“La Cumbre de la ONU sobre alimentación no beneficiará a los millones de personas con hambre”

Entrevista a Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas

 

El Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, denunció que la Cumbre responde a los intereses de multinacionales que son, en gran parte, responsables de la crisis alimentaria. En una entrevista con Tierra Viva, advirtió sobre los posibles impactos en los territorios y propuso alternativas. La agroecología como herramienta de cambio.

Promovida por el Foro Económico Mundial, empieza este 23 de septiembre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde su anuncio, en octubre pasado, llueven las críticas desde diferentes sectores, entre ellos, integrantes de la propia ONU. Relatores especiales y ex funcionarios del organismo internacional advierten sobre la influencia cada vez más preocupante del sector privado concentrado -empresas como Unilever, Bayer, Nestlé, Coca Cola, Pepsico, Google, Amazon, Microsoft- en este tipo de cumbres, donde se acuerdan líneas generales que luego inciden en las políticas públicas de los países.

Una de esas voces críticas es la de Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas. Para Fakhri esta Cumbre será una pérdida de tiempo y dinero para los Estados miembros de la ONU, y no beneficiará en absoluto a los pueblos del mundo, menos aún a las millones de personas que padecen hambre. En cambio, sí sacarán provecho un puñado de multinacionales que buscan garantizar sus negocios en el futuro, algunas ONG y los grupos de consultores que trabajan como asesores y en la organización de este tipo de eventos internacionales.

Lo que sí sentirán las personas comunes, tanto en las ciudades como en el campo, son los impactos de esta cumbre en los próximos años. Para Fakhri, lo que se acuerde en la Cumbre influirá en los futuros planes alimentarios que pongan en práctica gobiernos nacionales. Planes que, de acuerdo a cómo se vienen dando los acontecimientos, “es muy probable que violen los derechos humanos”, advirtió el relator.

Le preocupa que la ONU ceda a las multinacionales el poder de influencia y decisión sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria en un mundo donde el hambre aumenta desde 2015, según datos de la FAO. Y en un momento en que la pandemia por Covid empeoró todo: se calcula que en 2020, entre 700 y 800 millones de personas pasaron hambre.

Junto a dos relatores anteriores, Fakhri denunció que los organizadores de la Cumbre pasaron por alto órganos ya establecidos y más transparentes para debatir los sistemas alimentarios, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. “De manera flagrante -y quizás deliberada-, la Cumbre desvía la atención de los gobiernos hacia fuera del Comité”, sostuvieron. Y señalaron que las reglas y la agenda de la Cumbre fueron establecidas por un pequeño sector que responde a los intereses de las multinacionales. Por lo tanto, las propuestas que salgan de allí serán “sistemas agrícolas controlados por Inteligencia Artificial, edición génica y otras soluciones de alta tecnología orientadas a la agroindustria a gran escala”, advirtieron.

Desde el anuncio de la Cumbre, por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en octubre pasado, Fakhri produjo varios documentos en los que insistió en la falta de una perspectiva de derechos humanos para abordar los sistemas alimentarios. Uno de ellos fue un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro destinado en especial a los organizadores de la Cumbre, y un reciente reporte para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Agencia Tierra Viva conversó desde Buenos Aires, Argentina, con Fakhri, quien vive en los Estados Unidos, donde es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon.

-¿Tuvo alguna respuesta por parte de las autoridades de la Cumbre a sus críticas y propuestas?

No. Lo último que intenté fue comunicarme con las autoridades y sugerir cómo incluir a organizaciones y movimientos sociales que hasta ahora vienen oponiéndose a la Cumbre. Porque hasta el momento, si bien la Secretaría (autoridad) de la Cumbre se reunió con ellos, en realidad no escuchó sus demandas ni modificó en nada lo que venían haciendo. Pensé que esta era la última oportunidad y les entregué una propuesta, pero la rechazaron. Luego de de esa conversación, mi mensaje es: No es una cumbre de la gente, del pueblo (como había anunciado el Secretario General de la ONU). Esto es una pérdida de tiempo. La Cumbre lleva dos años de organización, aproximadamente 24 millones de dólares gastados y miles de personas que trabajaron de manera voluntaria. Y al final el resultado no va a servir a las personas en los territorios, en el campo, en las fábricas y las ciudades. Las personas que más lo necesitan no se van a beneficiar de esa cumbre.

-¿Y quién se va a beneficiar con la Cumbre?

-Desde el comienzo estuvo claro que las principales personas que idearon la Cumbre estaban todas conectadas con el Foro Económico Mundial. No son necesariamente las multinacionales de manera directa, ninguna empresa figura entre los líderes de la Cumbre. Sino que son organizaciones que trabajan en estrecha colaboración con ellas, que sirven a esas corporaciones y dicen que éstas son parte de la solución. Les pregunté a los organizadores de la Cumbre cómo pueden decir que las multinacionales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema. Y su respuesta fue: ‘Los gobiernos también son parte del problema’. Y esto te dice mucho. Porque los gobiernos no son lo mismo que las corporaciones. Los gobiernos, si bien son parte del problema, al menos en la teoría tienen que rendir cuentas, son responsables. Las multinacionales, no. Por el contrario, tratan de limitar la responsabilidad y generar ganancias. Sabemos lo difícil que es responsabilizar a una multinacional por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los sectores que se van a beneficiar son algunos productores agrícolas y de alimentos que quieren dar más poder a las multinacionales y se sienten bien trabajando con ellas. Y las mismas empresas. Lo que no me queda claro es por qué los gobiernos están dispuestos a otorgar poder, a través de las Naciones Unidas, a los asesores, científicos y expertos que trabajan junto a las multinacionales. Quienes también se van a beneficiar son los organizadores de la Cumbre, ese grupo de gente que va a continuar con sus trabajos de consultoría y seguirán siendo tratados como expertos.

-¿Puede dar ejemplos de esas ONGs y empresas, y las soluciones que proponen?

-El presidente de la Vía de Acción 2 (las vías de acción son una especie de comisión dentro de la Cumbre) es Lawrence Haddad, director Ejecutivo de la ONG GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition). Lo que él quiere es crear una iniciativa para que las empresas hagan promesas. Esa es la solución. Que las corporaciones digan: ‘Prometemos arreglar el sistema alimentario y hacer un mundo mejor’. Otro ejemplo: los organizadores de la Cumbre crearon algo llamado palancas (o mecanismos) de cambio transversales… quién sabe lo que significa. Pero en fin, son cuatro: Finanzas, Innovación, Género y trataron de crear una sobre Derechos Humanos pero no funcionó. Finanzas está liderada por el Banco Mundial e Innovación por el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, ellos pueden destinar todos sus recursos y ser la palanca transversal que pueda influir sobre toda la Cumbre. Y van a escribir el reporte final que va a influir sobre lo que gente piense acerca de esos temas. Lo otro que hizo el Foro Económico Mundial es organizar una reunión justo antes de que se abra la Cumbre. Esa reunión fue casi un espejo de toda la Cumbre. Los que asistieron fueron todas las multinacionales: Coca Cola, Unilever, Monsanto -o como sea que se llamen ahora-, Bayer y todos los líderes de la Cumbre, y sentaron las pautas antes de que el proceso comience oficialmente. Más allá de esto, es difícil dar ejemplos concretos de las soluciones que proponen porque, a tres semanas de empezar la cumbre, nadie sabe bien cuáles son los resultados que se esperan.

