Nicaragua: detuvieron a Berenice Quezada, candidata a vicepresidenta de la oposición

Fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo siete de noviembre

El Ministerio Público presentó cargos contra la exMiss Nicaragua "por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia". La CIDH repudió la retención de Quezada y urgió "al Estado a liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente".

 

La opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) denunció que su candidata a la vicepresidencia de Nicaragua, Berenice Quezada, fue retenida ilegalmente en su domicilio por la policía. El Ministerio Público informó este miércoles que la exMiss Nicaragua de 27 años fue inhabilitada para competir en los comicios del próximo siete de noviembre acusada de "incitar al odio y la violencia" en medio de una ola de arrestos de opositores por parte del gobierno de Daniel Ortega, quien aspira a la reelección.

En la noche del martes Quezada "fue notificada por las autoridades judiciales y el Ministerio Público que quedaba a partir de ese momento en retención domiciliaria sin acceso a comunicación telefónica y con restricción migratoria", protestó la derechista CxL en su cuenta de Twitter. La agrupación dijo que su candidata también fue informada que estaba "inhibida de postularse a cargos públicos de elección popular" y que debería permanecer en su casa, en la capital Managua, con custodia policial.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió la retención de Quezada y exigió "al Estado de Nicaragua liberar de inmediato a las personas detenidas arbitrariamente y reestablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses".

En cambio, el Ministerio Público de Nicaragua dijo en un comunicado: "Se presentó acusación en contra de Berenice Xuyamy Quezada Herrera por realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia, acciones que encuadran en el tipo penal de provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas". 

El lunes Quezada había exigido la liberación de los "presos políticos" llamando al pueblo a votar "como lo ha hecho en las calles" en las protestas antigubernamentales de 2018, cuya represión dejó al menos 328 muertos y dos mil heridos según organizaciones de derechos humanos. "Tenemos que demostrar en las elecciones del siete de noviembre que Nicaragua no los quiere en el país", dijo la joven modelo en alusión al gobierno que preside Ortega desde 2007.

Quezada fue inscripta ese mismo día ante el tribunal electoral como compañera de fórmula del candidato a la presidencia Oscar Sobalvarro, un exguerrillero de la extinta contrarrevolución que Estados Unidos financió en los años 80 contra la revolución sandinista del actual presidente Ortega. Otros 31 opositores, incluyendo siete aspirantes presidenciales, están presos desde junio bajo cargos de "traición a la patria".

04/08/2021

Publicado enInternacional
Fuentes: Rebelión [Foto: Darío Augusto Cardona / El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno ha dedicado su vida a acompañar y a dignificar a las víctimas de la violencia estatal y paraestatal en Colombia, como la Comunidad de Paz de San José de Apartadó]

Entrevista a Javier Giraldo, Vicepresidente del Tribunal Permanente de los Pueblos

 “Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad”

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) ha condenado al Estado colombiano por su acción u omisión en el genocidio continuado y los crímenes de guerra y de lesa humanidad contra población civil por razones políticas. Mundo Obrero entrevista a su Vicepresidente, Javier Giraldo, quien nos hace un hueco en medio de las reuniones con la Misión de Observación Internacional por las Garantías de la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia, que ha verificado sobre el terreno este mes de julio las violaciones de derechos humanos contra quienes ejercen su derecho a la protesta.

El sacerdote jesuita Javier Giraldo Moreno es un referente de la defensa de los derechos humanos en Colombia. Su hablar sereno se combina con una precisión y una firmeza en la denuncia que le ha valido poderosos enemigos en su trayectoria de defensa de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. En él han tenido un acérrimo defensor las comunidades campesinas y líderes sociales de las regiones más castigadas por el terror estatal y paraestatal. Autor de varios libros en los que documenta la impunidad en el exterminio de estas comunidades victimizadas en las zonas rurales de Colombia, Javier Giraldo trabaja desde 1972 con el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP/PPP), y es fundador de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz. Ha recibido el Premio Internacional, Asociación de Derechos Humanos de España, el Premio John Humphrey a la Libertad y el Premio Juan María Bandrés a la Defensa del Derecho de Asilo otorgado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Fue miembro de la Comisión Histórica sobre el origen del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), en la Mesa de Conversaciones de Paz de La Habana entre el gobierno colombiano y las FARC-EP. 

GUADALUPE BARAHONA: Es la tercera sesión en la que el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) se ocupa de Colombia: en 1991 juzgó la impunidad en los crímenes de lesa humanidad, y en 2008 juzgó el accionar de las empresas transnacionales en relación con la violación de derechos humanos. ¿Qué aporta el TPP, teniendo en cuenta que es un tribunal simbólico?

JAVIER GIRALDO: En primer lugar, el TPP es un tribunal de opinión. Se apoya en la sentencia del tribunal Russell que surgió con la guerra de Vietnam. El senador italiano Lello Basso fue relator del segundo Tribunal Russell sobre las dictaduras de América Latina y fue a la vez el fundador del Tribunal Permanente de los Pueblos en 1979, para continuar esa misma experiencia. Él enfatizó la convicción de que un tribunal no es necesariamente la emanación de un poder estatal o interestatal, sino que precisamente las razones de Estado son una limitación a una sentencia judicial que tenga una profunda dimensión ética y, por lo tanto, mayor independencia. El tribunal ya lleva 48 sentencias, y en todas ellas hay una sabiduría muy profunda y un análisis de lo que han padecido los pueblos que han sido más oprimidos en la historia de la humanidad. El esfuerzo que hace el tribunal es precisamente confrontar los hechos con los ideales jurídicos que la humanidad ha expresado en el Derecho Internacional, y que muchas veces se quedan en el papel. Se les entrega a las víctimas colectivas un arma ética y política de mucha trascendencia en estas sentencias.

GB: ¿Qué es lo más trascendente de este fallo histórico del TPP sobre Colombia?

JG: La sentencia que se acaba de emitir sobre el genocidio en Colombia es ejemplar. Abarca la dimensión de un libro, y profundiza en dos siglos de la existencia y del sufrimiento del pueblo colombiano. Esto se ha motivado precisamente en que después de varias sesiones del TPP, los gobiernos nunca aceptaban poner en práctica las recomendaciones del tribunal, y los mismos movimientos sociales de Colombia empezaron a hacer una evaluación de fondo y vieron que las grandes masacres y las manifestaciones de opresión respondían a un mismo libreto, que tenía elementos que fueron constantes en todas las formas de represión estatal durante este último siglo y mucho más atrás. De ahí surgió la idea de pedirle al Tribunal Permanente de los Pueblos que hiciera una lectura de las estructuras genocidas del Estado colombiano, casi desde su fundación. Esa lectura la pudo hacer de manera muy ilustrada esta sesión del tribunal porque la causa fue promovida por los movimientos sociales y políticos, a través de sobrevivientes o de historiadores que los han estudiado. Se hizo un trabajo histórico magistral, de mostrar cómo durante este último siglo la mayoría de los movimientos sociales y políticos fueron exterminados. Esto quedó palpablemente demostrado en las audiencias que organizó el tribunal en el mes de marzo, resumidas en la sentencia. Allí se muestra esa larga trayectoria de exterminio violento y cruel de los movimientos que no comparten la ideología de la élite gobernante. En la sentencia se hizo un recuento histórico de las formas de represión y brutalidad del Estado, y se profundizó en el sentido y la tipificación del genocidio en el derecho internacional. Esos fueron tres elementos muy fundamentales en la sentencia.

GB: El fallo del tribunal habla de genocidio continuado. ¿Es novedoso que se hable de genocidio dentro del mismo país y del mismo grupo?

JG: Es la primera vez que se habla de genocidio continuado. Pero la misma caracterización o tipificación del genocidio en el derecho internacional está aludiendo a la destrucción total o parcial de un grupo humano con una identidad común. El hecho mismo de que se haya profundizado en la trayectoria histórica del genocidio en Colombia hace que el término de genocidio continuado sea justificado.

GB: ¿Cuáles son las causas profundas de estas prácticas sostenidas de exterminio, de desplazamiento, de desaparición forzada, que van más allá de gobiernos, de distinto signo político?

JG: El genocidio es estructural, el término también aparece en la sentencia. La conclusión a la cual se llega después de todos estos análisis es precisamente que esto no corresponde a gobiernos particulares, limitados, sino que en la misma estructura del Estado colombiano se ha ido arraigando una práctica que es estructural.

