización de los Estados Americanos, conforme a su artículo 143, que da inicio al retiro definitivo y renuncia de Nicaragua a esta organización”, afirma el régimen en la carta enviada al secretario general de la OEA, Luis Almagro, y que ha leído el canciller Moncada.

Con la denuncia de la carta del organismo, el régimen de Ortega inicia un proceso de dos años para hacer oficial su salida. “Transcurridos dos años a partir de la fecha en que la Secretaría General reciba una notificación de denuncia, la presente Carta cesará en sus efectos respecto del Estado denunciante, y este quedará desligado de la Organización después de haber cumplido con las obligaciones emanadas de la presente Carta”, según lo establecido en el artículo 143 de la Carta Constitutiva de la OEA.

Ortega ha tomado esta decisión después de que la Asamblea General de la OEA, que se realizó la semana pasada en Guatemala, votara una resolución en la que rechazaba los resultados de las elecciones presidenciales del 7 de noviembre, considerados una “farsa” por la oposición. Esas votaciones se dieron con los siete aspirantes de la oposición encarcelados por el régimen, una fuerte represión contra las voces críticas y sin condiciones mínimas que garantizaran la legitimidad del proceso. La resolución de la OEA fue aprobada por 25 países, siete se abstuvieron —entre ellos México— y la delegación de Nicaragua votó en contra. Además de rechazar los resultados de la votación, el documento aprobado obliga a la secretaría general hacer un análisis de la situación política de Nicaragua de cara a analizar la aplicación de la Carta Democrática, que incluye la expulsión del país al considerar que no cumple con los requisitos democráticos establecidos en ese documento.

“La Organización de Estados Americanos ha sido diseñada como foro político diplomático que nació por influencia de Estados Unidos como instrumento de injerencia e intervención, y su actuar en contra de Nicaragua de esta organización que funciona permanentemente en Washington tiene como misión facilitar la hegemonía de Estados Unidos con su intervencionismo sobre los países de América Latina y el Caribe. Lo que para Nicaragua es inaceptable, lo rechazamos y lo condenamos”, denuncia el régimen de Managua en la carta enviada a Almagro.

La salida de Nicaragua de la OEA puede tener fuertes consecuencias económicas para un país que necesita del flujo de divisas que llegan a través de préstamos de organismos multilaterales ligados a esa organización, explica Tiziano Breda, analista para Centroamérica del Crisis Group, un organismo centrado en la resolución de conflictos. “Tendrá menos capacidad de acceder a recursos internacionales de mecanismos interamericanos como es el Banco Interamericano para el Desarrollo (BID). Estos tendrán tendrían mayores reservas en proveerle recursos a un Gobierno que ha sido expulsado por sus violaciones del organismo regional más importante”, explica Breda.

La decisión del Gobierno nicaragüense ha generado reacciones, principalmente de Estados Unidos, cuyo presidente, Joe Biden, ha denunciado lo que considera una “dictadura” parecida a la de la dinastía somocista que gobernó el país durante 47 años. “Nos gustaría que Nicaragua regrese a la comunidad interamericana, (pero) siempre respaldando los valores y los principios a los cuales todos nos inscribimos, que son el respeto del desarrollo democrático”, ha dicho a EFE Juan González, encargado de Latinoamérica y el Caribe de la Casa Blanca. “Eso es lo fundamental, no es de izquierda o derecha, es democracia, es lo único en que nosotros insistimos como región”, ha afirmado González.

Por Carlos Salinas Maldonado

Redactor de la edición América del diario EL PAÍS. Durante once años se encargó de la cobertura de Nicaragua, desde Managua. Ahora, en la redacción de Ciudad de México, cubre la actualidad de Centroamérica y temas de educación y medio ambiente

Publicado enInternacional
  Daniel Ortega y Rosario Murillo, hace unos días en Managua. — Reuters

 

Daniel y Rosario crecieron en la Nicaragua dictatorial de la dinastía Somoza. Dedicaron su juventud a luchar contra el clan que dirigía el país. A día de hoy, los antiguos revolucionarios se convirtieron en una suerte de pastores evangélicos.

 

Daniel Ortega (La Libertad, 1945) quiso en su día emular a Augusto César Sandino, pero ha acabado reverenciando a Sai Baba. De niño, su padre le contaba historias del caudillo revolucionario. Había que vengar al héroe nacional que combatió al imperialismo yanqui. Rosario Murillo (Managua, 1951) iba más lejos. Podía presumir de tener lazos de sangre con una rama familiar de Sandino. Daniel y Rosario crecieron en la Nicaragua dictatorial de la dinastía Somoza. Dedicaron su juventud a luchar contra el clan de sátrapas que dirigió el país como si se tratara de su finca particular. Ortega conoció la cárcel, la tortura, el exilio. De familia burguesa, Murillo no dudó en unirse a ese movimiento romántico que fue el sandinismo. Aquellos jóvenes revolucionarios son hoy, paradojas del destino, dos autócratas aferrados al poder y al misticismo más rancio.

Ortega se unió al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1963. Cuatro años más tarde cayó preso tras asaltar un banco para recaudar fondos destinados a la organización. Fue acusado de terrorismo por el régimen de Anastasio Somoza Debayle, último dictador de la saga. Según el periodista Fabián Medina, autor del libro El preso 198, esos años en la cárcel marcarían la personalidad de Ortega. En su círculo íntimo figuran hoy algunos compañeros de prisión, y de su escolta personal han formado parte varios de sus antiguos carceleros. El joven revolucionario saldría en libertad en 1974 después de una espectacular acción guerrillera. Un comando sandinista irrumpió en una casa en la que se había reunido la flor y nata del régimen. El intercambio de rehenes por presos políticos dejó a Ortega en libertad rumbo a Cuba, donde pasó un año y medio, antes de exiliarse en Costa Rica.

Cuando triunfa la revolución, en julio de 1979, Ortega entra en la Junta de Reconstrucción Nacional, una dirección colegiada de nueve miembros, tres por cada tendencia política de los insurgentes. Ortega no posee ninguno de los atributos que se esperan de un jefe revolucionario. Introvertido, sin dotes oratorias, sin carisma, no parecía el más indicado para dirigir el nuevo gobierno. Había otros gallos para esa tarea, como Tomás Borge o su propio hermano, Humberto Ortega. Para evitar el choque de egos, se eligió a un dirigente de perfil bajo. Daniel Ortega sería el coordinador de la Junta y unos años más tarde, en 1984, el candidato presidencial. La Revolución Sandinista avanzaba en la alfabetización del país y la redistribución de tierras, pero enfrentaba al mismo tiempo una guerra financiada por Ronald Reagan. La CIA entrenaba a los mercenarios de la Contra en Honduras y Costa Rica. El romanticismo de los primeros días se esfumaba. Había que empuñar las armas de nuevo ante un enemigo que seguía empeñado en que Nicaragua fuera la tierra de William Walker y no la de Sandino.

Esa guerra dejó miles de muertos e impidió el progreso del país. Ortega había ganado las elecciones de 1984 con una abrumadora mayoría, pero las sanciones y el bloqueo de Washington hacían mella en la revolución. A finales de los años 80 la economía nicaragüense no daba más de sí, con una hiperinflación del 33.000 por ciento y una moneda muy devaluada. A los sandinistas se les acumulaban las malas noticias. La Unión Soviética se descomponía. Cuba y Nicaragua iban a sentir pronto las réplicas de aquel temblor político. Yeltsin le dio la mala noticia a Ortega en una visita oficial a Managua a finales de 1988. Moscú iba a cerrar el grifo de las ayudas. Por consejo de la Dirección Nacional, Ortega convocó elecciones en febrero de 1990 convencido de que el pueblo seguía apoyando la revolución. Pero el hartazgo de la guerra y los estragos de la crisis económica pasaron factura a los muchachos. Violeta Barrios de Chamorro, integrante de la primera Junta, se impuso a Ortega en las urnas al frente de la Unión Nacional Opositora (UNO).

El escritor y exvicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez ha visto en esa derrota el motor que ha movido desde entonces las ambiciones políticas del comandante. Se sintió traicionado, víctima de una engañifa, y se conjuró para recuperar lo que había perdido. El FSLN perdió el liderazgo coral tras la derrota electoral. Ortega se hizo con el control absoluto del partido y fue su candidato presidencial en los comicios de 1996 y 2001. Cosechó otras dos derrotas consecutivas. Cualquier dirigente político habría tirado la toalla, pero Ortega siguió adelante con la ayuda financiera de algunas amistades extranjeras, como el coronel Gadafi. Se había transformado en un líder pragmático que mencionaba mucho a Cristo y poco a Marx, aunque se definiera como socialista y cristiano. Las alianzas políticas contra natura no tardaron en aflorar.

Arnoldo Alemán, presidente de Nicaragua por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) entre 1997 y 2001 y condenado más tarde por corrupción, era la antítesis de todo lo que había representado el sandinismo. Ortega se acercó al dirigente derechista en 2000. Entre los dos antiguos rivales armaron una componenda política para repartirse las instituciones y reformar la Constitución. Fruto de ese acuerdo, Alemán lograría inmunidad y Ortega, el regreso al poder. El FSLN llevaba tres elecciones cosechando menos del 45%, el umbral para ganar en primera vuelta, según la ley electoral. El ominoso pacto con Alemán rebajaba esa barrera al 35%. Ortega ganaría las elecciones en 2006 con un 38% de los votos. Con la inestimable ayuda de la Corte Suprema vio más tarde consumado su deseo de eliminar las restricciones a la reelección indefinida. Ya no cedería el poder nunca más.

Murillo, “eternamente leal”

Rosario Murillo y Daniel Ortega habían mantenido una relación epistolar durante el cautiverio del guerrillero. La pareja iniciaría su relación amorosa en Costa Rica en 1978. Tras el triunfo de la revolución, la meteórica ascensión política de Ortega relegó a Murillo a un segundo plano. Aficionada a la poesía, se ocupaba de algunos asuntos culturales. A Ernesto Cardenal, el poeta de Solentiname y ministro de Cultura, siempre lo miró con recelo. A él y a buena parte de la intelligentsia sandinista que no reconocía su supuesto talento literario. Su influencia sobre Ortega solo comenzó cuando éste fue perdiendo poder y elecciones. El acercamiento del líder sandinista al cardenal Miguel Obando fue obra de Murillo. Las homilías del reaccionario Obando contra Ortega en periodo electoral eran determinantes. Todo cambió en 2005. Ortega se declaró en contra del aborto y Obando, "luz de esperanza y fe", en palabras de Murillo, casó a la pareja y abrazó el nuevo sandinismo mágico-religioso.

Seguidora de la doctrina de Sai Baba -líder espiritual indio fallecido en 2011-, Murillo ha ido impregnando todo lo que le rodea de una mística esotérica. Las alegorías extravagantes forman parte de la idiosincrasia del poder en Nicaragua. Hace años, mandó "plantar" arbolitos de la vida metálicos en Managua, y en algunos actos públicos se puede ver una gigantesca estrella de cinco puntas decorada con helechos y flores.

