Cuba aprueba esperada ley para crear Pymes privadas y estatales

Pasos firmes para actualizar el modelo económico en la isla: Díaz-Canel

Estas pequeñas empresas ya existen de forma "enmascarada", admite el gobierno

 

La Habana. El gobierno cubano aprobó a última hora del viernes el decreto de ley que autoriza el funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) privadas y estatales, una medida que avanza hacia las reformas económicas en el país socialista, en el que predomina la empresa pública.

"El Consejo de Estado aprobó el decreto-ley Sobre las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, que facilita su inserción de forma coherente en el ordenamiento jurídico como actor que incide en la transformación productiva del país", señala una nota en la página web de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba.

La aprobación de las "normas jurídicas" que regirán las Pymes "ya es un hecho", celebró en Twitter el presidente Miguel Díaz-Canel. "Seguimos dando pasos firmes en la actualización del modelo económico de Cuba", apuntó.

Su ministro de Economía, Alejandro Gil, destacó que con la legalización de las Pymes y mayor autonomía de la empresa estatal, "la economía cubana entra en un proceso de transformación y desarrollo".

Esta decisión, largamente esperada por los emprendedores cubanos, llega casi un mes después de que estallaron las inéditas manifestaciones opositoras al gobierno, los pasados días 11 y 12 de julio en más de 40 ciudades del país, que dejaron un muerto, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En una sesión ordinaria del Consejo de Estado, en la que Díaz-Canel participó mediante videoconferencia, se aprobaron otras medidas orientadas al desarrollo de las cooperativas no agropecuarias y de los trabajadores independientes o por cuenta propia.

"Para la economía cubana, no sólo en el ámbito económico, sino también en el ámbito histórico, esto representa un paso gigante que tendrá consecuencias en el mediano y largo plazos" para la reconfiguración de la economía, declaró Oniel Díaz, consultor especializado en desarrollo de negocios.

La asamblea determinó que las Pymes podrán ser estatales, privadas o mixtas y que las microempresas podrán tener de uno a 10 empleados; las pequeñas, de 11 a 35 personas, y las medianas, hasta 100 trabajadores.

En febrero pasado, el gobierno amplió a más de 2 mil las actividades en las que pueden laborar los trabajadores independientes en la controlada economía cubana.

El gobierno señaló en junio que algunas actividades autorizadas para trabajadores independientes no estarán en la lista de las Pymes, como "programador de equipos de cómputo, tenedor de libros, traductores e intérpretes, veterinarios para animales afectivos o domésticos, diseñadores y ciertos tipos de consultorías".

El primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseveró en junio que la ampliación de actividades a manos de privados "no conduce a un proceso de privatización, pues hay límites que no se pueden rebasar".

Para Oniel Díaz es un "momento importantísimo por el que muchos empresarios privados llevan años esforzándose, trabajando y tratando de aportar en el debate nacional".

El gobierno ha reconocido que las pequeñas empresas funcionan ya en la isla de manera "enmascarada", pero con un marco legal se podría generar mayor interés hacia estos negocios.

Para la comunidad de negocios de Estados Unidos, el gobierno de Díaz-Canel tomó "una decisión significativa que puede revalorizar el interés empresarial en la isla", dijo el Consejo Económico y Comercial Cuba-Estados Unidos en junio pasado, cuando el gobierno cubano anunció que reglamentaría las Pymes.

Cuba ha acelerado sus reformas, mientras enfrenta una profunda crisis económica por la pandemia de coronavirus que ha golpeado al sector turístico, motor de su economía, y en medio del embargo económico de Estados Unidos endurecido por los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden.

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Elisa Loncón (der.), presidenta de la Convención Constitucional.. Imagen: EFE

Con una presidenta mapuche y una mayoría de izquierda, los encargados de escribir la nueva Carta Magna quieren una sociedad más horizontal y con una agenda ecológica y con paridad de género.

 

El pasado 4 de julio se inició un ciclo inédito en la historia chilena reciente: la instalación de la Convención Constitucional la que redactará la nueva Carta Magna que reemplazará a la de 1980 instaurada por la dictadura de Pinochet. Esto luego del llamado “Estallido Social” iniciado el 15 de octubre de 2019, con más de un millón de personas protestando en diferentes ciudades del país y una represión estatal nunca vista desde los años ochenta, lo que obligó a la clase política a determinar un plebiscito, donde un año después, la opción por cambiar la constitución obtendría el 78,28 por ciento.

Otro hito del proceso es que en las elecciones para elegir a los 155 miembros de la Convención, con paridad de género y escaños reservados para pueblos originarios, el 15 y 16 de mayo pasado, la derecha apenas obtuvo 37 escaños. Domina el escenario una nueva izquierda representada por el Frente Amplio, conglomerado surgido tras las protestas estudiantiles de 2011 y donde uno de sus fundadores, Gabriel Boric, es actualmente candidato a la presidencia tras ganar en las primarias al comunista Daniel Jadue, en las primarias del 18 de julio. La otra fuerza nueva es la Lista del Pueblo, que agrupa aquellos liderazgos surgidos durante el Estallido, mucho más radical y diverso, con representantes que van desde Giovanna Grandón, famosa por participar en prácticamente todas las protestas disfrazada del personaje de Pikachu de Pokémon hasta el activista por la salud Rodrigo Rojas Vade, más conocido como el “Pelado Vade”.

Y es el surgimiento de esta última fuerza política la que ha generado molestia desde el día uno de la instalación de la Convención, ya que fueron capaces de interrumpir la primera sesión en los patios del ex Congreso Nacional en el centro de Santiago debido a las protestas en las calles aledañas, denunciando la violencia del actuar de carabineros. De hecho, tuvo que detenerse el Himno Nacional hasta que la situación se normalizara y finalmente lo que debería terminar al mediodía, finalmente cerró cerca de las 18:00 horas con un último hito: la académica mapuche Elisa Loncón sería la presidenta de la Convención —elegida por la mayoría de sus pares— quien dio un discurso electrizante que comenzó en mapundungún para luego continuar en castellano pidiendo “ que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño”.

Pero también hizo una solicitud: liberar a los presos políticos mapuches y también a los del Estallido, en su mayoría jóvenes que, paradojalmente según el Poder Judicial —que los llama “detenidos”— sólo permanecerían cinco en prisión preventiva, pero para los familiares serían más de 800 los que podrían calificar para un indulto. El tema que sigue generando controversia.

La elite desconcertada ante el poder mapuche

Para gran parte de la elite de derecha, acostumbrada a gobernar el país desde tiempos coloniales, todo se asemeja más bien a una pesadilla, aunque no lo reconozcan abiertamente. Primero fueron sutiles problemas de la organización, supuestamente monitoreada desde las alturas por el propio presidente Sebastián Piñera: espacios no sanitizados, falta de internet, problemas con los lugares donde almorzar.

Luego, constituyentes del sector oficialista como la filósofa y mediática columnista de ultraderecha Teresa Marinovic, cuestionando la presencia de la machi Francisca Liconao en la Convención quien, como líder espiritual mapuche acompaña y aconseja a Loncón y a los representantes de su pueblo originario, más aún al hablar en mapuzungún. “Sabe hablar en castellano, pero no importa. No pierde la oportunidad de hacer un show”, señaló. Linconao, que fue encarcelada en 2016 dentro un proceso lleno de irregularidades tras la quema del campo de la familia Luchsinger-Mackay y que fue absuelta dos años después, respondió: “Desde hoy en adelante a mi no me van a decir Francisca Linconao, me van a decir machi Francisca Linconao, con respeto”.

Después, los medios de comunicación masivos que en Chile tradicionalmente han estado en manos de empresarios de derecha, que desde sus secciones editorales insisten en la lentitud de la Convención e incluso, en una entrevista con Loncón se le preguntó el domingo pasado en El Mercurio por qué ella, admiradora de Nelson Mandela, no pedía a los sectores más radicales del pueblo mapuche que bajaran las armas en la Araucanía, zona militarizada y explotada por la industria forestal con un amplio historial de abusos por parte de la policía en contra de esa etnia. Ella respondió: “Yo no tengo el estándar de Mandela en este momento para pedir que bajen las armas. Creo que el Ministerio Público tiene que investigar, el Gobierno tiene que dar señales de participación”. Lo cual fue criticado incluso por el gobierno de Piñera, donde se esperaba que la presidenta de la Convención tomara un rol que, sencillamente, no le corresponde.

Amor, diálogo, interculturalidad

Pero Loncón y un amplio sector de constituyentes prefieren dejar de lado estos intensos ataques y apuestan por la paz y la continuidad del proceso Así, en un balance hecho el miércoles pasado, acompañada del vicepresidente, Jaime Bassa, abogado constitucionalista, Loncón señaló: “Yo creo que hemos hecho ejercicio de democracia participativa, de inclusión, para instalar esta deliberación desde otros paradigmas, que no son los tradicionales como suele analizarse como si estuviéramos siempre viéndonos desde la derecha, la izquierda, el centro”. Destacó además que se instalarón en la Constituyente “otros paradigmas de diálogo” ejemplificados en la paridad, la idea de interculturalidad y “el sentimiento de amor”.

En el recuento, a un mes del funcionamiento, se señaló que ya se han realizado 13 sesiones de pleno, 115 votaciones y 36 sesiones de comisiones y subcomisiones. Un total de 230 horas de trabajo en un mes. También se ha aprobado un protocolo COVID-19, una declaración política sobre los presos políticos y el funcionamiento de una Mesa ampliada que integre a nuevas voces —incluyendo al oficialismo— y la creación de comisiones como las de Reglamento, Ética, Presupuesto, Derechos Humanos, Comunicaciones, Participación y Consulta Indígena, Descentralización Territorial y Partipación Popular. “Hay que confiar para avanzar”, dijo Loncón, quien insistió en el trato digno entre los propios participantes. Aunque, reconoce que “a veces ha costado esa dignidad que nos merecemos, que es también la dignidad del pueblo de Chile”.

“Con esa palabra (dignidad) dialogamos entre todos: los movimientos sociales, las mujeres, las regiones, los partidos políticos, los pensamientos políticos que aquí hay. Nos permiten esta instancia de vivir, cultivar, darle significado a la dignidad humana, y los pueblos indígenas también hablamos de la dignidad de la madre tierra”.

En Chile, definitivamente, los tiempos están cambiando. 

Por Juan Carlos Ramírez Figueroa

07/08/2021

Desde Santiago

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Pedro Castillo quiere fortalecer la Celac y reactivar Unasur

Claves de la política exterior del nuevo gobierno de Perú

“Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que sólo afectan a los pueblos”, dijo el nuevo canciller Héctor Béjar. La derecha quiere un ministro alineado con EE.UU. 

 

Una política exterior “abierta y democrática”, que priorice la integración regional, el fortalecimiento de organismos como la Celac y el Grupo Andino, y la reactivación de Unasur, anunció el nuevo canciller peruano Héctor Béjar al asumir el cargo este lunes. En su primer discurso como ministro de Relaciones Exteriores, dijo que “la autonomía e independencia serán un principio esencial de la nueva diplomacia peruana, las decisiones se tomarán en función de los intereses del nosotros, que es la expresión colectiva de la nación, y no de intereses de otros”. Es una declaración que anuncia un cambio de una política exterior que en el último tiempo ha sido cuestionada por su dependencia de Washington.

Blanco de la derecha

El nuevo canciller peruano, sociólogo de 85 años, es un viejo militante de la izquierda que participó en las guerrillas guevaristas de los años sesenta. Es un reconocido intelectual y profesor universitario. Su viejo pasado guerrillero y su larga militancia izquierdista lo han convertido en blanco de la derecha, que exige su salida del gabinete con un discurso abiertamente macartista que se ha convertido en hegemónico en los medios. La derecha quiere un canciller alineado con la política exterior estadounidense, que se dedique a condenar a Cuba y Venezuela, que se olvide de Unasur y la integración regional. Béjar no entra en ese perfil. Por eso presionan para lograr su salida.

El canciller puso énfasis en decir que su gestión trabajará por fortalecer la integración y cooperación regional “sin distinciones ideológicas”. “América Latina -precisó- es y será la prioridad geográfica y sociológica de la política exterior. Es nuestro entorno inmediato, territorial, histórico, económico, social y cultural. El espacio de nuestra propia historia. Retiraremos del Congreso la solicitud para que el Perú denuncie el tratado que instituyó Unasur. Por el contrario, impulsaremos su reconstitución y modernización, como el organismo de cooperación y consulta que afirme en este mundo global la identidad propia de Sudamérica. Reinsertaremos vigorosamente la presencia peruana en la Celac, trabajaremos en su fortalecimiento e impulsaremos su capacidad de acción”, señaló. También anunció una política para “revalorar” y “modernizar” la Comunidad Andina, formada por Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador.

