Oficinas del Banco de Francia incendiadas durante la marcha contra la nueva ley de seguridad nacional en París.GEOFFROY VAN DER HASSELT / AFP : REUTERS

Decenas de miles de personas protestan contra los límites de filmar a policías y gendarmes en varias ciudades del país. En París, algunos grupos han provocado incidentes violentos

 

Más de 100.000 personas salieron este sábado en Francia a protestar contra la ley de Seguridad Global que promueve el Gobierno de Emmanuel Macron, especialmente por el controvertido artículo 24 que prevé limitar la difusión de imágenes de los agentes de las fuerzas del orden. La protesta más masiva tuvo lugar en París, donde algunos incidentes violentos provocados por grupúsculos de extrema izquierda ensombrecieron el final de una “marcha por las libertades” convocada por periodistas, políticos de la oposición y organizaciones de derechos humanos que, pese a todo, fue mayoritariamente pacífica.

egún el Ministerio del Interior, 133.000 personas se manifestaron en todo el país. Los organizadores cifraron la asistencia en medio millón de personas. Solo en París, marcharon al menos 46.000, de acuerdo con las cifras oficiales. Otras manifestaciones con fuerte participación fueron las de ciudades como Marsella, Montpellier, Rennes o Lille, una semana después de movilizaciones más minoritarias por el mismo motivo. La parisina fue la convocatoria más concurrida y, también, la que registró algunos episodios de violencia que provocaron que la policía disolviera el final de la manifestación con gases lacrimógenos y camiones de agua. Alrededor de medio centenar de personas fueron detenidas en la capital francesa por enfrentarse a los agentes e incendiar vehículos, mobiliario urbano y hasta algunos locales comerciales, entre ellos una oficina del Banco de Francia. El ministro del Interior y principal impulsor de la polémica norma, Gérald Darmanin, informó de que al menos 37 agentes habían resultado heridos, en una nueva muestra, dijo, de “violencia inaceptable contra las fuerzas del orden”.

Las condiciones para una protesta masiva estaban dadas. El sábado amaneció fresco, pero soleado y era, además, el primer día de “aligeramiento” del confinamiento nacional, con la reapertura de comercios y la extensión del permiso de salir tres horas y hasta a 20 kilómetros del domicilio. Pero sobre todo, hervía la indignación. Los franceses han vivido los últimos días una “consternación” compartida hasta por el propio Macron, tras una sucesión de casos de violencia policial destapados por grabaciones de cámaras que han dado más argumentos que nunca contra quienes afirman que la normativa aprobada esta misma semana en primera lectura en la Asamblea Nacional es “liberticida” y favorecerá la impunidad policial. Tras el desmantelamiento violento el lunes de un campamento de inmigrantes en la céntrica plaza de la República de París —punto de partida este sábado de la manifestación capitalina—, el jueves se conoció la brutal paliza que varios agentes propinaron a Michel Zecler, un productor musical negro. El incidente fue registrado por una cámara de seguridad y por vecinos. El artículo más controvertido de la ley es el 24, que prevé penas de hasta un año de prisión y 45.000 euros de multa por difundir imágenes de policías o gendarmes con la intención de dañarles.

“Francia es el país de los derechos humanos y es normal que se proteja a la policía, pero sobreprotegerla en detrimento de la población no puede ser. Esta ley es mala”, explicaba Alexandre, un veinteañero que participó en la protesta de París con un grupo interracial de amigos. “El problema del racismo siempre ha estado ahí, pero veo que cada vez hay más gente, no solo negros, que se dan cuenta de la situación, gente de todos los estratos sociales y edades”, comentaba a su lado Césaire, un joven negro que acaba de terminar sus estudios y está buscando su primer empleo.

“No es normal que tengamos miedo de la policía, hasta yo, que soy blanca y mujer lo tengo”, decía también Lucie Lafargie, una adolescente que se manifestó con sus dos hermanas y sus padres. “En democracia no hay nada más antidemocrático que impedir filmar. Con George Floyd vimos la importancia de grabar” a la policía, acotó su madre, Marie, quien dijo sentirse “asqueada” por las escenas de racismo policial que se han denunciado en el país en los últimos meses.

La Marcha por las Libertades había sido convocada por el comité Stop la Ley de Seguridad Global, compuesto de sindicatos, asociaciones de periodistas y organizaciones de derechos humanos, entre otros. “Sin imágenes difundidas por la sociedad civil, la violencia policial quedará impune. No queremos una sociedad donde el Estado puede ver con drones y cámaras peatonales sin ser visto”, señala su manifiesto.

El cortejo parisino discurrió desde la plaza de la República hasta la de la Bastilla, donde se registraron los principales incidentes. A la manifestación de la capital asistieron representantes de sindicatos y organizaciones periodísticas, como Reporteros Sin Fronteras, así como los responsables de los principales partidos de izquierda, desde el socialista Olivier Faure, que marchó junto con el líder de los ecologistas, Yannick Jadot, al líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon o el excandidato presidencial socialista Benoît Hamon. Faure denunció la “brecha creciente” entre la policía y una parte de la sociedad, en la que “el Gobierno tiene una fuerte responsabilidad”. “El artículo 24 de la Ley de Seguridad Global ha dado una señal de impunidad a los policías violentos”, lamentó, y reclamó la retirada de “todos los artículos liberticidas” de la polémica normativa. Mélenchon llamó a una “refundación de la policía (…) para reconstruir los vínculos de confianza con la sociedad”.

Tanto el artículo 24 como el resto de la norma han sufrido ya diversas modificaciones antes de su aprobación el lunes gracias a la mayoría macronista en la Asamblea Nacional. Las imágenes de la paliza al productor musical Zecler, difundidas el pasado jueves, han provocado sin embargo una fuerte tormenta en el seno del Gobierno, cuya respuesta, proponer una comisión independiente que vuelva a redactar el artículo 24 de la ley, no ha logrado calmar los ánimos del país, como demostraron las manifestaciones de este sábado. Además, ha provocado una crisis política que ha enfrentado al Ejecutivo incluso con sus diputados, muy dolidos, al igual que otros parlamentarios, por el “cortocircuito” que sienten supuso la propuesta de que una comisión no parlamentaria revise un texto legal que está siendo trabajado aún por el poder legislativo. Finalmente, el primer ministro, Jean Castex, tuvo que dar marcha atrás el viernes y asegurar que la comisión no reescribirá la ley, pese a lo cual el malestar político tampoco se ha disipado.

Por SILVIA AYUSO

París - 28 NOV 2020 - 17:22 COT

Publicado enInternacional
Domingo, 29 Noviembre 2020 06:36

Orwellianas

Manifestación contra el proyecto de ley de seguridad global, que busca limitar la posibilidad de filmar y fotografiar a agentes policiales, en Toulouse, ayer. AFP, LIONEL BONAVENTURE

EL CAPITALISMO DE VIGILANCIA Y LA DERIVA ILIBERAL EN OCCIDENTE

 

Uno de los «fenómenos típicos» que el escritor inglés había advertido en el escenario político de su tiempo es ya un elemento característico de nuestro propio siglo. Entre la oscuridad y el exceso de luz, las libertades más elementales se ven cada vez más asfixiadas por el hasta ahora irresistido crecimiento de fabulosos monopolios de la industria digital y la acción represiva de los Estados que protegen la fortaleza capitalista.

Para las condiciones en que se vive en Francia actualmente, con una segunda ola de covid-19 tanto o más arrasadora que la primera, fue mucha gente: entre 10 mil y 25 mil personas sólo en París. Y varios miles más en Marsella, Montpellier, Rouen, Le Havre y otras ciudades. Fue el sábado, y la manifestación estaba convocada por unas 60 organizaciones, entre ellas, Amnistía Internacional, la Liga de los Derechos Humanos y asociaciones de juristas y sindicatos, sobre todo de periodistas; también por grupos políticos de la oposición de izquierda y chalecos amarillos. Lo que reunía a toda esa gente era el rechazo de la Ley de Seguridad Global, impulsada por el gobierno de Emmanuel Macron, aprobada esa misma noche por el Parlamento. Una ley calificada de liberticida por los manifestantes y que se distingue de otras de similar tenor porque en uno de sus artículos, el 24, prohíbe tomar imágenes de los rostros de policías y los gendarmes durante las protestas callejeras, sobre todo, claro está, cuando están reprimiendo: repartiendo palazos, lanzando gases a altura de hombre o mujer, disparando unas balas de goma, otras llamadas LBD 40 o granadas GLI F4.