La pareja presidencial tiene nueve hijos. Algunos de ellos ocupan cargos relevantes en empresas beneficiadas por contratos con el Estado. Según una investigación periodística de la Red Connectas, esas empresas obtuvieron en 2018 y 2019 cerca de un millón de dólares en contratos otorgados por instituciones públicas. La única que no forma parte de esa estructura de negocios es Zoilamérica, hija adoptiva de Ortega, exiliada en Costa Rica desde que en 1998 acusara a su padrastro de haberla violado en 1982. Lejos de apoyarle, su madre la repudió, tildándola de loca y mentirosa. El escándalo minó la escasa credibilidad que tenía Ortega. Y fue Rosario la que salió al quite. Poco a poco, convirtió al antiguo revolucionario en una suerte de pastor evangélico. El verde oliva había pasado de moda. Las soflamas igualitaristas, también. En su lugar, prevalecían los ropajes blancos y los discursos amorosos.

Entre acusaciones de fraude y con una economía regada por los petrodólares de la Venezuela bolivariana, Ortega obtendría sendas victorias electorales en 2011 y 2016. Y en 2017 nombró a la compañera Murillo, "eternamente leal", vicepresidenta del gobierno. La poetisa no ha desaprovechado su cargo. Sus numerosas apariciones en la televisión y en actos públicos contrastan con la vida semiclandestina que sigue prefiriendo el expreso político.

Solo las protestas de los estudiantes en 2018 alteraron la estabilidad del binomio Ortega-Murillo. La represión contra los manifestantes que se oponían a la reforma de la Seguridad Social fue brutal (hubo más de 300 muertos, según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos). El autoritarismo de Ortega quedaba expuesto a los ojos de la comunidad internacional. Para entonces, hacía ya mucho tiempo que el antiguo guerrillero había olvidado las historias de Sandino que le contaba su padre.

06/11/2021 22:09 Actualizado: 06/11/2021 22:10

Publicado enInternacional
Domingo, 07 Noviembre 2021 05:08

Prestidigitador

Prestidigitador

El presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, el más notable prestidigitador de la política postsoviética, sigue dando largas a la promesa que hizo al Kremlin de efectuar una reforma constitucional, cediendo al Parlamento parte de sus facultades, como primer paso para comenzar un periodo de transición que permita dejar la presidencia en manos de un sucesor confiable.

En los momentos más inciertos para su permanencia en el poder, por la ola de protestas multitudinarias que estalló el año pasado debido a su controvertida y enésima relección, recibió de su colega ruso, Vladimir Putin, respaldo político y financiamiento para aplacar el malestar de la población que empezaba a expresarse en huelgas en empresas públicas. El pago puntual de salarios y la represión consiguieron abortar la huelga general a la que había convocado la oposición.

A cambio, y para compensar el bofetón que dio al influyente sector de la élite gobernante en Moscú que promovió la candidatura de Viktor Barbariko, quien acabó en la cárcel por supuesta corrupción antes de ver su nombre inscrito en las boletas, Lukashenkose comprometió a dejar la presidencia bielorrusa y, maestro en el arte de dar atole con el dedo, nunca dijo que iba a soltar las riendas del poder.

El Kremlin, a regañadientes, admite que Lukashenko incumpla su palabra, e incluso se hace de la vista gorda en afrentas como el reciente secuestro en Moscú por los servicios secretos del vecino país, de un periodista de la edición bielorrusa de un rotativo ruso que, días después, apareció detenido en Minsk, ante el riesgo de que si se va ahora, como asegura el polémico gobernante, Bielorrusia, dará la espalda a Rusia.

Lukashenko volvió a referirse al tema hace un par de días –por videoconferencia, durante el acto de firma de un paquete de documentos para ahondar la integración económica de ambos países–, cuando anunció que en febrero Bielorrusia tendrá nueva Constitución.

Falta por ver de qué manera los autores del texto van a conjugar lo inconjugable, que es algo así como ceder el poder sin entregarlo, para someter a referendo una fórmula que cumpla los dos requisitos que planteó Lukashenko a los constitucionalistas: erigirlo en mandamás vitalicio y evitar el bochorno de exhibirlo en unas elecciones que sólo puede ganar de modo fraudulento.

Publicado enInternacional
Foto: Carlos Jasso/File Photo / Reuters

El alto funcionario aseguró, sin embargo, que la fase de examen preliminar por parte de la CPI estuvo llena de irregularidades y podría tildarse de "debilidad jurídica extrema".

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, calificó este jueves de "victoria para las instituciones democráticas venezolanas" el memorando de entendimiento firmado con la Corte Penal Internacional (CPI). El funcionario precisó que la investigación impulsada por ese organismo es una oportunidad que puede abrir las puertas para un acercamiento positivo entre la CPI y la justicia venezolana, a fin de garantizar un procedimiento justo para el país.

No obstante, aseguró Saab que la fase de examen preliminar por parte de esa corte estuvo llena de irregularidades, ya que el país no fue informado previamente sobre las denuncias en su contra, que nunca se presentaron ante ningún organismo nacional y fueron realizadas de manera anónima, sin expediente ni sustento. Todo eso, dijo, podría calificarse como de "una debilidad jurídica extrema".

"Esta visita [del actual fiscal de la CPI, Karim Khan] rompe un silencio largo y al mismo tiempo diría yo ruidoso, porque el silencio era tendencioso en pro de una acción unilateral de la anterior fiscal, Fatou Bensouda, quien nunca nos respondió un solo informe de los ocho documentos, más de 3.000 páginas, entregados a su despacho", aseguró Saab en declaraciones a RT. 

Asimismo, informó que durante su gestión, 196 efectivos de los cuerpos de seguridad venezolanos han sido condenados por violaciones a los derechos humanos, incluyendo implicaciones en asesinatos ocurridos durante las protestas violentas del año 2017, que son el centro de las actuales acusaciones contra Venezuela ante el tribunal internacional. Según precisó, solo 19 % de los casos de violencia durante esas protestas son atribuibles a las autoridades del país.

"Fue una acción insurreccional, que lamentablemente ocurrió y que no excusamos para nada. Yo no excuso que por ese hecho se hayan cometido, por ejemplo, abusos, excesos policiales, violaciones a los derechos humanos, pero el contexto es ese. No podemos decir que fue en época de paz, no: lamentablemente, fue en medio de un embrión de guerra civil, durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2017", afirmó Saab. A todo ello agregó que Venezuela tiene a mano toda la información, precisa y lista, para agilizar la investigación, y que luego de esto la imagen del Estado venezolano saldrá fortalecida.

Publicado: 5 nov 2021

Publicado enInternacional
A días de elecciones, Nicaragua es una maquinaria represiva y dictatorial

El domingo 7 de noviembre son las elecciones generales en Nicaragua y el régimen de Daniel Ortega se afina como una maquinaria represiva contra las personas defensoras de derechos humanos y la democracia.

Desde mayo de 2021 más de 150 personas han sido detenidas en un contexto represivo. Entre estas 39 personas defensoras de derechos humanos y opositores políticos, incluyendo 7 pre-candidatos presidenciales.

Igualmente, desde 2018, se han cerrado 50 organizaciones no gubernamentales y se viene aplicando un marco normativo represivo que busca asfixiar a la sociedad civil nicaragüense.

Así lo denuncia el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos (FIDH-OMCT) y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH).

Ambas instituciones advierten que el repertorio de leyes creado para reprimir a las personas defensoras de derechos humanos y a los opositores políticos condena a Nicaragua a entrar a un régimen dictatorial.

El clima es de terror

Las organizaciones publicaron el miércoles 3 de noviembre el Informe “Las nuevas leyes de la represión” que detalla la nueva etapa iniciada el 20 de octubre de 2020 en la escalada represiva.

El nuevo periodo se caracteriza por la promulgación de leyes restrictivas que controlan abusivamente las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.

Además, ponen bajo sospecha su financiamiento internacional, asumiendo que es un instrumento de intervención extranjera o un mecanismo del crimen organizado y del terrorismo.

De esta manera, convierten el derecho a asociarse para defender derechos humanos y el ejercicio de derechos civiles y políticos en delitos o ciberdelitos.

Esas figuras creadas por el régimen de Ortega pueden terminar llevando a las personas a la cadena perpetua, por presuntamente promover el odio nacional.

Específicamente, son las leyes sobre “Agentes Extranjeros”, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Ley sobre Ciberdelitos y la Reforma Constitucional al artículo 37.

A ellas se agrega Ley contra el Lavado de Activos y la Ley 1060, que, entre otros términos, expande el término de detención de 48 horas a 90 días, sin las mínimas garantías del debido proceso.

El gobierno pretende instalar un discurso oficial que construye como enemigo interno a las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y opositoras, lo que intenta disuadir a la gente de defender los derechos humanos, atemorizar a quienes lo critican y someterlos al silencio.

Bajo este contexto, y a pocos días de las elecciones generales del 7 de noviembre, sin oposición democrática y con el trabajo y las voces de quienes defienden los derechos humanos acalladas, Nicaragua afianza un régimen totalitario.

El Observatorio y el CENIDH urgen a las autoridades nicaragüenses y a la comunidad internacional a tomar todas las medidas necesarias para reinstaurar el Estado de Derecho en Nicaragua y garantizar las libertades de expresión y asociación en el país.

El aparato judicial nicaragüense debe rescatar y dar primacía al principio de independencia de la justicia. Asimismo, las organizaciones exigen la liberación inmediata de las más de 150 personas detenidas en el marco de la represión y el fin de su criminalización y a la derogación de toda la normativa represiva.

Datos

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la FIDH y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos.

La FIDH y la OMCT son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) es una organización de promoción y protección de los derechos humanos. Fue creada en 1990 y en diciembre de 2018, la Asamblea Nacional nicaraguense arbitrariamente le quitó su personería jurídica, allanó su sede y sus bienes.

El CENIDH es miembro de la FIDH y de la OMCT y apesar de la intimidación y represión en su contra, continúa trabajando por la defensa y promoción de los derechos humanos en Nicaragua.

4 noviembre 2021

Publicado originalmente en Servindi

Publicado enInternacional
Coronavirus: Bolsonaro se autoentregó una medalla al Mérito Científico

Y no es 28 de diciembre

Brasil fue uno de los países que más padeció la pandemia de covid-19, con una gran cantidad de infectados y fallecidos, y la gestión sanitaria de Jair Bolsonaro fue duramente criticada por la sociedad, que se evidenció en una fuerte caída de aprobación e imagen positiva. Pese a ello, el presidente de Brasil se autocondecoró con la medalla al Orden Nacional del Mérito Científico, un honor reservado para "personalidades nacionales y extranjeras que se han distinguido por sus destacados aportes a la Ciencia, a la Tecnología  e Innovación". El decreto fue publicado este jueves en el el Diário Oficial da União.

Además de la medalla que se otorgó Bolsonaro, también fueron distinguidos otros funcionarios de su gobierno. A Marcos Pontes, el ministro de Ciencia y Tecnología, se le concedió el título de canciller. Mientras que, Paolo Guedes, el ministro de Economía neoliberal, Carlos Françam, ministro de Relaciones Exteriores, y Milton Ribeiro, ministro de Educación, recibieron una propuesta para ocupar un puesto en el Consejo del Orden.