Distancia con el Grupo de Lima

No mencionó al Grupo de Lima, formado para promover la caída del gobierno venezolano y convertido en vocero internacional de la oposición al régimen de ese país, que el Perú ha integrado con entusiasmo en los anteriores gobiernos, pero fue claro en señalar que el nuevo gobierno se guiará por el principio de “no intervención en los asuntos internos de otros países” y que en ese marco buscará contribuir a un diálogo entre los distinto sectores venezolanos y no el enfrentamiento con el gobierno de ese país. Un claro distanciamiento del Grupo de Lima.

“Nosotros contribuiremos junto con los países de Europa que ya están trabajando en esto y con un conjunto de países latinoamericanos en el entendimiento de las diversas tendencias políticas que existen en Venezuela sin intervenir en su política interna”, anunció, revelando la intención de un acercamiento al Grupo de Contacto, que, a diferencia del Grupo de Lima que apuesta por el enfrentamiento, busca el diálogo entre todas las partes en conflicto en Venezuela, “Favoreceremos una renovación democrática en Venezuela, que se respeten los derechos sociales de los venezolanos. Tengan en cuenta que en Venezuela existe un sistema de seguridad social universal y un sistema de educación universal”, apuntó, para escándalo de la derecha. 

En una de sus primeras acciones como canciller, Béjar se reunió con el canciller venezolano, Jorge Arreaza, y expresó su intención de mejorar las relaciones entre ambos países. La derecha le saltó al cuello. Béjar, tranquilo, respondió que su tarea es mejorar las relaciones “con todos los países”, que se ha reunido y lo seguirá haciendo con distintos cancilleres, parte esencial de su trabajo. En un breve encuentro con los medios, le preguntaron si se reunirá con el embajador en Lima del fantasmal gobierno de Juan Guaidó, reconocido por los anteriores gobiernos peruanos. “No sé quién es ese señor, no lo conozco”, respondió irónico.

Fue enfático en condenar los bloqueos, como los que sufren Cuba y Venezuela, aunque no mencionó directamente a estos países al referirse a este tema. “Condenamos los bloqueos, los embargos y las sanciones unilaterales que solo afectan a los pueblos”, dijo en su discurso con el que se estrenó como canciller.

El presidente Pedro Castillo ha enfatizado que su prioridad es la lucha contra la pandemia y la vacunación, y Béjar ha indicado que eso se trasladará a la política exterior promoviendo iniciativas a nivel regional “para establecer acuerdos y estrategias comunes”. “Sudamérica y América Latina -afirmó- tienen una deuda pendiente con sus pueblos para articular una acción conjunta y responsable en la lucha regional contra la covid- 19. Nuestros países tienen la obligación ética de cooperar en esta lucha, independientemente de las orientaciones políticas de los gobiernos”.

En el inicio de su gestión, el canciller destacó que la defensa de los derechos humanos, los derechos económicos y sociales, de los pueblos indígenas, de las minorías sexuales, las políticas de igualdad de género, la defensa del medioambiente, serán parte central de la nueva política exterior peruana

Por Carlos Noriega

02/08/2021

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Litio, cobalto y tierras raras. La carrera por los recursos pospetróleo

Gracias a su mismo nombre –energía renovable–, podemos imaginar un porvenir no muy lejano en que desaparecerá nuestra dependencia de combustibles no renovables como el petróleo, el gas natural y el carbón. En efecto, el gobierno de Joe Biden ha anunciado que se ha propuesto como objetivo eliminar totalmente la dependencia de EE UU de estos combustibles no renovables para la producción de electricidad de aquí a 2035. Pretende alcanzar este objetivo “desplegando recursos de producción de electricidad sin contaminación por carbono”, principalmente la energía perpetua del viento y del sol.

Visto que otros países emprenden la misma vía, resulta tentador concluir que pronto pasará a ser historia la época en que la competencia en torno a recursos energéticos limitados era una causa recurrente de conflictos. Lamentablemente, esto no es cierto: si el sol y el viento son efectivamente renovables hasta el infinito, los materiales necesarios para convertir estos recursos en electricidad –minerales como el cobalto, el cobre, el litio, el níquel y los elementos de tierras raras, o ETR– son todo menos renovables. Algunos de ellos, de hecho, son mucho más raros que el petróleo, lo que nos hace pensar que los conflictos mundiales en torno a recursos vitales bien podrían no desaparecer en la era de las energías renovables.

Para comprender esta paradoja inesperada, es preciso examinar cómo las energías eólica y solar se transforman en formas utilizables de electricidad y de propulsión. La energía solar se capta en gran parte mediante células fotovoltaicas [paneles solares fotovoltaicos], a menudo instalados en gran número [las huertas solares], mientras que el viento se aprovecha mediante turbinas gigantes que suelen desplegarse en vastos parques eólicos. Para utilizar la electricidad en el transporte, los automóviles y camiones han de estar equipados con baterías perfeccionadas, capaces de mantener una carga a lo largo de grandes distancias. Cada uno de estos equipos utiliza cantidades notables de cobre para transmitir la electricidad, así como una variedad de otros minerales no renovables. Los molinos eólicos, por ejemplo, requieren manganeso, molibdeno, níquel, zinc y tierras raras para sus generadores eléctricos, mientras que los vehículos eléctricos (VE) necesitan cobalto, grafito, litio, manganeso y tierras raras para sus motores y baterías.

Hoy por hoy, dado que la energía eólica y la solar solo representan el 7% de la producción mundial de electricidad y que menos del 1% de todos los vehículos que circulan son eléctricos, la producción de estos minerales es más o menos suficiente para satisfacer la demanda mundial. Claro que si EE UU y otros países optan realmente por un futuro energético verde, tal como plantea del presidente Biden, la demanda de estos minerales crecerá rápidamente y la producción mundial no podrá responder ni de lejos a las necesidades previstas.

Según un estudio de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), titulado The Role of Critical Minerals in Clean Energy Transitions, la demanda de litio en 2040 podría ser 50 veces superior a la actual, y la de cobalto y grafito 30 veces superior si el mundo se apresura a reemplazar los vehículos que funcionan con petróleo por vehículos eléctricos. Este aumento de la demanda incitará sin duda a la industria a desarrollar nuevas fuentes de abastecimiento de estos minerales, pero las fuentes potenciales son limitadas y su puesta en servicio será costosa y complicada. Es decir, el mundo podrá verse sometido a importantes penurias de materiales críticos. (“Ahora que la transición hacia las energías limpias se acelera a escala mundial –señala siniestramente el informe de la AIE– y que proliferan cada vez más los paneles solares, los molinos eólicos y los vehículos eléctricos, estos mercados de rápido crecimiento de los minerales claves podrían quedar expuestos a la volatilidad de precios, a la influencia geopolítica e incluso a dificultades de aprovisionamiento.”)

Y una complicación añadida: con respecto a algunos materiales más críticos, en particular el litio, el cobalto y los elementos de tierras raras, la producción está muy concentrada en unos pocos países, una realidad que podría dar pie al tipo de conflictos geopolíticos que ya jalonaron la dependencia del mundo con respecto a las grandes fuentes de petróleo. Según la AIE, un único país, la República Democrática de Congo (RDC), suministra actualmente más del 80% del cobalto mundial, y otro –China–, el 70% de los elementos de tierras raras. Asimismo, la producción de litio se concentra en lo esencial en dos países, Argentina y Chile, que representan conjuntamente cerca del 80% de la oferta mundial, mientras que cuatro países –Argentina, Chile, y Perú– suministran la mayor parte de nuestro cobre. Es decir, estas reservas futuras están mucho más concentradas en un número mucho más restringido de países que el petróleo y el gas natural, un dato que hace que los analistas de la AIE se inquieten ante las futuras luchas por el acceso a estos recursos.

Del petróleo al litio: las implicaciones geopolíticas, de la revolución del automóvil eléctrico

Es bien conocido el papel del petróleo en la configuración de la geopolítica mundial. Desde que el petróleo pasó a ser esencial para el transporte mundial –y por tanto para el funcionamiento de la economía mundial–, se ha considerado, por razones evidentes, un recurso estratégico. Puesto que las mayores concentraciones de petróleo se hallan en Oriente Medio, una región históricamente alejada de los principales centros de actividad industrial en Europa y Norteamérica y sujeta regularmente a convulsiones políticas, las principales naciones importadoras trataron durante mucho tiempo de ejercer cierto control sobre la producción y la exportación de petróleo de esta región. Esto dio lugar a un imperialismo de nivel superior sobre los recursos. Comenzó después de la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña y las demás potencias europeas se disputaron el control colonial de las zonas petrolíferas de la región del Golfo Pérsico. Esa lucha continuó tras la Segunda Guerra Mundial, cuando EE UU entró espectacularmente en esta competición.

Para EE UU, garantizar el acceso al petróleo de Oriente Medio pasó a ser una prioridad estratégica tras las crisis del petróleo de 1973 y 1979, la primera causada por un embargo petrolero árabe en represalia por el apoyo de Washington a Israel en la guerra de octubre de aquel año, y la segunda por una interrupción de los suministros provocada por la revolución islámica en Irán. En respuesta a las colas interminables ante las gasolineras de EE UU y a las recesiones subsiguientes, los sucesivos presidentes se comprometieron a proteger las importaciones de petróleo por todos los medios necesarios, incluido el uso de la fuerza armada. Es la postura que llevó al presidente George H. W. Bush [1989-1993] a librar la primera guerra del Golfo contra el Irak de Sadam Husein en 1991 y a su hijo [George W. Bush, 2001-2009] a invadir ese mismo país en 2003.

En 2021, EE UU ya no depende tanto del petróleo de Oriente Medio, dada la amplitud de la explotación mediante la tecnología de fracturación hidráulica de los yacimientos nacionales de esquistos y otras rocas impregnadas de petróleo. Sin embargo, el vínculo entre el consumo de petróleo y los conflictos geopolíticos no ha desaparecido. La mayoría de analistas piensa que el petróleo seguirá aportando una parte importante de la energía mundial en las próximas décadas, lo que no dejará de suscitar luchas políticas y militares en torno a las reservas restantes. Por ejemplo, ya han estallado conflictos en relación con las reservas extraterritoriales en los mares de China Meridional y Oriental. Ciertos analistas predicen también una lucha por el control de los yacimientos petrolíferos y minerales no explotados de la región ártica.

He aquí, por tanto, la cuestión que se plantea: ¿cambiará todo esto el fuerte aumento de usuarios de automóviles eléctricos? La cuota de mercado de los automóviles eléctricos ya aumenta rápidamente y se calcula que alcanzará el 15% de las ventas mundiales en 2030. Las grandes fábricas de automóviles invierten masivamente en este tipo de vehículos, anticipando un fuerte crecimiento de la demanda. En 2020 había en el mundo alrededor de 370 modelos de automóviles eléctricos disponibles en el comercio –lo que supone un aumento del 40% con respecto a 2019–, y los principales fabricantes han anunciado su intención de aportar 450 modelos suplementarios de aquí a 2022. Además, General Motors ha anunciado su intención de suprimir completamente los vehículos de gasolina y gasóleo convencionales de aquí a 2035, mientras que el director general de Volvo ha afirmado que en 2030 la empresa no venderá más que vehículos eléctricos.

Cabe pensar razonablemente que esta evolución no hará más que acelerarse, con profundas consecuencias para el comercio mundial de recursos. Según la AIE, un vehículo eléctrico típico precisa seis veces más insumos minerales que un vehículo clásico que funciona con petróleo. Se trata en particular de cobre para el cableado eléctrico, así como de cobalto, grafito, litio y níquel, necesarios para garantizar las prestaciones, la longevidad y la densidad energética (la energía producida por unidad de peso) de la batería. Además, los elementos de tierras raras serán esenciales para los imanes permanentes instalados en los motores eléctricos.

El litio, componente principal de las baterías de iones de litio, utilizadas en la mayoría de vehículos eléctricos, es el metal más ligero que se conoce. Aunque está presente tanto en los depósitos de arcilla como en minerales compuestos, raramente se da en concentraciones fácilmente explotables, si bien también puede extraerse de la salmuera en regiones como el Salar de Uyuni en Bolivia, la extensión de sal más grande del mundo. Actualmente, alrededor del 58% del litio mundial proviene de Australia, el 20% de Chile, el 11% de China, el 6% de Argentina y en proporciones menores de otros países. Una empresa estadounidense, Lithium Americas, está a punto de iniciar la extracción de cantidades importantes de litio de un yacimiento de arcilla en el norte de Nevada, pero choca con la resistencia de los ganaderos locales y la población indígena, que temen la contaminación de sus reservas de agua.

