En Colombia el 16 por ciento de los niños no acceden a la educación primaria

Según estudio realizado por la Unesco, la cobertura de la educación primaria en Colombia no supera el 83,9 por ciento de los infantes. Entre ellos, más del 15 por ciento desertan por falta de recursos económicos.

 

Quince países de Latinoamérica y el Caribe participaron en el Tercer Estudio Regional Comparativo (Terce) realizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco y el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (Llece). Los resultados fueron expuestos el miércoles 3 de diciembre en Brasilia, dando un diagnóstico alentador de la educación primaria en la región.

Estudio que en algunos aspectos es revelador. Por ejemplo, para el caso de Colombia muestra un panorama diverso, pues mientras el porcentaje de alumnos inscritos en educación primaria es del 83,9 por ciento –más bajo que el promedio regional obtenido de 91,2 por ciento–, el porcentaje de repetición es uno de las más bajos: solo el 2,4 por ciento de los estudiantes matriculados tuvieron que repetir el año cursado. Vale la pena anotar que en este resultado puede pesar la existencia y aplicación por los centros de estudio del decreto 230 que no permitía la perdida del año lectivo por parte de ningún estudiante, decreto que duró hasta hace cuatro años cuando fue reemplazado por el 1290 que brinda autonomía a cada una de las instituciones ante el tema de la promoción.

Las cifras del Terce demuestran que en Colombia hace falta garantizar una educación gratuita y de calidad que aseguren que el 16 por ciento de niños que hoy no llegan a la escuela en adelante sí lo hagan.

Los datos del estudio fueron recolectados en el 2013 por las organizaciones gracias a la cooperación de los países y a los resultados obtenidos luego de evaluar a más de tres mil escuelas y casi doscientos mil estudiantes de los grados tercero y séptimo de la región con pruebas de Lenguaje, Matemáticas y Ciencia. Por otro lado, el estudio tuvo en cuenta variables sociales y económicas de cada uno de los países participantes, como desigualdad social, pobreza e inversión educativa.

Estos datos destacan a Colombia como el segundo país, entre los catorce analizados, con el más alto índice de pobreza, con un 16 por ciento, apenas superado por Honduras, cuyo porcentaje fue del 30 por ciento.

Mientras tanto, en materia de inversión educativa, el país aporta un 4,4 por ciento del PIB y un 15,8 por ciento del presupuesto público, lo que lo posiciona por debajo de países como México, Guatemala y Chile, cuyos porcentajes van del 19,4 al 21 por ciento del presupuesto público. Sin embargo, es necesario destacar que en lo que ha corrido del 2006 al 2013 este porcentaje creció en el país.

Una de las cifras más preocupantes evidenciadas en el estudio es el alto índice de deserción de la escuela primaria que caracteriza a Colombia, donde el 15,3 por ciento de los estudiantes matriculados abandonan la institución, "ya sea por la ineficiencia de las instituciones para mantener a los estudiantes o por variables externas como la condición económica, que obliga al estudiante a trabajar para aportar al ingreso familiar", concluyen las organizaciones que realizaron el estudio.

Lo más alarmante es que esta tasa de abandono tuvo un aumento del 0,5 por ciento entre el 2006-2013, una de las más altas de la región.

Una de las posibles causas de este indicador podría explicarse por el alto índice de desigualdad social vigente en Colombia que para el 2012, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Pnud), correspondía al 0,54, el más alto de los 15 países analizados, lo que imposibilita la existencia de condiciones dignas para que un niño pueda desempeñarse plenamente en el ámbito educativo.

 

Desempeño de los estudiantes de educación primaria

Mientras tanto, los resultados obtenidos por los estudiantes de grado primero y sexto de las escuelas primarias colombianas fueron alentadores y mostraron un avance significativo en comparación con lo obtenido en las pruebas del 2006.

En el área de matemáticas los resultados tuvieron un aumento de 19,53 puntos para los grados terceros, mientras que los grados sextos obtuvieron un aumento de 21,98 puntos.

Una mejoría semejante presentó Ciencias Naturales, prueba que fue aplicada a los estudiantes de grado sexto, que obtuvo un resultado favorable en relación con el promedio regional, y un aumento del 22,18 en comparación con los resultados del 2006.

 

 

Lenguaje y matemáticas

Un dato curioso: la diferencia relevante presentada en las puntuaciones de lectura de tercer grado, significativamente más alta en niñas que en niños.

A nivel regional los resultados fueron similares pues en Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, México, Paraguay, República Dominicana y el estado mexicano de Nuevo León, las niñas también mostraron resultados superiores a los de los niños en esta área. Por otro lado, y para el caso colombiano, los niños, demostraron un mayor desempeño que las niñas en el área de matemáticas, tanto en el grado tercero como en el sexto.

En general el estudio Terce evidenció un mejoramiento en los resultados obtenidos en la región en todos los grados y áreas evaluadas. Sin embargo, los países que obtuvieron mayores puntajes son los mismos que han mejorado el presupuesto en educación, y cuya brecha de desigualdad y pobreza son menores. Es en esa medida que la dirigencia colombiana debe hacer esfuerzos significativos para que realmente exista una educación primaria gratuita, obligatoria y de calidad; correspondiéndole a las organizaciones sociales demandan la efectiva aplicación del derecho humano fundamental a una educación pública, gratuita y universal.

 

 

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Viernes, 05 Diciembre 2014 06:51

Militares con prontuario

Militares con prontuario

El Senado colombiano ratificó en un acalorado debate el ascenso de al menos 39 oficiales del ejército entre los que figuran cinco militares sobre los cuales existen sospechas de que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, informó ayer el Ministerio de Defensa. Una amplia mayoría votó en el pleno de la Cámara alta a favor de esta promoción propuesta por el gobierno de Juan Manuel Santos, que ya había sido aprobada el 20 de noviembre por la Comisión Segunda del Senado. Los casos que generan polémica son los que involucran a los brigadieres generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza y Gabriel Hernando Pinilla Franco, además de los sucesos que supuestamente tienen como protagonista al coronel Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, todos ellos promovidos a generales. Se los acusa de haber realizado ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado, ocurridos en las zonas en los que operaron batallones a su mando, pero también existe malestar porque, denunciaron los legisladores, sus historiales militares no se entregaron siguiendo los tiempos que establece el Senado.


