La ONU condena el asesinato de dos adolescentes venezolanos en Colombia

Eran migrantes y fueron baleados después de haber sido señalados de robar en un almacén

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

 

La ONU y autoridades colombianas investigan el asesinato de dos adolescentes venezolanos de 12 y 18 años, que fueron baleados luego de haber sido señalados de robar un almacén en una violenta región cocalera del noreste del país, según diversas fuentes divulgadas este lunes.

En videos y fotos difundidas en redes sociales, se ve a los adolescentes con aire afligido, las manos atadas hacia adelante con cinta adhesiva mientras una persona fuera de cámara los acusa de "ladroncitos".

"Lamentablemente son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana por allá tirados en alguna orilla de las carreteras", dice la voz anónima.

Los cuerpos de los adolescentes fueron encontrados más tarde en una zona rural, aparentemente baleados y con las manos todavía amarradas.

Un cartón con la palabra "ladrones" escrita a mano reposaba sobre el cuerpo del más pequeño, tirado bocabajo con una mochila roja.

Jaime Marthey, defensor de pueblo del departamento Norte de Santander donde ocurrieron los homicidios, aseguró que los jóvenes fueron sorprendidos robando ropa en Tibú, una población fronteriza con Venezuela.

Los comerciantes los ataron, pero luego "fueron arrebatados (...) por un grupo armado ilegal que se los llevó con un destino desconocido donde luego aparecieron muertos", agregó Marthey en entrevista con Blu Radio.

Según el defensor, los jóvenes eran migrantes que huyeron de la crisis económica de Venezuela.

El coronel de la policía, Carlos Martínez, responsabilizó a las disidencias de la exguerrilla de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que se apartaron del acuerdo de paz firmado en 2016 y aseguró que se adelantan pesquisas para esclarecer el crimen.

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia rechazó el homicidio del menor de 12 años y pidió a las autoridades "investigar estos hechos".

El convulso municipio de Tibú concentra la mayor cantidad de narcocultivos de Colombia con más de 19.000 hectáreas sembradas de hoja de coca, según la ONU.

Disidentes de la otrora guerrilla de las FARC, rebeldes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y narcos de origen paramilitar se disputan el territorio a sangre y fuego para controlar el negocio de la coca.

Organizaciones no gubernamentales como la internacional Human Rights Watch han denunciado que miles de migrantes venezolanos llegan a la región por el precario control de los pasos fronterizos y terminan atrapados en el conflicto armado colombiano.

12 de octubre de 2021

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En 2021, un récord de 19 mil niños migrantes cruzaron la peligrosa selva del Darién rumbo a EE.UU.

Unicef denunció un "máximo histórico" y llamó a considerar a esta "grave crisis humanitaria"

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde conviven animales salvajes, ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a tierra estadounidense.

 

Cerca de 19 mil niños atravesaron en lo que va del 2021 la peligrosa selva del Darién, ubicada entre Colombia y Panamá, para llegar a Estados Unidos, una cifra que marcó un "máximo histórico" de menores migrantes según advirtió el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). La mitad del total son menores de cinco años, y este pico histórico es cerca de tres veces más que la cifra registrada durante los cinco años anteriores juntos.

La "afluencia tan creciente" de niños migrantes por el Darién "debería ser tratada urgentemente como una grave crisis humanitaria por toda la región, más allá de Panamá", denunció Laurent Duvillier, jefe regional de comunicación de Unicef para América latina y el Caribe, e instó a los gobiernos a garantizar la protección de los niños durante su viaje y a coordinar una respuesta humanitaria. 

Unicef también advirtió sobre un aumento de los niños que cruzan solos el Darién. En 2020 ocho niños no habían sido acompañados, en 2021 fueron 153. "La mayoría no viajan solos, viajan acompañados de sus papás, pero en el trayecto de la jungla pasan muchas cosas, a veces los padres se quedan atrás, la mamá se queda herida o se ven separados al momento de cruzar un río", aseguró Duvillier.

El llamado Tapón del Darién, zona selvática de 266 kilómetros donde la espesa vegetación impide a veces ver el sol, hay animales salvajes (incluso serpientes venenosas), ríos caudalosos y grupos criminales, se convirtió en corredor para los migrantes irregulares que intentan llegar a Estados Unidos.

"Cada niño que cruza el Darién a pie es un sobreviviente", afirmó la directora de Unicef para América Latina y el Caribe, Jean Gough, al detallar que "en lo profundo de la selva, el robo, la violación y la trata de personas son tan peligrosos como los animales salvajes, los insectos y la absoluta falta de agua potable". 

Según los datos de Unicef, en este 2021 al menos cinco niños fueron hallados muertos en la selva. Y entre enero y septiembre pasados el ente de la ONU registró 29 denuncias de abuso sexual de niñas adolescentes durante el viaje.

Unicef señaló que se prevé que el número de niños y familias migrantes que cruzan la selva siga aumentando en las próximas semanas y meses, ante lo cual "está ampliando su respuesta humanitaria para abordar las necesidades urgentes" de esa población.

"Unicef insta a los gobiernos a garantizar la protección de los niños en movimiento a lo largo de su viaje y a coordinar la implementación de una respuesta humanitaria más sólida en todos los países involucrados", dijo el organismo de Naciones Unidas. Se debe, además, "promover la integración de las familias migrantes en las comunidades de acogida y se deben abordar las causas fundamentales que las llevan a migrar".

Entre enero y septiembre pasados, 91.300 migrantes en tránsito llegaron a Panamá tras atravesar la jungla, una cifra que triplica el récord de 2016, según datos del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño citados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un informe difundido el viernes pasado.

La mayoría eran haitianos (56.600), muchos de ellos acompañados por menores, seguidos de cubanos (12.800), venezolanos (1.500), además de nacionales de países de Asia y África, entre ellos Bangladesh, Senegal, Ghana, Uzbekistán, India y Nepal, dijo la OIM. En los primeros nueve meses de 2021 los menores representaron el 20 por ciento de esa población en movilidad, cuando hace cuatro años era apenas el dos por ciento.

Hacia países del norte del continente americano como Estados Unidos, Canadá o México están viajando familias enteras de haitianos con hijos nacidos en Chile o Brasil, países en lo que se habían radicado años atrás, e incluso con bebés nacidos durante la travesía.

12 de octubre de 2021

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Niños Wayúu reciben agua potable de una misión humanitaria en La Guajira, Colombia, el 26 de septiembre de 2021Legion Media / Juana Miyer / Long Visual Press / Ab

Según una investigación periodística, al menos 29 niños han muerto en esa región este año por causas asociadas a la falta de alimentos.

Un total de 16.000 niños y niñas están en riesgo de desnutrición o ya la padecen en La Guajira, región nororiental de Colombia, según los datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Yaneris Cotes, directora del ICBF en La Guaijira, detalló a Noticias Caracol que tras una evaluación a unos de 84.000 niños, de entre 0 y 5 años, el instituto pudo determinar qué población ya padece la desnutrición o está en riesgo de sufrirla.

Según ese mismo medio local, la situación también ha provocado la muerte de 29 menores de edad, en lo que va de año, por causas asociadas a la desnutrición en ese departamento, donde viven las poblaciones indígenas wayúu, así como los kogi, ika, kankuamo y los wiwa.

Pilar Redondo, nutricionista de la Fundación Aporta tu granito en La Guajira, ubicada en el municipio Uribia, comentó que este año han recibido a 131 niños con desnutrición, muchos de ellos graves y con signos marcados "tipo marasmo, que es cuando la piel está pegada a los huesos".

También fue consultada Liliana Fernández, una madre wayúu que lleva a su hija a este centro de asistencia nutricional porque no puede producir suficiente dinero para proveer la alimentación de la pequeña. Además, en la región escasean el agua potable y la gasolina.