El cobalto es otro componente clave de las baterías de iones de litio. No es frecuente encontrarlo en yacimientos puros y casi siempre se obtiene como subproducto de la extracción de cobre y níquel. Actualmente se produce casi en su totalidad a partir de la extracción de cobre en la RDC, país caótico asolado por conflictos violentos, principalmente en el llamado cinturón de cobre de la provincia de Katanga, una región que en el pasado había intentado separarse del resto del país y que todavía muestra veleidades secesionistas.

Los elementos de tierras raras engloban un grupo de 17 sustancias metálicas dispersas en la corteza terrestre, pero rara vez se hallan en concentraciones explotables. Varias de ellas son esenciales para las futuras soluciones energéticas verdes, especialmente el disprosio, el lantano, el neodimio y el terbio. Utilizados en aleaciones con otros minerales, contribuyen a perpetuar la magnetización de los motores eléctricos en condiciones de alta temperatura, un requisito clave para los vehículos eléctricos y los aerogeneradores. Actualmente, alrededor del 70% de los elementos de tierras raras provienen de China, tal vez un 12% de Australia y el 8% de EE UU.

Una simple ojeada a la localización de estas concentraciones revela que la transición a la energía verde que plantean el presidente Biden y otros líderes mundiales podría chocar con graves problemas geopolíticos, que no dejan de recordar los que generó en el pasado la dependencia del petróleo. Para empezar, la nación más poderosa del planeta desde el punto de vista militar, EE UU, no puede aprovisionarse más que de pequeñas cantidades de ETR, así como de otros minerales esenciales, como el níquel y el zinc, para las tecnologías verdes avanzadas. Si Australia, una fiel aliada, seguirá siendo sin duda una proveedora importante de algunos de ellos, China, considerada cada vez más como adversaria, es crucial con respecto a los ETR. Congo, uno de los países más devastados del planeta por las guerras, es el principal productor de cobalto. Por tanto, no pensemos ni por un instante que la transición a un futuro basado en las energías renovables será fácil o estará exenta de conflictos.

El choque que viene

Ante la perspectiva de un abastecimiento insuficiente o de la dificultad de acceso a estos materiales críticos, los estrategas de la energía ya reclaman un esfuerzo importante por desarrollar nuevas fuentes de aprovisionamiento en el mayor número de lugares posible. “Hoy, los planes de abastecimiento y de inversión en relación con numerosos minerales críticos están bastante lejos de lo que hace falta para sostener un despliegue acelerado de paneles solares, aerogeneradores y vehículos eléctricos –ha declarado Fatih Birol, director ejecutivo de la AIE–. Estos riesgos son reales, pero se pueden superar. La respuesta de las autoridades políticas y de las empresas determinará si los minerales decisivos siguen siendo un catalizador esencial para las transiciones energéticas limpias o se convierten en un cuello de botella en el proceso.”

Sin embargo, como Fatih Birol y sus socios de la AIE han señalado con toda claridad, superar los obstáculos que dificultan el aumento de la producción de minerales será todo menos fácil. Para empezar, el lanzamiento de nuevos proyectos mineros puede resultar extraordinariamente costoso y encerrar numerosos riesgos. Las empresas mineras pueden estar dispuestas a invertir miles de millones de dólares en un país como Australia, donde el régimen jurídico es acogedor y donde pueden esperar protección frente a expropiaciones o guerras futuras, pero numerosas fuentes minerales prometedoras se hallan en países como la RDC, Myanmar, Perú y Rusia, donde esas condiciones apenas se dan. Por ejemplo, los disturbios actuales en Myanmar, un importante productor de determinados elementos de tierras raras, ya han suscitado inquietud con respecto a su futura disponibilidad y provocado un alza de los precios.

El descenso de la calidad de los minerales preocupa. Con respecto a los yacimientos mineros, el planeta ha sido objeto de búsquedas sistemáticas, según los casos desde la edad de bronce, y buen número de ellos se descubrieron hace tiempo y se explotan desde entonces. “Estos últimos años, la calidad de los minerales ha seguido disminuyendo con respecto a toda una serie de productos básicos –señala la AIE en su informe sobre los minerales cruciales y las tecnologías verdes–. Por ejemplo, el contenido medio del mineral de cobre en Chile ha disminuido un 30% en los últimos 15 años. La extracción del contenido metálico de minerales de menor contenido requiere más energía, lo que presiona al alza el coste de producción e incrementa las emisiones de gases de efecto invernadero y el volumen de los residuos”.

Además, la extracción de minerales de formaciones rocosas subterráneas implica a menudo el uso de ácidos y otras sustancias tóxicas y requiere en general grandes cantidades de agua, que resulta contaminada después de su uso. Este problema se ha agravado a raíz de la promulgación de leyes sobre la protección ambiental y de la movilización de las comunidades locales. En numerosas regiones del mundo, como en Nevada en relación con el litio, los renovados esfuerzos de extracción y tratamiento del mineral chocarán con una oposición local cada vez más combativa. Por ejemplo, cuando la empresa australiana Lynas Corporation trató de eludir la legislación ambiental australiana trasladando a Malasia los minerales de su mina de tierras raras de Mount Weld para tratarlos allí, los movimientos locales organizaron una prolongada campaña para impedírselo.

Para Washington, tal vez ningún problema es más espinoso –ya que se trata de la disponibilidad de materiales esenciales para una revolución verde– que el deterioro de sus relaciones con Pekín. Después de todo, China suministra actualmente el 70% de las tierras raras del mundo y dispone de importantes yacimientos de otros minerales esenciales. Además, este país se encarga del refino y tratamiento de numerosos materiales claves que se extraen en otros países. De hecho, en lo tocante al tratamiento de minerales, las cifras son chocantes. China tal vez no produce grandes cantidades de cobalto o de níquel, pero realiza el tratamiento de alrededor del 65% del cobalto y del 35% del níquel que se comercializan en todo el mundo. Si China produce el 11% del litio mundial, dispone de cerca del 60% del litio transformado. Por otro lado, en lo relativo a los elementos de tierras raras, China domina de manera apabullante: no solo suministra el 60% de las materias primas del mundo, sino también cerca del 90% de los ETR transformados.

Simplificando podemos decir que es imposible que EE UU u otros países puedan emprender una transición masiva de los combustibles fósiles a una economía basada en las energías renovables sin cooperar económicamente con China. No cabe duda de que se hará todo lo posible por reducir este grado de dependencia, pero no se ve ninguna perspectiva realista, dentro de un futuro previsible, de eliminar la dependencia de China con respecto a las tierras raras, el litio y otros materiales claves. En otras palabras, si EE UU pasa de una postura algo parecida a la de la guerra fría con respecto a Pekín a otra todavía más hostil, y si emprende nuevos intentos de tipo trumpiano de desacoplar su economía de la de la República Popular, como preconizan numerosos halcones del Congreso, no cabe duda de que el gobierno de Biden tendrá que abandonar sus planes con vistas a un futuro energético verde.

Obviamente, es posible imaginar un futuro en que las naciones comiencen a disputarse las reservas mundiales de minerales esenciales, del mismo modo que en tiempos se disputaron el petróleo. Al mismo tiempo, es perfectamente posible concebir un mundo en el que países como el nuestro abandonan simplemente sus planes de un futuro energético verde por falta de materias primas adecuadas y relanzan las guerras del petróleo del pasado. En un planeta ya de por sí sobrecalentado, esto conduciría a un caos civilizatorio peor que la muerte.

En realidad, Washington y Pekín apenas tienen otra alternativa que colaborar entre ellos y con otros muchos países para acelerar la transición a la energía verde, abriendo nuevas minas e instalaciones de tratamiento de los minerales esenciales, desarrollando sustitutos de los materiales escasos, mejorando las técnicas de explotación minera para reducir los riesgos ambientales y aumentando sustancialmente el reciclado de los minerales vitales de las baterías y otros productos usados. Toda otra alternativa será sin duda un desastre de primer orden, o algo peor.

Por Michael T. Klare

30 julio 2021

Michael T. Klare enseña en el Hampshire Colledge (Massachusetts) y escribe para el semanario The Nation sobre cuestiones relativas a la guerra y la paz

http://alencontre.org/ameriques/amelat/bolivie/lithium-cobalt-et-terres-rares-la-course-aux-ressources-de-lapres-petrole.html

Traducción: viento sur

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Castillo le toma juramento a Francke, quien asume como ministro de Economía. Imagen: EFE

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, había gatillado el conflicto. 

 

El presidente Pedro Castillo completó su gabinete ministerial, que había quedado incompleto por diferencias internas. Después de un día de tensiones y especulaciones, en la noche del viernes el economista Pedro Francke, figura clave en el equipo de Castillo, volvió al gabinete para ocupar la cartera de Economía y Finanzas. Lo mismo hizo el jurista Aníbal Torres, que había dejado vacante el portafolio de Justicia y Derechos Humanos. Ambos se habían bajado en el último minuto del gabinete ministerial que fue juramentado cerca de la medianoche del jueves. Lo hicieron por discrepar con la designación del congresista del oficialista partido Perú Libre, Guido Bellido, como presidente del Consejo de Ministros.

Bellido es cuestionado por pasadas declaraciones homofóbicas y machistas, recordadas ahora y criticadas duramente por sectores progresistas aliados a Castillo. Desde la derecha, con un masivo apoyo mediático, lo pretenden descalificar adjudicándole supuestas simpatías con el grupo armado maoísta Sendero Luminoso, derrotado hace más de dos décadas, por haberse referido a los senderistas como “peruanos equivocados que también tienen derechos”.

Compromiso

El jefe del gabinete ministerial emitió un comunicado en un intento de bajarle el tono a las críticas que se le hacen. Señaló que ratificaba su “más firme compromiso con la democracia, la gobernabilidad y los derechos humanos” y su rechazo “categórico” a “toda forma de violencia y de terrorismo”. De origen andino, indicó haber vivido “en carne propia” la discriminación y expresó que trabajará por la igualdad de derechos. “Juntos superaremos el racismo, el clasismo, el machismo y la homofobia que están profundamente arraigados en el país”, escribió, rectificando pasadas afirmaciones.

Retorno

La sorpresiva designación de Bellido y las renuncias de Francke y Torres, cuando ya todo estaba listo para la jura del gabinete, gatilló la primera crisis del gobierno recién estrenado. Castillo habló con ellos y los convenció de volver. Asumieron sus cargos la noche del viernes, quedando así completo el primer gabinete del histórico gobierno de izquierda encabezado por un campesino y maestro rural que ha logrado una importante conexión con los sectores populares, de los que él mismo proviene.

Pedro Francke, de 60 años, es un respetado economista con larga militancia en la izquierda. Fue jefe del plan económico de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, de la coalición progresista Juntos por el Perú. Para la segunda vuelta, las izquierdas se unieron para respaldar a Castillo y Francke pasó a convertirse en su principal asesor en temas económicos. Fue pieza clave en elaborar el llamado “Plan Bicentenario” presentado por Castillo para la segunda vuelta y base de lo que será su política económica.

El “Plan Bicentenario” se distancia de las propuestas más radicales del gobernante Perú Libre, que se define marxista-leninista, como la estatización de la economía, que Francke ha descartado. También lo ha hecho Castillo. La propuesta de Francke incluye un aumento de la inversión pública, incrementar impuestos a las transnacionales mineras, facilitar créditos para los campesinos y micro y pequeños empresarios, entre otros puntos. Según ha trascendido, Francke habría exigido para volver al gabinete que se respalde su plan económico. Castillo le dio esa seguridad. Eso quedó evidenciado en un mensaje que el jefe del gabinete mandó por sus redes sociales antes que se confirme el retorno del economista: “Pedro Francke tiene todo nuestro respaldo para la aplicación de la política económica de estabilidad expresada en el Plan Bicentenario”.

El ministro de Economía juró “por un avance sostenido hacia el buen vivir, por la igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional”. Un claro mensaje al jefe del gabinete y sus pasadas expresiones discriminatorias contra las mujeres y las minorías sexuales. En un mensaje posterior enviado por twitter, Francke destacó "la necesidad urgente de recuperar el empleo respetando la propiedad privada, asegurando buen funcionamiento de mercados, promoviendo inversión privada y la pública”. Señaló que su gestión estará cercana “a los más vulnerables, impulsando de manera responsable el cambio que los peruanos esperan”.

