La toma de posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez marca el momento estelar de la esperanza en Colombia

Pese a las dificultades, en la Colombia profunda hay muchas esperanzas depositadas en el nuevo Gobierno popular que arranca este domingo. La población es consciente de que llegó el momento de hablar y apostar por el diálogo.

 

Cada 7 de agosto en Colombia se celebra la derrota militar del invasor español en la Batalla de Boyacá en 1819 que marca el final de la colonización. Esa es la fecha en que toman posesión los nuevos presidentes del país. El 7 de agosto será el día del progresista Gustavo Petro y de su vicepresidenta Francia Márquez. Él, un economista y ecologista exguerrillero. Ella, una lideresa popular de las comunidades negras, ecologista y feminista. Petro es un intelectual serio, al que le cabe el complejo país en la cabeza. Pero fue por la presencia de ella que el pueblo entendió que había que salir a votar. Que venía lo impensable: un Gobierno popular.

Indudablemente, es un momento histórico para muchas generaciones de colombianos. Desde comienzos del siglo XX la oligarquía colombiana jamás dejó llegar al poder a un presidente socialista. Prueba de ello es la larga lista de líderes progresistas asesinados. El presidente más cercano al progresismo fue el influyente dirigente liberal Alfonso López Pumarejo (1934-1938 y 1942-1945), miembro de la elite y a quien le correspondió llevar a cabo reformas liberales que respondían, por miedo o por contagio, a una ola de transformaciones que se presentaban en América Latina bajo el influjo político de la República Española. Desde entonces, la mayoría de sus reformas fueron desmontadas.

En realidad, no es la primera vez que un Gobierno popular llega a la presidencia en Colombia. Ya en 1854 una revolución urbana puso en el poder, casi a rastras, al general José María Melo, que no la había liderado. Melo era cobrizo, de ancestro indígena y, como Petro, exguerrillero, pues en las tropas libertadoras de Simón Bolívar llegó a capitán. En Alemania entró en contacto con las ideas socialistas entre 1836 y 1840, y en 1851 –ya de regreso a su patria– fue ascendido a general. La revolución que lo puso en el poder fue un enfrentamiento entre importadores y productores nacionales: los artesanos, el germen de la industria nacional. Tan pronto Melo fue proclamado presidente se unieron las fuerzas más retrógradas que aparentemente vivían enfrentadas entre sí: los esclavistas, prácticamente todos terratenientes, armaron a sus peonadas, se aliaron con los importadores y arremetieron con toda contra el presidente de la revolución popular. Lo tumbaron antes de un año. Melo no alcanzó a hacer mayor cosa porque se dedicó a defenderse de la arremetida militar. Los historiadores burgueses lo clasifican como dictador. Nada raro.

n Macondo la historia da vueltas en redondo, clamaba Úrsula Iguarán en Cien Años de Soledad. El conflicto con los importadores que golpean y arrasan la producción nacional sigue siendo casi el mismo y se refleja en la quiebra del campesinado y de los medianos productores. Los Tratados de Libre Comercio (TLC) han paralizado progresivamente la industria. Por poner un ejemplo, Colombia era un país algodonero con sus propios telares industriales pero que no produce ya ni algodón ni telas, aunque sí tiene maquilas de telas importadas. El país del mejor café del mundo importa café. Importa arroz, maíz y granos, fertilizantes y alimento pecuario, mientras los productores empobrecen.

El Gobierno de Petro y Francia Márquez  también puede sufrir el peso de la unión de las oligarquías. Sabido es que el Pacto Histórico, la coalición que los llevó al poder y su soporte político, si bien logró la mayoría en el Senado está lejos de tener suficientes parlamentarios para sacar en solitario las reformas cardinales a las que se comprometió: establecer un modelo de salud preventiva eliminando empresas intermediarias entre el paciente y la atención médica y hospitalaria, reformar el sistema de pensiones, garantizar una educación pública gratuita y de calidad, establecer impuestos progresivos a los más ricos y gravar las tierras improductivas y, finalmente, comprar su cosecha a los campesinos y vender esa producción de alimentos a precios bajos en los barrios populares.

El Pacto Histórico, medido por el aplausómetro en manifestaciones y encuentros, es joven y ecologista y es esencial que saque adelante la transición energética. También el ingreso vital de medio salario mínimo para cuidadores, en su mayoría mujeres, y para madres cabeza de familia de los sectores populares. En la actualidad sería un pago equivalente a 113 euros mensuales.

Trasladar la Policía del Ministerio de Defensa y llevarla a una nueva cartera relacionada con la paz es otro de los objetivos de Petro. También renegociar el TLC con Estados Unidos, así como cambiar la doctrina militar del enemigo interno y eliminar el servicio militar obligatorio, lo que va en línea con la "paz total", una iniciativa de negociaciones regionales que avanza entre polémicas y obstáculos legales e incluso con la oposición del Tío Sam, siempre tan metido en Colombia, pero que es la más profunda aspiración popular. Implica no solo negociar con las fuerzas guerrilleras que quedan, la principal el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también lograr la desactivación de las redes criminales y desactivar los "conflictos que no son de bala", como dice el pueblo. Para todo esto se requiere de mayorías calificadas en el Congreso, pues existen leyes en contra.

Las alianzas políticas que ha logrado el avezado senador del Pacto Histórico Roy Barreras, de origen liberal y a cargo de formar una especie de Frente Amplio, están ligadas a expectativas que muy probablemente no pueden ser satisfechas: las maquinarias de los políticos profesionales hoy en día no se basan en ideas sino en ambición. Cada reforma toca intereses de algún sector económico poderoso, desde la banca hasta los importadores de armas, pasando por los terratenientes y los comerciantes, tan implicados en el paramilitarismo de ultraderecha.

Se suman tareas que no dependen del Congreso, como el asunto cardinal de cumplir el acuerdo de paz con las FARC, un completo programa de Gobierno que el saliente Iván Duque procuró dinamitar incluso tolerando el desfalco de los dineros de la paz para los próximos 10 años. También sacar adelante un plan de choque contra la desnutrición y desprivatizar el servicio de alimentación escolar, que en demasiados casos es el único alimento firme que reciben muchas niñas y niños en el día pero que se convirtió en botín de la corrupción. Petro deberá también irradiar una cultura de paz para afrontar la mentalidad paramilitar que se ha instalado en buena parte de la población beneficiada de una u otra manera por el narcotráfico y la guerra.

Y todas estas tareas tendrán que hacerse en medio del panorama económico poco prometedor, cuando en el escenario imperialista soplan vientos de guerra ante la fuerte recesión mundial en ciernes. Duque está dejando la olla raspada, con una deuda nunca antes vista, firmando contratos de largo plazo y haciendo nombramientos a diestra y siniestra de manera vergonzosa a solo días de dejar el poder. Para no hablar de su balance sangriento: 957 líderes y defensores de derechos humanos asesinados, 261 firmantes de la paz ultimados, 313 masacres con 1.192 víctimas, 555 secuestros, según Indepaz con fecha de 2 de agosto.

Pese a ello, en la Colombia profunda hay esperanza en el nuevo Gobierno popular. Hay conciencia de que lo que viene es compromiso y mucho trabajo y que llegó el momento de hablar de política con los demás, política de verdad, pensando en los nietos, no la archiconocida politiquería del "qué me das tú a cambio".

Colombia vive un momento único, porque el tribunal especial producto del Acuerdo de Paz (JEP por sus siglas) está emitiendo continuamente las confesiones de militares y exguerrilleros reconociendo sus delitos. Al mismo tiempo, la Comisión de la Verdad está presentando su informe final, un extenso y complejo material que pretende ser el retrato más actualizado de Colombia. El ministro de Educación de Petro, exrector de la Universidad de los Andes Alejandro Gaviria, ya anunció que el informe será material en las escuelas. Los docentes se devanan los sesos sobre cómo trabajar el contenido con sus estudiantes: qué es lo que la mayoría debe aprender y cuál la clave íntima que cada cual habrá de entender acerca de cada arista de la accidentada historia reciente de Colombia, que fue borrada de los planes de estudio académicos durante el Gobierno de Belisario Betancur (1982-1986), periodo en el que también resurgió el paramilitarismo.

Antes de su toma de posesión ante el Congreso este domingo, el jueves Petro acudió ante las Autoridades Tradicionales del pueblo arhuaco en Nabusímake, en la mítica Sierra Nevada de Santa Marta, y tomó posesión ante ellas en un ritual conmovedor, con la presencia de su nueva embajadora en las Naciones Unidas Leonor Zalabata y su ministro designado de Defensa, Iván Velásquez. Lo ungió el mamu (sacerdote) Kuncha, uno de los más respetados por su sabiduría y su conocimiento ancestral.

"Fue una ceremonia muy bonita", comentó a Público el antropólogo y documentalista Yezid Campos, largo conocedor de los pueblos y los sufrimientos de la Sierra Nevada. Aunque otros presidentes han hecho lo mismo que Petro antes de su toma de posesión, este "no fue un acto de demagogia politiquera". A Campos le llamó la atención "la sensibilidad y sentimiento legítimo y sincero de Petro hacia la gente, hacia el ritual, su significado, su espiritualidad, su compromiso. Igual, el cariño de la gente de la Sierra hacia él. Fue un acto de comunión con lo que significa el pensamiento indígena, la unidad total entre el respeto por la naturaleza, el amor y respeto por la vida, y la justicia social". Los mamus le entregaron al nuevo presidente colombiano dos bastones que lo acompañarán en su defensa de la vida y de todo lo que existe en la naturaleza. Al final de su mandato, en cuatro años, Petro deberá regresar a la Sierra Nevada para rendir cuentas.

