Cumbre y contracumbre ecológica en Marsella: la grieta llegó a la preservación de la naturaleza

Macron inauguró un congreso mundial conservacionista en Francia con Harrison Ford y Christine Legarde

Mientras un ministro misionero cosechó elogios en el congreso, líderes indígenas de todo el mundo hicieron una contracumbre.

 

Este viernes, poco antes de las 5 de la tarde de Francia, después de que entraron el actor Harrison Ford y el presidente de Francia Emmanuel Macron, un auto blindado trasladó a la ahora presidenta del Banco Central Europeo y ex titular del FMI, Christine Lagarde, al interior del Centro Chanot de Marsella, justo detrás del Velódromo, el estadio del Olympique. En ese momento el viento mistral comenzó a soplar: se desató una tormenta que alivió el calor húmedo de la segunda ciudad de Francia pero empapó a las casi mil personas que marchaban al otro lado de la ciudad hacia el viejo puerto y arruinó las pancartas de cartón que decían “No más mentira verde”.

Macron, Lagarde y Ford fueron a inaugurar el Congreso Mundial de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), donde la mayoría de los oradores son funcionarios de Estado. Mientras en Chanot discutían cómo comprar bonos de carbono, en una contracumbre celebrada en el viejo puerto reclamaban una conservación inclusiva.

La cumbre

En Marsella se esperaba que antes de ir al evento Macron anuncie medidas contra la crisis de infraestructura en las escuelas de esta ciudad: un informe del diario Le Monde revela que entre ratas, chinches, problemas de filtración de agua y aulas superpobladas al menos 174 establecimientos educativos no deberían estar habilitados. Macron salvó su día difícil en Marsella con una foto junto a Harrison Ford, quien agradeció al presidente francés por su “compromiso contra el cambio climático”. El actor de "Indiana Jones" es el vicepresidente desde 1991 de Conservation International, una ONG que colabora con grandes empresas para que donen dinero para “la preservación de la naturaleza”.

Vestida con un traje blanco Lagarde fue una de las voces que inauguró el evento relacionando ecología y economía: “no hay estabilidad económica sin estabilidad de la naturaleza”. El primer ministro Chino Li Keqiang, salió por videollamada y siguió esa línea: habló de buscar una “economía circular” y de “construir un hermoso y limpio futuro”. Macron, por su parte, defendió el proyecto “30 x 30”, promovido por el G7 e impulsado por Joe Biden, que busca conseguir que el 30 por ciento del planeta sea un área protegida para el año 2030.

La cumbre de la UICN ofrece diferentes excursiones a la costa azul a los periodistas acreditados, cobra 1300 euros la entrada y ocupa cinco pabellones del centro de exposiciones Chanot, entre salas de conferencia y stands armados por organizaciones conservacionistas pero también por gobiernos, como el Departamento de Estado de Estados Unidos o la Comisión Europea, y grandes empresas francesas de rubros muy distintos, como L'Oreal, BNP o Pernod Ricard.

En el congreso de la UICN hubo una convención mundial de pueblos indígenas, pero duró solo cuatro horas, fue completamente virtual y mezcló voces indígenas con la de funcionarios franceses, suizos, norteamericanos y noruegos. El 80 por ciento de la biodiversidad que queda en el planeta, según Naciones Unidas, está en territorio indígena. 

Pionero y misionero

El juez de la corte suprema Ricardo Lorenzetti participará este martes de un panel en el Congreso de la IUCN, sobre “los jueces y el medio ambiente”. Lo hará de manera virtual desde Argentina. El único funcionario argentino que participa en persona del Congreso es Patricio Lombardi, ministro de cambio climático de Misiones, el primero en liderar una cartera con ese nombre en la historia de América Latina. Compartió panel con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y con el Bérangère Abba, secretario de biodiversidad del gobierno francés.

En diálogo con Página/12, Lombardi aseguró que “hay que apoyarse en el saber ancestral de los pueblos indígenas, yo de acá me voy a Zurich a ver a un senador suizo que trabaja con una fundación que quiere comprar dos mil hectáreas que tiene un aserradero en Montoya, Misiones, y se las quieren dar a las comunidades guaraníes para que la conserven”. Lombardi trabajó con Jeb Bush en el Estado de Florida y también en la fun­da­ción R21 con el baterista de Soda Stereo, Charly Alberti. Se ganó la confianza del Papa Francisco después de que lo visitó y le mostró una foto satelital de Misiones, en donde se ve a la provincia argentina como una isla verde, en medio de la deforestación para plantar soja de Paraguay y del sur de Brasil. El objetivo de Lombardi es que Misiones aproveche eso para insertarse en el mercado de Carbono.

Cuando se le pregunta sobre el modelo de creación de energía que representa la represa de Yaciretá en el contexto del cambio climático, Lombardi afirma: “Yaciretá ya está, hay que producir energía, en Misiones hace 39 grados y la gente quiere prender el aire acondicionado”. El ministro misionero se lleva bien con sus pares nacionales pero dice que nadie en Argentina se está preguntando cómo hacer una gran transición ecológica.

La discusión por el cambio climático es todavía una novedad en Argentina, Lombardi dice que a veces se siente un extraterrestre entre pares: “no entienden lo que hago, digo que es necesario un carácter holístico y me miran como diciendo este es un hippie, pero no, es la que hay que hacer, sino nos vamos a quedar sin planeta, acá no hay grieta”. 

La contracumbre

Mientras tanto la ONG Survival International, de origen inglés, y referentes indígenas de los cinco continentes organizaron una contracumbre llamada "Nuestra tierra, nuestra naturaleza" para "descolonizar la conservación". Se llevó a cabo este jueves y viernes en el tercer piso del centro cultural Coco Velten, en el viejo puerto, uno de los barrios más populares de Marsella. Mordecai Ogada, el ecologista keniata autor del libro “La gran mentira de la conservación” -una de los principales oradores de la contracumbre- dijo a Página/12, refiriéndose al congreso de la UICN: “si Harrison Ford va a abrir un congreso sobre la conservación que a mí me inviten a inaugurar los premios Oscar”.

En la contracumbre las voces de líderes indígenas se intercalaron con la de antropólogos y especialistas como Ogada, quien opina que los indígenas no deberían prestarse a debatir con quienes defienden el actual paradigma de la conservación. Ogada acusa a la organización WWF, por ejemplo, de promover la creación de parques nacionales desplazando a los indígenas que viven allí, como al pueblo baka en la Cuenca del Congo. “El actual paradigma de la conservación quiere proteger la naturaleza de la gente del lugar, protegerlas de los locales, de los humanos. En Occidente ser conservacionista parece ser progresista pero en África los conservacionistas son conservadores, son el príncipe de Inglaterra, la derecha, los racistas que dan armas a los guardaparques”, dice Ogada.

Para el antropólogo de la Universidad de Rennes, Guilliame Blanc, la grieta radica en humanizar o deshumanizar la conservación, ya que en algunas áreas protegidas “reemplazaron a los cultivadores por los turistas”. La argentina Fiore Longo, de Survival International, coincidió con Blanc y afirmó que la crisis climática es en realidad una “crisis humana”. Ashish Kothari, del pueblo indígena Kalpavriksh de India, denunció que “no queda espacio para participar en la conservación”: “dejar la vida silvestre en un 30 por ciento sin cambiar el modo de vida en el 70 restante no sirve de nada”.

03/09/2021

Desde Marsella

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Sábado, 04 Septiembre 2021 05:03

Retomaron en México el diálogo por Venezuela

Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno, llega a México para retomar el diálogo.. Imagen: Twitter

Arrancó la segunda ronda de negociaciones entre el gobierno y la oposición

La liberación de presos políticos y el anuncio de la participación opositora en las elecciones regionales de noviembre generaron expectativas en las delegaciones. 

 

Gobierno y oposición venezolanos buscaban avanzar el viernes a la noche en México en un acuerdo que permita levantar las sanciones al país de parte de Estados Unidos y la Unión Europea y garantizar elecciones libres y transparentes, según las pretensiones de una y otra parte, en la continuidad del diálogo iniciado a mediados de agosto y que ya permitió la firma de un entendimiento primario. Las conversaciones se extenderán hasta el lunes, y, al igual que en los encuentros anteriores, serán a puertas cerradas y sin prensa.

La novedad de estas conversaciones es que se dan apenas días después de que casi todo el arco opositor anunciara su participación en las elecciones de gobernadores y alcaldes de noviembre próximo, bajo el reflotado sello de Mesa de la Unidad Democrática (MUD), después de dos comicios boicoteados por considerar que no existían condiciones aceptables. Con la mediación de Noruega y el país anfitrión como facilitador, las dos delegaciones tienen objetivos muy puntuales.

El Gobierno quiere que se levanten las sanciones internacionales, que le cortaron al Poder Ejecutivo las chances de financiamiento y que hacen que, por ejemplo, el país tenga oro retenido en Londres."Venimos con profundas expectativas. Hemos recibido la instrucción del presidente Nicolás Maduro de que hagamos un énfasis en devolver las garantías económicas que le han sido robadas al pueblo venezolano", dijo el jefe de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) y de la delegación chavista, Jorge Rodríguez, en declaraciones a la televisora estatal VTV. "Es muy auspicioso que, en estos momentos, hayan decidido participar en elecciones de alcaldes y gobernadores del 21 de noviembre y ojalá se mantenga esa posición. Es tranquilizador para los venezolanos que quienes promovieron la violencia, invasiones y acciones contra la tranquilidad de las personas, ahora regresen a lo que la Constitución establece como derechos para todos", comentó.

La oposición busca un cronograma electoral claro y garantías de limpieza en el proceso. El líder opositor a quien Estados Unidos y parte de la región reconocen como presidente interino, Juan Guaidó, explicó que la meta deldiálogo es lograr  “un acuerdo que solucione el conflicto a través de una elección presidencial y parlamentaria libre y justa, con garantías", según expresó en un video difundido en sus redes sociales. "Hoy no hay condiciones para un proceso electoral libre y justo en Venezuela” y por eso la presencia de sus representantes en México, “luchando para lograr esas condiciones," señaló.

 Washington, Ottawa y Bruselas se mostraron abiertos a revisar su política de sanciones si Maduro facilita "avances significativos" en el diálogo. A través de su vocero Ned Price, el Departamento de Estado estadouniense saludó en un mensaje en Twitter el inicio de las negociaciones y manifestó su deseo de que se "restaure la democracia" de manera pacífica en Venezuela. "Esperamos que este proceso siente las bases para la salida democrática que merecen los venezolanos", subrayó Price. Ese concepto debe traducirse como derechos políticos, garantías electorales, libertad de movimientos para la oposición y un cronograma para elecciones observables.

Según el diario colombiano El Tiempo, A diferencia del primer encuentro, donde las tensiones se dieron por el reconocimiento de las partes y la aceptación de algunos actores como Carlos Vecchio, representante de Guaidó en EE. UU., en esta oportunidad la confrontación podría ser más compleja por la petición de presidenciales a cambio del levantamiento de sanciones. “Sanciones levantadas o nada”, dijo Maduro el 17 de agosto.

El opositor Freddy Guevara habría sido excarcelado por el régimen de Maduro con la condición de participar en este diálogo y sustituir a Vecchio. Guevara no lo ha confirmado, pero ha mostrado disposición para participar e incluso pidió dejar a un lado la “soberbia” entre ambas partes para llegar a un “acuerdo” que permita la convivencia en el país. Con la disputa sobre la presencia de Vecchio, nexo entre Estados Unidos y Guaidó, queda en evidencia la negativa de la delegación de Maduro a que cualquier actor que participe en el Gobierno interino esté en el diálogo. Por esa razón se dio la renuncia de Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, como representante del interinato en Colombia.

