La alianza agrícola-estratégica entre China y Rusia

Las alianzas estratégicas no pueden soldarse sobre la base de la competencia, sino de la complementariedad económica y de objetivos de largo alcance. Tener enemigos comunes de alta peligrosidad, contribuye a superar rencores y desconfianzas y a unificar voluntades.

 

En plena pandemiaChina le propuso a Rusia crear una "alianza de la industria de la soja", para reforzar los lazos económicos y evitar la gran dependencia que el país asiático tiene de las importaciones de soja de EEUU.

China es el mayor consumidor de soja del mundo y está buscando diversificar los proveedores para no depender de un puñado de países, como Brasil y EEUU. Se sabe que Rusia no puede sustituir a EEUU como su principal proveedor de soja, ya que los suministros rusos representan sólo 1% de las importaciones chinas, aunque el comercio agrícola binacional está creciendo.

Por otro lado, China quiere aumentar la producción de soja y de todos los productos agrícolas para garantizar su seguridad alimentaria. Este es el aspecto principal de su política agrícola, como mencionó el primer ministro Li Keqiang a principios de marzo: "Asegurar que nuestra gente tenga suficiente comida sigue siendo una de las principales prioridades de nuestro gobierno".

Según Li, China ejercerá mayor presión sobre sus regiones para aumentar los rendimientos de granos y aumentar el apoyo a su industria nacional de semillas, para superar las dificultades generadas por la pandemia de COVID-19 en el comercio internacional.

El anteproyecto de política rural anual, conocido como 'Documento No. 1', puso mayor énfasis en la seguridad alimentaria que en años anteriores, instando a todas las provincias a mejorar los rendimientos de grano en los próximos cinco años.

China necesita garantizar la alimentación para una población de 1.400 millones, lo que no le resulta sencillo por la escasez de tierras de calidad y de agua en gran parte de su territorio, lo que genera incertidumbre para el futuro inmediato.

Cinco años atrás el Instituto Internacional de Investigación de Política Alimentaria (IIIPA) señaló que la seguridad alimentaria en China enfrenta presiones que requieren de la acción del gobierno., ya que "la manufactura y los servicios reemplazan a la agricultura como motores económicos, lo cual puede tener un impacto en la seguridad alimentaria".

El estudio apunta que la urbanización y la industrialización han reducido la ya de por sí limitada base de tierras arables. Agrega que China debe "promover la agricultura sostenible", para lo cual "los escasos y degradados recursos naturales requieren de una mayor investigación y desarrollo de prácticas y tecnologías agrícolas más eficientes", dijo Shenggen Fan, director general del IIIPA.

La apuesta de China consiste en la "agricultura inteligente". Un reciente artículo de Global Times, escrito por el presidente de Syngenta Group China, sostiene que el Dragón tiene "el 20% de la población mundial pero solo el 7% de su tierra cultivable", lo que se agrava por "la escasez de buenas tierras agrícolas, así como tensión en el suministro de agua".

Esta situación lleva al gobierno a considerar que "la seguridad alimentaria es la principal agenda agrícola del gobierno". El XIV Plan Quinquenal chino sostiene que "la clave para avanzar en la modernización agrícola radica en el desarrollo de la tecnología".

Para ello defiende mejorar la calidad y la nutrición de los cultivos, enseñar a los agricultores a mantener los rendimientos sin abusar de fertilizantes y pesticidas. La apuesta por la agricultura inteligente incluye la utilización de "imágenes de drones y satélites y modelado de patrones, convirtiendo los teléfonos móviles de los agricultores en herramientas y recursos ambientales inteligentes".

En paralelo, desde 2017 el conglomerado ruso de empresas Cognitive Technologies y la Universidad Federal de los Urales (UrFU) ha puesto en marcha un programa internacional de robotización de la agricultura. El programa pretende aumentar la eficiencia de las compañías agrícolas nacionales "a través del uso de sistemas y tecnologías de inteligencia artificial robóticas".

Se trata de aplicar las nuevas tecnologías ya que "el uso de los sistemas robóticos en la agricultura permite mejorar los procesos de negocio en un promedio de entre el 50 y el 70%, sobre todo gracias a la reducción del consumo de combustible, de las pérdidas de agua y electricidad, y al aumento de la cosecha mediante la reducción de las pérdidas alimenticias (entre un 60 y 80%)".

Las ventas de productos agroindustriales de Rusia registraron cifras récord en 2020, cuando el país está volviendo a ser un gran exportador en ese rubro. El pasado año exportó un 20% más productos agrícolas que en 2019, alcanzando un valor de 30 mil 700 millones de dólares.

Rusia exporta alimentos a 150 países, estando China a la cabeza (13%), seguida de Turquía (10%), y Kazajstán (7%), siendo el 33% de los envíos al exterior de cereales, en su mayoría trigo.

Detrás de la modernización de la agricultura china y rusa, está la competencia con EEUU, país que cuenta con amplios recursos de agua y de tierras cultivables, lo que le permite ser un gran productor y exportador de alimentos. En un período de graves tensiones internacionales, cuando Washington apuesta a la confrontación con sus dos grandes adversarios, la seguridad alimentaria puede jugar un papel determinante.

Siendo el país más vulnerable en ese terreno, China necesita imperiosamente profundizar la alianza estratégica con Rusia, que tiene amplias potencialidades de desarrollo agrícola y una vasta frontera común, para asegurarse los alimentos que no es capaz de producir.

La estabilidad política en un período de crispación y de agudización de las tensiones con EEUU y otros países de la región Asia-Pacífico, sólo puede garantizarse asegurando el nivel de vida la población, pero sobre todo alimentos en cantidad y calidad. En el pasado China sufrió hambrunas, antes y de después de la revolución socialista de 1949, hechos que están en la memoria colectiva del pueblo y pueden jugar un papel destacado en la necesaria cohesión nacional para afrontar uno de los momentos más difíciles de su historia reciente.

El editorial de Global Times del 22 de marzo lo dice de forma transparente: "China y Rusia están fortaleciendo su cooperación estratégica de manera franca, abierta y normal". Lo que le da gran seguridad al gobierno chino en estos difíciles momentos.

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Latinoamérica el vector de la guerra EE.UU.-China

Aunque no hay un amo nuevo todavía, las reglas siguen siendo las viejas

Desde hace un tiempo China se convirtió en una preocupación para los Estados Unidos, pero se figuraba un problema relativamente lejano. La crisis del 2008 y la pandemia del Covid-19 aceleraron la posición de China en el centro de la disputa por la hegemonía mundial.

Durante la Administración Trump se modificó el enfoque que se tenía del país asiático. China pasó a ser un “competidor estratégico”, y se convirtió en el objetivo de una política de agresión y contención. De igual forma, su presencia en América Latina, considerada hasta no hace muchos años inofensiva, o incluso beneficiosa, pasó a ser percibida como una amenaza desde la Estrategia de Seguridad Nacional de 2017 norteamericana.

En el apogeo del crecimiento anterior a la crisis del 2008 los observadores comenzaron a alertar con respecto a lo que parecía una tendencia preocupante hacia la desindustrialización y la reprimarización de las economías latinoamericanas. Dejando a un lado las divergencias de la crisis mundial y la desaceleración del crecimiento de China, esta produjo dos efectos nocivos para las economías latinoamericanas: el fin del boom de las materias primas y la inactividad industrial.

Hoy, ante el advenimiento de un renovado ciclo de commodities con precios altos, en un escenario de pandemia y guerra comercial, vuelve a ponerse en duda qué lugar y rol debe ocupar América Latina en la disputa mundial del comercio, dadas las características estructurales de crecimiento de la economía china, con fuerte dependencia de la importación de recursos naturales y bienes primarios. El dilema es mayor cuando nos damos cuenta que cada estado latinoamericano reacciona independientemente y no en bloque frente a los estímulos del entorno internacional. Entonces se entiende fácilmente la fragmentación regional y la necesidad de reeditar una narrativa de Patria Grande, que se encuentra en franco retroceso, sin la cual se comprometen aún más los desafíos económico, financiero, tecnológico y comercial futuros.

América Latina ha sido históricamente la región más desigual del mundo, con un débil desempeño económico y en la actualidad con niveles de deuda que acentúan los lazos de dependencia que siempre han marcado su condición en el escenario global. La idea es descifrar cómo afrontar los riegos de un mundo en el cual se percibe un monumental desorden, un alto grado de incertidumbre, una fuerte entropía. Anteriormente se trataba de regular el futuro, hoy la incertidumbre es más transversal y los diseños de política tienden a mitigar las consecuencias como el calentamiento global, el fraude o robo de datos, los ciberataques, entre otros, agregándoles problemas geoeconómicos, geopolíticos, socioespaciales y geotecnológicos, excelentemente descrito en el artículo “Las políticas exteriores de América Latina en tiempos de autonomía líquida”

Los autores de dicho artículo entienden que, en el marco de la disputa comercial sino–estadounidense, la contienda en AL se lleva a cabo, por un lado, en el marco de los estados, y por otro, en el de la mundialización (globalización). Los primeros “ponen el acento en los Estados-nación, las fronteras, el territorio, la soberanía y el control de los flujos transnacionales. La Mundialización diluye la noción de fronteras, dejando traslucir el papel de los actores no gubernamentales, las grandes corporaciones digitales, la banca financiera multinacional, las organizaciones criminales y los movimientos sociales transnacionales de ambientalistas, feministas o de derechos humanos, entre otros”.

Esta competencia viaja en medio de una disputa por la hegemonía global dentro de un continente que ha perdido peso de todo tipo. Cuando se creó la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1945, 20 de los 51 miembros iniciales eran países latinoamericanos. Hoy, son 193 países miembros perdiendo peso político específico del Grupo Regional de América Latina y el Caribe (GRULAC). En lo económico, el continuo declive en la colaboración de América Latina en las cadenas globales de valor. “De una participación en el total de exportaciones mundiales de 12% en 1955, la región pasó a 6% en 2016, para llegar a su peor performance de 4,7% en 2018. Las solicitudes de nuevas patentes tecnológicas provenientes de la región equivalían a 3% del total global en 2006, bajaron a 2% en 2016 y llegaron a un insignificante 0,62% en 2018.”

Todo este quebranto, en un escenario políticamente fragmentado, en el que las iniciativas de integración regional, como el Mercado Común del Sur (Mercosur), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), la Alianza del Pacífico (AP), la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) atraviesan situaciones de irrelevancia, estancamiento o desmantelamiento, según el caso.

Además, por cierto, en la cuarta revolución industrial la geografía de la economía digital está liderada de manera sistemática por un país desarrollado y otro en desarrollo: los Estados Unidos y China. Esos dos países representan, por ejemplo, el 75% de todas las patentes relacionadas con las tecnologías de cadenas de bloques, el 50% del gasto mundial en la internet de las cosas y más del 75% del mercado mundial de la computación en la nube dirigida al público. Además, lo que es quizá más extraordinario, representan el 90% de la capitalización de mercado de las 70 plataformas digitales más grandes del mundo. La cuota de Europa es del 4% y la de África y América Latina juntas es solo del 1%. Siete “superplataformas”, Microsoft, seguida de Apple, Amazon, Google, Facebook, Tencent y Alibaba, representan dos tercios.

Como dijimos, en fechas relativamente cercanas AL cobró relevancia para China en todos los aspectos y en esta disputa comercial en particular. AL tiene cerca de 650 millones de habitantes, un promedio de edad de 29 años, por lo que el futuro es prometedor. La naturaleza ha sido pródiga, dotándola de vastos recursos, desde poseer la mayor biodiversidad del planeta hasta explotación ganadera, agrícola y minera que evidencian su riqueza. Destacan entre estos últimos el litio, la plata y el cobre, con porcentajes superiores al 50% de las reservas probadas a nivel mundial, y estaño, níquel, zinc, con reservas cercanas al 25%, todos necesario para el desarrollo chino. Con un PBI que representa el 8% del producto mundial, es una región atractiva, tan solo superada por en su PBI por la UE, Estados Unidos y China, y por delante de India y Japón.

Las naciones latinoamericanas tienen poco peso específico en el intercambio comercial con China, algo que resulta importante considerar cuando se toma cada país de manera individual. El único país que tiene un peso relevante en el comercio con China es Brasil, los demás países latinoamericanos no son determinantes de manera aislada, pero sí en  conjunto y por diversidad de exportaciones. En cuanto a las inversiones, la incursión china también se ha ido modificando, de fusiones y adquisiciones a infraestructura. En un principio, respondiendo a una estrategia de expansión económica acelerada tratando de asegurar el suministro de materias primas y de otros insumos. En esta etapa las empresas estatales tenían un papel protagónico en muchas de las inversiones directas en el extranjero. Tras importantes errores y fricciones con las autoridades locales de diversos países, las compañías estatales chinas abrieron paso a otro tipo de organizaciones, empresas privadas de gran tamaño, pero desconocidas en Occidente.