GB: Desde el 28 de abril de este año asistimos a un estallido social y una brutal represión. ¿Qué elementos de continuidad hay con respecto a las prácticas que identifica el tribunal?

JG: Las audiencias tuvieron lugar en el mes de marzo, y el tribunal pidió un plazo de dos meses para elaborar la sentencia, porque la denuncia abarcaba un período muy extenso. Mientras se elaboraba la sentencia se empezó a dar la movilización del Paro Nacional y la respuesta brutal del Estado. La sentencia alcanza a mencionar eso, porque esa respuesta del Estado se acopla perfectamente a la denuncia de lo que es el genocidio. Es tratar de exterminar, de eliminar a los que tienen una identidad alternativa, lo que llamamos una otredad negativa. Los movimientos contestatarios, de rebeldía, son calificados ordinariamente por el Estado como otro negativo, un otro demoníaco, que hay que exterminar. Ahí está la motivación para responder con una violencia que busca el exterminio de esa otredad. Esa es la característica central del genocidio y se aplica perfectamente en la respuesta a esta movilización de los últimos meses.

GB: ¿Qué peso ha tenido el incumplimiento de los acuerdos de paz de 2016, por ejemplo en lo sucedido en Cali, que casi se ha convertido en la capital de la resistencia durante gran parte del Paro Nacional?

JG: El incumplimiento de los acuerdos de paz es un elemento motivacional de la protesta a nivel nacional, cubre todo el país. Pero la situación de Cali, que es el epicentro de esta protesta, tiene características particulares también. Cali es una de las ciudades donde el neoliberalismo se ha desarrollado más intensamente, donde las multinacionales han tenido un desarrollo muy intenso, con una presencia étnica, sobre todo afrocolombiana, de un alto porcentaje de la población; donde también la población indígena está muy cerca. Y donde ese desprecio por lo étnico en los sectores medios y altos de la sociedad, así como la diferencia de clases se siente más fuertemente. La miseria, las sinsalidas de los sectores más empobrecidos se sienten más fuerte, sobre todo para los jóvenes, que han sido protagonistas de esta movilización. Ellos se definen a sí mismos como “los jóvenes sin futuro”: no han podido tener una educación, un trabajo, un acceso a servicios fundamentales, a alimentación. Ellos mismos dicen que si no estuvieran en las barricadas, no tendrían qué comer. Están gozando de la solidaridad de otros sectores de la sociedad que han alimentado las ollas comunitarias. Esas son características no son ajenas a otras regiones, pero en Cali se concentran.

GB: Hemos visto a al pueblo indígena misak derribando estatuas de colonizadores, a los jóvenes portando en sus pancartas la reivindicación de los falsos positivos… ¿Cuál es la importancia de la memoria y de lo simbólico en todo esto que está sucediendo?

Por una parte, los indígenas y los afrodescendientes, que desde que se conmemoró los 500 años del “encuentro” con los europeos, han venido desarrollando una conciencia progresiva, han ido recuperando en cierta medida su autonomía, y, por lo tanto, una posición crítica frente a la historia. Eso ha desembocado en esa destrucción de estatuas de conquistadores, de opresores de todos estos siglos. Pero también todas estas movilizaciones han ido acompañadas de expresiones culturales, musicales, poéticas, simbólicas, de grafitis y de expresiones muy originales, donde se expresa el rechazo a las instituciones, que es un denominador común en todo este movimiento, que afirma: “ya no creemos en las instituciones porque están completamente corrompidas, hay que cambiarlas”. Eso se ha expresado en las canciones, en las consignas, en las poesías y en los símbolos gráficos que acompañan estas movilizaciones. El aspecto cultural ha sido muy importante. Y esta toma de conciencia histórica viene de atrás, pero se ha intensificado mucho.

¿Considera usted que estamos asistiendo al final del uribismo, de veinte años de embrujo autoritario bajo la sombra de lo que supone Álvaro Uribe Vélez en Colombia?

Lo político tiene a veces desarrollos imprevisibles, pero es un hecho que las encuestas que se han hecho desde hace unos meses muestran un descenso enorme de la popularidad, tanto de Uribe como de Duque. La popularidad del gobierno está por el suelo, en un 20%. Yo creo que eso se va a expresar en las próximas elecciones de mayo de 2022.

¿Una salida electoral es suficiente o abre el camino de solucionar las causas profundas de la violencia estructural del Estado colombiano?

Precisamente ese es un punto central. En este mes va a haber después del 20 de julio una asamblea popular en Cali, con participación de todas las regiones del país. Y uno de los puntos de discusión es precisamente si el camino electoral es viable para los cambios que se están exigiendo. Yo he sostenido que las dos vías que la legalidad actual nos da para un cambio de estructuras que necesita Colombia, que son el aparato electoral y el parlamento, son vías que están completamente putrefactas. No las deberíamos utilizar en este momento, porque allí se concentra la corrupción: tanto en el sistema electoral como en el sistema parlamentario. En las asambleas que se están multiplicando se está debatiendo eso, y vamos a ver qué logra construir la imaginación para una abrir una vía alternativa.

Por Guadalupe Barahona | 02/08/2021

Publicado enColombia
Trabajadores presos: ¿La otra cara de las políticas económicas en Venezuela?

30-07-21.-Más de 100 trabajadores venezolanos están presos o judicializados. Estos son los casos que, hace una semana y en el Palacio de Justicia de Caracas, denunciaron militantes de izquierda, dirigentes gremiales y familiares de los encarcelados. Son 152, puntualizó Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la UCV; 36 de ellos ya están en cárceles y uno solo tiene sentencia: Rodney Álvarez.


Más de 20 son del sector petrolero, explicó el dirigente sindical José Bodas, secretario general de la federación unitaria de trabajadores petroleros de Venezuela. Todos, sentenció, “son presos políticos, presos de este gobierno porque este gobierno quiere aterrorizar a la clase trabajadora para seguir aplicando este paquetazo de hambre”.

El ejecutivo de Nicolás Maduro ha planteado un programa económico sobre el cual pocos detalles se conocen, y una ley antibloqueo que garantiza el secreto de las transacciones, lo que podría dar pie a privatizaciones “a la rusa”, como lo han denunciado organizaciones gremiales.

Las detenciones de trabajadores ocurren “cuando, en el uso pleno de su ejercicio sindical, van a exigir la defensa de los derechos contractuales” y este hecho se convierte en una forma de amedrentar a otros, apuntó Sánchez.

“¿Por qué se criminaliza a la clase trabajadora? Porque el gobierno tiene un paquetazo antiobrero y antipopular que es el plan económico que ellos llaman de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”, que “no es más que un paquetazo antiobrero y antipopular”, acusó Bodas.

“Estos presos no entran en la agenda ni del gobierno, que es su verdugo; y tampoco entran en la agenda de la oposición de derecha que se sienta con el gobierno”, aseguraron los manifestantes ese jueves 22 de julio. “Solo podemos confiar en nuestra propia fuerza”, resaltaron, e insistieron en “la unidad para la lucha con una perspectiva independiente, tanto del gobierno, que es nuestro verdugo, como de la oposición de derecha aliada al imperialismo”.

Los familiares de los presos se fueron agrupando, convencidos de que eran excepciones. “Nuestra mayor sorpresa fue cuando nos dimos cuenta de que hay más de una centena de trabajadores presos por un presidente que dice llamarse obrero”, aseveraron.

Pero no son solo los presos. Han ocurrido, también, despidos y jubilaciones: “Más de 50 trabajadores y activistas están luchando” solo en el sector petrolero, señaló Bodas.

No dudaron en calificar al gobierno de “antiobrero, fascista y, de paso, neoliberal”, y aseguraron que los dirigentes oficialistas “soltaron el morral de Chávez y agarraron el maletín de Fedecámaras”.

Luis Zapata, de la Alternativa Popular Revolucionaria, afirmó que “sigue la criminalización y la judicialización de la clase obrera venezolana” y llamó a los trabajadores a organizarse. “Va a seguir la represión. El gobierno lleva un camino con un proyecto neoliberal que va a ser reprimir, precarizar todas las condiciones de vida para la clase trabajadora”.

Este jueves 29 de julio se difundieron las nuevas tablas salariales del sector universitario, acordadas entre la administración de Maduro y la federación de trabajadores universitarios. Organizaciones como la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) consideran que los firmantes de este convenio son organizaciones “de maletín”, supuestamente vinculadas con el oficialismo y no representativas de la voluntad mayoritaria del sector.