Pese a las numerosas críticas del partido de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA), que se opuso a las cinco promociones impulsadas por el Ejecutivo colombiano, el pleno del Senado dio luz verde definitiva al ascenso general en un debate al que asistió el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón. El funcionario desmintió que los oficiales hayan violado derechos humanos porque, aseguró, los organismos competentes han señalado que no hay ninguna investigación contra estos militares. "Debe respetarse la honra de estos uniformados y la de sus familias porque los entes de control han señalado que no hay investigaciones en su contra", indicó Carlos Pinzón. Sin embargo, desde el Polo sostuvieron que, al no recibir toda la información sobre sus historiales castrenses, realizaron investigaciones por su cuenta con las que pudieron determinar la existencia de sospechas de graves crímenes cometidos por estos oficiales.


Por su parte, la ONG Human Rights Watch (HRW) alertó ayer que el gobierno colombiano impulsa varias reformas legislativas que tienen como finalidad blindar los crímenes contra civiles cometidos por militares en el marco del conflicto armado. En una rueda de prensa en Bogotá, el director de este organismo para las Américas, José Miguel Vivanco, denunció que el Ministerio de Defensa inició una "emboscada legislativa" para proteger a los militares que han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
"

Esa estrategia consiste nada menos que en una reforma constitucional y dos proyectos de ley", expuso Vivanco.
La reforma se refiere a la ampliación del fuero penal militar, una polémica medida que actualmente se debate en el Congreso y que, de aprobarse, implicaría que graves violaciones a los derechos humanos cometidos por militares sean juzgados por un tribunal castrense, advirtió la ONG. El responsable regional de HRW aseguró que en el proyecto se dice en términos directos y categóricos que a la Justicia penal militar le corresponderá el conocimiento de delitos tales como homicidios. Esta definición puede comprometer que se juzguen casos como el asesinato masivo de civiles presentados como guerrilleros para así conseguir resultados de guerra, hechos conocidos en el país como "falsos positivos", indicó Vivanco.

"Lo que persigue la reforma es que cualquier hecho que se produzca en el campo de batalla, y todo se produce en el contexto de hostilidades, esté amparado por unas órdenes que le dan un barniz de legalidad para proteger a todos los asesinos que participan en estas ejecuciones", apuntó Vivanco.

"Estamos hablando de retrocesos históricos de conquistas judiciales del Estado de derecho colombiano en los últimos 20 años", destacó el funcionario.

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Lunes, 01 Diciembre 2014 08:15

Las salidas

Las salidas


Doctora en justicia transicional, Natalia Springer es una de las personas más conocedoras del conflicto armado colombiano. Su informe "Como corderos entre lobos" reveló que no menos de 18 mil niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.

 

En esta entrevista detalla las causas del conflicto, los daños que ha provocado y cuáles podrían ser las vías para alcanzar la paz.


—Comencemos por el trasfondo del conflicto colombiano. ¿Cuáles son sus principales causas?


—Prefiero hablar de múltiples conflictos, de dinámicas violentas de carácter crónico y persistente. Para dar dos ejemplos: en el sur del país, las comunidades y la movilidad social están fuertemente reguladas por la producción de coca y la necesidad de mantener los corredores para sacarla; en la zona del Catatumbo (nordeste), los conflictos por las regalías petroleras se suman al comercio y tráfico de grandes volúmenes de droga en el marco de una frontera –con Venezuela– muy porosa y problemática.
Respecto de las grandes causas, podemos distinguir, entre otras, la excesiva concentración de la tierra cultivable en pocas manos (0,03 por ciento de los propietarios concentran más del 95 por ciento de la tierra), concentración que consolidaron los paramilitares y las farc por la vía de una contrarreforma agraria que emprendieron a sangre y fuego para apoderarse de millones de hectáreas de las mejores tierras del país; el narcotráfico y la pobreza extrema, que afecta a más del 46 por ciento de la población, son una condición que ha pasado de ser consecuencia a convertirse en uno de los móviles. Son entonces muchas violencias, en las que el objetivo es la población más pobre y vulnerable.


—¿Cuáles serían los mecanismos más viables para que la desconcentración de la tierra se concrete?

—En la mesa de negociaciones de paz en La Habana se trabajó por meses una fórmula que aún no ha sido completamente finalizada sobre este tema. Como el gobierno colombiano conformó un equipo técnico encabezado por el entonces ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, se trabajó un esquema que el presidente Juan Manuel Santos dijo que pondrá en marcha independientemente del resultado del proceso. La fórmula está basada en la expropiación de los predios obtenidos ilegalmente, usando mecanismos que ya existen en la ley en casos de despojo y en los que se respetan todas las garantías del proceso para las partes. Este mecanismo ya viene siendo implementado por jueces especializados en el marco de la ley de restitución de tierras y a ella se le sumarán nuevos aspectos una vez que la fórmula sea perfeccionada y validada en un referendo.


—En su informe "Como corderos entre lobos" usted denuncia que no menos de 18 mil niños, niñas y adolescentes forman parte de grupos armados ilegales y organizaciones criminales. ¿Cómo reacciona la sociedad civil frente a esto? ¿Qué hace el gobierno?

—Hace unos años este tema ni siquiera formaba parte de la agenda y así lo demuestra la desmovilización paramilitar, que desapareció a los niños en sus filas. Según el testimonio que recogí de los jefes paramilitares, a algunos niños los mandaron a casa con algo de dinero y a otros los asesinaron porque sabían demasiado. Semejante aberración fue avalada por las organizaciones internacionales­ que hicieron la veeduría del proceso y que tienen presencia en Colombia con el mandato de vigilar esos temas. Pero sólo años más tarde han empezado a documentar lo que sucedió con esos niños a raíz de las denuncias que hicimos en el primer y el segundo informe, al que usted hace referencia. Ahora hemos logrado que el tema de los niños combatientes, pero también el de los niños usados por los grupos armados ilegales como parte de su logística de guerra, sean discutidos casi a diario. Fue un punto central en la campaña presidencial para todos los candidatos, y ahora mismo los partidos de la coalición de gobierno, pero también los de la oposición, están exigiendo de manera permanente la renuncia al uso y reclutamiento de niños en todo el territorio. El informe tuvo un alcance extraordinario.