Entonces, entre  los años 2000 a 2018 la centralización fue evidente en materias primas (60%), servicios (31%) y manufactura (9%). La concentración también ocurre en los países receptores: de 2000 a 2019, Brasil atrajo U$S 48.701 millones, Perú U$S 24.655 millones, Chile U$S 14.900 millones, Argentina U$S 12.884 y México U$S 7.924 millones. Entre los años 2015 y 2019 la inversión directa de China en América Latina sufrió una transformación. El rubro de infraestructura alcanzó el 40% del total y aumentó en una miscelánea de áreas, principalmente a costa de la minería.

Como queda expresado, las necesidades chinas juegan un papel fundamental en su desarrollo estratégico, por lo que la idea asiática de hegemonía y los instrumentos utilizados no son diferente a los ideados por los acuerdos de Bretton Woods​ de 1944 y los organismos internacionales que lo sustentan, FMI, BM, y hasta el Plan Marshall. La idea del “asenso pacífico” y el “sueño de China”, el modelo oficial basado en la cooperación, la armonía y el entendimiento como ejes rectores de su política exterior, se apoyan en el New Development Bank (NDB) y el Asian Infrastucture Investment Bank (AIIB), el Banco de los BRICS como organizaciones gemelas a Bretton Woods​. Y podría decirse naturalmente que la Nueva Ruta de la Seda sería la zanahoria equivalente al Plan Marshall.

El soft power garantizar una presencia estable en la región, haciendo uso de la llamada diplomacia de negocios, acercamiento que siguió las directrices contenidas en el Plan de Cooperación China-Estados latinoamericanos y caribeños (2015-2019). El plan también se conoció como 1+3+6, en alusión a la planificación, a los tres motores, comercio, inversión y finanzas, y a las seis áreas estratégicas de colaboración, que comprendían recursos, comercio, infraestructura, cultura, industria y tecnología.

Mediante ese tipo de convenios multilaterales China se aproxima a la región en su conjunto, generalmente con compromisos de buena voluntad. Algo similar ocurre con los acuerdos en el marco de la iniciativa de la Nueva Ruta de la Seda con algunos acuerdos formales de adhesión, que incentivan los préstamos blandos y hasta inspiran ideas de mayores movimientos de comercio, ya que más de 60 países están adheridos a la iniciativa. El Banco Mundial atribuye a esta iniciativa “el 30% del PIB mundial, el 62% de la población y el 75% de las reservas energéticas conocidas”, un imán sumamente atractivo para Latinoamérica, si es que la membresía aporta privilegios.

En el comercio los barcos siguieron la ruta marítima transpacífica, conocida como La Nao o el Galeón de Manila, que transportaban mercancías desde los puertos marítimos mexicanos, y que entre 1565 y 1724 cruzó el océano en su travesía cuasi anual, transportando especies, seda, porcelana y otros productos chinos para abastecer a la población de las colonias españolas en América, y no tendría que cambiar nada ahora. Quedan en el tintero el comercio digital, la tecnología 5G, sobre todo la apertura al comercio cross-border (compras en línea) y al comercio digital en general. Hasta el momento, la presencia de Alibaba en América Latina es muy limitada, pero se encuentra dentro de la disputa por desplazar a Amazon y a otras plataformas del e-commerce y establecer el yuan.

Si bien en el tema financiero china ha ingresado a AL sin demasiados contratiempos para seducir con financiamiento obras de infraestructura y proyectos faraónicos. El yuan puede ser el catalizador de enfrentamientos entre las dos potencias, ya que Estados Unidos es especialmente sensible a su uso y sus cualidades de financiamiento. Mucho mayor impacto tendría el uso del yuan reemplazando al dólar en transacciones del sector energético o como instrumento de deuda. También se comienzan a generar dudas respecto a empresas icónicas chinas, como Huawei, o aquellas ligadas al 5G, aplicaciones de inteligencia artificial, robótica industrial o geolocalización. El mayor temor, sin embargo, reside en la expansión     de la denominada Nueva Ruta de la Seda Digital, aunque hasta el momento parece estar limitada a Eurasia y África, pero será motivo de disputa en América Latina.

La realidad demarcaría cual es el poder que tiene AL para ejercer de manera autónoma decisiones que le permitan desarrollarse y llevar a cabo convenios que no la sometan a imposiciones como ya las conocidas con los EE. UU. y sus organismos de control, en medio de esta disputa. El tema de la autonomía y sus significados y conceptos teóricos no se encuentran dentro de la lógica del artículo, pero se puede leer en el artículo “De la autonomía antagónica a la autonomía relacional: una mirada teórica desde el Cono Sur Roberto Russell, Juan Tokatlian”

Pero, sí, al menos, la condición del Estado-nación que le posibilita articular y alcanzar metas políticas en forma independiente. Conforme a este significado, autonomía es una propiedad que el Estado puede tener o no a lo largo de un continuo en cuyos extremos se encuentran dos tipos ideales: total dependencia o completa autonomía. Sea esta o cualquiera de las definiciones de autonomía, se percibieron que el sistema internacional tenía un efecto particularmente negativo en América Latina, tanto en el plano político como económico.

La lógica del poder es tratar de conseguir un grado de autonomía nacional, articularse a partir de un uso inteligente de los recursos de poderes tangibles e intangibles de América Latina como un todo, más allá de las particularidades y seducciones propuestas e intentos de acuerdos para la región por alguna de las partes de la guerra comercial, ya sea China o Estados Unidos. Llevarlo a cabo en un continente donde el mayor país está gobernado por militares y alineado con Estados Unidos, pero su mayor socio comercial, es China, es más complejo. Pero de esta idea de autonomía depender el desarrollo futuro de la región.

Por Alejandro Marcó del Pont | 23/03/2021

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Estatua de Mao Zedong, en China. — REUTERS

El decimocuarto plan quinquenal chino (2021-25) no es una estrategia de desarrollo económico cualquiera. Encierra los instrumentos que Xi Jinping maneja para que el gigante asiático certifique el salto hacia el liderazgo global.

 

El recién estrenado plan quinquenal chino contempla objetivos ortodoxos dentro de la política económica que ha regido los destinos del gigante asiático de su historia reciente. Mantener unos indicadores de dinamismo "dentro de unos rangos adecuados"; gastos en I+D+I superiores al 7% de crecimiento anual; contener la tasa de desempleo urbano por debajo del 5,5%; incrementar el censo de residentes en grandes ciudades hasta alcanzar el 65% de la población, elevar la tasa de expectativa de vida en un año, promover el desarrollo sostenible, impulsar las inversiones y los negocios a través de la Nueva Ruta de la Seda que patrocina el Gobierno de Pekín y acomodar la Pax China dentro y fuera de sus fronteras. La estrategia económica para el lustro actual rompe con una tradición de décadas. Por primera vez, no establece una meta concreta de crecimiento del PIB. Sin duda, por las incertidumbres que reinan sobre el ciclo de negocios poscovid. Pero deja retazos de la ambición que el presidente chino, Xi Jinping, trata de inculcar en la segunda economía del planeta para alcanzar el cetro geopolítico y el liderazgo de la prosperidad mundial.

El jerarca china y del partido comunista impulsa un salto económico y tecnológico que refuerce el peso digital del país y que está enfocado a dos aspectos esenciales: a superar cualquier riesgo o amenaza sobre su seguridad nacional y a impulsar la demanda interna; es decir, a espolear el consumo privado y las inversiones empresariales. Dos líneas de actuación preferencial marcadas por Jinping, especialmente tras su renovación presidencial en la Asamblea Popular, que le otorgó el plácet para perpetuarse en la jefatura del Estado. Un escudo de defensa territorial y un clima socio-económico que adentre definitivamente al gigante asiático en la senda de las potencias de rentas altas, mercados que confían las bases de sus sistemas productivos en la capacidad de sus consumidores y el dinamismo empresarial. China busca reducir su dependencia exterior y acabar -o, al menos, recortar- con su ventaja competitiva a través de bajos salarios. No desea seguir con el cartel de la Gran Factoría mundial.

De ahí que el decimocuarto de sus planes quinquenales introduzca indicadores más ambiciosos de retroceso del desempleo o de emisiones de CO2 y de impulso de energías limpias que le haga avanzar hacia la neutralidad energética. A pesar de las dudas de que la reactivación económica global puedan poner en jaque el ritmo de consumo e inversiones, la capacidad de su industria energética por abordar el tránsito hacia las renovables o las reformas aperturistas en sectores considerados estratégicos, como varios segmentos tecnológicos, o el financiero, como advierten los analistas. Oceana Zhou, de Standard & Poor’s Global Intelligence, señala que el plan 2021-25 chino fija un rumbo para "espolear la economía doméstica" con las herramientas elegidas por la UE, "innovación tecnológica y sostenibilidad medioambiental", con objeto de reducir al máximo la dependencia de China de las materias primas en los próximos años.

Pone énfasis especial en el consumo y en el repunte de la demanda de productos con alto valor añadido -dice- lo que se traducirá en reconversiones en sectores estratégicos. Gigantes como Sinopec tendrán que dirigir sus flujos de capital a elimar la huella de carbono de sus refinerías y a reconducir los gastos del próximo lustro, monopolizados hacia el segmento petroquímico, altamente contaminante y a la actividad química. Una transición -explica la analista de S&P- en la que primará el negocio del gas licuado y el hidrógeno para abastecer la apuesta de Pekín por los vehículos limpios y rivalizar con los conglomerados eléctricos del país por este tipo de utilitarios. China sigue importando el 45% de su demanda petroquímica. Con esta variante política del plan, los cálculos de S&P avanza que el techo de consumo de carburantes fósiles se adelantará diez años, hasta 2030.

China ha ideado un plan quinquenal con el que pretende generar un clima socio-económico que adentre definitivamente al gigante asiático en la senda de las potencias de rentas altas, mercados que confían su properidad al consumo y a la inversión empresarial

China se adentra en la senda sostenible

La revisión estratégica del plan se ajusta al anuncio de Jinping, en conexión telemática durante la última reunión de la Asamblea General de la ONU, de certificar emisiones netas cero de CO2 en 2060. Una meta más acorde con la realidad industrial del gigante asiático. Pese a que llegaría a ella diez años después del objetivo temporal europeo. Pero su inclusión en la hoja de ruta del quinquenio actual exige "una estrategia más agresiva para promover las energías renovables en el transporte y la industria". Los mercados observarán con atención las maniobras del principal consumidor de petróleo y combustibles fósiles y las preferencias de su transición energética. En nuestra opinión, dice Jeff Moore, gestor para Asia de Platts Analytics, "la demanda de gas en la economía china crecerá un 41% en los próximos cinco años, con crecimientos constantes de la producción nacional, pero también de los flujos llegados a través de los gaseoductos con los que abastece desde el exterior las necesidades de su industria, que aumentarán en un 26% durante el periodo de vida del plan recién aprobado".

Moore anticipa que la Administración Nacional de la Energía del país ultima el road map de la transición, la configuración del mix energético para este lustro y los niveles de eficiencia que requerirá la adaptación a las metas del quinquenio. Y anticipa la liberalización del sector, por lo que las compañías, locales e internacionales, deberán replantearse sus planes de generación, desarrollo y distribución. Especialmente las gasísticas. También los emporios estatales del petróleo deben reconfigurar sus inversiones. PetroChina ya ha combinado en sus planes estratégicos fórmulas de integración de sus producciones fósiles y renovables, con un amplio abanico de opciones, desde el gas, la geotermia, la solar y la eólica, a través de proyectos piloto en lo que ha integrado en su cadena de valor, en 2020, el hidrógeno. CNOOC apostó en 2019 por la energía eólica y alguna de sus centrales, como la de la provincia de Jiangsu, ya produce la totalidad de su producción con esta fuente energética. Zhou aventura desregulaciones en el sector de la energía, sin que las autoridades, de momento, "levanten la banda de fluctuación de precios de los combustibles fósiles en el mercado doméstico".

Alicia García Herrero asegura en su análisis en Bruegel deja varias lecturas del plan quinquenal. La primera que, pese a la ausencia de un objetivo de crecimiento, el primer ministro, Li Keqiang, deslizó un repunte superior al 6% como meta para 2021 y crecimientos de entre el 7% y el 10% el resto de los ejercicios de la senda marcada por Pekín hasta 2025. Al igual que para la inflación y el déficit. El dinamismo que logre instaurar a su economía determinará el músculo de China en el ciclo de negocios poscovid para abordar el liderazgo global. Y Pekín -explica Herrero- ha sido cauto. Al menos, más que el FMI, que concede a China una previsión del 8,1% este ejercicio. Una maniobra que podría justificarse en unas expectativas de pérdida de ritmo en los próximos años. Porque para China, "la estabilidad es un elemento absolutamente clave" y cualquier señal de un deterioro de la coyuntura venidera -con la incertidumbre situada en 2022- rebajaría la guía con la que Pekín dirige las expectativas económicas del país. Li determina una ligera contracción del desequilibrio presupuestario hasta el 3,2% del PIB y augura un control de los precios, cuyo límite inflacionista es del 3%. Señal de que China anticipa una disminución de su programa de estímulo fiscal. La confluencia de esta triple previsión oficial -pese a la ausencia de objetivos específicos- sobre crecimiento, déficit e inflación desvela la prioridad que otorga Pekín en el próximo lustro a tres prioridades estructurales: el combate contra el rápido envejecimiento de su población, la corrección, de forma aún más acelerada que en las últimas décadas, de la cada vez menor brecha en innovación y la apertura de sus mercados.