El proceso de diálogo sigue a las fallidas conversaciones de Barbados, en 2019, y República Dominicana, en 2018. Esta segunda fase ocurre tras las primeras conversaciones del 13 al 15 de agosto en México, donde ambos sectores firmaron un memorando de entendimiento para definir una agenda en común.

04/09/2021

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Vista general del río Ahr inundando parte del pueblo alemán de Schuld el pasado mes de julio de 2021. — Wolfgang Rattay / REUTERS

La emergencia climática ha multiplicado por cinco el número de catástrofes producidas por este motivo en los últimos 70 años, según la Organización Mundial de Meteorología.

 

Son cada vez más habituales y virulentos. Los fenómenos meteorológicos extremos –olas de calor, incendios, inundaciones...– se multiplican como consecuencia del calentamiento global. Así lo ha dejado patente la Organización Mundial de Meteorología (OMM), adscrita a la ONU, en un informe reciente que detalla cómo la crisis climática ha quintuplicado el número de episodios catastróficos y ha incrementado siete veces más los costes económicos generados, con un impacto diario medio de 202 millones de dólares en todo el mundo.

Este mismo verano se han dejado ver las evidencias del informe con un mapa mundial plagado de incendios, inundaciones y récords de temperaturas en algunas de las regiones más gélidas del planeta. Aunque la OMM asegura que los avances en prevención e información ciudadana han conseguido reducir el número de muertes asociadas a emergencias climáticas, las pérdidas humanas siguen siendo dramáticas. El ejemplo de la ola de calor que azotó a finales de junio a Canadá y algunas regiones del noroeste de EEUU es esclarecedor: cerca de 50 grados de máximas que dejaron más de 200 muertes prematuras.

El caso de Canadá ha sido uno de los más mediáticos. En la región de la Columbia Británica –donde en el mes de junio se suelen registrar temperaturas medias que rondan los 25º C– se llegaron a batir récords durante tres días consecutivos. El 27 de junio se alcanzaron los 46,6º C y el día 28 se volvió a superar la cifra con un récord histórico de 47,9º C. Al día siguiente el termómetro se situó en los 49,6º C, un dato sin precedentes, no sólo en el país norteamericano, sino que se trata de una temperatura que nunca se había documentado en una zona tan al norte del planeta. La ola de calor, que se alargó durante algo más de una semana, desembocó en una crisis de incendios que calcinaron más de 270.000 hectáreas.

Récords climáticos: Sicilia, Córdoba y Groenlandia

La tendencia de veranos cada vez más tórridos ha dejado más registros preocupantes. En Italia, el pasado 11 de agosto se batió el récord europeo de temperaturas. En la localidad siciliana de Floridia se alcanzaron los 48,8º C y se batió la marca de los 48º C documentados en 1977 en Atenas. 

En España, también se registraron valores históricos. Fue en Montoro (Córdoba) donde los termómetros alcanzaron el pasado 15 de agosto un máximo histórico de 47,4º C, lo que superaba la cifra más alta registrada hasta entonces: 47,3ºC en 2017 también en la provincia andaluza, según la información dada por la Agencia Española de Meteorología (Aemet).

A comienzos del mes de agosto, Groenlandia fue víctima del calentamiento global al recogerse en la estación meteorológica de Ittoqqortoormiit 24 C. Las elevadas temperaturas para esta región dejaron momentos poco habituales: por primera vez en 70 años llovía en el pico más alto de la gran isla helada. "Esa no es una señal saludable para una capa de hielo", advertían desde el Observatorio Terrestre Lamont-Doherty de la Universidad de Columbia en declaraciones a la agencia Reuters. Las precipitaciones en esta zona son prácticamente improbables ya que la mayor parte del tiempo se registran temperaturas por debajo de los cero grados. Para los expertos, este hecho supone una evidencia más de la emergencia climática. 

Verano de fuego

El fuego arrasó 160.000 hectáreas en Turquía en tan sólo 12 días. Según los registros del Servicio Europeo de Información de Incendios Forestales, el área que se había reducido a cenizas multiplicaba por cuatro los registros habituales en temporadas de incendios. Cerca de allí, las llamas devoraron la isla griega de Eubea con más de quinientos focos activos que afectaron a más de 50.000 hectáreas, según los datos oficiales de la Unión Europea.

Los incendios en la región siberiana de Yakutia se están convirtiendo en algo cada vez más habitual. Este verano el número de focos activos afectó a más de 19 regiones rusas y el área afectada fue de más de 1,5 millones de hectáreas. La falta de recursos para sofocar el fuego y las temperaturas cada vez más altas hacen que año tras año se den este tipo de alertas que, no sólo arrasan pastos, sino que contribuyen al deshielo del permafrost y aceleran aún más el calentamiento del planeta

En España, el verano también ha estado marcado por las llamas y el humo. Ha sido Ávila la región que más daños ha registrado, con un foco que se inició en el pueblo de Navalacruz y que se fue extendiendo por toda la sierra de Gredos, afectando a más de 22.000 hectáreas. El incendio, el mayor que se ha registrado en el país durante el periodo estival, coincidió con una ola de calor que dejó prácticamente a toda la península ibérica con temperaturas extremas.

Los vínculos de los incendios con la crisis climática son cada vez más evidentes. Si bien, el número de focos se ha reducido drásticamente en los últimos años –un 34% en España–, los superincendios –aquellos que afectan a más de 500 hectáreas– han crecido hasta un 12% en lo que va de década, según los datos del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). De hecho, este mismo año, tras la ola de calor que azotó Norteamérica, se desencadenó en Oregón (EEUU) uno de los mayores incendios de 2021 que, según el Departamento Forestal del Estado, cargaba tanta energía y tanto calor extremo que había generado su propio clima. "Normalmente, la situación meteorológica predice lo que hará el fuego. En este caso, es el fuego el que está prediciendo lo hará el clima", decía a los medios Marcus Kauffman, portavoz de los bomberos forestales.

Inundaciones y lluvias torrenciales

En mitad del calor llegó la lluvia. La emergencia climática ha evidenciado también sus consecuencias más devastadoras a través de fenómenos pluviales que han desembocado en graves inundaciones en Centroeuropa durante la tercera semana de julio. Según las autoridades belgas y alemanas –los dos países afectados–, las riadas dejaron cerca de 200 muertos. Si bien las fuertes lluvias –vinculadas a los efectos de la crisis climática– fueron determinantes en la evolución de esta catástrofe, el desarrollo urbano fue crucial y magnificó aún más las pérdidas humanas y materiales, pues la mayor parte de los daños se concentraron en balsas de inundación de ríos donde se habían construido viviendas que fueron arrasadas por las crecidas.

Algo similar ha ocurrido en la primera semana de septiembre en España. Los efectos de la DANA, cada vez más habitual en el noveno mes del año, han dejado numerosos pueblos de Castilla-La Mancha, Murcia y Catalunya cubiertos por el agua. Los destrozos, sin embargo, han estado condicionados un año más por el modelo urbano español y las construcciones en cauces de ríos y arroyos. Según datos del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos, al menos 2,7 millones habitantes viven en zonas inundables en todo el Estado español.

"La crisis climática ya está aquí". Así reaccionaba Joe Biden este jueves después de que el huracán Ida llegase a la costa este de EEUU y dejase decenas de muertos y desaparecidos en Nueva York y Nueva Jersey. El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense ha informado de que nunca antes se habían vivido unas inundaciones similares en esta zona del país, ni siquiera en 2012, cuando el huracán Sandy azotó la ciudad neoyorkina. Según Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), los huracanes se están volviendo cada vez más virulentos debido a que parte de su energía está condicionada por la temperatura de los océanos, los cuales se están calentando como consecuencia de la crisis climática.

03/09/2021 21:38 Actualizado: 03/09/2021 22:12

Alejandro Tena@AlxTena

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Una reivindicación de nuestras raíces

En el Perú estamos atravesando una suerte de "nudo histórico" en el que se encuentran el inicio de un gobierno de cambio, una crisis múltiple (política, social, económica y climática), y la conmemoración del bicentenario de una República que aún no nos incluye a todos. Por eso, no es casualidad que en este último proceso electoral hayan hablado de manera tan explícita sectores que durante siglos fueron silenciados y han clamado por un cambio que no implica solo mayor redistribución o mejores servicios, sino sobre todo reconocimiento y participación.

Se abre entonces un periodo de cambios no solo institucionales sino también culturales. Y la élite que estaba acostumbrada a turnarse en el poder se resiste a dejar atrás la lógica colonial, clasista y racista según la cual decidían por sus súbditos, esos que ahora los miran a los ojos de frente, los desafían y hablan en lenguas que no entienden. Y les incomoda, como les incomoda que haya campesinos, Maitas y Quispes en los ministerios o un profesor rural en el Palacio de Gobierno.

Hablar en quechua o aimara o en alguna lengua amazónica en los espacios de poder es reivindicar nuestras raíces, nuestra historia, reivindicar a nuestros padres o abuelos que fueron duramente discriminados y violentados por vestir como vestían, por hablar en sus lenguas, es reconciliarnos con nuestro pasado, con nosotros mismos, con una parte de nosotros que muchas veces hemos tenido que negar, esconder o de la que nos hemos avergonzado en silencio. Es abrirnos al encuentro y el diálogo con la diversidad de nuestro país, ya no desde jerarquías absurdas sino desde un piso parejo, mirándonos los unos a los otros a los ojos, sin agachar más la cabeza. Es empezar a construir un Perú que nos reconozca y abrace a todas y a todos.

Por Verónika Mendoza

Excandidata presidencial de Perú y política quechuahablante

29/08/2021  

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 Una marine de Estados Unidos revisa a una mujer afgana en el centro de control de evacuación del aeropuerto internacional Hamid Karzai en Kabul, Afganistán.Foto Ap

En Afganistán, antes y después de la toma de Kabul, se muere más por los atentados que por la pandemia del Covid-19 –en forma insólita, es de los países menos golpeados, con sólo 7 mil 101 muertes (¡mega sic!) y 153 mil casos, en un país de 38 millones de habitantes, cuya mitad de la población es menor de 14 años: quizá ése haya sido uno de sus factores protectores (https://bit.ly/3zr4MMB).

El abominable atentado a la entrada del aeropuerto de Kabul, controlado por el ejército de Estados Unidos, cobró 175 decesos afganos y 13 muertos estadunidenses que han puesto contra la pared a Biden, y que fue adjudicado por ISIS-Khorasan, grupúsculo que proviene de una genealogía yihadista de hace 40 años y de la metamorfosis caleidoscópica de los muyahidines y su engendro de Al-Qaeda.

El brasileño Pepe Escobar (PE) diseca estupendamente la anatomía de ISIS-Khorasan, que "tiene como objetivo demostrar a los afganos y al mundo foráneo que los talibanes no pueden garantizar la seguridad a la capital" (https://bit.ly/3yofMcb).