—¿Es optimista en cuanto a las conversaciones de paz entre el gobierno, las Farc y ahora el Eln?


—Siempre he creído que la paz no es cuestión de optimismos, sino de trabajo duro y mucha resistencia a los embates, que son cada vez más frecuentes y difíciles de sortear. El actual es un proceso muy bien estructurado, que se ha amarrado a partir de una voluntad política incuestionable de reconocer y reparar a las víctimas del conflicto, no importa el origen del daño causado e independientemente de si el proceso de paz marcha o no. Esta transición es también un escenario de transformación social en el que han empezado a surgir cuestiones de gran trascendencia: ¿quién es víctima?, ¿a quién debe repararse?, ¿cómo establecer la verdad y hasta dónde debe llegar este esfuerzo por develar los móviles del conflicto?, ¿cuál es el mecanismo correcto para refrendar los acuerdos de paz? Estamos lejos de la firma de los acuerdos, pero muchísimo más de encontrar la paz y que ésta llegue y se consolide en las regiones que más han sufrido.


—Usted ha señalado que el perdón y el olvido siempre llevan a brotes de violencia más graves. Hace hincapié en la búsqueda de alternativas audaces para consolidar la paz.

—Colombia ha producido, en el último siglo, más de 90 actos de amnistía (de facto y de jure) y perdones generales e individuales que, evidentemente, no han contribuido a la paz. La clave está en la desmovilización de los combatientes, la atención de todas las víctimas y el desarrollo de una política de Estado en materia de justicia que nos obligue a hacer un diagnóstico realista de lo que pasó, por qué, quiénes son los responsables y los beneficiarios de esa violencia y cómo garantizar que no se repita. Yo empezaría por la instauración de una comisión de la verdad y de un tribunal especial. En manos de la justicia está la respuesta.

—¿Cuáles podrían ser algunas de esas alternativas específicas?

—En 2003 presenté una alternativa que desde entonces he defendido e implementado, y que por eso mismo puedo revisar incluso a la distancia. Mediante el uso del principio consuetudinario del resarcimiento del daño causado, los combatientes pueden cumplir su pena en libertad y con trabajo, en las mismas comunidades que han destruido, a unos costos y tiempos que son verdaderamente extraordinarios. Por ejemplo, el desminado de los territorios que ellos mismos han sembrado y la reconstrucción de infraestructura de acceso a regiones que han vivido, literalmente, en una situación permanente de confinamiento. Funciona y ya podemos probarlo.

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Sábado, 29 Noviembre 2014 08:33

TPP: el velo rasgado

TPP: el velo rasgado

Daniel Feierstein, del Centro de Estudios sobre Genocidio en Argentina, miembro del jurado de la audiencia final de Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México (TPP), expresaba ante los hechos que se presentaron al Tribunal, que en otros países ya les había tocado analizar casos de torturas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, asesinatos políticos, violaciones, represión de movimientos, grandes dosis de impunidad... pero siempre en dictaduras. México, agregó, es el único país donde todo esto sucede en democracia.

 

La masacre de estudiantes de Ayotzinapa y la reacción de indignación y solidaridad en todo el país y en el mundo rasgó irreparablemente el velo, dejando al descubierto una dura realidad. Todo aquello que se ha documentado tan trabajosamente durante tres años de labor del Tribunal, se condensó en Iguala en unas horas de barbarie, escribe el jurado como introducción de la sentencia que emitieron el 15 de noviembre 2014. En ese reino de la impunidad que es el México de hoy, hay homicidios sin asesinos, torturas sin torturadores, violencia sexual sin abusadores, en una desviación permanente de responsabilidad en la que pareciera que los miles y miles de masacres, asesinatos y violaciones sistemáticas a los derechos de los pueblos son siempre hechos aislados o situaciones marginales y no verdaderos crímenes en los que tiene responsabilidad el Estado.


Tres años de proceso, más de mil organizaciones y movimientos sociales involucrados, decenas de foros y talleres preparatorios de las audiencias por todo el país, denunciaron, sistematizaron y presentaron ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, más de 500 casos documentados de violaciones a los derechos de los pueblos: violencia contra migrantes, trabajadores, comunicadores, jóvenes, feminicidios y otras violencias de género, devastación ambiental, violencia contra los pueblos del maíz y la soberanía alimentaria, asalto a la educación y los educadores, guerra sucia que echa su sombra hasta el presente, despojos, masacres y guerras que no terminan y minan en represión a los movimientos sociales, represión a los que se indignan por los atropellos, represión a los que protestan por la represión. Y sobre todo ello un manto de legalidad e impunidad.

 

Todo esto fue presentado con detalles y documentos por los y las agraviadas en 39 preaudiencias y 11 audiencias temáticas, cada una con su panel dictaminador o jurado, que constituyeron la base de las acusaciones ante la audiencia final del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en México del 12 al 15 de noviembre 2014. Desde 2011, cuando este reconocido tribunal ético internacional aceptó e inauguró el capítulo México del TPP, participaron y contribuyeron más de 200 investigadores, 140 dictaminadores y jueces en las audiencias temáticas, 70 expertos internacionales designados desde la secretaría internacional de TPP en Roma, Italia.