Ante la situación, el movimiento Guajira Resiste, una organización que se ha dedicado a denunciar las vulnerabilidades que sufre esta población colombiana, se ha declarado en "huelga de hambre" y mantiene una protesta pacífica que el jueves se instaló en la plaza Bolívar de Bogotá, el "epicentro político de toma de decisiones del país", para que el Estado colombiano tome acciones definitivas contra "el hambre y olvido".

La gravedad de la situación en La Guajira fue señalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2016, cuando solicitó al Estado colombiano la adopción de "medidas necesarias para preservar la vida y la integridad personal de los niñas, niños y adolescentes de las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo wayúu, en el departamento de La Guajira", ya que para ese momento se registraban 4.770 niños muertos en un plazo de ocho años.

"Vulneración generalizada"

En 2017, la Corte Constitucional de Colombia constató que en el departamento de La Guajira se presentaba una "vulneración generalizada, injustificada y desproporcionada de los derechos fundamentales al agua, a la alimentación, a la seguridad alimentaria y a la salud de los niños y niñas del pueblo wayúu".

Una sentencia derivada de la Corte sostenía que la responsabilidad sobre estos hechos recaía en organismos e instituciones del Estado, como la presidencia de la República y los ministerios de salud, vivienda, agricultura, así como el Departamento Administrativo de Prosperidad Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Superintendencia Nacional de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Departamento de La Guajira y los municipios de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao.

Por esto, la Corte ordenó a la presidencia, para entonces a cargo de Juan Manuel Santos, que en 48 horas debía "iniciar o continuar", según fuera el caso, un plan de acción para atender la crisis. De no cumplir con la medida, los responsables cometerían desacato al amparo de tutela.

En agosto de este año, la Sala Plena de la Corte Constitucional le pidió al Gobierno de Iván Duque que explicara las medidas preventivas que se han adoptado en materia sanitaria para evitar las muertes de niños de La Guajira, por causas asociadas a la desnutrición, además de otras condiciones de vida, como pobreza y marginalidad.

La Corte también le pidió al Gobierno que explicara por qué afirmaba que se habían reducido las muertes de menores, si aún persisten los fallecimientos a pesar del tiempo que ha transcurrido desde la sentencia T-302 de 2017.

"Uno de los mayores problemas"

De acuerdo al informe "Desnutrición en la primera infancia: Causas estructurales y vulneraciones prevenibles y evitables", presentado a mediados de septiembre por la Defensoría del Pueblo, entre 2017 y 2020, el Instituto Nacional de Salud (INS) registró a 54.693 niñas y niños menores de cinco años, con desnutrición aguda en Colombia, una situación que deja "graves consecuencias físicas, psicológicas y cognitivas irreversibles, que afectan su desarrollo integral".

En 2020, señala el estudio, hubo 9.902 niños con desnutrición aguda, de los cuales 2.177 (19,8 %) son menores de seis meses; 2.312 (21,1 %) tienen de 6 a 12 meses, y 6.484 (59,1 %) son niños mayores de un año. Los departamentos que presentan el mayor número de casos registrados de desnutrición en niños y niñas son Bogotá (1.756), la Guajira (1.121), Antioquia (724), Cundinamarca (625) y Cesar (493).

"La desnutrición infantil es uno de los mayores problemas para la primera infancia en Colombia, e incide negativamente en las posibilidades de construir un país con bases sociales, económicas y culturales sólidas. En esa medida, la solución pasa por la articulación de los actores responsables y la comprensión de las causas y consecuencias de esta enfermedad", cita el informe de la Defensoría.

El estudio añade que la pobreza y las desigualdades sociales también "afectan la sobrevivencia de los hogares donde se concentra la primera infancia" y truncan la accesibilidad a los servicio básicos, lo que hace que el desarrollo integral de la vida y el efectivo ejercicio de los derechos humanos fundamentales se vean truncados.

Los grupos más afectados por inseguridad alimentaria son los que habitan en "zonas rurales y dispersas", entre ellos están las mujeres cabeza de familia, los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, que también se ven afectados por el desempleo, la falta de oportunidades y bajos niveles de acceso a la escolaridad.

"La desnutrición crónica sigue afectando a niñas y niños en los diferentes departamentos y municipios del país, tal como lo señalan los resultados del Índice de Desnutrición Crónica realizado por la Fundación Éxito", señala la Defensoría, que detalla que el problema nutricional afecta a 626 municipios de los 1.076 que hay en el país. 

Publicado: 8 oct 2021 20:27 GMT

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Sábado, 09 Octubre 2021 06:08

Por el derecho a una internet con derechos

Por el derecho a una internet con derechos

¿Qué duda cabe que la época está atravesada por una rasante revolución tecnológica, con la irrupción de la digitalización en casi todas las actividades sociales?

Internet, un espacio tan vital para nuestra interacción social ha ido mutando en sus características, alejándose de todo posible control democrático y siendo cada vez más permeado por los intereses mercantiles corporativos. Intereses que concentran poder y riquezas en un puñado de empresas transnacionales que van ejerciendo un control de facto sobre los contenidos que circulan por la red.

¡Sí!, la internet y sus tecnologías conexas, que idealmente pudieran servir para una mayor democratización del conocimiento y del quehacer político, que pudieran contribuir a una mejor distribución del bienestar y el patrimonio colectivo de la humanidad, se encuentran intervenidas por intenciones monopólicas particulares, que impiden o dificultan que aquello se realice.

De allí que es imprescindible analizar con mayor precisión cuáles son las intenciones y procesos que subyacen a la instalación de este modelo tecno-digital, cuáles son sus principales impactos y su posible devenir.

Los procesos en curso

Suele suceder que procesos que guardan alguna similitud externa, pero que son movilizados por distintas intenciones son confundidos y asimilados como idénticos, pese a constituir direcciones históricas distintas y hasta opuestas.

Tal es el caso de procesos como la mundialización [1] y la globalización. Mientras la primera corresponde a una tendencia histórica de conexión entre pueblos y culturas, llegando en la actualidad a formar un mosaico de diversidad plenamente interconectado y en camino a una posible Nación Humana Universal, la globalización responde al interés de empresas capitalistas de ampliar sus operaciones sin límites geográficos, intentando a su vez evadir toda responsabilidad localizada.

Es obvio que mientras la mundialización tiene una clara dirección de evolución, conllevando la posibilidad de compartir la acumulación histórica de cada cultura y de colaborar mutuamente para sortear los desafíos comunes y también los particulares de cada pueblos, la globalización actúa de manera regresiva, concentrando capital y poderío y alejando de la base social las capacidades de decisión democráticas, de por sí menguadas por la propia descomposición de la democracia formal en la institución Estado.

Algo similar acontece con las tecnologías digitales y la internet, encuadradas como están en los procesos anteriormente mencionados.

Si uno observa el avance de la digitalización a la luz de la mundialización, se hace evidente la utilidad de acortamiento del tiempo y las distancias en la comunicación junto a la posibilidad de acceder a conocimientos y compartirlos de forma libre.

Desde un espíritu mundializador, internet es una vía positiva para expresarse, cotejar hábitos, compartir experiencias, fortalecer proyectos, comunicar utopías, convocar a transformaciones y percibir al mundo y la humanidad como un todo, unido por un destino común.

Pero si se mira a estos mismos portentos tecnológicos bajo la lupa de la globalización, se devela que estamos ante un momento de reconversión del sistema capitalista, inmerso en una encrucijada por la monstruosa derivación especulativa de sus excedentes, y la reducción para el capital de espacios con márgenes de ganancia apetecibles en actividades productivas de la economía real para su afán de lucro ilimitado y presuroso.

La economía digital globalizada constituye una puerta de escape, junto con la promocionada “revolución verde”, de un sistema de acumulación excluyente e injusto que tiende, por su misma esencia, a la concentración de riqueza, a la segmentación social y, contrariamente a lo que se pretende pregonar, a la depredación del hogar común, privatizando el bienestar y socializando tan solo dificultades.