Los dirigentes sindicales aseguran que el gobierno de Maduro no quiere discutir contratos colectivos de verdad y prefiere mantener “a los trabajadores venezolanos con un salario de hambre de tres dólares”, mientras encarcela a quienes protesten “porque quieren que los trabajadores tengamos miedo”, como lo expuso Bodas.

“Con la movilización y la lucha los vamos a sacar de la cárcel”, prometió Bodas, trabajador de la industria petrolera por más de 30 años. La persecución “no va a parar a la clase trabajadora”, reitera Sánchez.

Por Vanessa Davies-Contrapunto | Viernes, 30/07/2021

Publicado enInternacional
Hacia un mundo feliz con el capitalismo digital

En una de las más famosas distopías de las muchas que la ciencia ficción ha imaginado, en "Un mundo feliz", Aldous Huxley describe una sociedad en la que los seres humanos están determinados desde que nacen a ser Alfas, Betas, Gamma…. Una jerarquía que da a cada grupo de personas una función laboral y un lugar en la escala social. Nada nuevo, lo radical de la novela es que en ese futuro que imagina (el 632 después de Ford) cada casta humana está feliz con su condición, se les determina a estar felices con la categoría humana que se le asigna al nacer. De esta forma el sistema funciona de manera armónica y, sobre todo, no se quejan.

Hoy que tanto se habla de capitalismo digital me pregunto si esa función de condicionante y somnífero social no lo están haciendo los algoritmos, el big data y Amazon. ¿Exagero? Pues si yo exagero qué no harán los organizadores del Foro Económico de Davos (el think tank del capitalismo por excelencia) al diseñar este eslogan para su encuentro de este año: "En 2030 no tendrás nada, pero serás feliz". Si pretendían ser optimistas, conmigo fallaron. Me eché a temblar.

Sabemos que toda revolución tecnológica produce cambios en el modelo productivo y, por tanto, en el trabajo y en la estructura social, pero lo que estamos viviendo sobrepasa los que conocemos por su dimensión y por su rapidez. El COVID ha catapultado esa revolución digital y, como en revoluciones tecnológicas anteriores, el coste cae sobre los hombros de los de siempre. No me crean a mí, sino a los datos de la OCDE, esa organización que no sirve para nada más que para dar buenas estadísticas:

En los próximos años las tecnologías como el 5G, la robótica avanzada y la inteligencia artificial van a transformar el mercado de trabajo en occidente. En la próxima década desaparecerá el 14% de los empleos tal como los conocemos ahora y cambiará el contenido del 35% de los empleos restantes. Es decir, casi el 50% de los empleos que conocemos actualmente serán totalmente distintos a causa de la tecnología. La mala noticia es que incluso los apologetas de la digitalización reconocen que esta transición puede ser larga y dolorosa.

Tendemos clasistamente a pensar que afectará solo a los trabajos menos cualificados, pero no es verdad. Volvamos a los datos de la OCDE: "La revolución digital está afectando especialmente a los trabajadores de cuello blanco: contables, abogados, administrativos…" Y anuncia que la clase media, vinculada a estos trabajos, a empezado a contraerse en occidente, es decir, hay menos movilidad social, o como lo explican ellos: "un milenial tiene un 20% menos de posibilidades de pertenecer a la clase media que los nacidos tras las II Guerra Mundial".

Trabajos más precarios y no solo para los sectores menos cualificados, eso significa el capitalismo digital. Menos derechos, una "vida low cost". Copio el término del estudio editado por CCOO en el que el profesor Jaime Aja, uno de los mejores sociólogos del trabajo de nuestro país, describe así la precariedad en la que vive la mayoría de juventud española: "una situación de inestabilidad e inseguridad laboral que provoca una dificultad creciente para desarrollar un proyecto de vida autónomo".

Que el capital quiera imponer esta transformación no significa que lo consiga, al menos no como quisieran. La rebeldía está ahí, los conflictos laborales y sociales también o las oportunidades para exigir menos horas de trabajo o la semana laboral de 4 días. Lo que me asusta no es eso, sino que nos vendan esa vida low cost como un mundo deseable.

Trabajas por un bajo salario en uno o varios empleos temporales y vives en un piso pequeño o una habitación compartida que se lleva la mitad de tu sueldo, pero vas a casa en patinete eléctrico, puedes ver una serie de Netflix, comprar muebles baratos muy estilosos en Ikea y camisetas a 7 euros en el Primark, descargarte videojuegos entretenidísimos mientras subes fotos de una vida irreal a Instagram o debates muy sesudamente en Twitter sobre la realidad del mundo. ¿Por qué no ibas a ser feliz, aunque no tengas nada?

El epitome de este absurdo lo encuentro en el vuelo privado de Jeff Bezos a la estratosfera. El hombre al que la pandemia ha convertido en el más rico de la historia moderna satisfacía así su delirio narcisista y de paso, avanzó en la privatización de los vuelos espaciales, es decir, de la conquista de otros mundos. Insisto en que el que ellos lo pretendan no significa que pase, pero la forma acrítica con la que los medios trataron semejante dislate ególatra en medio de una pandemia mortal, me pilló por sorpresa.

Entiendo y comparto la seducción de la tecnología, a mi también me encantan los avances tecnológicos, pero esta atracción por la novedad no debe cegarnos. El capitalismo digital no va de tecnología, va de nuevas formas de explotación. Sirva este artículo como alerta, entre los muchos y muchas que ya los están haciendo, para que su distopía no avance ni se convierta en realidad.

¿Cómo evitarlo? No tengo la respuesta, aunque sí sé que vendrá de los y las que luchan. Encuentro una pista, quizá, en "Un mundo feliz" y en la deliciosa ironía con la que Aldous Huxley dio nombre a sus personajes. ¿Saben qué nombre le puso al protagonista que rompe ese "mundo feliz", que lo desvela, lo desafía y abre la puerta a la esperanza? Lo llamó Bernard Marx.

Por Marga Ferré

Co-presidenta de Transform Europe

30/07/2021

Publicado enSociedad
El pase sanitario en Francia genera resistencia en medio de la cuarta ola

La variante Delta avanza al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura

Existe una heterogeneidad de manifestantes: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticuarentena. El gobierno apuesta a la dinámica ascendente de la vacunación.  

 

Un narrador perverso parece estar escribiendo sobre la piel de la realidad la novela del virus covid-19. Estimuladas por la pandemia, las situaciones son un brasero de contradicciones. Al cabo de cuatro días y cuatro noches de debates a menudo encarnizados, el Parlamento adoptó esta madrugada la extensión del pase sanitario (vacunación completa -las dos dosis-, prueba PCR negativa, o certificado de restablecimiento) necesario para ingresar en los lugares públicos con capacidad para más de 50 personas y que impone, además, la vacunación obligatoria para el personal de los hospitales y el aislamiento de las personas positivas. 

Tensiones por el pase sanitario

El pase debería entrar en vigor a principios de agosto, pero el trabajoso camino que tuvo que atravesar para ser aprobado traduce perfectamente las tensiones que genera tanto en la sociedad como en la clase política. El fin de semana pasado decenas de miles de personas volvieron a manifestar en toda Francia contra el pase sanitario y lo que muchos consideran como la “dictadura perfecta” porque, como lo expresa Anne, una mujer de 40 años empleada de banco, ”con eso del pase y la excusa de que nos van a curar o proteger, lo que va a ocurrir es que terminaremos todos en un fichero, vigilados, retratados, radiografiados y controlados”. Sin embargo, pese a la oposición y a la repetida destrucción de los centros de vacunación, Francia sobrepasó este martes el umbral del 50% de la población con un “esquema de vacuna completo”, es decir, las dos dosis de las vacunas disponibles (Moderna, AstraZeneca o Pfizer) o una de Janssen. Según la Dirección General de la Salud, 40.719.515 personas recibieron una dosis (60,4 % de la población) y 34.026.476 las dos (50,5 % de la población).

Los Jóvenes no vacunados

Aun se está lejos del porcentaje requerido para llegar a la inmunidad colectiva (90%) y el gobierno apuesta a que se mantenga la dinámica ascendente para completar el esquema lo más pronto posible en un momento crucial: con cada semana que transcurre la variante Delta del virus multiplica por dos los contagios. Aunque tiene perfiles distintos a las precedentes, hoy se admite que la “cuarta ola” ya se está desplegando en el país. En las ultimas 24 horas se registraron casi 23.000 nuevos casos contra poco más de 10 mil hace una semana. Esas infecciones recientes afectan, sobre todo, a los jóvenes que no se han vacunado. Todo parece ir en ascenso, de forma contradictoria: en la semana del 19 de julio se vacunaron 4,7 millones de personas en lo que fue, según el Ministerio de Salud, ”la mejor semana desde el principio de la campaña de vacunación en diciembre de 2020”. Sin embargo, la ola del virus crece al mismo tiempo que la oposición a las medidas se torna más dura. 