Internas

El ministro de Justicia Aníbal Torres, de 78 años y nacido en la andina región de Cajamarca como Castillo, que volvió al gabinete junto con Francke, encabezó el equipo legal del presidente que se enfrentó en los tribunales electorales a las demandas del fujimorismo que pretendía anular votos de Castillo para robarle el triunfo. Todas esas demandas fueron ganadas por el equipo jurídico que dirigió Torres. El jurista había criticado a Vladimir Cerrón,  secretario general del partido de gobierno, Perú Libre, por una sentencia por corrupción que tiene, lo cual disgustó a la dirigencia partidaria, pero Castillo insistió con su designación. En el pulseo entre Castillo y Cerrón, con este último presionando para buscar ganar espacios de poder en el gobierno, la designación de Bellido es un punto para el segundo, pero el regreso de Francke y Torres fortalece a Castillo.

Aciertos y errores

“Hubiese sido grave que Pedro Francke no asuma como ministro, eso habría generado problemas económicos. El nombramiento de Bellido ha sido un error porque ha configurado un escenario de confrontación. El gobierno no tiene mayoría en el Congreso y está obligado a negociar y concertar para gobernar. Es un gabinete atravesado por las contradicciones internas”, le señaló a Página/12 el historiador y analista político Nelson Manrique.

En opinión del sociólogo Alberto Adrianzén, "el regreso de Francke al gobierno es positivo, satisface a sectores de izquierda aliados a Castillo y también al centro, pero tiene poco significado para la derecha, que ha optado por la confrontación y la polarización, y que está en el camino de buscar tumbarse al gobierno. El comportamiento de la derecha y los medios en estos días es impresionantemente golpista. Creo que en los próximos meses la derecha apostará a destituir a Castillo desde el Congreso o a un golpe”.

Adrianzén dice que Bellido “quizá no es la mejor opción” para encabezar el gabinete, pero está convencido que “la derecha siempre va a encontrar algo para confrontar”. “La derecha que perdió las elecciones -precisa- quiere imponerle su política a Castillo y habría atacado igual con cualquier otro jefe de gabinete que no esté alineado con sus políticas. Que por unas opiniones se acuse a Bellido de apología al terrorismo como se está haciendo es puro macartismo”.

La oposición de derecha tiene los votos en el Congreso para negarle la confianza al gabinete Bellido que tanto critica, con lo que éste tendría que dimitir, pero hacerlo los pondría a un paso que el presidente Castillo pueda disolver el Parlamento y llamar nuevas elecciones legislativas, a lo que está habilitado si se censuran dos gabinetes. Eso los frenaría.

“El mayor peligro es que en el Congreso no dejen gobernar para crear las condiciones para sumar los votos necesarios para declarar la incapacidad moral del presidente y destituirlo”, advierte Manrique. La derecha tiene ahora 79 votos de los 87 que necesita para sacar al presidente. 

Por Carlos Noriega

31/07/2021


¿Cuáles son las propuestas de Pedro Francke, el nuevo ministro de Economía de Perú?

La designación del economista es la principal carta del flamante mandatario peruano para generar tranquilidad en los mercados.

31/07/2021

Las imágenes que transmitían los medios peruanos en la noche del jueves eran elocuentes: el economista Pedro Francke se retiraba por la puerta de atrás del Gran Teatro Nacional, caminando solo, sin hacer declaraciones, mientras que puertas adentro el presidente de Perú, Pedro Castillo, designaba a 16 de los 18 integrantes de su equipo, incluyendo al primer ministro Guido Bellido, un nombamiento que luego le costaría al gobierno múltiples críticas, por derecha y por izquierda.

Las fotos de Francke cabizbajo contrastan con otras imágenes que también tuvieron amplia difusión, en las que aparecía triunfante, festejando desde un balcón el triunfo electoral y con los brazo en alto, al lado de Castillo.

Desde aquel momento, apenas unas horas después de que se conocieran las proyecciones de voto favorables al candidato de izquierda, la opción de Francke como eventual ministro de Economía se consolidó como la versión más consensuada dentro de la danza de nombres para el gabinete, una certeza solo equiparable al nombramiento de Hernando Cevallos en el Ministerio de Salud.

Este viernes casi a la medianoche, y tras un cónclave de dos horas que tuvieron más temprano, Castillo logró finalmente nombrar a Francke como ministro de Economía y Finanzas. “Por un avance sostenido y el buen vivir, con igualdad de oportunidades sin distinción de género, identidad étnica u orientación sexual, por la democracia y la concertación nacional, sí juro”, dijo Francke al momento de la juramentación, en lo que podría interpretarse como un mensaje a Bellido y a los sectores alineados con el secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Lejos de las posiciones más conservadoras de la izquierda tradicional peruana, Francke ha cultivado un perfil técnico y moderado, tanto al frente de cargos públicos como en su rol de asesor de la excandidata presidencial Verónika Mendoza, principal socia “limeña y urbana” de Castillo.

En los momentos más duros de la campaña electoral, Francke tuvo que reafirmarse en ese papel. "No tenemos nada que ver con la propuesta de Venezuela, no haremos expropiaciones y no haremos estatizaciones”, repetía Francke en cada entrevista, mientras Keiko Fujimori insistía con sus planes de “frenar la llegada del comunismo” al país.

La carrera y el programa económico

En el acto de juramentación lo llamaron por su nombre completo: Pedro Andrés Toribio Topiltzin Francke Ballvé. El profesor y magister, de 60 años, se formó en la Pontificia Universidad Católica del Perú y tiene una amplia experiencia en la administración pública.

Fue director de Foncodes, un programa del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) y gerente del Seguro Social de Salud del Perú (conocido por el acrónimo Essalud) en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016). También se desempeñó como asesor parlamentario en temas de educación y salud, y fue economista senior de desarrollo humano del Banco Mundial.

Como asesor técnico de la candidatura de Mendoza (Juntos por el Perú), Francke mostró sus cartas en materia de política económica. El programa de esa fuerza política tenía como meta recuperar tres millones de puestos de trabajo en 2022 y una fuerte apuesta a reactivar la economía desde el gasto público.

Se apuntaba al financiamiento de programas de empleo temporal, entrega de bonos a sectores vulnerables y compras públicas de productos agrícolas. Un programa del Ministerio de Economía llamado “Reactiva Perú” sería la herramienta para activar estos planes.

En una entrevista publicada el 21 de marzo por Ojo Público, Francke aseguraba que el Estado peruano está en condiciones de afrontar estas inversiones con los fondos disponibles en el Tesoro Público. Estos gastos públicos, según el economista, generarían condiciones macroeconómicas y de infraestructura que permitirían luego dinamizar la inversión privada.

“Es innegable que el sector privado genera más inversión que el público, pero en esta crisis, las empresas tampoco están en su mejor momento. No nos oponemos a que ingresen a dinamizar la economía, pero es un trabajo en que el Estado no puede estar de costado”, declaró el economista al medio peruano.

Luego de esa etapa para superar los impactos de la pandemia, el programa de Juntos por el Perú establecía metas más ambiciosas, como una reforma tributaria, un impuesto a las grandes fortunas (superiores a los 100 millones de dólares) y un aumento de la carga tributaria sobre las grandes propiedades.

En entrevistas más recientes, Francke propuso avanzar hacia una “economía popular con mercado”, según informó Radio Programas de Perú. “Queremos que progrese y se desarrollen la agricultura, las pequeñas empresas, las microempresas y los emprendedores que es donde vive y trabaja la enorme mayoría de peruanos”, declaró en julio, cuando su nombre ya se consolidaba como alternativa para el Ministerio de Economía.

“Nosotros vamos a respetar escrupulosamente los ahorros familiares, la propiedad privada, el funcionamiento de los mercados y mantendremos una inflación controlada, lo demás es pura mentira”, dijo el economista, en respuesta a los ataques que recibía del fujimorismo.

En cuanto al espacio tributario para aumentar la carga tributaria a empresas mineras, un tema sensible para la economía peruana, Francke se ha mostrado cauteloso pero resuelto a avanzar: “Hay un espacio económico que permite obtener más recursos al Estado, manteniendo respetando el hecho que las empresas requieren tener una ganancia razonable. El Perú necesita esos recursos para mejorar su educación y su salud, especialmente ahora. Es potestad del Estado cambiar las reglas tributaria”.

Las críticas de Cerrón y sus allegados

El gradualismo de Francke es una garantía para los mercados, pero también despierta críticas por izquierda, tal como se vio incluso antes de su nombramiento oficial.

Aunque no habló públicamente sobre el tema, los principales medios peruanos especulan que Francke no asumió el jueves debido a la molestia que le habría generado la designación de Guido Bellido como primer ministro. Bellido es un hombre cercano al secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y antes de su designación había hecho comentarios críticos hacia Francke.

“Se está evaluando (para Economía) a otros profesionales que tienen todo el derecho como Pedro Francke. A mí no me molesta de manera personal, pero sí veo a dónde se orienta (económicamente) y no es en función al programa y postulados del partido”, había dicho Bellido.

El ahora “premier” también se había manifestado contra la continuidad de Julio Velarde al frente del Banco Central de Reservas (BCR), tal como pretenden Castillo y Francke. “¡Acaso no hay otro profesional patriótico que pueda asumir la dirección del BCR? ¿Por qué se quiere mantener a Julio Velarde? ¿Cuál es el truco? El pueblo votó por un cambio real y profundo”, posteó Bellido en su cuenta de Facebook.

Cerrón, por su parte, le salió al cruce a Francke, también desde sus redes sociales. “Francke repite con frecuencia que se necesitan funcionarios de “alto nivel”. Eso huele a Chicago Boy. Esos han fracasado por décadas. Necesitamos cambio y confiar en nosotros mismos”, tuiteó Cerrón el domingo 25.

La continuidad de Velarde en el Banco Central

En Perú el nombre de Julio Velarde es sinónimo de “tranquilidad en los mercados”. El presidente del BCR lleva 15 años en ese cargo técnico y a mediados de junio manifestó su intención de retirarse de la función pública. Sin embargo, Castillo le pidió el sábado 26 de junio que siga en el cargo.

"Nuestro compromiso es mantener el equilibrio fiscal y mejorar la calidad del gasto público, promover las inversiones y respetar la independencia y autonomía del BCR. Por ello nuestra voluntad de ratificar al Dr. Julio Velarde como presidente de esta importante institución", escribió Castillo en su cuenta de Twitter.

Francke reconoció que esa propuesta de Castillo buscó ser una señal para “reforzar la idea de continuar con la estabilidad monetaria” y mantener los niveles de inflación bajos “tal como lo viene trabajando el BCR”. Estas señales gradualistas generaron “calma en los mercados” y una reacción “positiva” en el tipo de cambio, según un relevamiento que publicó unas horas después el diario peruano La República. Francke también le pidió a Socorro Heysen, titular de la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) que siga en el cargo, para “cuidar el sistema financiero” del país.

Más allá de tensiones políticos y señales al mercado, Francke deberá enfrentar una situación compleja. La pandemia provocó la peor caída del PBI en los últimos 30 años y se estima que 30% de la población -unas tres millones de personas- perciben ingresos menores a los 100 dólares mensuales, según publicó The Economist.

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El primer discurso de Castillo como presidente de Perú: "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino"

El jefe de Estado no ocupará el Palacio de Gobierno de Lima, cederá el edificio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea un museo de historia. "Tenemos que romper con los símbolos coloniales", dijo en su primer mensaje a la Nación.

 

Pedro Castillo asumió este miércoles la presidencia de Perú ataviado con un terno azul oscuro bordado con motivos indígenas y su tradicional sobrero chotano de paja y ala ancha. Recibió los símbolos del poder del Estado de manos de la presidenta del Parlamento, María del Carmen Alva, e inauguró su discurso de investidura con un anuncio inesperado: no gobernará desde el Palacio de Gobierno de Lima. En su lugar, cederá el edificio al nuevo Ministerio de las Culturas para que sea un museo sobre la historia nacional.​

"Yo no gobernaré desde la 'Casa de Pizarro'", dijo Castillo en referencia a la sede de la Presidencia de Perú, un palacio erigido en 1938 en el mismo lugar donde el conquistador Francisco Pizarro fijó su residencia al fundar Lima como la capital del virreinato del Perú. "Creo que tenemos que romper con los símbolos coloniales para acabar con las ataduras de la dominación que se han mantenido vigentes por tantos años", añadió.

Castillo, el primer presidente de la historia de Perú de origen campesino, aseguró que se necesita un ministerio que reconozca las diversas culturas y ejecute políticas donde los propios pueblos originarios participen en su elaboración. "Los peruanos y peruanas de sectores populares han sido invisibilizados en la formulación de las políticas públicas, como hace 200 años. Es necesario también interculturalizar al Estado y establecer que, cuando se tomen decisiones relevantes, se consideren las voces de las comunidades originarias y del pueblo afroperuano", insistió Castillo.

