Miércoles, 24 Febrero 2010 18:26

El 'eje del mal' del software libre

A la industria cultural de EEUU no le gusta el software libre. La misma Alianza Internacional para la Propiedad Intelectual (IIPA) que ha incluido a España entre los países piratas, también pide a su Gobierno que vigile a varios países por promover el uso de software libre. Los acusados podrán ser escuchados la semana que viene por la Oficina del Representantepara el Comercio de EEUU, el organismo federal que elabora la temida "Lista 301 ".
 
Dos potencias emergentes, como India y Brasil aparecen en el informe que ha elaborado la IIPA para el Gobierno de EEUU. El lobby cultural (que incluye a la Business Software Alliance, BSA) les acusa de promover el uso del software libre en sus administraciones públicas.
 
Cuatro países del sudeste asiático (desde la musulmana Indonesia a la cristiana Filipinas, pasando por la capitalista Tailandia y el comunista Vietnam) también están en la lista.
 
En el caso de Brasil, que lleva años impulsando su industria informática, la IIPA solicita a su Gobierno que use su influencia para "evitar las leyes sobre el uso obligatorio de software de código abierto por parte de las agencias gubernamentales y las empresas públicas".
 
Con India, la industria pide actuar antes de que ocurra una desgracia. Aunque no hay ningún tipo de legislación para promover programas basados en GNU/Linux, tanto la IIPA como la BSA se muestran preocupadas por que el Gobierno indio estaría considerando apostar por el software local y libre.
 
Sin embargo, con quien más se ceba el informe es con los gobiernos del sudeste asiático, en especial con Tailandia . En diciembre pasado, el primer ministro de ese país ordenó a su ministro de Tecnología que diseñara un plan para promover el software libre. Menciona el informe un plan para la compra de 1,4 millones de portátiles para las escuelas que, para ahorrar costes, deberán llevar GNU/Linux. 
 
Vietnam e Indonesia llevan años sustituyendo copias pirata de software privativo por programas libres. Lo justifican como una medida realista para reducir la pirateria informática y, así, evitarse la presión de EEUU o posibles sanciones. Para la IIPA, lo que deben hacer es campañas educativas o una efectiva persecución de las infracciones.
 
En cuanto a Filipinas,  el informe denuncia que el Gobierno estudia una ley para favorecer al software libre en la administración pública. Según la IIPA, "la aprobación de esta ley podría cuestionar la libertad de uso del software y, en última instancia, podría hundir a la industria informática filipina".
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Mayoritariamente, el pueblo ecuatoriano aprobó hace más de un año (septiembre/2008) la nueva Constitución Política del Estado. En esa carta fundamental del Ecuador se establece, con meridiana claridad, que debe dictarse una ley orgánica de la comunicación; una disposición constitucional que por primera ocasión en la historia del país, manda que debe dictarse la ley para normar una actividad que, sin la menor duda, atraviesa toda actividad humana de estos tiempos.

Una ley “mordaza” que todavía no es ley

Simultáneamente a esta obligación constitucional, los grandes medios de comunicación del país (prensa escrita, redes radiales y canales abierto de televisión) abrieron un gran frente contra la ley, por propia conveniencia y siguiendo una vieja consigna de la SIP-CIA (la declaración de Chapultepec). Para ellos (y lo confiesan paladinamente, cínicamente) “la mejor ley en comunicación es la que no existe.” Por algo estuvo en Ecuador, hace un par de meses, una delegación del más alto nivel de este organismo regional que fue fundado y que ha sido administrado por la CIA (un capitán del servicio de inteligencia, Jules Dubois, fue su fundador). Esa delegación se reunió con representantes conspicuos no solo de la “aristocracia mediática” (con los dueños o testaferros de los diarios El Comercio de Quito y El Universo de Guayaquil, entre otros) sino con sectores del poder político, económico y social. Dejaron la consigna de oponerse a cualquier precio que el parlamento (Asamblea Nacional) apruebe un texto legal semejante; y, si ello era inevitable, tratar de que la susodicha ley sea “lo menos riesgosa posible.”

Desde hace un par de meses, los principales diarios del país (con El Comercio de Quito, a la cabeza) no han cesado de publicar llamativos cintillos negros con frases como “respeto a los derechos humanos” y otros de este matiz. El mismo Comercio ha publicado (y sigue haciéndolo) en página 2 del primer cuadernillo, unas crónicas periodísticas con entrevistas incluidas respecto de supuestos contenidos de supuestas noticias que no habrían sido posible publicarlas si se hubiese aprobado un proyecto de ley que fuera presentado hace meses por un asambleísta de la bancada gubernamental (el joven periodista Rolando Panchana) quien, “por haber vivido en las entrañas del monstruo” (fue reportero de televisión y de prensa escrita) pedía que la comisión especial del parlamento aprobase un artículo creando responsabilidades posteriores si estos transgredían derechos personales o de grupos sociales; un asunto que ya está establecido en el Código Penal ecuatoriano, desde hace años. Los sipianos de Ecuador no tardaron en encontrarle inclusive un mote al proyecto de ley: “ley mordaza” rememorando viejos tiempos en los que, gobiernos del sistema (democráticos o dictatoriales) aplicaron sin contemplaciones no solo mordazas contra el periodismo libertario de esos tiempos sino además persecución, cárcel y hasta sicariato contra periodistas también libertarios, de los que van quedando pocos, muy pocos.