No es de extrañar entonces que el mismo Foro Económico Mundial, un cónclave de los poderosos e insensibles del mundo, haya abrazado con fervor al mismo tiempo la causa digital y el discurso de transformación ecologista. Para Naomi Klein, “El gran reinicio” – programa presentado en Davos 2020 por Klaus Schwab, director del FEM y también miembro del consejo de administración del elitista club Bilderberg y el príncipe Carlos, conspicuo miembro de la realeza Británica- es un lugar para pregonar soluciones tecnológicas con fines de lucro para problemas sociales complejos; para escuchar a los jefes de los gigantes petroleros transnacionales opinar sobre la necesidad urgente de abordar el cambio climático; para escuchar a los políticos decir las cosas que dicen durante las crisis: que esto es una tragedia pero también una oportunidad, que se comprometen a reconstruir mejor y a marcar el comienzo de un «planeta más justo, más verde y más saludable».

No por nada, entre los principales oradores en esa ocasión estuvo también el presidente de Microsoft, Brad Smith, quien señaló de modo explícito: «Los datos, y la tecnología en general, son herramientas indispensables para resolver casi todos los problemas a los que nos enfrentamos».

Tampoco es casual que ya en marzo de 2017, el Foro Económico Mundial (WEF) inaugurara el primer Centro para la Cuarta Revolución Industrial en San Francisco, Estados Unidos, en una zona de alta concentración de incubadoras y empresas tecnológicas.

Los dos caminos 

Estamos ante una clara bifurcación de caminos. Un camino corto y veloz, el de una tecnologización digital acrítica, que conduce a una mayor dependencia de poderes concentrados y un aumento de la desigualdad y la exclusión social. El otro camino, con la mirada puesta en el interés común y la participación social, es quizás  más largo y lento, pero conduce a más autonomía, equidad, inclusión y complementación social.

Por el camino que pretende el capital concentrado, internet perderá todo componente social y humano. La ansiada conectividad universal será entonces tan solo el aprovechamiento por parte de ávidos hombrecillos del negocio corporativo de la inversión social en infraestructura ejecutada por los Estados. 

Por esta vía, se multiplicarán las plataformas digitales ofreciendo trabajo precarizado. El teletrabajo, lejos de servir a la reducción de la jornada laboral, la aumentará. Se agudizarán las diferencias salariales entre trabajadores del conocimiento y empleos de segundo o tercer orden. Para las mujeres, la nueva explotación digital se sumará al trabajo de cuidado no remunerado y las diferencias de paga con los hombres.

Si internet se convierte definitivamente en la autopista del negocio transnacional, continuarán proliferando los instrumentos de manipulación informativa, de vigilancia y control, transformando a las personas en objetos de un extractivismo de datos ilimitado. 

El avance corporativo digital sobre la educación y la salud traerá consigo la intervención ideológica de sus contenidos y la invasión de la privacidad de las comunidades involucradas, siempre para mayor gloria y riqueza de los accionistas de fondos de inversión.

Por este camino, aumentará la desigualdad entre el Norte y el Sur global, que continuará abasteciendo al Norte con materia prima digital y física a través del consumo extendido sin gozar de los beneficios que otorgan la propiedad de las patentes y licencias de tecnología.

Por ese sendero, las corporaciones irán primero  invadiendo y después capturando todo resquicio de actividad democrática, tornándose en una suerte de gobierno global corporativo, avanzando sobre el sistema multilateral de relaciones internacionales  y convirtiéndolo en mera pantalla para legitimar sus intereses.

El camino alternativo es el de la apropiación común de la tecnología digital para beneficio exclusivo de la comunidad humana en su conjunto.

Para que el derecho a internet constituya una ampliación efectiva de derechos, como en cualquier otro campo y ocasión de la historia, es imprescindible la participación decidida de los pueblos y sus organizaciones. 

De este modo, podrá establecerse una alianza entre el Estado y la comunidad organizada, una alianza público-comunitaria que desplace la nefasta “asociación público-privada”, que en el marco neoliberal legitimó la intromisión del capital en regiones hasta entonces vedadas a sus negocios. 

Desde esa alianza público-comunitaria podrán acometerse proyectos de conectividad universal de gestión compartida o autónoma para que las infraestructuras, herramientas y conocimiento y la necesaria inversión estatal se orienten al bien común y a la formación de usuarios activos y críticos. 

En esa perspectiva, las prioridades son garantizar la soberanía y la autonomía con la generación de alternativas tecnológicas descentralizadas, no invasivas, interoperables y de libre elección; forjar redes de cooperación entre organizaciones para pasar de ser meras receptoras a generadoras y hacedoras de políticas sobre tecnología y posibilitar el acceso irrestricto y compartido al conocimiento estratégico entre naciones.

Es ineludible colocar hoy fuertes impuestos a las grandes empresas tecnológicas y plataformas digitales y evitar su fuga a guaridas fiscales para financiar una Renta Básica Universal Incondicional. Asimismo exigir leyes que garanticen la protección y propiedad individual o comunitaria de los datos y regulen el accionar de plataformas digitales comerciales desde el interés público.

Es fundamental apropiarse no solo del uso, sino también de la creación de tecnología y redes sociales no tuteladas ni extractivistas para favorecer la comunicación, la organización y el acercamiento social.

En definitiva, el progreso científico-tecnológico es un logro de los pueblos y de su acumulación histórica. Las herramientas digitales deben servir para la plena realización del ser humano. De lo contrario, no solo son inútiles, sino también perjudiciales. 

Esta ponencia fue expuesta el 6/10/21 en el marco de la sesión del Grupo de Educación, Academia, Ciencia y Tecnología (GEACT), mecanismo de la sociedad civil en la agenda de desarrollo sostenible (Agenda 2030) y en el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible (FPALCDS). Algunos de los contenidos vertidos forman parte de los diagnósticos y propuestas colectivas de las Jornadas “Utopías o distopías. Los Pueblos de América Latina y el Caribe ante la era digital” organizadas por el espacio Internet Ciudadana.

 

Por Javier Tolcachier | 09/10/2021

 

Nota:

[1] Para ampliar el concepto de mundialización ver: Silo, Diccionario del nuevo humanismo. Obras completas Vol. II. pag. 538 (2002)  México. Editorial Plaza y Valdés. 

Javier Tolcachier es investigador en el Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en agencia internacional de noticias de Paz y No Violencia Pressenza.

El presidente de Ecuador, Lasso, es uno de los mandatorios con inversiones en paraísos fiscales según la investigación "Pandora Papers".

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Recuperan en Colombia restos de 73 posibles víctimas de desaparición forzada

 Un total de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada fueron recuperados luego de 13 días de intervención en el cementerio La Dolorosa, del municipio colombiano de Puerto Berrío, en Antioquia (noroeste), informó la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP, tribunal de paz).

"Desde el 14 hasta el 26 de septiembre la Unidad de Investigación y Acusación participó en la diligencia de recuperación de 73 cuerpos de posibles víctimas de desaparición forzada en Puerto Berrío, Antioquia, en conjunto con la UBPD (Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas)", indicó dicha unidad a través de Twitter.

La diligencia fue parte de las medidas cautelares adoptadas por la JEP para proteger zonas en las que posiblemente se encuentren cuerpos de víctimas del conflicto.

La acción humanitaria es hasta el momento la mayor desarrollada para identificar los restos de posibles víctimas de desaparición forzada cuyos restos fueron sepultados en el cementerio La Dolorosa, protegido con medidas cautelares de la JEP para evitar cualquier tipo de intervención mientras se realizan las exhumaciones e investigaciones respectivas.

Los restos fueron depositados en ese cementerio por la misma comunidad, que recogió de manera frecuente los cuerpos que llegaban al municipio arrastrados por la corriente del río Magdalena, el más grande de Colombia.