“Compromiso Hambre Cero”. Así se llama la iniciativa de la ONG GAIN a la que hace referencia Fakhri, y que es una de las soluciones que promueve la Cumbre. “El compromiso es una declaración no vinculante de las operaciones y planes de inversión propuestos por las compañías. No tiene la intención de crear ningún derecho u obligación legalmente exigible para las empresas”, explica GAIN en su sitio web. Entre los principales financiadores de la ONG figuran las multinacionales BASF, Unilever y Arla Foods así como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller.

 

Impacto en los territorios

-¿Cuál será el impacto de la Cumbre en la gente común, en trabajadores, familias campesinas, pueblos indígenas?

-Los impactos no se van a ver de inmediato y eso ya es un problema. El hecho de que no haya impactos positivos inmediatos en una pandemia es un problema. De hecho, la cumbre no se ocupa del Covid de ninguna manera, sino que asume el mundo después del Covid, por lo tanto es una fantasía. Lo que hace la Cumbre es influir sobre los gobiernos nacionales. La mayor parte de las actividades están dedicadas a que los gobiernos anuncien planeas generales de cómo van a cambiar sus sistemas alimentarios. La Cumbre va a conectar a esos gobiernos con inversores y consultores interesados en trabajar con las multinacionales. Y van a asesorar a los gobiernos sobre cómo cambiar sus sistemas alimentarios. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que cada vez más países van a desarrollar planes alimentarios.

La mayoría de los países tienen planes agropecuarios, pero no alimentarios. Entonces, habrá cada vez más planes alimentarios diseñados e implementados de una manera que, teniendo en cuenta cómo se han dado las cosas, muy probablemente violarán los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver los efectos en los territorios en un par de años.

Mientras tanto, la pregunta es cómo las personas que están comprometidas con los derechos humanos van a continuar con la lucha a nivel internacional mientras, al mismo tiempo, animan a las personas a manifestarse a nivel local. Porque hay una esperanza y una oportunidad: si hay suficiente presión a nivel nacional sobre los gobiernos para crear planes alimentarios basados en los derechos humanos, eso puede neutralizar a la Cumbre. Al final, el poder local es siempre el más efectivo.

-En varias oportunidades sostuvo que la Cumbre no se ocupa seriamente de la pandemia. ¿Por qué cree que eso sucede?

-No lo sé. Esa es la pregunta que le hice todo el tiempo a la Secretaría de la Cumbre. Les planteé este punto hace un año y medio, pero evitaron responder. Puedo suponer una razón. El hecho de que no hayan incluido al Covid en la agenda ni hayan explicado públicamente el motivo habla de lo desconectados que están de la realidad, de lo lejos que están de las necesidades inmediatas de las personas. Esto habla de que son una elite que puede darse el lujo de no poner el Covid en la agenda. Porque al resto del mundo, si les preguntás cómo lidian con los problemas alimentarios, tienen que enfrentar el Covid, no tienen elección. Por lo tanto, el hecho de que hayan sentido que podían elegir no ocuparse del tema me da a entender que no tienen idea de las luchas reales de la gente.

Responsables del hambre

-Usted afirma, en declaraciones e informes, que el problema del hambre es más complejo de abordar que la pandemia. Y que no es un problema de escasez de comida sino de fracasos políticos. ¿Puede dar algún ejemplo de esos fracasos?

-El hambre siempre es un fracaso político. Y no es sólo del gobierno del país en donde está ocurriendo. Nuestros sistemas alimentarios, incluso los más locales, son parte del mundo, por lo tanto la economía mundial los afecta. Por ende, el fracaso político puede ser de ese gobierno nacional, pero también de otros países que ejercen influencia. En ese sentido, el hambre siempre es un problema global. Y tiene múltiples responsables. A nivel global, el sistema entero de ONU es responsable en este sentido: la gente está tratando de que los gobiernos se junten y coordinen sus respuestas ante la crisis alimentaria, agudizada por la pandemia. Pero un pequeño número de países poderosos se niega a utilizar los foros multilaterales para hacerlo. El foro más grande, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, es el lugar ideal para que gobiernos, sociedad civil y otros actores puedan sentarse y coordinar respuestas a la crisis, es muy inclusivo. Pero hay un continuo bloqueo político de los países poderosos que no quieren trabajar con otros. Quieren mantener el poder para ellos mismos. Esto es un ejemplo de un fracaso político.

¿En qué medida las multinacionales del agronegocio son responsables por el hambre?

-Desde 1960 hasta ahora hemos aumentado la producción de alimentos en un 300 por ciento y, sin embargo, el hambre aumenta. El agronegocio se ha enfocado en producir más, más y más comida sin hacerse ninguna otra pregunta: ¿cómo están produciendo la comida? ¿qué daños están causando? Lo que han hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más “sustentables”, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema.

Al final el problema no es lo que están haciendo sino el poder, quién tiene el poder. Si le das poder a un pequeño grupo de personas, en cualquier situación, nada va a salir bien. Si se mantiene el poder en manos de la gente, la gente sabe lo que necesita, lo saben mejor que nadie, son capaces de adaptarse a su contexto particular y sus ecosistemas.

La dificultad está en lograr que las personas trabajen juntas, en colaboración. Pero eso siempre es un problema en democracia, y es un buen problema. Un mal problema es tener que enfrentar al poder concentrado. Porque, de nuevo, quienes lo concentran están desconectados de la realidad. Ese es el mayor problema. Por lo tanto, la Cumbre refleja muchos de los problemas de los sistemas alimentarios.

Resistencia y caminos posibles

-¿Cuál es su opinión sobre la contra-cumbre Sistemas Alimentarios para los Pueblos, organizada por activistas y movimientos sociales que denuncian que la Cumbre responde a la agenda de las multinacionales?

-Es una inspiración. Porque estos grupos que se unieron, y que representan a millones de personas, no piensan igual e, incluso, tienen posiciones contrarias. Pero han logrado negociar y superar sus diferencias, y encontrar los puntos en común en solidaridad. Ese espíritu de solidaridad debería ser una inspiración también para los gobiernos. Porque si la gente puede hacer esto por sí misma, los gobiernos tienen que ser capaces de unirse, superar sus diferencias y servir a las necesidades de la gente. Por lo tanto, esta contra-movilización, que la gente está haciendo en circunstancias increíblemente difíciles, en medio de una pandemia, lo veo como una inspiración.

-¿Qué caminos propone como Relator para solucionar los problemas de los sistemas alimentarios?