Movilizados 

La contestación federa a decenas de miles de personas movidas por razones distintas: los chalecos amarillos, hostiles a todo lo que provenga del Estado, los antimáscaras, los antivacunas, los antipase sanitario y los anticonfinamiento, cuyas reivindicaciones suelen ser un extraño cóctel de ideas proteiformes (complotistas, sospechas sobre la existencia de “un ente superior que controla a los gobierno”, certezas extraídas de los libros que difunden la idea de un colapso generalizado (el mundo se acaba). A sus 47 años y con un pasar confortable como agente inmobiliario, Etienne está muy convencido de que “las personas que se han vacunado morirán dentro de dos años. Es la lógica imparable de la humanidad. Los recursos se acaban, no alcanzan para todos. Hay que renovar la humanidad, una guerra a escala global no es posible y el virus y la vacuna han sido la coartada perfecta. Primero mataron a los viejos y ahora a los jóvenes rebeldes que no aceptan la vacunación”. 

Las expresiones que más se escuchan en las manifestaciones son “Libertad”, ”abajo la tiranía”. Dominique, un panadero de París, denuncia ante PáginaI12 “la transferencia de las lógicas de dominación: se recurrió a la lógica sanitaria para frenar el virus y, desde hace un par de semanas, con el anuncio de los rigores del pase sanitario, pasamos a la lógica de la seguridad”. 

Hay grupúsculos dentro de los anti vacunas que pusieron el pie más allá de la retórica y pasaron a la acción violenta: golpean y persiguen a los periodistas o destruyen o incendian los centros de vacunación (más de 15). Al frente de los anti se coló un oportunista oriundo del partido de extrema derecha dirigido por Marine Le Pen. Se trata de Florian Philippot, ex número dos de la ultraderecha y fundador del movimiento Patriotas. Philippot se autodefine como el “impulsor”, el “creador” del movimiento de los antivacunas. Es el quien grita en los megáfonos o los micrófonos “abajo la dictadura sanitaria, viva la libertad”, ”abajo el apartheid" (entre vacunados y no vacunados). Y en esa masa de ideas dispares y causas comunes están los resistentes, los tiernos, los que aceptan “el destino que se les impone, el destino de ser parias de la vacuna, excluidos de la sociedad”. 

Monique recopila con una inaudita paciencia creativa todo lo que va a hacer para que no la obliguen a vacunarse. La mujer de 57 años, con una carrera sólida en un centro comercial y dos hijos, dice: "a mi no me pondrán de rodillas. Ya pedí la jubilación. ¡ No pasarán !. Por las dudas, también compré un aparato para hacer el pan en mi casa, al cine no me hace falta ir porque para eso está Netflix, la comida se la pido a Uber Eats o la encargo por internet al supermercado y nadie me va a prohibir pasear por la calle. Jamás seré una cobaya de esta gente. Elijo con plena lucidez vivir de otra manera para que mi sistema inmunitario permanezca intacto”.

Los anti se han organizado con astucia. Ya existe un anuario de Francia con la lista de comercios, restaurantes, empresas y servicios que no exigen el pase sanitario y todo un dispositivo de ayuda mutua destinado a las personas que no “seguirán al rebaño de los vacunados”. Hay dos luchas instaladas: la del gobierno ante la urgencia de evitar que la extensión del virus vuelva a contaminar a los más frágiles, y la de los antivax, empeñados en que sus cuerpos “sociales y genéticos” (Monique) no sean contaminados por la vacuna.

27/07/2021

Desde París

Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Publicado enInternacional
Lunes, 26 Julio 2021 05:42

Claroscuros 2

El multimillonario Jeff Bezos fue noticia la semana pasada por su vuelo turístico al espacio, aunque decenas de miles de personas firmaron una petición para que no se le permitiera regresar a la Tierra. En la imagen, con sus acompañantes. Foto Ap

Borrando historia: En Texas la derecha en el poder no sólo está re-escribiendo la historia, la está borrando. Después de promulgar leyes que obligan a los maestros a evitar enseñanza crítica de la esclavitud y el racismo y sólo calificarlos de desviaciones del proyecto noble de esta nación, los legisladores del estado ahora están intentando eliminar menciones de varias figuras históricas y documentos relacionados con las luchas de derechos civiles, incluyendo aspectos de la historia indígena, el trabajo de Cesar Chavez, movimiento chicano, la figura más importante de la lucha por el voto de las mujeres y textos de Martin Luther King, Jr, y Frederick Douglass. A principios de mes, una presentación de un libro en un museo estatal sobre el papel de la esclavitud en la historia de El Alamo fue cancelada súbitamente por líderes republicanos, incluido el subgobernador, en Texas

Diferentes órbitas: el vuelo del segundo astronauta multimillonario, Jeff Bezos, se colocó entre las noticias principales del país la semana pasada. No todos estaban fascinados. Algunos señalaron que los casi 6 mil millones de dólares que ha costado montar el proyecto espacial personal podría haber pagado por 2 mil millones de dosis de vacuna anti-Covid que se necesitan por todo el mundo. Decenas de miles firmaron una petición para que no se le permitiera regresar a la Tierra, y los organizadores que están intentando sindicalizar la empresa de Bezos, Amazon, para mejorar condiciones deplorables no felicitaron a su patrón. Que tal si aplaudimos a los migrantes por arriesgar sus vidas y sacrificar su bienestar para contribuir a nuestro país de la misma manera que aplaudimos a multimillonarios por lanzarse al espacio, opinó el analista y ex secretario de Trabajo Robert Reich.

Revelando la verdad sin saberlo: en el gran debate sobre si las protestas en Cuba fueron de alguna manera promovidas por Washington, el diputado republicano de más alto rango en el Comité de Asuntos Exteriores, Michael McCaul, sin querer tal vez lo comprobó. Celebró que los “cubanos valientes se han despertado… y están protestando la dictadura ondeando el símbolo más grande de la libertad conocido al hombre: la bandera estadunidense”.

Triunfo indígena: después de décadas de lucha contra nombres y símbolos racistas, el equipo de beisbol de las grandes ligas los Indios de Cleveland anunció que cambiará su nombre, que ha llevado desde 1915, y que a partir de 2022 serán los Guardianes, decisión celebrada por diversos líderes indígenas. El año pasado, el equipo de futbol americano profesional los Pieles Rojas hizo lo mismo (aún no anuncian su nuevo nombre, son conocidos por ahora como Equipo de Futbol de Washington). Trump calificó la decisión de desgracia y aseguró que los que están más enojados con esto son los muchos indios de nuestro país, y que todo esto es culpa de “un pequeño grupo de gente… que están forzando estos cambios para destruir nuestra cultura y legado”.

La historia presente: El gobierno de Biden anunció que prohibirá el ingreso a Estados Unidos del ex presidente Porfirio Lobo de Honduras por corrupción y colusión con el narco. Lobo fue electo después del golpe de Estado contra Manuel Zelaya en 2009 apoyado por la entonces secretaria de Estado Hillary Clinton en el gobierno de Barack Obama. Poco antes de una reunión con Lobo en 2011 en la Casa Blanca, Obama declaró que “por el fuerte compromiso a la democracia y liderazgo por el presidente Lobo, estamos viendo una restauración de prácticas democráticas y un compromiso a la reconciliación…”. ¿Aún están buscando atender los problemas de fondo de la migración desde Centroamérica a Estados Unidos?

Historias de oposición: el pasado 23 de julio fue aniversario de cuando el autor y filósofo Henry David Thoreau fue encarcelado en 1846 por rehusar pagar un impuesto en protesta por la guerra de Estados Unidos contra México. Se dice (aunque no está corroborado) que cuando su amigo, el escritor Ralph Waldo Emerson, fue a visitarlo y le preguntó ¿Henry, qué haces aquí en la carcel?, Thoreau le respondió ¿y tú por qué no estás aquí dentro conmigo?