Hasta la fecha han sido recuperados en ese cementerio 116 restos óseos de posibles víctimas del conflicto armado, luego de que en abril pasado se exhumaron otros 43 cuerpos, que se han puesto a disposición del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para su identificación.

Según la JEP y la UBPD, en la zona del Magdalena Medio, que comprende el departamento de Antioquia, se prevé que estén los restos de unas 1.940 personas víctimas del conflicto.

Reportes del Centro Nacional de Memoria Histórica indican que de ellas, 851 estarían en el municipio de Puerto Berrío, 518 en Puerto Boyacá, 270 en Puerto Triunfo, 181 en Puerto Nare y 120 en Puerto Salgar.

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Después de Argentina y México, ¿puede avanzar América Latina hacia la despenalización del aborto?

En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. En este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla.

 

El 28 de septiembre se reconoce como el Día Internacional por el Aborto Seguro, fecha que enmarca las actividades de campaña realizadas para visibilizar y fortalecer la lucha por la despenalización y legalización del aborto a lo largo y ancho del planeta. 

Podría decirse que es el día para parar la pelota y analizar el partido: dónde estamos, hacia dónde se va, quiénes se oponen a los avances. En América Latina, pensar en términos futboleros no suena tan descabellado. Ya lo dijo el escritor uruguayo Eduardo Galeano: “El fútbol es el espejo del mundo”. Y en este mundial por el aborto, el continente latinoamericano viene dando batalla, en una marcha y contramarcha constante, mezclando estrategias ofensivas y defensivas. De a una o en simultáneo. Pep Guardiola o José Mourinho, depende el momento. Con resultados dispares, en los que nos jugamos las vidas.

No es lineal el caminito y mucho menos se llega a una meta. Ni siquiera lograr la legalidad de la interrupción voluntaria de un embarazo puede entenderse como la ocasión de alzar la copa. Ahí comienza otro campeonato. Una nueva fase de lucha. Siempre alertas, porque los derechos de las mujeres y de las diversidades nunca se dan por adquiridos y “… debéis permanecer vigilantes…”, como adelantó Simone de Beauvoir.  

Venas abiertas

Según el Centro de Derechos Reproductivos (CRR, por su sigla en inglés), durante las últimas décadas se avanzó en la garantía del derecho de las mujeres al aborto con casi 50 países liberalizando sus legislaciones. En la actualidad, 970 millones de mujeres ─que representan el 59% de las mujeres en edad reproductiva─ viven en tierras que permiten ampliamente el aborto.

Parte de las reformas han sido graduales, con supuestos que lo autorizan en determinadas situaciones. Muchos otros cambios fueron totales transformaciones que revocaron las prohibiciones absolutas del aborto en favor de la autonomía reproductiva de las mujeres. En América latina el panorama es complicado: la mayoría de los países se reparten entre la prohibición sin excepciones y un abanico de causales.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, reflexiona sobre este mapa desigual y selectivo que presenta las Américas: “Dependiendo de las condiciones sociales, económicas y del lugar en donde le haya tocado nacer a una mujer tendrá mayores o menores oportunidades de ejercer sus derechos. Así y todo, Argentina y nuestra región impulsan la discusión mundial por los derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, en países que durante el siglo XX fueron vanguardia en la reforma de la legislación sobre aborto hoy las mujeres y niñas ven sus derechos en peligro. Tal es el caso de Texas, Estados Unidos, que aprobó una norma regresiva que prácticamente prohíbe el derecho al aborto. En conclusión, la fuerza del movimiento de mujeres de América latina ha demostrado su capacidad para generar cambios poderosos y estas embestidas contra derechos conquistados nos encienden una alarma para nunca dejar de pelear”.

México

México reúne 32 entidades federativas, cada una con sus propias legislaciones sobre aborto. Es decir, opera bajo un sistema federal que regula el aborto a nivel estatal, por ende la ley varía según el estado. 

La mayor parte de la población mexicana se asienta en territorios que solo permiten la interrupción del embarazo en casos de violación, y algunos agregan otros supuestos como el riesgo para la vida o la salud de la gestante o malformaciones fetales. 

La Ciudad de México, sin embargo, legalizó en 2007 el aborto a pedido con un límite de gestación de 12 semanas; y entre 2019 y 2021 se sumaron Oaxaca, Hidalgo y Veracruz.

“Estamos muy contentas de que los cambios en los tres estados hayan sido tan rápidos. Lo que estamos buscando es que la implementación sea igual de rápida como fue en la capital. Tenemos el aprendizaje de esa ciudad para poder implementar y mejorar. Además, hay muchas colectivas capacitándose para acompañar abortos con medicamentos y así responder un poco a los vacíos que deja el Estado. El hecho de que no sea legal en todo México no quiere decir obviamente que no haya acceso a través de iniciativas feministas”, valora Sofía Garduño Huerta, a cargo de la coordinación del Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA (Mujeres, Aborto, Reproducción, Información y Acompañamiento), quien resalta el coletazo que generó la novísima aprobación del aborto en Argentina. 

Para Garduño Huerta, “el movimiento de la marea verde argentina dio un impulso muy grande para la movilización social mexicana”. “Hizo, sobretodo, que se pusiera el tema otra vez sobre la mesa, que se incorporaran más jóvenes al movimiento y personas de distintos ámbitos como actrices, cantantes e influencers. Visibilizó las colectivas al interior de la República y fuera de la capital. Vino a renovar las estrategias y a inyectar energía y alegría al movimiento feminista”.

Hace unos días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta por parte de mujeres y personas gestantes en el estado de Coahuila, sentando un precedente judicial histórico. 

Garduño Huerta explica la magnitud del fallo: “Se han dado tres discusiones con fallos muy importantes: por un lado, la Suprema Corte ha dicho que criminalizar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que deciden abortar de manera voluntaria es inconstitucional. De esta manera básicamente le está diciendo a todas las entidades del país (y no solo a Coahuila) que revisen sus códigos penales, y lo que esperamos son nuevas reformas para despenalizar en los estados que nos hacen falta. Otra cosa que ha dicho la Suprema Corte es que la protección de la vida desde el momento de la concepción ─tal como la entienden los grupos conservadores─ también es inconstitucional”.

Así, explica, se hace un reconocimiento a la vida pero no puede estar por encima de los planes de vida y derechos de las mujeres. Además, ha habido discusiones sobre la objeción de consciencia, en las que se resguarda este derecho del personal de salud a la vez que establece muy claramente que la objeción de consciencia no puede ser institucional: “En este sentido obliga al Estado a tener proveedores de salud que atiendan a quien lo necesite. Estas últimas discusiones son de muy avanzada al poner en el centro la libertad y autonomía reproductiva de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar”.

Cuba

Cuba fue el primer país de América latina y el Caribe en despenalizar el aborto. En 1961 la práctica salió de la clandestinidad y en 1965 se creó la base legal para que pudiera realizarse en el marco del Sistema Nacional de Salud sobre cuatro principios básicos: es la persona gestante quien decide, la práctica debe llevarse a cabo en una institución hospitalaria, por personal experto y de forma totalmente gratuita. 

Desde hace casi 60 años, entonces, las cubanas acceden a su derecho a interrumpir un embarazo siempre que sea en un marco institucional y dentro de las primeras 12 semanas de gestación. Más allá de este plazo se siguen criterios médicos.

Aun antes de la Revolución, igualmente, la interrupción del embarazo podía enmarcarse en causales. A partir de 1936 el aborto fue legal en Cuba para salvar la vida de la mujer o evitar un daño a su salud, en caso de violación, o si existía la posibilidad de transmitir al feto alguna enfermedad grave.

“Es importante que exista el derecho desde 1936. La Revolución del 59 heredó esa conquista. Pero a pesar de ser legal no existe una ley constitucionalizada, como en Argentina. Y eso no es bueno, porque aunque una mujer cisgénero pueda decidir no continuar con un embarazo tiene obligatoriamente que pasar por el sistema de salud”. Así se explica la periodista y ecuménica Yuliet Teresa Villares Parejo desde Morón, municipio de la provincia cubana de Ciego de Ávila.