El jurado de la audiencia final lo integraron 12 expertos internacionales en los derechos y temas denunciados, incluidos magistrados, jueces y asesores de la Corte Penal Internacional y otras instancias de Naciones Unidas y el obispo Raúl Vera de México, que ha seguido de cerca todo el proceso desde su comienzo. Elaboraron una sentencia de 96 páginas que resume los hechos, expone las causas y finca las responsabilidades del Estado mexicano, de empresas trasnacionales, de terceros países, en particular Estados Unidos y Canadá, de instituciones internacionales. (Se puede ver toda la sentencia en tppmexico.org)


La sentencia confirma la acusación principal de desvío de poder del Estado mexicano en sus niveles municipal, estatal y federal, el uso y abuso trans-sexenal de recursos y poderes del Estado para favorecer intereses privados y trasnacionales contra el interés público, pero además, para mantener una imagen positiva a nivel internacional, que dificultara apreciar en toda su dimensión la violación sistemática de los derechos de los pueblos.


Reconocen masacres anteriores, pero acusan con detalle a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por una serie de violaciones de derechos establecidos internacionalmente y firmados por México y en todos los casos por crímenes de lesa humanidad. La sentencia condena a los responsables del gobierno de Enrique Peña Nieto por la comisión de crímenes de lesa humanidad (por actos de asesinato, exterminio, esclavitud, violación, persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, desaparición forzada de personas). Responsabilidades individuales por crímenes internacionales, por delitos contra los derechos económicos, sociales y culturales, por delitos contra el medio ambiente y por la existencia de un cuadro generalizado de impunidad.


El Tribunal se comprometió a presentar la sentencia al gobierno y a los poderes Legislativo y Judicial de México (los cuales fueron convocados formalmente a presentar su defensa pero no acudieron), así como ante varias instancias de la comunidad internacional y ante el Parlamento Europeo. El proceso de construcción del rompecabezas colectivo desde abajo, continúa.


por SILVIA RIBEIRO, Investigadora del Grupo ETC

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Domingo, 23 Noviembre 2014 05:54

El caso Ayotzinapa, una desgracia: Calle 13

El caso Ayotzinapa, una desgracia: Calle 13

Todas las causas sociales son importantes, pero el caso de Ayotzinapa me parece que va más allá de la política: trasciende al plano de los derechos humanos. Va más allá de México; es algo más grande, porque es algo muy fuerte, es una desgracia, dijo René Pérez, conocido como Residente, de la agrupación Calle 13, previo a su concierto de anoche en el Palacio de los Deportes.


Residente ofreció una conferencia junto con Eduardo Cabra, Visitante, la otra parte de la agrupación puertorriqueña. También los acompañó el guitarrista Tom Morello.

En la charla, Residente comentó que habló con uno de los padres de los desaparecidos. Es muy conmovedor lo que me contó, porque yo acabo de tener un hijo, y sé que es muy fuerte, yo apoyo estas causas porque no puedo dejar de hacerlo, es mi deber. Para mí sería imposible treparme en una tarima y que esto pase en Latinoamérica y no mencionarlo. No obstante, no entiendo porqué gente en México lo ha maliterpretado y se han ofendido.


Se le preguntó al músico qué le comentaría al presidente Enrique Peña Nieto sobre el caso. A lo que dijo: No es mi presidente. El mensaje se lo tienen que dar ustedes, manifestándose pacíficamente para que haya más unidad.
Sin oportunismo


Sobre su activismo y manifestación habitual en los lugares en los que se presenta con su grupo, aseguró que él sólo usa el micrófono para algo positivo, expresarse.


"Lo hacemos genuinamente, no ganamos nada. ¿El oportunismo? ¿De qué?, yo sólo gano la oportunidad a que me peguen un tiro. Tampoco pierdo la oportunidad de sonar menos en la radio, de no vender un disco o de no participar en los Grammys. Sólo somos artistas y hablamos, y expresamos lo que sentimos con toda honestidad. No tenemos porqué no hacerlo. No me interesa ser un líder, lo dije, tengo un micrófono y lo uso. Agregó: Podría no meterme en nada y cantar música pop y vivir tranquilo, y así olvidarme de tener seguridad y una esposa con miedo. No. Yo voy a defender lo que ocurre en otros países también.

No obstante, aceptó que los artistas no están obligados a decir cosas si no la sienten. A mi como me criaron mis padres bajo mi instancia, desde pequeño tengo esos valores y cuando ocurre una injusticia como la de Ayotzinapa, sólo hice lo que tenía que hacer, en referencia a su discurso en la ceremonia de los Grammys pasados.

Comentó que en dicha gala la mexicana que sí habló fue Lila Downs antes de la premiación, pero no lo televisaron.
Por su parte, Tom Morello, músico reconocido de la banda Rage Against the Machine, dijo que en Estados Unidos mucha gente está a la expectativa de este caso de Guerrero y que él siempre se unirá a este tipo de causas.

Respecto al decreto de Barack Obama sobre la regularización de miles de migrantes, el músico aseveró que no es suficiente. La justicia no debe tener fronteras.


A su vez, Eduardo Cabra, comentó estar únicamente orgulloso de su hermano (René) sobre manifestarse. Hay que tener cojones para hacer lo que él hace.

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Viernes, 21 Noviembre 2014 07:11

Todo México reclama el fin de la impunidad

Todo México reclama el fin de la impunidad

Encolumnados detrás de los padres de los 43 estudiantes desaparecidos, miles de mexicanos marcharon por las calles del Distrito Federal reclamando justicia. El paro nacional y la jornada de protesta que ayer se extendió a todo el país fueron la respuesta que la sociedad civil mexicana dio a las salidas mediáticas que el presidente Enrique Peña Nieto ha ensayado a lo largo de la semana para encarar la crisis de derechos humanos detonada por la desaparición forzada de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, y la indignación social.


Al hastío expresado anoche en una de las manifestaciones más grandes de la historia reciente del país, que incluyó paros en al menos 150 universidades públicas y privadas, se sumaron las voces de los premios Nobel de la Paz 2014 y 2006, Amnistía Internacional y hasta el presidente del Banco Mundial en un solo reclamo: justicia para las familias de Ayotzinapa.


Sin embargo, Peña Nieto volvió a endurecer el discurso y advirtió que "atentar contra las instituciones es atentar contra los mexicanos". En un acto ante militares en el Campo Marte, Peña Nieto dijo que hará que impere el Estado de Derecho, pero el secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda, puntualizó que la inseguridad y el crimen organizado "son problemas de Estado y no de gobierno".