Bogotá

06/08/2022 22:08  

Constanza Vieira@constanzavieira

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Algunos desafíos del gobierno del Pacto Histórico

Tras haber logrado la hazaña de ganar las elecciones, el Pacto Histórico debe afrontar la difícil tarea de gobernar una Colombia que votó por el cambio.

Este 7 de agosto toma posesión el primer gobierno progresista de la historia de Colombia, presidido por los dirigentes del Pacto Histórico Gustavo Petro y Francia Márquez. Los colombianos votaron con el fin de superar una larga y enconada historia de violencia política y crueldad institucional, para convertir al país en una “potencia mundial para la vida”. Los partidos y movimientos sociales de izquierda, la juventud movilizada durante el paro nacional y un entramado territorial de poblaciones tradicionalmente excluidas —indígenas, afrocolombianos...—, constituyeron el sustrato de este cambio político que vino a confrontar a las élites tradicionales y a desbaratar sus mecanismos de poder.

El triunfo electoral de la coalición progresista del Pacto Histórico (PH) es una verdadera hazaña en un país cuyos gobernantes siempre se creyeron blindados contra un eventual triunfo de la izquierda. La campaña estuvo minada de dificultades y riesgos para los candidatos de esta fuerza, amenazados constantemente por grupos paramilitares. El historial de asesinatos de candidatos presidenciales progresistas con el que cuenta el país no permitía tomar esas amenazas a la ligera. No obstante, el resultado fue favorable al PH en la primera vuelta con más del 40 % de los votos, 12 puntos por encima del siguiente candidato, el populista de derecha Rodolfo Hernández. En la segunda vuelta el PH obtuvo mayoría absoluta, sobrepasando el 50 % de los votos, frente al 47 % de su adversario y con una diferencia de 700.000 sufragios.

Si el triunfo electoral de la izquierda puede considerarse una auténtica proeza en un contexto tan hostil, mucho mayor es la hazaña de gobernar el país y cumplir con los objetivos propuestos a los electores. Consciente de la dificultad de la tarea que se avecina, la fórmula presidencial triunfadora se entregó al día siguiente de la victoria electoral a contactar con otras fuerzas políticas y articular las alianzas necesarias para poder aprobar reformas en un Congreso fragmentado, donde el PH se ha convertido en la fuerza mayoritaria tras las últimas elecciones, pero numéricamente insuficiente para aprobar leyes y diseñar políticas sin contar con amplios apoyos parlamentarios.

En la mirada estratégica de Gustavo Petro, la construcción de un Estado no dominado por las mafias del narcotráfico y la parapolítica, sensible a las necesidades de la población, requiere en este momento histórico del país sumar sectores que hasta ayer hicieron campaña en su contra. El apoyo del 50 % de la población que lo eligió sería insuficiente para acometer los cambios que se avecinan, y ha abierto las puertas de la coalición a formaciones de centro y derecha como el Partido Liberal, el Partido Conservador y el Partido de la U, acordando el carácter rotatorio de la presidencia del Senado y de la Cámara de Representantes con los nuevos aliados. Los acuerdos han supuesto también concesiones a los nuevos socios en algunos cargos del ejecutivo.

Esta estrategia ya dio un primer resultado tras la conformación del nuevo Congreso, que se constituyó el pasado 20 de julio. Apenas seis días más tarde el Senado ratificó por amplia mayoría el Acuerdo de Escazú (“Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”), un instrumento básico para alcanzar un desarrollo sostenible y combatir el cambio climático, dos aspectos fundamentales del plan de gobierno del PH. Sólo votaron en contra los senadores del Centro Democrático y de Cambio Radical, partidos que boicotearon la aprobación de este acuerdo durante el período presidencial de Iván Duque.

Otro gesto político revelador fue la asistencia de varios congresistas del PH a la Cumbre de los Pueblos Originarios convocada en Silvia, Cauca, por las siete organizaciones indígenas más representativas (ONIC, OPIAC, CIT, AICO por la Pacha Mama, Gobierno Mayor, AISO y CRIC). Entre los resultados de esta cumbre, las delegaciones de los pueblos indígenas de toda Colombia concluyeron: “Participaremos en esta era de transición y Cambio por la Vida, bajo un relacionamiento de gobierno a gobierno, con propuestas estructurales que permitan la materialización de nuestros derechos y la transformación del país”. A fin de articular esfuerzos para hacer efectivos estos cambios, “la Cumbre ha dispuesto una comisión de interlocución directa” con el presidente Gustavo Petro.

El cambio ha llegado en primer lugar a desbaratar las viejas formas de la conducción política de los asuntos que afectan a las comunidades. El paternalismo verticalista de los sucesivos gobiernos derechistas quedaría así sustituido por un diálogo horizontal, del gobierno nacional con las autoridades locales, para atender sus reclamos y determinar sus necesidades.

El desafío de consolidar la paz

Los retos que deberá afrontar el nuevo gobierno no tienen precedentes en ningún lugar del mundo. Ante todo deberá priorizar el cumplimiento del Acuerdo de Paz con las FARC, “hecho trizas” durante el período presidencial de Iván Duque. La nueva política de seguridad deberá proveer la protección adecuada a los ex combatientes de la guerrilla reincorporados a la vida civil y acabar con los grupos paramilitares causantes de las continuas masacres y los asesinatos de líderes sociales.

La violencia política no ha mermado desde el triunfo electoral del PH. Por el contrario, hasta el 12 de julio la cifra se ha incrementado respecto al año 2021, según datos de Indepaz, hasta un total de 108 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos (incluidos 25 líderes indígenas), 53 masacres con 185 muertos y 28 asesinatos de firmantes del Acuerdo de paz. Al mismo tiempo, el Cartel del Golfo ha asesinado a 30 agentes de la fuerza pública durante el primer semestre de este año, dejando una vez más al descubierto el fracaso de la política de seguridad de Iván Duque.

Este es el escenario en el que deberá maniobrar cuidadosamente el nuevo gobierno, a sabiendas de las resistencias que encontrará en estructuras de la fuerza pública que han actuado en alianza con los grupos paramilitares, al servicio de terratenientes y de empresas extractivistas. Sin duda uno de los mayores desafíos, vinculado a la ambición de consolidar y extender la paz, es la remoción de los altos mandos del Ejército y la Policía y una profunda reforma institucional de estas fuerzas. Otro importante desafío será el de reestructurar los presupuestos y el número de efectivos de estas instituciones para adecuarlas a las expectativas de una ciudadanía que ha superado las dinámicas de guerra y que se ha impregnado del “clima de la paz”.

La primera aparición pública de Gustavo Petro tras la victoria electoral fue el 28 de junio, día en el que acudió a la presentación del Informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad (CEV). Aunque también había sido invitado al evento el presidente saliente, Iván Duque, este declinó acudir alegando motivos de agenda, por su compromiso de asistir a la cumbre de la OTAN en Madrid (dedicada a la guerra de Ucrania y el aumento del gasto militar). El contraste simbólico entre ambos escenarios no podría ser más brutal.

El Informe de la CEV da cuenta de las violaciones de derechos humanos cometidas durante más de medio siglo por los distintos actores armados (guerrillas, paramilitares y fuerza pública) y concluye proponiendo estrategias para enfrentar la violencia que genera el narcotráfico, así como para evitar la impunidad y abordar la transformación de las fuerzas de seguridad. Gustavo Petro se comprometió en su discurso a asumir las recomendaciones de la Comisión desde el inicio de su mandato. Petro afirmó que el organismo se constituyó como “una de las instituciones de la paz, precisamente como la posibilidad nacional de una reconciliación, de [alcanzar] la convivencia nacional y social”. En su alocución argumentó:

“¿Cuántos procesos de paz hemos firmado en nuestra historia republicana y cuántas veces hemos vuelto a la violencia? Cortar definitivamente los ciclos de la violencia implica, en mi opinión [...] cortar los ciclos de la venganza. Cortar los ciclos de la retaliación, cortar los ciclos donde una víctima se vuelve otra vez victimario. Cortar los ciclos permanentes que nos llevan una y otra vez —a pesar de acuerdos de paz, tratados, reformas— hacia la violencia. La violencia no está en nuestros genes. […] Cortar los ciclos de la venganza es lo mismo que cortar los ciclos de la violencia.”

Hay un claro trasfondo filosófico de origen cristiano en la idea de reconciliación y perdón que se propugna desde de la CEV y que Petro asume también como suya. Más allá de cualquier reparo ideológico, este enfoque arraigado en la tradición religiosa del país ofrece un diagnóstico fundamentado de las causas psicológicas de la violencia que azota a la sociedad colombiana, una violencia que se ha vuelto en cierto modo idiosincrática de amplios sectores sociales y que desde esta perspectiva sólo podría detenerse con un gran cambio colectivo de mentalidad.

Las propuestas de reconciliación y perdón social no implican impunidad para los autores de masacres y otras atrocidades, ya sean miembros de la fuerza pública o de grupos irregulares. Petro aseguró que bajo su gobierno la justicia hará su trabajo sin interferencias del poder ejecutivo. No obstante, uno de los desafíos del nuevo presidente consistirá en dar impulso a un sistema judicial creíble, eficaz y depurado de funcionarios corruptos.