Desde hace bastante tiempo los métodos que utiliza la Policía francesa para reprimir manifestaciones no son demasiado distintos de los denunciados con profusión en los últimos tiempos en Estados Unidos. La aparición de los chalecos amarillos, hace justo dos años, llevó esa represión al paroxismo. De no haber sido por las imágenes (fotos, filmaciones) tomadas en esas manifestaciones no sólo por periodistas, sino también por participantes en las marchas y anónimos varios, poco se hubiera sabido acerca de la magnitud de la violencia policial, negada por el gobierno y algunos medios de comunicación. Y hubo en esas protestas centenares de heridos, muchos de ellos muy graves, que perdieron dedos, manos, ojos, por el tipo de armas empleadas y por la forma en que las utilizan los agentes. Poco se hubiera sabido, igualmente, de casos muy similares al del negro estadounidense George Floyd, asesinado meses atrás a manos de un policía blanco que se le sentó encima y lo ahogó, un método de «apaciguamiento de revoltosos» impartido en las escuelas de formación de policías franceses. (Tanto han enseñado los uniformados de aquel lado del Atlántico a sus pares del mundo desde sus épicas batallas coloniales en Argelia, en Indochina…)

La Ley de Seguridad Global es uno más de los dispositivos represivos adoptados últimamente en París en el contexto de la «amenaza terrorista», pero lo del artículo 24 ha sorprendido hasta a quienes niegan la deriva hacia el iliberalismo del gobierno de Macron. Lo que dispone esa norma es que cualquier persona que tome imágenes que puedan «afectar el bienestar físico o psicológico de un agente de Policía» durante manifestaciones callejeras, del tipo que sean, puede recibir una multa de 45 mil euros o una pena de un año de cárcel. En las discusiones parlamentarias, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, dijo que el texto excluía a los periodistas, siempre y cuando se acreditaran previamente en la propia Policía para cubrir tal o cual manifestación. Las sociedades de periodistas y las direcciones de medios (desde Le Monde hasta L’Humanité) respondieron que en esas condiciones no cubrirían manifestación alguna y argumentaron que ellos mismos se valían de imágenes captadas por freelancers, documentalistas o ciudadanos de a pie.

En la manifestación del sábado una reportera del programa televisivo Envoyé spécial, que aquí se puede ver subtitulado en TV5, lo ejemplificó. Se llama Élise y dijo: «Yo hice varias investigaciones sobre la violencia policial y ahora ya no podré hacerlas. La materia prima de estos reportajes son las imágenes tomadas por amateurs, porque es muy raro que un periodista pueda captarlas justo cuando desembarca con su cámara al hombro» (Mediapart, 21-XI-20). También el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas estimó que varias de las disposiciones de la Ley de Seguridad Global atentaban contra derechos fundamentales, en especial, contra la libertad de información (Le Huffpost, 16-XI-20).

No tuvo mejor salida el ministro Darmanin que retrucar todas estas críticas con un estilo muy LUC: «Tal vez la libertad de prensa pudiera estar bajo ataque, pero los policías y los gendarmes también» (Le Monde, 20-XI-20). Y respondió, evasiva tras evasiva, cuando se le cuestionó sobre la discrecionalidad dejada a los propios policías para evaluar cuándo se está afectando su «bienestar físico o psicológico». En la manifestación del sábado, abundaron también las referencias a las pesadillas orwellianas: «Big Macron is watching you», «2020 es el nuevo 1984». Y así. Al día siguiente, Jean-Luc Mélenchon, líder de Francia Insumisa, declaró: «La situación aquí en Francia está pasando de un modelo de régimen autoritario a uno de vigilancia generalizada».

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De George Orwell se han popularizado sobre todo las críticas al totalitarismo, convenientemente identificadas con los regímenes de tipo soviético. Se lo ha reducido casi que a 1984 y, en todo caso, a Rebelión en la granja. En enero se cumplieron 70 años de su muerte y la ocasión se prestó para que desde las tiendas más diversas se lo intentara recuperar, incluidos referentes mediáticos de la derecha liberal, como el diario francés Le Figaro. Pero Orwell fue, antes de todo, un socialista libertario que combatió en la guerra civil española junto con los milicianos del Partido Obrero de Unificación Marxista y en su país se identificó, hasta su muerte, con una organización ubicada a la izquierda del laborismo, el Independent Labour Party. Tanto como demolió el autoritarismo de la antigua URSS y sus émulos, fustigó el liberalismo económico: pulverizó el pensamiento de su contemporáneo Friedrich Hayek, maestro de las Margaret Thatcher, los Chicago boys y los Connie Hughes del planeta entero, y en libros como El camino a Wigan Pier, a partir de crónicas sobre la vida de los mineros del norte de Inglaterra (que compartió) y la evocación de sus años juveniles en la Birmania colonizada por los ingleses, donde ejerció como funcionario del imperio, comenzó a plasmar su idea de un socialismo que conjugara «justicia y libertad». «Sentía que tenía que romper no sólo con el imperialismo, sino con cualquier forma de dominio del hombre sobre el hombre», escribió en esa obra, publicada en 1936, antes de su experiencia española. Y también: «Quería hundirme para hallarme de verdad entre los oprimidos, ser uno de los suyos y pelear contra los tiranos».

De la democracia liberal, a pesar de su admiración por el «patriotismo» y el compromiso antinazi de Winston Churchill, no pensaba nada demasiado bueno. Edwy Plenel, director del portal francés Mediapart, recordó en un artículo publicado en marzo pasado que en su prefacio de 1945 de Rebelión en la granja, «que permaneció por mucho tiempo inédito, Orwell mencionaba como “uno de los fenómenos típicos” de su época “el debilitamiento general de la tradición liberal occidental”». Esa constatación, señaló Plenel, convocante a la marcha del sábado pasado en París, «vale también, y cómo, para nuestro siglo, un siglo en el que el liberalismo político ha sido derrotado por un liberalismo autoritario que impone la ley de hierro del dinero y las mercancías y ha logrado colocar el poder estatal al servicio de una pequeña minoría de privilegiados». El traductor y docente Philippe Jaworski, que estuvo al frente de la entrada de Orwell, en octubre, a la colección francesa de La Pléiade, lo describió en distintas entrevistas como un panfletario en el mejor sentido de la palabra, «el mayor del siglo XX en su país, heredero directo de los protestantes radicales de la revolución inglesa del siglo XVII, un denunciante de escándalos y tiranías». Lo movía la búsqueda de «la fraternidad» y «lo sublevaba la opresión, el abuso de autoridad –en las colonias, contra la clase obrera–, sin olvidar las mentiras del poder político y los medios de comunicación. Había en él un sentimiento de la precariedad de nuestra humana condición y lo inspiraba una suerte de ley moral que conminaba a la rebelión aunque se supiera que todo estaba ya perdido».

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¿Qué más perdida de antemano que una revuelta contra un ogro panóptico que todo lo controla y desde la opacidad más brutal? La pregunta se la planteó la semana pasada una manifestante parisina, que, a pesar de esa sensación, ahí estaba, «porque si no, para qué mierda vivir». En la concentración del sábado, los periodistas de Mediapart desfilaron bajo una pancarta que decía: «La democracia muere en la oscuridad», aludiendo a una frase que The Washington Post comenzó a inscribir en la portada de sus ediciones digitales y en papel desde 2017, con los primeros ataques de Donald Trump a la prensa «fake». Son coincidencias de eslóganes. No es que haya muchos vasos comunicantes entre el portal izquierdizante francés y el diario liberal estadounidense cercano a los demócratas. Por ejemplo: Mediapart ha tomado abiertamente partido por todos esos whistleblowers o «lanzadores de alertas» que han revelado documentación secreta de la maquinaria de guerra y dominación estadounidenses (los Julian Assange, los Edward Snowden, las Chelsea Manning), a los que The Washington Post utilizó en su momento, pero hasta ahí nomás: cuando la Casa Blanca, el Pentágono y otras agencias apretaron las clavijas, les soltó la mano (véase «La puñalada», Brecha, 23-X-20).

Shoshana Zuboff forma parte de quienes defienden a los lanzadores de alertas. Dice que ayudan a correr los velos que imponen los «vectores del capitalismo de vigilancia», a los que identifica con el ogro panóptico orwelliano: los GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft), esos gigantes digitales que mueven más dinero y tienen más poder que buena parte de los Estados del mundo. Zuboff es una investigadora que enseña en la muy liberal Harvard Business School y que, aunque no lo acuñó (la precedieron economistas marxistas), sí popularizó el concepto de capitalismo de vigilanciaLa era del capitalismo de vigilancia se titula en español su último y monumental libro, en el que expone cómo los GAFAM y afines han sido la vanguardia de un cambio de época, del pasaje del capitalismo industrial a un capitalismo digital, en el que la materia prima a explotar y extraer para convertir en mercancía ya no son la tierra, el subsuelo, los bosques, sino los propios seres humanos. «Nos han escaneado por completo, hasta el más ínfimo detalle, para incluso intentar cambiarnos la conducta», dice. Y también: «Pensábamos que usábamos a Google y las redes sociales, pero Google y esas redes nos usan a nosotros. Pensamos que sus servicios son gratis, pero esas compañías piensan que nosotros somos gratis. Pensamos que la web nos da acceso a todo tipo de conocimiento registrado, cuando, de hecho, esas empresas están extrayendo nuestra experiencia, convirtiendo nuestras vidas en datos y reclamando esas vidas como su conocimiento registrado. La mayor paradoja es que su retórica nos ha tratado de persuadir de que la privacidad es algo privado. Que decidimos cuánta información personal damos a Google o Amazon y podemos controlar ese intercambio. Pero el hecho real es que no es privada, es pública. Cada vez que doy a estas compañías algo de información personal, su interfaz les permite obtener tantos datos más de mi experiencia de los que no soy consciente. Hasta captar las microexpresiones de mi cara que predicen mis emociones y mi comportamiento, y así nutrir grandes sistemas de inteligencia artificial que son sistemas de conocimiento y poder desigual» (La Vanguardia, 10-X-20).