Hu Zacai, subdirector de la Comisión Nacional de Reformas y Desarrollo (NDRC, según sus siglas en inglés), otra de las voces autorizadas que analizó el plan quinquenal tras su aprobación, pone más argumento sobre la mesa al trascendental impulso transformador del plan chino: "Busca un escenario de circulación dual, con impulso de políticas de autosuficiencia e independencia en el terreno tecnológico que explican el aumento de los gastos en I+D+i, y de impulso y protección de las inversiones en energías renovables que, a la vez, permita una coexistencia pacífica con el modelo actual, de manera transitoria, pero a corto plazo, con la intención de dejar el menor margen de maniobra posible a las incertidumbres". Porque -admitió Ning Jizhe, directivo de la NDRC, "la recuperación sostenida y estable se enfrenta a tantos riesgos como oportunidades en estos cinco años". Entre otros, citó la evolución de la covid-19, las todavía severas condiciones económicas mundiales, las tensiones geopolíticas crecientes y la incompleta recuperación tanto del consumo como de las inversiones en el mercado chino.

Herrero añade otros tres aspectos prioritarios de Pekín. La innovación, cuyos gastos en I+D+i superan el ritmo de crecimiento del PIB y en cuya política incluye subsidios adicionales a firmas que colaboren en la investigación y el desarrollo de la digitalización. Una proyección inversora y comercial más amplia e intensa que se aprecia con los recientes acuerdos con Europa y Asia o la aceleración de las negociaciones de libre comercio con Japón y con Corea del Sur, así como en el Tratado Trans-Pacífico y con la que pretende elevar el retorno de inversiones y beneficios del exterior y mejorar la posición de sus empresas en sectores bajo procesos de reestructuración y operaciones de fusión derivados de la Gran Pandemia. Estos dos derroteros, combinados, serían esenciales para incrementar la productividad y la competitividad china. Y, finalmente, acumular más capacidad productiva para abordar el cambio del modelo de crecimiento.

Los gastos en innovación, por encima del ritmo de crecimiento del PIB, buscan añadir mayor productividad y competitividad a las empresas chinas en un ciclo de negocios poscovid con "múltiples incertidumbres y riesgos"

Músculo para afrontar la Guerra Fría con EEUU

La tensión en el Mar de China, la reaparición del QUAD -Diálogo de Seguridad Cuadrilateral que integran EEUU, India, Japón y Australia- que ha parecido dormir el sueño de los justos durante 15 años, pero que acaba de reanudar sus sesiones ejecutivas y que, a los ojos de Pekín, es un claro intento de establecer una Alianza Atlántica en Asia, y la amenaza diplomática del secretario de Estado americano, Antony Blinken, para que el gigante asiático ponga fin a los abusos en el orden geoestratégico, económico y de derechos humanos en su país, bajo la amenaza de desatar una Guerra Fría, son varias de las razones que esconde el más misterioso aunque, a la vez, más exigente plan quinquenal chino. Blinken utilizó su cuenta oficial de twitter para dejar claro que EEUU, pese al fin de la Administración Trump, "defenderá sus intereses nacionales, promoverá los valores democráticos y vigilará a Pekín por sus abusos del sistema internacional". El cruce de acusaciones desde la victoria electoral de Joe Biden explicita un escenario diplomático de tensas relaciones. Con altibajos dialécticos modelados desde ambas superpotencias. Desde China, Yang Jiechi, miembro del Buró Político del Partido Comunista Chino (PCCh) y director de la oficina de la Comisión de Asuntos Exteriores de su Comité Central, respondió que su país "no busca ningún tipo de confrontación, sino respeto mutuo y cooperación win-win". Mientras Biden insisten en el discurso de que China es "nuestro más serio competidor y rival" y Jinping advierte sobre las consecuencias de una Guerra Fría entre ambas naciones. Blinken situó el conflicto en "la agresiva política de abusos económicos, sus acciones coercitivas en la escena internacional y sus ataques a los derechos humanos, la propiedad intelectual y la gobernanza global".

La segunda economía mundial ha partido con ventaja en la travesía de la Gran Pandemia. No solo por haber iniciado la recuperación en verano pasado, sino porque ha logrado sortear la recesión del PIB en 2020 y acumula superávits comerciales con prácticamente todas las naciones industrializadas y los principales mercados emergentes por su condición de suministrador de bienes y material médico para combatir la epidemia. También ha desplazado a EEUU como gran primer emisor de flujos de capital transfronterizos. Según datos de la UNCTAD, la agencia para el Comercio y el Desarrollo de Naciones Unidas, las inversiones extranjeras directas se redujeron en un 42%, hasta los 859.000 millones de dólares en 2020, más de un 30% por debajo del registro de 2019. Con China aumentando sus movimientos de capital al exterior en un 4%, hasta los 163.000 millones de dólares, frente a los 134.000 de EEUU, que experimentaron un colapso del 49% en términos interanuales.

El Ejército chino "debe estar preparado para responder al complejo escenario internacional y a las situaciones de alto riesgo a las que se enfrentará la seguridad nacional del país". Palabras de su comandante en jefe, el presidente Jinping, en la última cita de la Comisión Militar Central. Y el horizonte es "extremadamente inestable e incierto". El punto geopolítico más caliente entre ambas superpotencias se sitúa en el Mar de China, donde Pekín ha impuesto un férreo control sobre sus aguas internacionales ante la amenaza que les supone -admite- la defensa diplomática estadounidense de la isla de Taiwán. Pekín asegura que nunca ha intercedido en el comercio marítimo y niega tener la intención de imponer el tráfico de mercancías chinas. Sino que -afirma- sus acciones responden a tácticas de preservación de su soberanía nacional. Mientras en el orden económico, la Casa Blanca insiste en los escasos avances de China para alcanzar el estatus de economía de mercado, en acusar a Pekín de establecer métodos de espionaje empresarial, de no respetar la propiedad intelectual de las firmas extranjeras y de mantener una banda de fluctuación cambiaria, dominada desde su banco central, sobre su divisa que atenta contra la libertad de mercado.

La Administración Biden centra el conflicto con China en "la agresiva política de abusos económicos, sus acciones coercitivas en la escena internacional y sus ataques a los derechos humanos, la propiedad intelectual y la gobernanza global"

22/03/2021 07:57

Diego Herranz

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Nord Stream 2 prevé trasladar cada año hasta 55 000 millones de metros cúbicos de gas natural desde Rusia a Alemania, pasando por las aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Rusia y Suecia. Foto: Sputnik.

 

El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, urgió este jueves a que todas las entidades involucradas en el gasoducto Nord Stream 2, entre Rusia y Alemania, se retiren inmediatamente del proyecto o serán sancionadas por Estados Unidos.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró en un comunicado que el Gobierno de Joe de Biden está “determinado a cumplir” la ley adoptada en 2019 y extendida en 2020 por el Congreso de ese país, que prevé sanciones.

“Nord Stream 2 es un mal negocio para Alemania, para Ucrania y para nuestros aliados y socios de Europa Central y del Este”, afirmó Blinken,
reafirmando la conocida oposición de Washignton al gasoducto de 11 000 millones de dólares concebido por debajo del Mar Báltico, y que calificó como un “proyecto geopolítico ruso para dividir Europa”.

El Departamento de Estado “vigila los esfuerzos para completar el gasoducto Nord Stream 2 y está evaluando información sobre las entidades que parecen estar involucradas”, advirtió.

Acusado por varios legisladores, especialmente republicanos, de no haber tomado acciones que apliquen las medidas punitivas por ley, Blinken reiteró que Estados Unidos “alerta que cualquier entidad involucrada en el gasoducto Nord Stream 2 se arriesga a sanciones estadounidenses y deberá abandonar inmediatamente el trabajo en el gasoducto”.

A mediados de febrero, la prensa rusa informó que el 95% gasoducto submarino ya está construido y su montaje continuará pese a los obstáculos existentes, citando declaraciones del vice primer ministro Alexander Novak.

“Estamos seguros de que, a pesar de los enfoques destructivos que observamos por parte de Estados Unidos, que retrasa la implementación de este proyecto, se completará”, dijo Novak.

En ese mes quedaban por colocar alrededor de 120 kilómetros de tubos en aguas danesas y casi 30 kilómetros en aguas alemanas, antes de llegar a la ciudad costera de Lubmin, al norte de Alemania.

En contra del proyecto se han manifestado Estados Unidos, interesado en vender a Europa el gas natural licuado de sus yacimientos de esquisto, y varios países de la región como Polonia, Letonia y Lituania.

Washington impuso sanciones a los contratistas que trabajaban en la colocación de tuberías en 2019, lo que obligó a la empresa suiza Allseas a abandonar las obras, informó la agencia de noticias Sputnik.

En enero, el Senado estadounidense aprobó el presupuesto de Defensa para 2021, el cual incluye las sanciones contra las empresas encargadas de brindar servicios de seguros y las certificaciones necesarios para la conclusión de Nord Stream 2.

18 marzo 2021

(Con información de AFP y PL)

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Sin Trump, Bolsonaro oscila entre EEUU y China

El diputado bolsonarista Daniel Silveira está preso por exaltar el Acta Institucional 5 de la dictadura militar (1964-1985) que anuló el poder de los jueces, además de amenazar en un vídeo al sistema judicial. En los hechos, se trata de un enfrentamiento de poderes entre el Ejecutivo y la máxima institución judicial, que muchos consideran un intento para "contener los ataques a la democracia" del actual Gobierno.

 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrenta el momento más grave de la pandemia, con unidades de tratamiento intensivo desbordadas y un crecimiento exponencial de contagios y muertes.

Brasil enfrenta una crisis en la estatal Petrobras, ya que nombró a un militar en la presidencia y las acciones cayeron de forma abrupta, y otra con la justicia por el encarcelamiento de un diputado amigo, acusado de amenazar a jueces del Tribunal Supremo Federal.

La crisis en Petrobras se debe a la incertidumbre con que el Gobierno maneja el futuro de la principal empresa del país, comandada ahora por el general Joaquim Silva e Luna, quien se desempeñó como ministro de Defensa durante el Gobierno de Michel Temer (2016-2018). En un año los precios de la gasolina aumentaron un 35% porque la dirección de la petrolera decidió atarlos a los precios internacionales del crudo, lo que implica un fuerte lastre para la economía y un creciente descontento de los camioneros que amenazan con paros.

La crisis entre poderes se viene agravando y todo indica que se va a profundizar. El último día de febrero el ministro Gilmar Mendes, del Supremo Tribunal Federal, realizó su ataque más duro contra la Operación Lava Jato (que llevó a la cárcel a Lula, a la cúpula del PT y de Odebrecht), al comparar sus métodos con el Primer Comando de la Capital, una de las mayores organizaciones criminales de Brasil dedicada al narcotráfico.

Sin embargo, el Club Militar se despachó con un comunicado de apoyo al diputado encarcelado. Tanto el presidente Bolsonaro como su vice, Hamilton Mourao, son miembros destacados del Club Militar, que acusa al Supremo de arbitrariedad y de ser un aliado de la izquierda. "¿Por qué los amparados por el Poder Judicial siguen siendo los criminales condenados?", dice la carta, en clara alusión a Lula y otros acusados por Lava Jato.

Pekín y Washington tironean a Bolsonaro

El principal problema de Bolsonaro se encuentra en el escenario internacional. La derrota de Donald Trump lo dejó en la orfandad, a la defensiva y sin saber cómo posicionarse, ya que sus críticas e ironías contra China se le vuelven en contra, incluyendo las que lanzó contra la vacuna Sinovac que se fabrica en Brasil y es la que está permitiendo la vacunación masiva.

La académica Karin Costa Vázquez, del Centro de Estudios BRICS de la Universidad de Fudan (Shanghái, China) y directora ejecutiva del Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos y del Caribe en Jindal Global University (India), sostiene que a pesar de las coincidencias sobre China, el Gobierno de Biden sigue con "preocupación" el alineamiento de Brasilia con Trump.

Costa Vázquez analiza una carta del senador estadounidense Robert Menéndez a Bolsonaro, sobre las declaraciones del canciller Ernesto Araújo, que cuestionó la limpieza de las elecciones con idénticos argumentos a los de Trump. Menéndez preside el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado y pidió a Bolsonaro que se una a EEUU para "condenar la incitación a la violencia", en referencia al ataque del 6 de enero al Capitolio por partidarios de Trump.