La Convocatoria a una Paz Grande, lema con el que convocó la CEV, supone activar inmediatamente los mecanismos necesarios para cumplir con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana con las FARC, y al mismo tiempo, ampliar los espacios de paz mediante el diálogo con otros grupos insurgentes que aún no han negociado su incorporación a la vida civil. El nuevo contexto político abre posibilidades hasta ahora inéditas a la ampliación de los diálogos de paz con otros actores armados. Pocos días antes de asumir la presidencia, Gustavo Petro confirmó a fin de julio que aspiraba a reanudar las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tras haber recibido una invitación del ELN en este sentido.

Desfosilización de la economía y reforma agraria

El programa económico del PH supone profundas transformaciones de la estructura económica tradicional del país. El gobierno presidido por Gustavo Petro deberá cumplir con su ambicioso plan de “desfosilización” de las exportaciones colombianas (reducir el peso del petróleo y el carbón), concentrándose en cambio en el desarrollo de tres pilares básicos de la economía abandonados por los anteriores gobiernos: la agricultura, la industria y el conocimiento, además de potenciar el turismo con un entorno pacífico.

En cuanto a la desfosilización de la economía, no se trata de interrumpir los ingresos que el país percibe por exportaciones de productos energéticos, que representan entre un tercio y la mitad del total, sino de suspender la exploración y adjudicación de nuevos yacimientos, mientras se van incorporando gradualmente energías renovables para atender el consumo interno. El nuevo gobierno colombiano ya ha declarado que impedirá la explotación de hidrocarburos con tecnología de fracking, un viejo reclamo de las comunidades para proteger sus acuíferos.

Uno de los aspectos más destacados del programa del PH es la reforma agraria que dará acceso a la tierra a los campesinos desplazados y desposeídos. En Colombia el 46% de la tierra rural está en manos del 0,4 % de la población. La superficie apta para agricultura está infrautilizada, mientras que la ganadería extensiva —que en gran parte encubre la tenencia de tierras improductivas— abarca el 30 % de la superficie del país. El instrumento para alcanzar la reforma agraria será un impuesto a la renta presuntiva, que evitaría la tenencia improductiva de la tierra por parte de los grandes latifundistas. De manera complementaria, el PH se propone desarrollar también un plan de reforma acuaria con el fin de proteger los cauces de agua para uso de la población y los campesinos.

El objetivo de la reforma agraria es asignar tres millones de hectáreas a campesinos y víctimas del conflicto. Se tratará de una reforma sui generis, inspirada en la que realizó Japón a principios de los años sesenta, que no expropiará latifundios improductivos, con o sin indemnización (pese a que la Constitución colombiana lo permite cuando se incumple la función social de la propiedad). Esto le ha valido críticas desde la izquierda, porque será el Estado el que cargará con el peso económico de la compra de esos tres millones de hectáreas, aunque se presupone que lo hará a precio de saldo con la tierras improductivas que sufran el nuevo gravamen. El riesgo es que los capitales transnacionales aprovechen la ganga para desarrollar megaproyectos. La inversión extranjera aumentó en Colombia un 77 % durante el primer semestre de 2022 respecto al mismo período del año anterior, procedente en su mayor parte de empresas mineras y energéticas. Otro reto del nuevo gobierno será evaluar si este flujo de inversiones se adapta a los requisitos del desarrollo sostenible.

La reforma agraria deberá poner fin a la estructura feudal de posesión de la tierra que representan las grandes haciendas ganaderas y las extensiones de tierras robadas a la selva para cultivo de palma africana. En su lugar, se entregará tierra al campesino para que pueda cultivar sus alimentos y vender una parte en el mercado, avanzando así en la autosuficiencia alimentaria y reduciendo la dependencia de la exportación de combustibles fósiles para importar alimentos.

Potencia mundial para la vida

En el plano social, el programa del Pacto Histórico supone un gran vuelco con respecto al modelo neoliberal imperante. Actualmente la informalidad laboral afecta al 62 % de la población económicamente activa y hay tres millones de desempleados, según datos de la Central Unitaria de Trabajadores. Sólo una tercera parte de los trabajadores activos, unos ocho millones, cotiza a la Seguridad Social. El nuevo gobierno se propone instaurar una renta básica, o Ingreso Mínimo Vital, y generar planes de empleo público para todo aquel que lo necesite por estar desocupado.

“Colombia, potencia mundial para la vida” es el nombre génerico del plan de gobierno de Petro y Márquez. Este plan incluye un paquete de estrategias regionalizadas y un programa transversal con cuatro ejes estructurantes de gobierno: el cambio es con las mujeres, economía para la vida, sociedad para la vida y plan de tecnología para la vida.

Este último eje se ha desarrollado más en un documento del Pacto Histórico titulado “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el buen vivir, el vivir sabroso y el ejercicio efectivo de una democracia multicolor”, documento base del futuro Ministerio de Ciencia. En él se plantea la necesidad de cambiar el modelo de ciencia y tecnología hegemónico, que ha hecho “mucho daño a la naturaleza y a las sociedades” y de iniciar un debate sobre la producción y distribución del conocimiento, poniendo el uso de la ciencia, la tecnología y la innovación en manos de la mayoría de la población y no sólo de algunos estratos privilegiados. Este documento con las intenciones del PH al asumir el gobierno provocó un debate académico aún abierto, tanto en Colombia como más allá, que ha sido recogido en la página de CLACSO.

Extender el debate sobre el conocimiento más allá de la lógica académica no es una idea abstracta, ya que tiene arraigo en las experiencias productivas de los sectores populares de la sociedad colombiana. Por ejemplo, en el plano energético algunas comunidades campesinas llevan mucho tiempo desarrollando sistemas para autoabastecimiento basados en la explotación de biogás generado con desechos de materia orgánica, energía solar y gasificación de la biomasa para obtener combustible. El nuevo modelo de conocimiento científico y tecnológico “para el buen vivir” apoyaría a estas experiencias desarrolladas de forma autogestionada en el campo colombiano, que además servirían como precedente para cambiar el patrón energético y evitar el “capitalismo verde” que promueve megaproyectos de energías renovables rechazados por las poblaciones nativas. En palabras de Camilo González, director de Indepaz, “la discusión no es si se va a hacer una transición con energías renovables sino con qué modelo”.

Unidad en la diversidad de América Latina

En política exterior se producirá un importante cambio de rumbo, aunque este cambio resulte poco perceptible al comienzo en las relaciones con Estados Unidos. En el transcurso del gobierno del PH se deberán redefinir las formas de colaboración entre ambos país, desde la política de seguridad hasta la estrategia antinarcóticos. Una cuestión que en el futuro puede tensar la relación con el gobierno estadounidense es la permanencia o no de las bases militares de ese país en territorio colombiano y, en caso de acordarse su permanencia, con qué misión específica. Pero esta cuestión no es un debate que se vislumbre en el corto plazo.

Respecto a los maltrechos vínculos con los vecinos venezolanos, la política exterior de Petro revertirá la tensión conflictiva que mantuvo Duque durante todo su mandato, obsesionado con el acoso y derribo del gobierno de Nicolás Maduro. En contraste con la inacción característica del gobierno de Duque, el nuevo gobierno de Colombia ya emprendió su actividad diplomática incluso antes de haber tomado posesión. El 28 de julio se reunió en la ciudad de Táchira (Venezuela) el nuevo ministro de Relaciones Exteriores designado por Gustavo Petro, Álvaro Leyva, con el ministro venezolano de Exteriores, Carlos Faría. Ambos suscribieron un acuerdo para “la normalización gradual de las relaciones binacionales a partir del 7 de agosto” con el nombramiento de embajadores y demás funcionarios del servicio diplomático, al mismo tiempo que reafirmaron su “voluntad de hacer esfuerzos conjuntos para garantizar la seguridad y la paz en la frontera”.

Mientras tanto, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una gira por otros países sudamericanos, tejiendo lazos con las figuras más destacadas de los movimientos populares que aspiran a un cambio de hegemonía política en la región. Márquez se reunió en Brasil con el candidato (y ex presidente) Lula da Silva, en Chile con el presidente Gabriel Boric, en Argentina con Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner, y por último conversó en Bolivia con el vicepresidente David Choquehuanca y con el líder histórico del MAS, el ex presidente Evo Morales. Francia Márquez escribió en sus redes sociales después de está última visita: “Hoy la lucha del pueblo boliviano y colombiano se junta para reconocer en la diferencia una Latinoamérica unida y soberana”.

Emerge así un nuevo enfoque de las relaciones internacionales, en particular entre los países latinoamericanos, basado en la “unidad en la diversidad”. Colombia no sólo aspira a cambiar su destino para revertir su trágica historia nacional y empezar a vivir sabroso: también sería un actor fundamental para el cambio de equilibrios de poder en el plano continental.

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Anibal Torres presentó su renuncia por "motivos personales".. Imagen: EFE

La renuncia del premier Anibal Torres arrastra a todo el elenco ministerial

La renuncia de Torres se da cuando se venía especulando con posibles cambios ministeriales y en medio de duras críticas al gobierno y una renovada ofensiva en las movidas exigiendo la dimisión o destitución del presidente por denuncias de corrupción que están bajo investigación. 