Más allá del caleidoscopio transgeneracional del "Islam político" y sus pletóricos titiriteros geopolíticos, el líder del Hezbolá chiíta libanés Hassan Nasrala, de estrechos vínculos con la teocracia persa, dos días antes de la conmemoración del Ashura –que rememora el martirologio del Imam Hussein, nieto del profeta Mahoma– comentó que "Afganistán es la peor debacle en la historia de Estados Unidos" cuando "Biden anhela una guerra civil" (https://bit.ly/3BiWJ4Y). Nasrala fulmina que Estados Unidos entregó Afganistán en una "charola de plata" a los talibanes.

Según PE, Amaq Media –agencia oficial de ISIS (https://bit.ly/2WsjioG)– fustigó a los talibanes de estar "asociados" (sic) con el ejército de Estados Unidos para la evacuación de sus "espías".

Según un reporte de Naciones Unidas, apuntado por PE, ISIS-K tendría un máximo de 2 mil 200 combatientes "yihadistas" atomizados en pequeñas células y cuya mayoría absoluta no está constituida por afganos, sino que provienen del "yihadismo global" –a mi juicio, manejado tras bambalinas por fuerzas oscuras del globalismo neoliberal imperialista– y a lo que hace alusión en su portada The Economist (https://econ.st/3zmgiJ0), lo cual presagia mayor terrorismo multiforme, policéntrico, desestabilizador y sembrador de caos en Asia Central y, en especial, en los 91 km de frontera de Afganistán con China y en sus 921 km con Irán, no se diga en sus tres fronteras norteñas con Tayikistán (mil 357 km), Uzbekistán (144 km) y Turkmenistán (804 km).

Por cierto, The Economist desplegó a su ejército de plañideras profesionales: desde Kissinger, pasando por Fukuyama, hasta Niall Ferguson para lamentarse del desastre anglosajón en Afganistán.

PE informa que "Moscú y Teherán han imputado sin tapujos al eje Estados Unidos-Gran Bretaña de ser los principales facilitadores (¡mega sic!) del traslado de los yihadistas globalistas desde Idlib (Nota: norte de Siria, frontera con Turquía) hasta la región oriental de Afganistán".

El analista francés Thierry Meyssan, de Réseau Voltaire (https://bit.ly/3mIrCeT), juzga que "el caos continuará durante bastante tiempo en Afganistán", donde "Estados Unidos se comportará como chantajista" (sic).

Alastair Crooke, anterior diplomático británico y asesor del español Javier Solana en la cancillería de la Unión Europea, comenta que el "Apocalipsis (sic) estratégico" en Afganistán constituye un "giro sísmico (sic) que tomará años en desarrollarse", cuando "China se encuentra más que determinada a configurar la región", y que "fue conseguido sin ninguna batalla y en unos cuantos días", lo cual es "casi sin precedente" (https://bit.ly/3ypoXsZ).

El temerario atentado terrorista de ISIS-K ocurrió un día después de la llamada telefónica del zar Vlady Putin y el mandarín Xi Jinping con el fin de movilizar las capacidades del "grupo de Shanghái" (SCO, por sus siglas en inglés) que celebrará su cumbre el 16 y 17 de septiembre en Dushanbe (Turkmenistán) y a la que fue integrada Irán cuatro días antes de la caída de Kabul (https://bit.ly/3jnzS1R).

Se va la OTAN de Afganistán y el Grupo de Shanghái ocupa(rá) su lugar.

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Protestas, descontento y democracia en América Latina

Las protestas y estallidos sociales vienen marcando la coyuntura política latinoamericana. Luego de un paréntesis al comienzo de la pandemia de covid-19, han reemergido con fuerza en varios países de la región. Las movilizaciones no tienen, sin embargo, una direccionalidad única, ni un solo punto de llegada. Y vuelven a poner de relieve las tensiones entre desigualdades y democracia.

2019 será recordado como el año del estallido social en América Latina. En su último trimestre, emergieron protestas en Ecuador, Chile, Bolivia y Colombia. El miedo al contagio de covid-19 pareció sofocarlas cuando la pandemia llegó a la región en 2020. Sin embargo, en Bolivia y en Colombia, el descontento pudo más que el miedo y la gente salió a las calles aun con pandemia1. En Perú y Paraguay, que habían vivido crisis institucionales en 2019, las protestas estallaron a fines de 2020 y principios de 2021, respectivamente. ¿Qué significan las manifestaciones de la ciudadanía en medio de una crisis sanitaria y económica? ¿Y qué nos dice su ausencia? En este artículo, intentaré esbozar algunas ideas sobre el significado del malestar social, así como potenciales escenarios para los sistemas políticos de la región, que reflejan diferentes modos de canalizar ese malestar y nos hablan de las promesas incumplidas de la transición democrática. 

Las transiciones democráticas de los años 80 ocurrieron en el contexto de una profunda crisis económica: la crisis de la deuda externa, que provocó una recesión tan grande que dio en llamarse a esos años la «década perdida» de América Latina. La interpretación de esta crisis como indicador de la inoperancia de los gobiernos autoritarios empujó la democratización de la región. Durante las transiciones, los politólogos se dividían entre dos temores. Había quienes pensaban que las jóvenes democracias no sobrevivirían a la pobreza y desigualdad que heredaban porque sus crisis fiscales no les dejarían atender las demandas de las mayorías excluidas que ganaban entonces el derecho a expresarse políticamente. Y por otro lado, estaban quienes temían que las elites que habían apoyado los golpes de sus aliados militares interrumpieran el proceso si no se contenían las demandas de esas mayorías excluidas2.

El despertar democrático no trajo redistribución para las mayorías que ganaron derechos políticos, sino procesos de ajuste económico y una ola de reformas de mercado que parecían inevitables cuando la caída del Muro de Berlín anunciaba el fin de la utopía comunista. Las elites económicas perdieron el miedo a la democracia, y si bien los militares se resistieron a los intentos de juzgar sus crímenes contra los derechos humanos, se mantuvo la paz social, ya fuera por miedo a la represión pasada o por el desgaste que implicaba la supervivencia económica, con el aumento de la pobreza y la informalidad que trajeron los años 90. Cuando las elites políticas parecían acordar en lo que se llamó el Consenso de Washington (reformas que incluían privatizaciones, desregulación y liberalización comercial), la resistencia de las clases populares empobrecidas comenzó a surgir y se agudizó con la crisis económica que caracterizó el último lustro del siglo xx. Si bien el descontento desbordó las calles, como durante el Caracazo en Venezuela o las llamadas «guerras» del gas y del agua en Bolivia, se expresó mayormente utilizando los canales políticos abiertos por la democracia; es decir, con el abandono de los partidos que promovían políticas de mercado y la búsqueda de otras alternativas. Esta estrategia democrática generó un aumento en la volatilidad electoral en busca de nuevas opciones y abrió paso a liderazgos que reconfiguraron totalmente los sistemas de partidos en Venezuela, Ecuador y Bolivia y, parcialmente, en Argentina y en Uruguay3. En otros casos, existía un partido que proveía una alternativa a la fuerza de gobierno, como en Brasil, pero allí no se produce una reconfiguración del sistema de partidos y el Partido de los Trabajadores (pt) no logra nunca mayorías legislativas, por lo que depende de gobiernos de coalición4. En todos estos casos, las novedades políticas polarizan los sistemas de partidos (incluso en Brasil, con el clivaje petismo/antipetismo). 

Con el nuevo milenio, llegaron los altos precios de las materias primas empujados por la demanda asiática que cambiaba la geopolítica mundial. Para Sudamérica, tan dependiente en recursos naturales, el maná caía del cielo. Además del aumento de la riqueza y su traslado a los mercados de trabajo, los recursos fiscales permitieron políticas redistributivas que facilitaron la reducción de la pobreza y la desigualdad, la expansión de la educación y la emergencia de una nueva clase media que aspiraba a la movilidad social, aunque era todavía muy vulnerable a cualquier shock negativo por su falta de ahorros y dependía de un Estado que garantizara servicios públicos y sociales de calidad5. La democracia, sin embargo, parecía por primera vez cumplir con la promesa de redistribución que los politólogos de la transición democrática habían imaginado como consecuencia lógica del cambio de régimen, pero sin el retorno a los golpes militares que los atemorizaba en los años 80. Mientras las clases populares aumentaban sus expectativas sociales y buscaban que la política las resolviera, las elites se centraban en la emergente tensión entre democracia y república. Todos parecían ignorar, sin embargo, las limitaciones de las mismas promesas que parecían cumplirse, con una educación que se expandía a un ritmo mayor que su calidad y un modelo de desarrollo que recaía en proyectos extractivistas que proveían recursos fiscales sin resolver la demanda de empleo ni tomar en serio los costos medioambientales, mayormente pagados por grupos vulnerables tanto rurales como urbanos. Pese a las mejoras en los mercados laborales, estos continuaron siendo altamente excluyentes y segmentados por la informalidad, mientras que reforzaban desigualdades sociales que se superponían a otras diferencias étnicas, de raza y de género. 

Con el fin del boom de las materias primas en 2014, comienza un proceso de reversión de las mejoras sociales respecto a la desigualdad y la pobreza. Las promesas de movilidad social a través de la educación, anhelo de la nueva clase media, se vuelven cada vez más difíciles de cumplir6. Más aún, esa nueva clase media comienza a percibir su vulnerabilidad frente a los shocks y la ausencia o deficiencia de los servicios públicos, en sociedades donde sus oportunidades laborales están marcadas por distancias sociales impuestas por origen, geografía, etnicidad, raza, informalidad y género. Al deterioro económico se le suma la inseguridad ciudadana, que pareciera agudizarse por la incapacidad e incluso la complicidad estatal con el crimen organizado, y a la desaceleración de las mejoras sociales se le agregan los escándalos de corrupción que llevaron a presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios al procesamiento judicial. Llegamos entonces a 2019 con «vacas flacas» y un Estado que no puede compensar las debilidades del mercado. En lugar de poder reactivar a través del gasto, el sector público camina la senda del ajuste fiscal. Estos ajustes económicos encienden la mecha de la protesta en Ecuador, Chile y Colombia. En Bolivia, se trató de una crisis de legitimidad política7. Perú y Paraguay también vivieron crisis institucionales en 2019 (pero estas no se expresarían en protestas hasta ya entrada la crisis sanitaria provocada por la pandemia). El deterioro económico y el consiguiente malestar que provocaba no siempre se expresaron en las calles, sino que a veces resultaron en votos que castigaban al partido de gobierno, como sucedió en las elecciones presidenciales de 2019, que obligaron al recambio en Argentina (donde perdió la derecha) y en Uruguay (donde perdió la izquierda).

En 2020, llegó la pandemia. Las cuarentenas y el miedo acallaron las protestas, aunque sus causales solo empeoraron. La región no solo sufrió el impacto de la enfermedad que hizo epicentro en ella durante mucho tiempo, sino que además entró en recesión. En 2020 la economía latinoamericana cayó 7,7% según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)8. Esa caída tuvo un impacto desigual entre quienes podían trabajar remotamente y un gran sector de trabajadores informales que se quedaron de un día para el otro sin posibilidad de ganar el sustento. La región también fue la que más días de educación perdidos acumuló, lo que siguió profundizando la desigualdad entre quienes tienen acceso a tecnologías para educación remota y quienes no. La pobreza y el desempleo aumentaron, la corrupción se inmiscuyó en el manejo de la pandemia y, en muchos casos, las elites políticas siguieron mostrando falta de empatía con una población cada vez más angustiada. 