Pese a todo, la carta mantiene un tono amistoso, ya que para la Casa Blanca cuenta con Brasil "para contener la creciente influencia tecnológica, económica y comercial de Pekín en Latinoamérica". En efecto, Brasilia y Washington coinciden en dejar fuera a China en el proceso de licitación de las redes 5G así como en la sospecha de que los préstamos para infraestructuras son un modo de China para posicionarse en los países de la región.

Sin embargo, la presión de la Casa Blanca "empuja aún más a Bolsonaro y Araújo contra la pared", estima Costa Vázquez en South China Morning Post. Un Gobierno frágil como el de Biden, acosado internamente por el trumpismo y más aislado en lo internacional que los anteriores Gobiernos demócratas, rechaza el apoyo de Bolsonaro a gobernantes de extrema derecha. A medida que los vientos soplan en otras direcciones, Brasil y Bolsonaro "se encuentran cada vez más aislados".

¿Se sumará Bolsonaro a la ofensiva de Biden?

Sin duda la Administración Biden está dispuesta a negociar con Bolsonaro su apoyo a la ofensiva antichina, pero puede exigirle algún gesto que lo desmarque de las huestes de Trump. La columnista de South China Morning Post estima que Bolsonaro se verá cada vez más presionado para reemplazar al canciller antiglobalista, Ernesto Araújo, por un diplomático más moderado, a expensas de su decisión de convertir el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, conocido como Itamaraty, en una plataforma para mantener movilizados a sus seguidores más radicales.

En efecto, el canciller parece un fusible adecuado. Se sitúa en el bando más ideologizado y radical del espectro de Bolsonaro, es enemigo de la globalización, de Rusia y de China, esgrimiendo un discurso de la guerra fría muy similar al de Trump.

Según la nota de South China Morning Post, se abren tres escenarios estratégicos ante el Gobierno de Brasil.

El primero consiste en continuar su alineamiento automático con EEUU en detrimento de China, aún suavizando la retórica contra la globalización. La desconfianza con China está instalada y no va a retroceder.

El segundo escenario sería que Brasil optara por una estrategia propia de expansión y diversificación en Asia, estrechando alianzas con la India pero sin alejarse de China. Como señala Costa Vázquez, el ministro de Economía, Paulo Guedes, apuntó en esa dirección para ampliar la presencia de Brasil en la agroindustria global. "Si podemos tener el mismo flujo comercial con la India que tenemos con China, Brasil alimentará a la mitad de la población del planeta".

Un tercer escenario en el que Brasil no aparezca alineado con ninguna de las dos potencias parece poco probable. China necesita a Brasil y Brasil necesita a China. Las relaciones con EEUU no van tanto por el lado económico, financiero y comercial, sino por los viejos lazos diplomáticos y, sobre todo, militares.

Sin embargo, a medida que el escenario global y regional va cambiando, el margen de maniobra de Bolsonaro parece estrecharse. Brasil ya no es la potencia regional capaz de liderar a los países suramericanos y las elecciones se acercan de forma peligrosa para el presidente: el próximo año puede ser el último de su Gobierno, si no consigue acotar las crisis antes mencionadas (internas e internacionales), que pueden ser tan depredadoras como está siendo la pandemia del COVID-19.

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Miércoles, 17 Febrero 2021 05:08

Otro récord del bitcoin: 50 mil dólares

Otro récord del bitcoin: 50 mil dólares

El bitcoin marcó este martes un nuevo récord al superar por primera vez los 50.000 dólares. Se trata de un nuevo record para la criptomoneda, que en los últimos 12 meses aumento en más de 10 veces su valor.

El máximo histórico se alcanzó durante el mediodía cuando tocó los 50.547,70 dólares. Luego retrocedió hasta los 49.505,35 dólares, acumulando de todas formas un aumento de 2,7 por ciento en la sesión y de más de un 70 por ciento en lo que va de año. 

El aumento exponencial de los precios genera fuerte debate sobre el futuro de las criptomonedaa. Mientras algunos observadores desconfían de la volatilidad de este mercado descentralizado, que no se basa en ningún activo, otros creen que la situación es muy diferente a la de 2017, cuando los precios habían subido con el mismo entusiasmo antes de estrellarse a principios de 2018

"El creciente interés de las empresas por las criptomonedas ha transformado el mercado en comparación con 2017", dijo Neil Wilson, analista de Markets.com. La semana pasada, el fabricante de coches eléctricos Tesla anunció por sorpresa que había invertido 1500 millones de dólares en bitcoin. El jefe de Tesla y hombre más rico del mundo, Elon Musk, no duda en ensalzar los méritos de la criptomoneda en las redes sociales.

En el mismo sentido el grupo MicroStrategy, una compañía de software estadounidense, anunció una captación de fondos de 600 millones de dólares para comprar la criptomoneda, que algunos analistas empiezan a considera el nuevo oro digital.

La adopción institucional de las criptomonedas empieza a acelerarse en 2021 con varios anuncios de  grupos bancarios y financieros que  se muestran cada vez más interesados en el bitcoin. La semana pasada el banco más antiguo de Wall Street, BNY Mellon, así como MasterCard anunciaron nuevos proyectos en el sector de las criptomonedas. El efecto reputacional de estos anuncios es uno de los catalizadores de la suba del precio de estos activos financieros. 

Muchos economistas a pesar del furor de compras del bitcoin plantean que el fenómeno es una burbuja que terminará estallando más temprano que tarde. Critican el uso de energía irracional de la moneda digital y que la descentralización que propone el bitcoin en verdad no sé cumple en la práctica, porque la mayoría de las operaciones termina realizándose a través de plataformas centralizadas. 

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Soldados israelíes durante un entrenamiento en los Altos del Golán ocupados. - REUTERS.  16/02/2021 07:14 Actualizado: 16/02/2021 07:15

Al menos una veintena de ingenieros israelíes han vendido a China misiles fabricados en Israel pero usando en parte tecnología puntera de Estados Unidos. Difundida la semana pasada por los servicios secretos del Shin Bet, la noticia, sobre la que sigue pesando la censura militar, contribuye a enrarecer las relaciones de Benjamín Netanyahu con Estados Unidos.

 

Una red de ingenieros israelíes vendió a China misiles avanzados fabricados en parte con sofisticada tecnología militar de Estados Unidos. La venta, que proporcionó pingües ganancias de "decenas de millones" de dólares a los ingenieros, violó los acuerdos que Israel estableció con Washington para impedir que su puntera tecnología cayese en manos de terceros países, especialmente de China. 

El Shin Bet, los servicios de inteligencia israelíes para el interior del país y los territorios palestinos ocupados, informaron la semana pasada de la desarticulación de la red diciendo que de la venta se había beneficiado "un país asiático", sin mencionar específicamente a China, el principal rival de Estados Unidos en relación con esa tecnología.

El anuncio del Shin Bet llegó menos de un mes después de la entrada en la Casa Blanca de Joe Biden, quien todavía no ha hablado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Aunque Washington aún no ha reaccionado ante el millonario negocio de los ingenieros israelíes, es fácil imaginar que los americanos están muy enojados puesto que en más de una ocasión habían advertido a Netanyahu que no vendiera a China tecnología militar. 

Durante el mandato de Donald Trump, los israelíes disfrutaron de un amplio margen de maniobra en esta materia ya que el presidente republicano accedía a cada una de las demandas de Netanyahu, y es muy probable que por entonces los servicios de inteligencia americanos ya conocieran los trapicheos con China, que no son nuevos, pero decidieran hacer la vista gorda. 

El hecho de que la censura militar haya prohibido a los medios hebreos publicar el dato clave de que el país beneficiado es China, indica la preocupación de Netanyahu con este negocio que sin duda enrarecerá más las relaciones con la administración demócrata. Sin embargo, en distintos blogs y redes sociales de Israel y del extranjero se ha revelado el nombre de China. 

Un dato sorprendente es que quien haya revelado el negocio sea el Shin Bet, y no los servicios de inteligencia militar, Aman. De esta manera Israel trata de referirse a la venta como una cuestión interna y de iniciativa privada, aunque es muy difícil imaginar que dado que de momento hay una veintena de ingenieros implicados, estos no informaran a las autoridades con anterioridad, o que a los servicios de inteligencia les pasara por alto el negocio hasta después de consumado. 

Una explicación puede ser que Israel, que siempre ha cuidado en extremo las relaciones con China, obtuviera a cambio algún beneficio equivalente. Los medios hebreos habitualmente publican informaciones sobre la creciente influencia de Pequín en la política y economía internacionales, y sobre la necesidad de mantener relaciones amistosas con el gigante asiático, a pesar de las reiteradas advertencias de Estados Unidos. 

Se da la circunstancia de que una buena parte de los ingenieros implicados han trabajado con anterioridad para los servicios de inteligencia israelíes o en el desarrollo de armas sofisticadas del ejército, lo que abunda en la dirección de que es muy difícil, si no imposible, que las autoridades militares y políticas de Israel, incluido Netanyahu, ignoraran lo que tantas personas se traían entre manos, máxime teniendo en cuenta la naturaleza del negocio. 

No hay que descartar que el chanchullo haya contribuido a que el presidente Biden todavía no haya llamado por teléfono a Netanyahu. En cada aparición de Biden se le pregunta por qué no lo ha hecho y la Casa Blanca responde que pronto se iniciará la llamada. 

Una parte de los ingenieros trabajaban para las Industrias Aeroespaciales de Israel (IAI), una gigantesca empresa que en su totalidad es propiedad estatal y emplea a más de 15.000 trabajadores. Entre otras cosas, IAI, cuyo nombre tampoco se puede publicar en Israel en relación con este caso debido a la censura militar, fabrica los misiles avanzados vendidos a China. 

Entre los productos que fabrica IAI se encuentra el sistema de misiles Harop, el más avanzado de todos, y también se incluye el Harpy-2, que incorpora tecnología que permite atacar objetivos haciendo que los misiles se destruyan al alcanzar su objetivo. Algunos medios señalan que esta es la tecnología más avanzada en este campo que hay en el mundo. 

Para despistar a Estados Unidos, el clan de ingenieros se sirvió de sofisticados métodos que incluían el uso de intermediarios con el fin de ocultar que el cliente era en realidad China. También se sirvió de un complejo tramado de financiación para evitar que apareciera China. 

Esta no es la primera vez que Israel vende a China material militar avanzado en cuya fabricación se ha usado tecnología estadounidense, aunque probablemente la noticia ha saltado en el peor momento de todos, es decir cuando las relaciones de Israel con Estados Unidos no son precisamente óptimas y la noticia podría deteriorarlas aún más. 

Según Tikun Olam, un blog basado en Estados Unidos pero que se especializa en filtraciones israelíes, la tecnología adquirida por China podría caer en manos de Corea del Sur o Irán, dos países que mantienen buenas relaciones militares con Pequín. 

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Lunes, 15 Febrero 2021 05:22

La tercera vía de Joe Biden

La tercera vía de Joe Biden

¿Qué pasará con China?

 

¿Qué hará Joe Biden con China? Se diría que es la incógnita más inquietante en la política mundial. Está descartado que imite el modus operandi de Donald Trump. También el retorno a una especie de tercer mandato de la era Obama. Las indicaciones generales parecen claras: mantener el fondo y cambiar las formas, pero incluso admitiendo esto, el marco de elasticidad es tan grande que multiplica el valor de los matices.

¿Qué datos objetivos podemos destacar en estas semanas posteriores al 20 de enero? La OMS descartó el origen de la pandemia en un laboratorio de Wuhan. Se anuncia para marzo una reunión entre Anthony Fauci y Zhong Nanshan, principales epidemiólogos respectivos. La cooperación bilateral en la lucha contra la Covid-19 tiene visos de prosperar, dejando atrás la nefasta política de Trump en tal sentido, incluida la abrupta salida de la propia OMS. Esto puede orillar los despropósitos conspiracionistas aireados por M. Pompeo y que encontraban idéntico nivel de retruque en Beijing. Otro campo factible es la cooperación climática.

Por el contrario, en el sensible asunto de Taiwán, las espadas siguen en alto, con incursiones militares de unos y otros y avisos a navegantes en todas las direcciones. Hong Kong, Tibet o Xinjiang nublan los cielos a otra escala con una retórica altisonante que no hace concesiones. Las demostraciones de inflexibilidad alcanzan también al Mar de China meridional.