Zuboff apunta que esta nueva forma de depredación comenzó a ser desarrollada por Google en 2001, cuando tras el 11 de setiembre saltaron, en Estados Unidos primero y en buena parte de Europa después, todas las barreras de contención. «A las compañías de Internet ya conocidas por su asalto a la privacidad se las dejó que se desarrollaran de manera que invadieran nuestra privacidad porque las agencias de inteligencia en Estados Unidos y Europa, que no pueden recolectar esos datos, los obtendrían de ellas. Así, el capitalismo de vigilancia ha tenido 20 años para desarrollarse sin ninguna ley que lo impida y se ha hecho tan peligroso para la gente, la sociedad y la democracia», añade. China no les ha ido en zaga a las potencias occidentales. Por su propia vía, no les ha ido en zaga. Más bien que no.

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En octubre, una subcomisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos acusó a Google, Amazon, Facebook y Apple (GAFA) –Microsoft no figura– de monopolio. Las denunció por cobrar comisiones de usura, imponer condiciones oprobiosas y extraer datos de millones de personas sin control ni permiso alguno. Casi un año y medio le llevó a la subcomisión consultar más de 1 millón de documentos, mantener audiencias con decenas de competidores de los GAFA y armar el rompecabezas de la manera de operar de estas empresas, que ocultan en algoritmos. Las cuatro grandes transnacionales, dice el informe, «se han transformado en un tipo de monopolio que se vio por última vez en la era de los barones del petróleo y los magnates del ferrocarril» y que afecta «la diversidad de las fuentes de información y la libertad de prensa, la innovación y la privacidad»: «Controlan el mercado al mismo tiempo que compiten en él, una posición que les permite escribir unas reglas de juego para los demás mientras ellos juegan con otras o llevar adelante su propia cuasi regulación privada, que no puede ser controlada por nadie, excepto por ellos mismos». Según se consigna, su valor bursátil acumulado supera los 5 billones de dólares, algo menos de un tercio del producto bruto interno de toda la Unión Europea, y ha crecido a medida que la pandemia de covid-19 ha avanzado.

El informe fue aprobado sólo por los demócratas, pero no es para nada seguro que el gobierno de Joe Biden siga las recomendaciones de la subcomisión, que propone dividir a los GAFA en distintas unidades. Tanto al presidente electo como a su vice, Kamala Harris, se les conoce por sus vínculos con las grandes empresas tecnológicas de Silicon Valley (véase «Una fórmula repetida», Brecha, 21-VIII-20).

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Zuboff no es precisamente anticapitalista y cree que con controles, leyes y regulaciones se puede moralizar el funcionamiento del sistema en general y de estas empresas en especial, que se sienten más impunes que cualquier otra en cualquier otra época. «Los capitalistas de vigilancia son ricos y poderosos, pero tienen un talón de Aquiles: tienen miedo de la ley, temen a legisladores que no están confundidos ni intimidados y, en último término, les tienen miedo a ustedes», dijo ante un auditorio, en noviembre del año pasado, en Berlín (El Diario, 8-XI-19). «Tienen miedo a ciudadanos que estén listos a pedir un futuro digital que podamos llamar nuestra casa», añadió. Los lanzadores de alertas son otro de sus cucos, dijo también.

Franco «Bifo» Berardi es un septuagenario filósofo italiano que no para de reflexionar, desde hace décadas, sobre la evolución continua, y cada vez más acelerada, del capitalismo hacia el horror más absoluto y sobre cómo salir de un sistema cuyo colapso se está llevando consigo al conjunto de la humanidad. Fue también, y sigue siendo, un agitador social, un animador de medios (publicaciones, radios y televisiones asociativas) y, en cierta manera, un militante político. Su último libro, publicado en setiembre en Buenos Aires como El umbral, lo escribió desde el encierro pandémico combinando «crónicas y meditaciones» (tal su subtítulo). Hace unos años Berardi era más optimista sobre la eficacia de la «acción subversiva cuando se desarrolla en la esfera digital, cuando se infiltra en el interior de la dimensión algorítmica del capitalismo». No se hacía ilusiones con que eso bastara: sin una combinación con una «dimensión física, territorial», la rebelión desde las redes era claramente insuficiente, pero pensaba que «las acciones más exitosas en términos de sabotaje del dominio imperial han sido acciones como las de Assange y Snowden, que se desarrollan en la dimensión digital» (entrevista con Amador Fernández Savater, El Diario, 31-X-14). Hoy lo cree menos.

Lo particularmente repugnante de la persecución de Assange y Wikileaks, además de su encarnizamiento y «la violación de las reglas fundamentales de la ética de la información», es su profunda hipocresía, dice Bifo (Comune-info, 15-IV-19). «La acción de Wikileaks, irreprochable desde el punto de vista periodístico, se inspiró en el principio de transparencia. Revelar el secreto, hacer transparente la acción del poder político y militar, es el fundamento de la democracia liberal. Pero con la democracia liberal muerta esa base se está desmoronando», agrega.

El filósofo italiano está igual de convencido que el hacker australiano de que el mundo está volviendo a caer en una época de profunda oscuridad, pero esta vez «por exceso de luz». «La vieja edad oscura, que los europeos llaman Edad Media, fue un efecto de la extrema rarefacción de las interacciones sociales: el reino del silencio. La oscuridad de nuestro tiempo es, en cambio, el efecto de la proliferación ilimitada de fuentes de información y de los flujos de infoestimulantes, de la chispa cegadora de innumerables pantallas», escribe. Revelar secretos, «sacarlos a luz», será más insuficiente que nunca para reducir los daños del sistema, dice. Y en El umbral (el colapso está a la vuelta de la esquina), escribe que en los pliegues del desastre está despuntando una revolución de un tipo desconocido, sólo posible, claro, si el capitalismo no acaba antes con la civilización humana

Por Daniel Gatti

27 noviembre, 2020

Publicado enSociedad
Sábado, 14 Noviembre 2020 06:06

«En Nicaragua el control es asfixiante»

Monica batodano./ Afp, Miguel Alvarez

Con la líder sandinista disidente Mónica Baltodano

 

En los últimos meses, el gobierno nicaragüense ha endurecido su política de represión de los movimientos sociales y de ataque a las libertades democráticas en busca de evitar un levantamiento como el de 2018. En esta entrevista, la ex comandante guerrillera sostiene que la actual crisis pandémica ha hecho la situación insostenible para las clases populares y que, a pesar de la retórica antimperialista del presidente, el régimen sigue políticas económicas y migratorias diseñadas en Estados Unidos.

Mónica Baltodano, comandante guerrillera durante la revolución sandinista y ministra de Asuntos Regionales en los primeros gobiernos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), rompió con Daniel Ortega en 1998 a raíz de los pactos que el actual presidente nicaragüense fraguó con el derechista Arnoldo Alemán. Desde su actual lugar de militancia, la Articulación de Movimientos Sociales, Baltodano denuncia la tenaz represión del régimen orteguista y teme que las elecciones de noviembre de 2021 no hagan más que legitimarlo.

—¿Cómo describirías la situación que vive en estos momentos Nicaragua?

—Desesperante. La pandemia vino a profundizar la crisis económica derivada de la crisis política y social que se abrió con la sublevación de abril de 2018. Después de dos años de decrecimiento y en camino al tercero, con cierres de centros de trabajo y migración forzada de más de 100 mil nicaragüenses, la pandemia ha profundizado la pobreza general del país. Un callejón sin salida para las grandes mayorías.

A la par, el Estado y todas sus instituciones mantienen un férreo control sobre el pueblo, a través de represión directa –capturas, criminalización de la protesta bajo cargos falsos, asedio y vigilancia permanente sobre los luchadores y la oposición– e indirecta, recurriendo a todas las armas en su poder, como el uso del fisco contra cientos de opositores. El ejemplo más patético es el reciente embargo por deuda fiscal del Canal 12, uno de los tres canales de televisión abierta independientes que quedaban en el país.

En las últimas semanas el control ha sido asfixiante. [Los agentes del régimen] entran a las casas encubiertos como delincuentes y se llevan celulares, computadoras. Dejan rótulos con amenazas, como hicieron con la dirigente feminista María Teresa Blandón. Hay patrullas que siguen durante todo el día a los elementos más visibles de las organizaciones opositoras y decenas de policías rodean las actividades bajo techo, como han hecho recientemente con la Asociación de Madres de Abril, que agrupa a familiares de asesinados por la represión, o con la Asociación María Elena Cuadra, que trabaja con mujeres de las maquilas y cuyo local fue rodeado durante cinco horas. También se usa a grupos paramilitares para rodear las reuniones, arrojar piedras a los participantes y pinchar las llantas de sus vehículos. Ya ha habido heridos graves, como ocurrió a comienzos de octubre con la periodista Verónica Chávez, quien quedó inconsciente y en cuidados intensivos tras recibir una pedrada en la cara.

—Por lo que puede verse, el régimen busca la forma de perpetuarse combinando la represión con una legislación más estricta contra el movimiento popular. ¿Qué medidas concretas ha tomado en ese sentido?