Asimismo, el nuevo jefe de Estado de Perú anunció un plan para "transformar lingüísticamente el Estado peruano, con el objetivo de que todas las instituciones públicas donde predominan lenguas originarias se comuniquen oficialmente en dichas lenguas". En Perú están reconocidos 48 idiomas distintos, y entre los originarios más hablados están el quechua y el aimara en la zona andina, mientras que en la Amazonía las lenguas con más hablantes son el asháninka, el awajún y el shipibo-konibo.

Un país sin corrupción

Pedro Castillo comenzaba su primer mensaje a la Nación con la mano sobre la Biblia. "Juro por dios, por mi familia, por mis hermanos y hermanas, campesinos, ronderos, pescadores, docentes, profesionales, niños, jóvenes y mujeres, que ejerceré el cargo de presidente en el periodo constitucional 2021-2026. Juro por los pueblos del Perú, por un país sin corrupción y por una nueva constitución", dijo con solemnidad.

Esta será una de las claves de su mandato y reiteró en mensaje en diversas ocasiones. "Debemos contar una legislación que desaliente la criminalidad de todo tipo; no como la actual, que la alienta. La corrupción desfalca más de 20 mil millones de soles al año. Tendremos que potenciar la Contraloría General de la República, a la Fiscalía de la Nación y al sistema judicial anticorrupción", resaltó al referirse a las tramas que incluso se han vinculado con varios jefes del Ejecutivo.

Expansión de las rondas campesinas

Pedro Castillo, de 51 años, fue rondero durante su juventud (miembro de una organización comunal rural de defensa) y ha pedido el fortalecimiento de estos grupos que funcionan en las regiones de Perú desde los años 70 y se dedican a administrar justicia en sus jurisdicciones. "Debemos expandir el sistema de las rondas en Perú, que no es otra cosa que la población organizada. Nos comprometemos a formarlas donde no existen y a incluirlas al sistema de seguridad ciudadana", apuntó Castillo.

Gran parte de su mensaje fue una oda al "gobierno del pueblo para el pueblo". "Es la primera vez que este país será gobernado por un campesino. Es la primera vez que un partido político formado en el interior del país gana las elecciones democráticamente, y que un maestro rural es elegido para ser presidente de la república", destacó al asumir la presidencia peruana.

Crisis sanitaria

Castillo asume la presidencia en un momento crítico para el Perú, asolado por la crisis sanitaria y económica desatada por la pandemia de covid y en medio de una enorme polarización e inestabilidad política.

"Los sistemas públicos y privados de pensiones están en crisis. La protección social en el Perú debe pasar por las políticas de aseguramiento. Ningún peruano debe hacer boletas, denigrarse en programas de espectáculos para tener una pensión digna. La salud y las pensiones serán universales. Propondremos una comisión ejecutiva para la creación de un nuevo sistema de protección social. Impulsaremos un solo sistema de salud unificado", remarcó Castillo e hizo su compromiso aún más específico: "Impulsaremos la conformación de 5.000 equipos de atención comunitaria integral, para que ninguna familia peruana quede sin cobertura médica. Al término de mi mandato, entregaré hospitales especializados por región: materno infantil, neoplásico, clínico-quirúrguco, de medicina tropical y salud bucal".

En esta primera intervención al mando de la presidencia, dejó sobre la mesa su receta frente a la pandemia. "Ante una tercera ola de contagios, tenemos al 16%  la población vacunada con dos dosis y un primer nivel de atención muy débil. Nuestra finalidad es llegar a fin de año con el 70% de la población vacunada. Convocaremos de inmediato a todos los gobernadores regionales y a sus directores regionales a evaluar acciones ante la pandemia", aseguraba el presidente peruano y mencionaba la medida de ampliar el horario de los establecimientos de vacunación.

"Rentabilidad social"

Durante la campaña presidencial, uno de los temores de los críticos de Castillo era que no respetaría los ahorros ni la propiedad privada. El jefe de Estado ha querido despejar dudas desde el principio y declaró que es posible realizar los cambios que espera la población "con responsabilidad, respetando la propiedad privada y poniendo adelante los intereses de la nación". "Lo que nosotros propugnamos es que se acaben los abusos de los monopolios, de los consorcios que corrompen y cobran sumas artificialmente elevadas por los bienes y servicios básicos, como el gas doméstico y las medicinas", indicó.

En ese sentido, Castillo anunció que implementará el criterio de rentabilidad social en la actividad minera y otras industrias, que significa que todo proyecto debe contribuir con dinamizar la economía local, regional y nacional, incrementar realmente el ingreso nacional propiciando el ingreso neto de capitales y que los beneficios se contabilicen localmente.

Una nueva Constitución

La carta magna vigente en Perú fue promulgada en 1993, durante el gobierno de Alberto Fujimori, meses después de que este mandatario disolviera el Congreso en el episodio conocido como el "autogolpe". Una de las principales propuestas de Pedro Castillo durante su campaña presidencial fue cambiar esa Constitución y la ha vuelto a reiterar en su toma de posesión. "Estamos dispuestos a recuperar la soberanía. Muchos de nuestros recursos están en manos extranjeras. Esa es una de las razones que nos motivan a buscar una nueva constitución política que, entre otras cosas, permita garantizar los ingresos del Estado", proclamó.

"Una de nuestras principales banderas políticas, convertida ahora un bandera de la mayoría del pueblo es la convocatoria de una Asamblea Constituyente", dijo Castillo durante su primer mensaje a la nación. Pero la actual Constitución peruana no prevé un mecanismo para convocar dicha asamblea, por lo que primero habría que reformarla y aprobar esa reforma mediante un referendo.

Innovación Tecnológica

Castillo anunció igualmente la creación del ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica para potenciar la generación de conocimiento necesario para la independencia tecnológica en el país, especialmente en el campo de la salud pública y las exportaciones.

De otro lado, el mandatario anunció que la empresa estatal Petro Perú participará en todos los aspectos de la industria petrolera, la exploración y explotación de los yacimientos de petróleo y gas natural, el transporte hacia las refinerías y la comercialización de los derivados.

"Así podremos regular los precios finales y evitar que se explote al ciudadano (...), no estamos hablando de subsidios públicos, pues esta empresa deberá participar plenamente en el mercado con sus recursos propios, pero con una tasa de ganancia razonable y sin ningún tipo de abuso", concluyó.

28/07/2021 21:25 Actualizado: 28/07/2021 22:38

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Pedro Castillo, el humilde maestro rural que asume la Presidencia de Perú en el bicentenario de la independencia

Desde su independencia de la Corona española, de la que hoy se conmemoran 200 años, Perú no había sido gobernado por un hombre con una trayectoria tan humilde. Nacido en un pequeño poblado andino, educado en escuelas rurales y formado como maestro entre montañas antes de llegar al sindicalismo y la política, Pedro Castillo ha tomado las riendas del país sudamericano.

"Querido papito: te extraño mucho. Y todas las noches le ruego a diosito que te cuide y te proteja. Yo sé que tú vas a cambiar el país y después vas a regresar a la casa. Sé que tú vas a ser el presidente del Perú y después vamos a estar juntos para siempre". La pequeña Alondra, hija menor del presidente electo del Perú, le dedica estas palabras a su padre, apenas unos días después de que dejara su humilde vivienda en el poblado de Puña, Cajamarca, para recorrer el país y hacer campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 6 de junio. Aquellas inocentes palabras –registradas en el documental El profesor, de Álvaro Lasso- dibujan los sueños que han puesto millones de peruanos en el voto por este maestro de 51 años. Castillo nació en 1969, justo cuando el general Juan Velasco Alvarado, que había tomado el poder en un golpe de Estado, llevaba a cabo una reforma agraria que buscó acabar con el modelo feudal de control de la tierra heredado de la Colonia española.

El profesor es el documento audiovisual que más buscó acercarse y hacerle justicia al origen humilde y campesino de Castillo, y para ello recogió la voz de su esposa Lilia Paredes, sus padres, hijos y familia, además de compañeros de escuela, amigos y vecinos de Puña, localidad de apenas 400 habitantes y que apoyó la campaña presidencial de su hijo más célebre, frente al embate de los medios de comunicación y las élites limeñas, que lo vieron siempre como a un sospechoso extraño.

Castillo, tercero de nueve hermanos, con padres agricultores y analfabetos que respaldaron siempre el entusiasmo de su hijo por mejorar su educación, apareció por primera vez en los medios como líder de una huelga de maestros que se extendió entre junio y septiembre del 2017. Imperturbable y al grito de "¡La huelga no se vende, la huelga se defiende!", Castillo dirigió uno de sus primeros mítines en Lima, en agosto de ese año, frente a miles de maestros, en la emblemática Plaza de San Martín, demostrando las cualidades oratorias que ha hecho evidentes en esta campaña, a pesar de evitar entrevistas o cancelar con algunos periodistas conversaciones ya pactadas. "Hay que demostrarle al gobierno que éste es el momento para dignificar al maestro", aseguró aquel día, ante el aplauso de sus colegas.

Según el diario El Comercio (decano de la prensa sudamericana), más del 50% de docentes no acudieron a clases en algunas provincias de 18 regiones. En la huelga se exigían mejoras salariales, aumentar el presupuesto en educación y mejorar la enseñanza en zonas alejadas, como la suya; fue un intento de reducir las marcadas desigualdades entre la educación urbana y la rural. En medio de duras negociaciones, una parte de los peruanos empezó a verlo con resquemor.

Y no solo por exigir la derogación de la Ley de la Carrera Pública Magisterial, la paralización de las clases que perjudicaba a más de un millón y medio de estudiantes –según declaró la entonces ministra de Educación, Marilú Martens-, o por la supuesta vinculación de algunos dirigentes de la marcha con el Movimiento por la Amnistía y los Derechos Fundamentales (MOVADEF) –grupo que pide la excarcelación del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán-, sino porque Castillo y otros representantes de los sindicatos de maestros fueron recibidos en el Congreso por Héctor Becerril, uno de los más oscuros representantes del fujimorismo. La intención, al parecer, era solo perjudicar al gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Pero tras ser destituido Kuczynski por el Congreso, los fujimoristas (con mayoría en el legislativo) no volvieron a prestar atención a las demandas de los maestros. No repararon, entonces, en que el monstruo que ellos avalaron les devoraría poco más de 40 meses después.

"A mí, de repente, por el lugar de mi procedencia, por el lugar de dónde vengo, me quieren mirar por encima del hombro. Que me miren así, que me ignoren, pero primero está mi país. Yo estoy aquí por el Perú", aseguró Castillo en Pregúntale al profe, otro trabajo audiovisual de Álvaro Lasso, en el que el originario de Puña, Tacabamba, responde a las preguntas sobre salud en pandemia, educación, trabajo o recursos naturales a los vecinos de una sencilla quinta de Comas, uno de los distritos más populosos de la capital peruana.

Una carrera como una lección

"Hay mucha gente que odia inexplicablemente a Castillo. Piensan que es Abimael Guzmán renacido", nos dice Álvaro Lasso, fundador de la editorial y librería Estruendomudo, quien viajó a Puña para conocer de cerca al entorno más cercano de Castillo. Sus palabras hacen referencia a la campaña de "terruqueo" emprendida por la ultraderecha que usa esa expresión para calificar de "terrorista" a cualquiera que aparente ser enemigo del establishment. Le pasó a Alejandro Toledo el año 2000, cuando la dictadura de Alberto Fujimori lo culpó del incendio y derrumbe del Banco de la Nación –que, más tarde se supo, fue responsabilidad del fujimorismo- y a Ollanta Humala, a quien finalmente la derecha domesticó, haciéndolo dejar de lado muchas de las promesas que lo llevaron a la presidencia en 2011, año en el que se produjo la primera derrota en una elección presidencial de Keiko Fujimori.

"Castillo siempre ha sido una persona luchadora –continúa Lasso-. Siempre se ha esforzado muchísimo por querer educarse. De niño, para ir al colegio, caminaba dos horas de ida y dos de vuelta. Cuando iba al instituto pedagógicoen Cutervo –pequeña ciudad ubicada en otra provincia cajamarquina-, donde estudió magisterio, caminaba ocho horas desde su pueblo hasta allí. Conocí a un amigo suyo, Julio Díaz, que caminaba con él. Su mamá les frotaba los pies con unas plantitas, como remedio natural para atenuar el dolor de los callos". En su ruta, Castillo conoció la realidad de otros caseríos como el suyo. Pequeños pueblos de montaña donde la belleza es tan impresionante como la pobreza. Zonas ganaderas y agrícolas ubicadas entre mesetas, quebradas y cerros. Según el Instituto Nacional de Estadística (INEI), en el departamento de Cajamarca se encuentran 16 de los 20 distritos más pobres de Perú. Muchos de estos lugares sufrieron el terrorismo en los años 80 y 90 del siglo pasado y, en medio de la ausencia del Estado, tuvieron que crear rondas campesinas para enfrentar la violencia. Castillo formó parte de ellas.