 

Desde Lima

El presidente Pedro Castillo inicia su segundo año de gobierno con una crisis ministerial. El jefe del gabinete de ministros, el abogado Anibal Torres, presentó este miércoles su renuncia al cargo, con lo que cae todo el equipo ministerial. De esta forma, se suma una nueva crisis a la convulsionada gestión de Castillo, que en su primer año de gobierno ha enfrentado situaciones muy complicadas, que han incluido acusaciones de corrupción y de ineficiencia, y una guerra sin tregua de la derecha para desestabilizar su gobierno, que ha incluido dos intentos frustrados en el Congreso para destituirlo del cargo. Ahora Castillo deberá formar un nuevo gabinete de ministros, el quinto en apenas un año y días de gobierno.

Renuncia

En su carta de renuncia, que hizo pública en sus redes sociales, Torres señala que abandona el cargo por “razones personales”, sin dar más explicaciones. Remarca su apoyo a Castillo y le desea “suerte” en lo que resta de su presidencia. La renuncia de Torres se da cuando se venía especulando con posibles cambios ministeriales y en medio de duras críticas al gobierno y una renovada ofensiva en las movidas exigiendo la dimisión o destitución del presidente por denuncias de corrupción que están bajo investigación. Con poco menos de seis meses en el cargo, Torres, que asumió la jefatura del gabinete el 8 de febrero pasado, ha sido el jefe de gabinete más longevo en un gobierno acostumbrado a cambiar ministros y gabinetes con una frecuencia sin precedentes. Antes de ocupar la jefatura del gabinete ministerial fue ministro de Justicia.

Abogado de 79 años, Torres es un jurista y maestro universitario que se vinculó con Castillo en la segunda vuelta de las elecciones de 2021 que le dieron el triunfo al maestro rural. Nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, y con reconocimiento como abogado, Torres fue convocado para dirigir la defensa legal del entonces presidente electo frente a las demandas de la ultraderecha para desconocer el resultado electoral alegando un inexistente fraude en las elecciones. Se enfrentó a los estudios de abogados más poderosos del país -contratados por la derecha para defender la cadidatura de la derrotada Keiko Fujimori y armar una demanda de fraude electoral sin pruebas para desconocer el triunfo de Castillo- y salió airoso.

Protagonismo

Luego de su exitoso papel para desvirtuar con contundencia las demandas legales que buscaban robarle la presidencia a Castillo, Torres adquirió un importante protagonismo más allá de los círculos jurídicos y académicos en los que hasta entonces era conocido como un respetado abogado. Ese protagonismo, y el peso político que había ganado al interior del círculo cercano de Castillo, le valieron para ser nombrado ministro de Justicia en el primer gabinete de Castillo, a pesar de no tener una buena relación con el secretario general del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, al que había acusado de corrupto. Sobrevivió en el cargo cuando cayó ese primer gabinete, y en febrero de este año, cuando el tercer gabinete de Castillo se desmoronó antes de cumplir una semana, Torres fue llamado para asumir en medio de esa crisis la jefatura del cuarto gabinete ministerial del gobierno. Duró en el cargo más que sus tres predecesores.

Su gestión ha estado marcada por sus constantes enfrentamientos con la oposición, a la que ha acusado de golpista por sus reiterados intentos para destituir a Castillo. Asumió con locuacidad y temperamento para la confrontación el rol de principal defensor del gobierno. Con un presidente que suele optar por el silencio en momentos críticos, fue, en muchos episodios críticos, la voz del gobierno para enfrentrar a la oposición. Pero sus exabruptos verbales para pasar de la confrontación política al ataque personal le jugaron en contra. Protagonizó un escándalo mayúsculo cuando en un evento público, en el contexto de un paro agrario y de transportistas, sorprendió a todos poniendo a Hitler como ejemplo de un gobierno que había logrado el desarrollo de su país sacándalo de una grave crisis con trabajo y elogió la construcción de carreteras en el régimen nazi como un ejemplo a seguir. Las indignadas reacciones de rechazo desde todos los sectores no tardaron. Quiso arreglar las cosas diciendo que Hitler “fue un gran asesino”, pero el daño causado por sus inexplicables elogios a la Alemania nazi ya estaba hecho. Hubo una justificada condena generalizada. Se espearba su salida del cargo después de tan condenable afirmación, pero sobrevivió en el puesto varios meses más. Ese fue el peor momento de su gestión.

Al momento del envío de esta nota no se había nombrado al nuevo jefe del gabinete ministerial. La oposición ha recibido bien la renuncia de Torres, pero independientemente de esta salida y de quien sea su sucesor, la derecha parlamentaria sigue empeñada en su juego desestabilizador para buscar tumbarse al gobierno. En medio de la crisis política avanzan las investigaciones fiscales por la denuncias de corrupción contra el entorno de Castillo que salpican al mandatario. La permanencia en el cargo del presidente puede depender de cómo evolucionen esas investigaciones en los próximos meses. 

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Boric pide acuerdos en Chile para "mejorar" y aprobar la nueva Carta Magna del país

Santiago. En un nuevo avance de su compromiso para lograr la aprobación de la nueva Constitución, el presidente chileno, Gabriel Boric, instó ayer a los partidos políticos del oficialismo a alcanzar acuerdos acerca de posibles modificaciones al texto emanado de la Convención Constitucional, al tiempo que enfatizó las sustanciales diferencias entre "aprobar" o "rechazar" el texto en el plebiscito del 4 de septiembre.

Al preguntarle si considera viable un acuerdo previo al 4 de septiembre, Boric respondió: “no solamente lo veo viable, sino que lo insto. No veo dificultad para llegar a acuerdos, creo que se está dando un debate que enriquece, en el que hay consenso transversal, entre quienes quieren una nueva Constitución, de que el proyecto se puede mejorar.

Sí hay voluntad

"Hay una discusión en cuanto a cuáles son los contenidos específicos en aquello, pero yo veo una voluntad compartida de las dos coaliciones de impulsar un proceso de mejoras".

El presidente, a quien la oposición derechista y partidaria del "rechazo" acusa de hacer proselitismo y de ser quien comanda la campaña del "apruebo", también enfatizó que "es importante entender que los escenarios de apruebo o rechazo son distintos: si se aprueba el nuevo proyecto de Constitución no se va a depender del veto histórico que ha tenido la derecha durante los últimos 30 años respecto de la Constitución actual".

En cambio, "si se rechaza vamos a volver a foja cero y tendríamos que empezar un nuevo proceso constituyente, tal como lo decidió el pueblo de Chile, y yo ya lo manifesté de manera clara que esa es la posición del gobierno".

Ventaja al "rechazo", según encuestas

La incertidumbre acerca del resultado del plebiscito del 4 de septiembre –ciertas encuestas le dan una ventaja clara al "rechazo" (48 por ciento versus 38 por ciento) mientras otras muestran un empate técnico al medir el votante probable (aquel que dice estar decidido a sufragar)– hizo que en las últimas semanas la centroizquierda oficialista lanzara la consigna "aprobar para reformar" –esto es, despejar ya aquellos "ripios" que le restan apoyo al texto–, en contraposición al eslogan derechista "rechazar para reformar", en el cual se han hecho fuertes.

Durante todo julio el presidente Boric se lanzó a "gobernar desde los territorios" y prácticamente a diario se trasladó a comunidades y barriadas modestas de Santiago y de regiones a hablar con los habitantes, desde las cuales anunció medidas de apoyo a los sectores más necesitados, por ejemplo, el término del copago para los beneficiarios de los tramos más pobres del Fondo Nacional de Salud (Fonasa). Recuérdese que el acceso a la salud en Chile depende de la capacidad económica de quien la necesita, incluso en el sistema público.

Por Aldo Anfossi. especial para La Jornada

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Viernes, 29 Julio 2022 05:55

Un mundo sin potencia hegemónica

Un mundo sin potencia hegemónica

En vez de lamentarnos o alegrarnos por la deriva de la guerra en Ucrania, en favor o en contra de uno u otro bando, creo que deberíamos comprender cómo los cambios en el orden mundial están afectando a los pueblos y a los movimientos populares. La geopolítica debe sernos de utilidad para definir los modos de actuar de los de abajo ante las tormentas en curso.

Un reciente artículo de José Luis Fiori, investigador brasileño en el Instituto de Estudios Estratégicos sobre Petróleo, Gas y Biocombustibles, destaca en un artículo en IHU Unisinos que el mundo está transitando desde un "unilateralismo casi absoluto" hacia un "multilateralismo oligárquico agresivo", en un periodo en el cual el mundo "vivirá por un tiempo sin una potencia hegemónica" (https://bit.ly/3PwEctf).

Esta afirmación me parece tan ajustada como importante. Durante unas décadas viviremos en un mundo donde ninguna potencia podrá definir de forma unilateral las reglas y, por tanto, entramos en un periodo de caos y descomposición del sistema-mundo. Las reglas las impondrán muy a menudo las bandas o manadas armadas de asesinos paraestatales.

Un periodo relativamente breve, en términos históricos, de convulsiones profundas y gigantescas tormentas como ya lo ha analizado el zapatismo. Algo así ha sucedido durante las guerras de independencia, transición entre las hegemonías española y británica, o en la primera mitad del siglo XX, con dos guerras mundiales y múltiples revoluciones en el tercer mundo, que jalonaron el ascenso de Estados Unidos.

Aunque ahora las cosas no serán idénticas (por la suma de crisis climática, las armas nucleares, el ascenso de potencias no occidentales y la crisis del capitalismo, entre otras), la historia puede servirnos de espejo e inspiración, porque los sectores populares del mundo fueron brutalmente agredidos y no pudieron hacer prevalecer sus propios proyectos, cuando los tuvieron.