Tras difundirse la noticia, la prensa local apuntó contra Bolsonaro al remarcar la incoherencia de su accionar. "Fue el primer negacionista científico en recibir dicha condecoración", tituló el diario Estado de Minas. En tanto, Lucas Vasques, periodista de Forum, señaló: “El presidente nunca ofreció ninguna contribución científica desde que asumió en el Ejecutivo".

La autocondecoración de Bolsonaro se produce poco después de que la Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil presentara en el Senado una acusación en su contra por un crimen de lesa humanidad, además de otros cargos, por omisiones del gobierno en relación con la pandemia. 

El presidente brasileño tampoco se vacunó contra la covid-19, defiende habitualmente fármacos de probada ineficacia para el tratamiento de la enfermedad y no suele utilizar barbijo ni siquiera en aglomeraciones.

Esta no es la primera vez que el presidente brasileño interviene de forma arbitraria en el otorgamiento de una distinción. En julio de este año, Bolsonaro premió a su esposa, Michelle Bolsonaro, con la medalla al Mérito Oswaldo Cruz. 

Dicha distinción reconoce los esfuerzos de las autoridades y personalidades que contribuyeron directa o indirectamente en el bienestar físico y mental de la población brasileña.

Publicado enInternacional
Jueves, 28 Octubre 2021 05:38

Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?

Nicaragua, ¿una dinastía acorralada?

Daniel Ortega y Rosario Murillo han construido un poder familiar que recuerda a los tiempos previos a la Revolución Sandinista de 1979. Decenas de opositores han sido enviados a prisión mientras el país se encamina a unas elecciones sin espacio para la oposición. Pese a las protestas de 2018 y a las sanciones internacionales, el neosandinismo orteguista sigue controlando los resortes claves del poder.

Nicaragua ha entrado de nuevo en una grave crisis política. Desde principios de junio, 30 opositores políticos han sido encarcelados o sometidos a arresto domiciliario y privados de todo contacto con el exterior. El 2 de junio, Cristiana Chamorro, la candidata más importante de la oposición –hija de Violeta Chamorro, quien derrotó a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales de 1990– fue puesta bajo arresto domiciliario. Igual suerte corrió su hermano menor Pedro Chamorro Barrios. Otros tres aspirantes a la Presidencia, Sebastián Chamorro, Félix Madariaga y Arturo Cruz, también fueron detenidos, al igual que la destacada activista de Derechos Humanos Violeta Granera; Tamara Dávila, dirigente de la Unión Nacional Azul y Blanco (unab), la principal agrupación que reúne a diferentes fuerzas de oposición; y el influyente empresario José Adán Aguerri. Días más tarde en el mismo mes de junio, se sumaron a los detenidos un renombrado abogado constitucionalista y antiguos dirigentes sandinistas que pasaron a la oposición: José Pallais Arana, Dora María Téllez, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres, y las dirigentes de Unión para la Renovación Democrática (Unamos)1 Ana Margarita Vijil y Suyén Barahona. Lo mismo sucedió con el chofer de Cristiana Chamorro, Pedro Vásquez. Luis Rivas, director general de un importante banco de inversión (banpro), fue investigado, así como también otros dirigentes de las empresas privadas más grandes de Nicaragua, vinculadas a la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (funides). Todos bajo la misma acusación: «favorecer la injerencia extranjera» en el país. Contra Humberto Belli, ministro de Gobierno de Violeta Chamorro y antiguo opositor de Ortega, también se cierne una amenaza de enjuiciamiento. Los días 20 y 21 de junio fueron detenidos destacados periodistas, como Miguel Mora, candidato a la Presidencia, y Miguel Mendoza. Ese mismo día también fue detenida la diputada liberal María Fernanda Flores de Alemán, esposa del ex-presidente Arnoldo Alemán. El 7 de julio fueron encarcelados otros líderes opositores. Dos estudiantes: Max Jerez y Lesther Alemán, quien había desafiado públicamente a los Ortega Murillo. Cuatro dirigentes campesinos: Medardo Mairena, Pedro Mena, Freddy Navas y Pablo Morales. A finales de julio y principios de agosto, otras personalidades de la oposición fueron sometidas a arresto domiciliario: el periodista Jaime Arellano, el candidato presidencial Noel Vidaurre y la candidata a la Vicepresidencia y ex-Miss Nicaragua Berenice Quezada, o encarceladas: el ex-ministro de Asuntos Exteriores Xavier Aguirre Sacasa, quien había intentado exiliarse en Costa Rica, y el conocido comentarista político José Antonio Peraza. Se sabe que no solo algunas de estas personas fueron maltratadas y humilladas durante sus detenciones, sino que sus condiciones de detención en la prisión de El Chipote son especialmente duras. A los acusados no se les permite ver a sus familias ni a sus abogados, quienes también son amenazados con la cárcel, al igual que sus familiares si protestan contra estas condiciones de detención. 

Y es muy probable que otras figuras de la oposición sean arrestadas en los próximos días. Algunos periodistas, como Carlos Fernando Chamorro, y varios políticos prefirieron exiliarse antes de ser encarcelados. Fue también el caso del escritor y ex-presidente sandinista Sergio Ramírez, sobre quien, ya estando fuera del país, recayó una orden de detención.

El 28 de julio, el Parlamento aprobó leyes que ilegalizaban 24 ong que trabajaban en los sectores de la salud y los derechos humanos. Todas ellas están acusadas de «violar sus obligaciones legales» en cuanto a declaraciones financieras. Las verdaderas razones de las disoluciones son dos. Algunas ong no solo han criticado la falta de una política sanitaria adecuada ante la epidemia de covid, sino que también han intentado documentar las muertes y hospitalizaciones debidas a la epidemia. Otras criticaron la persecución del gobierno tanto a la sociedad civil como a las multinacionales de la oposición. Estas últimas medidas han obligado a algunas ong a reducir sus actividades y a no hacer declaraciones públicas por temor no solo a ser prohibidas, sino también a que se les confisquen sus bienes y se encarcele a sus dirigentes. Más aún, el 7 de agosto la Alianza Ciudadanos por la Libertad (acxl) se disolvió por completo. Por tanto, no podrá participar en las próximas elecciones. Finalmente, unos días más tarde, el gobierno prohibió al principal medio impreso de la oposición, La Prensa, la importación de papel para imprimir el periódico y distribuirlo a través de su red de vendedores. El periódico solo podrá circular en su versión electrónica.

No hay ninguna duda de que estas son señales del endurecimiento de un régimen triplemente acorralado, que perdió su legitimidad luego de la insurrección cívica de abril-junio de 2018. Es un régimen bajo la amenaza de graves sanciones internacionales y que, además, en los próximos meses se enfrenta a un desafío crucial: las elecciones presidenciales de noviembre.

Genealogía de una crisis política

Para comprender mejor el presente, es preciso recordar a grandes rasgos lo ocurrido desde la insurrección de 2018 cuando, entre abril y junio, amplios sectores ciudadanos se sublevaron contra el régimen de Ortega y Murillo. Durante ese lapso el país se paralizó por las protestas, que no se veían desde 1978 durante la lucha contra Anastasio Somoza. Barrios y ciudades se llenaron de barricadas, que hasta se autoproclamaron «territorios libres del dictador». Los manifestantes bloquearon las principales carreteras del país. Al comienzo, denunciaban la inacción del gobierno ante los incendios forestales que devastaban una reserva natural sobre la costa atlántica. Muy pronto, protestaban también contra la represión frente a sus primeras manifestaciones y contra la reforma de la seguridad social. La brutalidad de la represión de estas manifestaciones pacíficas, con decenas de personas víctimas de disparos deliberadamente letales de la Policía, terminó uniendo a diferentes sectores de la oposición: empresariado, Iglesia católica, campesinos desposeídos por el proyecto del canal transoceánico, estudiantes y juventud urbana, prensa independiente y movimientos feministas. No solo denunciaban la corrupción y el autoritarismo del régimen. También reclamaban un diálogo nacional, el fin de la represión y una investigación de los crímenes cometidos por la Policía. Coincidían en que solo la realización de elecciones anticipadas pondría fin a la crisis de legitimidad del régimen. 

Resulta poco decir que este levantamiento popular fue reprimido con enorme brutalidad: en apenas tres meses, hubo 328 muertos y miles de heridos, centenares de personas apresadas, la mayoría torturadas y agredidas por los policías, y más de 100.000 exiliados. Esto, en un país de 6,46 millones de habitantes. A finales de 2018, varios directores de prensa y medios de comunicación independientes fueron arrestados y sus medios, cerrados2. Asimismo, las ong consideradas muy críticas fueron sencillamente proscritas y sus bienes, confiscados. Las presiones internacionales de la Organización de Estados Americanos (oea) y de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y, sobre todo, la decisión del gobierno de Estados Unidos de congelar los bienes de altos funcionarios sandinistas, entre ellos Murillo y el secretario personal de Ortega, obligaron al gobierno a abrir unas mínimas negociaciones en 2019, que lo llevaron a promulgar una ley de amnistía en junio de 2019. Esta permitió la liberación de la mayoría de los presos políticos, con excepción de un centenar, aún detenido por «delitos de derecho común», según versiones oficiales.

No obstante, tal como lo comprueban varias leyes sancionadas entre octubre y diciembre de 2020, Ortega jamás mostró un deseo de poner fin a la política de terror que desplegó contra la oposición y mucho menos de permitir un retorno al libre juego de la democracia en Nicaragua. Estas nuevas leyes otorgaron poderes inquisitoriales a la Policía y a la Justicia. La detención preventiva, que no podía sobrepasar las 48 horas, hoy puede durar 90 días. Estas leyes crearon, además, los delitos de «incitación a la injerencia extranjera», «crimen de odio» y «ciberdelito», que permiten investigar y condenar con severas penas de prisión a todos aquellos que, por ejemplo, soliciten la visita de observadores internacionales para supervisar el desarrollo de las elecciones, o que denuncien las acciones del gobierno en redes sociales. Cabe agregar que la ola de arrestos apunta claramente a romper cualquier iniciativa de movilización social para exigir elecciones competitivas en las cuales la oposición tenga la posibilidad de ganar, tal como sucedió en 1990.

Hoy resulta esencial exigir dos cosas, desde el punto de vista democrático. Los prisioneros de opinión detenidos desde comienzos de junio y otros arrestados desde 2018 o antes3 deben ser liberados. El gobierno debe además comprometerse a permitir la realización de elecciones realmente competitivas, en las que los opositores tengan la posibilidad de hacer campaña sin estar sometidos a las presiones y acciones violentas de los sandinistas. Estas elecciones deberán ser organizadas por entidades independientes o por algún organismo internacional. Es preciso comprender además dos elementos primordiales para apoyar la lucha valerosa del pueblo nicaragüense para recuperar su libertad: (a) el tipo de poder que ejerce la pareja Ortega-Murillo y sus objetivos, y (b) la naturaleza de los múltiples segmentos de la oposición y la pertinencia de su estrategia.