Pero el objetivo de estas semanas era “diabolizar” el proyecto y a sus autores. Para ello, dieron carta blanca en sus columnas informativas a todo lo que digan o dejen de decir los agentes contrarios a la ley. Verbi gratia: el asambleísta César Montúfar (tan popular el señor que le costó (¿) mucho esfuerzo y dinero conseguir una curul entre 124) no ha dejado de aparecer en el sistema sipiano, diciendo o haciendo cualquier cosa contra la ley. No por ello en un plano inferior, otros asambleístas opositores y periodistas identificados con la derecha recalcitrante, también han ocupado los lugares de privilegio de la información “objetiva” y de los comentarios “independientes”. Y vaya que los medios sipianos han sido eficaces en esa campaña y en ese cometido. Han echado mano a todo con tal de abortar, sesgar, manipular un cometido semejante. En el “mejor de los casos” aceptar a regañadientes una ley que no sirva para nada; que pretenda cambios para no cambiar nada. También vieja táctica de los sectores de poder cuando ven amenazados sus intereses. Por lo menos eso es lo que parece hasta hoy (diciembre/2009) por las actitudes asumidas por el propio Presidente del Parlamento, por algunos asambleístas del sector gubernamental y por ciudadanos y ciudadanas que presumían de revolucionarios.

No hay una política comunicacional apropiada

Solo el Presidente Rafael Correa se ha mantenido coherente en esta materia. En sus alocuciones sabatinas ha desenmascarado con nombres y apellidos todas las informaciones y titulares de prensa que diariamente los medios sipianos dedican al gobierno de la “revolución ciudadana”; una revolución ciudadana que no termina de iniciarse en el interior del país, aunque todos reconocen que en el plano internacional si se han dado cambios como el rescate de la Base Manta (que pasó en manos de la fuerza aérea USA una década) el rompimiento con Colombia (por el inicuo ataque de Angostura) la integración del Ecuador en el bloque del ALBA, las denuncias y críticas internacionales contra el imperialismo norteamericano, la no firma de ningún TLC con el imperio y etcétera, etcétera.

Pero, ¿qué ha hecho la revolución ciudadana al interior del país? se preguntan antiguos y nuevos sindicalistas, servidores públicos, jubilados, pequeños comerciantes, agricultores pequeños y medianos, etc. Claro que el Gobierno Correa ha creado incentivos y ha recuperado algunas áreas deprimidas; pero, los viejos marxistas no solo se preguntan sino que acusan a Correa de ser “un sirviente del neoliberalismo” ya que ha dejado intacta la propiedad privada, se ha peleado con el sector indígena (que supuestamente es de izquierda aunque en la práctica algunos líderes ya se exhiben en la ultra derecha) ha reducido a nada el magisterio nacional y otro largo etcétera. En estas y otras materias, uno debe hacer necesariamente comparaciones; o explicarlas. Por ejemplo, los “pelucones” ecuatorianos (apelativo con el cual el propio Correa identifica a la derecha retardataria del Ecuador) con frecuencia, acusan a Correa de ser un presidente clonado de (Hugo) Chávez. La comparación es válida pero solo hasta el 2002, año en el que el ingenuo coronel bolivariano fue defenestrado por 72 horas ya que se confió en sus propias fuerzas de líder popular y revolucionario y desestimó las potencialidades que aún guardaba la oposición venezolana. Solo entonces, Chávez empezó a tomar medidas políticas: la creación del Partido Socialista Unificado, la radicalización de la revolución bolivariana, el combate contra la agresión mediática organizada etc. Correa sigue confiándose en sus propias virtualidades políticas y en sus amigos de escuela y colegio, muchos de los cuales lo rodean y han formado un cerco que le impide ver más allá de sus narices. La tal Alianza País (el movimiento que lo llevó al poder y a la asamblea constituyente) a estas alturas del partido, no es sino una entelequia, un título, que no representa ninguna fuerza organizada, como no sea la espontaneidad, que puede o no presentarse.

Querían que se archive el proyecto de ley

Mientras, la gran prensa sipiana martilla y martilla, en todos los tonos y a toda hora, contra el gobierno Correa. Se vale de todo y de todos para cumplir su tarea: la de desprestigiar primero y derrocarlo después y al que le acusan desde la inseguridad ciudadana hasta de la sequía. Y claro, no le ha faltado al Presidente Correa el ministro de energía eléctrica que le hizo prometer que los apagones (que fastidian y desesperan en todo el país, desde hace un par de meses) terminarían al promediar diciembre. Llegó el 15 de diciembre y los tales apagones no solo que no terminaron sino que se reprogramaron quién sabe hasta cuándo. Por suerte para Correa, el ministro de los fáciles ofrecimientos se fue ya que no era posible que siga con la misma cantaleta; una cantaleta que le costó el puesto al Gerente de la Empresa Eléctrica Quito; un funcionario que había sido ejemplo de administración efectiva y honesta, entre las 12 o 13 empresas eléctricas del Estado.

Volviendo al tema; parece que al promediar diciembre, por lo menos un grupo de asambleístas “revolucionarios” como que pretendían rescatar los bueno del proyecto de ley de comunicación que había sido redactado por la Comisión Especial y “dado de baja” por la oposición mediática, en medio de casi un júbilo generalizado ya que suponían que ese proyecto sería “archivado” y los medios seguirían siendo “libres y democráticos”, sin nadie que les vigile peor que les tome cuentas que nunca han rendido.