A partir de constatar que estamos ingresando en un mundo sin potencia hegemónica, quisiera exponer algunas ideas sobre el papel que podemos jugar los de abajo en esta convulsionada etapa.

El primer punto es que debemos rechazar tanto a la vieja potencia decadente como a las aspirantes a sustituirla. Se trata de guerras entre imperios y clases dominantes en las cuales nuestros intereses están ausentes. En las guerras de independencia latinoamericanas los pueblos originarios, negros y mestizos se jugaron la vida para que los criollos se hicieran con el poder.

Para ellos nada cambió. Peor aún, en muchos casos las nuevas repúblicas fueron más brutales que los virreinatos, como demuestra el caso del pueblo mapuche que sufrió despojo y genocidio en la mal llamada Pacificación de la Araucanía.

El segundo es que resulta imprescin­dible abrir espacios propios de los pueblos, poner en marcha proyectos de larga duración que no beneficien ni a las viejas élites ni a las nuevas emergentes. Si no pudiéramos enarbolar proyectos propios, seremos absorbidos por las clases dominantes que utilizarán la propaganda mediática para sumarnos a alguno de sus proyectos de dominación, como sucede en estos momentos ante la invasión de Ucrania.

El tercero es que nadie nos va a defender y muchos nos están asesinando o intentando domesticar. La existencia de múltiples violencias ejercidas por todo tipo de cuadrillas armadas –desde el narcotráfico hasta los paramilitares y las fuerzas estatales– son producto de un sistema en descomposición, del mismo modo que los feminicidios muestran un patriarcado herido y decadente, más brutal por tanto.

Por lo pronto, debemos crear los modos de autodefensa de los pueblos y sectores sociales que decidan defenderse, utilizando las formas que cada quien considere adecuados. Aunque podemos elegir la resistencia no violenta y pacífica, cuando se trata de defender la vida deberíamos ser flexibles a la hora de elegir las maneras.

Por último, en un mundo caótico atravesado por múltiples violencias, donde se suceden hambrunas, guerras y catástrofes de todo tipo (los incendios de este verano boreal son una pequeña muestra de lo que vendrá), podemos sobrevivir si creamos arcas autónomas colectivas capaces de navegar en las tormentas.

No son pocos los pueblos que ya están recorriendo este camino. Desde los pueblos originarios y barrios agrupados en el Concejo Indígena de Gobierno en México, hasta decenas de pueblos amazónicos, mapuche en Chile y Argentina, nasa y misak, en Colombia, entre otros. Como siempre sucedió en la historia, es en las periferias donde nace lo nuevo, donde nos enseñan modos que podemos replicar sin imitar.

Para recorrer el camino de las autonomías de abajo, debemos dejar de mirar hacia arriba, de entusiasmarnos con los circos electorales, con los candidatos del sistema y aún con las constituyentes, porque nos restan energías para la tarea más importante, que puede pavimentar nuestra sobrevivencia colectiva: la construcción de múltiples y diversas autonomías integrales.

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Por un horizonte más allá del capitalismo

El 7 de agosto, con la posesión de Gustavo Petro y Francia Márquez, iniciará el primer gobierno popular en la historia de Colombia. En medio del pragmatismo y el compromiso que implica conducir el Estado, los movimientos sociales deben permitirse la radicalidad de las ideas en la construcción de un nuevo horizonte de sentido para el país.

En repetidas ocasiones, Gustavo Petro ha señalado que su gobierno se esforzará por «desarrollar el capitalismo» para superar la dependencia en el extractivismo y la violencia en el país. El presidente electo parte de una lectura lineal de la historia, en la cual Colombia se encuentra estancada en una suerte de premodernidad que llama «feudal», en donde el poder político-económico gira alrededor de la tenencia de la tierra. Bajo esta idea, al desarrollar el capitalismo como forma de superar el «feudalismo», las fuerzas productivas del país alcanzarían sus niveles más altos, de manera que el extractivismo se superaría mediante una sociedad industrializada y altamente productiva. 

Sin lugar a duda, superar las estructuras político-económicas heredadas del régimen de hacienda de la colonia es una necesidad histórica para la modernización del país y la profundización de la democracia. Esto se torna mucho más urgente si se tiene en cuenta que la distribución inequitativa de la tierra y la prevalencia del latifundio son parte fundamental de las causas del conflicto armado. Ahora bien, Petro, actuando como estadista, construye su discurso y sus propuestas bajo el marco ideológico institucional que hoy prevalece; de allí surge la lectura lineal de la historia y la creencia de que el desarrollo del capitalismo bajo la intervención del Estado es la «única forma conocida en la historia» —como dijo en una reciente entrevista— para alcanzar la modernización de Colombia. 

De esta manera, la propuesta del gobierno de transición de Petro y Márquez se enmarca en los límites de la racionalidad institucional promovida incluso por corrientes del pensamiento latinoamericano (como la cepalina). Los movimientos sociales que acompañamos esta candidatura y celebramos la victoria popular que representó el triunfo electoral, junto a la intelectualidad comprometida con el cambio, en esta coyuntura histórica en donde emergen grandes potencialidades para la transformación de la realidad, debemos garantizar que se expandan los límites de esa racionalidad.

Debemos pensar más allá de lo establecido enraizando el análisis en nuestra realidad para encontrar alternativas al desarrollismo capitalista, de manera que en Colombia y América Latina logre potenciarse un horizonte nuevo, un camino auténtico que le proponga al mundo una salida a la crisis planetaria. Como afirmó el sociólogo chileno Hugo Zemelman,

Se busca estar en la vastedad de la realidad y no dejarse aplastar por los límites de lo que ya está producido; de allí que se tenga que romper con las determinaciones histórico-culturales que nos conforman para rescatar al sujeto histórico como constructor y retador.

Capitalismo, crisis ambiental y violencia

Uno de los aspectos clave del nuevo gobierno es su compromiso con la superación del extractivismo. La centralidad que adquiere el medioambiente en su discurso es notoria, particularmente la preocupación por el cambio climático y la apuesta por ubicar la vida como eje de la política. «Colombia, potencia mundial de la vida», fue el eslogan de campaña de Petro y Márquez, aludiendo a la inmensa diversidad biológica del país y la necesidad de protegerla del extractivismo depredador, lo cual representa una apuesta novedosa y esperanzadora que pretende superar los errores de la «ola progresista» de la primera década de este siglo.

Sin embargo, promover el desarrollo capitalista resulta contradictorio con esta apuesta. Esto, debido —al menos— a dos elementos estructurantes del capitalismo. El primero, es que se trata de un sistema basado en el crecimiento económico y la acumulación constante. El crecimiento desaforado de la producción y el consumo para garantizar altas tasas de ganancia, sin considerar los ciclos de los ecosistemas, ha generado una presión tal sobre la naturaleza que tanto las condiciones para la producción como la vida misma están en riesgo. En sus ensayos sobre marxismo ecológico, James O’Connor define este proceso autodestructivo como la «segunda contradicción del capitalismo». 

El segundo elemento es que el capitalismo es un sistema esencialmente violento: el crecimiento y acumulación constantes son posibles solo gracias al despojo. La acumulación originaria es la categoría que usó Marx para describir el violento proceso de saqueo de tierras y bienes comunes en Inglaterra que posibilitó el desarrollo industrial capitalista de este país. Pero más que un proceso fundante, la acumulación originaria es una constante del capitalismo, que se expresa de maneras distintas en nuestro tiempo. Autores como David Harvey nos hablan de «acumulación por desposesión» para explicar cómo las privatizaciones de hoy se sustentan en el despojo violento no solo de bienes comunes materiales sino de derechos inmateriales. Así las cosas, desarrollar el capitalismo implicaría continuar con la violencia en contra de las poblaciones rurales y la naturaleza en función del crecimiento económico constante y la acumulación.

Sumado a estos dos elementos es preciso señalar que, desde la teoría del sistema-mundo y la división internacional del trabajo, el capitalismo ha tenido un alcance global a través de su expansión colonial sobre las «periferias del mundo». En el centro del capitalismo global se encuentran las potencias industrializadas, quienes concentran el poder económico, tecnológico y militar, mientras que en las llamadas periferias —como lo son Colombia y otros países de América Latina— se ubican las fronteras extractivas de donde se extraen las materias primas que alimentan la producción industrial y la mano de obra barata, explotada para sostener las altas tasas de ganancia de los más ricos.

Desde esta perspectiva, a diferencia de lo que señala Petro, el capitalismo ya ha estado presente en Colombia, aunque no en la forma en que el presidente electo pretende, sino en la forma en que éste se expresa en la periferia global colonizada. Allí yace entonces la realidad que debemos afrontar: el capitalismo en Colombia adquiere una forma extractivista que despoja violentamente y destruye la naturaleza. Y el orden clasista y racista del régimen de hacienda que justifica el exterminio ha sido el acuerdo político institucional que desde la colonia ha sostenido a Colombia en la periferia del capitalismo global.

La insistencia en la perspectiva lineal eurocéntrica que sugiere el desarrollo capitalista como vía para superar el «feudalismo» en Colombia, aunque pueda resultar efectiva discursivamente, niega la realidad del capitalismo rentista colonial y puede conducir a la justificación de nuevas formas de violencia y despojo.