Queen y David Bowie. Under Pressure. https://www.youtube.com/watch?v=YoDh_gHDvkk

Publicado enInternacional
Sábado, 24 Julio 2021 07:00

Cuba: las vidas y la libertad importan

Miles de personas asisten a un acto de apoyo a la revolución, en La Habana (Cuba).- EFE

En Cuba se ha producido un estallido de protesta popular. No ha sido un golpe de Estado ni un motín provocado artificialmente por ¿miles? de agentes a sueldo del imperialismo. Ha sido una protesta en la que han participado personas con mentalidades muy diferentes, precisamente porque su motor no ha sido ideológico sino social, reclamando la atención de las necesidades básicas de la vida.

En este estallido se han cruzado dos crisis:

- el dinosaurio estructural que ya estaba allí: baja productividad, caos burocrático e ineficacia,  ausencia de canales de reivindicación en un país sin derecho de huelga y con un sindicato único sometido al Estado, desvinculación creciente de la población respecto a decisiones en las que no participa y que no mejoran sus vidas, grave escasez de divisas, nuevas generaciones sin recuerdo de los momentos en que se alcanzaron logros sociales (en alfabetización, sanidad, educación) pero que  han vivido su desgaste y deterioro, etc.

- la chispa que prendió el estallido, esto es, las consecuencias sociales de la fuerte reducción del turismo a causa de la pandemia y las consecuencias del plan de ajuste "Tarea ordenamiento", destructor de muchos de los accesos gratuitos o subvencionados a determinados bienes o servicios básicos, lanzado por Díaz-Canel -obsesionado en una condena recurrente del "igualitarismo"- y el PCC a través de reformas monetarias, laborales y económicas que benefician a los capitalistas cubanos y extranjeros y que han cargado sobre la clase trabajadora y el pueblo llano el coste de todas las dificultades,

Como señala Leonardo Padura: "Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no sólo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

Frente a quienes se tiran a la cabeza los sufrimientos de otros, decimos: las vidas cubanas importan, las vidas colombianas importan, las vidas de las mujeres saudíes importan, la vida de los nicaragüenses importan, las vidas kurdas importan, las vidas sirias importan.

Las vidas cubanas importan: lo más urgente

  1. El pueblo cubano tiene derecho a protestar sin sufrir represión. Es necesario reclamar al gobierno cubano el libre ejercicio del derecho de manifestación, el fin de la represión de las protestas y la liberación de las personas detenidas por estas protestas o por sus actividades críticas.
  2. Las protestas son justas, los problemas que expresan son reales. Gran parte de la población tiene graves dificultades para el acceso a alimentos y a medicinas. De estar en Cuba, habríamos estado en las protestas. Nos sumamos a las voces cubanas que denuncian el plan de ajuste Tarea ordenamiento lanzado en diciembre de 2020 y exigen la cancelación de las medidas que significan un deterioro de las condiciones de vida de gran parte de la población y un incremento de la desigualdad social. Consideramos que nuestros sindicatos y la Confederación Internacional de Sindicatos deberían pronunciarse en igual sentido.
  3. Cuando la población es abandonada a su suerte tiene derecho a buscarse la vida como puede, por lo que no tendría sentido oponerse a la "medida estrella" anunciada por el gobierno cubano como aparente concesión ante el malestar social, consistente en dejar entrar en Cuba a personas cargadas de alimentos y medicamentos. En todo caso, y como medida de emergencia, el gobierno cubano debería tratar de retirar de todos los obstáculos que la legislación cubana o los reparos del régimen puedan poner a la entrada en Cuba de alimentos básicos y medicinas de cualquier procedencia, y regularla de manera que su distribución permita que lleguen a quienes más lo necesiten, sin permitir "el mercado negro"; las medicinas deben llegar a través del sistema sanitario, no porque te visite tu tío de Miami, aunque sea legítimo conseguirlas de esa manera si el sistema sanitario no las proporciona.
  4. Cuba ha creado dos vacunas pero tiene dificultades para fabricarlas masivamente y sufre carencia de las jeringuillas necesarias. Se han puesto en marcha diversas campañas para recoger dinero con el que comprar millones de jeringuillas y enviarlas a Cuba, como la de SODEPAZ en España. Ahora bien, esa es una responsabilidad que también debe ser asumida por la comunidad internacional, y por España y nuestro gobierno muy en particular. La iniciativa COVAX debe activarse inmediatamente y llegar a sus beneficiarios mejor antes que después. Si la lucha contra la pandemia no puede ser victoriosa mientras África y América Latina sigan careciendo de vacunas, por lo que el apoyo a esos países no sería sólo solidaridad sino autodefensa, por lo que instamos al Gobierno PSOE-UP a hacerlo, opinen lo que opinen del régimen cubano.
  5. Las penurias y dificultades del pueblo cubano son atribuidas por el Gobierno cubano y por todos aquellos que a nivel internacional lo apoyan al embargo USA, y ya son décadas justificando las dificultades en las que vive la población repitiendo el mantra del embargo. Siendo esté injusto, no es riguroso atribuir al embargo estadounidense (que no incluye alimentos y medicinas) todas las dificultades económicas de Cuba. Menos riguroso es aún justificar con ello el autoritarismo del régimen, como si el silenciamiento de un pueblo le hiciera más fuerte para soportar presiones exteriores. Sin embargo, el embargo tiene consecuencias negativas para la población cubana y se ha convertido en excusa y nube de humo para justificar el fracaso del sistema burocrático implantado en Cuba pese a los logros iníciales tras el derrocamiento de la dictadura de Batista. Por ello, es necesario mantener la exigencia de que los gobernantes de EEUU apliquen las resoluciones de la Asamblea General de la ONU que reclaman el fin del embargo; eso puede llevar tiempo incluso aunque Biden quisiera hacierlo, pero, en esa transición, la Administración Biden puede derogar o dejar de aplicar las medidas restrictivas adicionales impuestas por Trump, especialmente dañinas; hay que presionar en ese sentido derogatorio del embargo, aunque no ayuda a conseguir apoyo social el que se haga en un sentido que implique a la vez solidaridad con el régimen (post)castrista, en vez de solidaridad con el pueblo cubano en su conjunto, tanto con partidarios como con opositores al régimen o con indiferentes.
  6. Junto a las respuestas inmediatas, de emergencia, junto a la necesidad de intentar que el gobierno cubano cambie de actitud en los asuntos urgentes citados, y junto a las acciones internacionales que ayuden a paliar las dificultades inmediatas que padece la sociedad cubana, no podemos dejar de señalar que hay cambios más profundos imprescindibles que requieren un cambio de régimen en Cuba, cambios que, tanto si llegan por una vía "a la española" (pactada) como si llegan por una vía "a la portuguesa" (revolucionaria), significarían una "salida" del régimen (post)castrista. Entre ellos citaremos el fin del sistema constitucional de partido único y de dominio del Estado por éste, el pleno reconocimiento del derecho de asociación, el derecho a formar sindicatos independientes del Estado, el derecho de huelga y, quizá lo más importante de todo, la libertad de expresión.

Cuba es una dictadura

El régimen político cubano es dictatorial. Hay otras dictaduras en el mundo y están emergiendo nuevos "tipos" de poderes autoritarios que se mueven en una lógica dictatorial aunque de momento sean formalmente multipartidistas y dispongan de parlamentos electos (Hungría, Rusia, Turquía). Pero eso no significa que la forma del Estado y las libertades civiles nos puedan ser indiferentes.

Aquí estamos hablando de Cuba, porque las vidas cubanas importan. Podemos hablar de otras cosas, y lo hacemos, pero hoy hablamos de Cuba porque Cuba importa, como nos importa Arabia Saudita cuando hablamos de ese país sin por ello tener que hablar de Cuba.

La raíz del autoritarismo cubano es vieja. Estamos hablando de un régimen vigente desde hace décadas, siguiendo el modelo estalinista clásico de partido único, con matices caribeños. No es este el lugar para analizar el proceso que llevó en pocos años de una revolución democrática con fuerte carga social a un nuevo despotismo; en ello influyó el acoso externo y las agresiones militares sufridas en 1961, ya que la militarización de las revoluciones siempre favorece a las franjas más autoritarias del movimiento, pero de ninguna manera puede decirse que el único o mejor camino fuera la conversión/inmersión del Movimiento 26 de julio (1953-1962) en el  Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (1962-1965) y su cristalización estalinista como Partido Comunista de Cuba (desde 1965 hasta ahora) y como dictadura de partido único, con episodios terribles tan tempranos como la persecución iniciada en 1962 contra las personas homosexuales y su internamiento en las Unidades Militares de Ayuda a la Producción (1965-1968); hasta 1988 no fue derogada la Ley de ostentación homosexual.