-En primer lugar, si las personas todavía no están involucradas, que lo hagan. En cada ciudad, comunidad y país, hay movimientos de soberanía o justicia alimentaria, organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas. Cuanta más gente participe activamente en las luchas locales, mejor. En cuanto a los gobiernos, hay que tratar de obtener liderazgos. Necesitamos sólo un pequeño grupo de gobiernos que se unan y presionen contra la agenda de las multinacionales. Que sean los defensores de sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos. Hay gobiernos que pueden hacerlo pero todos están esperando que otro se mueva primero. Creo que hay esperanza en convocar a esos países a conformar alguna especie de coalición que inspire y lidere a los otros. Por mi experiencia de trabajo, sé que la mayor parte de los gobiernos quieren hacer las cosas bien. Pero, de nuevo, un pequeño grupo de poderosos bloquean todo. El sistemas de las Naciones Unidas tiene fortalezas y debilidades. Una de sus fortalezas es que cuando una mayoría de países encuentran la forma de unirse, pueden influir en la agenda y pueden hacerlo en el buen sentido. Esto ya ha funcionado en el pasado y puede funcionar de nuevo. Lo tercero, que la gente construya nuevas relaciones. El cambio ocurre a partir de la creación de nuevas relaciones y amistades. Lo que me inspiró, por ejemplo, son los movimientos en la India. Estuvieron liderados por organizaciones de agricultores que luchaban por sus derechos humanos. Y lo que ocurrió fue que los trabajadores y los sindicatos se les unieron en solidaridad. Los agricultores y los trabajadores no siempre se llevan bien, es una relación complicada. Pero fueron capaces de desarrollar un nuevo vínculo. Por lo tanto, creo que nuevas relaciones conducen a una nueva política, nuevas ideas, y así es como sucede el cambio.

-En Sudamérica el modelo de agronegocio que combina cultivos transgénicos, agrotóxicos y concentración de la tierra lleva más de tres décadas y los gobiernos siguen promoviéndolos como una forma de desarrollo. ¿Qué opina sobre eso?

-Hay una desconexión entre las políticas alimentarias y las políticas de comercio. Y esto impacta en cómo los países usan la tierra. Si el país está principalmente orientado a la exportación, hace que la tierra se oriente a la producción de commodities, no de alimentos. Esto responde a un modelo de desarrollo: producimos commodities –como si fuéramos una fábrica-, vendemos al mercado internacional, ganamos dinero, lo ingresamos al país y con eso comemos mejor y mejoramos la calidad de vida. Eso es un modelo económico de los años 50. El mundo entero lo implementó. Lo que hemos visto, especialmente en los países del hemisferio sur, es que reorientar el sector agropecuario hacia las exportaciones dio como resultado tres cosas. Lo primero, se reduce la biodiversidad, lo que afecta al ambiente y la salud de las personas, su salud física. Segundo, que no mejoró la condición socioeconómica; solamente algunas personas ricas del país se hicieron más ricas. Vemos esto en la Organización Mundial de Comercio: los países en desarrollo no están conformes con las políticas internacionales de comercio. Y tercero, deja inseguridad alimentaria en el país: exportás alimento, importás dinero, pero la gente pasa hambre. Se crea un absurdo. Tenés un sector agrícola que manda alimentos al exterior mientras tu gente tiene hambre al lado tuyo. Ningún país está haciendo un buen trabajo para conectar el sistema alimentario con el de comercio. Sudamérica puede ser un buen lugar para hacerlo, porque tiene agricultura, tiene una historia de movimientos populares y el comercio siembre ha sido un tema de debate, más que en otras regiones.

Invertir en agroecología

-Tanto usted como relatores anteriores proponen a la agroecología como una de las soluciones a la crisis alimentaria. ¿Qué les diría a quienes sostienen que la agroecología es algo del pasado, primitivo?

-La agroecología se basa en largas tradiciones de cómo cultivar los alimentos. Tiene el poder del conocimiento de las personas que hacen el trabajo: agricultores, pescadores, pastores, campesinos. Proviene de una tradición particular, pero es dinámica. Y está orientada hacia el futuro. El mundo que vivimos hoy comenzó en 1970, cuando comenzó la Revolución Verde y la agricultura pasó a ser un negocio de grandes multinacionales. Es un fenómeno reciente, pero miren la destrucción que generó en sólo 50 años. Por lo tanto, la agroecología es nueva en el sentido de que todavía no nos hemos comprometido a nivel global para, de forma consciente, desarrollar nuestras políticas alimentarias de una manera integrada a los procesos ecológicos. La agroecología tiene una historia, pero todo tiene una historia. El agronegocio es parte de la historia de la industria. Tomaron la agricultura y la pusieron en la historia de las fábricas, de la industria. No fue cualquier avance tecnológico, fue un avance tecnológico para producir commodities con el propósito de generar ganancias. Traigamos de vuelta a la agricultura a la tradición del conocimientos locales, de los agricultores, de los pueblos indígenas. Pero, de nuevo, se trata de una tradición que es nueva, actualizada. Tenemos que crear nuevas tecnologías, invertir dinero, científicos, escuelas y todo eso, y será algo nuevo. La agroecología tiene técnicas que ya se ha probado que funcionan. Debido al cambio climático, los ecosistemas están cambiando muy rápido. En ese sentido, la agroecología por definición es moderna, porque responde directamente a un ecosistema que será nuevo para nosotros. Es más dinámica y más resiliente que la agricultura industrial.

-En su último reporte usted hace hincapié en la necesidad de invertir en agroecología.

-Hay que dirigir la inversión a aquello que está alineado con los derechos humanos, con la preocupación ecológica, y poner el poder en manos de la gente. No hay suficiente inversión en agroecología. En mi trabajo he visto que muchos gobiernos están interesados. Muchos gobiernos quieren hacer la transformación y es casi una cuestión de cuán rápido quieren hacerlo. Esa es realmente la pregunta. Creo que el problema con la agroecología es que el agronegocio trata de hacer dos cosas a la vez: decir que es irrelevante o no productivo mientras que, al mismo tiempo, dicen: ‘Ah, pero nosotros podemos hacer agroecología’. La redefinen para que sirva a sus propósitos y eso confunde. Pero creo que cuánto más claras tengamos las cosas, más gobiernos haya involucrados y más se invierta en agroecología, más rápido se va a dar el cambio. Se está construyendo, sólo que me gustaría que fuera más rápido.

20/09/2021

Publicado enInternacional
“La Cumbre de la ONU sobre alimentación no beneficiará a los millones de personas con hambre”

Entrevista a Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas

 

El Relator sobre el Derecho a la Alimentación de la ONU, Michael Fakhri, denunció que la Cumbre responde a los intereses de multinacionales que son, en gran parte, responsables de la crisis alimentaria. En una entrevista con Tierra Viva, advirtió sobre los posibles impactos en los territorios y propuso alternativas. La agroecología como herramienta de cambio.

Promovida por el Foro Económico Mundial, empieza este 23 de septiembre la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Desde su anuncio, en octubre pasado, llueven las críticas desde diferentes sectores, entre ellos, integrantes de la propia ONU. Relatores especiales y ex funcionarios del organismo internacional advierten sobre la influencia cada vez más preocupante del sector privado concentrado -empresas como Unilever, Bayer, Nestlé, Coca Cola, Pepsico, Google, Amazon, Microsoft- en este tipo de cumbres, donde se acuerdan líneas generales que luego inciden en las políticas públicas de los países.

Una de esas voces críticas es la de Michael Fakhri, relator especial sobre el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas. Para Fakhri esta Cumbre será una pérdida de tiempo y dinero para los Estados miembros de la ONU, y no beneficiará en absoluto a los pueblos del mundo, menos aún a las millones de personas que padecen hambre. En cambio, sí sacarán provecho un puñado de multinacionales que buscan garantizar sus negocios en el futuro, algunas ONG y los grupos de consultores que trabajan como asesores y en la organización de este tipo de eventos internacionales.