Ideas para la construcción de un nuevo horizonte común

La idea unidireccional del progreso ha estado enraizada incluso en corrientes del marxismo ortodoxo. Desde allí, la destrucción de las formas «precapitalistas» del mundo rural y la proletarización de su población es vista incluso como parte de un proceso civilizatorio. Sin embargo, para quienes pensamos el mundo desde el trópico y el Sur, con la preocupación incesante de la crisis ecológica, el desarrollo capitalista significa violencia sistemática y la entrega de nuestro destino a la tecnocracia neoliberal.

De lo que se trata entonces, siguiendo la idea de Walter Benjamin, es de darle un manotazo a la locomotora del progreso capitalista —no de acelerarla— para que en el descarrilamiento podamos construir nuestro propio destino, partiendo de lo que hemos sido, lo que somos y lo que podemos ser. Ampliar los límites de la razón para construir un nuevo horizonte común, actuar sobre la realidad que nos fue dada escudriñando en las realidades posibles que yacen en las resistencias y luchas colectivas de nuestros pueblos.

Entre los movimientos sociales y sectores populares que han hecho posible la victoria electoral del primer gobierno de izquierda en Colombia, podemos encontrar valores y relaciones sociales que permitirían construir alternativas al capitalismo: la solidaridad, la comunalidad, el cuidado colectivo, la reciprocidad, la libertad, la dignidad y la autonomía son solo algunos de ellos.

En su planteamiento sobre el socialismo raizal, el sociólogo colombiano Orlando Fals Borda señalaba la importancia de retomar la estructura de los valores sociales de los pueblos con el objetivo de «descubrir aquellos valores que sean congruentes con nuestras actuales metas colectivas», de manera que sea posible construir un horizonte socialista común pero diverso, construido al son de los ritmos y culturas de cada pueblo. 

Para el caso de Colombia, Fals Borda identificó cuatro pueblos fundantes que, en su opinión, constituyen el ethos de lo que somos como nación: los pueblos indígenas, de donde se rescata la solidaridad o el «siempre ofrecer», la reciprocidad o el «siempre devolver», la no acumulación o el «siempre distribuir» y el extraer recursos de la naturaleza sin exceder sus límites. La afrocolombianidad palenquera, que cuenta con un sentido de libertad e inventiva en situaciones de resistencia, así como una vida comunitaria que hoy se reconoce en categorías como el «vivir sabroso» o el «soy porque somos» promovidos por la vicepresidenta Francia Márquez. Los campesinos y artesanos antiseñoriales de origen hispánico, de donde se destacan los valores de la dignidad política y personal y, finalmente, los colonos del interior agrícola, donde perviven valores de la autonomía y el gobierno participativo.

En la composición de los movimientos sociales que han protagonizado las grandes movilizaciones de la última década en Colombia hemos podido apreciar la presencia de estos pueblos originarios y de sus valores fundantes como ejes articuladores de las reivindicaciones y luchas por la paz, la educación, el medio ambiente, las garantías laborales y la justicia social. Pero existe otro sector que no fue considerado en su momento por Fals Borda y es crucial en América Latina: el movimiento feminista.

Sobre los cuerpos de las mujeres ha recaído la violencia del conflicto armado, y sobre sus hombros se han sostenido las familias y comunidades que han visto arrasado su territorio por la guerra. Tras mantenerse en pie luego de un conflicto armado de más de cinco décadas, las mujeres, sus resistencias y redes de solidaridad, constituyen un actor fundante de lo que hoy es la Colombia popular. Del movimiento feminista se rescata el valor revolucionario más importante de nuestro tiempo: la construcción crítica de una subjetividad emancipatoria a través del reconocimiento de que lo personal es político. 

No se trata, sin embargo, de «esencializar» a estos pueblos o sectores sociales. De lo que se trata es de rescatar, entre las contradicciones que les componen, aquellos valores en movimiento que nos permitan afrontar las metas de una sociedad que debe reconciliarse y buscar un rumbo propio en el marco de la crisis planetaria. El desafío, así, pasa por vernos a nosotros mismos no solo a través de las ideas de Occidente o los marcos normativos de la tecnocracia liberal, sino también como el resultado de las resistencias y luchas de nuestros pueblos, donde surgen valores, formas de ser, de pensar, de crear y de producir distintas a las de la productividad capitalista.

Expandir los límites de la razón

El nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro y Francia Márquez, en el marco de una nueva ola progresista en América Latina, tiene potencial para hacer historia. Pero para ello resulta indispensable que los movimientos sociales se permitan el pensamiento radical. Son los movimientos populares los que deben tomar en sus manos la tarea de rescatar de la realidad que vivimos aquellos elementos que apunten a la transformación y superación del capitalismo y proyectarlos y profundizarlos.

América Latina es rica en saberes, prácticas y formas de vida que pueden reconfigurar nuestra relación con la naturaleza y con el mundo que nos rodea. Aprender a vivir de otra manera es una necesidad no solo de Colombia, sino de todo el mundo, si lo que se busca es evitar la catástrofe ambiental. El desarrollo capitalista amenaza esa posibilidad, por más buenas intenciones que tenga. Son en cambio, ideas como las del socialismo raizal las que debemos explorar con mayor detenimiento para la construcción de proyectos políticos que disputen el sentido del Estado y avancen hacia un horizonte común socialista, diverso, ecológico y feminista. 

En un momento de crisis planetaria como el presente, América Latina está en condiciones de hacer un gran aporte a los pueblos que luchan en todo el mundo. En Colombia, por primera vez en nuestra historia, tendremos un gobierno popular comprometido con la transformación de la realidad. Los movimientos sociales tendremos que aprender a movernos entre el apoyo a Gustavo Petro y Francia Márquez y la disputa del proyecto de gobierno hacia un sentido cada vez más transformador. Pero, sobre todo, debemos insistir en soñar más allá de lo establecido y atrevernos a crear, porque en nosotros está el futuro.

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El proyecto de Gabriel Boric para asegurar el acceso gratuito de salud a cinco millones de chilenos

Plan Copago Cero

"Los derechos no tienen que ser negocios", sostuvo el presidente de Chile, Gabriel Boric, al presentar este miércoles el plan Copago Cero que asegurará el acceso gratuito al sistema público de salud a 5 millones de familias de ingresos medios. Hasta ahora, el plan del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) cubría a quienes percibían ingresos inferiores a 415 dólares mensuales. 

Boric presentó el plan en el hospital Félix Bulnes, de Santiago de Chile, y sostuvo que el plan es parte del propósito de su gobierno de "bajar la carga que las familias tienen ante lo que deberían ser derechos" para un sistema de salud pública que antiende a 15 millones de chilenos, sobre una población cercano a los 20 millones.  

El plan Copago Cero que entrará en vigencia el 1 de septiembre significará una inversión por parte del Estado chileno de 23 millones de dólares, cerca de 21.000 millones de pesos chilenos. "Esos 21.000 millones que estamos instalando para que esta política pública se genere, estamos pensando que pueden tener sostenibilidad y, por tanto, esta política pública se sostendrá en el tiempo y nosotros esperamos que pasos como este nadie se atreva a retroceder", advirtió la ministra de Salud, María Begoña Yarza.

El programa fue ordenado a través de una medida administrativa, por lo que no requiere una ley que pase por el Congreso  y permitirá un ahorro promedio anual equivalente a unos 290 dólares por hogar, según datos del Estudio de Caracterización del Gasto 2019, elaborado por el Fonasa.

Boric calificó la medida como un "avance histórico" en materia de salud, que viene a cumplir uno de los compromisos de su programa de gobierno. "Para eso nos la vamos a jugar y dar lo mejor de nosotros, para que la salud, pensiones, la vivienda, la educación, sean accesibles para todos los ciudadanos de nuestra patria sin importar cuánta plata tengan en el bolsillo", aseguró.

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Un inédito ejercicio de empalme en salud

Como en todo proceso de cambio de gobierno, en estos días en Colombia se ha llevado a cabo un ejercicio de empalme entre el gobierno saliente del presidente Iván Duque y el entrante del electo presidente Gustavo Petro[2]. Si bien este ejercicio ha seguido la costumbre de la presentación de informes y las conversaciones de oficina, el actual empalme ha tenido una particularidad, dado que se ha realizado en medio de una intensa dinámica de participación social.

Esto ha sido muy evidente en el sector salud donde durante quince días un nutrido grupo de personas, cerca de 235 voluntarios seleccionadas ad hoc por la comisión de empalme del sector salud designada por el presidente electo[3], asistieron a reuniones con funcionarios de diferentes instancias del Ministerio de Salud y Protección Social y de otras instituciones del sector, con el fin de entender las ejecutorias del gobierno que termina y valorar la situación que deberá afrontar el próximo gobierno.

Como parte de esa labor, los diferentes grupos repartidos en varias mesas de trabajo elaboraron unos breves informes que fueron sintetizados y socializados el pasado 14 de julio, en las instalaciones de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, en la ciudad de Bogotá. Los resultados presentados, que serán recogidos y publicados en una página web (http://empalmeminsalud.com/ ), servirán de insumos para el informe final de empalme que le presentará la ministra de salud designada, Carolina Corcho, al electo presidente Petro y a la electa vicepresidenta Francia Márquez.

En este artículo, se presenta una visión general de lo ocurrido en dicho evento de socialización del trabajo de empalme en salud, en el cual se expusieron algunos de los hallazgos del ejercicio, se establecieron varias alertas y se formularon sugerencias para la acción mediata e inmediata.