La idea prevaleciente en el sector mediático es la de que ellos y solamente ellos son los dueños absolutos de la “libertad de expresión” y todo lo que se haga por controlar siquiera las mentiras mediáticas, la manipulación informativa, los sesgos y las omisiones, es “contrario a la libertad de expresión.” No admiten siquiera que el propio Jefe de Estado, en sus alocuciones sabatinas, use el derecho que tiene al debate, al desenmascaramiento de las tergiversaciones y acusaciones que han vertido contra él ya no los pocos dirigentes opositores que todavía deambulan por el país sino los propios medios comunicacionales, a través de informes tergiversados o columnas de veneno que vierten todos los días. Como lo ha dicho el propio Presidente, las aclaraciones que debe hacer cada semana, “son insultos” a la prensa independiente; lo que ellos dicen o afirman, no; eso es un ejercicio de la “sagrada libertad de expresión”.

En este panorama –nada claro desde luego- los medios sipianos no recuerdan o no quieren recordar que hace un par de años, cuando Correa asumió el poder y siguió con su discurso antipelucón, los dueños o directores (as) de los grandes medios comunicacionales, congregaron obligatoriamente a sus servidores (as) y les dijeron que “de hoy en adelante” en el diario (o en la estación radial o en el canal televisivo) solo estaba permitido informaciones, comentarios, análisis en contra del Gobierno; y que quien estuviese en desacuerdo con esta nueva política empresarial, era libre de presentar su renuncia e irse.” Nadie –que se haya sabido- se fue. Y la señora directora del periódico, junta a una líder indígena de la derecha, apareció en primer página de su propio diario, apadrinando el nacimiento del movimiento opositor que pretende, vía revocatoria del mandato, salir de un jefe de estado tan incómodo. Para ellos.

La gran prensa sipiana tampoco quiere reconocer que, desde hace décadas, aplican al interior de sus salas de redacción una autocensura contra “sus enemigos” de clase (la ex Unión Soviética, Cuba, hoy Venezuela, Bolivia, Nicaragua) y que además tienen en sus escritorios una larga lista de “individuos” (periodistas) que están totalmente marginados de sus espacios de redacción. Estos solo pueden aparecer en sus columnas si cometen algún delito o infracción.

¿Es esa práctica de la “libre expresión” la que quieren defender los medios sipianos cuando se oponen tan tenaz y cínicamente a que haya en Ecuador una ley de comunicación que pretenda siquiera poner coto a tamañas prácticas?

Alberto Maldonado
Argenpress


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Este año se celebra el 150º aniversario de la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Sin embargo, el paso del tiempo no ha logrado resolver el debate sobre el origen de la selección natural. Los expertos coinciden en que las especies se forman a través de la evolución, pero, ¿cómo se dirige este proceso? A esa pregunta pretende responder la bióloga evolutiva Lynn Margulis (Chicago, 1938). Esta científica, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y de la Academia Rusa de las Ciencias, ha pasado a la historia por su teoría de la simbiogénesis, según la cual, las diferentes especies son fruto de la fusión de cualidades de distintos organismos simbiosis para formar otros nuevos.

Se cumplen 150 años desde que Darwin publicó su obra. ¿Cuál ha sido el mayor hallazgo en biología evolutiva desde entonces?

La gente habla de selección natural sin saber lo que es. Creen que Darwin dijo que el mecanismo de evolución es la selección natural, pero eso no tiene ningún sentido. Él sabía que hay una fuente de cambios hereditarios, pero no conocía el mecanismo que los genera. Después de Darwin, unos científicos decidieron que esta fuente de cambios era la acumulación de mutaciones al azar, algo que Darwin no dijo y de lo que no se ha encontrado ningún ejemplo. Después de 150 años, se puede decir con certeza que Darwin tenía razón, que existe un proceso de evolución y de selección natural. Esto se ha demostrado gracias a experimentos de bioquímica que no existían en su época. Ahora sabemos que todos los seres vivos tenemos un pasado común y que procedemos de un linaje, pero aún no se ha establecido cuál es la fuente de esa innovación que da lugar a las nuevas especies.

¿Conoce ahora ese mecanismo?

Sí lo sabemos, hay mucha literatura sobre ello, pero está marginada. En 1921, un ruso llamado Boris Mijailovich escribió un libro titulado Simbiogénesis, un nuevo principio de la evolución, pero nadie le hizo caso. Ahora Harvard University Press va a reeditarlo, y para actualizarlo no hemos tenido que hacer nada, ya que no hay nada incorrecto en él. Todo lo que yo he descubierto lo dijo él hace más de 50 años. El pobre murió sin saber que tenía razón.

¿Cómo explicaría, de forma simple, qué es la simbiogénesis?

Tenemos el ejemplo de los líquenes, que es muy clarificador. Son una simbiosis de hongos y algas, una fusión en la que el liquen no tiene ningún parentesco con sus especies de origen. La simbiogénesis forma esas nuevas especies, y la selección natural las escoge y las mantiene. Esta teoría no está en contra de Darwin. La selección natural mantiene, pero no es generadora de cambios. Los que dicen que la evolución se basa en mutaciones al azar se equivocan. También existe una especie de caracoles que ha adquirido genes fotosintéticos. Se alimentan de algas sin digerir nada y en verano se vuelven verdes; no necesitan comer porque realizan la fotosíntesis, una propiedad adquirida de las algas. Cuando acaba el verano, ponen sus huevos y cambian su color a naranja y amarillo hasta que finalmente mueren. Las características de dos organismos diferentes convergen en uno para formar una nueva especie. Sin embargo hay gente muy ignorante que aún así no quiere cambiar su forma de pensar.

¿Se refiere a su colega Richard Dawkins, defensor de la mutación como fuente de cambio?