Hasta que el malestar explotó, y entonces los jóvenes encabezaron las protestas pese a la represión y la pandemia. Si bien en Bolivia las protestas habían continuado intermitentemente hasta que se convocó a la nueva elección presidencial, en Perú tomaron la forma de un estallido. El motivo fue que el Congreso (con poca legitimidad) declaró la vacancia del popular presidente interino Martín Vizcarra (recordemos que el presidente Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, había renunciado en 2018 para evitar una jugada similar). El enojo de la ciudadanía se manifestó en las calles y obligó a renunciar al presidente designado por el Congreso. Le siguieron las protestas de Paraguay en marzo de 2021 y la explosión de mayo en Colombia, donde la mecha fue encendida por una reforma impositiva y, pese a una brutal represión con muertos y desaparecidos, las protestas continúan un mes más tarde. La movilización refleja un descontento que nos remonta a los miedos de los «transitólogos» sobre la coexistencia de la democracia con una enorme desigualdad y pobreza. Y en este punto hay que pensar no solamente en los altos niveles de desigualdad, sino también en su trayectoria, que había parecido descendente hasta mediados de la década pasada. La politización de la desigualdad llega en un momento en que esa trayectoria se detiene y esto hace trizas las esperanzas de movilidad social, o al menos de mejora en el bienestar que había generado. Las nuevas generaciones ya no quieren volver a naturalizar la desigualdad y expresan su descontento políticamente (aunque también de otros modos que van más allá de este ensayo). En ese contexto de descontento social, podemos pensar en al menos tres escenarios políticos posibles para entender esquemáticamente las trayectorias de los países (aun reconociendo sus múltiples especificidades). 

El primer escenario es el de fragmentación o desestructuración política, donde el descontento popular con las elites políticas se expresa en las calles y electoralmente no encuentra un punto focal. Este escenario aparece en sistemas políticos con elites económicas poderosas, donde la estabilidad macroeconómica se mantuvo y los procesos de redistribución material y simbólica habilitados por el boom de las materias primas fueron sostenidos, pero no dramáticos. Chile es el caso paradigmático. El «octubre chileno» que estalló en 2019 movilizó a 20% de la población a las calles y forzó la celebración de un plebiscito para decidir sobre la necesidad de redactar una nueva Constitución. Los resultados electorales de la consulta de octubre de 2020 confirmaron el enojo de la ciudadanía, con un apoyo de 80% a la convocatoria de una Convención Constitucional (pese al muchísimo mayor apoyo financiero a la opción del rechazo). La elección de constituyentes, en mayo de 2021, volvió a señalar el descontento de la ciudadanía con los partidos tradicionales, ya que un tercio de los escaños quedó en manos de candidatos independientes. En Perú, jóvenes descontentos frente a una pelea palaciega que ignoraba la crisis sanitaria y económica del país salieron a las calles desafiando la pandemia en noviembre de 2020. El fastidio de la ciudadanía con esos políticos ajenos a su sufrimiento quedó plasmado en una elección presidencial en la que la fragmentación electoral fue tal, que el 18% que obtuvieron los votos blancos y nulos casi emparejó al candidato más votado, mientras que la segunda candidatura recibió 13% de apoyo electoral. En la segunda vuelta entre esos dos candidatos, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, y con una campaña que polarizó a la opinión pública agitando el espectro del comunismo si ganaba el primero, el voto se dividió por clase social y geografía. Castillo ganó por menos de un punto porcentual9. En Colombia, también la ciudadanía se expresó en las calles retomando las protestas de 2019, pese a una represión brutal heredera de años de conflicto armado que había contenido durante mucho tiempo la movilización. Sin embargo, todavía es temprano para definir las consecuencias electorales de esa movilización. 

En Chile, Perú y Colombia, los jóvenes lideraron las protestas en el marco de una menor densidad organizativa de la sociedad civil y, por ende, la falta de representantes claros con capacidad para negociar salidas de la crisis. En estos casos no hay un liderazgo definido de las protestas, pero los jóvenes comparten su frustración frente a una educación superior cuyo costo no se condice necesariamente con su calidad, o con la provisión de habilidades que permitan un empleo digno y la movilidad social prometida por la expansión educativa. En los tres países, las anteriores protestas habían sido localizadas geográfica o temáticamente y no habían encontrado respuesta en el sistema político (incluso a veces la represión fue la única respuesta). Esta nueva ola de protestas, cuyas consecuencias todavía no terminan de vislumbrarse, se expandió a través del territorio y sorprendió a las elites políticas y económicas, que hasta entonces se habían sentido seguras. 

El segundo escenario es de continuidad de la polarización. En estos casos, los sistemas políticos ya sufrieron una crisis de representación de los partidos tradicionales en respuesta a las reformas de mercado de los años 90. Esas crisis permitieron la emergencia de nuevos liderazgos que prometían renovación y ocupaban el espacio de oposición a esas políticas, especialmente tras la recesión del último lustro del siglo xx. Los gobiernos de izquierda que llegaron con el recambio pudieron aprovechar el boom de las materias primas para beneficiarse del consiguiente crecimiento económico y redistribuir recursos más significativamente con el fin de compensar los efectos de las políticas anteriores en la estructura social. A los recursos fiscales del boom, estos nuevos liderazgos sumaron la explícita representación de los sectores populares formales e informales incluyendo diferentes grados de confrontación con las elites económicas. En los casos más personalistas, la concentración de poder generó tensiones importantes con la democracia, lo que dio paso a procesos de backsliding o erosiones incrementales que deterioraban el régimen democrático de un modo que no había sido previsto por los «transitólogos», como ocurrió en el caso de Venezuela10

Bolivia, Argentina y Ecuador representan el escenario de democracias con continuidad de la polarización (tal vez también Uruguay, aunque sin liderazgos personalistas). La polarización surgida de la anterior crisis de representación todavía organiza sus sistemas políticos, aunque está empezando a desarticularse en el caso ecuatoriano, donde el movimiento indígena y los jóvenes desconfían del correísmo y las protestas también estallaron en 2019 lideradas por el movimiento indígena. En estos países, los sectores populares están más organizados y las protestas se sostienen al ritmo de los ajustes, pero con liderazgos sociales que permiten la negociación y establecen límites a la política pública. El movimiento indígena en Ecuador y el piquetero11 en Argentina son ejemplos de esa capacidad, que permitió negociar el fin de las protestas sociales de 2019 en Ecuador y evitar su ocurrencia en Argentina ese mismo año (las protestas limitadas que se registraron durante la pandemia han representado hasta ahora a sectores de centroderecha de oposición al gobierno de Alberto Fernández). Incluso en Bolivia, donde la ruptura institucional emergió después de la movilización polarizada de sectores juveniles urbanos de clase media, las protestas organizadas por movimientos sociales asociados al Movimiento al Socialismo (mas) fueron claves para el retorno del calendario electoral incluso durante la pandemia. En este escenario, la organización de los sectores populares y la polarización social y política son todavía claves para comprender la protesta, aunque las consecuencias de la pandemia pueden modificar los patrones de polarización en el futuro. 

El tercer escenario de liderazgos reestructuradores del sistema político refleja también un descontento ciudadano con los partidos políticos tradicionales similar al del primer escenario. Sin embargo, en lugar de volcarse a las calles, este descontento encuentra un punto focal alrededor de un liderazgo electoral que se presenta como renovador y busca reestructurar el sistema político. El Salvador y México son casos emblemáticos. En ambos países, las transiciones tardías se combinaron con la gran dependencia de la economía estadounidense, expresada en la integración comercial, la migración y las remesas. Esa misma dependencia de Estados Unidos proveyó mecanismos de protección a las elites económicas que limitaron el alcance de los procesos de redistribución en los años 2000 y redujeron la volatilidad económica provocada por los ciclos de precios de materias primas presente en los otros dos escenarios12

En El Salvador y en México, los partidos políticos tradicionales no solo se mostraron incapaces de responder a las demandas de seguridad personal de la ciudadanía y a la necesidad de un modelo económico inclusivo, sino que también fueron salpicados por escándalos de corrupción. En ambos países, el descontento popular encontró un líder que los acusaba de «ser lo mismo» y prometía un mundo mejor, tal como había ocurrido en los países que entraron en crisis de representación a fin del siglo pasado, tras las reformas de mercado. 

El Partido Revolucionario Institucional (pri), el Partido Acción Nacional (pan) y el Partido de la Revolución Democrática (prd), que habían pactado la transición mexicana, fueron perdiendo capacidad para diferenciarse. Durante la presidencia del priísta Enrique Peña Nieto, el Pacto por México, firmado en 2012, acentuó el acercamiento entre estos tres partidos, que acordaron reformas políticas en busca de un crecimiento económico que venía eludiendo a México. Sin embargo, ni la economía mejoró, ni la violencia y la complicidad estatal (cuya visibilidad se incrementó con el caso de los estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa en 2014) disminuyeron. En la elección de 2018, el pan y el prd, nacidos a ambos lados del espectro ideológico del pri, respaldaron incluso al mismo candidato presidencial. Este acercamiento y su pobre desempeño aumentaron la credibilidad de la denuncia de Andrés Manuel López Obrador y le permitieron construir una identidad renovadora pese a su pasado priísta y perredista. Los escándalos de corrupción que salpicaban a los partidos solo hicieron más atractiva su oferta electoral y le permitieron alcanzar 53% de los votos en las elecciones presidenciales y controlar una mayoría en el Congreso. En las elecciones legislativas de junio de 2021, su coalición logró mantener la mayoría en el Congreso, aunque no obtuvo la supermayoría que buscaba para aprobar cambios constitucionales13. Sin embargo, las elecciones de gobernador muestran su expansión territorial, pese a haber tenido un revés significativo en su bastión de Ciudad de México.

En El Salvador, Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (fmln) habían firmado los acuerdos de paz que llevaron a la transición democrática y se alternaron en el gobierno sin poder resolver la creciente violencia contra la que terminaron usando similares políticas represivas. También ahí los escándalos de corrupción involucraron a presidentes de ambos partidos y señalaron la falta de conexión entre la política y las calles. Como en México, esta desconexión no resultó en una gran movilización popular, sino que se canalizó en el apoyo a la candidatura de Nayib Bukele, quien denunciaba a los dos partidos tradicionales (a pesar de haber empezado su carrera política en el fmln). Bukele logró un enorme apoyo popular y recibió 53% de los votos en la elección presidencial de 2019, sustentado en gran parte por el electorado más joven –elegido con 37 años, es el presidente más joven de la región–. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, su liderazgo se confirmó en el apoyo a su nuevo partido, lo que empujó a los partidos tradicionales hacia la irrelevancia electoral y le permitió a Bukele el control del Congreso14

Los liderazgos de López Obrador y Bukele se parecen por su apoyo entre los más jóvenes y los más educados y por sus estrategias de concentración de poder personal a partir de su gran popularidad15. Ambos prometen cambiar sus sistemas políticos y se caracterizan por liderazgos personalistas. Si bien su concentración de poder puede amenazar los contrapesos de una democracia representativa, es también más fácil para los poderes económicos negociar cuando hay líderes que cuando se enfrenta el enojo generalizado que caracteriza a Chile, Perú y Colombia. Pese a que estos casos de liderazgo polarizador se parecen al segundo escenario, el contexto económico es diferente. Si bien los precios de las materias primas están subiendo nuevamente, esto no alcanza para cubrir las necesidades fiscales de la región en el marco de la pandemia, y es más difícil construir una coalición duradera sin tener recursos para distribuir, dados los altos niveles de pobreza e informalidad en la región. 