La lógica del evento

La socialización se llevó a cabo en una jornada de medio día que, en términos generales, tuvo dos grandes momentos. En el primero, las personas que participaron en las 156 reuniones con funcionarios y en la lectura de informes y documentos se reunieron según la dependencia que tenían a su cargo, para organizar de manera conjunta los hallazgos obtenidos en el ejercicio, y definir la mejor manera de presentar el balance general por dependencia.

En el segundo, a modo de plenaria, se presentaron esos balances con el fin de tener una visión panorámica de la situación y se acordaron algunos tiempos específicos para entregar los insumos escritos y dar paso a una nueva fase del trabajo que tiene previsto el equipo de empalme del gobierno entrante.

En este momento se escucharon los informes referentes al trabajo realizado en el despacho ministerial y la secretaria general, el viceministerio de salud pública, el viceministerio de protección social, la superintendencia de salud, y algunos de los institutos que forman parte del sector (Invima, Instituto Nacional de Salud, Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, Instituto Cancerológico). Y también se escuchó el informe especial de un grupo de trabajo que analizó el tema étnico, como eje transversal de la labor que se hace en el sector salud.

En conjunto, el evento se tornó en un muy interesante escenario pedagógico, en el cual los diferentes participantes pudieron intercambiar sus experiencias y aprender acerca de la complejidad del sector salud y las dinámicas institucionales que se adelantan. Pero también se pudieron recoger algunas importantes lecciones, de cara a los retos que se le plantean al nuevo gobierno.

Por ahora, resulta de interés resaltar tres características del evento que reflejan, a su vez, la importancia que adquiere esta labor de empalme. En primer lugar, cabe señalar que el evento reunió conocedores del tema de la salud con formaciones técnicas y profesionales distintas y roles diferentes. De tal manera que el evento contó con la participación de activistas sociales, académicos, políticos profesionales y expertos técnicos en distintas áreas. Fue, por tanto, multidisciplinar, multiprofesional y plural.

En segundo lugar, el evento reunió personas de diferentes regiones del país así que fue un evento participativo y de alcance nacional aunque, claro está, muchas de las personas que participaron más activamente de la labor de empalme viven o trabajan en Bogotá, dado que la labor implicó reunirse con funcionarios que trabajan en esta ciudad.

En tercer lugar, el evento le dio mucha voz a las mujeres y a miembros de los grupos indígenas y afrodescendientes. En este sentido el evento fue plural y diverso. Y posibilitó que distintas personas analizaran la labor institucional del sector salud, valoraran qué tanta apertura existe frente a la diversidad y opinaran sobre lo que es posible hacer en el futuro inmediato.

Todo esto le dio una gran riqueza al trabajo, pero también hizo visible los enormes retos que se tienen por delante. En algunos instantes, los reclamos y las críticas en el actuar del sector salud se hicieron presentes, si bien los intercambios se orientaron a precisar elementos de análisis, llamados de alerta y sugerencias para la acción gubernamental.

Los llamados de alerta

 Como parte del proceder metodológico de los diferentes grupos de trabajo, se elaboró una guía de análisis que posibilitaba que todos los participantes en las reuniones con funcionarios y todos los analistas de documentos se enfocaran en algunos puntos esenciales, sin menoscabo de recurrir a su experticia personal para identificar retos, oportunidades, amenazas y riesgos.

Por ello, los cortos informes de los distintos grupos, que fueron reunidos por dependencia en el primer momento del evento, incluían una descripción de la situación y una identificación de alertas técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Cada grupo quedó de entregar un reporte escrito de cada situación analizada y de todas las alertas. Por ello, estas no fueron presentadas en extenso en el segundo momento del evento, aunque adquieren una gran importancia en el ejercicio de empalme. Aun así, algunas de los llamados de alerta fueron conocidos por todos, y ellos hacen referencia a contratos que se están haciendo a último momento, deudas que tiene el sector, compromisos adquiridos, recientes recortes de personal y presupuestos con baja o nula ejecución.

Por ejemplo, se mencionó que el despacho del ministerio tiene una oficina de manejo de desastres y gestión territorial en la cual las labores de gestión territorial y participación social no son visibles, existen algunos recortes presupuestales identificados por quienes analizaron la labor de la oficina asesora de planeación y se hace necesario darle seguimiento a proyectos de baja ejecución. A su vez, el grupo que analizó la oficina de tecnología identificó problemas de seguridad informática.

También se mencionaron algunos problemas de contratación de personal, precarización del trabajo en salud, compromisos presupuestales para cumplir acuerdos internacionales y algunos aspectos que involucran seguimiento de patrimonios autónomos de algunas instituciones y cobros coactivos. Entre otros asuntos adicionales que se mencionaron, cabe resaltar el énfasis que se dio frente al hecho de que el presupuesto para la salud pública en el país tiene un déficit histórico que es necesario empezar a cubrir.

Además, se señaló que existe un problema de gobernanza de la salud pública en el país, que la Atención Primaria en Salud (APS) brilla por su ausencia y que existe una gran desarticulación dentro del sector. Por último, cabe mencionar tres alertas especiales de las que se habló: una referida a la asignación de recursos para la implementación del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP); otra al hecho de que el viceministerio de protección social ancla su enfoque en una visión empresarial y, por tanto, le cuesta pensar en una lógica propia de las entidades públicas garantes de derechos; y, una más, señaló que al sector salud le hace falta muchísima más acción intercultural.

Algunas de las sugerencias

También cabe señalar que en la plenaria se presentaron algunas sugerencias para la acción futura aunque, nuevamente, hay que decir que el propósito de la jornada, más que detenerse en el detalle de las propuestas de cada grupo de trabajo, fue socializar de manera breve lo trabajado por los diferentes grupos y organizar la continuación del proceso, en el cual los hallazgos específicos deben cumplir una función esencial como guía del accionar del nuevo gobierno.

Algunas de las sugerencias presentadas pasan por hacer seguimiento a proyectos de baja ejecución, fortalecer los procesos de desarrollo y monitoreo de los planes departamentales y municipales de salud, fortalecer el presupuesto para contratación del personal en salud, reorganizar algunas dependencias, reevaluar la política de participación social en el sector e invertir en tecnología de información y comunicación que posibilite la transformación digital en el sector salud y la articulación del sistema de información.

Otras sugerencias resaltan la necesidad de aumentar el financiamiento de las labores en salud pública, mejorar la gobernanza en salud, mejorar las condiciones del trabajo en salud y mejorar la autoridad sanitaria nacional. Se piensa también en rediseñar el sistema de información para poder gobernar adecuadamente y resulta indispensable revalorar el vínculo que tanto el PDSP como el Plan Nacional de Salud Rural tienen con el conjunto de acciones en salud. Y se señala que es fundamental iniciar un proceso de recuperación de la responsabilidad pública y estatal con la garantía del derecho a la salud, respetando y estimulando la diversidad cultural que se encuentra en el país.

En fin, aunque no hubo tiempo para decantar toda la labor de cada grupo y mucho menos discutir los detalles de sus hallazgos, el evento sirvió para compartir una visión general de los retos que se enfrentan y una oportunidad para que muchos de quienes han sido críticos de la acción gubernamental se enfrenten al reto de pensar en lo que significa ser gobierno.

La tarea sólo ha empezado, puesto que aún quedan muchas cosas por hacer antes de entrar en propiedad al trabajo gubernamental, pero el empalme en salud ha resultado inédito puesto que se articula con un proceso de movilización social previo, involucra nuevos actores en el ejercicio y reivindica de múltiples maneras y en todas las instancias la diversidad. Veremos si esto es suficiente para superar algunas de las resistencias institucionales presentes en nuestro sistema sanitario y para reencausar el trabajo del sector pensando de manera amplia, y ambiciosa en la posibilidad de lograr una sociedad sana, justa y en paz.

Bogotá, 18 de julio de 2022

 

Por Juan Carlos Eslava C[1]

 

[1] Profesor asociado, Departamento de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad Nacional de Colombia.

[2]https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gustavo-petro-definido-su-equipo-de-empalme-presidencial-683285 ; https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/06-29-2022-empalme-presidencial-privilegia-estudio-de-siete-sectores-claves

[3] Al final, la comisión de empalme quedó compuesta por las siguientes personas: Carolina Corcho, Claudia Beatriz Naranjo, Claudia Vaca, Tatiana Andia, Jaime Urrego, Mario Hernández, Aldo Cadena, Yoseth Ariza, Jhon Jairo Tapie, Luis Alberto Martínez, Sergio Isaza, Ulahy Dan Beltrán, Félix Martínez, Abdiel Mateus, Luz Marina Umbasia, Francisco Rossi. Mauricio Bustamante y Guillermo Alfonso Jaramillo.

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Chile: Boric da batalla para lograr la aprobación de la nueva Constitución

Aunque Michelle Bachelet apoya la nueva Carta Magna y los vecinos piden al presidente que autografíe los ejemplares del texto, la mayoría de las encuestas se inclinan por la opción Rechazo.  

 

Esta semana terminó de activarse la campaña por el Plebiscito de Salida fijado para el 4 de septiembre próximo, el mismo día que triunfó hace 52 años, Salvador Allende y con voto obligatorio. Aunque está disponible online, el texto definitivo preparado por la Convención Constitucional encabeza los rankings de libros más vendidos del país y ha sido repartido en diversos puntos del país. Y aunque, por normativa de Contraloría, el gobierno de Gabriel Boric —indisolublemente vinculado al proyecto de Nueva Constitución— no puede pronunciarse abiertamente a favor de la opción “Apruebo” se ha desplegado para dar a conocer a la ciudadanía el texto en la campaña denominada “Chile vota Informado”.