Según Villares Parejo, en Cuba existe un método menos invasivo de interrupción que es la regulación menstrual, que se hace en una institución sanitaria. “Los altos números sobre esta práctica que ha informado el Ministerio de Salud dan cuenta de un nivel de educación sexual integral muy bajo en nuestro país. Este es uno de los debates que nos estamos dando en el movimiento feminista: la necesidad de un programa que se imparta en la educación cubana, porque obviamente a nuestras adolescentes y a nuestros jóvenes les falta información. Por otro lado, hay una escasez muy grande de anticonceptivos. Claro que es un derecho el aborto, pero las formas anticonceptivas tienen que existir en el sistema nacional de farmacia porque en el imaginario de muchas mujeres cubanas el aborto es la última opción”.

Para Villares Parejo tampoco es un dato menor que se trate de un proceso de gran impronta burocrática: “Sabemos que abortar es seguro, es legal, pero es muy moroso. Para que una mujer rural llegue al hospital provincial… la demora, el burocratismo es muy fuerte. La morosidad en una persona que quiere abortar, teniendo en cuenta que se le puede pasar el tiempo, es complejo. Ese es otro de los desafíos que tiene la salud pública de Cuba, con el Estado como eje gobernante de todo el proceso”. 

El Salvador

El Salvador tiene una de las leyes antiaborto más estrictas, con una prohibición de la práctica en todas las circunstancias. 

La historia de Manuela ─una mujer joven, analfabeta, de la zona rural salvadoreña ─ es un ejemplo de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos que ocurren en este país. Manuela llegó al hospital público con una emergencia obstétrica, pero el personal de salud la denunció alegando que había abortado por ser infiel. El centro de salud se convirtió así en una antesala del juicio: Manuela fue perseguida y condenada a 30 años de cárcel. Varios meses después le diagnosticaron cáncer linfático, enfermedad que pudo haber causado la pérdida del embarazo. Falleció en prisión. Tenía dos hijos. 

“La situación de penalización absoluta del aborto ha generado que entre 1998 y 2019, 181 mujeres sean procesadas injustamente por abortos o emergencias obstétricas. Las consecuencias de esta ley, además, hacen cómplice al Estado salvadoreño de la violencia sexual y los embarazos impuestos que enfrentan niñas y mujeres”. Sara García es activista feminista de El Salvador y defensora de derechos humanos y cree que en la actualidad se están viviendo retrocesos democráticos impulsados por el presidente Nayib Bukele, que ha aumentado presencial militar y ha acumulado más poder desdibujando la separación de poderes de Estado. “Encima, la nueva Asamblea Legislativa conformada mayoritariamente por diputadas y diputados del partido de gobierno ha archivado la propuesta que habíamos colocado para despenalizar el aborto, sin diálogo ni debate”, indica.

Nicaragua

En Nicaragua la interrupción del embarazo también está penalizada bajo cualquier supuesto. El 16 de noviembre de 2007, el Código Penal explicitó la pena de uno a tres años de prisión a “quien provoque aborto con el consentimiento de la mujer (…) Si se trata de un profesional médico o sanitario, la pena principal simultáneamente contendrá la inhabilitación especial de dos a cinco años para ejercer la medicina u oficio sanitario”. Y penas de uno a dos años de prisión a “la mujer que intencionalmente cause su propio aborto o consienta que otra persona se lo practique”. Se castiga, incluso, el aborto terapéutico ─aquel que se realiza cuando la vida de la persona gestante o el feto corren peligro─, y no importan las edades ni las situaciones de abuso sexual.

Maryorit Guevara es periodista feminista y directora de La Lupa, el único medio crítico con perspectiva de género en Nicaragua: “Daniel Ortega y Rosario Murillo lograron con acuerdos que se reformara la ley para penalizar el aborto, permitido en algunas circunstancias por más de 100 años en el país. Este pacto político favoreció al Frente Sandinista de Liberación Nacional para poder retornar al poder y congraciarse con la Iglesia. Sin embargo, vale mencionar que no tenemos casos, como en otros países de Centroamérica, de mujeres que hayan sido procesadas y condenadas por este supuesto delito”, dice esta periodista, que aclara que esto no significa que no se practiquen abortos, “sino que hay una gran clandestinidad en clínicas que no cuentan con las condiciones necesarias, y son situaciones que terminan atentando contra las vidas de las mujeres”.

Guevara pone el foco en otra de las consecuencias más dolorosas de los 14 años de penalización absoluta del aborto en Nicaragua: “La afectación más visible es el embarazo impuesto en niñas y adolescentes. Hasta 2020, al menos 1600 niñas menores de 14 años fueron obligadas a convertirse en madres. Sin tener acceso a justicia a pesar de haber sufrido vejaciones. Esta es una de las mayores denuncias que se ha hecho desde el movimiento de mujeres organizadas nicaragüenses”.

Chile

La ley 21030 del año 2017 reguló la despenalización de la interrupción del embarazo en Chile bajo tres causales: si la mujer se encuentra en riesgo vital, si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética incompatible con la vida extrauterina independiente, o si el embarazo fuera resultado de una violación ─siempre que no hayan transcurrido más de 12 semanas de gestación─. 

Izani Bruch, Obispa de la Iglesia Evangélica Luterana en Chile, señala los pasos dados cerca de la cordillera: “La ley de las tres causales no contempla las realidades de todas las mujeres, pero se perciben muchas resistencias desde sectores de la derecha, de parte de iglesias evangélicas, de la iglesia católica y de los movimientos pro-vida para generar cambios. Sin embargo, en el último debate presidencial, tres de los cinco candidatos en campaña plantearon estar de acuerdo con impulsar la ley de aborto legal, seguro y gratuito que demandan las mujeres y los feminismos chilenos”.

Cabe recordar que el estallido social que movilizó a Chile en octubre de 2019 abrió un proceso constituyente histórico que se orientó a la elaboración de una nueva Constitución. Por primera vez, entonces, existe la posibilidad de incorporar al catálogo de derechos fundamentales la salud, la salud sexual y reproductiva, y los derechos sexuales y reproductivos.

Uruguay

La ley 18.987 aprobó en 2012 la legalización del aborto en Uruguay hasta las 12 semanas de gestación, y los datos oficiales cuentan que son 75 mil las mujeres que en ocho años de servicios pasaron sus abortos por el sistema de salud.

Pero aunque fue punta de lanza en América del Sur, la norma uruguaya no sacó al aborto del Código Penal; y mantuvo como punibles a las mujeres que aborten o a quienes las ayuden a abortar por fuera de las condiciones definidas por la ley. Es decir: fuera de las 12 semanas de gestación, fuera de los servicios de salud y a las migrantes con menos de un año de residencia. Hasta las 14 semanas se permite interrumpir un embarazo solo en casos de violación, y sin plazo cuando hay riesgo de vida de la mujer o malformación fetal incompatible con la vida.

“Esa no era la ley que queríamos ni que habíamos peleado como movimiento feminista, porque es restrictiva y extremadamente tutelante. Establece una serie de condiciones para llegar al aborto legal que son una falta de respeto a la capacidad ética de las mujeres de tomar nuestras propias decisiones. La ley uruguaya lo que hace es poner bajo control médico el cerciorarse que la mujer esté decidiendo por un aborto de manera informada y responsable, y la intencionalidad es que desista de abortar. Esto es grave en términos feministas y es un dolor enorme para nosotras”. 

Quien comparte el pesar es Lilian Abracinskas, activista feminista y directora de Mujer Y Salud (MYSU), una organización para la promoción y defensa de la salud y los derechos sexuales y reproductivos en Uruguay.