La pandemia abre un nuevo escenario de incertidumbre, que se suma a la multiplicidad de identidades políticas en una región donde al feminismo y las organizaciones lgbti+, a los movimientos indígenas y afrodescendientes y a la multiplicidad de organizaciones locales que resisten desastres ecológicos se les suman las nuevas iglesias evangélicas y movimientos conservadores locales que hacen incierta la lógica de la movilización democrática. La movilización empuja cambios políticos, pero no necesariamente conocemos su destino, ya que responde a ciclos de protesta y a la heterogeneidad de los actores que la empujan. 

La incertidumbre en la dirección de la protesta social es ilustrada por las movilizaciones de Brasil en 2013. Un grupo de jóvenes estudiantes inició la protesta en respuesta a un aumento en las tarifas de transporte. La represión policial contribuyó a expandir las movilizaciones, que ampliaron sus demandas al acceso y la calidad de los servicios públicos frente al gasto en estadios para el Mundial de Fútbol y las Olimpíadas, que Brasil buscaba utilizar para venderse al mundo. Aunque la presidenta Dilma Rousseff respondió a las demandas, su popularidad resultó afectada y su reelección en 2014 fue ajustada. La movilización, sin embargo, se expandió hacia grupos conservadores que saldrían posteriormente a las calles para pedir el juicio político de Rousseff, en un contexto de deterioro económico y alto impacto público de la corrupción (gracias a la operación Lava Jato). Esta movilización facilitó la defección de sus aliados de la coalición de gobierno, frente a lo cual el minoritario pt no pudo evitar el impeachment a la presidenta. En ese vacío se montó la candidatura de Jair Bolsonaro, quien prometió la renovación política, aunque a diferencia de México y El Salvador, llegó al poder gracias a alianzas con partidos tradicionales, en el contexto fragmentado de la política brasileña. La marea puede volver a cambiar, dados el gran descontento con Bolsonaro y la liberación del ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva; este último lidera, en este momento, las encuestas para la elección presidencial de 202216. Es decir, la movilización y el descontento popular no tienen una direccionalidad única, ni un único punto de llegada. 

La difícil convivencia entre democracia y desigualdad, agudizada por la reciente explosión de descontento en un contexto de crisis económica y sanitaria, resultó en los tres escenarios descriptos. Estos escenarios definen equilibrios inestables. Es verdad que la ciudadanía con demandas insatisfechas busca una democracia que la escuche, le preste atención y la siente a la mesa donde se toman las decisiones. Esa demanda de legitimidad democrática es más importante que los límites a la política pública que sugerían los «transitólogos» con miedo al retorno militar. Sin embargo, aunque esa legitimidad es necesaria para sostener la democracia, no es suficiente si no se asocia a una esperanza de mayor bienestar futuro, y este puede ser definido de muchas maneras dada la heterogeneidad de las demandas organizadas por el descontento. La democracia latinoamericana superó la transición, pero su consolidación requiere una combinación de inclusión y capacidad de respuesta que, esperemos, resulte de los procesos de movilización que está viviendo la región en este momento.

Nota: la autora agradece los comentarios de Ernesto Cabrera y la conversación en la sesión de «LASA 2021: Democracia y protesta social», con Aníbal Perez-Liñán, Rossana Castiglioni, Martín Tanaka y Felipe Burbano, 28/5/2021.

  • 1.

En el caso boliviano, las protestas de 2019 y 2020 fueron de diferente signo político: contra el gobierno de Evo Morales primero, y luego contra el de Jeanine Áñez por parte de fuerzas cercanas al ex-presidente exiliado en Argentina.

  • 2.

En la ciencia política estadounidense, Stephan Haggard y Robert Kaufman: The Political Economy of Democratic Transitions (Princeton UP, Princeton, 1995) es un ejemplo del primer grupo, mientras que Guillermo O’Donnell y Philippe Schmitter: Transitions from Authoritarian Rule. Tentative Conclusions About Uncertain Democracies (Johns Hopkins UP, Baltimore, 1986) es un ejemplo del segundo.

  • 3.

En Argentina, se fragmentaron el peronismo y su oposición, que perdió al radicalismo como punto focal, lo que dio lugar a la emergencia de nuevos partidos; en Uruguay, la llegada del Frente Amplio (FA) acabó con el bipartidismo de blancos y colorados. Tanto la facción kirchnerista del peronismo como el FA generarían nuevos ejes de polarización electoral.

  • 4.

Kenneth M. Roberts: Changing Course in Latin America: Party Systems in the Neoliberal Era, Cambridge UP, Cambridge, 2014; David J. Samuels y César Zucco: Partisans, Anti-Partisans, and Non-Partisans: Voting Behavior in Brazil, Cambridge UP, Cambridge, 2018.

  • 5.

M.V. Murillo, Virginia Oliveros y Milan Vaishnav: «Voting for the Left or Governing on the Left?» en S. Levitsky y K. Roberts (eds.): Latin American Left Turn, Johns Hopkins UP, Baltimore, 2011; Nora Lustig: «Desigualdad y política social en América Latina» en Corporación Andina de Fomento (CAF): El desafío del desarrollo in América Latina. Políticas para una región más productiva, integrada e inclusiva, CAF, Caracas, 2020.

  • 6.
  1. Lustig: ob. cit.
  • 7.

Las protestas en Bolivia se relacionan con la desconfianza frente al proceso electoral, porque el presidente Evo Morales ignoró la prohibición de ser reelecto pese a haber convocado y perdido un plebiscito al respecto. Las movilizaciones poselectorales, en conjunto con un motín policial, llevaron a que el ejército «sugiriera» la renuncia presidencial y a que se iniciara un proceso de sucesión no institucional. Nuevas protestas desafiaron la represión militar para pedir una normalización electoral y volvieron a hacerlo en pandemia, hasta la realización de una nueva elección presidencial en la que Morales no fue candidato, pero la fórmula de su partido, encabezada por el ex-ministro Luis Arce Catacora, obtuvo 55% de los votos.

  • 8.

Panorama social de América Latina 2020, Naciones Unidas, Santiago de Chile, 2021.

  • 9.

Los votantes de menor ingreso y del interior apoyaron a Castillo, y los de mayor ingreso y de la región limeña, a Fujimori. La gobernabilidad será difícil porque Castillo solo cuenta con 28% de los escaños en el Congreso.

  • 10.

Nancy Bermeo: «On Democratic Backsliding» en Journal of Democracy vol. 27 No 1, 1/2016.

  • 11.

El movimiento piquetero nació a mediados de la década de 1990 para organizar a los desempleados y trabajadores informales, y llevó adelante cortes de rutas, ollas populares e incluso el reparto de asignaciones monetarias con diversos tipos de contraprestaciones en trabajo comunitario.

  • 12.

Daniela Campello y C. Zucco: The Volatility Curse, Cambridge UP, Cambridge, 2020; N. Lustig: ob. cit.

  • 13.

Esta caída es, sin embargo, menor que la sufrida en anteriores elecciones de medio término por el partido de gobierno y ocurre en un contexto de crisis sanitaria y sin mejora en los indicadores económicos o de seguridad.

  • 14.

Bukele usó de inmediato el control del Poder Legislativo para reemplazar a cinco jueces de la Corte Suprema con aliados, con lo que logró concentrar aún más poder. Ver Oscar Pocasangre: «Why El Salvador’s Multi-Party System Is on the Brink of Collapse» en El Faro, 24/2/2021 y Jimmy Alvarado, Roxana Lazo y Sergio Arauz: «Bukele usa a la nueva Asamblea para tomar control de la Sala de lo Constitucional y la Fiscalía» en El Faro, 2/5/2021.

  • 15.

Estos datos corresponden a la elección presidencial, y no a las legislativas. V. «La población salvadoreña en las elecciones presidenciales de 2019», Documento de Trabajo No 1/2019, Fundaungo, p. 40, y «4 datos que caracterizan a los electores que votaron por López Obrador» en Expansión, 10/7/2018. En el caso de México, en las elecciones legislativas de 2021 cae el apoyo a Morena entre los jóvenes y los más educados, y se mantiene un menor apoyo entre las mujeres, mientras que sube entre los más pobres. Ver Santiago Rodríguez: «Las grietas de Morena: jóvenes, mujeres y clases medias» en El País, 9/6/2021. 

  • 16.

Recordemos que un proceso judicial que no siguió el debido cauce le impidió presentarse como candidato frente a Bolsonaro y su anulación le permite hacerlo en la próxima elección.

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La Teocracia Nuclear Capitalista de Washington destruye al Mundo y América Latina

1. La Gran Mentira de la Democracia

Se supone que Estados Unidos sea una democracia. NOSOTROS, EL PUEBLO --We the People-- proclama ostentosamente el documento fundacional del país, la Constitución, el espíritu democrático de sus founding fathers. Se supone también, que una democracia sea el gobierno del pueblo y que el órgano principal que representa y ejecuta la voluntad y soberanía popular sea el Congreso (diputados y senadores).

Aplicar esta métrica a la pretensión democrática de Washington lleva, sin embargo, a un resultado sorprendente y, al mismo tiempo, traumático. El perfil del Congreso refuta contundentemente su imagen propagandística mundial. Esta democracia liberal burguesa, la primera de la historia, ya ni siquiera cumple con los elementos materiales más básicos de una democracia (demos, pueblo; krátos, poder).

Hoy día, no es más que un régimen oligárquico-plutocrática en configuración de Teocracia Nuclear Imperialista, con avanzada lobotomización cultural de masas y clases medias (perception management) vía el chamanismo "evangélico", el analfabetismo científico (scientific illiteracy) y el control digital (TV, redes sociales) de las mentes.

La verdad objetiva (ciencia), el demos (pueblo) y el trabajo manual están virtualmente ausentes de la conducción hegemónica de la nación.

  1. La Mayoría no decide

Destacados intelectuales estadunidenses como C. Wright Mills en The Power Elite (1956); Noam Chomsky en The Washington Connection and Third World Fascism (1979) y William Appleman Williams en Empire as a Way of Life (1980), ya habían demostrado en el pasado que la democracia estadunidense no era más que una fábula: un fake news propagandístico sistémico.

Martin Gilens y Benjamin Page de Princeton y Northwestern University retomaron recientemente (2014) el tema de "Who really rules (in America)?". Investigaron a los decisores finales de 1,779 iniciativas de ley presentadas en el Congreso entre 1981 y 2002, para medir la influencia que tienen los ciudadanos ricos ("affluent"), los pobres ("poor") y los de ingreso medio ("in the middle of the income distribution"), sobre la política pública del país.

Su conclusión fue: "Economic elites and organized groups representing business interests have substantial independent impacts on U.S. government policy, while average citizens and mass-based interest groups have little or no independent influence…In the United States, our findings indicate, the majority does not rule — at least not in the causal sense of actually determining policy outcomes". (Énfasis H.D.)

  1. La Teocracia Precientífica

Hace tres semanas (5/8/2021), el U.S. Congressional Research Service (CRS) presentó más datos oficiales sobre quiénes manejan las riendas de poder en la superpotencia capitalista nuclear. Un auténtico Who is Who de NOSOTROS, EL PUEBLO.

Según datos del prestigiado Pew Research Center on Religion and Public Life, que estudia la afiliación religiosa de representantes (diputados) y senadores, y preguntas directas del CRS a los miembros del 117º Congreso (2021-22), el 97% (sic) de los miembros reportaron una afiliación directa con una religión específica.