Bueno, tuvimos un gran debate con estudiantes universitarios en Voces de Oxford, un homenaje a Darwin que duró más de cuatro horas en el que Dawkins no tuvo nada que decir. Defiende que los genes son egoístas, y eso no es cierto, puesto que sólo son trozos de química. Es un gran orador, pero no sabe ni de biología molecular, ni de geología, ni de simbiogénesis, por supuesto. Sólo dice lo mismo una y otra vez, que somos vehículos de nuestros genes, y que estamos enfocados a la replicación genética, pero nadie se puede replicar sin las células.

¿Cree que se establecerá la teoría de la simbiogénesis como fuente evolutiva?

Lo único que sé es que al final nos extinguiremos todos, como le ha pasado al 99,9% de las especies de la Tierra. El destino de la vida es la extinción, esto es selección natural. Las especies tienen un tiempo de vida de unos nueve a once millones de años. En el caso de los humanos sucederá antes, dentro de unos dos millones de años, aunque ya veremos qué pasa cuando nos quedemos sin petróleo y sigamos con este comportamiento tan poco respetuoso con el medio ambiente. La ignorancia profunda va a continuar. Hay demasiada gente en el planeta y seguirá habiendo pobres, y también gente que salga los sábados a emborracharse. Sobre mi teoría, no puedo hacer una predicción. Sólo creo que tendrá más éxito fuera de EEUU, donde la gente opina que si no eres religioso eres un asesino y no puedes hacer nada moral. Tienen esas ideas estúpidas de que si no crees en Dios no puedes hacer nada bien.

¿Qué opina del creacionismo?

No me gusta meterme en ese tema. Alguien me dijo que el 71% de la población de EEUU está en contra de la evolución y piensa que Dios creó la Tierra y las especies hace 6.000 años, y que nada ha cambiado desde entonces. Dicen que saben lo que saben porque Dios está hablando con ellos. Tienen convicciones que no son científicas y yo no trabajo con esa gente. Eso no es ciencia, sino un tipo de ignorancia peligrosa. Por eso en EEUU tenemos el nivel más bajo de ciencia del mundo civilizado.

En España los jóvenes no quieren estudiar ciencia. ¿Qué les diría usted para estimularlos?

Yo creo que hay que seguir la voz interior. A una persona sana le gusta aprender y la ciencia es un modo de educarse y de saber más del mundo. Si estudias para ganar dinero, la ciencia no es una buena forma de hacerlo. Pero la ciencia no es eso, es aprender, estar rodeado de conocimiento y no sé cómo a la gente no le gusta y no siente curiosidad por su mundo. Pero habrá que reunir sólo a aquellos que estén abiertos a la sorpresa. No se puede cambiar a nadie.

Por MARTA DEL AMO


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El Gobierno golpista de Honduras ha amordazado a los escasos medios de comunicación que escapaban a su control. Horas después de decretar el estado de sitio, fuerzas de seguridad asaltaron las sedes de Radio Globo y el canal de televisión Cholusat Sur de Tegucigalpa, requisaron los equipos y echaron el cierre.

"Los militares y policías vinieron violentamente, hicieron disparos, rompieron los portones y se llevaron todo el equipo. Ahora ya no estaremos en el aire, a menos que lo hagamos de manera clandestina", dijo a Público Eduardo Maldonado, director de Radio Globo.

Esta emisora y Cholusat Sur, ambas fuera de antena y militarizadas, eran las principales aliadas del Frente de Resistencia y del presidente Manuel Zelaya Rosales. Los demás grandes medios de comunicación hondureños ignoran y silencian sistemáticamente cualquier muestra de apoyo al dirigente derrocado.

Antes de que los militares "invadieran la radio", Maldonado sugirió a varios miembros del régimen que "dejaran trabajar a los medios de comunicación, que no tocaran la libertad de expresión, para que la gente tuviera un escape y dijera por las radios lo quesintiera".

Tras el cierre forzoso, Maldonado expresó su miedo a los próximos movimientos del régimen: "No sabemos lo que va a pasar. Estamos en un estado de indefensión. Necesitamos realmente el apoyo de la comunidad internacional. Hasta ahora no la hemos recibido, ¿será porque están esperando que empiece a haber muertos?"

Para justificar el cierre de las emisoras críticas, el régimen golpista ha prohibido "toda publicación escrita, hablada o televisada no autorizada que ofenda la dignidad humana o la imagen de los funcionarios públicos, o que desatienda las resoluciones gubernamentales y perturbe la paz y el orden público".

Ataques con cañones sónicos

El abogado Samuel Madrid declaró a Público que "con ese decreto [de ley marcial] le están dando licencia a los policías y militares para que maten y hagan desaparecer a ciudadanos hondureños".

Incluso antes de que se decretase el estado de sitio, las fuerzas de seguridad golpistas usaron nuevas armas contra los manifestantes, como el dispositivo acústico de largo alcance, conocido como cañón sónico. Este aparato, que emite sonidos insoportables para el oído humano, ha causado daños en el sistema auditivo de decenas de partidarios de Zelaya.