Poco después de eso, y varias horas antes de las manifestaciones pacíficas convocadas sobre todo por las comunidades estudiantiles y académicas del país, en apoyo de los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, la policía y un par de grupos de encapuchados escenificaron choques en una zona cercana al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La policía informó de 13 detenidos, pero había versiones de que eran más de 30.


Tres grandes manifestaciones que salieron de diversos puntos estratégicos en zonas céntricas de la Ciudad de México confluyeron en el Zócalo, justo frente al Palacio Nacional. Un contingente salió del Angel de la Independencia, en el corazón financiero de la capital del país, uno más salió desde el Monumento a la Revolución y el último desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, donde fueron masacrados cientos de estudiantes el 2 de octubre de 1968.


Al inicio de las movilizaciones en el Distrito Federal, al menos otras 237 ciudades en México y el mundo habían anunciado acciones similares. En la Argentina, varios colectivos organizaron manifestaciones en Buenos Aires, La Plata y Salta. Lo mismo ocurriría en muchas ciudades de Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos (donde se organizaron actos en al menos 43 ciudades), Guatemala, Perú y Uruguay, en el continente americano. En Europa, los actos iniciaron aun antes de que en México, por la diferencia de horario, en media docena de ciudades de Alemania, en Austria, Bélgica, España, Francia, Finlandia, Dinamarca, Holanda, Inglaterra, Islandia, Italia, Noruega, Suecia y Suiza. También se confirmaron manifestaciones en la India, Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ver aparte).


Si Peña Nieto insiste en que es víctima de complots conspiratorios de periodistas que escrutan su desempeño y de una sociedad civil que les exige cuentas, a los que acusa de atentar contra la estabilidad de su gobierno, tendrá que incluir entre sus enemigos a gobiernos, organismos internacionales y la prensa internacional, que también lo cuestiona y se impacienta ante la falta de respuestas puntuales y eficaces para la sociedad mexicana.


Al mandatario se le acaba el margen de maniobra dentro del país, pero la reacción global es una clara señal para México: el mundo también empieza a pedirle cuentas.


"Debe haber más vigilancia por parte de la sociedad, ya que a veces existe un problema de negación ante estos incidentes. Se debe alzar la voz y romper el silencio. La solución tiene que ser una combinación de buen ejercicio de poder, leyes y organización social", dijo el Premio Nobel de la Paz 2014 Kaylash Satyarthi, quien reclamó que el sistema de responsabilidades y de rendición de cuentas en México "tiene que funcionar, y de eso se debe encargar el gobierno".
En cualquier caso, "la prioridad es encontrar a los desaparecidos y luego arrestar y castigar a los responsables", dijo Satyarthi en una entrevista de CNN México durante una conferencia en Thomson Reuters Foundation.


Ahí mismo, Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz 2006, lamentó que en México se viva "un grave problema de ley y orden", el cual se asocia a que muchas personas viven en pobreza extrema.


La desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa "es fuente de grave preocupación para la comunidad nacional e internacional y refleja la crítica situación de derechos humanos que vive México", dijo Amnistía Internacional, al tiempo que iniciaba una petición global dirigida al presidente Peña Nieto. Para esta organización con sede en Londres, "Ayotzinapa no es un hecho aislado", sino que forma parte de un contexto que se suma a casos como las ejecuciones extrajudiciales de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, a manos del ejército, a finales de junio pasado, por los que se procesa a siete militares.

La crisis de derechos humanos pasa también por los femicidios en Chihuahua, un fenómeno incesante desde hace 20 años, y las decenas de miles de secuestros a migrantes y las más de 22.000 personas desaparecidas en diversas partes del país. Amnistía urge a Peña Nieto a enviar una iniciativa de ley al Congreso para armonizar la legislación federal con los estándares internacionales de derechos humanos en materia de desaparición. También le exige generar protocolos de búsqueda rápidos y efectivos para los casos de desaparición, y tomar las acciones necesarias para que el Estado mexicano acepte la competencia del Comité Contra la Desa-parición Forzada de la ONU para recibir y examinar las comunicaciones pertinentes de parte de individuos y otros Estados.


Tal vez lo último que esperaba Peña Nieto era que uno de los líderes del sistema financiero internacional se sumara a las voces que cada vez lo arrinconan más. En un acto celebrado el miércoles en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, se solidarizó con las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, y dijo esperar que el gobierno de México haga que los culpables respondan ante la Justicia. "Sería equivocado de mi parte estar en el país y no reflexionar en la tragedia que significa la desa-parición de 43 jóvenes. Quiero sumar mi voz al respaldo a las familias de los estudiantes desaparecidos. Ellos merecen la verdad y justicia", dijo Jim Yong Kim.


PARA AMNISTIA INTERNACIONAL, EN MEXICO LA IMPUNIDAD ES UNA CONSTANTE

"Una grave crisis de DD.HH."


.El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no reconoce la crisis humanitaria que atraviesa su país. Con estas duras palabras, Amnistía Internacional (AI) cuestionó ayer al mandatario por calificar de "intentos de desestabilización" las protestas por la de-saparición de los 43 normalistas y por ignorar la cifra de desaparecidos en los últimos años.


"La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante", indicó el organismo en un comunicado.

De acuerdo a AI, la represión policial y la violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.

El sábado, apenas llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. "Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros", dijo.


El mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el caso de que el gobierno tenga que llegar al "extremo" de hacer uso de la fuerza pública.

El pronunciamiento de AI agregó que las afirmaciones presidenciales parecen "ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento". A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de personas. "(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática", afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.


"Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país", añadió.

Sin embargo, AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.


A principios de mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo que refiere a la violación de derechos fundamentales. "Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia", dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.


El procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.


Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, indicó AI.
"Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar", sostuvo Guevara.