Según Lasso, uno de los pocos comunicadores que ha tenido la oportunidad de acercarse al círculo más cercano de Castillo –hermético para gran parte del periodismo limeño-, cuando era niño, el flamante presidente del Perú viajó con su padre a la selva para trabajar como agricultor y tener ingresos para comprarse el uniforme, los cuadernos o sus libros. "En su vida siempre hubo una relación entre esfuerzo y educación. Él no la ha recibido como quienes vivimos en las ciudades. Para nosotros, el uniforme escolar o el colegio aparecen nomás, pero a él le costó mucho sudor educarse".

Ya a mediados de los 90, en plena dictadura fujimorista, y a pesar de que había concluido su carrera de maestro en el pedagógico de Cutervo, la falta de trabajo lo llevó a Lima, donde no lo pasó mejor. Su primera experiencia laboral fue limpiando baños en un pequeño hostal del centro de la capital. Pedro Castillo caminaba extraviado por las calles y no entendía por qué no había oportunidades en una ciudad tan grande. A pesar de la dureza del trabajo, su empleador siempre lo trató con respeto y cariño. Curiosamente, era estudiante de Filosofía en la Universidad Católica, por lo que mantenía largas conversaciones con él sobre diversos temas, incluida la política. Aún hoy mantienen contacto y respeto. Luego, Castillo siguió trabajando de lo que pudo. Canillita, albañil o heladero, lo que le permitiera subsistir.

Para entender mejor el periplo que hizo Castillo entonces -y que repitió ahora para llegar al Palacio de Gobierno-, la distancia por tierra entre Lima y Chota (Cajamarca) es de más de 16 horas. De Chota a Tacabamba se necesitan tres horas más y de allí a Chugur –donde estudio secundaria- se suman dos horas de camino. De Chugur a Puña son 30 minutos adicionales y de allí a San Luis de Puña, el caserío en el que pasó su infancia, son 10 minutos. Sin apreciar el recorrido o el esfuerzo, su rival en estas elecciones, Keiko Fujimori, abrió su participación en el primer debate que tuvo lugar en Chota -a petición del propio Castillo- con la desafortunada frase: "He tenido que venir hasta aquí". Algunos debieron intuir que, desde aquel momento, perdió cualquier posibilidad de ganar en esa y otras zonas remotas del país.

El 'outsider' que nadie esperaba

"No más pobres en un país rico" ha sido su lema de campaña, coronado con la frase "palabra de maestro". Su experiencia como dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), que lo hizo notorio por primera vez en la capital, no es, sin embargo, su primera experiencia política. Tras los difíciles años noventa, en 2002 postuló a la alcaldía del distrito de Anguía –en la provincia de Chota- por Perú Posible, la hoy extinta agrupación del entonces presidente Alejandro Toledo, un hombre con el que comparte origen humilde y trabajo desde niño, pero que nunca izó como bandera propia las necesidades de los más humildes, a diferencia de Castillo. Su paso por Harvard y su militancia en la derecha neoliberal, marcan distancia en sus rumbos.

Castillo planeaba formar un partido político integrado por profesores, pero la llegada de la pandemia frenó sus aspiraciones. Apareció entonces la posibilidad de sumarse a Perú Libre, partido fundado por el exgobernador regional de Junín Vladimir Cerrón. Él es, precisamente, el talón de Aquiles de Castillo. Apartado de la elección por sus acusaciones de corrupción –que incluyen una sentencia por negociación incompatible y aprovechamiento del cargo, que le costó una sentencia de 4 años de prisión suspendida- y un marxista-leninista confeso, Cerrón diseñó el ideario original de su partido, en el que se aspiraba a una nueva Constitución, mayor presencia del Estado, renegociación de contratos con las empresas y nacionalización de sectores estratégicos, lo que causó alarma en una parte importante de la población y sirvió como argumento de ataque del fujimorismo y la ultraderecha. Castillo, sin embargo, preparó nuevos lineamientos, conocidos como el Plan Bicentenario, eso sí, haciendo también suya la propuesta de una nueva Constitución, para la cual se propone convocar un referéndum y posteriormente una Asamblea Constituyente. Cabe recordar que la vigente carta magna data de 1993, durante la dictadura de Alberto Fujimori.

La presencia de Cerrón, un político tan frontal como ególatra, es diariamente utilizada para atacar a Castillo. A pesar de que este aseguró que "El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado", sus constantes exabruptos vía Twitter, su presencia en reuniones cruciales o su reciente recibimiento al ex presidente boliviano Evo Morales, causan zozobra alrededor de Perú Libre. No son pocas, además, las voces que temen que un gobierno de izquierda convierta a Perú en una suerte de émulo de Cuba o Venezuela, cosa que Castillo ha negado en reiteradas oportunidades. Aunque es progresista en varios frentes, socialmente es un conservador que se opone a la legalización del aborto, la eutanasia, el enfoque de género en el currículum escolar y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto, posiblemente, a causa de su fe cristiana.

En una victoria épica, contra viento y marea, Pedro Castillo dejó al fujimorismo fuera del gobierno. Este miércoles fue investido como presidente en el Congreso de la República, fiel a la costumbre chotana, con su típico atuendo andino. Independientemente de cómo vaya a ser su gestión, postales como esta marcan la historia y se instalan en el imaginario colectivo de una nación. Este jueves realizará otro acto simbólico sin precedentes: juramentará el cargo de presidente constitucional del Bicentenario en la Pampa de la Quinua, en Ayacucho, el lugar donde una heroica batalla sirvió para revalidar la independencia peruana, el 9 de diciembre de 1824. Lo hará, además, ante la presencia del rey Felipe VI de España y otros mandatarios.

No tan lejos queda ese diciembre de 2020, cuando el periodista Marco Sifuentes, uno de los pocos que ha logrado una extensa entrevista con él, le dijo, ante sus aspiraciones a llegar a una segunda vuelta: "Pero usted tiene 0,001% de apoyo en las encuestas, ¿Cómo va a hacer?"

Lo hizo contra todo pronóstico 200 años después de la independencia, en un Perú que sigue siendo una caja de sorpresas.

28/07/2021 18:57 Actualizado: 28/07/2021 22:27

Ricardo Hinojosa Lizárraga

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Colombia: sin agua para apagar el incendio

El eco de las protestas en Colombia parece no haber terminado. Las jornadas de lucha de trabajadores, jóvenes y colectivos pauperizados han dado lugar a un nuevo escenario. ¿Qué pasa en la izquierda? ¿Tendrá realmente poder para enfrentar en las urnas al gobierno de Duque?

 

Frustraciones y sorpresas dibujan los últimos 25 años de la historia de Colombia. La esperanza esquiva se filtró entre las oscuridades de la violencia con la firma del acuerdo de paz en el 2016, pero la victoria del «No» en el plebiscito convocado para aprobar el cierre del conflicto armado entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), significó un portazo a la ilusión de construir un nuevo tiempo como país. En 2018, como viene ocurriendo cada cuatro años desde 2002, triunfó en la elección presidencial Álvaro Uribe a través de la candidatura de Iván Duque, el ungido esta vez, con ánimo de cobrar revancha por la paz firmada por el ex-presidente Juan Manuel Santos, considerada siempre como una traición.

Desde 2019, la protesta estudiantil marcó la pauta con su expresión en las calles. La respuesta del gobierno de Duque fue desplegar policías antimotines y soldados, tanques y vehículos blindados; y reprimir durante las noches en Bogotá y Cali, al suroccidente del país, donde se instauró el toque de queda. Fueron asesinados 17 jóvenes.

Los discursos de miedo y odio cedieron a fines de 2019 ante una iniciativa «tranquilizadora», denominada la Gran Conversación Nacional, que no tardó en transformarse en una nueva frustración por la dilación e incumplimiento de la palabra del gobierno. Las protestas se adormecieron durante todo 2020 por la pandemia de covid-19, que sumió al país urbano en una realidad social, económica y sanitaria no conocida, atendida de manera ineficiente por el gobierno de Duque y acentuada por su desconocimiento del país, su inexperiencia e inmadurez; todo lo contrario a lo exigido para administrar una crisis.

Los mayores efectos de la pandemia se vivieron en el suroccidente, en especial en Cali, tercera ciudad de Colombia. A esto deben sumarse el descontento y rechazo por los repetidos asesinatos de líderes sociales (86 en lo que va del año), el desplazamiento forzado de comunidades afrocolombianas e indígenas a lo largo del extenso corredor Pacifico (44.290 personas en 2021 según la Defensoría del Pueblo) y el crecimiento de las áreas geográficas bajo control o con un incremento de la presencia de actores armados no estatales que debilitan la gobernabilidad y la confianza en la capacidad del Estado. 

En abril de 2021, una propuesta tributaria que incrementaba los impuestos desató un alzamiento nacional múltiple que fue creciendo sin que el gobierno pudiera detenerlo. Ni la brutal represión, ni el retiro de la reforma tributaria, ni la salida del ministro de Hacienda, ni los anuncios de inversiones para los jóvenes, ni el temor al coronavirus y sus efectos -que han significado más de 115.000 muertes- lograron frenar la protestas.

El gobierno retomó entonces la retórica del enemigo interno apoyado desde el exterior, en una narrativa que va desde Venezuela a Rusia, pasando por Cuba, y apela a discursos anticomunistas de la época de la Guerra Fría. Al tiempo que agitaba la bandera contra el pre-candidato presidencial Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico (una coalición de fuerzas de izquierda, líderes sociales y senadores de origen liberal y del antiguo Partido de la U que han saltado de una a otra formación política en los últimos 20 años). Tanto Uribe como sus alfiles oficiosos, como Claudia López, alcaldesa de Bogotá, no dudan en señalar a Petro como responsable por la destrucción de bienes públicos y privados, llevar a los jóvenes a la muerte y alentar acciones contra la vida de funcionarios públicos, civiles y policiales, e incentivar bloqueos que significaron la ruina de empresarios y ciudadanía durante dos meses.

Las protestas paralizaron Colombia con jornadas masivas en las calles, reprimidas brutalmente, y confrontaciones que involucraron civiles armados, articulados a bandas de narcos que acompañaban a fuerzas de policía en los barrios para detener, y en algunos casos asesinar, a manifestantes. En ciudades como Cali florecieron el racismo, el clasismo, la represión armada institucional y para institucional durante los dos últimos meses.

Las cifras de asesinados van de 42 hasta 87, tanto en manifestaciones como en sitios de bloqueo, según datos oficiales y no oficiales aún en discusión. Si bien la crisis económica, el agotamiento individual y social derivados de la pandemia son insumos para una integral comprensión de lo ocurrido, el clamor por cambios estructurales en la sociedad y el rechazo ciudadano a una institucionalidad pública cada vez menos confiable, corrupta y violenta a los ojos de los jóvenes urbanos están al orden del día.

Esta confrontación social y política ameritó una visita de trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 8 y el 10 de junio, reclamada por organizaciones sociales, estudiantiles, autoridades locales y centrales obreras agrupadas en el Comité Nacional del Paro, entre otros. Las observaciones y recomendaciones de esta visita de trabajo, según la CIDH tienen por objetivo contribuir a la consolidación del diálogo como mecanismo para la superación de la conflictividad social. El gobierno ha rechazado el informe, incrementando las criticas nacionales e internacionales.

¿Cómo se reorganizan en este contexto las distintas fuerzas de la sociedad? ¿Qué esperar de un proceso electoral para elegir congreso y presidente el siguiente año?

El mundo empresarial aferrado a Duque reclama y respalda el uso de todas las herramientas, incluidas las Fuerzas Armadas, para recuperar el «orden institucional». Este bloque une al coro que ve en Petro la causa del desastre de los últimos meses y aunque hay matices entre sus voceros, cierra filas para frenar su elección como próximo presidente. La convicción empresarial es que Petro no debe ser elegido pues la llegada de la izquierda al poder significaría la destrucción de la economía. Los inversionistas rurales exportadores agrupados en la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y otros gremios empresariales, entre ellos bananeros, ganaderos, cultivadores de caña y frutales respaldan las tesis de Uribe. Pero además tienen en muchos casos sus propios operadores políticos, ligados a partidos de derecha y centroderecha que han sido punta de lanza para impedir la ratificación del acuerdo regional sobre acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en temas ambientales conocido como Acuerdo de Escazú, uno de los compromisos incumplidos por el gobierno luego de las protestas en 2019.