Lo que sí sentirán las personas comunes, tanto en las ciudades como en el campo, son los impactos de esta cumbre en los próximos años. Para Fakhri, lo que se acuerde en la Cumbre influirá en los futuros planes alimentarios que pongan en práctica gobiernos nacionales. Planes que, de acuerdo a cómo se vienen dando los acontecimientos, “es muy probable que violen los derechos humanos”, advirtió el relator.

Le preocupa que la ONU ceda a las multinacionales el poder de influencia y decisión sobre cómo enfrentar la crisis alimentaria en un mundo donde el hambre aumenta desde 2015, según datos de la FAO. Y en un momento en que la pandemia por Covid empeoró todo: se calcula que en 2020, entre 700 y 800 millones de personas pasaron hambre.

Junto a dos relatores anteriores, Fakhri denunció que los organizadores de la Cumbre pasaron por alto órganos ya establecidos y más transparentes para debatir los sistemas alimentarios, como el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial. “De manera flagrante -y quizás deliberada-, la Cumbre desvía la atención de los gobiernos hacia fuera del Comité”, sostuvieron. Y señalaron que las reglas y la agenda de la Cumbre fueron establecidas por un pequeño sector que responde a los intereses de las multinacionales. Por lo tanto, las propuestas que salgan de allí serán “sistemas agrícolas controlados por Inteligencia Artificial, edición génica y otras soluciones de alta tecnología orientadas a la agroindustria a gran escala”, advirtieron.

Desde el anuncio de la Cumbre, por parte del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en octubre pasado, Fakhri produjo varios documentos en los que insistió en la falta de una perspectiva de derechos humanos para abordar los sistemas alimentarios. Uno de ellos fue un informe presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, otro destinado en especial a los organizadores de la Cumbre, y un reciente reporte para la Asamblea General de Naciones Unidas.

Agencia Tierra Viva conversó desde Buenos Aires, Argentina, con Fakhri, quien vive en los Estados Unidos, donde es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oregon.

-¿Tuvo alguna respuesta por parte de las autoridades de la Cumbre a sus críticas y propuestas?

No. Lo último que intenté fue comunicarme con las autoridades y sugerir cómo incluir a organizaciones y movimientos sociales que hasta ahora vienen oponiéndose a la Cumbre. Porque hasta el momento, si bien la Secretaría (autoridad) de la Cumbre se reunió con ellos, en realidad no escuchó sus demandas ni modificó en nada lo que venían haciendo. Pensé que esta era la última oportunidad y les entregué una propuesta, pero la rechazaron. Luego de de esa conversación, mi mensaje es: No es una cumbre de la gente, del pueblo (como había anunciado el Secretario General de la ONU). Esto es una pérdida de tiempo. La Cumbre lleva dos años de organización, aproximadamente 24 millones de dólares gastados y miles de personas que trabajaron de manera voluntaria. Y al final el resultado no va a servir a las personas en los territorios, en el campo, en las fábricas y las ciudades. Las personas que más lo necesitan no se van a beneficiar de esa cumbre.

-¿Y quién se va a beneficiar con la Cumbre?

-Desde el comienzo estuvo claro que las principales personas que idearon la Cumbre estaban todas conectadas con el Foro Económico Mundial. No son necesariamente las multinacionales de manera directa, ninguna empresa figura entre los líderes de la Cumbre. Sino que son organizaciones que trabajan en estrecha colaboración con ellas, que sirven a esas corporaciones y dicen que éstas son parte de la solución. Les pregunté a los organizadores de la Cumbre cómo pueden decir que las multinacionales son parte de la solución cuando en realidad son parte del problema. Y su respuesta fue: ‘Los gobiernos también son parte del problema’. Y esto te dice mucho. Porque los gobiernos no son lo mismo que las corporaciones. Los gobiernos, si bien son parte del problema, al menos en la teoría tienen que rendir cuentas, son responsables. Las multinacionales, no. Por el contrario, tratan de limitar la responsabilidad y generar ganancias. Sabemos lo difícil que es responsabilizar a una multinacional por violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, los sectores que se van a beneficiar son algunos productores agrícolas y de alimentos que quieren dar más poder a las multinacionales y se sienten bien trabajando con ellas. Y las mismas empresas. Lo que no me queda claro es por qué los gobiernos están dispuestos a otorgar poder, a través de las Naciones Unidas, a los asesores, científicos y expertos que trabajan junto a las multinacionales. Quienes también se van a beneficiar son los organizadores de la Cumbre, ese grupo de gente que va a continuar con sus trabajos de consultoría y seguirán siendo tratados como expertos.

-¿Puede dar ejemplos de esas ONGs y empresas, y las soluciones que proponen?

-El presidente de la Vía de Acción 2 (las vías de acción son una especie de comisión dentro de la Cumbre) es Lawrence Haddad, director Ejecutivo de la ONG GAIN (Global Alliance for Improved Nutrition). Lo que él quiere es crear una iniciativa para que las empresas hagan promesas. Esa es la solución. Que las corporaciones digan: ‘Prometemos arreglar el sistema alimentario y hacer un mundo mejor’. Otro ejemplo: los organizadores de la Cumbre crearon algo llamado palancas (o mecanismos) de cambio transversales… quién sabe lo que significa. Pero en fin, son cuatro: Finanzas, Innovación, Género y trataron de crear una sobre Derechos Humanos pero no funcionó. Finanzas está liderada por el Banco Mundial e Innovación por el Foro Económico Mundial. Por lo tanto, ellos pueden destinar todos sus recursos y ser la palanca transversal que pueda influir sobre toda la Cumbre. Y van a escribir el reporte final que va a influir sobre lo que gente piense acerca de esos temas. Lo otro que hizo el Foro Económico Mundial es organizar una reunión justo antes de que se abra la Cumbre. Esa reunión fue casi un espejo de toda la Cumbre. Los que asistieron fueron todas las multinacionales: Coca Cola, Unilever, Monsanto -o como sea que se llamen ahora-, Bayer y todos los líderes de la Cumbre, y sentaron las pautas antes de que el proceso comience oficialmente. Más allá de esto, es difícil dar ejemplos concretos de las soluciones que proponen porque, a tres semanas de empezar la cumbre, nadie sabe bien cuáles son los resultados que se esperan.

“Compromiso Hambre Cero”. Así se llama la iniciativa de la ONG GAIN a la que hace referencia Fakhri, y que es una de las soluciones que promueve la Cumbre. “El compromiso es una declaración no vinculante de las operaciones y planes de inversión propuestos por las compañías. No tiene la intención de crear ningún derecho u obligación legalmente exigible para las empresas”, explica GAIN en su sitio web. Entre los principales financiadores de la ONG figuran las multinacionales BASF, Unilever y Arla Foods así como la Fundación Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller.

 

Impacto en los territorios

-¿Cuál será el impacto de la Cumbre en la gente común, en trabajadores, familias campesinas, pueblos indígenas?