JUAN CARLOS RIVERA TORRES - 28/09/2009 22:04
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Miércoles, 19 Agosto 2009 06:34

Separar la paja del trigo

En 1976 en Argentina había censura. Como señalan Postolski y Marino, el decreto Nº 19 del 24 de marzo la hacía explícita y, por si no quedaba claro, en la madrugada del mismo día del golpe “fueron convocados todos los directores de los medios de comunicación metropolitanos a la sede del Comando General del Ejército, donde se les informó la decisión de implantar un régimen de censura ‘que podía ser largo’” (Postolski G. y Marino S. “Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios” en Mucho Ruido, Pocas Leyes, Mastrini G. (Editor), La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2005). Se estableció un mecanismo de censura previa que funcionó sólo un mes porque los grandes medios, en lugar de quejarse, se autocensuraron haciéndolo innecesario. Los que no aceptaron esto sufrieron allanamientos y detenciones, desaparecieron 100 periodistas, se prohibieron y clausuraron radios y revistas, se quemaron miles de libros. La SIP y las asociaciones nacionales guardaron silencio y la mayoría de los argentinos tardaron muchos años en enterarse de estas cosas. Uno de los pocos que se animaron a enfrentar la censura, Rodolfo Walsh, lo hizo a través de una carta que repartió personalmente, lo que le costó la vida.

Hoy en toda Latinoamérica los monopolios mediáticos sí hablan de censura por parte de gobiernos democráticos. Estos “censurados” tienen cientos de canales, ganan plata con sus negocios, escriben columnas dominicales en los principales diarios de sus países y uno conoce sus voces antes que la de los “censuradores”.

El caso paradigmático sin dudas es Venezuela, donde para cualquiera que se informe por los medios tradicionales existe una gran censura y nadie puede informarse a través de otros medios que no sean los oficiales.

Cualquiera pensaría que los venezolanos sólo pueden ver horas y horas de Chávez hablando, propaganda gubernamental o programas oficialistas. Pero si vemos los números nos encontramos con otra realidad: el 80 por ciento de los medios audiovisuales de todo tipo están en manos de los grandes grupos económicos y sólo el 9 por ciento son del servicio público. A pesar de existir una ley que favorece la creación de medios comunitarios y alternativos, éstos encuentran dificultades para poder crear una radio o una TV porque el espectro está saturado y no hay lugar para transmitir.

Las últimas semanas los grandes medios nos volvieron a traer noticias desde allá:

1) La televisión argentina reprodujo fundamentalmente el ataque a Globovisión. Era lo más efectivo desde el punto de vista visual por ser hechos de violencia. Nunca la televisión explicó qué intereses representa Globovisión. El gobierno de Chávez repudió lo sucedido diciendo que le servía al canal para victimizarse y la responsable fue presa. Globovisión siguió trasmitiendo normalmente.

2) Se informó sobre la supuesta Ley de Delitos Mediáticos, que no pasó de un proyecto de la fiscal General de la República, que nunca tuvo estado parlamentario y ya fue descartada.

3) Por último, estuvo el supuesto “cierre” de 34 radios. Como en el caso de RCTV, el uso de las palabras no es inocente. Se habla de “cierres” y todo el mundo lo repite. El gobierno de Chávez no cerró ninguna radio; lo que hubo fue una acción administrativa dirigida a regularizar el espectro radioeléctrico, un espectro radioeléctrico saturado y lleno de irregularidades.

En cada país el Estado administra las frecuencias, ya que son un bien público y debe controlar que se cumplan las leyes que regulan su uso. Como señaló Helena Salcedo, directora de Radio Nacional Venezuela (RNV): “No presentaron los recaudos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y están amparándose en el elemento político para decir que se cercena la libertad de expresión”.

El abogado constitucionalista Carlos Escarrá contó que en el estudio realizado a las 240 emisoras se puedo apreciar que “muchas de esas habilitaciones fueron traspasadas, fueron cedidas, legadas, es decir, se buscó cualquier forma jurídica, incluso fraudulenta, para que esas concesiones no estuviesen en manos de quienes legalmente deberían estar” y señaló que esta situación es “totalmente irregular que se diga que va vía sucesión, vía herencia, porque es un bien del Estado y no lo puedes heredar bajo ningún concepto”.

Los supuestos luchadores contra la censura en realidad defienden la ilegalidad que les permitió hacer negocios en estos años, mientras el Estado está obligado a regularizar esta situación. No para quedarse con esas frecuencias, sino para redistribuirlas entre nuevos actores que están interesados en ingresar al espectro (la mayoría sin fines de lucro). Esto, sin dudas, aumentaría la pluralidad en los medios en lugar de recortarla, como algunos plantean.

Por Pascual Calicchio, *Docente y periodista.
 

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Domingo, 08 Marzo 2009 06:58

Ataques a la prensa

El Comité de Nueva York para la Protección de Periodistas (CPJ) sostiene que los traficantes de drogas en México, las organizaciones criminales en las favelas brasileñas, los paramilitares en Colombia y las pandillas callejeras violentas en El Salvador y Guatemala están aterrorizando a la prensa, que ante la falta de garantías de los gobiernos y los sistemas judiciales elige autocensurarse. En la Argentina, en cambio, CPJ sólo registró un ataque a un periodista, durante una riña callejera en la provincia del Chaco, mientras dos fallos judiciales expandieron la protección a la prensa. Brasil y Colombia están entre los países más peligrosos del mundo para la prensa, dice el CPJ, organización creada por los más prestigiosos periodistas estadounidenses en 1981, para ayudar a los colegas perseguidos por las dictaduras de la seguridad nacional. Su actual presidente es Carl Bernstein, uno de los autores de la investigación sobre el caso Watergate.