“A los seis meses, sin embargo, tuvimos que salir a defender esa ley que se había conseguido porque los opositores ─que hoy gobiernan el país─ constituyeron una Coordinadora Por la Vida para derogar la norma llamando a una consulta ciudadana. Esta consulta ciudadana necesitaba el 25% de adhesión para habilitar un plebiscito derogatorio. Solo obtuvieron el 9%, y esto fue el gran éxito que tuvimos como movimiento social en términos de apoyo democrático a la lucha que habíamos llevado”.

Luis Lacalle Pou asumió en 2019 como presidente de Uruguay por el Partido Nacionalista. Previamente, como diputado, no apoyó ninguna de las leyes de la agenda de derechos: aborto legal, matrimonio igualitario, regulación del cannabis, ley de jornada laboral del peón rural, ley para empleadas domésticas, ni la ley integral para personas trans. Y en campaña declaró que su gobierno seguiría una agenda “pro-vida”.

Así analiza Abracinskas el recorrido reciente: “Como movimiento feminista debemos estar alertas siempre. Saber que nada de lo que se consigue termina estando grabado a piedra. Por eso creo que entre las cosas que hicimos bien estuvo mantener la movilización social en torno al aborto. Que la gran movilización que hubo en Uruguay para conseguir la ley no se desvinculara. Porque conseguir la ley no es el final del camino sino entrar en una nueva fase, que requiere apropiarse del logro, garantizar los servicios, mantener exigibilidad ciudadana para que lo que se comprometió se cumpla y tratar de generar las condiciones para avanzar sobre lo logrado”.

Argentina

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó en Argentina la ley 27.610 que regula el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) y a la atención postaborto. El 24 de enero de 2021 entró en vigencia en todo el territorio. La ley establece una mixtura de plazos y causales y concede el derecho de personas con capacidad de gestar a interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 ─inclusive─ del proceso gestacional. Este derecho coexiste con un sistema de causales que indica que, independientemente de la edad gestacional, la persona gestante puede interrumpir el embarazo si fuera resultado de una violación o si estuviera en peligro su vida o su salud (ILE).

Valeria Isla, Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, destaca la amalgama feminista de la región: “En América latina hay una marea verde muy grande, y nuestra ley ha generado un impacto altamente positivo. Tenemos muchos intercambios con distintos países de la región para favorecer la ampliación de derechos a partir de la experiencia argentina. Sobre todo porque nosotras logramos llegar a sancionar la ley con mucho apoyo de la red feminista latinoamericana”.

La Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva (DNSSR) es responsable de la implementación efectiva de la ley en Argentina, en conjunto con las direcciones y programas provinciales de salud sexual y reproductiva de las 24 jurisdicciones. Con ese fin, las estrategias en estos ocho meses giraron alrededor de fortalecer la capacidad de resolución sanitaria, remover barreras, capacitar al personal de salud y proveer de insumos.

Algunos números que refleja el Informe de Implementación de la Ley 27.610 con fecha junio de 2021 son 22 intervenciones del equipo legal de la DNSSR por problemas relacionados con el acceso a IVE-ILE y con el acceso a anticoncepción durante la pandemia; 12.010 llamados durante el primer cuatrimestre de 2021 a la línea telefónica gratuita que brinda información a la población o 15.445 tratamientos de misoprostol distribuidos en el primer semestre 2021. 

Pero el trecho es largo y “en la cancha se ven los pingos” dice el dicho. Por eso, desde distintos espacios feministas festejan lo logrado mientras machacan con lo que falta.

Julieta Bazán es médica generalista e integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir: “Celebramos la ley que nos da un piso para seguir exigiendo que se cumplan las acciones necesarias para su implementación. Porque notamos que muchas provincias generan discursos contradictorios que dificultan el acceso al derecho y a información segura. Es una ley nacional y se necesita que todos los efectores tengan los medios para garantizarla. Asimismo notamos mucha heterogeneidad: en las ciudades más grandes hubo un aumento de la demanda y de tratamientos pero que son insuficientes. Las personas que recurrían a intervenciones clandestinas se animan hoy a acercarse al sistema de salud, pero no estamos pudiendo dar abasto con las respuestas. Faltan recursos, tanto en equipos de salud capacitados como en tratamientos”.

De punta a punta, América latina batalla contra el perejil. También contra las perchas, las agujas de tejer, las varas de mimbre y el yuyerío que, desde que el mundo es mundo, las mujeres usan para inducir abortos. Porque las mujeres siempre abortaron. Pero algunas, muchas, todavía mueren con sus cuerpos invadidos de precariedad clandestina

Por Mariana Fernández Camacho

28 sep 2021

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"Esta es nuestra casa" o "Fuera especuladores". Pintadas contra la especulación en la ciudad. Álvaro Minguito

El resultado del referéndum llevado a cabo este domingo es claro; su aplicación, no tanto. El nuevo gobierno de la capital dominado por los socialdemócratas se echaría atrás, según las previsiones.

 

El referéndum en la capital alemana sobre la expropiación de viviendas a grandes tenedores que posean más de 3.000 viviendas ha obtenido el respaldo del 56% de los participantes en dicha consulta. A ésta estaban llamados todos los ciudadanos residentes en la capital con la nacionalidad alemana, unos 2,47 millones de personas. De ellos, debían votar al menos 600.000 en la consulta y la mayoría de ellos hacerlo a favor. Cerca de un millón de berlineses votó el domingo a favor de la propuesta, impulsada por organizaciones de activistas y respaldada por Die Linke.

Con la aprobación de la propuesta, la pelota pasa al tejado del nuevo Senado de Berlín, que debería elaborar una ley para desarrollarlo, aunque no es vinculante. Los organizadores, la plataforma “Deutsche Wohnen & Co enteignen” (Expropiar a Deutsche Wohnen y cia., en español) explicaba el domingo por la noche en palabras de su portavoz Joanna Kusiak que “desatender la petición del referéndum sería un escándalo político”, al tiempo que constató que la organización de cientos de activistas para llevarlo a cabo podría ser más duradera: “Somos miles de personas activas. Nos hemos enfrentado a los poderosos y hemos ganado. No vamos a desaparecer tan pronto”.

La ley que debe desarrollar el nuevo Senado afectaría a unas 240.000 viviendas de la capital, es decir, las viviendas que posean grandes inmobiliarias que posean más de 3.000 pisos, afectando a una decena de empresas del sector. En las últimas elecciones de 2017, los berlineses votaron a favor de mantener el aeropuerto de Tegel, pero éste fue cerrado por el gobierno berlinés. Lo mismo podría ocurrir con la nueva consulta.

En el nuevo parlamento berlinés el partido socialdemócrata (SPD) sigue siendo la primera fuerza, con un 21% de los votos, seguido muy de cerca por el partido verde (Die Grüne) con casi 19%. La tercera fuerza es la conservadora CDU con el 18,1% de los votos y cuartos quedó La Izquierda (Die Linke) con un 14%. Los ultras de Alternativa por Alemania (AfD) consiguen un 8% y los ultracapitalistas del FDP obtuvieron el 7%. El gobierno será, de este modo, de nuevo un tripartido, que hasta ahora estaba formado por una coalición progresista de SPD, Grüne y Linke. Si este gobierno sigue y qué hará con el referéndum va a depender en buena medida de Franziska Giffey.

La hasta ahora Ministra de Familia en el gobierno de Merkel ha salvado el trasero al SPD en la capital con su popularidad, pero su conservadurismo es bien conocido. Ya durante la campaña electoral, Giffey ha asegurado que para mantener la coalición actual la cuestión de las expropiaciones podría ser decisiva. Giffey está en contra de reencaminar la propiedad de las viviendas al ayuntamiento, mientras que Die Grüne y Die Linke están a favor del contenido del referéndum. A nadie extrañaría que los socialdemócratas se aliasen con la derecha para frenar las medidas más a la izquierda de la actual coalición, que congeló los alquileres, además de establecer los comedores y las extraescolares, las guarderías y el transporte escolar gratuitos para todos los berlineses.