—Tiene tres proyectos de ley: el de regulación de agentes extranjeros, que califica como tal a toda organización o ciudadano que reciba fondos del extranjero. Obliga a las personas naturales que lo hagan a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación y le da al gobierno facultades omnímodas para intervenir las actividades personales o de las asociaciones, con la discrecionalidad que le permite el control absoluto del Poder Judicial. Establece además que un «agente externo» no puede participar en política, con lo que se busca intervenir en las candidaturas electorales. Otro proyecto es el de cadena perpetua para los crímenes de odio, definidos de un modo genérico, que permite aplicarla a los disidentes políticos. Un tercer proyecto, ya a punto de ser aprobado, es el de ciberdelitos, que la gente ha bautizado como «ley mordaza». Se busca intervenir en las redes sociales e investigar y enjuiciar a los opositores que se expresan por estos medios.

—El régimen se encamina hacia elecciones generales, pero cuenta con la simpatía de sectores económicos y políticos. ¿Podrías detallar un poco estos apoyos?

—Las elecciones se deberían realizar en noviembre de 2021, pero la dictadura no da ninguna señal de cambiar nada. Dado que tiene el control de todos los poderes del Estado, no hay intersticios institucionales a los que recurrir.

Hay sectores del gran capital, principalmente ligados a los bancos y a las inversiones energéticas, que tienen temor a perder todos los privilegios que consiguieron con Ortega. Por eso todavía cabildean para que no se endurezcan las presiones internacionales y se produzcan situaciones que no puedan controlar. Pero lo hacen con mucha discreción para no sufrir más descrédito entre la ciudadanía.

Además, Ortega conserva vínculos con algunos personeros de la Iglesia Católica y con numerosas iglesias evangélicas. Por supuesto, cuenta con el control férreo sobre el núcleo duro del FSLN, que ronda un 20 por ciento del electorado. Pero su apoyo principal descansa hoy en las armas, la Policía, el ejército y las fuerzas paraestatales.

—¿Cómo es la situación de la protesta social? La dificultad para seguir en las calles es evidente.

—Los grupos organizados han desplegado diversas formas de resistencia, que con la pandemia se han debilitado, como los piquetes de agitación sorpresivos en centros comerciales, esquinas y otros lugares públicos. Esos piquetes son inmediatamente rodeados por policías, por eso deben realizarse cerca de un lugar donde la gente pueda refugiarse. Se hacen pintadas, se pegan papeletas de forma clandestina, en la oscuridad de la noche. Se usan profusamente las redes sociales, con «tuitazos» o conciertos virtuales. Se elevan globos con mensajes escritos y los colores de la resistencia: azul y blanco. Pero incluso esas actividades son sometidas a represión. Hace unas semanas hubo una redada contra 40 activistas después de que amanecieron papeletas pegadas con la imagen de Ortega y el lema: «Se va». De todos modos, lo más relevante de la resistencia son los esfuerzos que se hacen para ampliar la capacidad organizativa de la gente.

—La comunidad internacional presiona contra la represión, pero eso no parece surtir efectos prácticos. ¿Cuáles serían los soportes internacionales del régimen?

—Desde que se instaló [en 2019] la segunda fase del diálogo entre el gobierno y la oposición, que duró apenas unas semanas, es obvio que Estados Unidos apuesta a lo que llamamos «aterrizaje suave». Para ellos eso significa llegar a las elecciones de 2021 a cualquier precio. La propuesta de la gente, sin embargo, era «¡que se vayan!»: que las autoridades renuncien y se forme un gobierno de transición que prepare nuevas elecciones. Para algunos de nosotros es un suicidio ir a elecciones con Ortega controlando todo.

Así como Ortega despliega eventualmente una retórica antimperialista, el gobierno de Estados Unidos se ha ido en pura retórica antiorteguista. Es cierto que hay sanciones personales a 24 allegados al régimen, incluida la vicepresidenta y tres hijos de la pareja, pero los efectos reales son dudosos. En la práctica, Ortega sigue las mismas políticas del Consenso de Washington y la doctrina de seguridad y migración que favorece a Estados Unidos, pero es obvio que ahora no le garantiza al imperio, ni en Nicaragua ni en la región, la misma estabilidad que antes de 2018.

A nivel internacional, Ortega recibe aún el apoyo de algunos Estados, como Cuba, Venezuela, Rusia e Irán y de algunos partidos comunistas, pero ha perdido terreno. Si nos atenemos a la votación de la última resolución sobre Nicaragua del Parlamento Europeo, que exhorta a no aprobar las leyes represivas de las que hablaba anteriormente, Ortega también tiene el respaldo de algunas fuerzas de la ultraderecha fascista.1

—Desde la distancia da la impresión de que Venezuela se ha erigido en ejemplo: los que mandan resisten al pueblo apoyados en la fuerza militar y policial y en una base reducida pero muy fiel.

—Así es. Es sorprendente cómo el régimen de Ortega copia medidas que han aplicado en Venezuela y viceversa. Comparten un modelo común de sobrevivencia en el poder a cualquier precio. Pero aquí no hay petróleo.

—¿Cómo ves el futuro inmediato?

—El aplastamiento de la sublevación popular invirtió el orden de prioridad nacional. Para el gran capital, salvar la economía es lo principal. La democracia y los derechos humanos pueden esperar. Los más de 100 presos políticos y los exiliados también pueden esperar, mientras el país vive de facto bajo estado de sitio, con todas las garantías y derechos conculcados, lo que hace enormemente compleja la recuperación de las calles como escenario político.

La dictadura, pues, coincide con el gran capital en una «salida realista»: la realización de elecciones en noviembre de 2021, como sea. Aunque se hagan bajo las mismas reglas de juego imperantes ahora. Ortega juega con el tiempo y busca reformas cosméticas para quedarse, sino con el Ejecutivo, al menos con una fuerza suficiente en el parlamento y con sus incondicionales en el ejército, la Policía y demás poderes del Estado. Este sería el escenario más nefasto.

Un segundo escenario sería lograr la libertad para todos los presos políticos y, con el pueblo en las calles y con las organizaciones populares como actores, conseguir que se den elecciones, pero tras reformas electorales profundas. Conseguir, por ejemplo, nuevas autoridades en el Consejo Supremo Electoral y en todo el aparato institucional, la depuración del padrón electoral, la posibilidad de construir coaliciones independientes no sometidas a los partidos legales y la vigilancia internacional del proceso.

Un tercer escenario posible es que los sectores más reaccionarios de Estados Unidos logren unir a la derecha oligárquica clásica, banqueros, importadores, terratenientes, políticos pactistas (que hasta 2018 eran aliados de Ortega), con elementos de las fuerzas armadas y apuesten a una acción de fuerza o a un relevo político concertado vía elecciones.

Otra posibilidad es la de una nueva sublevación: que las extremas restricciones que vivimos abonen la conciencia para una sublevación que saque a Ortega del poder y se creen espacios para una transición democrática. El régimen sabe que esto puede ocurrir, por eso mantiene sus planes represivos a pleno vapor. Este escenario supone colocar la agenda social por encima de la politiquería, construir coaliciones que giren en torno a las necesidades más sentidas del pueblo y centrarse en la organización de la resistencia para mantener desde la calle las reivindicaciones de las y los luchadores insurrectos y de los héroes asesinados desde abril.

La dictadura no da espacio ni respiro, vivimos bajo un régimen del terror, pero el pueblo ha logrado ya una victoria estratégica que será clave frente a cualquier escenario. Hemos logrado sobrevivir, resistir. Estamos de pie ante la política del miedo y el terror. Cada día que nos organizamos y resistimos somos más fuertes y estamos más cerca del fin de la dictadura.

Por Raúl Zibechi
13 noviembre, 2020

  1. La resolución del Parlamento Europeo del 8 de octubre tuvo 694 votos a favor, 64 abstenciones y 21 votos en contra. De estos últimos, ocho provinieron de la ultraderecha, uno de un nacionalista conservador, diez del GUE (izquierda europea) y dos del Partido Comunista griego.
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Jill Lepore, en Cambridge, Estados Unidos

La historiadora y profesora de la Universidad de Harvard acaba de publicar el libro 'If Then' sobre la primera empresa que revolucionó el mundo de los datos electorales para las campañas y los medios en Estados Unidos

 

Las clases que da en la Universidad de Harvard la historiadora Jill Lepore son una de las experiencias más vivas e intensas del campus. La disección de la democracia de Estados Unidos, la historia del Derecho y la investigación de las pequeñas historias dentro del arco político y social de varios siglos ayudan a comprender tanto los detalles de la vida y las ideas de 1700 como el estado actual del país.

Lepore da clases, publica libros con un ritmo admirable -nueve en los últimos 10 años- y es colaboradora permanente del New Yorker. Uno de sus secretos es que no tiene cuentas en redes sociales y dedica todo su tiempo laboral a enseñar, investigar y escribir. En 2018 publicó These Truths, un repaso de la democracia de Estados Unidos desde su fundación hasta la elección de Trump con el hilo conductor de las verdades, las mentiras y los mitos construidos a lo largo de la historia. 