Periodistas asesinados y encarcelados

Su director ejecutivo es el periodista Joel Simon, que en este reportaje analiza el “desastroso impacto” que la denominada guerra contra el terrorismo tuvo sobre la prensa. El principal indicador que maneja es la cantidad de periodistas muertos y encarcelados cada año, cuyo número creció de modo vertical en los últimos ocho años. El país más peligroso para ejercer el periodismo desde la creación de CPJ es Irak y “tal vez nunca hubo en el mundo una situación igual”. Ciento cincuenta periodistas y más de medio centenar de auxiliares perdieron la vida allí desde la invasión estadounidense. La principal fuente de inseguridad para los periodistas son las organizaciones insurgentes, que acusan a los periodistas de complicidad con los invasores, pero Simon tampoco desdeña el riesgo que implica para el periodismo la actuación de las fuerzas estadounidenses. “Dieciséis periodistas fueron muertos por su acción y si bien no puede decirse que hayan sido ataques intencionales, lo cierto es que esos casos no se han investigado. Esto muestra el nivel de violencia que enfrentan los periodistas, que no pueden acercarse a un retén militar sin correr peligro de muerte”, dice. En cuanto a los periodistas encarcelados, fueron 81 en 2000 y saltaron a 125 en 2001, una cantidad que se mantuvo estable en los años siguientes. China y Cuba son los países que encabezan ese ranking, sostiene. Aunque Estados Unidos sólo es responsable de un arresto por año en promedio, de periodistas que son confinados en Guantánamo, Bagran u otros sitios, su influencia en esta situación es indirecta. “Países como Eritrea o Cuba aprovecharon el clima internacional creado por la guerra contra el terrorismo. En términos morales, Estados Unidos perdió legitimidad para abogar por la libertad de expresión”, dice Simon, cuya crítica al rol de los medios de su país se concentra en los primeros años posteriores al 11 de septiembre de 2001. Después, dice, recuperaron su rol independiente y publicaron investigaciones responsables sobre abusos de poder del gobierno de George W. Bush, tanto en casos de corrupción como de espionaje interno sobre sus propios ciudadanos. Simon aclara que no es experto en medios. Aquí hay organizaciones que supervisan la tarea de los medios y otras, como CPJ, que defienden la libertad de expresión, una distinción que para las costumbres argentinas suena artificiosa. Simon está casado con Ingrid Abramovitch, también periodista, especializada en temas de diseño y costumbres, con quien tiene dos hijas de 8 y 6 años, Ruby y Lola, cuya curiosidad hace temer que alguna de ellas siga los pasos de papá y mamá.

El desastre mexicano

Al hablar sobre Latinoamérica, Simon sostiene que un caso especial es México, país donde residió varios años como corresponsal y donde escribió un libro sobre ecología. “La cantidad de periodistas muertos en México es menor que en los países en guerra, pero claramente superior a la de cualquier otro país que no está en guerra, y sin dudas el más peligroso de la región, lo cual implica que desplazó a Colombia. La situación mexicana es espantosa y no sólo en la frontera”, dice. La autocensura es tan grande que los ciudadanos pueden ver un tiroteo en la calle, con varios muertos, y al día siguiente no encontrar ni una línea en los diarios. El responsable de América latina en CPJ es el periodista argentino Carlos Lauría, ex corresponsal aquí de la revista Noticias. Lauría es el autor de un ensayo sobre el efecto del crimen organizado sobre la libertad de expresión. Los países que con mayor intensidad lo padecen, además de México y Colombia, son Brasil, Venezuela y varios estados de Centroamérica. Simon y Lauría están preparando una visita a Nicaragua, donde se ha acentuado la persecución contra el ex director del diario sandinista Barricada Carlos Fernando Chamorro, hijo del fundador del diario La Prensa, Pedro Joaquín Chamorro, asesinado por el somocismo. Les preocupa la negativa del gobierno de Daniel Ortega a reunirse con ellos, ya que desean conversar con todas las partes antes de preparar un informe. “Se nota la debilidad institucional en que actúa la prensa en muchos países latinoamericanos, como Nicaragua, Venezuela y Colombia, donde hay gobernantes electos por el voto popular pero falta respeto por las instituciones que limiten su poder y hay pocos mecanismos que protejan a la prensa de la arbitrariedad de los gobiernos, que desestiman su trabajo y tienen, como el colombiano Alvaro Uribe, pleitos personales con algunos periodistas, cuya vida ponen de ese modo en peligro”, agrega Simon. CPJ no sólo ayudó a los periodistas argentinos perseguidos durante la dictadura militar. También apoyó las denuncias de periodistas e instituciones de la Argentina contra el gobierno de Carlos Menem, presentó un amicus curiae ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos y lanzó una campaña internacional por la despenalización de los delitos de calumnias e injurias cometidos contra funcionarios públicos.