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Viernes, 21 Noviembre 2014 06:48

El doble discurso

En los 35 años que van desde la reinstitucionalización de República Dominicana y Ecuador en 1978 hasta la de Paraguay y Chile en 1989, América Latina ha vivido un avance democrático sin precedentes. Tanto México como Brasil, los dos Estados más grandes, han vivido auspiciosos procesos institucionales: el primero, con una alternancia en el poder que superó el histórico hegemonismo del Partido Revolucionario Institucional, en el Gobierno durante 71 años; Brasil, con dos partidos que se han alternado en cinco elecciones seguidas, superando el vacío de formaciones nacionales estables que caracterizó su vida política desde los tiempos del Imperio.


No han faltado episodios traumáticos, con la caída de presidentes, como —entre otros— el exobispo Lugo en Paraguay (2012), Mel Zelaya en Honduras (2009), Collor de Melo en Brasil (1992), Sánchez de Lozada en Bolivia (2003) o de Fernando de la Rúa en Argentina (2001). Todos ellos se resolvieron más o menos dentro de la Constitución y, en todo caso, sin irrupciones militares, que felizmente han pasado a la historia.


No obstante, se viven situaciones intolerables que no deberían ser aceptadas en silencio por la comunidad latinoamericana, como desgraciadamente ocurre. Es el caso arquetípico de Venezuela, designada incluso para integrar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, a propuesta unánime de la región. Como era de esperar, el presidente Nicolás Maduro ha festejado el éxito diplomático invocando el prestigio de su régimen. Sus colegas le han hecho ese obsequio pese a que Leopoldo López, uno de los principales líderes opositores, está preso y maltratado, junto a dos alcaldes, como Daniel Ceballos y Enzo Scarano, acusados todos ellos de los peores delitos contra el Estado. Luego del cierre de los únicos canales de televisión independientes, la prensa vive cercada por la falta de divisas para comprar papel e insumos, 12 diarios ya cerraron y otros 30 apenas sobreviven, por la colaboración de los diarios colombianos. Bajo ningún criterio es hoy Venezuela una democracia, aunque haya elecciones, que transcurren en medio de la falta de libertades y la presión envolvente del Gobierno sobre los medios y los espacios normales de libertad para movilizarse. Solo el verdadero heroísmo de jóvenes dirigentes y militantes ha mantenido viva la llama de la democracia, a pesar de las amenazas y difamaciones que se lanzan sobre ellos como rayos.


No puede ignorarse que en Ecuador tampoco la prensa actúa con libertad y que el presidente viene avanzando hacia la aprobación de la reelección indefinida, sin un plebiscito que en algo lo legitime.

En la Argentina, solo la justicia ha hecho posible que su prensa tradicional sobreviva hasta hoy. El ataque sistemático que se hace desde el Gobierno a La Nación y Clarín no tiene precedentes conocidos. Que la propia señora presidenta apostrofe constantemente, con nombres y apellidos, a dos periódicos de larga tradición y prestigio, sólo se ha visto en algunos regímenes totalitarios. La Nación sufre la amenaza de un juicio fiscal que puede llevarle al cierre y únicamente los amparos judiciales han permitido su sobrevivencia. Clarín ha sufrido el empleo de todos los recursos posibles de un Estado para destruirlo. Desde inspecciones fiscales llevadas a cabo por cientos de funcionarios que, llegados en omnibuses, invadieron sus oficinas, hasta una ley que específicamente procuró la dispersión del grupo editorial. No obstante propuso, y se le aceptó, un proyecto de desmembramiento, sorpresivamente anuncian ahora que por decreto procederán a modificar la estructura societaria.


Sobre estas situaciones parecería que ningún Gobierno latinoamericano se siente obligado, por lo menos, a preguntar. En medio de himnos sobre la vigencia universal de los derechos humanos, se les agrede aviesamente y nada sacude las aguas de las instituciones hemisféricas.

En México, días pasados, en ocasión de la reunión del prestigioso Foro Iberoamérica que fundó hace 15 años Carlos Fuentes, Fernando Henrique Cardoso, refiriéndose a Venezuela, dijo que los demócratas "tenemos que gritar, hacernos oír", porque esta hipocresía reinante, ese doble discurso, condena a la soledad a un pueblo venezolano que, por su historia y su cultura, no merece lo que hoy sufre.


Si observamos la calidad institucional desde afuera del sistema formal de funcionamiento, nos encontramos con poderes fácticos que sacuden el edificio. Es el caso de México, con estructuras de corrupción vinculadas al narcotráfico, que ejercen la violencia casi como Estados paralelos, desafiando la vigencia del ordenamiento legal. La matanza del Estado de Guerrero le ha dado a ese cáncer endémico difusión internacional y quizás esto abra un espacio para que la autoridad constituida pueda iniciar un proceso de reconquista real de su competencia. Colombia, que lleva adelante —trabajosamente— un esperanzado proceso de paz, convive todavía con una narcoguerrilla que, aun acotada y en medio de un diálogo con el Gobierno, no termina de asumir que, para que se le crea, debe abandonar las armas para siempre.

Estas situaciones revelan las carencias de un Estado, que es excesivo en ciertos sectores de la vida económica y falta en sus roles esenciales: el juez y el gendarme. Los poderes judiciales, en ocasiones amenazados e infiltrados, no siempre son la barrera que el Estado de derecho necesita. Las policías, lo mismo. Si en esos países no se logra el monopolio de la fuerza de que hablaba Max Weber como esencia del Estado, todo lo demás se hace ilusorio.

Por Julio María Sanguinetti, abogado y periodista y fue presidente de Uruguay (1985-1990 y 1994-2000).

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Ni estudian ni trabajan 60% de mil 800 millones de jóvenes en el mundo: ONU

Sesenta por ciento de los mil 800 millones de jóvenes de entre 10 y 24 años en el mundo ni estudia ni trabaja, lo que supone que sus perspectivas de vida son sombrías y sus aportaciones al desarrollo serán limitadas, apuntó hoy la Organización de Naciones Unidas (ONU).


En un informe titulado Estado de la población mundial 2014, destaca que la cifra de jóvenes es la más alta en la historia, lo que supone enormes retos y oportunidades, en especial para las naciones en desarrollo.