Actualmente, el régimen (post)castrista está en transición, pero es una transición que no conlleva más democracia, sino que sigue, dentro de sus posibilidades limitadas, el modelo chino de apertura al capitalismo, manteniendo el poder monopolista del Partido Comunista de Cuba, sin liberalización política; para los inversores extranjeros en Cuba, se trata de un gran "chollo", ya que pueden realizar sus negocios sin el incordio que suponen los sindicatos, las huelgas... En China y Cuba gobiernan partidos comunistas que identifican la continuidad socialista como que ellos sigan mandando, lo que no es obstáculo para que China sea hoy ya un país esencialmente capitalista y Cuba vaya por esa misma senda aunque más movida por el ansia de supervivencia de su grupo dirigente que por un proyecto claro.

En primer lugar, no hay elecciones libres, libertad de partidos ni libertad de prensa. Es un poder no elegido por el pueblo cubano. Todo sistema de partido único es dictatorial, aunque haya dictaduras que permiten varios partidos o que dominan sin partido mediador. En esto no hay renovación ni apertura, como se reconocía abiertamente en un artículo publicado en el periódico del PCC, Granma, el 10 de abril de 2020, y escrito por Michel E. Torres Corona:

En los últimos años, nuestro modelo social y económico ha venido siendo objeto de una actualización, para atemperarlo a los requerimientos de la época y del contexto geopolítico. Se hace impensable repetir fórmulas de antaño, cuando hoy impera un orden mundial signado por la unipolaridad.

Sin embargo, esta actualización no ha socavado uno de los principios fundamentales del socialismo cubano en materia sociopolítica: el sistema de Partido único, como guía y rector de la sociedad y el Estado. De ello es muestra fehaciente la Constitución, aprobada en referendo en febrero de 2019, y proclamada un día como hoy.

Dicha Constitución cubana de 2019 lo deja clarísimo: "El Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista, marxista y leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado".

Otro elemento de carácter dictatorial es la imposibilidad de constituir organizaciones sindicales independientes del PCC y del Estado; todos los intentos de llevarlo a cabo han sido duramente reprimidos. En la práctica, en Cuba hay un sistema de sindicato único, la Central de Trabajadores de Cuba, en cuyos estatutos se proclama que la "CTC y los sindicatos nacionales que la integran reconocen abierta y conscientemente la dirección superior del Partido Comunista de Cuba Esto no puede entenderse simplemente como una estrecha relación entre un partido y un sindicato, como la mantuvieron durante mucho tiempo en España UGT y PSOE, Obviamente, no  se reconoce el derecho de huelga, ni en el sector público ni en el sector privado.

Por último, un tercer rasgo dictatorial, quizá el más significativo y determinante de todos, es la ausencia de libertad de expresión y de manifestación en Cuba, pese a que constitucionalmente están reconocidos tales derechos, ya que diversas leyes y prácticas frecuentes convierten en papel mojado lo dicho en la Constitución. Las Damas de Blanco sufrieron centenares de detenciones y actos de acoso. Una y otra vez, periodistas y personas disidentes que han expresado opiniones molestas para los gobernantes terminan siendo acusadas de los delitos más extravagantes como supuestos enemigos de la patria y agentes a sueldo del imperialismo.

A modo de ejemplo de la alergia que la libre expresión y la creación artística y cultural produce al aparato del PCC y del Estado, mientras se ha abierto la puerta a las inversiones extranjeras capitalistas, se preciso una lista de las actividad económicas que no podían desarrollarse por cuenta propia y entre ellas, "casualmente", estaban las galerías de arte comerciales, la edición y maquetación de libros, directorios y listas de correos, periódicos, tabloides y revistas en cualquier formato o soporte, la producción audiovisual y cinematográfica, actividades de grabación de sonido y edición de música, las actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo, las transmisiones de radio, la programación y transmisiones de televisión, las actividades de programación cultural de la música, las artes escénicas, el libro, las artes plásticas, el cine, el patrimonio cultural y el trabajo comunitario.

Digamos claramente que en Cuba debe terminar el sistema de partido único, debe florecer el derecho de asociación y en particular el de formación de sindicatos y el derecho de huelga, y debe ganarse una libertad de expresión lo más amplia posible, como en España tenemos que luchar también por esa libertad de expresión plena que está siendo violentada en bastantes casos.

"Las izquierdas" ante un desafío estratégico

Con la crisis cubana ha vuelto a aflorar un tremendo lastre de la izquierda: un pavor reverencial a diferenciarse del régimen cubano y a combatir sus injusticias y su falta de libertad. Se buscan excusas de uno u otro tipo: el bloqueo, la defensa de la revolución, el vomitivo cinismo de las derechas, la añoranza de Sierra Maestra, las evidentes injerencias de las sucesivas administraciones de EEUU, las acciones de un exilio al que se descalifica y deshumaniza sin distinciones como "gusanos". Referencias que, tanto cuando son 100% falsas como cuanto tienen parte de verdad, se usan para incurrir en una falta de autonomía crítica frente a regímenes y situaciones donde no sólo la gente sufre sino que además está sometida a regímenes totalitarios y autoritarios como la vecina satrapía Ortega-Murillo en Nicaragua. Como explicó Marx, toda ideología es "falsa conciencia" para autoconfirmarse, distorsionan la realidad tanto como sea necesario. Ese mecanismo es evidente en las reacciones ante la crisis cubana de Casado y Ayuso, o de Vox o Cs, actuando como si el régimen cubano fuese la única dictadura existente pero también en declaraciones como las de Belarra o Villanueva, desde Podemos, negando la evidencia de que Cuba padece una dictadura e ignorando las responsabilidades del gobierno cubano en lo ocurrido.

Los recuerdos de las banderas revolucionarias triunfantes opacan la responsabilidad del apoyo y solidaridad hacia quienes luchan por la vida y por la libertad en el día de hoy, dando así unas bazas muy útiles a la peor derecha en todo el mundo para que se haga con la bandera de una "libertad" que en sus bocas es la libertad del privilegio y la explotación.

23/07/2021 

Publicado enInternacional
Cuba: el estallido social como crimen político

La lógica excepcionalista del sistema cubano tiende a considerar cualquier protesta como una provocación al servicio de la agresión foránea. Y ese discurso se repite frente a protestas inéditas en la isla.

El pasado 12 julio, al día siguiente de la mayor protesta popular contra el gobierno cubano que se haya producido en décadas, el presidente Miguel Díaz-Canel envió un mensaje a la nación acompañado de varios miembros de su gabinete. Allí estaba el primer ministro Manuel Marrero y el ministro de energía y minas Liván Arronte Cruz. Cada uno de estos funcionarios, sin reconocer nunca el sentido ni la magnitud de la protesta, intentó explicar las razones del descontento popular: cortes de electricidad, desabastecimiento de medicinas y alimentos, rebrotes de contagios por la endemia de covid-19.

Aquella mañana habló otro funcionario cubano que, más que explicar las causas de las protestas, expuso la lógica política y jurídica con que serían enfrentadas. Rogelio Polanco, Jefe del Departamento Ideológico del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue presentado por el presidente Díaz-Canel como la persona indicada para conceptualizar «los sucesos» ya que había sido por muchos años embajador de La Habana en Caracas. De hecho, fue embajador cuando se desataron las más intensas protestas de amplios sectores de la sociedad venezolana entre 2017 y 2019.

Polanco señaló que lo que había sucedido en Cuba era un intento más de «golpe continuado» o «revolución de colores», organizado por los enemigos de la Revolución, como parte de la «guerra no convencional de Estados Unidos contra Cuba». En Venezuela, dijo, le tocó vivir algo similar cuando, tras el desconocimiento oficial de la legitimidad de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, y la creación de una Asamblea Constituyente paralela, muchos venezolanos salieron a las calles para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro.

Según Polanco, aquellas protestas, que se agudizaron en 2019 y desataron choques violentos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad, son antecedentes a tomar en cuenta en la situación cubana. Aunque en Cuba no se vieron fenómenos como las «guarimbas» venezolanas, hubo actos violentos como asaltos a tiendas y agresiones contra la policía. Las manifestaciones, sin embargo, fueron mayoritariamente pacíficas y no estuvieron convocadas o lideradas por la oposición, como en Venezuela.