Yang Jiechi, miembro del Buró Político y director de Asuntos Exteriores en el Comité Central del PCCh, ha buscado vías para recuperar la normalidad en las relaciones bilaterales sobre la base de que “China debe ser vista como es”, huyendo de errores de juicio estratégicos pues China, dice, en modo alguno tiene la intención de desafiar o reemplazar la posición de EEUU en el mundo. Para Yang, la clave está en respetar los “intereses centrales” del otro que en el caso chino son, básicamente, la soberanía, la integridad territorial, el sistema político y, ahora, los intereses de desarrollo. Son “líneas rojas”, dijo. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, y Kurt Campbell, coordinador para la región del Indo-Pacífico, señalaban en Foreign Affairs en octubre del pasado año, que “el mundo debe vivir con China tal y como es” en un marco de coexistencia competitiva, alejándose del discurso de Pompeo en la Biblioteca Nixon en julio de 2020 cuando clamó por una lucha universal contra el PCCh.

Frente a la búsqueda de puntos de encuentro, la irrupción de documentos como el anónimo del Atlantic Council, abonado a la tesis de la resurrección de la guerra fría, ansía intervenir en el debate e inclinar la balanza. Otro ejemplo: bajo la dirección de Jared Cohen, ex asesor de Condoleezza Rice, y Eric Schmidt, ex director general de Google, un grupo independiente de 15 republicanos y demócratas, investigadores, empresarios, ingenieros y sinólogos, presentó recientemente un informe confidencial al gobierno de Estados Unidos en el que se aboga por una estrategia de mayor resistencia tecnológica a China. Otros firmantes del documento son Richard Fontaine, director general del “Center for a New American Security CNAS”, fundado con el citado Kurt Campbell o también Elizabeth Economy, sinóloga del Instituto Hoover de Stanford, Alexander Wang, formado en el MIT, o Marissa Giustina, ingeniera de Google. Si en el debate digital global siempre han predominado las voces que alertaban sobre los peligros de una ruptura del flujo de datos científicos abogando por compartir la investigación sin límites en consonancia con un espíritu de apertura que se resistía a los imperativos de otra naturaleza que no fuera la promoción del conocimiento, los autores sostienen que el dominio tecnológico, factor clave para la seguridad, la prosperidad y la garantía del modo de vida democrático, se ve ahora amenazado por la aparición de China como potencia que está a punto de superar a Estados Unidos en áreas sensibles. La idea principal del documento es que el “desacoplamiento”, del que muchos científicos recelaban, se ha convertido ahora en una “solución deseable”.

Biden, por otra parte, debe haber tomado buena nota de una realidad inapelable: la guerra comercial de Trump con China fue un fracaso en todos los sentidos. Ni alcanzó sus metas políticas (doblegar a China) ni frenó el déficit comercial ni alentó sus exportaciones. Veremos como ese diagnóstico repercute en los aranceles. En lo tecnológico, ha supuesto dificultades inapelables para empresas chinas pero también estadounidenses y está por ver quién puede invertir más en los próximos años en los sectores capitales, desde la inteligencia artificial a las biotecnologías o las energías verdes y otras altas tecnologías. No hay un claro ganador y si algo sorprende es el ritmo y la proyección de la innovación china.

Se dice que en EEUU hay un consenso bipartidista acerca de China, pero este podría quebrarse en la medida en que los demócratas se alejen de los postulados de Trump y sus acólitos. Y también que Biden lo tendrá más fácil que su antecesor para alargar la unidad de criterio con los países aliados, un vínculo que Trump debilitó. Pero tampoco esto debe darse por seguro si China con la UE, o Japón o Corea del Sur, etc., logra fraguar y/o desarrollar acuerdos comerciales potentes. Que la opción de seguridad para muchos de ellos es EEUU no ofrece dudas; más discutible es que fórmulas como el QUAD (EEUU, Japón, India y Australia) cuajen del todo ni tampoco que eso llegue a ser suficientemente disuasivo ante el fortísimo esfuerzo chino en defensa. En cualquier caso, no debe darse por seguro que todos seguirán a pies juntillas la política de EEUU, cualquiera que fuese, respecto a China.

El Financial Times recordaba días atrás como los flujos de inversión desmienten las tensiones geopolíticas entre ambos países. Muchas multinacionales estadounidenses recelan de los llamamientos al desacoplamiento aun reconociendo la existencia de diferentes enfoques en algunas cuestiones. Pero todas admiten haber ganado mucho dinero en China, un mercado que no es prescindible en un contexto de elevado entrelazamiento de todas las economías y con tantas incertidumbres en cuanto a la recuperación del crecimiento. Tampoco la UE, Japón o Corea del Sur pueden desprenderse de la atracción gravitatoria ejercida por China con un mero chasquido de dedos.

Estos cuatro años de presidencia Biden serán claves para concretar una posible alternativa en la relación con China, diferente a la firmeza hegemónica de Trump que ha conducido a un peligroso bloqueo de la situación. Ante la perspectiva de “cambios nunca vistos en un siglo”, no es descabellado imaginar que las tensiones estarán al orden del día, ya hablemos de la economía, el comercio, la tecnología, la diplomacia o la seguridad, campos en los que Beijing se juega el futuro de su proyecto. Beijing dice no tener prisa pero juega con algunas fechas marcadas (2027, 2035, 2049). Aun así, la ansiedad estratégica pesa más del lado estadounidense ante el temor de un irremediable declive, que tantos vaticinan (y otros relativizan). El contraste entre un país roto y otro aglutinado es reflejo también del contraste entre dos nacionalismos.

Lo que de ambas partes se exigiría es moderación en todos los sentidos, la recuperación del diálogo, la delimitación precisa de los campos en que es posible avanzar conjuntamente y su potenciación, al igual que el señalamiento de las áreas de discrepancia para ser encapsuladas y tratadas con profesionalidad. En suma, rebajar las tensiones, buscar la estabilidad y dejar que el tiempo haga su trabajo y ponga a cada cual en su lugar. La tercera debiera ser una vía en permanente construcción.

Por Xulio Ríos | 15/02/2021 

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La ONU pide levantar las sanciones a Venezuela por sus efectos devastadores

La Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió este viernes levantar las sanciones económicas que varios países han impuesto a Venezuela en los últimos años, en vista de los «efectos devastadores» que han tenido estas restricciones financieras sobre la vida de los ciudadanos.

El exhorto lo hizo la relatora especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Alena Douhan, al término de una visita de 12 días al país, en la que se entrevistó con decenas de personas para entender, dijo, una «situación muy compleja y alarmante».

Si bien las observaciones presentadas en rueda de prensa son de carácter preliminar, aclaró la relatora, estas surgieron de un «diálogo franco y abierto» en el que hubo «exhaustivas consultas con una amplia gama de interlocutores».

EL DIAGNÓSTICO

Venezuela enfrenta una carencia en categorías como maquinaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas, mientras que los activos del país congelados en los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal representan 6.000 millones de dólares.

El informe, que la relatora leyó en primera persona frente a decenas de periodistas, estima también que desde 2015 el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor oscila entre 1 y 5 millones, si bien la propia ONU estima que son 5,4 millones de emigrantes en este momento.

Según el escrito, los servicios públicos, que presentan desde hace años numerosos fallos, han tenido una merma del 30 al 50 % de su personal, mientras que hay más de 2,5 millones de personas que sufren de inseguridad alimentaria severa.

«Cuatro años de hiperinflación han traído como consecuencia la total devaluación de la moneda nacional», señaló Douhan, para luego recordar que cerca del 90 % de la población recibe menos de 10 dólares mensuales, lo que alcanza para menos del 1 por ciento de la cesta alimentaria y les condena a la pobreza extrema.

Los problemas de transporte, causados entre otros por la escasez de gasolina, así como la falta de electricidad y una reducida cobertura de telefonía móvil e internet ponen en peligro el disfrute del derecho a la educación.

LAS SANCIONES

«Las sanciones unilaterales impuestas, cada vez en mayor medida, por los Estados Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países han exacerbado las calamidades (en Venezuela)», explicó Douhan, quien mencionó que el país hoy percibe menos del 1 % del ingreso que tenía antes de que comenzaran las medidas coercitivas.

Principalmente desde Estados Unidos, pero también desde otros países americanos y europeos, se han aplicado cientos de sanciones contra funcionarios de la llamada revolución bolivariana y sobre el sistema financiero nacional.

Este embargo económico incluye la prohibición de hacer negocios con la estatal petrolera Pdvsa o la congelación de activos del Banco Central de Venezuela (BCV), pero también el hecho de que EE.UU. ha tratado de impedir que Venezuela reciba combustible de Irán y de que ha habido «amenazas» y «presiones» para que terceros no suscriban contratos con Caracas.

También en el marco de las sanciones, que en su mayoría están sustentadas en el señalamiento del Gobierno de Nicolás Maduro como una dictadura, Venezuela, o al menos el Ejecutivo, no ha podido acceder a dinero público depositado en el extranjero.

La relatora subrayó que sancionar sectores económicos como el petróleo, oro, minería y otros, la aerolínea estatal y la industria de la televisión estatal constituyen «una violación del derecho internacional y su ilicitud no se excluye con hacer referencia a las contramedidas».

En este sentido, recordó que los activos del BCV y los bienes utilizados para funciones públicas pertenecen al Estado venezolano y no al Gobierno y, por lo tanto, la congelación de estos recursos «viola los derechos soberanos del país e impide a su Gobierno ejercer su deber de garantizar las necesidades de la población».

LAS RECOMENDACIONES

Douhan concluye que las sanciones impuestas al país «afectan al pueblo venezolano» y «han exacerbado las calamidades económicas y humanitarias existentes», lo cual «ha tenido un efecto devastador en toda la población».

Esto, además, deja a las personas cada vez más dependientes de la ayuda social de un Gobierno que tradicionalmente ha usado las importaciones para saciar las necesidades de comida y salud, y que ahora no es capaz de sufragar estas demandas, entre otras razones, por la merma casi total de su poder adquisitivo.

La relatora subrayó la «inadmisibilidad de la aplicación de sanciones extraterritorialmente» e instó al Gobierno de los EE.UU. a «reconsiderar y levantar las sanciones impuestas al sector público venezolano», así como «revisar y levantar las sanciones secundarias impuestas a terceros países», relacionadas con la tirantez entre Caracas y Washington.

El exhorto también se dirigió a todos los Estados para que revisen y levanten las sanciones selectivas «para garantizar que los funcionarios del Gobierno de Venezuela puedan representar al Estado con base al principio de igualdad soberana».

Asimismo, se exhorta al Gobierno de Maduro para que, junto a agencias de la ONU, negocie un acuerdo para «garantizar la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales sin distingos».

Douhan se dijo preocupada por la falta de personal sanitario y de medicamentos en Venezuela, por lo que lamentó que los intentos por liberar los fondos congelados del país en el extranjero hayan sido infructuosos pues, remarcó, estos serían usados para paliar esta situación.

De igual modo, se mostró alerta ante «la vigilancia y enjuiciamiento» del personal de las ONG involucradas en el trabajo humanitario y la ausencia de normas provisionales que regulen el trabajo de estas asociaciones en el país, por lo que cree necesario que se establezca un marco legal claro y no discriminatorio al respecto.

LAS REACCIONES

La oposición venezolana acusó a la relatora de seguir la narrativa del Gobierno sobre las sanciones económicas a su país, si bien Douhan aseguró en la rueda de prensa que su trabajo se rigió por un independencia total.

«Lamentamos que una relatora de ONU se preste para la propaganda y narrativa que excusa al régimen de su responsabilidad en la Emergencia Humanitaria y la violación de DDHH en el país», dijo el exparlamentario Miguel Pizarro en Twitter.

El opositor indicó que la relatora cometió imprecisiones pues, según dijo, no mencionó «temas como corrupción, ineficiencia, violencia política y uso del hambre como herramienta de control social y político».

Maduro, por su parte, reconoció que la crisis humanitaria de Venezuela es «enorme» y reiteró su denuncia de que es causada por las sanciones, pese a que la situación crítica comenzó años antes de que el país fuera sancionado.

«Hoy la relatora ha hecho un llamado al Gobierno de Estados Unidos, al Gobierno de la Unión Europea (UE) a que revisen las sanciones y levanten las sanciones contra Venezuela porque han exacerbado una crisis humanitaria gigantesca, enorme, contra el pueblo», dijo Maduro, que hasta mediados de 2019 negaba la existencia de la urgencia humanitaria.

Fuente: https://www.eldiario.es/internacional/onu-pide-levantar-sanciones-venezuela-efectos-devastadores_1_7216472.html

Por | 13/02/2021

 

A continuación, el informe completo

Derechos humanos y medidas coercitivas unilaterales:

La Relatora Especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, concluye su visita a la República Bolivariana de Venezuela

Resultados preliminares de la visita a la República Bolivariana de Venezuela

Caracas (12 de febrero de 2021), La Relatora Especial de las Naciones Unidas sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, Sra. Alena Douhan, visitó la República Bolivariana de Venezuela del 1 al 12 de febrero de 2021. La Relatora agradece al Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela por permitir y apoyar su visita al país. El propósito de la visita fue evaluar el impacto de las sanciones unilaterales en el disfrute de los derechos humanos de las personas que viven en Venezuela y cualquier otra persona afectada.