La dinastía Ortega-Murillo

Numerosos observadores sostienen que la pareja presidencial tiene un solo objetivo: instituir una forma de patrimonialismo familiar siguiendo las mismas tendencias y prácticas de la familia Somoza, que gobernó Nicaragua de 1937 a 1979. Ortega y Murillo habrían, además, abandonado la ideología del Frente Sandinista y las promesas de redistribución de la riqueza y de progreso social promovidas durante la década de 1980. Su objetivo se centró en la recuperación del poder, que Ortega logró en 2006, para desde entonces nunca volver a abandonarlo. Para ello, sostienen Salvador Martí i Puig y Mateo Jarquín, «desmantelaron las instituciones democráticas del país (…) y prefirieron transformar el fsln en una fuerza de derecha, antes que permitir el retorno al poder de ‘la derecha’». Durante más de una década, supieron «construir un fuerte consenso autoritario en Nicaragua, con el apoyo tácito de sus antiguos enemigos ‘contrarrevolucionarios’ de los años 1980»4

Resulta difícil discrepar con las observaciones de Martí i Puig y Jarquín. Desde 2006, Ortega y Murillo han instaurado metódicamente un poder dinástico, pervirtiendo las instituciones democráticas al someterlas al Poder Ejecutivo. Tal como lo demuestran todas las elecciones organizadas desde 2008, Ortega decidió no volver a aceptar ninguna puesta en juego del poder que pudiese obligarlo a buscar acuerdos con alcaldes o diputados de la oposición, o incluso a abandonar la Presidencia de la República. Durante cada una de estas elecciones5, el Consejo Supremo Electoral organizó metódicamente el fraude a favor del fsln e ignoró sistemáticamente tanto las protestas de la oposición como los llamados al orden de la oea. Las imágenes, a menudo grotescas, de la familia Ortega-Murillo (la pareja, sus ocho hijos y sus nietos) puesta en escena en diferentes ceremonias públicas y los roles claves atribuidos a cada uno de sus hijos al frente de distintos canales de televisión, de agencias de publicidad y en el mundo empresarial, son pruebas de su deseo de instituir un poder dinástico. 

A esta tesis del proyecto dinástico cabe sumar el rol, cada vez más importante, de la vicepresidenta Murillo, luego de haber administrado, durante la presidencia anterior (2011-2016), la importante ayuda económica de Venezuela6 y de su omnipresencia en el medio de comunicación sandinista El 19. Desde allí, Murillo dicta la agenda de las movilizaciones populares, que el gobierno convoca de modo iterativo. Las intervenciones ditirámbicas que Ortega le dedica son pruebas evidentes de las formas «familiares» de ese poder. Ella es «la camarada eternamente leal». Y Ortega tiene toda la razón sobre ello: su lealtad está fuera de duda. Murillo la demostró, por primera vez, en un momento crucial, cuando Zoilamérica, su hija mayor, nacida de una primera unión, osó denunciar en 1998 las violaciones repetidas de su padrastro y padre adoptivo, Daniel Ortega. Murillo calificó las declaraciones de su propia hija como calumnias y mentiras, y luego llamó a sus demás hijos a unir fuerzas en contra de Zoilamérica. Esta primera demostración de lealtad fue, además, el punto de partida de su carrera política en primer plano al lado de su marido. Antes de eso, Murillo significaba poco o nada en el escenario político nicaragüense. Y esta lealtad no ha disminuido. Por el contrario, se reafirmó en 2018, cuando supervisó personalmente la represión de la insurrección cívica, dando una instrucción clara a la Policía y los grupos de choque del fsln: «¡Vamos con todo!».

Los regímenes comunistas no han estado exentos de estas patologías dinásticas. Cabe pensar en Mao Zedong y su cuarta esposa durante la Revolución Cultural, Jian Qing. En Kim Il-sung entregando el poder a su hijo Kim Jong-un en Corea del Norte o, más cerca de Nicaragua, a los hermanos Castro en Cuba. Finalmente, en la Nicaragua de la década de 1980, con el peso decisivo de Daniel y Humberto Ortega en la Dirección Nacional del fsln hasta que el primero, luego de asumir la Presidencia de la República, terminó enemistándose con su hermano.

Lo que interesa comprender es cómo, tras el retorno de Ortega al poder en 2006, él y su esposa han retomado metódicamente el control de todos los poderes, pero no al estilo de los caudillos latinoamericanos del siglo xix y comienzos del xx, ni tampoco al de los militares de las décadas de 1960-1980. Aquellos proclamaban que sus dictaduras serían pasajeras. Aquí sucede lo contrario: el horizonte vislumbrado es el de un sometimiento a un par de «egócratas»7 que están allí para siempre. No cabe la idea de perder de nuevo el poder como en 1990, cuando según el ex-comandante sandinista Henry Ruiz, hoy opositor a Ortega, si hubieran sabido que podrían perder, los sandinistas habrían imaginado un plan para hacer fraude en las elecciones8. Los Ortega-Murillo pretenden encarnar al pueblo nicaragüense, al cual ofrecen una nueva dignidad. Buscan también controlar la vida social mediante el fsln y sus organizaciones de masas. El Estado y el Partido son, de hecho, una unidad. 

El presidente y la vicepresidenta hacen y deshacen carreras. Si Ortega prefiere la sombra, Murillo es una figura omnipresente, especialmente en los medios de comunicación bajo control de sus hijos y en el medio sandinista en línea El 19. Allí, ella aparece a cada instante dando instrucciones sobre cualquier tema. Los nicaragüenses, con cierta sorna, señalan que es experta en todo, incluso en meteorología. No obstante, el lado barroco y estridente de sus intervenciones no debe engañar. Sus caprichos, sus joyas abundantes, su vestimenta o, incluso, sus «árboles de la vida» o chayopalos, las gigantescas estructuras metálicas que bordean las grandes rotondas y las principales avenidas de la capital, así como sus llamados a oraciones colectivas para hacer frente a la pandemia de covid-199, son señales de un deseo de imponer su sello en todos los niveles, ya sea de protocolos o de organización del espacio público. Es, ante todo, una mujer que sabe calcular y gobernar, asegurándose la lealtad de quienes ella promueve gracias a las múltiples prebendas a las que les abre acceso. 

Los «gracias a Dios», «Dios mediante» y «primero Dios» que salpican sus intervenciones públicas no engañan a nadie fuera de su pequeño círculo de simpatizantes. No se trata de expresiones de devoción a un Dios todopoderoso. Son más bien símbolos de la creencia en su destino providencial y en el de su marido. Son el emblema y la encarnación de la «Nueva Nicaragua, sandinista, cristiana, solidaria», adjetivos que no podrían disimular el retorno hacia una suerte de escatología totalitaria. Sus diatribas contra los opositores de 2018, a quienes trató de «seres minúsculos» y «seres diabólicos que jamás podrán gobernar Nicaragua», son muy reveladoras de su concepción de la política. Se encuentra allí, bajo un lenguaje tomado del cristianismo, la vieja separación totalitaria entre el Pueblo y sus enemigos predominante durante la década de 1980. 

Murillo y Ortega tampoco se privan de revivir, literalmente, al gusto del día, la vieja polarización entre sandinistas y contras para estigmatizar a sus oponentes como «marionetas del imperialismo». En su elección como presidente en 2006, Ortega declaró que era el momento de la «segunda fase de la revolución». El paréntesis de su derrota en 1990 fue borrado, como también la democracia, a menudo corrupta, que Nicaragua conoció de 1990 a 2006. Según sus esquemas de pensamiento de la década de 1980, Ortega y Murillo conciben a las múltiples figuras de la oposición como enemigas del Pueblo, creadas casi ex nihilo por el imperialismo estadounidense. El nombre dado a las acciones policiales ejecutadas a comienzos de junio, «Operación Danto», también es un modo de revivir el imaginario de los años de la guerra civil: Danto es el seudónimo de Germán Pomares, uno de los líderes de la guerrilla sandinista, asesinado poco antes de la caída de Anastasio Somoza en 1979. Recibió este nombre una de las más grandes ofensivas contra la Contra durante los años 1980. La última prueba de la omnipresencia del imaginario del Pueblo Uno encabezado por su líder en la lucha contra los «enemigos del Pueblo» es el discurso pronunciado por Ortega en el acto del 19 de julio de 2021 y luego, en los primeros días de agosto, cuando fue nominado por unanimidad por el congreso del fsln como candidato a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El mensaje fue nítido. La crisis que atraviesa Nicaragua se debe a las acciones del «Imperio» (Estados Unidos) y las «potencias» (Europa), que quieren «someter» a Nicaragua como quieren hacer con la Federación Rusa y la República Popular China. Las decenas de detenidos, como las decenas de miles de opositores en 2018, solo serían «terroristas financiados por los millones de dólares del Imperio». Pero estos terroristas no tendrían ninguna posibilidad de ganar. No solo «¡El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo armado jamás será aplastado!», sino que «Aquí tenemos un ejército para resguardar la soberanía nacional y contribuir a la seguridad (…) y una policía de lleno comprometida con la seguridad ciudadana».

En su primer discurso de campaña electoral, Ortega utilizó las mismas metáforas, convirtiendo a los adversarios en traidores a la patria. Ciertos disensos no tienen razón de ser y cualquier apelación al apoyo extranjero es solo una señal de traición. Por ello, estos opositores no pueden reclamar ninguna indulgencia. «Es normal que en las familias discrepemos, pero que en la familia salga alguien a buscar al yanqui y al europeo para que vengan a agredir, a poner el hierro, el yugo a su familia en su tierra... ese, desde ese momento, deja de ser nicaragüense y se convierte en vendepatria». En cada una de estas ocasiones, Ortega se hizo pasar por un autócrata, encarnando a la vez al pueblo en lucha contra sus enemigos externos, pero también un principio de reconocimiento de lo legítimo y lo ilegítimo.

¿Cómo reaccionar? ¿Cómo actuar?

Ortega y Murillo no han roto del todo con su proyecto de transformación social de los años 1980. Cabe recordar que casi de inmediato, ya en el año 1980, se creó una burocracia prevaricadora cuyas prebendas y favoritismos lograron muy pronto vaciar de sentido las proclamas igualitarias de la Revolución Sandinista. Los hermanos Ortega y Tomás Borge estuvieron entre los primeros dirigentes en servirse generosamente de ello, al igual que otros múltiples prevaricadores de menor envergadura. Y esto, en todos los niveles del aparato del Partido-Estado sandinista. Hubo sin duda algún tipo de movilidad social, pero fueron muy pocos los líderes de costumbres franciscanas como Henry Ruiz u otros menos conocidos. 

De cierto modo, el clientelismo y la corrupción que caracterizan a Nicaragua desde 2006 han permitido un tipo similar de movilidad. Hombres y mujeres de los orígenes más humildes han llegado a ocupar puestos importantes en la administración estatal y en las nuevas organizaciones de masas. Muchos lograron aprovechar sus contactos o se beneficiaron, durante un tiempo, de la ayuda venezolana. Además, los empresarios, especialmente aquellos ligados al mundo rural y que exportan productos a Venezuela, lograron hacer excelentes negocios.

La verdadera novedad del momento tiene que ver con la manera en que Ortega y Murillo se confrontan con el contexto internacional. Durante la década de 1980 los sandinistas emplearon con astucia el lenguaje de la democracia. Hoy, el matrimonio presidencial actúa sin esconder para nada sus habitus totalitarios. Sus deseos se convierten en ley. Su confrontación con la oposición es frontal. Quien no se alinea incondicionalmente se convierte en enemigo potencial. El desprecio por los derechos humanos, así como por los principios democráticos, y el desdén absoluto por la opinión pública internacional son difundidos de manera deliberada. Se puede afirmar que hay algo de actitud suicida, pero su estilo resulta muy similar a los modos de actuar y de expresarse de Vladímir Putin o de Xi Jinping.