Algo que ha enfurecido a la derecha, molesta porque los vecinos le piden a Boric que autografíe ejemplares, como sucedió en la santiaguina comuna de Peñalolén. Algo que incluso motivó un curioso intercambio entre un periodista de TV y una mujer que, consultada sobre el tema de la firma del presidente, en un punto de prensa, le respondió alentada por el propio Boric: “Encuentro ridículo que hagan esa pregunta de que uno quiera firmar el libro que nos entregan”.

Qué dicen las encuestas

A pesar de las risas de ministros y Boric, en el gobierno hay preocupación. Prácticamente todas las encuestas, desde antes que se aprobara el texto final, dan por ganador a la opción “Rechazo” siendo las más recientes las de Panel Ciudadano (55 % “Rechazo” vs 45% Apruebo”) y Pulso Ciudadano (60,4% vs 28,6%).

Los estudios privados que circulan en La Moneda señalan lo mismo: la población no está alineada con la opción de aprobar esta nueva constitución y entre las razones estaría el caótico proceso de la escritura de la Constitución con innumerables discursos, convencionales de distintos sectores tocando guitarra, disfrazados o insultando, discusiones que superaban la medianoche y propuestas que abarcaban desde el voto para menores de 16 años hasta el fin del Senado que, por temas de tiempo y canales de difusión eran muy complejas de seguir y entender, incluso para quienes reporteaban o investigaban el proceso.

Algo que puede defenderse como parte de un proceso inédito en la historia chilena y que busca generar una Carta Magna paritaria e inclusiva, que enfrente a las élites que han controlado el relato y los poderes de la nación, fue mal evaluada por la ciudadanía.

A eso hay que sumarle escándalos mediáticos como el caso de Rodrigo Rojas Vade, convencional y activista durante el Estallido Social de octubre de 2019 que fingió padecer de cáncer (aunque renunció y reintegró sus dineros) o errores de redacción descubiertos esta semana sobre temáticas como la nacionalidad chilena y quienes serían apátridas cuya gravedad es relativizada por los convencionales y exagerada por la oposición.

Fake news

El proceso además está fuertemente influido por las mentiras e imprecisiones que circulan en redes sociales y que manipulan los miedos de los votantes. Esto incluye desde supuestas normas que harán que las casas sean expropiadas por el Estado tras la muerte de los dueños hasta inverosímiles planes de dominación de los pueblos originarios o, derechamente la destrucción del país.

Una “guerrilla digital” que viene desde el año pasado y que es generado, según diversas investigaciones desde la derecha que ha desprestigiado el proceso desde el principio, cuestionando conceptos como la plurinacionalidad y que aprovecha no solamente la incertidumbre y buena fe ciudadana ante informaciones que aparentan ser “serias”, sino también a lo difícil que hacer el trazado al origen de estas informaciones.

También está la irrupción de grupos financiados por la derecha como “Amarillos por Chile” —el amarillo remite a aquellos que no son ni de derecha ni de izquierda que durante el Estallido era un adjetivo negativo— que aseguran saber que lo que los chilenos realmente quieren son modificaciones al modelo, pero no cosas tan “radicales” como lo que supuestamente propondía la Nueva Constitución.

"No es perfecta, más se acerca"

Todo este escenario permite entender por qué Boric, en plena entrevista televisiva y ante el espanto de muchos ex constituyentes, aseguró hace dos viernes que de ganar el rechazo “debe haber un nuevo proceso constituyente”.

Una jugada que para muchos inclinaría la balanza ciudadana a favor del apruebo (repetir el proceso sería agotador) pero que también es un reconocimiento que la Constitución de 1980, redactada entre cuatro paredes en plena dictadura -aunque con importantes modificaciones durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006)- debe pasar literalmente a la historia.

El tema es complejo ya que en un principio se rumoreaba sobre un “Plan B” preparado por el gobierno en caso de que el “Apruebo” no logre imponerse, luego se negó insistentemente, luego se supo que incluso circulan copias de un texto alternativo entre senadores y figuras oficialistas y ahora Boric se pone en el peor escenario.

Sólo Michele Bachelet, la única expresidenta de izquierda del país que ha manifestado su apoyo al “Apruebo” explícitamente —Lagos difundió una carta donde acusaba a la Convención de separar a los chilenos y Eduardo Frei dijo que votaría rechazo— citando una canción de Pablo Milanés: “No es perfecta, más se acerca a todo lo que soñé”.

Una declaración que fue trending topic y fue aprovechada hábilmente por Boric quien se reunió con ella y sabiendo que no puede apoyar explícitamente la opción “Apruebo”, señaló a los medios que, junto a conversar sobre la actualidad , “cantamos Pablo Milanés”. 

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En su visión, Tony Blair deja en el aire a India e Indonesia, lo cual no presagia nada bueno.Foto Ap

En su tétrica oración fúnebre, más que conferencia, en Ditchley Foundation, el megapolémico ex primer británico Tony Blair (TB), al borde de la depresión mental y dentro de su simplista esquema "bipolar" entre EU y China –sin Rusia–, asentó la "asociación estratégica" del binomio hoy indisoluble de China y Rusia, al que se sumaría Irán (https://bit.ly/3vvn3Zl).

TB dejó flotando en el aire a India e Indonesia (máxima población islámica del mundo), lo cual no les presagia nada bondadoso de parte de la Pérfida Albión.

Se pudiera aducir que el "eje Rusia/China/Irán" es más de corte geoestratégico, cuando Irán mantiene simultáneamente óptimas relaciones con China y Rusia –no se diga con India–, pese a la afilada y punzante espada de Damocles de las sanciones de EU y la amenaza permanente de un ataque de Israel que, con el apoyo de Washington, ejerce unilateralmente el monopolio de más de 250 bombas nucleares en Medio Oriente.

La relevante visita reciente del presidente ruso Vladimir Putin a Teherán (la quinta en su haber, lo cual es muy significativo) –para concurrir a la cumbre trilateral con el sultán Erdogan, de Turquía, bajo el “formato Astana (https://bit.ly/3czsIXB)” diseñado para resolver el contencioso de Siria– descolgó un trascendental acuerdo en materia de hidrocarburos por 40 mil millones de dólares (https://bit.ly/3oks42G).

Global Times de China expresa que la visita de Putin a Teherán constituyó un "fuerte revire" que le "pisó los talones" al viaje de Biden, quien "regresó con las manos vacías de Medio Oriente"–al no poder crear una "OTAN árabe", es decir, un "frente contra Irán" y, peor aún, sin poder incrementar la producción de petróleo de las seis petromonarquías del Consejo de Cooperación del Golfo, encabezadas por Arabia Saudita (https://bit.ly/3B9lDHi).

Irán acaba de ingresar al geoestratégico Grupo de Shanghai (https://bit.ly/3IYrKQz) y ha aplicado para pertenecer a los BRICS, en la fase del supremo líder de la teocracia chiíta, el ayatolá Jamenei, y de su presidente Ebrahim Raisi.

El jázaro Jake Sullivan, muy mediocre asesor de Seguridad Nacional de Biden, aseveró que Irán planea entregar "centenas" de drones de combate a Rusia (https://bit.ly/3yUBnLE), mientras que otro jázaro adicto a la incoercible rusofobia, Anshel Pfeffer, exagera de que “Putin perdió la guerra de los drones y cómo Irán lo puede ayudar en Ucrania (https://bit.ly/3yYZ3i6)”.

Dos puntos salientes que llamaron mi atención fueron: 1. La "gradual desdolarización" de Turquía, todavía miembro de la OTAN, e Irán y 2. El transcendental corredor geoeconómico de transporte –por tierra, ferrocarril, y mar de 7 mil 200 kilómetros– "Norte-Sur (INSTC, por sus siglas en inglés)" que conecta Rusia e India a través de Irán y Azerbayán en el mar Caspio (https://bit.ly/3oj19EB).

En la medición nominal del PIB por el FMI, Irán ocupa hoy, pese a las devastadoras sanciones de EU, el sitial 14 –1.74 billones de dólares, ¡antes de España y detrás de Australia!–, mientras Turquía ha periclitado al lugar 23, con 692 mil 380 millones de dólares, lo cual ha perjudicado la cotización de la lira turca.

Según Bloomberg, Turkye (su nuevo nombre) busca abandonar el dólar en sus pagos por la energía de Rusia, lo cual “podría amainar la declinación de sus reservas (https://bloom.bg/3BbITok)”.

La nueva ruta de India a Rusia, pasando por Irán y Azerbayán, disminuirá la mitad la logística presente.

El INSTC (https://bit.ly/3Pqzqxn) constituye la conectividad más corta entre India y Rusia, lo cual reducirá sus costos de logística y el tiempo de transporte.

A su vez, Azerbayán e Irán han concretado un nuevo acuerdo de transporte (https://bit.ly/3v6nfxC) que se vincula con Rusia e India y forma parte del INSTC.

Irán se posiciona así como un hub (encrucijada) de dos ejes futuristas, uno geopolítico (con China) y otro geoeconómico (con India), con tres superpotencias convergentes (el RIC: Rusia/India/China), mientras Turquía, miembro de la OTAN, medita su dilema existencial de permanecer en un bloque "occidental" que lo desdeña o revivir su glorioso pasado medioriental/centroasiático.

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