Ese será el primer escollo, que a día de hoy parece insalvable. El segundo sería el paso por la comprobación de la legalidad de una norma de estas características en el marco constitucional alemán. Aquí podría fallar la norma según un estudio encargado por una asociación cercana a la industria y publicado esta semana. Según éste, dejar fuera de la categoría de “grandes tenedores” a las cooperativas de arrendatarios, que en su mayoría poseen más de 3.000 viviendas, sería inconstitucional por no garantizar la igualdad ante la ley. También se asegura en dicho informe que Berlín no tendría competencias en la materia y que la medida entraría en colisión con el freno de la deuda constitucional.

27 sep 2021 08:29

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Las fotografías que muestran a agentes de la Patrulla Fronteriza a caballo persiguiendo a migrantes no reflejan lo que somos como país ni lo que es el Servicio de Aduanas, afirmó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante un comité de la Cámara de Representantes, en medio de reportes de que muchos caribeños fueron liberados en la localidad Del Río. Por el conflicto, la policía texana colocó una gran hilera de patrullas en las márgenes del río Bravo, cerca del campamento de haitianos. Foto Ap. Agencias

Condenan persecuciones a caballo. Las imágenes de Del Río, Texas, evocan a vaqueros que arrean ganado, señalan // Miles de caribeños han sido liberados y se les permitirá reunirse con familiares, indican reportes

 

Washington. Las fotografías que muestran a agentes de migración a caballo y persiguiendo a migrantes haitianos "no reflejan lo que somos como país, ni tampoco lo que es el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos", sostuvo ayer el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, en medio de reportes de que muchos caribeños han sido liberados y por ahora no serán deportados.

En una de las imágenes tomadas por el fotógrafo de Afp Paul Ratje el lunes y publicadas en medios de Estados Unidos y de todo el mundo, un jinete de la Patrulla Fronteriza agarra a un hombre por la camisa en el lado estadunidense del Río Grande, cerca de Del Río, Texas. En otra, el agente retiene a un grupo de personas blandiendo sus riendas en una postura amenazante para obligarlos a volver hacia México.

"He ordenado que se lleve a cabo una investigación de los hechos que se retratan en esas imágenes", aseguró Mayorkas. El resultado "impulsará las acciones que tomemos, no nos andaremos con rodeos", afirmó, al prometer un resultado "en días y no semanas".

“Los horribles videos (…) son el último de una serie de abusos contra los derechos humanos como resultado de la continuación de las políticas fronterizas de la era (Donald) Trump (2017-2021) por parte de la administración Biden”, afirmó la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) en un comunicado de prensa.

Críticos dijeron también que las imágenes de Del Río evocan a vaqueros que arrean ganado o momentos de la historia estadunidense en los que la policía montada, guardias de prisiones o propietarios de esclavos utilizaban látigos contra los negros.

Estas imágenes se produjeron en un momento en que el departamento de Mayorkas lucha por detener a miles de haitianos y personas de otros países que cruzan la frontera con la esperanza de quedarse en Estados Unidos. La Patrulla Fronteriza comenzó a deportar a los haitianos a su país por vía aérea durante el fin de semana. Pero después de que se difundieran las fotografías de los jinetes y los migrantes, miembros del Partido Demócrata del presidente Joe Biden condenaron el trato a los extranjeros.

Por lo pronto, del domingo al martes llegaron a Haití 10 vuelos con unos 135 deportados cada uno.

El campamento instalado debajo del puente en Del Río, Texas, albergó a más de 14 mil personas el fin de semana, según estimaciones. El martes, el gobernador de Texas, Greg Abbott, expuso que el máximo funcionario del condado le informó que el número de migrantes se redujo a unos 8 mil 600.

Liberaciones masivas

Fuentes citadas por Ap y Reuters señalaron que a la par de las deportaciones, las autoridades están liberando a muchos haitainos, que están a la espera de trasladarse a otros puntos de Estados Unidos para reunirse con familiares.

Los haitianos han sido dejados en libertad "a una escala muy, muy grande" en los últimos días, indicó un funcionario que habló de varios miles, indicó Ap.

Muchos han quedado libres con un aviso para acudir a una oficina de inmigración en el plazo de 60 días, una solución que requiere menos tiempo de procesamiento para los agentes de la Patrulla Fronteriza que ordenar una aparición ante una corte migratoria, y apunta a la velocidad con la que se están moviendo las autoridades, dijo el funcionario.

Wade McMullen, abogado de la organización de derechos humanos Robert F. Kennedy, afirmó que varios cientos de personas, en su mayoría embarazadas y padres con niños, fueron liberadas en Del Río, durante los últimos días. "La gente duerme en la estación de autobuses o afuera del aeropuerto esperando su autobús o avión para reunirse con sus familiares".

Los relatos de las liberaciones masivas, algunas presenciadas por The Associated Press, contradicen declaraciones realizadas antier por Mayorkas, quien viajó a la ciudad y advirtió: "si vienes a Estados Unidos de forma ilegal, serás deportado, tu viaje no tendrá éxito y estará poniendo en peligro tu vida y la de tu familia".

Las condenas al matrato a los caribeños continúan. El director del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, se manifestó "impactado" y señaló que las expulsiones podrían violar el decerecho internacional.

Desde Puerto Príncipe, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos calificó de "cacería humana" la persecución a los caribeños en Del Río, y pidió una moratoria en la deportación masiva, hasta que mejore la situación sociopolítica de Haití, marcada por el deterioro acelerado de las condiciones de vida, la inestabilidad política y aumento de la delincuencia.

De igual manera, un grupo de abogados haitianos basados en Estados Unidos anunció su intención de presentar acciones legales para detener lo que consideran expulsiones sumarias.

Varados en Colombia, 19 mil extranjeros

Por otra parte, unos 19 mil migrantes, "en su mayoría haitianos", están varados en un puerto del norte de Colombia en su travesía hacia Estados Unidos, informó la Defensoría del Pueblo colombiana.

Por un acuerdo entre los gobiernos de Colombia y Panamá, el tránsito de migrantes se restringe a un máximo de 650 personas al día. Más de 50 mil han cruzado esa frontera en 2021.

Los viajeros deben atravesar el golfo de Urabá, un tramo marítimo de unos 60 kilómetros. También sortear la amenaza del Clan del Golfo, la mayor organización del narcotráfico en la región.

El lugar es uno de los principales puntos de tránsito de haitianos, africanos y asiáticos que buscan migrar hacia Estados Unidos. La mayoría proceden de Chile y Brasil, buscando cruzar hacia Panamá por la peligrosa selva del Tapón del Darién, uno de los tramos más duros del viaje.

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Imagen: AFP

El gobierno de Joe Biden comenzó las masivas deportaciones

En los últimos meses Haití atraviesa una crisis política por el magnicidio del presidente Jovenel Moise y los efectos del terremoto. 

 

Las deportaciones masivas de migrantes haitianos por parte de Estados Unidos despertaron la preocupación de la ONU, que advirtió que personas con solicitudes de asilo serias pueden estar en riesgo. El gobierno norteamericano comenzó a expulsar a cientos de miles de haitianos que llegaron hasta la frontera entre México y EE.UU tras un peligroso recorrido desde Sudamérica.

Expulsiones exprés

Unos 15 mil haitianos y haitianas que llegaron a la ciudad fronteriza de Del Río, en el estado de Texas comenzaron a ser deportados por Washington. Los migrantes han estado varados durante días bajo el puente que cruza el río Grande que divide a México de Estados Unidos. Muchos viajaron desde Chile o Brasil, donde residieron en los últimos años.