-Los impactos no se van a ver de inmediato y eso ya es un problema. El hecho de que no haya impactos positivos inmediatos en una pandemia es un problema. De hecho, la cumbre no se ocupa del Covid de ninguna manera, sino que asume el mundo después del Covid, por lo tanto es una fantasía. Lo que hace la Cumbre es influir sobre los gobiernos nacionales. La mayor parte de las actividades están dedicadas a que los gobiernos anuncien planeas generales de cómo van a cambiar sus sistemas alimentarios. La Cumbre va a conectar a esos gobiernos con inversores y consultores interesados en trabajar con las multinacionales. Y van a asesorar a los gobiernos sobre cómo cambiar sus sistemas alimentarios. Por lo tanto, lo que va a empezar a pasar es que cada vez más países van a desarrollar planes alimentarios.

La mayoría de los países tienen planes agropecuarios, pero no alimentarios. Entonces, habrá cada vez más planes alimentarios diseñados e implementados de una manera que, teniendo en cuenta cómo se han dado las cosas, muy probablemente violarán los derechos humanos. Por lo tanto, vamos a comenzar a ver los efectos en los territorios en un par de años.

Mientras tanto, la pregunta es cómo las personas que están comprometidas con los derechos humanos van a continuar con la lucha a nivel internacional mientras, al mismo tiempo, animan a las personas a manifestarse a nivel local. Porque hay una esperanza y una oportunidad: si hay suficiente presión a nivel nacional sobre los gobiernos para crear planes alimentarios basados en los derechos humanos, eso puede neutralizar a la Cumbre. Al final, el poder local es siempre el más efectivo.

-En varias oportunidades sostuvo que la Cumbre no se ocupa seriamente de la pandemia. ¿Por qué cree que eso sucede?

-No lo sé. Esa es la pregunta que le hice todo el tiempo a la Secretaría de la Cumbre. Les planteé este punto hace un año y medio, pero evitaron responder. Puedo suponer una razón. El hecho de que no hayan incluido al Covid en la agenda ni hayan explicado públicamente el motivo habla de lo desconectados que están de la realidad, de lo lejos que están de las necesidades inmediatas de las personas. Esto habla de que son una elite que puede darse el lujo de no poner el Covid en la agenda. Porque al resto del mundo, si les preguntás cómo lidian con los problemas alimentarios, tienen que enfrentar el Covid, no tienen elección. Por lo tanto, el hecho de que hayan sentido que podían elegir no ocuparse del tema me da a entender que no tienen idea de las luchas reales de la gente.

Responsables del hambre

-Usted afirma, en declaraciones e informes, que el problema del hambre es más complejo de abordar que la pandemia. Y que no es un problema de escasez de comida sino de fracasos políticos. ¿Puede dar algún ejemplo de esos fracasos?

-El hambre siempre es un fracaso político. Y no es sólo del gobierno del país en donde está ocurriendo. Nuestros sistemas alimentarios, incluso los más locales, son parte del mundo, por lo tanto la economía mundial los afecta. Por ende, el fracaso político puede ser de ese gobierno nacional, pero también de otros países que ejercen influencia. En ese sentido, el hambre siempre es un problema global. Y tiene múltiples responsables. A nivel global, el sistema entero de ONU es responsable en este sentido: la gente está tratando de que los gobiernos se junten y coordinen sus respuestas ante la crisis alimentaria, agudizada por la pandemia. Pero un pequeño número de países poderosos se niega a utilizar los foros multilaterales para hacerlo. El foro más grande, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de Naciones Unidas, es el lugar ideal para que gobiernos, sociedad civil y otros actores puedan sentarse y coordinar respuestas a la crisis, es muy inclusivo. Pero hay un continuo bloqueo político de los países poderosos que no quieren trabajar con otros. Quieren mantener el poder para ellos mismos. Esto es un ejemplo de un fracaso político.

¿En qué medida las multinacionales del agronegocio son responsables por el hambre?

-Desde 1960 hasta ahora hemos aumentado la producción de alimentos en un 300 por ciento y, sin embargo, el hambre aumenta. El agronegocio se ha enfocado en producir más, más y más comida sin hacerse ninguna otra pregunta: ¿cómo están produciendo la comida? ¿qué daños están causando? Lo que han hecho, con una influencia creciente sobre los sistemas alimentarios, es promover prácticas con pesticidas, semillas transgénicas y monocultivos. Y condujeron a la reducción de la biodiversidad, que es uno de los principales problemas del cambio climático, no sólo del sistema alimentario. Porque se centran principalmente en las ganancias y en concentrar poder. Ahora están tratando de adaptarse, de ser más “sustentables”, según sus palabras. Pero no hay razón para confiar en que van a solucionar el problema.

Al final el problema no es lo que están haciendo sino el poder, quién tiene el poder. Si le das poder a un pequeño grupo de personas, en cualquier situación, nada va a salir bien. Si se mantiene el poder en manos de la gente, la gente sabe lo que necesita, lo saben mejor que nadie, son capaces de adaptarse a su contexto particular y sus ecosistemas.

La dificultad está en lograr que las personas trabajen juntas, en colaboración. Pero eso siempre es un problema en democracia, y es un buen problema. Un mal problema es tener que enfrentar al poder concentrado. Porque, de nuevo, quienes lo concentran están desconectados de la realidad. Ese es el mayor problema. Por lo tanto, la Cumbre refleja muchos de los problemas de los sistemas alimentarios.

Resistencia y caminos posibles

-¿Cuál es su opinión sobre la contra-cumbre Sistemas Alimentarios para los Pueblos, organizada por activistas y movimientos sociales que denuncian que la Cumbre responde a la agenda de las multinacionales?

-Es una inspiración. Porque estos grupos que se unieron, y que representan a millones de personas, no piensan igual e, incluso, tienen posiciones contrarias. Pero han logrado negociar y superar sus diferencias, y encontrar los puntos en común en solidaridad. Ese espíritu de solidaridad debería ser una inspiración también para los gobiernos. Porque si la gente puede hacer esto por sí misma, los gobiernos tienen que ser capaces de unirse, superar sus diferencias y servir a las necesidades de la gente. Por lo tanto, esta contra-movilización, que la gente está haciendo en circunstancias increíblemente difíciles, en medio de una pandemia, lo veo como una inspiración.

-¿Qué caminos propone como Relator para solucionar los problemas de los sistemas alimentarios?

-En primer lugar, si las personas todavía no están involucradas, que lo hagan. En cada ciudad, comunidad y país, hay movimientos de soberanía o justicia alimentaria, organizaciones campesinas, sindicatos, cooperativas. Cuanta más gente participe activamente en las luchas locales, mejor. En cuanto a los gobiernos, hay que tratar de obtener liderazgos. Necesitamos sólo un pequeño grupo de gobiernos que se unan y presionen contra la agenda de las multinacionales. Que sean los defensores de sistemas alimentarios que respeten los derechos humanos. Hay gobiernos que pueden hacerlo pero todos están esperando que otro se mueva primero. Creo que hay esperanza en convocar a esos países a conformar alguna especie de coalición que inspire y lidere a los otros. Por mi experiencia de trabajo, sé que la mayor parte de los gobiernos quieren hacer las cosas bien. Pero, de nuevo, un pequeño grupo de poderosos bloquean todo. El sistemas de las Naciones Unidas tiene fortalezas y debilidades. Una de sus fortalezas es que cuando una mayoría de países encuentran la forma de unirse, pueden influir en la agenda y pueden hacerlo en el buen sentido. Esto ya ha funcionado en el pasado y puede funcionar de nuevo. Lo tercero, que la gente construya nuevas relaciones. El cambio ocurre a partir de la creación de nuevas relaciones y amistades. Lo que me inspiró, por ejemplo, son los movimientos en la India. Estuvieron liderados por organizaciones de agricultores que luchaban por sus derechos humanos. Y lo que ocurrió fue que los trabajadores y los sindicatos se les unieron en solidaridad. Los agricultores y los trabajadores no siempre se llevan bien, es una relación complicada. Pero fueron capaces de desarrollar un nuevo vínculo. Por lo tanto, creo que nuevas relaciones conducen a una nueva política, nuevas ideas, y así es como sucede el cambio.