El excepcional bipartidismo colombiano, representado por los partidos Conservador y Liberal (que sobrevivió hasta casi el fin del siglo XX), es hoy un apéndice del uribismo y las elites para impedir la irrupción de la izquierda en el poder nacional. Esto quedó ratificado en 2018, cuando ambos partidos respaldaron a Duque contra Petro en la segunda vuelta electoral.

Dentro de los sectores que confrontan al uribismo el más importante es el Partido Verde. Su mayor elector en 2018 fue el ex rector de la Universidad Nacional y alcalde de Bogotá en dos ocasiones, Antanas Mockus, quien perdió su curul en el Congreso por decisión de la Corte Suprema de Justicia en atención a una demanda por conflicto de intereses como representante legal de una ONG.

El Partido Verde es una coalición de intereses diversos y cambiantes que ha mezclado liderazgos jóvenes comprometidos con el cambio, exguerrilleros que firmaron acuerdos de paz en la década de los 90, sectores de centroderecha y liderazgos independientes afirmados en prácticas clientelistas. Este partido ha tenido su mayor éxito al elegir 18 congresistas y tomar las riendas de la alcaldía de Bogotá, en cabeza de Claudia López, en 2019, quien se ha convertido, junto a la senadora Angélica Lozano, en la figura y voz más relevante del partido. Ambas promueven la construcción de un bloque con sectores de clase media y grupos de opinión dispuestos a «reformas sin traumatismos», articuladas a la centroderecha representada por el expresidente  Santos, artífice de los acuerdos de paz con la guerrilla. Con Petro mantienen un agrio enfrentamiento con descalificaciones mutuas luego de haber tenido relaciones de cooperación política.

Por su parte, el Polo Democrático es hoy una formación venida a menos en la que confluyen izquierdas de las décadas de 1960 y 1970, que se ha escindido para dirimir los conflictos internos. Es un partido con individualidades valiosas como Iván Cepeda y Alexander López pero sigue siendo un sector minoritario. Hoy forma parte del Pacto Histórico, que además de Colombia Humana de Petro incluye a movimientos sociales e indígenas, y también algunos sectores de la vieja política, que buscan poner en pie una candidatura unitaria para 2022 y se reclaman como la alternativa al uribismo y al continuismo de las viejas elites en el poder. Cuentan en su favor el liderazgo sólido de Petro y el antecedente de los 8 millones de votos que obtuvo en el 2018.

Álvaro Uribe y su partido están debilitados en la opinión pública por los escándalos judiciales, el apresamiento del propio Uribe y la ineptitud de Duque y su equipo de gobierno. Como Centro Democrático no parecen estar en condiciones de agrupar bajo un liderazgo propio a los sectores partidistas que apoyaron a Duque para ganar las elecciones en 2018.

El Centro Democrático de hoy, a pesar de no contar en la opinión pública ni con la mitad de la favorabilidad que tuvo cuando llevó a Duque a la presidencia en 2018, no está sin embargo políticamente muerto. A pesar de los procesos judiciales contra Uribe, su detención domiciliaria por acusaciones de soborno y fraude procesal y la de varios de sus copartidarios, el Centro Democrático conserva el poder presidencial, que junto al de las Fuerzas Armadas es el poder real en el país. Desde sus filas, las protestas son leídas desde teorías conspirativas a veces directamente delirantes como la de la «revolución molecular disipada», difundida por el propio Uribe citando a un personaje marginal de la extrema derecha chilena invitado a disertar en la Escuela Superior de Guerra de Colombia.

Las Fuerzas Armadas han derivado en un instrumento político del ex-presidente Uribe. Los oficiales y el ministro de Defensa no solo atienden sus llamados -como pudo probarse en el manejo de la protesta social-, sino que evidencian de múltiples formas una postura contraria al Acuerdo de Paz, y en especial el sistema de justicia transicional: la Comisión de la Verdad, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y una unidad para la búsqueda de personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. Todos estos instrumentos son descalificados por el partido de gobierno que pretende reformarlos e incluso propone acabar con ellos.

En este marco, la protesta social continúa sin encontrar interlocución con las autoridades nacionales, con excepción de Cali, donde jóvenes y autoridades locales han conseguido construir una mesa de conversaciones que produce acuerdos. En este espacio se plantean iniciativas innovadoras que retan al gobierno local mediante un proceso denominado «constituyente juvenil», que debate temas ambientales, sostenibilidad de la vida, etnicidad, entre otros.

La debilidad e ilegitimidad de las instituciones es creciente, así como la ausencia de control territorial por parte del Estado en zonas del Pacifico desde la frontera con Ecuador a la frontera con Panamá. Igual ocurre en la frontera de 2219 kilómetros con la vecina Venezuela y en varias regiones en departamentos del interior del país. En adición a la inestabilidad institucional y de acuerdo con autoridades de Estados Unidos, el país registró 245.000 hectáreas de cultivos de coca el año pasado, frente a las 212.000 hectáreas de 2019. En 2020, el potencial de producción de clorhidrato de cocaína pura alcanzó 1.228 toneladas y la producción estimada de hoja de coca fue de 997.300 toneladas métricas. Esto significa más gasolina para los incendios violentos derivados del narcotráfico.

El proceso electoral de 2022 se enmarca entonces en una dura confrontación en la que se están involucrando cada vez más funcionarios del ejecutivo nacional y los gobiernos locales. Hay un predominio de temas como la búsqueda de un modelo económico que respete y proteja el ambiente, que rompa las lógicas dependientes de economías extractivas, y que ponga en el centro la justicia social. Pero también anticomunismo, crítica al gobierno de Venezuela como forma de campaña electoral interna, además de la satanización de Petro y de Uribe dependiendo de los bloques enfrentados. Todo ello en un contexto de asesinatos de líderes, una violencia creciente y una situación económica difícil.

Aún hay definiciones pendientes. Claudia López y Angélica Lozano como actoras principales del Partido Verde buscan que Alejandro Gaviria, rector de la Universidad de los Andes, la principal universidad privada del país, acepte ser candidato a la presidencia en una confluencia con cinco líderes agrupados bajo el nombre de Coalición de la Esperanza. Entre ellos se cuentan Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Jorge Robledo, Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, quienes han sido senadores, gobernantes regionales y ministros en los últimos 30 años. Si Gaviria decide ser candidato podría mover el tablero por no tener confrontaciones con el poder económico ni con la clase política y por su condición de político no profesional. Gaviria es uno de los líderes de la iniciativa «Tenemos que hablar Colombia», que busca construir canales de interlocución con un grupo de 10.000 colombianos para abordar salidas al estallido social que se ha presentado en los dos últimos meses.

Petro y su propuesta de Pacto Histórico, que parece ser la opción de mayor definición y madurez al día de hoy, no podría, sin embargo, ganar en solitario las presidenciales. Las elecciones anteriores demostraron su fragilidad como candidato en la segunda vuelta por el rechazo de sectores temerosos de vivir una crisis económica e institucional como la de Venezuela. El consenso construido por los actores políticos que están fuera del Pacto Histórico es no hacer ningún tipo de alianza con él, lo que reduce significativamente sus posibilidades de triunfo.

Por otro lado, si la Coalición de la Esperanza, que tiene el propósito de derrotar a Petro en la primera vuelta, consigue este objetivo, deberá apelar al apoyo de los desencantados con Uribe para no depender de Petro o sus aliados. El objetivo de esta coalición es ganarle a Petro para enterrar definitivamente al líder de lo que consideran la más clara expresión del «populismo» y el «caudillismo de izquierda» en Colombia.

Parece claro que los tiempos de Colombia en el cercano y mediano futuro no serán estables. Lo incierto es si serán tiempos de mayor violencia o si el país podrá canalizar su debate político sin que la sangre de los líderes políticos sea la impronta, tal como ocurrió en el siglo XX. Las dos décadas de este XXI muestran que para los líderes sociales y quienes buscan avanzar en los acuerdos de paz los asesinatos siguen siendo la norma.

¿Participaran masivamente en el debate electoral de 2022 los jóvenes, que han hecho de la protesta y la pelea callejera su fuerza? ¿Podrán crear un cambio en el país que supere el actual colapso político, institucional y ético?

De no haber una masiva participación, el augurio es que el viejo poder con nuevos rostros continuará gobernando a Colombia.

 
Julio 2021

Publicado enColombia
Viernes, 23 Julio 2021 06:08

Un alarido

Un alarido

El escritor cubano Leonardo Padura pidió difundir este texto con su opinión sobre la situación en Cuba a partir de las protestas del domingo 11 de julio: "es el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas"

 

Parece muy posible que todo lo ocurrido en Cuba a partir del pasado domingo 11 de julio lo hayan alentado un número mayor o menor de personas opuestas al sistema, pagadas incluso algunas de ellas, con intenciones de desestabilizar el país y provocar una situación de caos e inseguridad. También es cierto que luego, como suele suceder en estos eventos, ocurrieron oportunistas y lamentables actos de vandalismo. Pero pienso que ni una ni otra evidencia le quitan un ápice de razón al alarido que hemos escuchado. Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

Un grito que es también el resultado de la desesperación de una sociedad que atraviesa no solo una larga crisis económica y una puntual crisis sanitaria, sino también una crisis de confianza y una pérdida de expectativas.

A ese reclamo desesperado, las autoridades cubanas no deberían responder con las habituales consignas, repetidas durante años, y con las respuestas que esas autoridades quieren escuchar. Ni siquiera con explicaciones, por convincentes y necesarias que sean. Lo que se impone son las soluciones que muchos ciudadanos esperan o reclaman, unos manifestándose en la calle, otros opinando en las redes sociales y expresando su desencanto o inconformidad, muchos contando los pocos y devaluados pesos que tienen en sus empobrecidos bolsillos y muchos, muchos más, haciendo en resignado silencio colas de varias horas bajo el sol o la lluvia, con pandemia incluida, colas en los mercados para comprar alimentos, colas en las farmacias para comprar medicinas, colas para alcanzar el pan nuestro de cada día y para todo lo imaginable y necesario.

Creo que nadie con un mínimo de sentimiento de pertenencia, con un sentido de la soberanía, con una responsabilidad cívica puede querer (ni siquiera creer) que la solución de esos problemas venga de cualquier tipo de intervención extranjera, mucho menos de carácter militar, como han llegado a pedir algunos, y que, también es cierto, representa una amenaza que no deja de ser un escenario posible.

Creo además que cualquier cubano dentro o fuera de la isla sabe que el bloqueo o embargo comercial y financiero estadounidense, como quieran llamarlo, es real y se ha internacionalizado y recrudecido en los últimos años y que es un fardo demasiado pesado para la economía cubana (como lo sería para cualquier otra economía). Los que viven fuera de la isla y hoy mismo quieren ayudar a sus familiares en medio de una situación crítica, han podido comprobar que existe y cuánto existe al verse prácticamente imposibilitados de enviar una remesa a sus allegados, por solo citar una situación que afecta a muchos. Se trata de una vieja política que, por cierto (a veces algunos lo olvidan) prácticamente todo el mundo ha condenado por muchos años en sucesivas asambleas de Naciones Unidas.

Y creo que tampoco nadie puede negar que también se ha desatado una campaña mediática en la que, hasta de las formas más burdas, se han lanzado informaciones falsas que al principio y al final solo sirven para restar credibilidad a sus gestores.

Pero creo, junto con todo lo anterior, que los cubanos necesitan recuperar la esperanza y tener una imagen posible de su futuro. Si se pierde la esperanza se pierde el sentido de cualquier proyecto social humanista. Y la esperanza no se recupera con la fuerza. Se le rescata y alimenta con esas soluciones y los cambios y los diálogos sociales, que, por no llegar, han causado, entre otros muchos efectos devastadores, las ansias migratorias de tantos cubanos y ahora provocaron el grito de desesperación de gentes entre las que seguramente hubo personas pagadas y delincuentes oportunistas, aunque me niego a creer que en mi país, a estas alturas, pueda haber tanta gente, tantas personas nacidas y educadas entre nosotros que se vendan o delincan. Porque si así fuera, sería el resultado de la sociedad que los ha fomentado.

La manera espontánea, sin la atadura a ningún liderazgo, sin recibir nada a cambio ni robar nada en el camino, con que también una cantidad notable de personas se ha manifestado en las calles y en las redes, debe ser una advertencia y pienso que es una muestra alarmante de las distancias que se han abierto entre las esferas políticas dirigentes y la calle (y así lo han reconocido incluso dirigentes cubanos). Y es que solo así se explica que haya ocurrido lo que ha ocurrido, más en un país donde casi todo se sabe cuando quiere saberse, como todos también sabemos.