Según el secretario de Seguridad Interior estadounidense, Alejandro Mayorkas, los haitianos recibieron información errónea de que podían quedarse en EE.UU. como refugiados bajo el “Estatuto de Protección Temporal” (TPS) debido a la crisis política tras el asesinato de Jovenel Moise a principios de julio y el terremoto que devastó al país en agosto. El TPS alcanzaba a los haitianos que quedaron en EE.UU. después del terremoto de 2010 en el que murieron 200 mil personas en el país caribeño. Tras el magnicidio de Moise se extendió el TPS para los haitianos que estaban en suelo estadounidense antes del 29 de julio, pero no alcanzaba a los que llegaron después de esa fecha.

Patrullas ecuestres

"Hemos reiterado que nuestras fronteras no están abiertas y que la gente no debería emprender ese peligroso viaje", agregó. "Si usted entra ilegalmente a Estados Unidos, será devuelto", remarcó Mayorkas en conferencia de prensa desde la ciudad fronteriza. El funcionario llegó a Del Río tras la polémica desatada cuando fueron difundidas imágenes de los guardias fronterizos que recorrieron la frontera a caballo e hicieron retroceder a migrantes haitianos. Una de las fotografías tomadas por el reportero gráfico de la AFP, Paul Ratje, muestra a un policía montado a caballo atrapando a un hombre por la camisa.

"La situación era de tensión y los migrantes empezaron a correr alrededor de ellos (...) Muchos comenzaron a correr para intentar escapar de los jinetes y uno de los agentes agarró a un hombre de la camisa y lo hizo dar vueltas mientras el caballo trotaba en círculos", dijo Ratje sobre una de las fotos.

Las patrullas ecuestres fueron desplegadas en los últimos días cerca del río Bravo donde acampaban miles de migrantes, en su mayoría haitianos, según dijo a los medios el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz. "Les pedí que averiguaran si las personas estaban en peligro y que recopilaran información sobre los contrabandistas", agregó. "Controlar un caballo en un río es difícil". La portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, calificó el hecho de “horrible”. "No tengo todo el contexto, pero no imagino en qué contexto eso sería apropiado", afirmó en una rueda de prensa.

Familias expulsadas

Al menos tres vuelos salieron de Texas para aterrizar en la capital Puerto Príncipe. Cerca de la mitad de los más de 500 migrantes expulsados por Estados Unidos eran menores de cinco años y nacieron fuera de Haití. Antes de cruzar el río Grande, los haitianos habían residido durante varios años en Chile y Brasil donde llegaron entre 2016 y 2017.

Familias enteras viajaron hasta México para intentar solicitar asilo en Estados Unidos, como el caso de Jeanne, que habló bajo condición de anonimato. Ella, su esposo y su hijo Mael de tres años que cuenta con pasaporte chileno viajaron durante dos meses hasta llegar a Del Río y gastaron cerca de 10 mil dólares. "En Santiago tenía un pequeño negocio, mi esposo trabajaba. Logramos ahorrar dinero: esto es lo que nos permitió viajar hasta Estados Unidos", relata.

"Es una cosa inexplicable. Nadie puede realmente transmitir lo que es este horror", dijo Jeanne. "Si hubiera sabido por lo que iba a pasar, nunca hubiera hecho este viaje", lamentó. La pareja contó que gastó 7.000 dólares para llegar a México y 2.000 más para alcanzar la frontera de Texas. Jeanne dejó su país tras finalizar sus estudios de administración de empresas en 2016. "Si hubiera podido encontrar trabajo, nunca me hubiera ido. Ahora la situación en el país ha empeorado mucho", dice.

"Biden sabe lo que está haciendo"

Cientos de haitianos se mostraron frustrados tras su expulsión y luego de haber gastado miles de dólares para llegar hasta EE.UU. "Biden sabe lo que está haciendo, pero no le importa. Nos trata a nosotros y a nuestros hijos peor que a las bestias", gritó una mujer desde la terminal aérea en Puerto Príncipe. Otro de los migrantes deportados se refirió a las condiciones en el centro gestionado por la agencia migratoria estadounidense tras haber cruzado el río Bravo.

"No teníamos camas para dormir, dormíamos solo con una fina sábana de plástico para cubrirnos, en un espacio con demasiado aire acondicionado. Y dormíamos en el piso de concreto", cuenta Garry Momplaisir, de 26 años, quien pasó cinco días en el lugar. "No podíamos ducharnos. Había baños pero no había lugar para lavarnos", agrega Momplaisir, expulsado junto a su esposa y su hija de cinco años.

Políticas trumpistas

Por su parte, el líder de la mayoría del Senado estadounidense, Chuck Schummer, del partido demócrata, instó al presidente Joe Biden a terminar con las deportaciones masivas de migrantes haitianos, una política que advirtió tenía actitudes “detestables y xenófobas” similares a las que se vieron durante le gestión del exmandatario republicano Donald Trump.

"Insto al presidente Biden (...) a poner fin inmediatamente a estas expulsiones, y a terminar con esta política del Título 42 en nuestra frontera sur. No podemos continuar con estas políticas detestables y xenófobas de Trump que ignoran nuestras leyes de refugiados", dijo Schumer en el pleno del Senado. La oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos anunció que la mayoría de los migrantes serán expulsados bajo el Título 42, una política del gobierno que restringe la inmigración debido a la pandemia de coronavirus.

"Todos hemos visto estas horribles imágenes procedentes de nuestra frontera sur, con solicitantes de asilo haitianos, que simplemente buscan escapar de la tiranía (...) siendo recibidos en nuestras puertas con una (indignidad) inimaginable", añadió Schumer. "Las imágenes de migrantes haitianos siendo golpeados con látigos y otras formas de violencia física son completamente inaceptables. Este comportamiento debe ser abordado y debemos rendir cuentas. Las imágenes revuelven el estómago", sostuvo.

Desde la ONU se sumaron a la preocupación por las expulsiones masivas. "Estamos seriamente preocupados por el hecho de que parece que no ha habido ninguna evaluación individual en los casos (de Haití)", señaló la vocera del organismo internacional, Marta Hurtado. "Quizás algunas de estas personas no han recibido la protección que necesitaban", agregó y subrayó que todos los solicitantes de asilo tienen derecho a que sus demandas sean consideradas

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Colombia. 115 menores de cinco años han muerto por desnutrición aguda

Cifra registrada en lo corrido de este año

 

La Defensoría del Pueblo reveló este lunes que entre el primero de enero y el 4 de septiembre han muerto en Colombia 115 menores de cinco años por desnutrición aguda, incrementando un 38% comparado al mismo periodo del 2020.

El Instituto Nacional de Salud (INS) también dio a conocer que al término de la semana 32 de este año se han registrado 8.545 niños y niñas de 5 años con desnutrición aguda.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, señaló que La Guajira sigue siendo el departamento en el que se reportan muertes de los menores por causas relacionadas a la desnutrición (22.6%), seguido de Magdalena (9,6%), Chocó (8,7%), Cesar (6,1%) y Antioquia (5,2 por ciento).

El defensor del Pueblo también informó que entre el 24 de agosto y el 4 de septiembre de este año, ocho niños y niñas menores de cinco años murieron por causas relacionadas con la desnutrición.

“Los niños son sujetos activos de derechos y el Estado, la sociedad y las familias deben generar entornos protectores para garantizarlos. Eso implica la necesidad de proveer mecanismos adecuados y efectivos, con los que se detecten a tiempo las situaciones que puedan amenazar o vulnerar los derechos de los niños, o el restablecimiento de estos cuando el daño se ha consumado. Esta es una situación que se debe atender de manera urgente”, precisó Carlos Camargo.

Es de resaltar que Bogotá es la primera zona del país en la que existen más casos de infantes afectados por la desnutrición aguda con 1.525 casos, seguido de La Guajira con 691 casos; le siguen Antioquia con 598, Cundinamarca con 577 casos y Norte de Santander con 487.

Redacción Web

Bogotá

Septiembre 20, 2021

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