-En Sudamérica el modelo de agronegocio que combina cultivos transgénicos, agrotóxicos y concentración de la tierra lleva más de tres décadas y los gobiernos siguen promoviéndolos como una forma de desarrollo. ¿Qué opina sobre eso?

-Hay una desconexión entre las políticas alimentarias y las políticas de comercio. Y esto impacta en cómo los países usan la tierra. Si el país está principalmente orientado a la exportación, hace que la tierra se oriente a la producción de commodities, no de alimentos. Esto responde a un modelo de desarrollo: producimos commodities –como si fuéramos una fábrica-, vendemos al mercado internacional, ganamos dinero, lo ingresamos al país y con eso comemos mejor y mejoramos la calidad de vida. Eso es un modelo económico de los años 50. El mundo entero lo implementó. Lo que hemos visto, especialmente en los países del hemisferio sur, es que reorientar el sector agropecuario hacia las exportaciones dio como resultado tres cosas. Lo primero, se reduce la biodiversidad, lo que afecta al ambiente y la salud de las personas, su salud física. Segundo, que no mejoró la condición socioeconómica; solamente algunas personas ricas del país se hicieron más ricas. Vemos esto en la Organización Mundial de Comercio: los países en desarrollo no están conformes con las políticas internacionales de comercio. Y tercero, deja inseguridad alimentaria en el país: exportás alimento, importás dinero, pero la gente pasa hambre. Se crea un absurdo. Tenés un sector agrícola que manda alimentos al exterior mientras tu gente tiene hambre al lado tuyo. Ningún país está haciendo un buen trabajo para conectar el sistema alimentario con el de comercio. Sudamérica puede ser un buen lugar para hacerlo, porque tiene agricultura, tiene una historia de movimientos populares y el comercio siembre ha sido un tema de debate, más que en otras regiones.

Invertir en agroecología

-Tanto usted como relatores anteriores proponen a la agroecología como una de las soluciones a la crisis alimentaria. ¿Qué les diría a quienes sostienen que la agroecología es algo del pasado, primitivo?

-La agroecología se basa en largas tradiciones de cómo cultivar los alimentos. Tiene el poder del conocimiento de las personas que hacen el trabajo: agricultores, pescadores, pastores, campesinos. Proviene de una tradición particular, pero es dinámica. Y está orientada hacia el futuro. El mundo que vivimos hoy comenzó en 1970, cuando comenzó la Revolución Verde y la agricultura pasó a ser un negocio de grandes multinacionales. Es un fenómeno reciente, pero miren la destrucción que generó en sólo 50 años. Por lo tanto, la agroecología es nueva en el sentido de que todavía no nos hemos comprometido a nivel global para, de forma consciente, desarrollar nuestras políticas alimentarias de una manera integrada a los procesos ecológicos. La agroecología tiene una historia, pero todo tiene una historia. El agronegocio es parte de la historia de la industria. Tomaron la agricultura y la pusieron en la historia de las fábricas, de la industria. No fue cualquier avance tecnológico, fue un avance tecnológico para producir commodities con el propósito de generar ganancias. Traigamos de vuelta a la agricultura a la tradición del conocimientos locales, de los agricultores, de los pueblos indígenas. Pero, de nuevo, se trata de una tradición que es nueva, actualizada. Tenemos que crear nuevas tecnologías, invertir dinero, científicos, escuelas y todo eso, y será algo nuevo. La agroecología tiene técnicas que ya se ha probado que funcionan. Debido al cambio climático, los ecosistemas están cambiando muy rápido. En ese sentido, la agroecología por definición es moderna, porque responde directamente a un ecosistema que será nuevo para nosotros. Es más dinámica y más resiliente que la agricultura industrial.

-En su último reporte usted hace hincapié en la necesidad de invertir en agroecología.

-Hay que dirigir la inversión a aquello que está alineado con los derechos humanos, con la preocupación ecológica, y poner el poder en manos de la gente. No hay suficiente inversión en agroecología. En mi trabajo he visto que muchos gobiernos están interesados. Muchos gobiernos quieren hacer la transformación y es casi una cuestión de cuán rápido quieren hacerlo. Esa es realmente la pregunta. Creo que el problema con la agroecología es que el agronegocio trata de hacer dos cosas a la vez: decir que es irrelevante o no productivo mientras que, al mismo tiempo, dicen: ‘Ah, pero nosotros podemos hacer agroecología’. La redefinen para que sirva a sus propósitos y eso confunde. Pero creo que cuánto más claras tengamos las cosas, más gobiernos haya involucrados y más se invierta en agroecología, más rápido se va a dar el cambio. Se está construyendo, sólo que me gustaría que fuera más rápido.

20/09/2021

Publicado enInternacional
Sábado, 18 Septiembre 2021 06:32

Una feria de vanidades

Viñeta de Matador dedicada al presidente colombiano y su moneda (tomada del canal de Instagram del autor)

Ni libros ni medallas, que no les confundan. En Colombia no ha lugar para ferias, aunque se sigan dando. Hoy imperan las balas, las que su policía dispara contra la población por ejercer su derecho a la protesta, y las monedas, las que el propio presidente se ha dedicado para que su imagen quede grabada en algún sitio más allá de en los anales de la estulticia.

A este aprendiz de político, que sigue los dictados de su maestro, lo que le importa es figurar, que hablen de él aunque sea mal. Por eso se dedicó a presentador de televisión, a exprimir la economía con sus promesas naranjas y a formar parte de la numismática nacional. Revisen lo bien que lo retrata Matador en sus viñetas.

No deberíamos equivocar el objetivo de las manifestaciones, o al menos no dejar como diana solamente al presidente colombiano. Habría que preguntarse de quién ha sido la idea de concederle una condecoración española al gobernante más inútil de la historia del país. Pero también, de quién ha partido, en estos tristes tiempos que corren, nombrar a Colombia como país invitado de la Feria del Libro de Madrid. Sin ir más lejos, acaba de vetar al periodista y escritor Daniel Samper Ospina impidiéndole participar en un programa de televisión en el que el gobernante iba a someterse a las preguntas de los medios.