Indica que los países pobres, con una numerosa población en ese rango de edad, pueden dar gran ímpetu a sus economías si realizan serias inversiones en la educación y salud de ese sector y si protegen sus derechos.
Sin embargo, apunta que más de 500 millones de jóvenes tratan de sobrevivir con menos de dos dólares al día, y que los derechos de las niñas y mujeres son constantemente vulnerados. Por ejemplo, cada día contraen matrimonio 39 mil menores de 18 años.


Asimismo, el informe lamenta que a pesar de que su riesgo de pobreza es elevado, dos de cada tres países ignoran por completo a los jóvenes al diseñar las estrategias y los planes de desarrollo nacionales dirigidos a reducir la pobreza.
El pleno ejercicio de los derechos humanos sigue siendo un sueño lejano para millones de jóvenes; las violaciones atroces son lo habitual para muchos de ellos, enfatiza el Fondo de Naciones Unidas para la Población (Unfpa).


Advierte que los países que no presten atención a ese sector poblacional pueden experimentar un incremento progresivo en la tasa de fecundidad y verse obligados a mantener a un elevado porcentaje de personas dependientes.


Los jóvenes son los innovadores, creadores, constructores y líderes del futuro, pero pueden transformarlo sólo si cuentan con las aptitudes, la salud, la capacidad de adoptar decisiones y verdaderas opciones en la vida, expresó Babatunde Osotimehim, director ejecutivo del Unfpa.


Explicó que nueve de cada 10 de los jóvenes del mundo actual viven en naciones menos adelantadas, lo que supone enormes retos para estas economías.


Una fuerza de trabajo poco calificada atrapará a las economías en actividades de escaso valor e índices de crecimiento anémicos. La discriminación por razón de género provocará que estos problemas resulten aún más insolubles para las mujeres jóvenes y las adolescentes, alerta el organismo.


Explica que la manera de emplear ese potencial es explotando el llamado dividendo demográfico, que puede lograrse cuando la población de un país en edad de trabajar es mayor a la que es más joven y dependiente.


Sin embargo, esto sólo puede lograrse si se invierte en proteger derechos, incluidos los reproductivos, así como en mejorar la salud y los niveles educativos de la juventud, asienta el Unfpa.

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Domingo, 16 Noviembre 2014 06:13

Carta a las y los jóvenes de México

Carta a las y los jóvenes de México

Me dirijo a todos mis amigos y a todas mis amigas de México. Si me permiten, me dirijo en especial a ustedes los jóvenes y las jóvenes de México.


Una conmoción atraviesa todo el mundo por el horror de la masacre de los jóvenes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, Guerrero, y en particular por el horror de los detalles con que se ha cometido esta acción. Comprendo su gran angustia, rabia y perplejidad: ¿Qué tipo de sociedad es esta que permite que gente aparentemente normal como nosotros cometa crímenes tan detestables? ¿Qué Estado es este que parece infiltrado hasta los huesos por la narcoviolencia? ¿Qué democracia es esta que invita a la resignación ante enemigos que parecen demasiado fuertes para poder ser combatidos, mientras se aprueban leyes que criminalizan la protesta pacífica (como las leyes bala y mordaza)? ¿Qué policía es esta que es cómplice con la desaparición forzada y tortura de ciudadanos inocentes? ¿Qué política educativa es esta que persigue a la educación rural y no permite que estos jóvenes sean héroes por la vida comunitaria que promueven, sino mártires por la muerte horrorosa que sufren? ¿Qué comisiones de derechos humanos son esas que existen en ese país, que están ausentes y omisas ante crímenes de lesa humanidad mientras que los verdaderos activistas de derechos humanos son asesinados? ¿Qué mundo es este que sigue elogiando el Presidente de la Republica por el simple y único relevante hecho de haber entregado al imperialismo la última riqueza del país que restaba en manos de los mexicanos?
Sé que son demasiadas preguntas, pero lo peor que podría pasar sería que Ustedes se dejasen dominar por la magnitud de ellas y se sintieran impotentes. La contingencia de nuestra vida y de nuestra sociedad está dominada por dos emociones: el miedo y la esperanza. Sepan Ustedes que esta violencia desatada se dirige a su resignación, dominados por el miedo y, sobre todo, por el miedo de la esperanza. Los poderosos criminales saben que sin esperanza no hay resistencia ni cambio social. Sabemos que es difícil escapar al miedo en condiciones tan dramáticas como las que viven. El miedo no se puede eliminar, pero lo importante es no rendirse al miedo, sino tomarlo en serio para poder enfrentarlo y superarlo eficazmente, a eso le llamamos: Esperanza. Ustedes tienen la fuerza para salir de esta pesadilla, resistir a la ilegalidad y violencia institucionalizadas y construir una alternativa de esperanza. Para eso es necesario organización, respaldo popular y una clara visión no solamente política, sino también ética de una sociedad donde sea posible vivir con dignidad y en paz.


Hay varias opciones y no me sorprende que Ustedes las contemplen todas. Sé que algunos buscan criar zonas autónomas, libres de opresión y de dominación. Tales zonas liberadas son fundamentales como espacio de educación, para que Ustedes muestren unos a los otros que es posible vivir de manera cooperativa y solidaria para que cada uno y cada una pueda decir: yo soy porque tú eres. Pero más allá de las zonas liberadas es necesario enfrentar el poder político, económico y cultural que oprime y aterroriza. Para eso hay dos opciones básicas y estoy seguro que Ustedes analizan las dos con mucho cuidado: por un lado, la lucha armada, por otro, la lucha pacífica, legal e ilegal. Si me permiten, les digo que la historia muestra que la primera es irrenunciable solamente cuando no hay otra posible alternativa. La razón es simple: la lucha armada difícilmente tiene respaldo popular si obliga a sacrificar la vida para defender la vida. La pregunta es ¿hay espacio de maniobra para una alternativa pacífica? Humildemente pienso que sí porque la democracia mexicana, a pesar de estar muy herida y violada, está en nuestro corazón, como bien demuestran sus luchas contra tantos y sucesivos fraudes electorales. Miren la experiencia del sur de Europa, donde el desespero de los jóvenes está dando lugar a innovaciones políticas interesantes, partidos-movimientos que asumen internamente los procesos de democracia participativa, donde los rostros conocidos son voceros de procesos de deliberación muy creativos en que participan miles de ciudadanos y ciudadanas. Y subrayo, ciudadanos y ciudadanas. Lamentablemente, en muchos países, y México no es excepción, las tradiciones de lucha tienen estilos bastante autoritarios, estilos machistas verticales. Hay que profundizar a ese nivel la democracia participativa, sobre todo cuando sabemos que las mujeres han sido tantas veces blancos privilegiados de los sicarios. ¿Será posible en México un nuevo partido-movimiento organizado por las jóvenes y los jóvenes? Ustedes saben la respuesta. Mejor aún, Ustedes son la respuesta. No va ser fácil porque los señores del poder van intentar criminalizar su lucha pacífica. Hay que asumir el costo de la resistencia pacífica aunque ésta sea declarada ilegal, asumir ese riesgo en nombre de la esperanza. El miedo de la ilegalidad tiene que ser enfrentado con la convicción de la ilegalidad del miedo. Ahí está la esperanza.
Un abrazo solidario.