Para convencer y calmar a esos desesperados el método no puede ser las soluciones de fuerza y oscuridad, como imponer el apagón digital que ha cortado por días las comunicaciones de muchos, pero que sin embargo no ha impedido las conexiones de los que quieren decir algo, a favor o en contra. Mucho menos puede emplearse como argumento de convencimiento la respuesta violenta, en especial contra los no violentos. Y ya se sabe que la violencia puede ser no solo física.

Muchas cosas parecen estar hoy en juego. Quizás incluso si tras la tempestad regresa la calma. Tal vez los extremistas y fundamentalistas no logren imponer sus soluciones extremistas y fundamentalistas, y no se enraíce un peligroso estado de odio que ha ido creciendo en los últimos años.

Pero, en cualquier caso, resulta necesario que lleguen las soluciones, unas respuestas que no solo deberían ser de índole material sino también de carácter político, y así una Cuba inclusiva y mejor pueda atender las razones de este grito de desesperación y extravío de la esperanza que, en silencio pero con fuerza, desde antes del 11 de julio, venían dando muchos de nuestros compatriotas, esos lamentos que no fueron oídos y de cuyas lluvias surgieron estos lodos.

Como cubano que vive en Cuba y trabaja y crea en Cuba, asumo que es mi derecho pensar y opinar sobre el país en que vivo, trabajo y donde creo. Ya sé que en tiempos como este y por intentar decir una opinión, suele suceder que «Siempre se es reaccionario para alguien y rojo para alguien», como alguna vez dijera Claudio Sánchez Albornoz. También asumo ese riesgo, como hombre que pretende ser libre, que espera ser cada vez más libre.

Leonardo Padura

Escritor, periodista y guionista

16 de julio de 2021 21:55h

En Mantilla, 15 de julio de 2021. 

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 Una persona posa junto a una pancarta del presidente electo de Perú, Pedro Castillo, en Lima. — Paolo Aguilar / EFE

Impugnaciones, denuncias de fraude sin pruebas, manifestaciones, amenazas, insultos, acoso, violencia contra funcionarios, periodistas y críticos. Así ha sido, y seguirá siendo, la guerra sucia del fujimorismo contra el recién proclamado presidente de Perú. El maestro rural de izquierdas tomará posesión el 28 de julio.

 

"Iremos a Palacio con el voto popular. Quiero que quede bien claro, que me escuche el señor Castillo, el señor Cerrón y el señor Sagasti. ¡Este partido recién empieza!". La voz de Keiko Fujimori retumbaba a través del sistema de sonido frente a algunos cientos de personas y dejaba claro que no aceptaba la derrota. La hija del dictador Alberto Fujimori (1990-2000), encarcelado por corrupción y violaciones de los derechos humanos, se dirigía así en el centro de Lima a sus seguidores el 10 de julio, más de un mes después de que tuviera lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y con el conteo oficial de votos concluido: el ganador era su contrincante, Pedro Castillo.

Solo el lawfare al que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, sometió a los organismos electorales, con petición de nulidades e impugnaciones de los votos –ninguna de las cuales prosperó– y acusaciones de fraude –sobre las que no presentó una sola prueba irrefutable–, pospuso la proclamación de Castillo más de lo debido, hasta este martes. Pero, en su realidad paralela, la candidata seguía comportándose como si aún estuviera en campaña y fuera posible su victoria.

"¡Vamos a defender la democracia en el Perú!", "¿Se van a rendir?", gritaba o preguntaba alternativamente a sus seguidores en aquella y otras movilizaciones. Mientras Keiko seguía con el micrófono en la mano, sus operadores políticos trabajaban contrarreloj para ensuciar –o evitar– la más que segura proclamación de Castillo. Recordemos que, tras conocerse los primeros resultados del conteo rápido, Keiko salió ya salió a denunciar irregularidades.

En ese escenario, Fujimori se remitió al manual de Goebbels y a su principio del método de contagio y reunió a varios adversarios en uno solo: Pedro Castillo, Vladimir Cerrón (el polémico líder del partido Perú Libre) y el presidente saliente,  Francisco Sagasti, tenían que convertirse, ante su público, en una suma, en un solo villano que representara el "fraude", el "comunismo" o la "dictadura", según fuera el caso.

Mientras tanto, en otro mundo paralelo al juego sucio del fujimorismo, ese mismo 10 julio, el Ministerio de Salud confirmaba que 194.249 peruanos habían fallecido de covid. Este país ha sido uno de los más afectados por la pandemia en el mundo.

El fujimorismo y sus malas artes

"La defensa de la democracia no termina con la promulgación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza". Como si fuera un déjà vu de junio de 2016, cuando también perdió la carrera presidencial, esta nueva frase de Fujimori recordó al momento en el que una altiva Keiko aseguraba, de la boca para afuera, que aceptaba los resultados "democráticamente", pero mostraba una simbología opuesta: ella, de pie, con sus 73 congresistas detrás, mostrando al entonces presidente electo, Pedro Pablo Kuczynski, el poder que lo amenazaría desde ese mismo momento. "Esta defensa recién empieza" volvió a decir hace dos días, horas antes de la proclamación de Castillo, con una actitud de perdedora hostil.

Desde aquella declaración, hace ahora cinco años, Perú "pagó" no haber elegido presidenta a Keiko Fujimori con la mayor inestabilidad política de las dos últimas décadas. ¿Cómo le mostró su poder a PPK?: humilló y censuró ministros, obstruyó con alevosía las propuestas del Ejecutivo desde el Congreso y terminó sacándole del poder pese a que había ganado en las urnas. En 2016, el fujimorismo había obtenido la mayoría de los asientos en el Congreso.

El primero que derrotó a Keiko fue Ollanta Humala, en 2011. Curiosamente, los tres (Humala y Kuczynski –PPK–) comparten un rasgo común: enfrentan procesos judiciales por sus vínculos con Odebrecht, la constructora brasileña que pagó coimas a diestro y siniestro en Latinoamérica (también Keiko Fujimori está acusada de corrupción y se encuentra en libertad provisional). Pero la crisis de los últimos años queda latente en que, desde 2016, en Perú han juramentado cinco presidentes (PPK, Martín Vizcarra, Mercedes Aráoz, Manuel Merino y Francisco Sagasti), aunque solo los dos primeros y el último han sido considerados oficialmente jefes de Estado. Y, para colmo, llegó la covid y las protestas sociales, todo junto. Nadie sabe qué le espera a Perú en esta nueva revancha fujimorista.

La semana pasada, mientras Pedro Castillo seguía esperando que se hiciera oficial su victoria para iniciar la transición con el gobierno de Sagasti, el abogado de Fuerza Popular Julio César Castiglioni aseguró a la emisora RPP que tenía derecho a "seguir apelando", a pesar de que el número de votos en las actas impugnadas no fuera a cambiar los resultados finales. Preguntado sobre el perjuicio y la demora que eso estaba causando en la transición entre las distintas carteras ministeriales, Castiglioni respondió: "No es mi tema". La lectura que hicieron millones de peruanos fue que la grave crisis económica, la mortal pandemia y el proceso de vacunación no era, para el fujimorismo, "su tema".

Regresando al pasado siempre se encuentran paralelismos: En 2017, la excongresista fujimorista Yesenia Ponce aseguró que Keiko le había dicho, sobre la postergación de un proyecto de irrigación que beneficiaría a miles de pobladores de Ancash: "No me importa si se perjudican diez mil, cien mil personas, si favorece al Ejecutivo no va". Para el psicoanalista Jorge Bruce, la frase "No es mi tema" ha ingresado "sin lentitudes burocráticas a la historia universal de la infamia".

El acoso de los violentos

Como parte de su campaña por el "fraude", la candidata fujimorista y sus aliados organizaron diversas manifestaciones en el centro de Lima. La del miércoles 14 de julio mostró la peor cara de los grupos violentos que apoyan a Fuerza Popular y manejan su misma retórica. Los miembros de una de esas organizaciones ultraderechistas, que se hace llamar ‘La Resistencia’, realizan el saludo fascista, difunden fake news y atacan a fiscales, periodistas o funcionarios que consideran "enemigos", "caviares" o "comunistas" –aunque no lo sean– desde hace meses. Esta vez, las víctimas fueron tres periodistas, incluso de canales que le han otorgado una generosa cobertura a cada movimiento o declaración de Fujimori.

Ante la llegada de la policía montada al lugar de los disturbios, los grupos profujimoristas llegaron al extremo de azuzar para que se matara a los caballos. Otros grupos violentos intentaron acceder a la Plaza de Armas de Lima e, incluso, llegar hasta la sede de Gobierno. El objetivo, según el periodista Marco Sifuentes, era "tomar Palacio", en un intento de imitar a los seguidores de Donald Trump que tomaron el Capitolio de EEUU en enero pasado, cuando también alegaron, sin pruebas, un fraude contra el candidato republicano.

En el momento más tenso de la jornada del miércoles 14 de julio, los vehículos oficiales en los que viajaban, por un lado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte y, por otro, la ministra de Vivienda, Solangel Fernández, fueron atacados por una turba con palos y piedras, y retenidos en una avenida por varios minutos. La noche del jueves 15, una cuenta de Twitter asociada a esos grupos radicales, "La resistencia Reporteros", publicó un video de una nueva escena de acoso contra el jefe de la Organización Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, esta vez en la puerta de su domicilio. Unas 80 personas se plantaron allí a gritarle durante más de dos horas. Los insultos, que incluían ofensas contra su madre, iban desde "ladrón" hasta "terrorista".

El presidente saliente, Francisco Sagasti, condenó los ataques y anunció medidas. Justo acababa de rechazar intervenir en el pedido de convocar a una "auditoría internacional", tal y como le exigía el fujimorismo. "Estaría violando la Constitución (...), pedir una intervención de esta naturaleza no tiene ningún sentido", afirmó. Desde ese día, troles fujimoristas crean hashtags diarios en redes sociales atacando a Sagasti con términos como "genocida", a pesar de que cumplió una de sus misiones más importantes: cerrar contratos por más de 98 millones de vacunas hasta enero del 2022.

Si bien Keiko Fujimori rechazó los actos de violencia a través de un tuit, las reacciones a su pronunciamiento fueron, en su mayoría, negativas. Hay abundante material fotográfico que prueba la cercanía de ‘La Resistencia’ con el fujimorismo –además de con Renovación Popular, partido del ultraderechista Rafael López Aliaga– y, en sus arrebatos de violencia, el grupo maneja el mismo discurso de la candidata, con el "fraude", el "comunismo" y el "terruqueo" como mantras.

La Fiscalía ha anunciado que les abrirá investigación a los responsables de los ataques. Audios, afiches y cuentas de Twitter y Facebook llamando a la violencia prueban que se trató de una estrategia coordinada.

¿Qué le espera a Perú?

El viernes 16, fujimoristas y aliados dieron un manotazo de ahogado –y es de esperar que no sea el último–, al presentar en los instantes finales del plazo legal nuevas apelaciones para seguir postergando la proclamación de Castillo. El pasado lunes, a primera hora de la mañana, todas las solicitudes fujimoristas habían sido declaradas improcedentes de forma unánime por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Tras la proclamación, sus seguidores viralizaron el hashtag #CastilloPresidenteIlegitimo, a pesar de que la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y mandatarios de diversos países ya habían saludado la elección democrática del profesor de Cajamarca.

Tras las falsas denuncias de fraude, impugnaciones y otras argucias legales que incluyeron un gasto millonario, Keiko solo logró variar 205 votos en su diferencia con Castillo. Curiosamente –y según ha contado el programa independiente La Encerrona, del periodista Marco Sifuentes–, estos fueron 205 votos más, pero para él. Su ventaja ascendió, finalmente, a 44.263 votos sobre Fujimori. En definitiva, Fuerza Popular presentó más de 1.300 recursos legales y gastó  en ello alrededor de un millón de soles (más de 200.000 euros), según medio digital independiente Ojo Público.

Sin precedentes en la historia de Perú, ahora el presidente electo sólo tiene una semana –hasta el 28 de julio– para realizar la transición en los distintos departamentos y ministerios.

El capítulo de esta historia que acaba de concluir se llamaba suspenso. El que comienza hoy, con Castillo al mando, se llama incertidumbre. Y así entra Perú en una nueva era marcada por el bicentenario de la independencia, que se celebrará el mismo día en que Castillo será investido presidente

Lima

21/07/2021 22:12 Actualizado: 22/07/2021 10:03

Ricardo Hinojosa Lizárraga@
santoschilcano

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