Kimel y Patitó

En el capítulo que CJP dedicó a la Argentina en su informe anual Ataques a la prensa, la organización destacó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que anuló la condena penal por difamación contra Eduardo Kimel. El informe sostiene que el Gobierno es receptivo a los cambios legislativos ordenados por la Corte Interamericana, que instó a la reforma de los artículos del Código Penal sobre calumnias e injurias y que algunos funcionarios “se reunieron con las organizaciones que representaron a Kimel para analizar modos de cumplir con el fallo”. En la causa del médico forense Patitó contra el diario La Nación, la Corte Suprema de Justicia argentina dijo que “no puede haber responsabilidad alguna en la crítica a los funcionarios públicos en ejercicio de su labor” y reafirmó el principio de la “real malicia”. El primer año del actual Gobierno “estuvo signado por los conflictos, incluyendo una huelga de cuatro meses del sector agropecuario sobre la política impositiva; preocupación económica y revelaciones acerca de donaciones secretas a la campaña presidencial provenientes del exterior. La administración Kirchner afirmó que la prensa distorsionó la realidad durante el prolongado conflicto con el agro y acusó a los medios de trabajar en conjunto para apoyar la huelga”. CPJ criticó en el informe la frase de la presidente CFK sobre el “mensaje cuasi mafioso” que atribuyó a un dibujo de Hermenegildo Sábat. También destacó la primera conferencia de prensa de su mandato. “Cristina Kirchner se mostró posteriormente más abierta ante la prensa, aceptando preguntas de los reporteros en algunos eventos públicos, concertando la realización de un número limitado de entrevistas y escribiendo notas de opinión para periódicos provinciales”. CPJ señala que, según “analistas”, el Gobierno “manipuló la distribución de la publicidad estatal creando un sistema de embargos publicitarios a los medios críticos y recompensando con anuncios a los medios que apoyaron al Gobierno”. Como “un revés alarmante para la prensa” mencionó la libertad condicional de Gregorio Ríos, condenado como instigador del asesinato de José Luis Cabezas. En cambio “se registraron pocos ataques violentos en 2008”. El 14 de noviembre, el periodista chaqueño Fabricio Gilbota fue apuñalado por la espalda mientras cubría un enfrentamiento entre empleados municipales y vendedores ambulantes y se recuperó luego de una operación, sostiene el informe. Para Joel Simon también en la Argentina hay aspectos de vulnerabilidad institucional que afectan a la prensa, “pero no es comparable con la situación en los países que padecen el embate del crimen organizado y tampoco con la época del asesinato de Cabezas. La Argentina está aislada de estos fenómenos y cuenta con una institucionalidad más fuerte, que se expresa en varias decisiones de su Corte Suprema de Justicia, como no ocurre en Nicaragua, Venezuela o Colombia”, concluye.
 
Por Horacio Verbitsky
Desde Nueva York
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Miércoles, 14 Enero 2009 10:35

Geografía de la propaganda israelí

Todo depende de dónde viva uno. Esa es la geografía de la propaganda israelí, diseñada para demostrar que los blandengues como nosotros –liberalitos que mimamos bebés en nuestros hogares seguros de Occidente– no nos damos cuenta del horror de las 12 (ahora 20) muertes de israelíes en 10 años, de los miles de cohetes y el inimaginable trauma y estrés de vivir cerca de Gaza.

Olvidemos los 600 palestinos muertos allí en ese lapso; viajar en los dos lados del Atlántico en las dos semanas pasadas ha sido una experiencia instructiva, por no decir extrañamente repetitiva.

Fue algo así: en Toronto abrí el diario derechista National Post y me encontré a Lorne Gunter tratando de explicar a los lectores lo que se siente estar bajo un ataque con cohetes palestinos. “Suponga el lector que vive en el suburbio de Don Mills, en Toronto, y que los pobladores del suburbio de Scarborough –ubicado a unos 10 kilómetros– lanzaran 100 cohetes diarios a su patio, a la escuela de su hijo, al centro comercial de su calle y al consultorio de su dentista...”

¿Captan el mensaje? Ocurre, claro, que los pobladores de Scarborough son marginados, con frecuencia nuevos inmigrantes –muchos de Afganistán–, en tanto los de Don Mills son en su mayoría de clase media, entre ellos cierto número de musulmanes. Nada mejor que encajar un puñal en la sociedad multicultural canadiense para mostrar por qué Israel está totalmente justificado en su represalia contra los palestinos.

En un periplo a Montreal, dos días después, eché un ojo al periódico La Presse, en lengua francesa. Y sí, había un artículo firmado por 16 escritores, académicos y economistas pro israelíes que trataban de explicar lo que se siente estar bajo el fuego de cohetes palestinos. “Imaginen por un momento que los niños de Longueil viven día y noche en el terror, que los negocios, tiendas, hospitales y escuelas son blancos de terroristas ubicados en Brossard.” Longueil, debe añadirse, es una comunidad de negros e inmigrantes musulmanes, afganos e iraníes. Pero, ¿quiénes son los “terroristas” de Brossard?

Dos días más tarde estoy en Dublín. Abro The Irish Times y encuentro una carta en la que el embajador israelí en Irlanda intenta explicar a esa nación lo que se siente estar bajo el fuego de cohetes palestinos. ¿Adivinan lo que sigue? Claro que sí. “¿Qué harían ustedes –pregunta Zion Evonry a los lectores– si Dublín fuera sujeta a un bombardeo de 8 mil cohetes y morteros...?” Y así sucesivamente.

Inútil es decir que estoy a la espera de que esos escritores nos pregunten cómo nos sentiríamos si viviéramos en Don Mills o Brossard o Dublín y estuviéramos bajo el fuego de aviones supersónicos y tanques Merkava y miles de soldados cuyos proyectiles y bombas vuelan en pedazos a 40 mujeres y niños fuera de una escuela, descuartizan familias enteras en sus camas y que, después de casi una semana, han dado muerte a 200 civiles y causado lesiones a 600.

En Irlanda, mi justificación favorita de este baño de sangre provino de mi viejo amigo Kevin Myers. “La cuota de muertes en Gaza es, por supuesto, estremecedora, aterradora, indescriptible –deploró–. Sin embargo, no se compara con la cuota mortal de israelíes si Hamas lograra sus objetivos.” ¿Entienden? La masacre en Gaza se justifica porque Hamas haría lo mismo si pudiera, aunque no lo haga porque no puede.