Estas observaciones son de carácter preliminar, resultado de extensas consultas con una amplia gama de interlocutores. El informe completo se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en septiembre de 2021.

El Relator Especial se reunió con el Presidente y el Vicepresidente de la República; los Vicepresidentes a cargo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ciudadano y Electoral; los Ministros de Relaciones Exteriores, de Salud, de Educación, de Planificación, de Economía, de Finanzas, de Petróleo, de Minería, de Alimentación, de Mujer e Igualdad de Género, de Bloqueo, de Vivienda, de Trabajo Social, de Ciencia, de Tecnología, de Transporte, de Cultura y de Pueblos Indígenas; el Coordinador de los Comités Locales de Producción y Abastecimiento (CLAP); el Secretario General del Comité de Derechos Humanos; el Presidente de PDVSA; el Presidente del Banco Central, el Director de Telecomunicaciones el Presidente del Tribunal Supremo, el Fiscal General, el Procurador General; el Presidente y los miembros de la Asamblea Nacional; el Defensor del Pueblo; el Secretario Ejecutivo del ALBA; representantes de todo el espectro de partidos políticos, de la oposición y de los sindicatos; de organizaciones humanitarias nacionales e internacionales; del sector privado; de la iglesia católica; así como actores no gubernamentales venezolanos que trabajan en los ámbitos de la salud, los derechos humanos, la protección de la infancia, las mujeres y los ancianos; personal médico; profesores universitarios; maestros de escuela; investigadores independientes y, lo que es más importante, víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La Relatora Especial también se reunió con representantes del equipo de las Naciones Unidas en el país y de la comunidad diplomática. Visitó el Hospital Infantil del Corazón; la planta farmacéutica Quimbotiec; el complejo Canaimita; la escuela primaria Hugo Chávez y el preescolar Ciudad Mariche, en las afueras de Caracas. En el Estado de Carabobo, el Gobernador facilitó una reunión con los directores de las empresas públicas (agua, electricidad, gas y telecomunicaciones), la maternidad adscrita al hospital estatal, uno de los centros provinciales de salud primaria inspirados en el modelo cubano y varias organizaciones no gubernamentales.

La Relatora Especial extiende su agradecimiento y gratitud a todos estos interlocutores que han ofrecido generosamente su tiempo, información, análisis, experiencias y pensamientos para ayudarla a comprender en poco tiempo lo que ha resultado ser una situación muy compleja y alarmante.

La Relatora Especial elogia la cálida acogida y la forma constructiva y cooperativa en que el Gobierno facilitó su visita, lo que permitió un diálogo franco y abierto. Expresa su especial agradecimiento al Ministerio de Asuntos Exteriores por su eficaz colaboración con su oficina. También agradece a la oficina del Coordinador Residente de las Naciones Unidas su apoyo y asesoramiento durante la visita.

Contexto de la visita al país

Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Venezuela desde 2005, cuando introdujo sanciones selectivas contra personas y entidades presuntamente implicadas en el tráfico de drogas. Impuso un embargo de armas en 2006 por considerar que el Gobierno no cooperaba suficientemente en los esfuerzos antiterroristas.

Una ley estadounidense de 2014 dio lugar a sanciones contra funcionarios venezolanos a los que se acusa, entre otras cosas, de reprimir violentamente las protestas, perseguir a los opositores políticos, recortar las libertades de prensa y la corrupción. En 2015, Estados Unidos declaró la situación de Venezuela como una emergencia nacional que amenazaba la seguridad y la política exterior de Estados Unidos.

En 2017, Estados Unidos calificó de ilegítimas las elecciones legislativas venezolanas e impuso sanciones contra el Gobierno y sus entidades, incluida PDVSA, bloqueando sus transacciones y el acceso a los mercados financieros estadounidenses. En 2018, tras las elecciones presidenciales venezolanas, Estados Unidos endureció sus sanciones contra el gobierno, citando la mala gestión económica, la corrupción, la represión de los opositores políticos y los esfuerzos por socavar la democracia.

En enero de 2019, tras reconocer al líder legislativo Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Estados Unidos impuso más sanciones contra PDVSA, el Banco Central de Venezuela y funcionarios clave del gobierno, e impuso un embargo económico total en agosto de 2019. Estados Unidos también dio a Guaidó el control de los activos y propiedades del Gobierno venezolano en cuentas bancarias estadounidenses, incluido el dinero que va a PDVSA desde su unidad estadounidense, Citgo. Otras sanciones de Estados Unidos en 2018 y 2019 se dirigieron a los sectores del oro y otras minas, los alimentos, las criptomonedas y la banca. En septiembre de 2020, se impusieron sanciones estadounidenses a cinco legisladores que dirigían partidos que cooperaban con el Gobierno. Desde 2020, Estados Unidos ha tratado de bloquear a Venezuela para que no obtenga combustible de Irán mediante la inclusión en la lista de capitanes de petroleros, la prohibición del uso de puertos aéreos y marítimos venezolanos y el bloqueo de activos de Rosneft. Al parecer, funcionarios estadounidenses han proferido amenazas extraoficiales para impedir las transacciones de empresas de terceros Estados con Venezuela.

El Relator Especial toma nota de la decisión del Gobierno de los Estados Unidos, de 21 de enero de 2020, de revisar las sanciones de los Estados Unidos para minimizar el impacto humanitario de la pandemia, y de la medida del Gobierno de los Estados Unidos, de 2 de febrero de 2021, de suavizar las sanciones que afectan al funcionamiento de las operaciones ordinarias en los puertos y aeropuertos venezolanos.

La Unión Europea impuso sanciones contra Venezuela en 2017, entre ellas un embargo de armas, la prohibición de exportar otros bienes que pudieran utilizarse para la represión interna, la prohibición de exportar tecnología y material hecho para la vigilancia o interceptación de las telecomunicaciones, y la prohibición de viajar y la congelación de activos de personas cuyas acciones fueron consideradas por la UE como un atentado contra la democracia, el Estado de derecho y el respeto de los derechos humanos, que han sido impugnadas por Venezuela ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. También se informó de que 1.200 millones de dólares en fondos del Gobierno de Venezuela han sido congelados por un banco portugués en 2019. Cerca de 2.000 millones de dólares en oro propiedad del Banco Central de Venezuela y depositados en el Banco de Inglaterra también están congelados mientras avanza un caso en los tribunales británicos.

En 2017 y 2018, Canadá congeló activos y prohibió las transacciones de bienes de funcionarios venezolanos acusados de represión, graves violaciones de los derechos humanos, corrupción, censura, ejecuciones extrajudiciales y otros actos. En 2018, México congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a 13 altos funcionarios venezolanos. En 2018 y 2019, Suiza impuso un embargo de armas a Venezuela y congeló activos e impuso prohibiciones de viaje a funcionarios venezolanos. En 2019, Colombia prohibió la entrada de unos 200 venezolanos vinculados al gobierno. Panamá impuso sanciones selectivas contra personas y entidades venezolanas en 2018 consideradas de alto riesgo de participar en el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En 2019, 13 de los 14 países del Grupo de Lima acordaron prohibir la entrada de funcionarios venezolanos y negarles el acceso a sus sistemas financieros. También en 2019, la mayoría de las partes del Tratado de Río aprobaron una resolución que permitía imponer sanciones selectivas, incluida la congelación de activos, a funcionarios venezolanos presuntamente implicados en el narcotráfico, las actividades terroristas, la delincuencia organizada y/o las violaciones de derechos humanos.

El 13 de febrero de 2020, Venezuela presentó una remisión a la Corte Penal Internacional en virtud del artículo 14 del Estatuto de Roma con respecto a las medidas coercitivas unilaterales.

Situación económica y humanitaria en Venezuela

Venezuela cuenta con una de las mayores reservas de petróleo del planeta. El petróleo ha sido la principal exportación del país y la principal fuente de ingresos y divisas. Desde el año 2000, el Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de un amplio abanico de proyectos sociales en los ámbitos de la vivienda, la educación, la alfabetización, la alimentación, el suministro de electricidad y agua, la atención sanitaria, la planificación familiar, la alfabetización informática y el desarrollo de las comunas, muchos de los cuales se han ejecutado sin coste alguno para el pueblo o han sido sustancialmente subvencionados por el Estado. La economía monoorientada ha dependido en gran medida de las ventas de petróleo; la mayoría de los productos, desde la maquinaria y las piezas de repuesto hasta los alimentos y los medicamentos, se han importado principalmente de Estados Unidos y Europa. La producción interna se ha mantenido en un nivel bastante bajo y no ha podido satisfacer las necesidades del consumo interno. El declive de la economía comenzó en 2014 con la caída de los precios del petróleo. Entre otros factores que afectan a la economía de Venezuela, se han citado la mala gestión, la corrupción y los controles estatales de precios.

Las sanciones unilaterales impuestas cada vez más por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han agravado los problemas mencionados. Se ha informado de que los ingresos del Gobierno se han reducido en un 99% y que el país vive actualmente con el 1% de sus ingresos anteriores a las sanciones. Las remesas procedentes del extranjero han disminuido debido al bloqueo de los activos del Estado y a la complejidad de las transferencias bancarias y a los impedimentos para realizarlas. Cuatro años de hiperinflación han provocado la devaluación total de la moneda nacional (1 USD = 1,8-1,9 millones de bolívares). Esto ha provocado la disminución de los salarios del sector público de 150-500 USD en 2015 a 1-10 USD en 2020, y un creciente nivel de pobreza. En 2018-2019, el Gobierno introdujo nuevas políticas económicas: se levantó el control de precios y se permitió que el sector privado volviera a entrar en la economía.

Sin embargo, el endurecimiento de las sanciones a las que se enfrenta el país desde 2015 socava el posible impacto positivo de las actuales reformas, así como la capacidad del Estado para mantener las infraestructuras y ejecutar proyectos sociales. Actualmente, Venezuela se enfrenta a la falta de maquinaria necesaria, repuestos, electricidad, agua, combustible, gas, alimentos y medicinas. Los activos venezolanos congelados en bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal ascienden a 6.000 millones de dólares. Se informa de que la compra de bienes y los pagos de las empresas públicas están bloqueados o congelados. El sector privado, las organizaciones no gubernamentales, las universidades, los clubes deportivos y los ciudadanos de Venezuela denuncian el rechazo o la reticencia de los bancos extranjeros a abrir o mantener sus cuentas bancarias, incluidas las de los bancos corresponsales en Estados Unidos y Europa; las dificultades para obtener visados y comprar billetes; la necesidad de actuar a través de agentes de terceros países; y la necesidad de pagar costes de seguro adicionales. El refuerzo de las sanciones económicas y el creciente exceso de cumplimiento dieron lugar a la aprobación de la Ley Constitucional Antibloqueo en octubre de 2020.

Se ha informado de que las líneas eléctricas pueden trabajar hoy en día a menos del 20% de su capacidad. Se estima que el número de venezolanos que han abandonado el país en busca de una vida mejor desde 2015 oscila entre 1 y 5 millones, y que la población se reducirá a unos 27 millones en 2021. La mayoría de los servicios públicos se han visto mermados entre un 30% y un 50% de su personal, incluido el más cualificado (médicos, enfermeras, ingenieros, maestros, profesores, jueces, policías, etc.), lo que ha provocado una desorganización interna, un aumento de la carga de trabajo para el personal restante, una reducción de los servicios y una disminución de su calidad.

Se calcula que el 90% de los hogares están conectados al sistema nacional de distribución de agua. Sin embargo, numerosos hogares denuncian cortes frecuentes debido a los cortes de electricidad que afectan a las bombas de agua y al mantenimiento de las infraestructuras, y a la escasez de personal de mantenimiento cualificado. La distribución de agua sólo puede hacerse «por turnos» para garantizar su entrega a toda la población, y la mayoría de los hogares sólo pueden acceder al agua una o dos veces por semana durante varias horas. Debido a los impedimentos comerciales, el uso de agentes químicos para tratar y purificar el agua para hacerla potable se ha reducido en un 30%.

Los impedimentos a la importación de alimentos, que constituyen más del 50% del consumo de alimentos, han provocado el crecimiento constante de la malnutrición en los últimos 6 años, con más de 2,5 millones de personas en situación de inseguridad alimentaria grave. Los mecanismos para hacer frente a esta situación incluyen la disminución del número de comidas al día (1 o 2 en lugar de 3); la reducción de la cantidad y la calidad de los alimentos; la descapitalización/venta de los bienes del hogar para comer; y la reducción de los gastos en salud, ropa y educación; con un aumento correlativo de las crisis familiares, las tensiones, la violencia y las separaciones; el trabajo infantil; la participación en la economía sumergida; la actividad delictiva, incluido el tráfico de drogas y de personas; el trabajo forzoso; y la migración. El programa de cajas de alimentos CLAP, iniciado como iniciativa gubernamental en 2017 y que abarca 6 mln. de hogares en todo el país, disminuye la diversidad de artículos.