Ahora acaba de publicar If Then, sobre la empresa de datos "que inventó el futuro". Una compañía llamada Simulmatics y fundada en 1959 empezó a venderles a los políticos y a los medios lo que llamaban "The People Machine" ("La máquina del pueblo"), para introducir datos sobre los votantes o consumidores y predecir su comportamiento. Se atribuyeron parte del mérito de la victoria de John F. Kennedy en 1960 y llegaron a abrir oficina en Saigón para asesorar sobre los pasos adecuados en la guerra de Vietnam. Para Lepore, es el precedente de las plataformas que hoy dominan nuestros datos y nuestras vidas. 

¿Por qué quería contar ahora la historia de Simulmatics?

Me topé con la historia en los archivos y me pareció relevante para lo que está pasando hoy. 

La empresa no acabó bien. ¿Puede ser un aviso a navegantes para la actualidad?

No creo que se pueda extraer una lección de la historia de esta empresa. Fracasó por todo tipo de razones que son bastante específicas de la década de los 60: no tenían suficientes datos para hacer el tipo de modelo que querían; el coste del tiempo de computación era entonces prohibitivamente alto. 

En el libro subraya en particular lo mal que se portaban estos hombres con sus parejas. ¿Por qué?

Históricamente, mucho de lo que se escribe sobre la innovación disruptiva tiene un tono celebratorio y triunfalista, alimentado por la utopía tecnológica. Mucho de ello es para autojustificarse. Yo escribo sobre este mundo desde fuera. Muchos de los supuestos que aceptamos sobre el mundo, sobre el comportamiento humano, me llaman la atención como profundamente misóginos. No tenía previsto estudiar a fondo los asuntos domésticos de estos hombres, pero no hacía más que encontrarme con evidencias de esto y pensé que era importante contarlo. 

Escribe sobre cómo periódicos y televisiones abrazaron la tecnología para predecir resultados y categorizar votantes (me encantó la historia de las luces que proyectaba el 'New York Times' hasta los años 50 para anunciar los resultados). Algunos expertos sugieren ahora que las predicciones electorales ayudaron a Trump en 2016. ¿La obsesión por las encuestas y las predicciones dañó el proceso democrático?

Es una pregunta muy interesante. Y a mí también me encantaron las luces del Times. Esta obsesión data de un pasado bastante distante. Lo que fue raro sobre 2016 es cuánta gente pareció creer en encuestas que se estaban convirtiendo en cada vez menos fiables, como escribí en 2015. 

¿Hasta qué punto cree que Trump es el resultado de esa era de automatización y polarización que describe en el libro?

Oh, creo que Trump es sobre todo el resultado del sufrimiento económico que pasa la gente que votó por él.

Más allá de si pierde o gana, ¿es Trump un accidente o un síntoma del estado del país?

Ésta es una gran, gran pregunta, pero creo que la respuesta es diferente si pierde. Si pierde, será visto como una aberración. Si gana, será visto como la nueva dirección en la que está ahora el país. 

¿Su presidencia es el principio o el final de un ciclo para la democracia de Estados Unidos?

La mayoría de lo que consideramos el "Trumpismo" en realidad precede a Trump. A él le encanta la atención, quiere que todo sea sobre él, pero, al final, no es así. Quienes creen que lo que Trump representa terminará cuando él ya no sea presidente simplemente se equivocan, por desgracia. 

¿Ya está trabajando en su nuevo libro?

Oh, no. Ahora estoy haciendo una pausa. Como historiadora, necesito encontrarle el sentido a estos últimos cuatro años, tal vez para un nuevo capítulo de mi libro These Truths. Pero, por lo demás, estoy sólo leyendo, leyendo y leyendo. 

30 de octubre de 2020 22:13h

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Slavoj Zizek: "El covid-19 provocó el temor al ascenso de China como superpotencia, pero la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir a Pekín"

Según el filósofo, el 'establishment' de todo el mundo es "consciente de las radicales consecuencias sociales" de la pandemia, por lo que en algunos países se introducen estrategias que, en principio, podrían interpretarse como "fascistas".

 

La crisis del coronavirus ha suscitado temor al comunismo y al ascenso de China como superpotencia, pero la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir a esa nación asiática, declaró este miércoles el filósofo cultural Slavoj Zizek en un artículo de opinión para RT.

A su parecer, el 'establishment' de todo el mundo es "consciente de las radicales consecuencias sociales" de la pandemia, por lo que en algunos países se están introduciendo estrategias y pensamientos que, en principio, podrían interpretarse como "fascistas".

El filósofo cita como ejemplo la decisión recientemente adoptada por las autoridades británicas de ordenar a las escuelas que no utilicen recursos de organizaciones que "han expresado su deseo de acabar con el capitalismo". Una guía del Departamento británico de Educación clasificó el 'anticapitalismo' como una "posición política extrema" y lo equiparó con la "oposición a la libertad de expresión, el antisemitismo y el respaldo a actividades ilegales".

De acuerdo con Zizek, esta medida representa una "reacción de pánico al comunismo", ya que las autoridades temen que la pandemia, el calentamiento global y otras crisis sociales puedan brindar una oportunidad para que China se afirme como la "única superpotencia que queda". No obstante, afirma que la mejor forma de prevenir el comunismo es seguir al gigante asiático, puesto que la amenaza a las democracias liberales es hoy interna y se debe a la "mezcla explosiva de crisis que acosan" a las sociedades.

"La pandemia en curso empujó a nuestras sociedades en dirección a lo que asociamos con el comunismo", señaló el filósofo, argumentando su postura de la manera siguiente: 

  • Las autoridades toman decisiones que "claramente" violan las leyes del mercado, como que el Estado intervenga directamente en la industria, distribuyendo "miles de millones" para prevenir el hambre o para medidas de salud
  • Los Estados no solo se ven obligados a promulgar nuevos modos de control y regulación social, sino que incluso solicitan a las personas que denuncien a aquellos familiares y vecinos que oculten su infección a las autoridades
  • Se acepta comúnmente que la eventual vacuna debe ser accesible para todos, y que ninguna parte de la población mundial debe ser sacrificada al virus
  • Se proclama confianza en las personas, ya que se sabe que la mayoría de las medidas contra la pandemia solo funcionan si la gente sigue las recomendaciones
  • Se acepta la socialización parcial de la economía impuesta por la pandemia.

Muchos gobiernos, como el británico, actúan de manera preventiva para tratar de "sofocar" radicales consecuencias sociales antes de que adquieran una forma política completa, opina Zizek. 

"Lo que estamos obteniendo hoy, no solo en China, es la combinación de Estados autoritarios fuertes con dinámicas capitalistas salvajes. La forma más eficiente de capitalismo es actualmente lo que Henry Farrell llamó 'autoritarismo en red': si un Estado espía lo suficientemente a la gente y permite que los sistemas de aprendizaje automático incorporen su comportamiento y respondan a él, es posible satisfacer las necesidades de todos mejor que en una democracia", señala el filósofo.

Al final, Zizek llega a dos conclusiones, una a corto plazo y otra a largo plazo. La primera es que la tarea de la izquierda radical es ahora, como señaló la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, salvar a nuestra democracia "burguesa", cuando el centro liberal es demasiado débil e indeciso para hacerlo.

Por su parte, la segunda conclusión "debería ser nuestra respuesta al 'establishment' obsesionado por los escenarios apocalípticos". "Sí, su viejo mundo está llegando a su fin, pero las opciones que vislumbran no son las únicas: otro fin del mundo es posible", concluyó Zizek.

Publicado: 8 oct 2020 01:39 GMT

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Cientos de periodistas de America Latina pidieron la intervención de la OEA ante los ataques de Nayib Bukele a la prensa

Con la Fundación Gabo como articuladora, se envió una carta a Edison Lanza en la que solicitan un “monitoreo” al presidente salvadoreño. El mandatario usó la cadena nacional para apuntar contra el periódico digital ‘El Faro’, entre otros medios

 

La Fundación Gabo, periodistas y artistas iberoamericanos, entre ellos Rubén Blades y Diego Luna, pidieron este martes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una “actuación urgente” por el “ataque” del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra el periódico digital El Faro.

En una carta dirigida al relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, los firmantes solicitaron al organismo internacional que “monitoree de manera especial y con extrema urgencia la situación en El Salvador al más breve plazo”.

Igualmente lo instaron a que “exprese cuanto antes de manera pública su opinión calificada sobre los graves hechos acá reseñados, a la luz de los estándares interamericanos de libertad de expresión”, así como que “anuncie pública y formalmente que la relatoría estará observando detenidamente las condiciones de la prensa en El Salvador”.

La carta fue suscrita por periodistas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, EEUU, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Paraguay, Portugal, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

La Fundación Gabo hizo la función de articuladora en esta petición a la CIDH porque El Faro “es uno de los medios de mayor prestigio en el continente”, al que en 2016 le otorgó el Premio de Excelencia.

El caso de El Faro

El presidente salvadoreño dijo la semana pasada durante una intervención en cadena nacional de radio y televisión que el Ministerio de Hacienda supuestamente investiga a El Faro por “lavado de dinero”.

Un día después, El Faro publicó que “Hacienda está actualmente auditando la contabilidad de este periódico en los ejercicios 2014, 2016, 2017 y 2018”, pero que no le ha notificado a sus representantes que enfrentan dicha investigación.