En este contexto, ¿qué peso tiene la oposición? Es poco decir que se encuentra en un momento difícil. La represión de que ha sido objeto desde 2018 ha fragilizado y roto la voluntad de muchos manifestantes. Algunos no han tenido más opción que huir al exterior para escapar de las persecuciones de las que han sido víctimas. Otros han perseverado, con una rara valentía y una abnegación admirable. Se trata tanto de militantes políticos (sandinistas renovadores de Unamos, miembros de los diferentes partidos liberales, conservadores o demócratas cristianos), como de periodistas, defensores de los derechos humanos, líderes de ong, activistas y referentes religiosos. Aunque recientemente no han intentado manifestarse de nuevo en las calles debido al costo enorme de tales acciones, nada asegura que la rabia que muchos de ellos experimentan no los empuje a jugarse el todo por el todo. Si bien una cosa es expresar el descontento en redes sociales y otra muy distinta salir a las calles, las ideas que circulan en las redes muestran la amplitud del rechazo al poder. El fsln y luego la pareja Ortega-Murillo contaban con un núcleo de simpatizantes de casi 40% en la década de 198010, pero este disminuyó a menos de un tercio. Y eso hasta el presente. En caso de elecciones libres, la oposición tendría muchas posibilidades de ganar11.

Un grupo social importante en términos de influencia, el mundo empresarial, mostró una actitud más ambigua antes, durante, después de los hechos de 2018 y hasta hoy. Los empresarios lograron adaptarse a la destrucción metódica de las instituciones democráticas de los Ortega-Murillo. Pagaban muy pocos impuestos, y las prebendas tanto a la familia gobernante como a sus aliados con el fin de manejar tranquilamente sus negocios les parecían un mal menor en comparación con una posible reforma fiscal o con la existencia de movimientos sociales y sindicales autónomos en sus empresas. Además, habían asegurado, especialmente los exportadores agrícolas, excelentes negocios con Venezuela, antes de que este país entrara en crisis. Muchos empresarios acariciaron la idea de que si los Ortega-Murillo se volviesen «razonables», un nuevo pacto con ellos sería la mejor solución. ¡Poco importan las libertades públicas si los negocios marchan! Pero la recesión económica que atraviesa el país desde 2018, acentuada por la pandemia, y las sanciones estadounidenses contra funcionarios sandinistas les han complicado considerablemente la tarea. Los activos de ciertos funcionarios sandinistas en eeuu han sido congelados y ninguna institución financiera internacional puede hacer negocios con ellos. Por haber respetado esta regla, varios empresarios han sido procesados por la Justicia en nombre de la «defensa de la soberanía nacional».

La oposición ha quedado atrapada también en una querella de egos y hasta el momento no logra ponerse de acuerdo sobre una candidatura susceptible de reunir al mayor número de nicaragüenses para las próximas elecciones presidenciales. La mejor prueba de ello es que hay cinco candidatos para esas elecciones que se encuentran en prisión o bajo arresto domiciliario. La paradoja está en que esta ola represiva ha terminado por unir a personas anteriormente rivales, y en que el empresariado empieza a entender que el tiempo de los buenos negocios ha terminado.

Algunos observadores12 argumentan que, a partir de las grandes manifestaciones de 2018, los opositores de todas las tendencias confiaron demasiado en que las sanciones internacionales tumbarían a la pareja gobernante. Resulta difícil comprender esa aseveración sin adoptar la lógica Ortega-Murillo, que ignora deliberadamente los compromisos de Nicaragua en materia de tratados internacionales, especialmente la carta de la oea y sus considerandos sobre el respeto a las normas democráticas. La oposición, por su parte, exige que se apliquen sanciones contra los dirigentes nicaragüenses. Sin embargo, el meollo de estas sanciones está en si son eficaces y en qué costos implican para los nicaragüenses. Por ejemplo, la propuesta de algunos congresistas estadounidenses de poner en cuestión los tratados de libre comercio con Nicaragua no afectaría mucho a los dirigentes sandinistas, pero sí tendría terribles consecuencias en materia de empleo para los nicaragüenses más pobres. Precisamente por esto, detrás de su aparente realismo, tales medidas corren el riesgo de ser ineficaces o de producir efectos perversos. 

Por su parte, las sanciones decretadas por eeuu, Canadá y Europa contra los líderes del régimen (la familia Ortega-Murillo, sus secuaces y testaferros) sí son muy eficaces. Estas personas cuentan con toda suerte de propiedades en eeuu, pero también en América Latina y Europa. El congelamiento de sus activos y su posible confiscación, la prohibición de realizar transacciones con bancos internacionales y la imposibilidad de viajar en aerolíneas internacionales son presiones eficaces contra estas figuras y sus entornos. Más allá de su retórica antiimperialista, todos, y más aún sus familias, son adeptos del American way of life, ávidos consumistas, confiados en que, en caso de revés de fortuna, saldrán de Nicaragua a disfrutar de sus bienes. Pero ahora las cosas les son mucho más complicadas. Cabe esperar que otros Estados, en América Latina y en Europa, adopten la misma política en la materia. 

La presión de la oea tendría también cierta eficacia. Las primeras medidas adoptadas, la condena de 26 países latinoamericanos a las detenciones arbitrarias, el llamado a la liberación inmediata y la creación de una comisión para encontrar una solución a la crisis nicaragüense, son pronunciamientos más que bienvenidos. Otra iniciativa que puede pesar en la balanza a favor de la oposición sería que los nicaragüenses demandaran a los altos mandos sandinistas ante tribunales internacionales y exigieran que sean juzgados por los delitos cometidos en 2018. 

En las semanas y meses que vienen, los nicaragüenses tienen una gran necesidad del apoyo de la comunidad internacional en su pulseada con la pareja Ortega-Murillo, cuyas prácticas se encuentran a medio camino entre la revitalización del totalitarismo y las formas clásicas de la tiranía latinoamericana que Mario Vargas Llosa describió tan bien en La fiesta del Chivo.

Nota: primeras versiones de este artículo fueron publicadas en Letras Libres y Cien Días.
Traducción: José Darío Rodríguez.

  • 1.

Unión para la Renovación Democrática es el nuevo nombre del antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS).

  • 2.

100% Noticias, las ONG Popol Na, Cenidh, CISAS, Hagamos Democracia, IEEPP, IPADE, Instituto de Liderazgo de las Segovias.

  • 3.

Es el caso de Santos Sebastián Flores, arrestado en junio de 2013 y condenado a 15 años de prisión por haber denunciado los abusos sexuales de Ortega en contra de su hermana, Elvia Junieth Flores Castillo (nacida en 1990). Ortega habría abusado de Junieth desde que esta tenía 15 años. De estas violaciones nacieron dos hijas en 2011 y 2015. En noviembre de 2017, Junieth decidió denunciar los abusos y las injusticias infligidas a su hermano, a su familia y a ella misma mediante una llamada telefónica a medios de comunicación de Miami. Indicó estar secuestrada, vigilada en permanencia y sin derecho a salir del país. En enero de 2018, Santos Sebastián Flores permanecía internado en la cárcel La Modelo, galería 300, de prisioneros de alto riesgo. Se calcula que hay más de 120 presos políticos.

  • 4.
  1. Martí i Puig y M. Jarquín: «El precio de la perpetuación de Daniel Ortega» en Nueva Sociedad edición digital, 6/2021, www.nuso.org. Esta percepción es común entre muchos observadores de la realidad política nicaragüense.
  • 5.

Municipales de 2008, generales de 2011, municipales de 2012, generales de 2016 y municipales de 2017.

  • 6.

Estos fondos fueron administrados de modo discrecional por Murillo y aprovechados para financiar una política de asistencia personal a todos quienes aceptasen convertirse en miembros de las nuevas organizaciones de masas del FSLN.

  • 7.

Retomando el término de Aleksandr Solzhenitsyn para evocar a Iósif Stalin.

  • 8.

Entrevista en el documental Nicaragua, une révolution confisquée (G. Bataillon y Clara Ott, Calisto Productions, 2013).

  • 9.

Cabe destacar que, más allá de sus delirantes declaraciones, la vicepresidenta confinó cuidadosamente a toda su familia en una zona policial cerrada y extremadamente protegida durante la primera oleada de la epidemia.

  • 10.

En las elecciones de 1984, cuando el fsln obtuvo 67% de los votos, el número real de sufragios era mucho menor. A pesar de las presiones ejercidas por el Frente, 10% de las personas en edad de inscribirse en las listas electorales no lo hicieron, 24% de los inscriptos se abstuvieron y 26% emitieron votos nulos. Por lo tanto, ese 67% de votos a favor del fsln representaba, a lo sumo, 50% de los votos de electores potenciales o 40% de los votos emitidos.

  • 11.

Hoy, la ley votada para permitir la reelección de Ortega estipula que, si un candidato obtiene más de 35% de los sufragios y supera a su primer contendor por un margen de cinco puntos, resulta elegido en primera vuelta.

  • 12.
  1. Martí i Puig y M. Jarquín insisten notablemente sobre este punto. V. ob. cit.
Publicado enInternacional
Protestas contra el golpe de Estado en Sudán el lunes 25 de octubre de 2021. — MOHAMMED ABU OBAID / EFE

Hay más de 140 heridos. El Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS) denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo".

 

 Al menos siete personas han muerto y 140 han resultado heridas este lunes durante las manifestaciones en contra del golpe de Estado urdido por los militares en Sudán, según ha informado un agente del Ministerio de Sanidad del país a Reuters. El grupo de militares ha arrestado al primer ministro sudanés Abdalá Hamdok, después de que este rechazara "apoyar el golpe" de Estado. Se desconoce el paradero del primer ministro.

Se pone fin al proceso de transición democrática que se inició tras la caída del dictador Omar al Bashir, en abril de 2019. "Se ha confirmado la muerte de un tercer mártir por disparos de las fuerzas del consejo militar golpista. Gloria eterna a los mártires y victoria a nuestro pueblo que resiste", ha informado el Comité Central de Médicos de Sudán (CCDS), que informa que hay más de 80 heridos.

El CCDS también denuncia que los militares "impiden al personal del banco central de sangre realizar su trabajo y preparar sangre para los heridos". Organismos como la ONU, la Unión Africana, la Liga Árabe o la Unión Europea han condenado el golpe de Estado.

La Unión Europea ha condenado la detención del primer ministro. El Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado que "las acciones de los militares representan una traición a la revolución, la transición y las legítimas solicitudes del pueblo sudanés de paz, justicia y desarrollo económico". Pide, además, a los militares que pongan "en libertad de inmediato a las personas que han detenido ilegalmente".

Por su parte, la portavoz adjunta de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, afirmó que "Estados Unidos está profundamente alarmado por las informaciones sobre una toma de control militar del Gobierno de transición". "Rechazamos las acciones de los militares y pedimos la liberación inmediata del primer ministro y de los otros que han sido puestos bajo arresto domiciliario. Las acciones de hoy son completamente opuestas a la voluntad del pueblo sudanés y sus aspiraciones de paz, libertad y Justicia", añadió.