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Jueves, 13 Noviembre 2014 05:51

Víctimas del Estado estadounidense

Víctimas del Estado estadounidense

El Comité contra la Tortura de la ONU cuestionó ayer la política migratoria de Estados Unidos, especialmente el trato a los miles de menores indocumentados que entraron en forma irregular a su territorio.


Asimismo y sobre la prisión militar de Guantánamo –en Cuba–, los expertos cuestionaron por qué sigue abierta con un centenar y medio de presos, la mayoría de los cuales no fueron sometidos a juicio y no cuentan con acceso a los derechos fundamentales de cualquier ciudadano.


Estados Unidos compareció ante el Comité contra la Tortura de la ONU, que entre ayer y hoy revisará si Washington viene cumpliendo desde 2006 con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Uno de los dos relatores, Alessio Bruni, definió como una "situación dramática" lo que sucede con los 68.000 menores inmigrantes detenidos que provienen de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, y que entraron en Estados Unidos.


Más del 95 por ciento de los niños no mexicanos solos detenidos en la frontera fueron liberados y entregados a familiares con una orden de presentación ante las autoridades, entre ellas las cortes de inmigración. El resto fue enviado a centros administrados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos para Niños y Familias. En 2008 el Congreso aprobó la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de Trata, según la cual la patrulla fronteriza está obligada a tomar en custodia a los niños migrantes que no sean originarios de México y transferirlos a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos) en un plazo de 72 horas.


"No entiendo por qué hay otras 68.000 familias inmigrantes detenidas en los centros de detención, ¿no había otra manera de mantenerlas?", se cuestionó Bruni. El experto pidió a la delegación que aporte información más detallada de todas estas personas retenidas, así como el número de los que fueron expulsados inmediatamente tras ser detenidos. El segundo relator, Jens Modvig, preguntó sobre las denuncias de abusos sexuales a menores en los centros de detención y pidió datos al respecto.

El 2 de junio, el presidente Obama reconoció la existencia de una crisis humanitaria tras el arresto, en lo que iba del año, de 46 mil niños migrantes solos cuando intentaban ingresar al país. Al 28 de agosto, según datos del Departamento de Seguridad Nacional, el número de niños detenidos por la patrulla fronteriza sobrepasó los 66 mil. La experta Sapana Pradhan-Malla apuntó sobre las investigaciones a funcionarios de centros de detención por supuesto abuso sexual a inmigrantes y sobre cuántos procesamientos siguieron. Pradhan-Malla también se preguntó por qué se sigue encadenando a las inmigrantes retenidas en el momento del parto, una pregunta que Modvig amplió al conjunto de las cárceles del país.
A principios de octubre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe muy duro sobre el estado de los niños migrantes en centros de detención y dijo que la detención generalizada y prolongada se trata de una medida "indeseable". El reporte explicó que, tras una visita llevada a cabo por los miembros de la Comisión entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, encontró inquietante información sobre graves violaciones a los derechos humanos de los niños, entre ellos a la libertad, la seguridad personal, igualdad ante la ley y al debido proceso.

George Tugushi, que ayer actuó como presidente porque quien ostenta el cargo, Claudio Grossman, se abstuvo por residir en Estados Unidos, también se refirió a los inmigrantes. Tugushi preguntó por qué se les somete a detención prolongada y a veces indefinida. "¿Por qué no se les individualiza, se trata sus casos conforme a la ley, y por qué no se buscan alternativas a la detención?", cuestionó Tugushi.


Guantánamo también fue incluido en la agenda. Mary Mcleod, asistente jurídica del gobierno estadounidense, afirmó durante su intervención inicial que el Ejecutivo tenía claro que la Convención sobre la Tortura y Tratos degradantes o inhumanos se aplicaba incluso en tiempos de guerra. Bruni solicitó datos concretos sobre el estado de todos los reos y específicamente sobre si los que son sospechosos pero no se les ha procesado tienen las mismas garantías judiciales que el resto.


Los dos relatores cuestionaron sobre la alimentación forzada a presos de Guantánamo –algo que todas las instancias de la ONU rechazan– y por qué los presos no tienen derecho a atención médica independiente. Asimismo, los expertos cuestionaron qué garantías da el gobierno sobre que los presos transferidos a terceros países no serán torturados.
Finalmente, los expertos preguntaron al gobierno por qué deniegan que el relator de la ONU sobre la Tortura visite Guantánamo y se entreviste individualmente con los presos. Otro de los temas recurrentes fue conocer si se produjeron investigaciones y procesos contra funcionarios civiles y militares responsables de malos tratos y torturas. Además, hubo preguntas sobre el uso de pistolas eléctricas y las supuestas 600 muertes que causaron y sobre los abusos del clero y sobre abusos cometidos contra la comunidad transexual, entre otros. Los expertos también cuestionaron sobre los malos tratos sufridos por los reos condenados a muerte, tanto durante los años que pasan en el corredor de la muerte como durante la ejecución, y sugirieron el establecimiento de una moratoria a la pena capital.

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