Durante el gobierno de este señor, al que el Estado español condecora y recibe con honores, se han sucedido cientos de asesinatos de líderes sociales (Indepaz reporta 116 solamente en lo que va de año), que en muchos casos también eran defensores ambientales de esa diversidad y vitalidad que aparece en el logo de la Feria; se han producido numerosas masacres, que el “insigne” presidente ha cambiado por el eufemismo de homicidios colectivos; se han reprimido con violencia, mucha más de la habitual y con participación de civiles disparando a sus paisanas y paisanos, las manifestaciones populares para reclamar paz, trabajo y dignidad; se han incumplido los acuerdos de La Habana que terminaron con los enfrentamientos con la guerrilla de las FARC-EP, que, a pesar de haber abandonado las armas, sigue poniendo una parte importante de los muertos; se ha negado a reconocer púbicamente, y a ponerle algún remedio, a algo que la mayoría ya sabía pero que los gobernantes no querían saber, que fueron seis mil cuatrocientos dos los falsos positivos, personas asesinadas y  presentadas como bajas en combate, entre 2002 y 2008, y se han seguido dando los mismos o más casos de corrupción de siempre, el último el protagonizado por la ya exministra de las TIC que ha hecho desaparecer 70 mil millones de pesos (aproximadamente 15 millones de euros al cambio actual) que deberían haber servido para llevar conectividad a las áreas rurales, mayoría todavía en el territorio, en las que niñas y niños no tienen acceso a internet (por cierto, la susodicha no se merece que su apellido se convierta en verbo, aunque sea para recordarnos que ha robado). Y podríamos seguir enumerando.

Por suerte, la creatividad y el arte colombianos, no sólo su literatura, también su cine, su fotografía, su teatro, su música, su pintura y su escultura, están muy por encima de sus políticos y las políticas que practican, de sus legisladores y sus inacciones y de sus jueces y sus sentencias. Pero si el Gobierno colombiano invita a la Feria de Madrid a autoras y autores “neutros”, que otros organismos en el Estado español (ya sean organizaciones sociales, partidos políticos o editoriales) inviten al personal crítico para hacer contrapeso. No solamente o las y los conocidos, sino a toda una pléyade de jóvenes, y no tanto, que llenan la producción literaria, las salas de exposiciones, los teatros y los múltiples festivales al parque y a las calles que se dan en todo el país.

Si es el Gobierno español el que le premia, habría que sancionarle por anteponer los posibles beneficios económicos a la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas. Claro, porque detrás de esa medalla debe haber un montón de intereses comerciales para que los buitres empresariales españoles “invadan” económicamente el país andino y echen a los cóndores de allá, a pesar de las muchas águilas negras que sobrevuelan el cielo colombiano.

Creo que es a todas luces injustificable el reconocimiento ofrecido al presidente de Colombia, tanto el de carácter político dado por el Gobierno español como el premio literario que supone que un presidente censurador represente a su país en la Feria del Libro de Madrid.

17SEP2021

Publicado enCultura
 Pahnin Mekragnotire, un indígena de 40 años de la tribu Kayapo, observa los efectos de la deforestación en l suroeste del estado de Pará, Brasil. — Lucas Landau / REUTERS

La organización internacional Global Witness reporta 227 ataques contra defensores de la Tierra, la mayoría de ellos documentados en países del Sur Global.

 

La escalada de violencia contra los defensores de la Tierra no cesó durante la primera etapa de la pandemia. Los datos reportados por Global Witness hablan de 227 asesinatos de líderes ambientales de todo el mundo en 2020, el año con más ataques registrados. En ese periodo, según la publicación de la organización de defensa de los derechos humanos, hubo un promedio de unos cuatro crímenes a la semana en todo el planeta.

"Nuestras cifras son casi con certeza una subestimación, y muchos ataques contra defensores no se denuncian", han advertido a los medios desde la ONG internacional. Los datos reflejan, además, que el grueso de los asesinatos se cometieron en países del Sur Global, pues sólo uno se produjo en un país desarrollado (en Canadá). "A medida que se intensifica la crisis climática, también aumenta la violencia contra quienes protegen su tierra y nuestro planeta".

Más de la mitad de las matanzas denunciadas se dieron en tres únicos países: Colombia, donde se produjeron 65 crímenes; México, con 30 ataques; y Filipinas, país en el que la escalada de violencia no ha hecho más que incrementar desde el ascenso al poder de Rodrigo Duterte en 2016, con 166 activistas asesinados en todo este tiempo, 29 de ellos en el último año. El cuarto país con más violencia contra indígenas y personas vinculados a la protección de los ecosistemas es Brasil, con 20 muertes documentadas. Un dato preocupante para Global Witness, que señala directamente a las políticas expansivas de Jair Bolsonaro como una de las causas del incremento del ensañamiento que sufren los líderes conservacionistas del país amazónico.

¿Quién mata a los activistas?

Aunque de los 227 asesinatos documentados en 2020 hay 51 en los que no se ha podido identificar a los autores materiales, la organización señala que el 70% de las víctimas estaban trabajando en la defensa de los bosques y contra su deforestación e industrialización. Así, al menos 89 de los delitos fueron llevados a cabo por sicarios contratados por compañías que tienen intereses económicos en los recursos naturales. "Muchas empresas se involucran en un modelo económico extractivo que prioriza abrumadoramente las ganancias sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Este poder corporativo irresponsable es la fuerza subyacente que no solo ha llevado la crisis climática al borde, sino que ha continuado perpetuando la matanza de defensores".

No obstante, las instituciones también apretaron los gatillos de sus armas, pues en los países afectados se han documentado 18 asesinatos a manos de las Fuerzas Armadas y otros 12 en los que miembros de la Policía estaban implicados. "Los gobiernos han estado demasiado dispuestos a hacer la vista gorda y no han cumplido su mandato básico de defender y proteger los derechos humanos. No protegen a los defensores de la tierra y el medio ambiente, en muchos casos perpetran directamente la violencia contra ellos y en otros son cómplices de las empresas", han argumentado desde Global Witness.

 

 

Victorias históricas

Pese la escalada de violencia y persecución, 2020 también fue un año positivo para las luchas de los pueblos indígenas contra la deforestación y los proyectos de extracción de recursos. La Asociación de Derecho Ambiental de Zimbabwe consiguió frenar un proyecto minero que atentaba contra el Parque Nacional de Hwange, una reserva donde habitan algunas poblaciones de rinoceronte negro, en peligro de extinción. En Canadá, consiguieron frenar la financiación para la extracción de petróleo en el Ártico. En noviembre, el Tribunal Superior de Sudáfrica dio la razón a los activistas ecologistas y canceló la construcción de una de las mayores centrales de carbón del planeta, lo que zanjaba una pugna legal que dio su inicio en 2015.

En el mes de abril, la Justicia brasileña dio la razón a las comunidades indígenas Asháninka en Acre que llevaban más de dos décadas denunciando la deforestación masiva de su entorno. Las compañías implicadas fueron condenadas a pagar cerca de 3 millones de dólares a las familias autóctonas afectadas. En Honduras, el Tribunal de Sentencia declaró culpable a Víctor David Castillo como autor intelectual del asesinato de Berta Cáceres y, además, dejó la puerta abierta nuevas investigaciones contra la familia Atala Zablah y otros directivos de la compañía DESA. 

La publicación de Global Witness recoge muchas otras victorias en Zambia, la República Democrática del Congo, Canadá, Panamá o Camboya y señala que, pese obtener el apoyo de la Justicia, en la mayoría de los casos, las persecuciones y amenazas contra colectivos indígenas y organizaciones conservacionistas han persistido.