Bukele también acusó a otros medios salvadoreños de mentir y atacar a su Gobierno, entre ellos a los diarios La Prensa Gráfica, el Diario de Hoy y El Mundo, y a los portales Factum y Gato Encerrado.

Al respecto, los firmantes señalaron que es de “suma gravedad” que Bukele “utilice una cadena nacional para anunciar una investigación contra un medio de prensa, siendo que aún no han terminado las auditorías y ni el Ministerio de Hacienda ni la Fiscalía han notificado al periódico irregularidad alguna en su contabilidad ni la existencia de una investigación por estos delitos”.

Denuncias incómodas

“Todos los hechos aquí descritos constituyen un atentado a la libertad de prensa y solo pueden tener por objeto deslegitimar y silenciar la labor periodística de El Faro, que ha sido particularmente incómoda para el Gobierno salvadoreño por sus investigaciones sobre corrupción y sobre las negociaciones de la Administración Bukele con grupos ilegales”, agregaron.

Esto en referencia a una publicación en la que El Faro señala que el Gobierno de Bukele mantiene negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para sostener una baja en las cifras de homicidios y obtener votos para el partido Nuevas Ideas, dirigido por un familiar del presidente.

El mandatario negó en la referida cadena de medios, que se extendió por unas dos horas, que existan dichas negociaciones.

“En apenas un año en el poder, Nayib Bukele ha mostrado una tendencia autoritaria que se expresa en su toma del Congreso con militares el pasado febrero, sus constantes desacatos a sentencias judiciales, su intolerancia a cualquier voz crítica y su ataque sistemático al periodismo independiente que hacen medios como El Faro”, añaden los firmantes.

Por otra parte, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció este martes “el grave deterioro” de la libertad de prensa en El Salvador debido a las amenazas, intimidación, campañas de descrédito y acoso fiscal contra medios, periodistas y opositores críticos que lleva a cabo el Gobierno.

30 de Septiembre de 2020

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Manifestantes ayer en Louisville, Kentucky, luego de que la justicia declinó imponer cargos criminales a los policías blancos involucrados en la muerte de la afroestadunidense Breonna Taylor. El presidente Donald Trump fue abucheado en la Corte Suprema, al asistir a un homenaje a la fallecida jueza Ruth Bader Ginsburg. Foto Afp

Nueva York., Donald Trump ha puesto en duda el principio básico del sistema político-electoral de Estados Unidos, y nadie sabe qué hacer.

Veinticuatro horas después de que el presidente rehusó comprometerse a una transición pacífica del poder –"tendremos que ver qué sucede", respondió–, y luego de que durante varios días ha dicho que no reconocerá los resultados de los comicios si no le son favorables, y de que ha hecho explícito que desea instalar un nuevo juez en las Suprema Corte antes de las votaciones ya que pronosticó que la disputa electoral se resolverá a su favor ahí, el debate en este país ha entrado a territorio desconocido sin mapa ni brújula.

El liderazgo republicano de inmediato aseguró que sí habrá transición pacífica, creen, sin mencionar el nombre del presidente, mientras otros trataron de descalificar la respuesta al considerarla otro exabrupto sin sentido ni intención del presidente. Demócratas y otros opositores de Trump continuaron advirtiendo que se trata de maniobras para descarrilar no sólo las elecciones, sino los procesos democráticos de esta república.

El líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se vio obligado a tuitear que "habrá una transición ordenada igual que ha sucedido cada cuatro años desde 1792". El senador republicano Dan Sullivan declaró: "por supuesto, vamos a tener una transición pacífica del poder. Somos Estados Unidos de América. No somos una república bananera", reportó el New York Times. Por lo menos otros ocho senadores republicanos buscaron asegurar al público que la transición se realizará, aunque algunos usaron palabras como "pienso" y "espero" que sea así, sin garantizarlo.

Kayleigh McEnany, vocera de la Casa Blanca, aseguró que Trump aceptará los resultados de "una elección libre e imparcial", al responder a preguntas sobre lo declarado por el presidente el pasado miércoles.

Pero Trump no se quedó callado ayer y minó todo este esfuerzo para calmar la controversia y una vez más cuestionó la integridad del proceso electoral, sin ninguna evidencia, y declaró: "queremos asegurar que la elección sea honesta, y no estoy seguro de que pueda serlo", en referencia a su insistencia en que el voto por correo será motivo de un megafraude electoral. El fraude por esta vía es casi inexistente en el país.

Entre las respuestas a las declaraciones sin precedente en la historia moderna de un presidente, el Senado aprobó una resolución de manera unánime "reafirmando el compromiso al traslado ordenado y pacífico del poder tal como se establece en la Constitución de Estados Unidos". Pero el simple hecho de que el Senado se haya visto obligado a promover esta resolución ya es alarmante.

La presidenta de la Cámara de Representantes y la demócrata electa más poderosa del país, Nancy Pelosi, le recordó al presidente: "no estás en Corea del Norte; no estás en Turquía. Estás en Estados Unidos de América. Es una democracia; entonces, por qué no intentas por un momento honrar tu juramento a la Constitución".

El diputado Adam Schiff declaró en respuesta a las palabras del presidente que "es así como muere la democracia".

El senador y ex candidato presidencial Bernie Sanders llamó a la creación de una comisión electoral independiente para proteger la democracia estadunidense. En un discurso en Washington declaró que "demasiada gente ha luchado y ha dado su vida para defender la democracia estadunidense y tú (Trump) no la vas a destruir". Concluyó: "ésta no es sólo una elección entre Donald Trump y Joe Biden. Ésta es una elección entre Donald Trump y al democracia, y la democracia tiene que ganar".

Mientras, el director de la FBI, Christopher Wray, declaró ante legisladores que él no había visto evidencia de "un esfuerzo coordinado a escala nacional de fraude electoral", en aparente contradicción con lo que ha sugerido el presidente durante semanas.

Al mismo tiempo, cerca de 500 ex altos funcionarios militares y civiles –incluyendo ex secretarios de gabinete– firmaron una carta abierta en la cual expresaron su apoyo a Biden, al afirmar que tiene las características necesarias para “abordar un mundo en llamas. Somos ex servidores públicos que hemos dedicado nuestras carreras, y en muchos casos arriesgado nuestras vidas, por Estados Unidos. Somos generales, almirantes… embajadores y altos funcionarios civiles de seguridad acional. Somos republicanos y demócratas e independientes. Amamos a nuestro país. Desafortunadamente, también tememos por él”. Trump, señalan, ha demostrado que no tiene la capacidad para ejercer su puesto.

El apoyo a Trump en las filas militares se ha desplomado, con sondeos recientes que dan a Biden ventaja de 41 por ciento contra 37 para el presidente. En 2016, Trump gozaba ventaja de dos a uno contra Hillary Clinton, reporta el Washington Post.

Protestas

"Ley y orden", tuiteó una vez más Trump ante la erupción de nuevas manifestaciones en las calles en reacción al anuncio de que un gran jurado en Kentucky declinó emitir cargos directos contra tres policías involucrados en la muerte de Breonna Taylor. Sólo se anunciaron cargos menores contra uno de tres uniformados que asesinaron a la afroestadunidense en su casa en marzo.

La decisión detonó una nueva serie de protestas en Louisville, Nueva York, Atlanta, Los Ángeles, Filadelfia, Portland, Chicago y Denver en el contexto del movimiento Black Lives Matter.

Anoche se esperaba una nueva ola de protestas en Louisville y otras ciudades.

El Movimiento por las Vidas Negras, red de más de 150 organizaciones dentro de Black Lives Matter, calificó la decisión sobre los cargos de insuficientes e indignantes y declaró que "esta decisión, presentada a 41 días de la elección más crítica en la historia moderna de Estados Unidos, tiene la intención de permitir violencia sancionada por el Estado contra todas las comunidades negras y obstruir a la gente de afirmar sus derechos a protestar".

Fraude, el negocio familiar

Mary Trump presentó una demanda ante un tribunal estatal en Nueva York contra su familia, a la que acusa de haberle robado su herencia del hermano del presidente. Al inicio de la demanda presentada ante tribunales, la sobrina del mandatario afirma que para la familia Trump "el fraude no es sólo el negocio de la familia, es una forma de vida".

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Políticos de todo el mundo exigen al Reino Unido la liberación de Assange 

Carta abierta contra la ilegalidad del juicio de extradición al fundador de WikiLeaks

El documento del colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro y los expresidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva y de Bolivia, Evo Morales Ayma, entre otros.

Más de un centenar de líderes políticos de todo el mundo exigen al gobierno de Reino Unido la inmediata liberación del fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien atraviesa un juicio de extradición en el tribunal londinense de Old Bailey. La carta abierta promovida por los juristas agrupados bajo el colectivo Lawyers for Assange cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y la expresidenta Cristina Kirchner, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, los expresidentes de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, de Bolivia Evo Morales Ayma, de Ecuador Rafael Correa, de Uruguay Jose "Pepe" Mujica y de España José Luis Rodríguez Zapatero, además del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, entre otros. Todos expresaron sus "serias preocupaciones frente a las violaciones de los derechos fundamentales" de Assange y denunciaron la "ilegalidad" del proceso judicial.