55,4% de los miembros (236) en la Cámara y el 58% (58) de los miembros del Senado son protestantes, con Bautista como la denominación más frecuente, seguida por Metodista; el 29,8% de los miembros (134 en la Cámara, 24 en el Senado) son católicos; el 6,3% de los miembros (25 en la Cámara, 9 en el Senado) son judíos; el 1,7% de los miembros (6 en la Cámara de Representantes, 3 en el Senado) son mormones (Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días); 2 son budistas (1 y 1); 3 diputados son mahometanos; 2 son hindúes; otras afiliaciones religiosas representadas incluían la Ortodoxia griega, la Pentecostal Christian, la Unitarian Universalist, y la Adventista.

En resumen, casi la totalidad de los diputados y senadores del máximo órgano legislativo de la democracia estadunidense se identifican con uno de los tres sistemas monoteístas totalitarios pre-científicos y anti-democráticos, que dominan el mundo: el cristianismo evangélico-católico, el islam y el judaísmo (https://crsreports.congress.gov R46705).

  1. La Democracia de Castas

En cuanto a las categorías ocupacionales (occupational categories) enumeradas con mayor frecuencia por los representantes de We the People, el sesgo estadístico clasista es igualmente aterrador. Las tres áreas de procedencia profesional mencionadas, en orden de importancia, son:

  1. Public Service/Politics: 297 diputados y 64 senadores;
  2. Business: 273 diputados y 47 senadores;
  3. Law: 175 diputados y 57 senadores;

Al detallarse más la procedencia profesional de esos políticos queda evidente que el sistema es incestuoso, de castas. Casi la mitad de los senadores (47%) provienen del parlamento (House service); 38 fueron alcaldes; 7 sacerdotes; 23 gobernadores o vice gobernadores; 7 fiscales generales estatales; 8 secretarios de estado; 16 jueces; 38 fiscales; 238 habían sido diputados anteriormente; 83 exempleados (staff) del Congreso; 21 expertos en relaciones públicas; 8 ejecutivos de compañías de software; 38 consultants; 4 venture capitalists; 16 banqueros o ejecutivos de bancos; 27 representantes de los cárteles inmobiliarios (real estate); 8 de la industria de construcción; 18 agentes o ejecutivos de seguros y 7 de securities (instrumentos financieros); 27 farmers, ranchers o cattle farm owners; 14 miembros de la reserva militar y Guardia Nacional.

En cuanto a la formación científica, 36,6% de los miembros de la Cámara (161) y 53% de los miembros del Senado (53) tienen títulos de abogacía, mientras que la presencia de científicos es casi cero. Cuando Carl Sagan dijo, que "Thomas Jefferson (1801-1809) era probablemente el último presidente estadunidense que no era un analfabeta científico" (The Demon-Haunted World), tenía plena razón.

Da escalofríos pensar que la principal superpotencia nuclear y económica del mundo está en manos del oscurantismo tribal monoteizado y de la ignorancia medieval pre-racional.

  1. Afganistán y la destrucción del Mundo

Con un Congreso incestuoso (endogámico), compuesto por servidores y lacayos de grandes corporaciones y aparatos políticos, sin trabajadores manuales ni científicos éticos, no sorprende el caótico colapso del imperialismo en Afganistán.

El régimen estadunidense, carcomido totalmente por los intereses del Gran Capital y del Oscurantismo sistémico, sin control por el bien público (common good), ya no construye nada. Al contrario, en su creciente entropía destruye todo a su paso. Con el debacle del gobierno de Biden en Afganistán --en parte ineptitud, en parte conspiración del complejo militar-industrial y de los Republicanos para ganar los midterm elections de noviembre 2022, como indica la actual política de los mainstream media, que desde 9/11 son aparatos de propaganda incondicionales de ese complejo de poder--- la Teocracia Nuclear Imperialista (TNI) se acerca otro paso más hacia un eventual régimen clerical-neofascista con un retorno triunfante de Trump en 2024. En su ocaso, el sistema imperial amenaza a arrastrar al mundo entero hacia el abismo nuclear y climático.

  1. Termodinámica imperialista

Los planificadores estratégicos del American Century, reunidos en el Think Tank estratégico más importante de la política exterior estadunidense creado en 1947 por George F. Kennan, el Policy Planning Staff(PPS) del Departamento de Estado, concibieron como precondición del futuro sistema global dominado por Washington, que África fuera una neo-colonia del imperialismo europeo, mientras que América Latina, el Indo-Pacífico y el Medio Oriente serían neo-colonias exclusivas de Washington. Asia Central, el centro del continente más importante, Eurasia, sería una zona de influencia a arrebatar a la URSS y hoy, China.

Esa repartición mundial planeada de forma ordenada por el imperialismo, se da ahora en forma caótica, debido a que el principal atractor del sistema (Washington) ha perdido su capacidad de ordenamiento global. Vivimos, mutatis mutandis, la Secunda Ley de la Termodinámica del Imperialismo contemporáneo, que deja inviable e ingobernable a las configuraciones históricas que se conocen como América Latina y África. Se intensifica la tendencia entrópica del sistema global, que probablemente termine en una apocalipsis nuclear y/o ecológico.

  1. La Desaparición de América Latina

Una breve mirada sobre América Latina y el Caribe --desde los peleles del imperialismo corporativo-militarista-evangélico estadunidense Bolsonaro y Pedro Castillo; hasta la dictadura militar de Maduro, que ha convertido a Venezuela en una nueva Haití; la izquierda travesti del Cono Sur (con el perdón de los travestis) y la tiranía bicentenaria colombiana-- revela, que con contadas excepciones, América Latina se ha vuelto una región inviable e ingobernable.

Una segunda África, que para el sistema global sólo tiene cuatro consideraciones:

  1. Suministro seguro de materias primas;
  2. Protección del mercado consumptivo de clases medias y altas;
  3. Bloqueo de todo desarrollo nacional no autorizado por Washington;
  4. Ventajas comparativas en la competencia geo-estratégica con China, Rusia y la Unión Europea. Bajo esa lógica operativa, América Latina –al igual que la Amazonia-- se ha convertido de un paraíso potencial en un páramo, en gran medida inhabitable, ingobernable y sin futuro real.

Este proceso lleva casi 80 años. Inició con la última gran oportunidad de desarrollo latinoamericano emancipador de post-guerra (1945), vinculada a las narrativas del New Deal y The Four Freedoms, para después ser destruida sistemáticamente por el terrorismo de Estado imperial-oligárquico, a partir de Árbenz (1954) y Perón (1955).

  1. La Patria Grande africana

Hoy día, a diferencia de los años cincuenta, América Latina carece de todas las condiciones necesarias para una refundación de la Patria Grande. No cuenta con sujetos de desarrollo como: universidades de excelencia; partidos políticos no-venales; sindicatos clasistas insobornables; movimientos de masas con conciencia política; intelligentsia crítica y patriótica; juventud libertadora, no atrapada por las pendejadas propagandísticas narcisistas, divisivas y trivializadoras (p.e., LGBTQ) de la social identity theory manipuladora de las redes; sin Estados eficaces y gobiernos creadores de conciencia; sin tecnologías de punta; sin presidentes científicamente formados y con visión estratégica, y así, ad infinitum. Tal es la destrucción, que el subcontinente carece de virtualmente todos los elementos necesarios para cambiar la situación distópica actual hacia un desarrollo semejante al de China.

  1. Covid: la Hora de la Verdad

Todo el dramatismo de la situación se refleja en la debacle de las grandes universidades y centros de investigación públicos ante la tragedia del Covid-19. ¿Qué han aportado en los veinte meses del combate a la pandemia la anteriormente gloriosa Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad de Sao Paulo (USP) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)? Nada, que merezca la pena mencionarse.

En los años sesenta esas universidades fueron centros de creatividad, cientificidad nacional e identidad. Hoy día son grandes burocracias improductivas bajo el control de oligopolios académico-políticos, que no producen conocimientos objetivos novedosos y son intocables para los gobiernos reformistas, como demostraron los proyectos socialcristianos de Hugo Chávez en Venezuela y el de López Obrador en México.

La pequeña Cuba socialista bloqueada (¡!) ya ha producido 20 millones de dosis de su primera vacuna contra el virus: la Abdala del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), que cuenta con una eficacia del 92,2% (¡!). También está avanzando otros candidatos prometedores y hace co-investigación y producción con Vietnam y China.

¿Hace falta alguna métrica más para demostrar el estado distópico en que se encuentra la América Latina de hoy?

¡James Monroe y Adolf Hitler han de estar en algún lugar, riéndose!

Por: Heinz Dieterich | Miércoles, 25/08/2021

 

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Héctor Béjar, excanciller de Perú: "Los grupos ultras del Congreso quieren la destitución de Pedro Castillo"

El exguerrillero y sociólogo cuenta los entretelones de su salida del Ministerio de Relaciones Exteriores

Béjar está convencido de que su forzada renuncia le brinda espacio político a la derecha, pero no así en la calle. "Esto ha sido el comienzo de un golpe de Estado blando" afirma quien seguirá apoyando al gobierno de izquierda. 

 En diálogo con Página12, el primer canciller del gobierno de Pedro Castillo, el exguerrillero y sociólogo Héctor Béjar, que antes de cumplir tres semanas en el cargo tuvo que renunciar a pedido del gobierno por presiones de los militares, la derecha y los medios, habla sobre los entretelones y repercusiones de su salida, el rumbo que está tomando la gestión de Castillo y los riesgos para su estabilidad. Este martes, Béjar traspasó la conducción de las relaciones exteriores del país a su sucesor, el diplomático Oscar Maúrtua, quien ya ejerció el cargo en el gobierno neoliberal de Alejandro Toledo (2001-2006). En su discurso de despedida insistió en lo que había dicho cuando asumió la Cancillería: la necesidad de cambiar la política exterior peruana para apostar por la integración regional.

El excanciller revela que después que la Marina emitiera un airado comunicado atacándolo por haber dicho, en una pasada conferencia dada antes de ser ministro, que miembros de ese instituto armado iniciaron en los años setenta el terrorismo en el país -hubo atentados contra altos oficiales de la propia Marina que apoyaban al gobierno reformista de izquierda del general Juan Velasco y sabotaje con explosivos contra dos barcos pesqueros cubanos-, lo llamó el jefe del gabinete ministerial, Guido Bellido, para comunicarle que el gobierno quería su renuncia. “Eso fue muy divertido porque Bellido estaba muy nervioso y no sabía explicar lo que quería decirme”, dice, riendo.

- La Marina amenazó denunciarlo judicialmente si no se rectifica y pide disculpas por sus afirmaciones de que ese instituto armado inició el terrorismo en el Perú. ¿Lo va a hacer?

- Claro que no. Lo que he hecho es acopiar más información. Lo que yo he dicho en una conferencia del año pasado de que, en 1974, antes que aparezca Sendero Luminoso en 1980, elementos de la Marina iniciaron el terrorismo en el Perú, es una verdad histórica.

- ¿En la guerra interna de los años ochenta y noventa hubo terrorismo de Estado?

- Claro que sí. El terrorismo de Estado fue terrible. Los Andes peruanos son una gran fosa común, hay miles de personas sepultadas. En el cuartel general del ejército, que aquí llamamos El Pentagonito, ubicado en un barrio residencial de Lima, hay hornos en los que se quemaron cuerpos. Son tan torpes que dejaron un dedo carbonizado, lo cual permitió comprobar que ahí se quemaban cadáveres.