La confirmación de que las protestas fueron asumidas por el gobierno cubano como un ataque del «enemigo» –categoría difusa donde las haya, ya que eventualmente incluye actores tan disímiles como el gobierno de Estados Unidos, toda la dirigencia política republicana o demócrata cubanoestadounidense, el exilio, la oposición interna, el activisimo cívico o artístico y buena parte de la comunidad internacional- llegó con los primeros editoriales de Granma y Juventud Rebelde, que anunciaron que el «odio no quedará impune» y que «se llegaría al fondo» en una investigación sobre la protesta, que identificaría a sus responsables.

La criminalización del estallido se completó con el posicionamiento de diversos funcionarios como el canciller Bruno Rodríguez y el presidente de Casa de las Américas, Abel Prieto, en medios oficiales y redes sociales, a propósito de que los ejecutores de las protestas eran «vándalos, delincuentes, marginales e indecentes». A la acusación de que eran actores manipulados por campañas adversas al gobierno en medios alternativos y redes sociales se sumó un perfil sociológico de los manifestantes como parte del lumpen proletariado.

Decenas, tal vez cientos de jóvenes cubanos han permanecido presos desde el 11 de julio. Funcionarios del poder judicial de la isla han explicado que se les abrirá procesos por el cargo de desorden público. Dado que el estallido no se entiende como estallido sino como intento de golpe de Estado, otra línea de la investigación buscará establecer vínculos de esos jóvenes con grupos del exterior de la isla, especialmente de Miami, a los que el gobierno responsabiliza por las manifestaciones.

La criminalización de la protesta adquiere, así, su más completo esbozo. Manifestarse es criminal porque formaría parte de un acto de agresión foránea, contra el régimen político, y porque recurriría a delitos comunes contra el orden público. Tanto en gobiernos de izquierda como de derecha, en América Latina, hemos visto este tipo de criminalización. El sistema político cubano, que constantemente se legitima a partir de un discurso excepcionalista, no se aparta un milímetro del modus operandi regional cuando se trata de judicializar una protesta.

En Cuba existe, desde los años 90, un dispositivo jurídico de criminalización de la oposición política, como contrapartida de la enmienda Helms-Burton (1996) del Congreso de Estados Unidos, que reforzó el embargo comercial. La Ley de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, o Ley 88, de 1999, aprobada por el parlamento de la isla, establece una serie de figuras delictivas a partir del posible respaldo a las sanciones económicas de Estados Unidos contra Cuba en que puedan incurrir los ciudadanos al ejercer sus derechos de expresión, reunión o manifestación.

La ley está pensada en un rango de discrecionalidad interpretativa tan amplio que una crítica al sistema político de partido único o al desempeño de un gobernante puede ser asumida como suscripción a la Ley Helms-Burton. Comúnmente llamada «Ley Mordaza», este mecanismo jurídico fue utilizado en los procesos contra 75 opositores pacíficos en la denominada «Primavera Negra» de 2003. Aunque muchos de aquellos opositores, especialmente los afiliados al Movimiento Cristiano de Liberación y varios medios de prensa independientes, se oponían públicamente al embargo comercial de Estados Unidos, fueron juzgados y encarcelados como cómplices de esa política punitiva por ejercer la crítica al gobierno.

En los últimos meses, a raíz de las acciones del Movimiento San Isidro y el «27-N», el Estado cubano y los medios oficiales han rescatado la Ley 88 de 1999. Se ha dicho que algunos activistas de ambas organizaciones podrían ser procesados de acuerdo con esa norma jurídica. De por sí es irregular y arbitraria la existencia de una ley que está ahí, no para ser aplicada al pie de la letra, sino para ser utilizada como amenaza contra el ejercicio de las libertades públicas garantizadas y relativamente ampliadas en la última Constitución de 2019.

En los dos gobiernos latinoamericanos más unidos geopolíticamente a Cuba, el venezolano de Nicolás Maduro y el nicaragüense de Daniel Ortega, se han adoptado dispositivos jurídicos muy similares. Toda la ofensiva contra la oposición venezolana, desde 2019, ha seguido la misma premisa. Los arrestos de activistas, periodistas y líderes políticos en Nicaragua, en los últimos meses, se han basado en una ley que copia la letra y el espíritu de la cubana: Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz o Ley 1055 de 2020.

¿Estaría dispuesto el gobierno cubano a aplicar la Ley 88 de 1999 a cientos o miles de personas involucradas las manifestaciones del 11 y el 12 de julio? ¿Cómo avanzará ese gobierno en el procesamiento criminal y político de un grupo tan amplio de manifestantes? Cualquiera que sea la vía escogida, es evidente que de querer hacerlo, nada impediría a la máxima dirigencia cubana armar un caso de justicia masiva y proyectarlo, una vez más, sobre el conflicto bilateral con Estados Unidos.

Como en 2003, la justicia sería ejercida contra un grupo de cubanos que el gobierno ve como peones del imperialismo. Procesarlos como cómplices de la hostilidad de Washington permitiría focalizar el conflicto cubano, no en la acumulación de agravios internos (aumento de contagios de covid-19, desabastecimiento de medicinas y alimentos, cortes de electricidad, represión y privaciones de los jóvenes de menores recursos, como gran parte de los afrocubanos) que provocó el estallido, sino en las sanciones de Estados Unidos.

Esas sanciones, que deberían ser levantadas por su injusticia implícita, acaban siendo convertidas en la excusa perfecta para ejercer la represión en la isla. A todas las objeciones posibles al embargo comercial de Estados Unidos podría sumarse la de formar parte de la estructura jurídica del estado de excepción en Cuba. El embargo ya es un componente orgánico de la maquinaria represiva del Estado cubano y un argumento a favor de la criminalización de la protesta en la isla.

Publicado enInternacional
Lunes, 05 Julio 2021 05:44

Un abismo que se ensancha

Un abismo que se ensancha

Para el régimen en Nicaragua la mejor de las soluciones sería que las elecciones, que según la Constitución y las leyes deben realizarse en noviembre de este año, fueran nada más un trámite burocrático o, mejor que eso, que no existieran del todo. Que no existieran los partidos políticos de oposición ni tampoco los candidatos capaces de desafiar la cuarta reelección consecutiva de Daniel Ortega.

Esta es una antigua idea sacada del leninismo de manual acondicionado al trópico, donde, de todas maneras, el vicio de la relección es más viejo que la revolución de octubre. La supuesta escogencia, ya tan obsoleta, sigue siendo entre democracia burguesa o democracia proletaria, aunque, en fin de cuentas, no es sino otra más simple: poder temporal, con alternancia democrática, o poder para siempre a toda costa.

La democracia representativa sale sobrando en la simpleza de este credo, porque la existencia de varios partidos en competencia, reza el alegato ideológico, sólo provoca disensiones. Entonces, la panacea, por mucho que huela a naftalina, es el partido único.

Los viejos telones rotos enseñan el tinglado de trampas y artimañas donde estas elecciones van a representarse. Al Consejo Supremo Electoral sólo tocará calcular de antemano la cifra abrumadora de votos con que el candidato oficial a presidente y su esposa, candidata a vicepresidenta, ganarán las elecciones.

Hallarse a la cabeza de las encuestas de opinión vuelve indeseable a un aspirante a la candidatura presidencial en estas condiciones. Es lo que ha ocurrido con Cristiana Chamorro, hija del periodista Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por la anterior dictadura de Somoza en 1978, y de Violeta Barrios de Chamorro, quien ganó las elecciones de 1990.

Cristiana, quien presidió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, dedicada a promover la libertad de expresión, está siendo acusada del delito de lavado de dinero y sus cuentas bancarias han sido congeladas, han allanado su domicilio, la han dejado incomunicada, con la casa por cárcel, y le han quitado sus derechos políticos, inhibiéndola sin que exista ninguna sentencia judicial condenatoria para que no pueda ser candidata.

Dos funcionarios de la Fundación han sido llevados a la cárcel, porque una atrabiliaria ley faculta al Estado a detener por tres meses a personas sujetas a investigación penal, con lo que el derecho de habeas corpus, que es una garantía universal, queda anulado. Dos presos políticos más, que se suman a los cerca de cien que ya había antes.

Todos los periodistas que han recibido alguna vez respaldo económico de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, o becas, están siendo llamados a declarar a cuenta de un delito inexistente y también como una manera de amedrentarlos. Algunos de ellos han sido ya indiciados y no pueden salir del país.

La Fundación Luisa Mercado, que yo presido, y que realiza cada año el Festival Centroamérica Cuenta, ha firmado convenios con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro para organizar talleres y mesas sobre nuevo periodismo en el marco del festival, que tiene relieve internacional. Fui llamado a declarar ante la Fiscalía por este motivo, a pesar de que no hay nada oculto ni nada que no sea legal en esos convenios.