El Ministerio de Información ha denunciado que "las fuerzas militares están disparando con munición real contra los manifestantes que rechazan el golpe militar en Jartum", según recoge Europa Press. El Ministerio asegura que "decenas de miles" de personas han salido a las calles y han intentado llegar a la sede del Mando General del Ejército.

25/10/2021 17:51 Actualizado: 26/10/2021 10:22

Publicado enInternacional
Sábado, 23 Octubre 2021 06:06

El Salvador: un autoritarismo millennial

El Salvador: un autoritarismo millennial

Dos años y medio después de la elección de Nayib Bukele, la institucionalidad de El Salvador ha sido puesta a prueba de manera creciente sin que las crisis desatadas por el nuevo mandatario parezcan mermar su popularidad. Es que después de cuatro décadas de reino de los partidos nacidos de la guerra civil, el presidente apareció no solamente como la promesa de una renovación del escenario político, sino también como el «brazo vengador» que liquidaría el «viejo mundo» político. 

Si Nayib Bukele encarnó una promesa de renovación política, fue sin duda por la imagen de outsider que vistió a lo largo de su campaña. Sin embargo, esta aura no ha sido más que el producto de una estrategia de marketing político y el resultado de los errores de valoración de su antiguo partido, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (fmln). De hecho, cuando Bukele postuló su candidatura a la Presidencia, no era ningún novato de la política. Criado en una acomodada familia de comerciantes, pasó brevemente por la carrera de Derecho en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, que abandonó con tan solo 18 años de edad para hacerse cargo de los negocios familiares. Después de haber encabezado con éxito una empresa de import/export se lanzó a la publicidad, actividad que fue su puerta de entrada en la política. Tras varios años como responsable de las campañas del fmln, Bukele conquistó la Alcaldía Municipal de una localidad de la zona conurbana de la capital con el apoyo del partido izquierdista. Valiéndose de este primer mandato y nuevamente como abanderado del Frente, se lanzó con éxito a la contienda por la Alcaldía de San Salvador. Electo en 2015, implementó una política bastante tradicional: aseguramiento y recuperación de los espacios públicos, extensión de redes eléctricas a las zonas marginadas, construcción de caminos y glorietas... Pero afianzado por «sus obras» y su popularidad en los medios de comunicación, Bukele buscó su investidura por el fmln como candidato presidencial. Lo hacía sin contar con el recelo de los apparatchiks del partido, quienes no demuestran ninguna simpatía por las «estrellas en ascenso» que no pertenecen al comité central. Fue por ello que Bukele se mostró cada vez más crítico hacia la cúpula del fmln, hasta ser expulsado del partido en octubre de 2017 por «promover prácticas que incitan a la división interna», «irrespeto a los principios del partido» e «irrespeto al derecho de las mujeres»1

Si su expulsión del partido entonces en el poder le valió la imagen de «rebelde», sus pugnas con el Tribunal Supremo Electoral, que le impidió el registro de su nuevo partido y canceló la personería jurídica del pequeño partido socialdemócrata que se había propuesto promover su candidatura, lo erigieron definitivamente en candidato «antisistema». 

Pero su verdadera imagen de outsider surgió de su estilo personal de gobernar: adepto a Twitter y a la retórica publicitaria, Bukele no dudó en privilegiar las demostraciones de fuerza y en jactarse de ser un hombre fuerte e independiente, sub 40, cuyo brazo iba a barrer «el sistema corrupto» instalado por los dos grandes partidos que compartieron el poder desde el fin de la guerra. Constantemente, en la enunciación de su poder y en la escenificación de una relación «directa» con «el pueblo» –aunque este solamente sea compuesto por la suma de sus followers–, Bukele manejó un estilo populista que chocaba con el carácter colegiado y burocrático del fmln y de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena). Mostraba así un estilo personal cuyos lemas antisistema y anticorrupción anunciaban algo más que el reemplazo de la vieja clase dirigente por una nueva generación de millennials: la liquidación de las reglas del juego político salvadoreño. 

No hay que olvidar el sentimiento de desilusión que invadió al electorado salvadoreño después del segundo mandato del fmln, más aún entre los votantes de este partido. No solo la revolución prometida por el partido de izquierda nunca llegó, sino que los diez años de gobierno del fmln quedaron manchados por los escándalos y la incapacidad de reforma. Ni el desempleo ni la violencia disminuyeron. Al contrario, el fmln y Arena se comprometieron en pactos con las pandillas y permitieron su reconversión al negocio de la extorsión o el tráfico de drogas, a tal punto que se habló de «partidos mafiosos». De la misma manera, los discursos revolucionarios del fmln no resistieron ante los escándalos de nepotismo y corrupción millonaria y el descubrimiento del tren de vida lujoso de la nueva «burguesía roja» vinculada al gobierno y a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (alba). En fin, tanto el fmln como Arena se encerraron en una forma muy tradicional y clientelista de hacer política, sin ver que el clientelismo se ha desgastado a los ojos de una juventud que reivindica sus derechos y aspira a algo más que recibir ayudas puntuales. En definitiva, la popularidad de Bukele fue el espejo del rechazo de Arena y el fmln. 

Por ello, la elección triunfal de Bukele en 2019 significó más que una voluntad de cambio. Personificó un rechazo de la población hacia las maniobras y los pactos partidistas que hundieron al país en un estado de convulsión permanente, de estancamiento económico y de bloqueos institucionales. Es decir que Bukele representó, si no una ruptura real, por lo menos una «brecha populista» en un país regido durante muchos años por un sistema «partidocrático» que había erigido los arreglos partidarios y la limitación de las ambiciones personales en reglas del juego.

Entre la dramaturgia y la inercia

La llegada al poder de Bukele fue sin duda una primera prueba de verdad. Sin mayoría en el Parlamento, sin partido estructurado ni cuadros sobre los cuales apoyarse, su discurso de «liquidación del viejo mundo» no podía sino tropezar con la realidad de las relaciones de poder y las inercias de la política salvadoreña. 

De hecho, desde el inicio el presidente Bukele se topó con los mismos problemas estructurales que conocieron sus predecesores: en el plano económico, el país acumulaba una deuda que lo colocaba al borde del incumplimiento y limitaba el lanzamiento de políticas públicas ambiciosas; en el institucional, Bukele gobernaba con un Congreso en el cual no solo estaba en minoría, sino donde la oposición se había coaligado en su contra. Además, tuvo que transigir con un Poder Judicial que, a pesar de su politización, se ha profesionalizado y ha ido impulsando una judicialización de la vida política, así como una fiscalización cada vez más minuciosa del ejercicio del poder. El contexto, a pesar de sus problemas, ha permitido la consolidación de sindicatos de empleados estatales, de periódicos de investigación, de ong de defensa de los derechos humanos y de otros contrapoderes atentos a la gestión tanto de los mandatarios como de sus funcionarios.

No sorprendió entonces que los deseos del presidente se vieran inmediatamente frustrados por el Congreso o la Corte Suprema de Justicia. Así ocurrió con su voluntad de terminar con el llamado «nepotismo» del fmln, para lo cual despidió masivamente a los empleados públicos contratados por las administraciones anteriores y desmanteló las secretarías presidenciales existentes para sustituirlas por nuevas secretarías a su medida. No contó entonces con el bloqueo del Congreso, única institución habilitada para crear plazas, suprimirlas y asignar sueldos a funcionarios y empleados públicos2, ni con la acción de la Corte Suprema de Justicia, que ordenó enseguida reinstalar a varios funcionarios removidos de sus cargos por incumplimiento de los procedimientos legales de cesación de contrato por parte de las nuevas autoridades. Es decir que, como ocurriera con los de sus antecesores, los márgenes de acción de Bukele se vieron limitados al reemplazo de las «plazas de confianza» y a la contratación de una nueva capa de funcionarios que se agregaría a las de los gobiernos anteriores. Así, Bukele tuvo que crear cerca de 3.662 empleos públicos en 2020 y 9.363 nuevas plazas en todos los sectores del Estado en 20213, además de que tuvo que inventar plazas de asesores ad honorem para sus consejeros, quienes eran en realidad pagados con plazas de otros ministerios. 

De la misma manera, en febrero del año pasado, la Asamblea Legislativa liderada por Arena bloqueó la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares destinados a la fase iii del programa estrella de Bukele: su Plan Control Territorial. La votación del préstamo, destinado a la compra de material para las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fue suspendida por la Asamblea tras las revelaciones de posibles conflictos de interés entre el mismo presidente y varios contratistas contemplados para la venta de tecnologías, así como prevenciones sobre la sobrevaluación e incoherencia de algunos gastos4. La discusión parlamentaria no tardó en convertirse en una batalla mediática entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. 

Limitado financieramente, Bukele rompió de inmediato su primera promesa de campaña de eliminar los gastos reservados de la Presidencia para utilizar de manera secreta hasta un millón de dólares por mes en los primeros tiempos de su gestión5. Pero Bukele se abocó sobre todo a una teatralización exacerbada del poder presidencial, con la cual intentaba compensar lo máximo posible su impotencia6. Así se debe interpretar el espectáculo que dio apenas instalado en el sillón presidencial, cuando ordenó por Twitter a sus nuevos ministros despedir de inmediato a los familiares de los principales cuadros del fmln que fungían legalmente como empleados públicos. Como muchos ocupaban plazas de confianza revocables, la caza de brujas de Bukele no era otra cosa que una simulación de la depuración del Estado y la puesta en escena del advenimiento de un nuevo mundo donde sus ministros acatarían sus mandamientos a golpe de «inmediatamente» o «¡sí, mi presidente!». 

La agitación populista de Bukele llegó a su verdadero clímax en febrero de 2020, cuando en un intento por doblegar a la representación nacional –después de haber amenazado a los diputados con represalias si no aprobaban el préstamo– llamó a una «insurrección popular» contra la «elite política» e instó al pueblo y al Ejército a manifestarse ante la Asamblea Legislativa. Entonces, a primeras horas del domingo 9 de febrero de 2020, Bukele irrumpió en la Asamblea rodeado de militares y policías armados para exigir a los diputados la aprobación del préstamo que requería para financiar su plan. Sentado en la silla del presidente de la Asamblea, dio inicio a la sesión plenaria ante una sala casi vacía donde solo habían acudido a su convocatoria los pocos diputados de su partido aliado, Gran Alianza por la Unidad Nacional (gana). Cuando, consciente de haber llegado al límite de su demostración de fuerza, dio marcha atrás, comenzó a orar y declaró que Dios le había ordenado ser paciente. 

Una vez más, Bukele quedaba atrapado entre la radicalidad de sus discursos y la realidad de su poder. De allí su dramaturgia: sus tuits y sus «golpes tentativos» son en esencia escenificaciones de una autoridad presidencial limitada en los hechos por la oposición. No obstante, este tipo de actuación populista comporta siempre riesgos. Por más simbólicas que sean, las demostraciones de fuerza y de autoridad implican siempre la posibilidad de pasarse los límites de la violencia y la transgresión aceptables en democracia. Y a este «cruce del Rubicón» lo llevó la crisis del covid-19.