"Les solicitamos, como representantes del gobierno británico, que actúen en conformidad con el derecho nacional e internacional, con los derechos humanos y con el estado de derecho, poniendo fin a los procedimientos de extradición en curso y otorgándole al Sr. Assange su derecho a estar libre de tortura, de detención arbitraria y persecución política", señala la carta dirigida al primer ministro británico, Boris Johnson, y a los responsables de Exteriores, Justicia e Interior.

Los juristas y los 167 políticos que firman el documento sostienen que la extradición de Assange al país norteamericano sería ilegal, entre otras razones por el riesgo a ser sometido a un "juicio injusto por la naturaleza política" de los presuntos delitos de los que se lo acusa, y por las dudas sobre el trato que podría recibir en prisión. En ese sentido, piden "permitirle acceder a un diagnóstico y tratamiento médico independientes en un entorno hospitalario apropiado". La iniciativa se suma a otras campañas promovidas para conseguir la liberación del periodista, quien se encuentra en prisión preventiva, entre ellas una de Amnistía Internacional en la que pide a Washington que retire sus cargos, que ya recolectó más de 400 mil firmas.

Assange, de 49 años, afronta desde este lunes en Londres la tercera semana de su juicio de extradición por las filtraciones del portal WikiLeaks, que expusieron, entre otros elementos, brutales crímenes de guerra cometidos en Irak y Afganistán y archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la cárcel de Guantánamo. Además de cuestionar la legalidad del proceso, Lawyers for Assange denuncia que se puso en peligro el principio británico de "justicia abierta" y transparente al no permitir el acceso a la sala, aunque sea por vía remota, de observadores independientes como Amnistía Internacional y parlamentarios de distintos países. Si se habilita la extradición, Assange podría ser condenado a 175 años de cárcel.

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Misión de la ONU constata violaciones de DDHH en Venezuela y responsabiliza a funcionarios del Gobierno de crímenes de lesa humanidad

"Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes"

16-09-20.- El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas concluyó hoy que funcionarios del Estado venezolano, han cometido "violaciones flagrantes" de Derechos Humanos, altamente coordinadas con políticas del Estado, lo cual constituye crímenes de lesa humanidad, según un primer informe de la Misión Internacional encargada de investigar la situación de Derechos Humanos en Venezuela.

La investigación constató que el Gobierno venezolano, funcionarios estatales y grupos que trabajaban con ellos, han cometido "violaciones flagrantes de los Derechos Humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad," reza un comunicado de prensa emitido por el Consejo de DD.HH. de la ONU.

La Misión, cuyo reporte cubre el periodo desde 2014 hasta ahora, investigó 223 casos, de los cuales 48 fueron exhaustivos, y examinó otros 2.891 casos de froma parcial para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, y pudo constatar evidencias de ejecuciones extrajudiciales, detenciones y torturas por motivos políticos, violaciones de DDHH durante protestas, así como una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho.

El informe responsabiliza a altos personeros el gobierno venezolano, incluyendo al Presidente Nicolás Maduro y varios de sus ministros. "La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes," reza el comunicado.

El informe ofrece amplia información "que demuestra que las autoridades del Estado, tanto a nivel presidencial como ministerial, ejercían poder y supervisión sobre las fuerzas de seguridad civiles y militares, y las agencias identificadas como autoras de las violaciones y crímenes documentados".

"La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el Presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe", se señala en las conclusiones de la investigación.

Las graves violaciones de los Derechos Humanos denunciadas, fueron perpetradas en operaciones realizadas por toda la gama de entidades de seguridad estatal en Venezuela: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES).

También figuran el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y las fuerzas policiales estatales y municipales.

Los investigadores han recogido evidencias de que, a pesar de que las autoridades -desde los responsables de las entidades involucradas hasta políticos- tenían conocimiento de los crímenes que se han cometido desde 2014 hasta ahora, incluso ayudaron a que se cometieran con las políticas y planes que adoptaban.

"Las autoridades dieron ayuda esencial, incluida material, logística y en recursos humanos, que era necesaria para las operaciones de seguridad e inteligencia que resultaron en la comisión de los crímenes", denuncia el informe, que será presentado la próxima semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Cabe mencionar que el pasado 14 de septiembre el Gobierno de Venezuela renovó su acuerdo de cooperación con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU que dirige la alta comisionada Michelle Bachelet, y aceptado que sus funcionarios en el país tengan una mayor autonomía jurídica a lo que Bachelet valoró como "un salto cualitativo" en la colaboración con las autoridades.

A continuación, el comunicado de prensa de la ONU:

 

Venezuela: Informe de la ONU insta a la rendición de cuentas por crímenes de lesa humanidad

 

El Estado venezolano debe exigir cuentas a los y las responsables de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y la tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza, dijo la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de las Naciones Unidas sobre la República Bolivariana de Venezuela en su primer informe, publicado hoy.

La Misión investigó 223 casos, de los cuales 48 se incluyen como estudios de casos exhaustivos en el informe de 443 páginas. Adicionalmente, la Misión examinó otros 2.891 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes.

Aunque reconoció la naturaleza de la crisis y las tensiones en el país y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela. Identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes. Dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes.

"La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad," dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.

"Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno."

Ejecuciones extrajudiciales

Incluso estimaciones conservadoras sugieren que Venezuela tiene una de las tasas más altas de América Latina de asesinatos cometidos por agentes del Estado.

La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad, aunque no todos fueron necesariamente arbitrarios.

Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa.

Los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones, mismas en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros. En septiembre de 2015, una OLP en la zona de Santa Rosa de Agua de Maracaibo, Estado de Zulia, dejó cinco hombres muertos y más de 60 detenidos, la mayoría de ellos pescadores que regresaban del trabajo; las mujeres fueron maltratadas y artículos domésticos fueron saqueados.

Ocho de las operaciones examinadas dieron lugar a 10 o más muertes. Tras las críticas a las tácticas de mano dura, el Gobierno relanzó las OLP como Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP) antes de eliminarlas gradualmente a mediados de 2017.

Sin embargo, continuaron las ejecuciones extrajudiciales. Dos fuerzas de seguridad – el CICPC y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) – fueron responsables del 59% de todas las muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también los autores de las ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe.

Funcionarios de la PNB/FAES dijeron a la Misión que era una práctica común encubrir los asesinatos plantando armas para simular "enfrentamientos", un proceso al que los funcionarios de la PNB/FAES se refieren como sembrar "semillas". Una fuente con conocimiento interno confirmó que los superiores podían dar a los oficiales "luz verde para matar". Un video de entrenamiento de las FAES, autentificado por la Misión, muestra a los funcionarios siendo animados a "matar criminales sin compasión".

También asesinaron a civiles tras la aplicación de un plan militar. Una operación en la subregión de Barlovento, en el estado de Miranda, a mediados de octubre de 2016, terminó en una masacre después de que los soldados detuvieran arbitrariamente a 35 hombres, algunos de los cuales desaparecieron y fueron torturados. Doce víctimas, todas hombres de 30 años o menos, fueron ejecutadas extrajudicialmente y enterradas en fosas comunes – dos tenían balas que les perforaban el cráneo y 10 tenían probables heridas de machete en el pecho, el cuello y la cabeza. Otros cinco siguen desaparecidos.

La gran mayoría de las muertes ilegales cometidas por las fuerzas de seguridad no han dado lugar a enjuiciamientos y en ningún momento se ha llevado ante la justicia a los funcionarios con responsabilidad de mando.

"Estas ejecuciones extrajudiciales no pueden atribuirse a la falta de disciplina de las fuerzas de seguridad. Los oficiales de alto rango tenían un mando y control efectivo sobre los perpetradores y conocimiento de sus acciones, pero no lograron prevenir o reprimir las violaciones. Los asesinatos parecen formar parte de una política de eliminación de miembros no deseados de la sociedad bajo la cobertura de la lucha contra el crimen," dijo Marta Valiñas.

Las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas.

Detención y tortura por motivos políticos

La Misión también investigó la represión selectiva de los organismos de inteligencia del Estado.

El Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) tenía como objetivo identificado a la disidencia política y activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al Gobierno, mientras que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) tenía como objetivo al personal militar y a personas civiles asociadas, presuntamente implicadas, en rebeliones o intentos de golpe de Estado.

Los hombres y mujeres detenidos solían estar en malas condiciones fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en "casas seguras" no oficiales. En algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso.

Las detenciones en algunos casos equivalían a desapariciones forzadas de corta duración e incluían torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluidos actos de violencia sexual, ya fuera para obtener confesiones o como castigo. Un ex director del SEBIN dijo a la Misión que la institución tenía un "comportamiento cultural" de tortura.

Las técnicas de tortura incluían: posiciones de estrés, asfixia, golpes, descargas eléctricas, cortes y mutilaciones, amenazas de muerte y tortura psicológica.

"Los organismos de inteligencia también sometieron a la disidencia – tanto hombres como mujeres – a violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales. Estos actos de violencia sexual también constituyen una tortura o un trato cruel, inhumano o degradante," dijo Francisco Cox.

El ex capitán de la Marina Rafael Acosta Arévalo murió después de ser torturado bajo la custodia de la DGCIM y al menos dos personas murieron también bajo la custodia del SEBIN.