Se necesitó un Fintan O’Toole, filósofo en jefe residente del Irish Times, para decir lo indecible: “¿Cuándo expira el mandato de victimidad? –preguntó–. ¿En qué punto el genocidio nazi de los judíos en Europa deja de exculpar al Estado de Israel ante las demandas del derecho internacional y el derecho común de la humanidad?”.

Lo que sospecho, sin embargo, es que la separación y casi guerra civil entre Hamas y la Autoridad Palestina tiene mucho en común con la división entre el Estado Libre Irlandés y las fuerzas opositoras al tratado que condujo a la guerra civil irlandesa de 1922-23; que la negativa de Hamas a reconocer a Israel, y la de los enemigos de Michael Collins que rehusaron reconocer el tratado angloirlandés y la frontera con Irlanda del Norte, son tragedias que también tienen mucho en común. Hoy, Israel desempeña el papel de Gran Bretaña, al conminar a quienes están por el tratado (Mahmud Abbas) a destruir a quienes están en contra (Hamas).

Terminé la semana en uno de esos debates del Servicio Mundial de la BBC, en el que un fulano del Jerusalem Post, uno de Al Jazeera, un académico británico y quien escribe ejecutaron los acostumbrados pasos de baile en torno de la catástrofe en Gaza. En el momento en que mencioné que 600 palestinos muertos por 20 israelíes muertos en Gaza en 10 años era algo grotesco, los escuchas pro israelíes me condenaron por dar a entender (cosa que no hice) que sólo 20 israelíes han perecido en todo Israel en 10 años. Desde luego que han muerto cientos de israelíes fuera de Gaza en ese tiempo, pero lo mismo ha ocurrido con miles de palestinos.

Mi momento favorito llegó cuando señalé que los periodistas deberíamos estar del lado de quienes sufren. Si habláramos del comercio de esclavos en el siglo XVIII, no le daríamos igualdad de tiempo al capitán del navío de esclavos en nuestros reportes. Si cubriéramos la liberación de un campo de concentración nazi, no le daríamos igualdad de tiempo al vocero de las SS. A lo cual un periodista del Jewish Telegraph de Praga respondió que “las fuerzas de defensa de Israel no son Hitler”. Claro que no. Pero, ¿quién dijo que lo fueran?

 Por Robert Fisk *

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
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Colombia. Al finalizar la tarde del lunes 2 de febrero se conoció que el periodista Hollman Morris, quien cubre el proceso de liberación unilateral de prisioneros de guerra y secuestrados que adelanta las farc en el sur de Colombia, fue detenido por miembros del ejército en el corregimiento Unión de Peneya, entre los municipios de Paujil y Cartagena del Chairá, departamento de Caquetá, al suroccidente de Colombia.

Hollman Morris es conocido en Colombia por realizar cubrimiento a diversidad de resistencias sociales, efectuando al mismo tiempo en su programa televisivo Contravía polémicos documentales que reflejan la cara no oficial, la que se oculta en Colombia. En un país donde la presión sobre los comunicadores es evidente, y donde por tanto la autocensura tiene un amplio reconocimiento, la labor de Morris es altamente ponderada.

El nombre de Hollman Morris salió a relucir en el cruce de palabras originado por las declaraciones brindadas por su colega Jorge Enrique Botero a Telesur, denunciando las operaciones adelantadas por la Fuerza Aérea Colombiana en territorio donde se llevaba a cabo una Misión Humanitaria: la liberación de integrantes de las Fuerzas Armadas Colombianas en poder de las farc.

En efecto, Jorge Enrique Botero brindó las declaraciones en directo al canal con asiento en Caracas, por un teléfono satelital facilitado por el periodista Hollman Morris. Se podría deducir, por tanto, que su detención y el hostigamiento que sufre es una retaliación por prestar el móvil que facilitó que se conociera en el mundo la presión y riesgo a que estaban sometidos quienes acompañaban a la Cruz Roja Internacional en la Misión Humanitaria.

Inviolabilidad del material informativo

Precisa la FIP: “La Sargento Teresita Tabares, de la Dirección de Derechos Humanos de la Policía Nacional confirmó la detención de Morris, por parte del ejército. El ejército solicitó la presencia de la policía judicial para examinar un material que portaba el periodista”.

“Después de seis horas de detención, el periodista fue dejado en libertad. Según el Secretario de Gobierno del Caquetá, los militares adscritos a la Brigada XII del Ejército, realizaban un procedimiento de verificación de la identidad del periodista”.

Precisa la FIP: “‘Es preocupante el hostigamiento gubernamental contra el periodista Hollman Morris. Independientemente de lo que él estuviera cubriendo, la Constitución Nacional garantiza la libre movilidad de los periodistas y la inviolabilidad de su material informativo’, afirmó Eduardo Márquez, Director del Ceso-FIP y Presidente de la Federación Colombiana de Periodistas, Fecolper. El dirigente gremial hizo referencia al Artículo 73 de la Constitución Política que garantiza la protección a la actividad periodística, su libertad e independencia profesional, y alertó de la vulneración del derecho a la libertad de información consagrado en el artículo 20.

También se vulnera de esta manera el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre libertad de expresión y de información. El tratado internacional fue ratificado por el gobierno colombiano”.

No olvidar

La FIP recuerda que “en el 2005, Morris fue víctima de retención arbitraria y decomiso temporal de su material periodístico por parte de miembros de la Armada Nacional, en momentos en que realizaba un informe sobre la situación de orden público en el selvático departamento de Putumayo, al sur del país. 

En la actualidad Morris es beneficiario de medidas cautelares decretadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Escuche la entrevista de Hollman Morris:

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