Venezuela ha dependido casi por completo de las medicinas importadas del extranjero, mientras que la mayoría de los servicios médicos públicos eran proporcionados por el Estado de forma gratuita antes de 2016. Los impedimentos para la atención sanitaria incluyen la falta o la grave insuficiencia de medicamentos y vacunas; el aumento de los precios; la escasez de electricidad para abastecer a los equipos; la escasez de agua y los problemas de saneamiento que afectan a la higiene; el deterioro de la infraestructura debido a la falta de mantenimiento, la ausencia de piezas de repuesto, la falta de disponibilidad de nuevos equipos debido a la falta de recursos o a la negativa a venderlos o entregarlos; la degradación de las condiciones de trabajo y la falta de equipos de protección contra las enfermedades infecciosas; la pérdida de personal en todas las áreas médicas debido a los bajos salarios; y la finalización de la construcción de hospitales y centros de atención primaria.

En particular, el Hospital Cardiológico Infantil de Caracas enfrenta una disminución de 5 veces el número de cirugías (de un promedio de 1.000 intervenciones anuales en el período 2010-2014 a 162 en 2020). Las plazas de personal médico en los hospitales públicos están vacantes en un 50-70%. Solo alrededor del 20% de los equipos médicos están actualmente en funcionamiento. El país se enfrentó a una grave escasez de vacunas contra el sarampión, la fiebre amarilla y la malaria en 2017-2018. La falta de pruebas y tratamiento para el VIH en 2017-2018 supuso, según los informes, un grave aumento de la tasa de mortalidad. El desvío de activos de la filial estadounidense de PDVSA, CITGO, ha impedido que se realicen trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos; dichos trasplantes se habrían realizado en Italia y Argentina antes de 2016 con cargo al Estado. El Relator Especial también observa el crecimiento reportado de la mortalidad neonatal y materna desde 2013, con una leve mejoría en 2019, cuando se activó la cooperación humanitaria con UNICEF, la OPS, la iglesia y otras organizaciones humanitarias.

Otros efectos nocivos de la crisis son el creciente problema de los embarazos en adolescentes, que está alcanzando un nivel de crisis con niñas de 12-13 años que se quedan embarazadas en medio de la falta de acceso a la información y al uso de métodos anticonceptivos; y el aumento del VIH/SIDA debido a las relaciones sin protección.

La educación escolar y universitaria se ha enfrentado a una grave disminución del apoyo gubernamental desde 2016, incluyendo la terminación o la reducción del suministro de uniformes escolares, zapatos, mochilas y material de oficina; y la reducción del número de comidas diarias en la escuela (de 2 a 1), la disminución de su cantidad y diversidad de alimentos o su cancelación total. La indisponibilidad de recursos financieros y la reticencia de las empresas extranjeras a comerciar con las instituciones públicas venezolanas y, a menudo, con las privadas, ha provocado la suspensión del Programa Canaima, iniciado en 2015 para ensamblar ordenadores portátiles compactos con fines educativos, de los que se han distribuido 6,5 millones a través del sistema escolar sin coste alguno. Incidentes técnicos en 2019 incapacitaron el satélite público de Venezuela, reduciendo sustancialmente la cobertura de Internet en el país y haciendo difícilmente posible el aprendizaje a distancia en el curso de la pandemia.

Ante la crisis económica y humanitaria, el gobierno venezolano activó la cooperación con el PNUD, UNICEF, ONUSIDA, la OPS, otras agencias internacionales, así como con la iglesia, el sector privado y las ONG humanitarias que prestan ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos. Sin embargo, los intentos de liberar los fondos congelados en el Banco de Inglaterra para la compra de medicamentos, vacunas, kits de protección y equipos médicos a través del PNUD y la OPS en 2020 han fracasado. No se han liberado fondos para la compra de COVAX a través de la OPS en 2020 – 2021. A pesar de la intensificación del trabajo con los actores humanitarios, se han reportado algunos casos de vigilancia y persecución del personal de las ONG nacionales que participan en el trabajo humanitario.

Evaluación de la base legal para la imposición de sanciones:

El Relator Especial considera que el estado de emergencia nacional anunciado por el Gobierno de los Estados Unidos el 8 de marzo de 2015 como fundamento para introducir sanciones contra Venezuela, y repetidamente prorrogado, no se corresponde con los requisitos del art. 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tales como la existencia de una amenaza para la vida de la nación, la limitación de las medidas a las exigencias de la situación, una duración limitada, la ausencia de discriminación, la prohibición de derogar el derecho a la vida y la prohibición de castigar una actividad que no constituya un delito, como se menciona en la comunicación de los expertos en derechos humanos de 29 de enero de 2021.

El Relator Especial subraya que las sanciones unilaterales contra los sectores petrolero, aurífero, minero y otros sectores económicos, la compañía aérea estatal y la industria de la televisión constituyen una violación del derecho internacional, y no se excluye su ilicitud con referencia a las contramedidas. El propósito anunciado de la campaña de «máxima presión» -cambiar el Gobierno de Venezuela- viola el principio de igualdad soberana de los Estados y constituye una intervención en los asuntos internos de Venezuela que también afecta a sus relaciones regionales.

Refiriéndose a las normas consuetudinarias sobre la inmunidad de los bienes del Estado, el Relator Especial recuerda que los activos del Banco Central y los bienes utilizados para las funciones públicas pertenecen al Estado de Venezuela y no a su Gobierno o a cualquier individuo. Por lo tanto, la congelación de los activos del Banco Central de Venezuela por no reconocer a su Gobierno, así como la adopción de las sanciones pertinentes, viola los derechos soberanos del país e impide que su gobierno efectivo ejerza su deber de garantizar las necesidades de la población.

La Relatora Especial subraya que la inclusión de funcionarios del Estado en la lista de oficio contradice la prohibición de castigar una actividad que no constituye un delito, impide a los funcionarios la posibilidad de representar los intereses de Venezuela en los tribunales internacionales y otras instituciones internacionales, y socava el principio de igualdad soberana de los Estados. Asimismo, señala que las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección, bajo el control de organizaciones internacionales, viola el mencionado principio e impide la capacidad de Venezuela de responder a la emergencia COVID-19.

Al Relator Especial le preocupa que las sanciones selectivas unilaterales en su forma actual violen, como mínimo, las obligaciones que se desprenden de los instrumentos universales y regionales en el ámbito de los derechos humanos, muchas de las cuales son de carácter perentorio -garantías procesales y presunción de inocencia con vistas a que los motivos de su introducción no constituyan en su mayor parte crímenes internacionales ni cumplan con los fundamentos de la jurisdicción penal universal, al tiempo que toma nota del hecho de la presentación ante la Corte Penal Internacional por parte de un grupo de Estados de una remisión contra Venezuela el 27 de septiembre de 2018.

El Relator Especial subraya que la aplicación de la jurisdicción extraterritorial a nacionales y empresas de terceros Estados por la cooperación con las autoridades públicas, nacionales y empresas de Venezuela, y las supuestas amenazas a dichos terceros Estados, no se justifica en virtud del derecho internacional y aumenta los riesgos de exceso de cumplimiento de las sanciones. El Relator Especial observa con preocupación las presuntas amenazas a empresas privadas y a donantes, socios y organizaciones humanitarias de terceros países, así como la introducción de cláusulas de confidencialidad en la Ley Constitucional Antibloqueo de Venezuela en lo que respecta a la identidad de los socios correspondientes.

Impacto en el disfrute de los derechos humanos:

El Relator Especial observa con preocupación que las sanciones sectoriales a las industrias petrolera, aurífera y minera, el bloqueo económico de Venezuela y la congelación de los activos del Banco Central han exacerbado la situación económica y humanitaria preexistente al impedir la obtención de ingresos y el uso de recursos para desarrollar y mantener la infraestructura y para los programas de apoyo social, lo que tiene un efecto devastador en toda la población de Venezuela, especialmente la que se encuentra en situación de extrema pobreza, las mujeres, los niños, los trabajadores médicos, las personas con discapacidad o con enfermedades crónicas o que ponen en peligro la vida, y la población indígena.

El Relator Especial subraya que las exenciones humanitarias existentes son ineficaces e insuficientes, están sujetas a procedimientos largos y costosos, y no cubren la entrega de repuestos, equipos y maquinaria necesarios para el mantenimiento y la restauración de la economía y los servicios públicos.

Al Relator Especial le preocupa que la aplicación de sanciones secundarias extraterritoriales, así como las presuntas amenazas de sanciones, den lugar a un exceso de cumplimiento de los regímenes de sanciones existentes, impidiendo al Gobierno de Venezuela, a su sector público y a las empresas privadas adquirir maquinaria, repuestos, medicamentos, alimentos, suministros agrícolas y otros bienes esenciales, incluso dentro de las licencias concedidas por el Gobierno de los Estados Unidos. UU., y también dan lugar a un número creciente de denegaciones de transferencias bancarias, a la ampliación de los plazos de las transferencias bancarias (de 2 a 45 días), al aumento de los costes de entrega, seguro y transferencia bancaria, así como a las subidas de precios comunicadas para todos los bienes (especialmente los importados).

El Relator Especial observa con preocupación que la ausencia de recursos y la reticencia de los socios, bancos y empresas de reparto extranjeras a tratar con los socios venezolanos se traduce en la imposibilidad de comprar los equipos médicos y tecnológicos necesarios, los reactivos y las piezas de repuesto para la reparación y el mantenimiento de los sistemas de electricidad, gas, agua, transporte público, teléfono y comunicaciones, escuelas, hospitales, viviendas y otras instituciones públicas, lo que menoscaba el disfrute de muchos derechos humanos, incluido el derecho a una vida digna.

A pesar de la revisión periódica y el aumento de los salarios en Venezuela, se estima que el salario medio del sector público es de 2 a 3 dólares de los EE.UU. al mes, lo que cubre menos del 1% de la cesta básica de alimentos y hace que la población dependa cada vez más del apoyo social del Gobierno en forma de CLAP (alimentos) y de transferencias periódicas de dinero a través de la «Carta de la Patria», de múltiples subsidios para los funcionarios públicos, así como de la ayuda humanitaria extranjera.

El Relator Especial observa que esto aumenta el nivel de migración, facilita la participación de personas en la economía gris, afectando en primer lugar a especialistas de alto nivel del sector público, incluyendo médicos, enfermeras, maestros, profesores universitarios, ingenieros, policías, jueces, técnicos y muchos otros, violando sus derechos económicos, incluyendo los derechos al trabajo, al trabajo decente, a la seguridad social, incluyendo el seguro social, y a un nivel de vida adecuado. El número de vacantes entre el personal necesario para garantizar el funcionamiento normal de los servicios públicos habría alcanzado entre 1/3 y 1/2. La migración masiva en ausencia de un transporte asequible pone en peligro la vida de los migrantes e impone cargas adicionales a los países receptores. Se ha denunciado, entre otros problemas, el acceso a los alimentos, las medicinas y la asistencia médica para los migrantes venezolanos, la falta de documentos de identidad para los niños nacidos en el extranjero, la separación de las familias y la ausencia de la debida atención a los niños que se quedan con los abuelos en Venezuela.

Al Relator Especial le preocupa que la falta de gasolina, con el consiguiente aumento de los precios del transporte, viole la libertad de circulación, impida el acceso a los hospitales, las escuelas y otros servicios públicos, agrave los problemas de entrega y distribución de alimentos y suministros médicos -especialmente en las zonas remotas del país, lo que afecta, entre otras cosas, a la población indígena- y provoque retrasos en los servicios públicos, incluida la justicia penal y civil. La reportada falta de gasoil, mayormente utilizado para fines agrícolas, industriales y de transporte, tiene un potencial efecto dramático en la producción y almacenamiento de alimentos, con el riesgo de exacerbar aún más la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano que ya enfrenta un deterioro en la cantidad y calidad de los alimentos y una mayor desnutrición, aumentando por lo tanto los riesgos de salud y las amenazas a la vida.

El Relator Especial observa con preocupación que, debido a la falta de disponibilidad de maquinaria nueva, piezas de repuesto y personal competente, el pueblo de Venezuela tiene un acceso limitado a la electricidad, lo que impide, entre otras cosas, el funcionamiento de las bombas de agua, lo que da lugar a la violación del derecho al agua, incluida el agua potable y el agua para el saneamiento, aumentando los riesgos de enfermedades pertinentes.

El Relator Especial subraya que los bajos salarios, la ausencia o insuficiencia de material escolar, de uniformes escolares y de comida en la escuela, que solía proporcionar el Gobierno, los problemas de transporte, la ausencia de electricidad y la reducida cobertura de Internet y de telefonía móvil ponen en peligro el ejercicio del derecho a la educación. Las razones anteriores, así como la reportada imposibilidad de utilizar recursos en línea con direcciones IP venezolanas, afectan el acceso a la información y la libertad de expresión. La supuesta reticencia de los socios extranjeros a cooperar con las instituciones venezolanas, incluidas las universidades, las sociedades deportivas y las ONG, así como los impedimentos a las transferencias de dinero, las dificultades para obtener visados y la negativa a abrir y el cierre de cuentas bancarias de ciudadanos venezolanos o de empresas públicas y privadas con sede en Venezuela por temor a sanciones secundarias, afectan al derecho a la educación, a las libertades académicas y a los derechos culturales, e impiden la prestación de ayuda humanitaria.