"Estas detenciones arbitrarias, desapariciones a corto plazo y torturas se dirigieron contra la población civil como parte de una política para silenciar la oposición al Gobierno de Maduro" dijo Francisco Cox.

"Los comandantes, incluyendo las autoridades de alto nivel dentro del SEBIN y la DGCIM, tenían pleno conocimiento de este patrón de crímenes, que a menudo ocurrían en los mismos edificios donde trabajaban. La Misión ha registrado los nombres de más de 45 funcionarios del SEBIN y de la DGCIM directamente responsables que deben ser investigados y procesados."

Violaciones relacionadas con las protestas

La Misión también documentó violaciones en medio de la respuesta cada vez más violenta del Estado a las protestas masivas de la oposición, especialmente en 2014, 2017 y 2019. Esto incluye el asesinato de 36 manifestantes a quienes se les disparó con armas de fuego y armas menos letales, así como prácticas de tortura y otros malos tratos durante la detención, como palizas, humillaciones, violencia sexual y de género, y simulacros de ejecución.

Las autoridades estatales tampoco intervinieron en por lo menos siete casos en que los manifestantes fueron asesinados por grupos civiles armados conocidos como colectivos. Esto se produjo en medio de la creciente dependencia del Gobierno de la coordinación militar-civil para mantener el orden público en los últimos años.

"La vigilancia de las protestas y el sistema para autorizarlas son profundamente preocupantes. El sistema está diseñado para prevenir y desalentar las reuniones pacíficas, a menudo de forma violenta," dijo Paul Seils.

"Preocupa especialmente la práctica sistemática de la tortura y los tratos crueles a las personas detenidas en las protestas, no por elementos deshonestos, sino como parte de una política clara."

Un poder judicial comprometido

Las violaciones que la Misión investigó se produjeron en medio de una ruptura gradual de las instituciones democráticas y del estado de derecho, incluyendo una erosión de la independencia judicial en Venezuela.

El poder judicial de Venezuela no sirvió para controlar a otros agentes del Estado. Es necesario seguir investigando hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial.

"Las violaciones deben cesar. Y la impunidad debe terminar. Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo de inmediato investigaciones rápidas, eficaces, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las violaciones y los crímenes, haciendo que los autores rindan cuentas e impartan justicia para las víctimas. Las víctimas deben recibir plena reparación por el daño que han sufrido," dijo Marta Valiñas.

"Otras jurisdicciones, de conformidad con sus leyes nacionales, así como la Corte Penal Internacional, también deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales contra los individuos responsables de violaciones y crímenes que la Misión identificó."

 

Por: Aporrea | Miércoles, 16/09/2020 01:29 PM |

Publicado enInternacional
Sadín señala que en estos tiempos se está viviendo “un Leviatán algorítmico”. Imagen: Gentileza Diego Spivacow

El filósofo francés publicó el libro "La inteligencia artificial o el desafío del siglo"

El autor de "La silicolonización del mundo" señala, en su último trabajo, que el tecnoliberalismo está imponiendo en los hechos "un nuevo régimen de verdad”.

 

 Como Eric Sadin sigue la tradición de los filósofos franceses del siglo XX, no le escapa al debate político-cultural pero, mucho menos, a las frases provocativas: “Francis Fukuyama se equivocó: el fin de la historia no habría advenido luego de la caída del Muro de Berlín en 1989 y del triunfo planetario del liberalismo político y económico, sino que se consumaría hoy en favor de la generalización del uso de la inteligencia artificial”, plantea en su último libro, La inteligencia artificial o el desafío del siglo, publicado recientemente en la Argentina por el sello Caja Negra. 

A partir de trabajos como La humanidad aumentada y La silicolonización del mundo, Sadin ganó terreno entre los pensadores distópicos del siglo XXI, a la vez que puso en palabras y en tiempo presente, desde una perspectiva fenomenológica, lo que millones de televidentes apreciaron como una advertencia en la serie Black Mirror: el advenimiento de cambios radicales en el modo de construcción de "lo real". Estas modificaciones, señala el filósofo, son subsidiarias de transformaciones evidenciadas en el estatuto de las tecnologías digitales, que pasaron de ser "prótesis acumulativas" a erigirse en entidades capaces de "enunciar la verdad" a partir de la interpretación automatizada de situaciones. La tecnología se vuelve, así, "antropomórfica", concretando en el siglo XXI lo que Simone Weil, filósofa y activista del siglo XX había sabido ver en La condición obrera: “las cosas desempeñan el rol de los hombres y los hombres desempeñan el rol de las cosas; es la raíz del mal”. 

Sadin entiende el poder de seducción que ejerce la inteligencia artificial. Analiza sus trucos y su herramienta coactiva más eficaz: a partir de los nuevos avances de la tecnología patentada en Silicon Valley, la IA es capaz de establecer diagnósticos (sobre las cuestiones más diversas, desde la ciencia médica hasta la intimidad del individuo) más precisos que la inteligencia humana, porque dispone de un manejo y de una correlación de datos imposible de igualar, en tiempo real, por el hombre de carne y hueso. En ese sentido, el filósofo francés denuncia "la propagación de un antihumanismo radical", cada vez que el tecno-liberalismo, a través de una neo-lengua gerencial, busca “reducir ciertos elementos de lo real a códigos binarios excluyendo una infinidad de dimensiones que nuestra sensibilidad sí puede capturar y que escapan al principio de una modelización matemática”.

El autor pone sobre el papel argumentos que linkean con el imaginario sartreano, aunque obviamente traducido a otro contexto: “De ahora en más, esperamos de los procesadores que nos gobiernen con maestría, que nos liberen del fardo que soportamos desde el alba de los tiempos y que sin embargo constituía hasta hace poco la sal de la vida y nuestra relación con el mundo: el hecho de tener que pronunciarnos a cada instante y generar un compromiso; en síntesis, el hecho de poner en juego nuestra responsabilidad”. Y sigue: “Lo que se juega es la negación de nuestra vulnerabilidad, esa fragilidad constitutiva de nuestra humanidad que le hace decir a Aristóteles que 'una vida tan vulnerable, sin embargo, es la mejor'”. 

En su genealogía de la verdad, Sadin cita a Nietzsche. Dice que el autor de El origen de la tragedia ya señalaba que la voluntad de "hacer sentido con todo" se derivaba de una negación de la complejidad irreductible que gobierna la vida. Nietzsche relacionaba esta negación con la locura. La relativización de esa noción de Verdad, que rastrea en Foucault, en Derrida ("La verdad: es en su nombre maldito que nos hemos perdido”) y en Baudrillard (“la verdad es aquello de lo que hay que liberarse lo más pronto posible y pasarle el problema a otro”) encuentra hoy un nuevo cambio de paradigma, que le restituye la potestad perdida.

En este nuevo régimen de verdad, sostiene el filósofo, ya no sirven las categorías posmodernas impuestas en las últimas décadas del siglo XX.  “No se trata tanto de 'control' y recolección abusiva de 'datos personales' sino de una conformación bastante distinta cuyo objetivo no es vigilar sino influir sobre los comportamientos”, escribe.  A este "Leviatán algorítmico" no se lo puede enfrentar como a los viejos dispositivos de poder institucionales, ya que “nunca lo podemos tener frente a nosotros, a fin de que, con total lucidez, podamos saber de qué se trata, porque nunca nos muestra la totalidad de su rostro y huye indefinidamente, libre así de ejercer, al abrigo de cualquier forma de oposición consecuente, sus plenos poderes”.

Sadin alerta también contra la inminente instauración de un "Estado plataforma". Una institución política que operaría en retirada, según su visión, "para que todo funcione como un procesador que regularía la actividad pública". El nuevo ethos económico se legitima a través de una falsa idea de "eficacia" que permea sobre la administración automatizada de las conductas, a través de las aplicaciones. A todo esto la política se pega un tiro en el pie: “El designio consensuado social-liberal no hace sino satisfacer la ambición ultraliberal que ve en dicha automatización la oportunidad histórica de reducir las prerrogativas del Estado, percibido como un vector de perturbación del orden espontáneo del mercado”. El Estado que tiene más cerca es el que conduce Emmanuel Macron, líder que pretende instituir “una nación que piensa y actúa como si fuera una start-up”. La mayoría de los funcionarios actuales se desempeñan, dice, como "community managers". 

El autor no es optimista, como puede apreciarse en estas líneas. Porque inclusive en las manifestaciones de descontento actuales percibe la reproducción de esa matriz filosófica: “todas estas comunidades no saben ver más allá de la idea fija de la protección de la vida privada tan emblemática del egoísmo generalizado de la época: jamás se preocupan por los modos de organización inducidos por los sistemas, por el utilitarismo creciente, por las lógicas de poder que se están implementando. No: están obnubiladas únicamente por la preocupación por la preservación de los datos personales. La libertad se restringe a una dimensión estrictamente individual, pero se defiende en el seno de una 'causa común'”.

Aunque desencantado, Sadin vuelve a Foucault para exigir de la gente una "intolerancia activa" que enfrente, en este caso, la deshumanización radical producida por el tecno liberalismo. “Defender lo real se convierte en el nuevo nombre singular de la principal lucha política de nuestro tiempo”, concluye, tratando de contagiar a los lectores un entusiasmo que evidentemente no le sobra.   

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