El covid-19: la oportunidad autoritaria

Para Bukele, la pandemia de covid-19 fue sin duda una oportunidad inesperada para obtener los márgenes de acción que le faltaban. De hecho, le permitió primero invertir las relaciones de fuerza con la oposición parlamentaria, gobernar por decretos y obtener por otras vías los fondos y préstamos que la Asamblea le había denegado. Es más, el contexto de urgencia le otorgó la posibilidad de beneficiarse de nuevos préstamos internacionales, de emitir bonos y de utilizar fondos reservados o líneas presupuestales ya asignadas para financiar su nueva política, empezando por su política de seguridad pública7

De esta manera, el nuevo presidente supo ganarse, si no la fidelidad de la población y de los funcionarios públicos, por lo menos sus simpatías. De hecho, pudo celebrar su primer año de gestión con la construcción de un hospital súper moderno, así como realizar varios proyectos sociales apalancados por una fuerte campaña publicitaria. A la vez, pudo financiar el reclutamiento de miles de nuevos funcionarios en las áreas de salud o de seguridad y, sobre todo, aumentar la remuneración de varios sectores del gobierno. 

También logró implementar programas de alivio, como la entrega de un subsidio de 300 dólares a 1,5 millones de hogares considerados vulnerables o afectados por el desempleo (aproximadamente 75% de la población salvadoreña), así como el reparto de paquetes alimenticios, distribución de granos y enseres agrícolas para los agricultores o la oferta de créditos a bajo interés para las pequeñas y medianas empresas.

Pero los grandes beneficiarios de los fondos de la pandemia fueron ante todo la policía y los militares, o sea, los dos pilares sobre los cuales Bukele podía sostenerse para asentar su autoridad, a falta de apoyos significativos en el Congreso. Por lo que las fuerzas de seguridad no solo recibieron fondos considerables para el reclutamiento de nuevos efectivos y la compra de equipamientos modernos, sino que además obtuvieron «carta blanca» del nuevo mandatario para manejar «sus» asuntos. Así, el nuevo presidente no solamente prometió doblar los efectivos del Ejército en los próximos cinco años –pasando de 20.000 a 40.000– y extender sus facultades en materia de intervención interior, sino que, en septiembre de 2020, el mismo Bukele asumió la decisión de impedir el acceso a los archivos militares del juez del proceso penal encargado del caso de la masacre de El Mozote de 19818. De la misma manera, se esmeró en ganarse la lealtad de la Policía Nacional Civil y su jefatura a golpe de bonos, de seguros privados y de aumentos presupuestales, pero también encubriendo los atropellos de la institución y dejándola manejar el «problema de las pandillas» con una severidad al límite de la violación de los derechos humanos. Sobre la marcha, Bukele protegió a Osiris Luna, viceministro de Seguridad y director general de Centros Penales, sospechado de haber recibido sobornos por parte de una empresa mexicana de seguridad9. A cambio, la Policía se alineó tras el presidente y llegó incluso a desacatar órdenes de la Asamblea Legislativa u obstaculizar la investigación de la Fiscalía General en posibles casos de corrupción en el gobierno de Bukele10

Asegurados la lealtad de las fuerzas de seguridad y los nuevos financiamientos, el gobierno logró revertir en parte el desequilibrio que mantenía con la oposición. Sin embargo, la pandemia exacerbó peligrosamente las tendencias poco institucionales de Bukele. De hecho, la cuarentena nacional obligatoria otorgó poderes considerables a la Policía y al Ejército y reforzó a su vez los componentes autoritarios del gobierno. Pero el verdadero deslizamiento se dio por las contradicciones y el amateurismo del nuevo gobierno en su gestión de la crisis. Así, si bien Bukele había hecho de la lucha contra la corrupción su prioridad, a finales de 2020 la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (cicies) entregó a la Fiscalía General pruebas de numerosas irregularidades en los procesos de licitación pública o de compra de insumos médicos11. De la misma manera, por generosos e innovadores que fueran, los programas de alivio económico lanzados por el gobierno alcanzaron rápidamente sus límites y no lograron cubrir en su totalidad las necesidades de la población y de las empresas. Por ello, la cuarentena nacional implementada por el presidente –entre las más estrictas de la región– suscitó ciertas resistencias. Ante la multiplicación de desobediencias, la Policía reaccionó con exceso de violencia y arbitrariedad. Se encarceló a simples infractores del toque de queda en centros de detención o en hoteles de cuarentena donde la promiscuidad y las condiciones de atención precarias multiplicaban los riesgos de infección. De la misma manera, se prolongó fuera del límite legal el hacinamiento de viajeros puestos en cuarentena porque el Estado no tenía testeos o los recursos necesarios para asegurar su situación sanitaria12. Es decir que las propias limitaciones del gobierno lo llevaron a tomar actitudes cada vez más autoritarias. 

Bukele empezó entonces a sufrir revés tras revés. Primero, ante una prensa independiente que, atenta a la supuesta «intachabilidad» del nuevo mandatario, empezó a revelar sus contradicciones y sus incumplimientos, empezando por casos de corrupción. Luego, los golpes vinieron de la Sala de lo Constitucional, que invalidó uno tras uno los decretos antipandemia de Bukele por violar los derechos fundamentales de los ciudadanos13

Llamado por la Justicia a acatar sus resoluciones, Bukele prefirió encerrarse en un discurso populista que arremetió contra la prensa, los jueces y los universitarios. Cualquier voz crítica que reafirmaba la necesidad de respetar la formalidad del derecho era inmediatamente identificada como perteneciente a la oposición y rechazada del lado de aquellos a quienes llamaba confusamente «amigos del virus», «enemigos del pueblo» o simplemente «delincuentes»14. Pero pretendiendo encarnar al «Pueblo» y protegerlo de «sus enemigos», aunque estos fueran las propias instituciones del Estado, Bukele dio un vuelco a un discurso «provida», a través del cual se erigió en defensor de un principio aún más sagrado que la voluntad del pueblo: «la vida», y esto le permitió pisotear cualquier otro principio, ya fuera el interés público, los derechos individuales o la necesaria toma en consideración de las minorías… De tal manera que se elevó en una posición tutelar y no poco paternalista, que pretendía velar por los intereses del pueblo a pesar del pueblo mismo. Era imposible que esta actitud no suscitara el rechazo de una parte de la población.

El problema es que, en lugar de frenar a Bukele, ese mismo rechazo lo arrinconó cada vez más en su certeza autoritaria. Así se formó un círculo vicioso que lo llevó a romper en varias ocasiones con la legalidad. Se rehusó, por ejemplo, a aplicar las resoluciones de la Corte Suprema de Justicia que le exigían poner en libertad a los detenidos por infracción a la cuarentena. También dirigió varios ataques contra periódicos de investigación y periodistas independientes, quienes han sufrido exclusiones de las conferencias de prensa de Casa Presidencial, acusaciones de lavado de dinero y evasión fiscal, y hasta hostigamientos, intimidaciones o agresiones físicas15

Es decir que la pandemia le permitió a Bukele no solo asentar las bases de su poder, sino también encontrar un estilo personal de gobernar que mezcla «reflejos vanguardistas» y «tentación autoritaria». Estos rasgos del bukelismo no serían tan preocupantes si no hubiera encontrado una manera de institucionalizarse tras la victoria arrasadora del oficialismo en las últimas elecciones legislativas de marzo de 2021.

La institucionalización del bukelismo

El 1 de marzo de 2021, Bukele y su partido, Nuevas Ideas, obtuvieron una contundente victoria electoral que les otorgó la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, con 56 diputados sobre 84. Aun sin contar con sus aliados de gana, el partido presidencial dispone ahora de todas las latitudes para cambiar en profundidad la institucionalidad del país16. En lo esencial, Bukele está convencido de que el mal desarrollo de El Salvador es el resultado de la corrupción de los partidos nacidos de la guerra civil, que se incrustó hace 30 años en las instituciones del Estado, y por lo tanto, ahora que tiene las manos libres, se lanzó al desmantelamiento de las instituciones heredadas de los Acuerdos de Paz de 1992. El primer acto de este desmantelamiento ha sido la destitución de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y del fiscal general de la República, el primer día de sesión de la nueva Asamblea. Pasando por alto los procedimientos legales y constitucionales para deponer y reemplazar a estos funcionarios, la Asamblea nombró inmediatamente a un nuevo fiscal y a nuevos magistrados afines al partido presidencial, los cuales fueron escoltados por la Policía hacia sus nuevos puestos después de que esta allanara las instalaciones de la Corte Suprema y de la Fiscalía17. Leal al presidente, el nuevo fiscal lanzó una campaña de lucha contra la corrupción, no sin que antes la Asamblea otorgara inmunidad a los funcionarios del Ministerio de Salud por compras durante la pandemia y que la sección de probidad de la Corte Suprema dejara de investigar el patrimonio de los nuevos funcionarios de Bukele. Así, la campaña anticorrupción se redujo de hecho a una auditoría de los mandatos pasados de la oposición. 

En paralelo, el gobierno tomó medidas para descartar de las instituciones a cualquier actor exterior que no le sea leal. Así, la nueva Asamblea aprobó un pliego de reformas a leyes constituyentes de instituciones autónomas y descentralizadas de gobierno, con el fin de retirar la facultad exclusiva a los empresarios agremiados en la Asociación Nacional de la Empresa Privada (anep) de colocar representantes en las juntas directivas de estas entidades estatales. De la misma manera, el presidente Bukele rompió el acuerdo que tenía con la Organización de Estados Americanos (oea) que dio origen a una comisión internacional contra la corrupción, la cicies, para investigar irregularidades en las gestiones gubernamentales pasadas y presentes, después de que la Comisión hubiera denunciado ante la Fiscalía varios casos de posible corrupción del nuevo gobierno. 

Es decir que, asegurado de su mayoría, Bukele emprendió la tarea de reformatear las instituciones del país para debilitarlas o achicarlas, comenzando por recortar sus presupuestos. Así procedió inmediatamente con instituciones fiscalizadoras como el Instituto de Acceso a la Información Pública, la Corte de Cuentas y la Procuraduría de Derechos Humanos18. A la par, promulgó reformas legislativas que concentraron los poderes de las secretarías y entidades autónomas del Estado en las únicas manos de los administrativos nombrados por él19. También, desde 2020, dejó de transferir 10% del presupuesto de la nación destinado a las municipalidades del país –muchas de ellas gobernadas entonces por la oposición– para reducir este monto a 6%, del cual 75% será únicamente entregado en «obras» sobre la base de proyectos aprobados por una nueva Dirección Nacional de Obras Municipales controlada por la Presidencia20. De esta manera, recentralizando el poder y los recursos, Bukele ha iniciado un trabajo paulatino de debilitamiento de las instituciones del Estado; trabajo que ha ido de la mano de la creación de estructuras paralelas de decisión que responden únicamente a su persona y se imponen sobre el resto de los ministros o secretarios presidenciales. El primero de estos círculos está compuesto por los hermanos del presidente, quienes, a pesar de no tener oficialmente ningún puesto público, operan como negociadores, emisarios y principales estrategas del gobierno de Nayib21. Verdadero clan familiar que tiene una influencia considerable sobre su hermano, los Bukele no solo llegaron a reclutar a algunos de los altos funcionarios del gobierno, sino que negocian y pactan en nombre del presidente con todo tipo de actores, desde la oposición legislativa hasta los grandes empresarios del país o algunas potencias extranjeras; esto sin que jamás se pueda rastrear este «trabajo entre bastidores» por no implicar ningún tipo de gasto público. 