El pretexto de la acusación de lavado de dinero es que la Fundación Violeta Barrios de Chamorro recibió fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID) del gobierno de Estados Unidos.

Los organismos no gubernamentales de Nicaragua reciben recursos de gobiernos extranjeros y de agencias internacionales. Ya Ortega mandó aprobar una ley que obliga a quienes obtienen fondos de estas fuentes, a declararse agentes extranjeros, y con eso pierden sus derechos políticos. Pero no es la que se está aplicando en este caso.

Han buscado el nombre de un delito que evoque al crimen organizado, por absurdo que pueda ser. El lavado de dinero, de acuerdo con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sólo existe cuando se busca legitimar fondos "generados por actividades ilegales o criminales, por ejemplo, narcotráfico, contrabando de armas, corrupción, desfalco, extorsión, secuestro, piratería".

Ahora, otro aspirante presidencial, Arturo Cruz Sequeira, ha sido apresado en el aeropuerto al entrar al país procedente de Estados Unidos, acusado de violar la "Ley de Defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", por "incitar a la injerencia extranjera". Esta es una ley que castiga aún el acto de "aplaudir" la imposición de sanciones impuestas desde fuera contra el régimen o personas de la maquinaria oficial.

Estas son, pues, las elecciones que se avecinan en Nicaragua. Unas elecciones donde no habrá candidatos oponentes, más que aquellos cortados a la medida de la representación teatral, que tiene un guion inflexible. Una falsa campaña electoral, unas elecciones de resultados ya sabidos desde antes y con unos ganadores asegurados de antemano.

Todo esto lo que demuestra es que el estado de derecho dejó de existir en Nicaragua. Lo demás es ficción y remedo. Y mientras tanto, el abismo se ensancha a nuestros pies.

www.sergioramirez.com

Facebook: escritorsergioramirez

Twitter: sergioramirezm

Instagram: sergioramirezmercado

Publicado enInternacional
Sábado, 03 Julio 2021 05:40

El peligroso efecto Bukele

Nayib Bukele

Nayib Bukele era casi un desconocido en América Latina hasta hace dos años, cuando ganó las elecciones presidenciales en El Salvador con la audacia de los outsiders, dejando en la cuneta a los dos partidos tradicionales: la derechista ARENA y el izquierdista FMLN. A punto de cumplir 40 años, este antiguo publicista y ex director de una distribuidora de motocicletas, acapara hoy un poder casi absoluto. Ha desbaratado la Corte Suprema y su partido (Nuevas Ideas) controla cómodamente el Congreso. Sigue a rajatabla el manual del populista 3.0, con una presencia continua en las redes sociales y el látigo siempre a punto para atizar a la prensa crítica. Pese a su deriva autoritaria, su discurso anticorrupción le ha granjeado una altísima popularidad. Acaba de adoptar el bitcoin como moneda de pago en un país regado de pobres. Nada parece frenarlo. Pero, ¿quién es Bukele? ¿El azote de los corruptos o un encantador cibernético de serpientes?

Su carrera política ha sido meteórica. Primero fue regidor de un pequeño municipio. En 2015 llegó a la alcaldía de San Salvador de la mano del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Bukele quería volar alto y enseguida chocó con los dirigentes de la antigua guerrilla. Fue expulsado del partido en 2017 por discrepancias internas. A partir de entonces, perfilaría su propio proyecto político presentándose ante la sociedad como el hombre que acabaría con la corrupción y la inseguridad, los dos tumores malignos de El Salvador. No llegó a tiempo para presentarse a las elecciones de 2019 al frente de su propio partido y buscó la muleta de alguna plataforma política ya establecida. Sondeó a su izquierda, no tuvo suerte y entonces miró a su derecha. Es lo bueno de no tener principios.

Le debió de gustar el acrónimo del partido que finalmente utilizó como lanzadera electoral: GANA. La Gran Alianza por la Unidad Nacional era todo lo contrario a lo que su nombre sugería. Se trataba de un partido minoritario, una escisión de ARENA (Alianza Republicana Nacionalista), el partido fundado por Roberto d’Aubuisson, acusado de ser el autor intelectual del asesinato de monseñor Romero en 1980. Bukele no tuvo reparos en encabezar la lista de un partido, GANA, por el que había pasado el ex presidente Elías Antonio Saca (2004-2009), condenado por corrupción. Esa falta de escrúpulos, que tan bien define a los populismos de derecha, fue premiada en las urnas. Bukele obtuvo el 53% de los votos. Su estilo desenfadado y sus promesas de regeneración democrática cautivaron a los salvadoreños, hartos de una corrupción enquistada en las altas esferas del poder desde el fin de la guerra civil (1980-1992).

Una de las primeras muestras del estilo Bukele se escenificó en febrero de 2020, cuando el mandatario irrumpió en el Congreso escoltado por militares y policías armados para exigir la financiación de su plan de seguridad contra las pandillas del crimen organizado. Apeló a un artículo de la Constitución salvadoreña para llamar a la insurrección popular si los diputados de la oposición, que habían boicoteado la sesión con su ausencia, no acudían al Parlamento a votar su propuesta. Afuera, una multitud coreaba la consigna de su líder: "¡Insurrección, insurrección!".

Ese plan de seguridad había logrado reducir la alta tasa de homicidios en el país. El diario digital El Faro, referente del periodismo de investigación en Centroamérica, reveló en septiembre de 2020 que Bukele llevaba más de un año negociando con los líderes de la sanguinaria mara Salvatrucha (MS-13) sobre la reducción de homicidios y la concesión de beneficios penitenciarios. No era la primera vez que un gobierno se reunía en secreto con los pandilleros, responsables de cientos de muertes en El Salvador. En 2012 ya lo había intentado Mauricio Funes, del FMLN. Los asesinatos fueron a menos durante dos años pero cuando el proceso de negociaciones encalló, volvió la furia. En 2015 se batió el récord de homicidios. En cualquier caso, a Bukele no le hizo gracia la exclusiva periodística y anunció una investigación contra el diario por un supuesto caso de blanqueo de capitales.

El Faro no se arredra. Fue el primer medio digital fundado en América Latina. Sus reporteros han sufrido las amenazas de las poderosas pandillas y el acoso de las autoridades. A principios de junio desvelaron el "gobierno paralelo" de Bukele, un gabinete de asesores pertenecientes a la oposición venezolana que según la investigación, "sirven como enlace entre el clan familiar Bukele, el gobierno y el partido Nuevas Ideas".

Los escándalos no han quebrado la luna de miel que vive Bukele con gran parte de la ciudadanía. Con su gorra de visera calada hacia atrás, gafas oscuras y  vaqueros, se asemeja más a un rapero que a un líder político. Las redes sociales lo acercan a la generación millennial. Es para muchos el nuevo mesías centroamericano capaz de traer prosperidad y paz. Las elecciones legislativas celebradas en febrero certificaron esa feliz comunión. Nuevas Ideas obtuvo el 66% de los votos y junto a su socio GANA (5%) es dueño del Congreso con una mayoría cualificada (61 de los 84 diputados). ARENA (12%) y el FMLN (7%) son ahora residuales. Con ese abrumador respaldo legislativo, Bukele ha logrado destituir a cinco magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general del Estado bajo las acusaciones de fraude a la Constitución, intromisión en las funciones del Ejecutivo y falta de independencia.

Las críticas internacionales por las arbitrariedades de Bukele van in crescendo. Naciones Unidas, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Reporteros sin Fronteras… Pero el joven mandatario sigue a lo suyo. Acusa a la prensa de mentir, anuncia decretos por Twitter y toma decisiones controvertidas en un abrir y cerrar de ojos. Su última apuesta ha sido la aprobación de una ley para adoptar el bitcoin como moneda de curso legal en uno de los países más pobres de América Latina. Asegura que generará empleo y atraerá inversiones extranjeras, pero sus detractores le recuerdan la alta volatilidad de la criptomoneda y el riesgo de que El Salvador se convierta en un paraíso para el lavado de dinero.

Mientras la platea aplauda, el encantador de serpientes seguirá con su espectáculo. El fenómeno Bukele ha revolucionado el tablero político de El Salvador y su efecto podría irradiar a otros países de la región, en un momento en que la crisis derivada de la pandemia ha agudizado las desigualdades y ha alimentado el desapego hacia la clase política tradicional. Centroamérica no se merece más vendedores de motos.

Por César G. Calero 

03/07/2021  

Publicado enInternacional