- ¿Que el gobierno haya cedido a las presiones de la derecha y los militares para su salida de la Cancillería demuestra su debilidad y ha permitido que esos sectores ganen un importante espacio?

- Sí, absolutamente. Lo ocurrido ha sido una muestra de debilidad del gobierno ante el poder armado y un precedente muy peligroso. Aquí la derecha está formada por mafias comprometidas en diversos delitos que se cubren con una ideología de ultraderecha. Esos sectores han ganado muchísimo espacio político, pero en la calle no han ganado espacio. Esto ha sido el comienzo de un golpe de Estado blando. Los grupos ultras del Congreso lo que quieren es la destitución del presidente. La derecha puede sacar a Castillo en el Parlamento, otra cosa es que el Perú lo acepte.

- ¿La calle se levantaría si sacan a Castillo?

- Estos grupos de derecha están sumamente desprestigiados y me parece difícil que el país, más allá que la calle apoye o no al presidente Castillo, acepte un gobierno impuesto por estos grupos de delincuentes.

- ¿Por qué cree que la oposición de derecha al gobierno apuntó prioritariamente contra usted?

- A ellos les parece inaceptable que alguien que ha estado en la guerrilla esté en el gobierno. Les parecía que yo era el más peligroso del régimen, porque tengo una posición clara. En mi primer mensaje como canciller anuncié una política exterior independiente, soberana, eso es inaceptable para esos sectores.

- ¿Se forzó su salida para bloquear un cambio en la política exterior que priorice la integración regional?

- Sí. Ellos todavía viven la era Trump. La política exterior peruana ha obedecido a la política de Trump sin ninguna discusión. Trump ya no está, pero ellos siguen con esa política.

- ¿Cómo ve la política exterior peruana con el nuevo canciller Oscar Maúrtua?

- Es una interrogante. Espero que sean lo suficientemente valientes para no aceptar las sanciones contra Venezuela. Ojalá se tenga la decencia de no continuar la política hostil que ha habido contra ese país hermano. Por cortesía no quiero opinar sobre el nuevo canciller, pero tengo profundas dudas sobre la capacidad del gobierno de Castillo para mantener una política exterior digna.

- ¿Cuánta importancia le da Castillo a la política exterior, a la integración regional?

- Eso no está en su agenda prioritaria. Creo que eso lo tiene asumido de manera muy vaga, muy poco precisa.

- ¿El gobierno entregó su cabeza a la derecha para intentar bajar sus críticas pocos días antes que este jueves el gabinete ministerial se presente en el Congreso para pedir el voto de confianza?

- Sí. Quieren hacer méritos para que el Congreso, que está bajo la presión de un grupo de ultraderecha tipo Vox, los acepte. Desgraciadamente hay una tradición de un sector de la izquierda peruana de querer ser la izquierda que la derecha acepta. Creo que esa es la conducta que el gobierno está adoptando en este momento.

- ¿La estrategia de la derecha es centrar sus ataques contra el sector más de izquierda del gobierno?

- Sí, coincido con eso. La estrategia de estos grupos es primero hacer que el gobierno se desembarace de su izquierda más radical, cosa que ya el gobierno está haciendo, dividir al gobierno, que es una especie de alianza entre radicales y moderados, y cuando esa división esté establecida comenzar a atacar a los grupos moderados de la izquierda que están en el gabinete y sobre la base de este ataque chantajear a estos grupos moderados para que giren a la derecha. Si no logran eso, buscarán sacar al presidente Castillo.

- ¿Cómo ha visto al presidente Castillo y al gobierno desde adentro del Ejecutivo?

- Para ser franco, he visto un gobierno heterogéneo, débil, con una estatura menor que la necesaria. Y a un presidente sorprendido, que desconoce los mecanismos del poder estatal. Los grupos corruptos tienen iniciativa, mucho dinero y sí conocen el Estado. Hay una situación de desigualdad muy peligrosa para los intereses del pueblo y del país.

- ¿Siente desilusión por el rumbo que está tomando el gobierno?

- Más que desilusión, diría preocupación, y peor todavía, más que preocupación, casi tengo la convicción que el Perú se encamina a un gobierno de centro que es inviable, porque la corrupción es tan grande y el poder de estos grupos tan feroz que ni siquiera eso los va a satisfacer.

- ¿Cuál es la alternativa?

- Trazar una línea roja que no debe pasarse, que Castillo mantenga su alianza con los sectores más radicales y sobre la base de esa alianza proyectar una democracia real, con protagonismo de los sectores más pobres, a los que hay que darles poder.

- ¿Es viable un gobierno radical de Castillo con la derecha controlando el Congreso?

- Creo que sí, porque estos grupos de derecha son cobardes y cuando la gente se moviliza en la calle los matones corren. Se debe movilizar a la gente, pero no solo en mítines y manifestaciones, sino poniendo el poder en manos del pueblo, en los comités barriales que ya existen, darle poder a esa población. Esa enorme red de organización popular que hay en el Perú que está desarticulada, el gobierno debería articularla y transferirle poder y crear una nueva situación. Eso tiene que ser alrededor de los puntos que están en la primera agenda de sobrevivencia de la gente, que son trabajo, salud y educación.

- ¿Qué le dijo Castillo cuando le ofreció la Cancillería?

- Nunca antes había hablado con él. Me dijo que quería nombrarme canciller en homenaje a lo que represento. El homenaje no era a mí, sino a todos los que lucharon conmigo, sobre todo a ellos. Cómo iba a decir que no. No esperaba esa propuesta, vacilé unos quince segundos y acepté.

- ¿Cómo se siente ahora que ha tenido que dejar la Cancillería?

- Me siento muy bien, liberado. Seguiré escribiendo, dando conferencias. Seguiré tratando de colaborar con el gobierno porque esta es una oportunidad histórica que no debemos perder. Seré siempre un aliado del gobierno. Claro que si el gobierno se va al otro lado, entonces ya no seré su aliado. He recibido una enorme adhesión de miles de personas de toda América Latina, incluyendo muchos compañeros y compañeras de Argentina, por lo que estoy muy agradecido.

 

24/08/2021

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Presionado, Castillo hará cambios en su gabinete, trasciende en Perú

Lima. El presidente peruano, Pedro Castillo, alista un cambio parcial en su gabinete, a menos de un mes de asumir el cargo, informó ayer una fuente a la agencia de noticias Reuters, en medio de presiones políticas y críticas contra funcionarios cercanos al ala más radical del partido oficialista.

La información sobre la remoción del gabinete se conoció en momentos en que el premier Guido Bellido, del partido Perú Libre, debe presentarse mañana ante el Congreso, dominado por la oposición, en busca de la aprobación a su grupo de ministros.

La fuente, que habló bajo condición de anonimato, sostuvo la noche del lunes que el presidente Castillo pidió la renuncia al premier, pero refirió que ayer Bellido y Castillo llegaron a un acuerdo.

Bellido indicó a Reuters, en un mensaje de WhatsApp el lunes, que no renunciaría al cargo.

Castillo, quien comenzó su gestión con una aprobación de apenas 38 por ciento, según la encuestadora IEP, ya cesó a un miembro del gabinete ante la presión, el canciller Héctor Béjar, remplazándolo por Óscar Maúrta, diplomático de carrera más moderado.

La decisión de Castillo de despedir a Béjar fue cuestionada por el líder y fundador del partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, declarado admirador de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Bolivia, en una señal de las diferencias entre el gobierno y el grupo político oficialista.

Keiko Fujimori, quien perdió la presidencia contra Castillo en unas ajustadas elecciones, tuiteó que el Congreso no debería confirmar al gabinete. Su partido es la segunda fuerza del Legislativo con 24 de 130 escaños.

Fujimori citó acusaciones contra el ministro de Trabajo, Iber Maravi, de que participó en actos violentos como parte del grupo rebelde Sendero Luminoso, aunque éste niega las acusaciones.

Sendero Luminoso mató a decenas de miles de peruanos en las décadas de 1980 y 1990.

Bellido también ha sido acusado de tener simpatía con Sendero Luminoso. En una publicación de Facebook de hace algunos años, éste aparece defendiendo a una ex rebelde.

En respuesta, la fiscalía abrió una investigación contra el premier por presunta "apología del terrorismo", aunque no se han presentado cargos. Bellido niega la acusación.

Un probable rechazo al gabinete en el Congreso ahondaría la agitación política en el país, que el año pasado tuvo tres presidentes en una semana, en medio de protestas y choques entre el gobierno y un Congreso opositor.

En tanto, la fiscalía renunció a un pedido para encarcelar de forma preventiva a Keiko Fujimori por comunicarse con testigos durante un juicio que se le sigue por presunto lavado de dinero ligado a la constructora brasileña Odebrecht. El proceso judicial sigue vigente.

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Miércoles, 18 Agosto 2021 05:38

La «trumpización» de Jair Bolsonaro

La «trumpización» de Jair Bolsonaro

Ante una posible derrota electoral, Bolsonaro está dirigiendo sus ataques al voto electrónico y denunciando futuros fraudes en 2022. Mientras aviva a sus seguidores, algunos imaginan la posibilidad de que se produzcan eventos similares a los de Estados Unidos durante el final del mandato de Trump. Aunque un asalto al Capitolio a la brasileña parezca poco probable, habrá que seguir de cerca a las fuerzas de seguridad, que constituyen hoy un pilar fundamental del gobierno bolsonarista.

Faltaban solo algunos días para las elecciones presidenciales estadounidenses y Jair Bolsonaro aseguraba que quería ser el primer gobernante del mundo en felicitar a Donald Trump por su triunfo. Hacía meses que el ocupante de la Casa Blanca venía sembrando las dudas sobre el proceso electoral y anticipaba que los demócratas pretendían quedarse con la elección mediante fraude. El desenlace fue la invasión al Capitolio, el pasado 6 de enero. En tanto, Bolsonaro fue el último presidente en «reconocer» públicamente a Joe Biden como el ganador de las elecciones. Ahora, a poco más de un año de las elecciones brasileñas, Bolsonaro recurre a la misma estrategia de sembrar dudas sobre el proceso electoral y anticipar la denuncia de fraude en 2022. «Si no hay elecciones limpias, no habrá elecciones», amenazó.

Se trata de una estrategia idéntica, a pesar de que sean sistemas completamente diferentes, ya que en Brasil la urna es 100% electrónica desde 2000, mientras que en Estados Unidos el voto es mediante papeleta y el problema de Trump era con los votos por correo con los que se habría consumado el fraude electoral. Pero, en definitiva, esa diferencia del sistema de votación no es importante para la derecha radical, ya que lo central es la deslegitimación del proceso en sí mismo. Tanto en el caso de Bolsonaro como en el de Trump, lo determinante es la línea de cuestionamiento a las instituciones, la apelación a supuestas conspiraciones y el estilo siempre provocador, propio de la alt-right que impregna ambos liderazgos, estilo que logra que se hable permanentemente de ellos. No obstante, y sobre todo en el caso de Bolsonaro, la estrategia resultó más efectiva a la hora de llegar a la presidencia –permitiéndole instalarse y mantenerse en el debate público– que para gestionar y construir poder una vez en el gobierno.