Al Relator Especial también le preocupa que la escasez de gas, que obliga a la gente a cocinar con fuegos de leña, pueda violar el derecho a un entorno favorable. Observa que, debido a la necesidad de garantizar las necesidades humanas esenciales para la supervivencia, el Gobierno habría suspendido todos los programas destinados a alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluidos los proyectos agrícolas y sanitarios, la protección del medio ambiente, la mejora de la alfabetización y la informática, la reconstrucción y otros.

La Relatora Especial subraya que el bloqueo de bienes, activos y cuentas bancarias de ciudadanos de Venezuela por parte de bancos extranjeros y corresponsales, muchas veces por exceso de cumplimiento, resulta en la violación del derecho a la propiedad. También observa con preocupación que la aplicación de sanciones unilaterales contra Venezuela afecta a los derechos de los nacionales de terceros países, en particular, la rescisión de contratos con empresas de terceros países tiene el riesgo potencial de afectar a los derechos económicos y de propiedad de sus propietarios y empleados; y la ausencia de contribuciones de Venezuela, que solía donar a proyectos de asistencia regional (por ejemplo, el ALBA), está afectando negativamente al derecho a la ayuda humanitaria de sus beneficiarios más allá de las fronteras de Venezuela.

El Relator Especial reconoce que las sanciones selectivas y secundarias violan los derechos a un juicio justo, las garantías procesales, la libertad de circulación, los derechos de propiedad y el derecho a la reputación. Las sanciones contra representantes de grupos de la oposición por su participación en las elecciones violan su derecho a tener y expresar opiniones, y a participar en los asuntos públicos. Mientras que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (art. 275) ofrece a las personas incluidas en la lista la posibilidad de acceder al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, aunque no existan garantías procesales antes de que se adopten las decisiones sobre las sanciones, el Relator Especial señala que no se garantiza el acceso a la justicia en lo que respecta a las sanciones de los Estados Unidos, especialmente en vista de las numerosas negativas denunciadas por parte de abogados estadounidenses a presentar casos ante la OFAC debido a las supuestas amenazas del Gobierno de los Estados Unidos o al temor a hipotéticas sanciones.

El Relator Especial concluye que las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a las personas de Venezuela y de fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; a los nacionales de terceros países y a los empleados de empresas de terceros países afectados por las sanciones secundarias o por el temor a las mismas; a los donantes y a las ONG humanitarias internacionales; a los beneficiarios de la asistencia de las organizaciones internacionales tradicionalmente financiadas por Venezuela; mientras que las personas de bajos ingresos, las mujeres, los niños y las personas con necesidades especiales o con enfermedades crónicas o graves son los más afectados con respecto a todo el ámbito de los derechos humanos, incluidos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo.

El Relator Especial acoge con satisfacción los informes sobre el mayor compromiso del Gobierno de Venezuela con el PNUD, el UNICEF, el ONUSIDA, la OPS, otros organismos internacionales y las ONG eclesiásticas, del sector privado y humanitarias, en la prestación de ayuda humanitaria, facilitando cierta reconstrucción de los sistemas de agua y el suministro de vacunas, medicamentos, pruebas, reactivos, material escolar y alimentos, ayudando así a unos 4 millones de personas. Sin embargo, al Relator Especial le preocupan los informes sobre la mala gestión en la distribución de la ayuda humanitaria, la vigilancia y la persecución del personal de las ONG nacionales que participan en la labor humanitaria, y la ausencia de un reglamento provisional para el trabajo de las ONG internacionales.

Recomendaciones del Relator Especial:

La Relatora Especial recuerda a todas las partes su obligación, en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, de observar los principios y normas del derecho internacional, incluidos los principios de igualdad soberana, independencia política, no intervención en los asuntos internos de los Estados y solución pacífica de las controversias internacionales. La Relatora Especial les insta a que resuelvan cualquier disputa a través de las instituciones judiciales y otras instituciones internacionales competentes.

La Relatora Especial subraya que las preocupaciones humanitarias deben prevalecer siempre sobre las políticas y que las medidas unilaterales sólo pueden adoptarse teniendo en cuenta el Estado de Derecho, las normas de derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho humanitario; deben cumplir las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados y sólo pueden aplicarse en el marco de contramedidas internacionalmente lícitas. El Relator Especial recuerda que las evaluaciones preliminares y continuas del impacto humanitario deben realizarse en el curso de cualquier actividad unilateral, ya que ninguna buena intención justifica la violación de los derechos humanos fundamentales como «daño colateral».

El Relator Especial subraya la inadmisibilidad de aplicar sanciones de forma extraterritorial e insta al Gobierno de los Estados Unidos a poner fin a la emergencia nacional en relación con Venezuela, revisar y levantar las sanciones sectoriales contra el sector público de Venezuela, revisar y levantar las sanciones secundarias contra terceros Estados y abstenerse de imponer sanciones al suministro de gasóleo que provocarían una crisis humanitaria de proporciones sin precedentes.

El Relator Especial insta a todos los interlocutores (incluidos los Estados, las organizaciones internacionales, los bancos, las empresas privadas y la sociedad civil) a que eviten la coacción, las amenazas escritas u orales o cualquier otro acto que pueda provocar o dar lugar a un exceso de cumplimiento, y a que interpreten todas las limitaciones de la manera más estricta posible en el período intermedio antes del levantamiento de las sanciones unilaterales, teniendo debidamente en cuenta las Orientaciones emitidas por el Relator Especial en diciembre de 2020.

El Relator Especial pide a todos los Estados que revisen y levanten las sanciones selectivas de conformidad con los principios del derecho internacional, el Estado de derecho, los derechos humanos y el derecho de los refugiados, que garanticen la posibilidad de que los funcionarios del Estado de Venezuela representen al Estado sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados, y que garanticen los derechos de las personas afectadas a la presunción de inocencia, las garantías procesales, el acceso a la justicia y otros derechos fundamentales.

El Relator Especial insta a los Gobiernos del Reino Unido, Portugal y los Estados Unidos y a los bancos correspondientes a que descongelen los activos del Banco Central de Venezuela para adquirir medicamentos, vacunas, alimentos, equipos médicos y de otro tipo, repuestos y otros bienes esenciales para garantizar las necesidades humanitarias del pueblo de Venezuela y el restablecimiento de los servicios públicos en colaboración con el PNUD y otros organismos de las Naciones Unidas y mediante mecanismos mutuamente acordados y supervisados por ellos.

Aunque reconoce el efecto devastador de las sanciones unilaterales en el amplio ámbito de los derechos humanos, especialmente el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la educación y el derecho al desarrollo, el Relator Especial pide al Gobierno de Venezuela y a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que apliquen plenamente el acuerdo de cooperación firmado entre ellos, que refuercen la presencia de la OACDH en el terreno para supervisar, entre otras cosas, el impacto de las sanciones unilaterales y que organicen visitas de los procedimientos especiales pertinentes al país.

El Relator Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela, al PNUD, a otras agencias de la ONU y a la OACDH en Venezuela para que negocien un acuerdo que garantice la distribución transparente, justa y no discriminatoria de los bienes esenciales y de la ayuda humanitaria bajo el control de las instituciones internacionales, independientemente de la raza, el género, la nacionalidad, la edad, las creencias religiosas o las opiniones políticas, teniendo debidamente en cuenta a los grupos con necesidades especiales.

La Relatora Especial hace un llamamiento al Gobierno de Venezuela para que, en colaboración con el Coordinador Residente de las Naciones Unidas y el ACNUDH en Venezuela, termine de redactar una legislación clara y no discriminatoria que permita y facilite la labor humanitaria de las ONG internacionales y nacionales en Venezuela, y garantice la seguridad e integridad de su personal. Al mismo tiempo, se refiere a la obligación de las ONG humanitarias de cumplir con las normas de la actividad puramente humanitaria.

[Fin]

Publicado enInternacional
Jueves, 04 Febrero 2021 05:27

El multilateralismo chino

El multilateralismo chino

Hace cuatro años, recién llegado Donald Trump a la presidencia estadounidense y con el conservadurismo antiglobalista en su máximo apogeo, China se presentó en la macrocita de Davos como la gran valedora de la globalización. Ahora, en la convocatoria virtual del Foro Económico Mundial, el líder chino Xi Jinping tocó a rebato por el multilateralismo, la fórmula que la Covid-19 reveló como poción indispensable para siquiera diluir los factores de incertidumbre que aun por bastantes años pueden lastrar la recuperación económica global.

Además de la pandemia, Xi hizo alarde de otro dato que trastoca el escenario: la asunción de Joe Biden y su compromiso con el regreso de los EEUU a las instancias y acuerdos multilaterales, como ya hizo con la OMS o el Acuerdo de París, desbaratando la errática trayectoria de su predecesor.

Si hubiera que destacar una característica del enfoque chino a propósito del multilateralismo es la insistencia en la desideologización. En resumidas cuentas, Beijing defiende la autoridad y eficacia del sistema multilateral pero pone pegas a su instrumentalización con fines hegemónicos en una velada alusión a los intentos de fraguar las llamadas "alianzas basadas en valores" que obviamente no irían dirigidas a países como Vietnam sino como China: aunque ambos militen en el mismo socialismo de mercado, uno es un problema y otro no en función, claro está, de la capacidad para desafiar la hegemonía occidental. Para China, apostar por alianzas de este porte equivale a rubricar la continuidad de fórmulas que considera periclitadas, de clubs exclusivos (como el G7) cuya finalidad no es otra que garantizar poder e influencia en beneficio de los estados más ricos que no pierden comba a la hora de monopolizar el derecho a establecer las reglas que deben regir el orden internacional. Quienes a menudo se erigen a sí mismos como el alter ego de la "comunidad internacional" no pasan de representar en realidad a esos pequeños grupos.

En dicho contexto, Xi alertó en Davos contra los peligros de resucitar una nueva guerra fría. Frente a tal esquema, con su actual poder, China no se amilanará. Dar forma a una nueva bipolaridad en base a la resurrección del anticomunismo estaba en la agenda de Trump y Biden debe decidir ahora si su multilateralismo prima una gestión colectiva de los asuntos globales o si lo acomoda al objetivo de preservar la misma ansiedad hegemónica global de Trump aunque por otra vía.

Pudiéramos ejemplificar muchas manifestaciones de la vocación multilateral china que se sustenta en una capacidad económica reconocida. En el contexto de la pandemia, su compromiso con el programa COVAX de la OMS bien podría ser uno de ellos. Pero quizá el reflejo más duradero bien podría ser su proyecto de rutas de la Seda, iniciado en 2013. Ha recibido muchas críticas y con seguridad muchas de ellas son certeras y deberían ser tenidas en cuenta para perfeccionar sus enfoques, sobre todo a la vista de la escasa aun experiencia internacional de China en proyectos cooperativos. Pero también tiene una virtud esencial: pone el acento no solo en el comercio sino sobre todo en las infraestructuras. Esto hace que su potencia de irradiación sea mucho mayor.

La canciller Merkel reconoció en Davos que la pandemia puso de manifiesto hasta qué punto el mundo está interconectado y como es necesario actuar de forma multilateral; pero puntualizó que "multilateralismo no significa solo trabajar juntos sino hacerlo con transparencia". Y eso no siempre sucede con China. No es un déficit puntual, sino crónico y será difícil crear una atmosfera de confianza intergubernamental en tanto no se operen cambios sustanciales en este orden. La canciller, que como Xi defendió a la OMC y la necesidad de que las empresas europeas se involucren en el mercado chino, también recordó que las distintas percepciones sobre la dignidad de la persona limitan la cooperación.

A Beijing le interesa evitar las dinámicas de confrontación y conjurar el peligro de un regreso a la política de bloques del pasado pero pudiera verse en ello solo interés en despejar obstáculos para su progreso, a expensas de los sacrificios y renuncias de terceros. Si su mensaje no se clarifica, el riesgo de abrir camino a ligas de países democráticos que le planten cara es alto.

La agenda global es de una enorme intensidad y nadie puede creer que cualquier país por si solo puede hacerle frente de forma eficaz. También es evidente que los mecanismos heredados de las dos posguerras, tanto de la IIª Guerra Mundial como de la guerra fría, son insuficientes para abordar con holgura los desafíos actuales. El multilateralismo es indispensable y China quiere que su criterio pese en su actualización, al menos en proporción a lo que representa en el mundo presente.

Por Xulio Ríos

Director del Observatorio de la Política China.

04/02/2021

Publicado enInternacional