Abajo de este clan familiar se encuentra otro gabinete ad hoc, compuesto por una decena de venezolanos, asesores extraoficiales también sin cargos formales –la mayoría de ellos ligados al gobierno «interino» de Juan Guaidó y a la dirigencia del partido Voluntad Popular–, los cuales hacen el enlace entre los hermanos Bukele, el partido dirigido por un primo de la familia y los ministros y secretarios. No solamente controlan la comunicación y la propaganda de todo el gobierno, sino que además bajan lineamientos, dan órdenes y diseñan los programas del gobierno, como el Plan Control Territorial o el Programa de Emergencia Sanitaria22

Es decir que, a la vez que debilita las instituciones del Estado, Bukele reinstitucionaliza una estructura personal de decisión compuesta de familiares y allegados, varios de ellos extranjeros, una de cuyas «virtudes» es estar completamente desarraigados del juego político salvadoreño y de sus protagonistas tradicionales; una desconexión de la esfera de decisión y de poder que se tradujo, por ejemplo, en la adopción por la Asamblea Legislativa, sin debate alguno, de una ley de reforma monetaria que confirió al bitcoin el estatus de moneda de curso legal y «obligatoria» en un país donde solo 57% de la población tiene acceso a internet23. Esta reforma, que se quiere el primer paso hacia la creación de una moneda virtual nacional y una futura «digitalización» del Estado salvadoreño, no se puede entender sin la intervención personal de los hermanos Bukele, jóvenes empresarios convertidos a la economía financiera y virtual, quienes negocian con las grandes empresas del sector y proponen usar el Estado y sus recursos para respaldar sus ambiciones de liderar una de las primeras economías digitalizadas del mundo24. Pero tampoco se puede entender sin ver en ello la huella de los asesores venezolanos de Bukele, quienes tejen indudablemente un puente entre El Salvador, la diáspora venezolana y Venezuela, cuya economía se ha transnacionalizado, digitalizado e inclinado cada vez más hacia la «minería» de bitcoins.

En conclusión, y retomando conceptos de Alain Touraine, la institucionalización del bukelismo no solamente reemplaza la institucionalidad del país por un organigrama personal a mano del presidente, sino que acentúa en exceso la desarticulación de la sociedad salvadoreña, y con ello, sus contradicciones25. Por ejemplo, abrir la economía al bitcoin no bastará para atraer inversionistas y crear empleos si no se diseña un plan de inversión millonario para que la juventud salvadoreña salga del sistema educativo con diplomas universitarios y técnicos de calidad en economía, informática o idiomas. De la misma manera, bajar las tasas de homicidios del país y así atraer a inversionistas extranjeros no bastará para dinamizar la economía nacional si no se detiene la extorsión que sofoca el tejido de empresas pequeñas y microempresas del país. Podríamos alargar la lista de evidentes contradicciones del bukelismo. El riesgo no es solamente ver alejarse una economía y un Estado cada vez más internacionalizados mientras la sociedad queda atrapada en desafíos locales muchas veces muy básicos; es también que el choque del bukelismo con las inercias de la sociedad lo hunda cada vez más en un populismo autoritario, o lo convenza de que la solución se encuentra en la liquidación total del «viejo régimen» gracias a la reescritura de una Constitución a su medida.

  • 1.

Una consejera municipal de la ciudad de San Salvador acudió al Tribunal de Ética del FMLN y acusó a Bukele de haberle dicho «bruja» y de haberle arrojado una manzana a la cara. Ver Jonathan Laguan y Cristian Meléndez: «Nayib Bukele, expulsado del fmln por estas razones» en La Prensa Gráfica, 10/10/2017; Sebastián Escalón: «¿Quién es Bukele, el presidente electo milenial y pro cicig de El Salvador?» en Nómada, 25/2/2019.

  • 2.

Eugenia Velázquez: «Secretarías creadas por Bukele sin base legal ni fondos» en El Diario de Hoy, 20/6/2019.

  • 3.

Denni Portillo y Laura Flores: «El Salvador: Ejecutivo pagará casi $200 millones más en salarios que en 2019» en El Economista, 21/12/2020; Yolanda Magaña: «Planilla estatal crecerá $124 millones y 9.363 plazas el próximo año» en Diario El Mundo, 13/10/2020.

  • 4.

Jimmy Alvarado: «El préstamo del bcie, un paso más en la militarización de la seguridad pública de Bukele» en El Faro, 8/3/2020.

  • 5.
  1. Alvarado: «Bukele ya gastó $2 millones de la billetera secreta de la Presidencia» en El Faro, 4/9/2019.
  • 6.

Para un análisis del papel de la teatralización del poder en América latina, v. Danilo Martuccelli: ¿Existen individuos en el sur?, LOM, Santiago de Chile, 2010.

  • 7.

FUSADES: «Impacto del covid-19 en la liquidez del gobierno» en Análisis Económico No 53, 9/2020.

  • 8.

José Miguel Vivanco: «Con el respaldo de Bukele, el Ejército bloquea una investigación sobre la masacre de El Mozote» en Los Angeles Times en español, 9/11/2020.

  • 9.

Sergio Arauz: «Empresa mexicana de seguridad pagó el viaje de Osiris Luna» en El Faro, 3/2/2020.

  • 10.

Gabriela Cáceres: «El día en que la Policía obstaculizó la investigación del Fiscal contra el Gobierno Bukele» en El Faro, 11/11/2020; Gabriel Labrador: «Director de la PNC es absuelto y juez le advierte que ‘no estamos en una monarquía’» en El Faro, 23/12/2020.

  • 11.

«Investigan en El Salvador 17 casos de supuestas compras irregulares por covid» en Agencia EFE, 13/11/2020.

  • 12.

Lissette Monterrosa: «Con gritos de desesperación y carteles, personas que ya cumplieron su cuarentena piden regresar a sus hogares» en Elsalvador.com, 17/4/2020.

  • 13.

Daniel Miranda: «Nayib Bukele: ‘El Estado soy yo’. ¿Hasta dónde impondrá su agenda autoritaria?» en Envío No 468, 3/2021.

  • 14.

Ibíd.

  • 15.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): «Resolución 12/2021. Medidas cautelares Nº 1051-20. 34 miembros identificados del Periódico Digital El Faro respecto de El Salvador», 4/2/2021; Nelson Rauda y Gabriel Labrador: «El Estado sin respuestas ante la CIDH por ataques a periodistas» en El Faro, 3/12/2020.

  • 16.

Para una lista de las decisiones al alcance de Bukele desde marzo de 2021, v. J. Alvarado y S. Arauz: «Todas las decisiones legislativas estarán al alcance de Bukele» en El Faro, 1/3/2021.

  • 17.

Fernando Romero, Bryan Avelar, Loida Avelar y Gerson Vichez: «La Asamblea de Bukele se toma la Corte Suprema y la Fiscalía» en Revista Factum, 2/5/2021; G. Vichez: «Asamblea estrena coreografía para elegir magistrados» en Revista Factum, 30/6/2021.

  • 18.
  1. Portillo: «¿Qué dice y qué no dice el decreto del presupuesto 2021?» en El Economista, 30/12/2020.
  • 19.

Beatriz Benítez: «Bukele pide ocultar las declaraciones patrimoniales y propone otras 12 reformas en contra de la transparencia» en El Gato Encerrado, 13/7/2021.

  • 20.

Yolanda Magaña: «Bukele anuncia recorte del Fodes y dice ‘ya no se entregará en efectivo’» en Diario El Mundo, 7/4/2021.

  • 21.

Para una descripción exhaustiva del círculo de poder familiar que rodea a Bukele, v. el artículo de J. Alvarado, G. Labrador y S. Arauz: «El clan Bukele que gobierna con Nayib» en El Faro, 7/6/2020.

  • 22.

Estos elementos han sido detallados en J. Alvarado: «El gabinete oculto de venezolanos que gobierna con Bukele y su familia» en El Faro, 6/6/2021.

  • 23.
  1. Rauda y Roman Gressier: «Asamblea aprobó en solo cinco horas la Ley Bitcoin que Bukele había anunciado tres días antes» en El Faro, 10/6/2021; José Barrera: «El Salvador alcanzó los 3,8 millones de usuarios de internet en 2020» en Diario El Mundo, 8/2/2021.
  • 24.

Para más detalles de esta confusión de intereses y proyectos, v. S. Arauz, N. Rauda y R. Gressier: «Bukele y sus hermanos planean emitir colones digitales» en El Faro, 16/6/2021.

  • 25.
  1. Touraine: Las sociedades dependientes, Siglo Veintiuno, Ciudad de México, 1978.
Publicado enInternacional
Jair Bolsonaro fue acusado por la comisión de graves delitos durante la gestión de la pandemia de coronavirus en Brasil.. Imagen: AFP

La Comisión Parlamentaria Investigadora (CPI) de Brasil recomendó finalmente este miércoles imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante la gestión de la pandemia, entre ellos "crímenes contra la humanidad", según el informe publicado horas antes de su lectura.

La CPI investigó durante seis meses las acciones del gobierno durante la pandemia, que dejó más de 600.000 muertos en el país. El relator de esta comisión concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pidió la imputación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y tres de los hijos del mandatario.

Sin embargo, la CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales. Por lo que el informe ahora deberá ser retomado por la Fiscalía General o alguna corte internacional.

Con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes -como el uso de pacientes como "cobayos humanos" para probar medicamentos ineficaces contra el covid-, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.

Los delitos que se le imputan a Bolsonaro

El martes por la noche, se anunció que se responsabilizaría al mandatario de cargos como crímenes contra la humanidad, epidemia, habladurías y prevaricación, pero que se retiraban los de "homicidio" y "genocidio de poblaciones indígenas" por desacuerdos en el seno de la comisión.

Además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al gobierno), la intención de inmunizar a la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimaron las medidas no farmacológicas", como el uso de mascarilla y el distanciamiento, fueron algunas de las conclusiones a las que llegó el senador opositor Renan Calheiros, responsable de la elaboración del informe.

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, se justificó al asegurar que se trata de un informe "político". "Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República", defendió poco antes de la reunión de la comisión.

El resumen del informe final fue leído este miércoles pero deberá ser votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.

El impacto que puede tener el informe

Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será "simbólico", porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un 'impeachment' y ven poco probable que el fiscal general resuelva imputarlo.

La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia, y las encuestas para 2022 lo muestran detrás del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus. "Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas", dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.

La falta de oxígeno en Manaos

En un principio, la comisión indagó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del gobierno para comprar vacunas, o la existencia de un "gabinete paralelo" de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.

En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestas irregularidades en la compra -no realizada- de la vacuna india Covaxin, que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por "prevaricato" al no haber denunciado el caso, del que teóricamente estaba enterado, ante la Policía Federal.

También fueron indagadas las conexiones entre el gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el "tratamiento precoz" del coronavirus.

Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad señalada de aplicar tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y de maquillar el número de muertos por coronavirus, un escándalo que impactó en el país.

21 de octubre de 2021

Publicado enInternacional
Página 1 de 24