El caso de Trump es ilustrativo: para el consultor político Frank Luntz, al persistir en la denuncia de fraude en las presidenciales, los republicanos terminaron desincentivando la concurrencia a votar en las posteriores elecciones para senadores del estado de Georgia, elección que terminó alterando el equilibrio de poder dentro del Congreso en favor de los demócratas. O bien algo más de fondo: los estados del Cinturón de Óxido –el pujante polo industrial hasta comienzos de la década de 1980– que habían sido claves en la victoria de Trump en 2016, cuatro años después quedaron mayoritariamente en manos de los demócratas. De poco sirve encarnar el enojo y la desesperanza de los trabajadores de cuello azul si lo que se establece como política (el enfrentamiento comercial contra China) termina produciendo más daños en la propia producción.

Resulta evidente que Bolsonaro sigue la misma estrategia antidemocrática de Trump, pero también es innegable que, tanto entre sus liderazgos como entre sus países, hay diferencias importantes. Para empezar, el liderazgo de Jair Bolsonaro siempre fue más débil en términos de apoyo ciudadano que el de Trump, con índices de aprobación más bajos. El trumpismo tiene una fuerza mayor en la sociedad estadounidense que el bolsonarismo en Brasil. Da cuenta de ello las dificultades del establishment del Partido Republicano primero para evitar el triunfo de Trump en las primarias de 2016 y ahora para quitárselo de encima. Una segunda diferencia relevante se vincula precisamente con el sistema de partidos (bipartidismo versus multipartidismo fragmentado) y con el hecho de que Trump contó con una estructura de apoyo importante, algo de lo que su émulo latinoamericano carece. Hoy Bolsonaro no está afiliado a ningún partido, después de abandonar el Partido Social Liberal (PSL) —por el que fue electo— y de fracasar en su intento de crear un partido propio.

En comparación con Trump, si algo tiene a su favor Bolsonaro son las debilidades de las instituciones brasileñas. Concretamente, lo que atañe a las fuerzas de seguridad y más específicamente a las policías militares que dependen de los gobiernos estaduales. Tanto en Estados Unidos como en Brasil se puede observar que los miembros de las policías son proclives a los liderazgos de cada momento. Pero en Brasil existe una historia de dificultades de control sobre las policías por parte de los gobernadores. Los motines, como el último ocurrido en el estado de Ceará en 2020, tienen cierta recurrencia en diferentes estados. En lo que respecta a las Fuerzas Armadas, la actual militarización del gobierno comenzó paulatinamente con Michel Temer, luego del impeachment de Dilma Rousseff. Pero además, como escribió el politólogo Juan Negri, la raíz de la influencia del poder militar en la política brasileña se encuentra en gran medida en el diseño de la transición democrática, en la que los militares conservaron algunas prerrogativas. Hoy no se puede analizar el gobierno de Bolsonaro y sus posibles desenlaces sin considerar la imbricación con el poder militar.

No obstante la opacidad del universo militar y el permanente corporativismo que se puede observar, desde hace un tiempo comenzaron a hacerse visibles los contornos de las divisiones a su interior, fundamentalmente promovidas por los distintos posicionamientos sobre Bolsonaro y sus intentos de inmiscuir a las Fuerzas Armadas de manera más directa en la política y en el enfrentamiento con los otros poderes. El hecho más significativo y que da cuenta de las fisuras es la remoción de los comandantes de las tres fuerzas este año; en los tres casos dejando en claro expresamente que el motivo de la remoción fue su oposición a la utilización de las Fuerzas como instrumento de presión hacia gobernadores. Es evidente que una parte de los altos mandos no apoya la politización de las fuerzas y menos su utilización para una ruptura democrática. La última de esas utilizaciones, y que también dejó entrever las fracturas, fue el desfile de tanques y vehículos militares de la Marina en la Plaza de los Tres Poderes el pasado 10 de agosto. La intención era intimidar a la Corte Suprema, situada justo en frente al Palacio del Planalto, y no tanto al Congreso, donde la votación sobre el voto impreso estaba perdida desde el comienzo.

El proyecto de enmienda constitucional mediante el cual el gobierno pretendía instaurar el voto impreso (y no solo electrónico), y cuya votación coincidió con el desfile militar, fue enviado al Congreso en el contexto de embates contra la urna electrónica y al Tribunal Superior Electoral. Ese proyecto es una demostración de cómo mantener un estilo de radicalización permanente termina siendo para Bolsonaro más importante que las políticas en sí mismas. Se trató, desde un comienzo, de una votación perdida y, sin embargo, Bolsonaro hizo de ella el principal caballito de batalla durante semanas.

El Ejecutivo brasileño bajo las órdenes de Bolsonaro ha mostrado que tiene serias deficiencias para formular políticas públicas en varios de los ministerios. En buena medida, este es el resultado de la inexperiencia de los nuevos funcionarios y de la persecución política a las burocracias existentes y la política de vaciamiento estatal. El caso más grave es el del Ministerio de Economía. Todas las reformas de peso, desde la reforma previsional en 2019 hasta la tributaria –que hoy se tramita en el Congreso–, o bien las privatizaciones, dejan sabor a poco y exhiben déficits técnicos importantes en su formulación. 

A esta altura, el gobierno de Bolsonaro tampoco tiene una política pública de peso que se haya constituido en la marca de su gestión. Lo más parecido a eso ha sido el auxilio de emergencia pagado a los sectores más vulnerables durante 2020, y vigente hasta hoy aunque con un monto y alcance menores que en sus inicios. La historia del auxilio ilustra la falta de coherencia al menos en lo que a políticas sociales se refiere. El gobierno primero se opuso a la medida –impulsada por la oposición en el Congreso–, pero una vez consumada la derrota aprovechó y capitalizó políticamente el beneficio. Hoy la intención es crear el Auxilio Brasil, para sustituir al Bolsa Familia creado por Lula da Silva en 2003, con un aumento de 50% del valor pago en promedio. Así, quedaría como una continuidad del auxilio de emergencia (percibido mayoritariamente como un beneficio otorgado por Bolsonaro) y se intentaría borrar al programa que es legado de Luiz Inácio Lula Da Silva. No obstante, hasta la aprobación del auxilio por el Congreso, Bolsonaro y los suyos nunca habían tenido en el horizonte de su gestión fortalecer las políticas sociales. Al contrario, la trayectoria del presidente es la de desprecio hacia los programas sociales, e incluso hacia sus sus beneficiarios.

En consecuencia, se produce un cambio drástico en la narrativa del gobierno, que pasa de tener como uno de sus ejes la ética y la antipolítica, para luego eyectar al afamado Sergio Moro (para muchos emblema de la anticorrupción) del gobierno y aliarse a las fuerzas políticas más comprometidas en investigaciones por corrupción. El perfil de sensibilidad social tampoco termina de asentarse, ya que Bolsonaro comenzó a construir ese nuevo perfil con el auxilio de emergencia pero luego fue errático, oscilando en sus declaraciones entre no comprometer más gastos, siguiendo la agenda de su ministro de Economía, el ultraliberal Paulo Guedes, o bien continuar y ampliar la asistencia.

Las embestidas antidemocráticas que generan convulsión política permanente, la ineficacia de las políticas públicas y las reformas y la ambigüedad respecto del rumbo económico liberal ya hicieron perder importantes apoyos dentro del establishment económico. El 5 de agosto, más de 200 empresarios, intelectuales y políticos publicaron una carta en la que manifiestan que no permitirán ninguna «aventura autoritaria». La «carta del PIB», como la apodó la prensa, tuvo la particularidad de reunir a algunos nombres de peso del mundo empresarial, desde industriales a banqueros. En definitiva, parte del «círculo rojo» brasileño pasó a manifestarse abiertamente contra Bolsonaro. Ya desde hace un tiempo son frecuentes los comentarios provenientes del empresariado en el sentido de que las permanentes crisis institucionales afectan al mundo de los negocios y la tan imprescindible previsibilidad. El daño a la imagen internacional del país es otro de los tópicos frecuentes. Medio ambiente, gestión de la pandemia, pueblos indígenas: todos temas que confluyen en un deterioro de la imagen internacional de Brasil durante la presidencia de Bolsonaro.  

El mejor momento para Bolsonaro en términos de imagen llegó con el auxilio de emergencia a mediados de 2020, cuando llegó a superar el 40% de aprobación. Esa mejora coincidió con los breves meses en que Bolsonaro moderó su estilo, redujo sus apariciones públicas y estableció algunos pactos de convivencia con los poderes judicial y legislativo. Posteriormente, el mandatario abandonó ese estilo pero aún así llegó a febrero de este año con una gran articulación política en el Congreso que le permitió colocar dos nombres alineados (inicialmente) con el gobierno tanto en la presidencia de la Cámara de Diputados como en la del Senado. 

Sin dudas, ese fue su momento de mayor poder en el plano institucional. Sin embargo, poco tiempo después esos mismos socios, Arthur Lira en Diputados y Rodrigo Pacheco en el Senado, ya han tenido sus desencuentros con el presidente, centralmente por el negacionismo ante la pandemia y los ataques a las instituciones. Recientemente, el presidente de la Corte Suprema rechazó realizar una reunión entre Bolsonaro y todos los jueces de la Corte con la que desde el Ejecutivo se pretendía restablecer la pacificación después los sucesivos ataques contra el Tribunal Superior Electoral, al que acusó de estar coaligado con Lula Da Silva, y contra la propia Corte, en una ya habitual lógica de tensión y distensión permanente. Aquella quimera del «Bolsonaro moderado» es mucho más difícil para los 15 meses que restan hasta las elecciones y él mismo se ha encargado de concretizar los temores con que algunos le dieron su voto en 2018. Mantener la identidad radicalizada mina las posibilidades de construcción de poder, en el caso de Bolsonaro mucho más que en el de Trump. Sobre todo si no se exhiben suficientes resultados positivos en la gestión.

De momento no hay «incendio del Reichstag» que justifique una avanzada autoritaria. Incluso la amenaza «comunista» era más creíble con el Partido de los Trabajadores sin Lula como alternativa a Bolsonaro, que con la aparición de este luego de la anulación de las sentencias en marzo de este año. Lula Da Silva es un interrogante. Su regreso, ¿sería más parecido a cuál de todos los gobiernos del PT? El «primer Lula» es el preferido del establishment, aunque ya ha pasado mucho agua bajo el puente para que aquel modelo conciliador del «Lula paz y amor» pueda replicarse. Pero en cualquier caso ninguno de sus gobiernos fue de izquierda radical. Bolsonaro se las ha ingeniado para que cuatro años más de un gobierno suyo suenen como un fantasma incluso más amenazante que el regreso de el ex obrero metalúrgico. De allí la foto de hace algunos meses del expresidente Fernando Henrique Cardoso junto a Lula Da Silva y su declaración de que votaría por este en una hipotética segunda vuelta contra Bolsonaro.

Si lo que está haciendo Bolsonaro con sus ataques a la urna electrónica es preparar el terreno para un asalto al Capitolio a la brasileña, entonces habrá que ver qué sucede con las fuerzas de seguridad, las divisiones internas existentes en su interior y hasta dónde están dispuestas a apoyarlo. Aunque hoy parezca poco probable que un intento de ruptura pueda tener éxito, entre otras cosas por la baja legitimidad que tendría, no se puede dejar de lado que la coerción es un elemento constitutivo del poder. Por ahora, el estilo alt-right y el déficit en las políticas conspiran contra las posibilidades de que Bolsonaro continúe en el poder más allá de 2022. 

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