 

13/09/2021 21:54 Actualizado: 14/09/2021 10:23

Alejandro Tena@AlxTena

 

Publicado enMedio Ambiente
Totalitarismo corporativo. Entrevista con Julian Assange

El totalitarismo corporativo se está expandiendo rápidamente, y no sólo van a por Assange o Manning. Van contra todo aquél que desafíe su narrativa oficial.

Una parte superficial de la vasta red subterránea de agencias gubernamentales y de inteligencia de todo el mundo dedicadas a destruir WikiLeaks y arrestar a su fundador, Julian Assange, espera afuera del edificio de ladrillos rojos en Hans Crescent Street que alberga la Embajada de Ecuador. Assange, el refugiado político más conocido del mundo, ha estado en la embajada desde que se le ofreció refugio allí en junio pasado. La policía británica, con chalecos negros de Kevlar, está encaramada día y noche en los escalones que conducen al edificio, y otros esperan en el vestíbulo directamente frente a la puerta de la embajada. Un oficial está parado en la esquina de una calle lateral frente a los icónicos grandes almacenes Harrods, a media manzana de distancia en Brompton Road. Otro oficial mira por la ventana de un edificio vecino a unos metros de la habitación de Assange en la parte trasera de la embajada. La policía se sienta las veinticuatro horas del día en una camioneta de comunicaciones con un conjunto de antenas que presumiblemente captura todas las formas electrónicas de comunicación de la suite de la planta baja de Assange.

El Servicio de Policía Metropolitana (MPS), o Scotland Yard, dijo que el costo estimado de rodear la Embajada de Ecuador desde el 19 de junio de 2012, cuando Assange ingresó al edificio, hasta el 31 de enero de 2013, es el equivalente a $ 4.5 millones.

Gran Bretaña ha rechazado una solicitud ecuatoriana de que se le otorgue a Assange un pasaje seguro a un aeropuerto. Está en el limbo. Es, dijo el mismo Assange, como vivir en una "estación espacial".

"El statu quo, para ellos, es una derrota", dijo Assange refiriéndose a la campaña liderada por Estados Unidos contra él mientras estábamos sentados en su pequeña sala de trabajo, abarrotada de cables y equipos informáticos. Tenía la cabeza llena de canas y barba incipiente en el rostro y vestía una tradicional camisa ecuatoriana bordada en blanco. “El Pentágono amenazó a WikiLeaks y a mí personalmente, nos amenazó ante el mundo entero, exigió que destruyéramos todo lo que habíamos publicado, exigió que dejemos de 'solicitar' nueva información a los denunciantes del gobierno de Estados Unidos, exigió, en otras palabras, la aniquilación total de un editor. Declaró que si no nos autodestruíamos de esta manera, estaríamos 'obligados' a hacerlo”.

“Pero han fallado”, prosiguió. “Ellos establecieron las reglas sobre lo que era una victoria. Perdieron en cada batalla que plantearon. Su derrota es total. Hemos ganado las cosas importantes. La pérdida de prestigio es difícil de exagerar. El Pentágono volvió a emitir sus amenazas el 28 de septiembre del año pasado. Esta vez nos reímos. Las amenazas se inflan rápidamente. Ahora el Pentágono, la Casa Blanca y el Departamento de Estado tienen la intención de mostrarle al mundo lo vengativos perdedores que son a través de la persecución de Bradley Manning, de mí y de la organización en general”.

Assange, Manning y WikiLeaks, al hacer público en 2010 medio millón de documentos internos del Pentágono y el Departamento de Estado, junto con el video de 2007 de pilotos de helicópteros estadounidenses disparando despreocupadamente a civiles iraquíes, incluidos niños, y dos periodistas de Reuters, expuso la hipocresía del imperio, su violencia indiscriminada y el uso de torturas, mentiras, sobornos y crudas tácticas de intimidación. WikiLeaks mostró el funcionamiento interno del imperio -la función más importante de la prensa- y por esto se ha convertido en su presa. Aquellos en todo el mundo con las habilidades informáticas para descubrir sus secretos son ahora los más temidos por el imperio. Si perdemos esta batalla, si estos rebeldes son derrotados, significará el advenimiento de la oscura noche del totalitarismo corporativo. Si ganamos, si se desenmascara el estado corporativo, éste se puede destruir.

Funcionarios del gobierno estadounidense citados en cables diplomáticos australianos obtenidos por The Saturday Age describieron la campaña contra Assange y WikiLeaks como "sin precedentes tanto en su escala como en su naturaleza". El alcance de la operación también se ha extraído de las declaraciones realizadas durante la audiencia previa al juicio de Manning. Según parece, el Departamento de Justicia de EE. UU pagará al contratista ManTech de Fairfax, Virginia, más de millones de dólares solo este año por un sistema informático que -según la licitación- parece diseñado para manejar los documentos de la acusación. La partida del gobierno hace referencia únicamente al "Mantenimiento de hardware y software de WikiLeaks".

El fiscal principal en el caso Manning, el mayor Ashden Fein, le dijo al tribunal que el expediente del FBI que trata de la filtración de documentos gubernamentales a través de WikiLeaks tiene "42.135 páginas o 3.475 documentos". Esto no incluye un gran volumen de material acumulado por una investigación del jurado. Según Fein, Manning representa solo 8.741 páginas o 636 documentos diferentes en ese archivo clasificado del FBI.

No hay divergencias entre los departamentos gubernamentales o los dos principales partidos políticos estadounidenses sobre cuál debería ser el destino de Assange. “Creo que deberíamos ser claros aquí. WikiLeaks y las personas que le difunden información a este tipo de organizaciones son criminales”, dijo el entonces secretario de prensa Robert Gibbs, hablando en nombre de la administración Obama, durante una conferencia de prensa en 2010.

La senadora Dianne Feinstein, una demócrata, y el entonces senador Christopher S. Bond, un republicano, escribieron en una carta conjunta al fiscal general de los EE. UU pidiendo el enjuiciamiento de Assange: “Si el Sr. Assange y sus posibles cómplices no pueden ser acusados mediante la Ley de Espionaje (o cualquier otro estatuto aplicable), tenga en cuenta que estamos listos y dispuestos a apoyar sus esfuerzos para 'cerrar esas brechas' en la ley, tal como mencionó...”

La republicana Candice S. Miller, congresista por Michigan, dijo en la Cámara: “Es hora de que la administración Obama trate a WikiLeaks por lo que es: una organización terrorista, cuya operación continua amenaza nuestra seguridad. Apágalo. Apágalo. Es hora de acabar con este terrorista, este sitio web terrorista, WikiLeaks. Ciérrelo, Fiscal General [Eric] Holder”.

Al menos una docena de agencias gubernamentales estadounidenses, incluido el Pentágono, el FBI, el Departamento de Investigación Criminal del Ejército, el Departamento de Justicia, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y el Servicio de Seguridad Diplomática, están asignadas al caso de WikiLeaks, mientras que la CIA y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional están asignadas para rastrear las supuestas violaciones de seguridad de WikiLeaks. El asalto global, que hizo que Australia amenazara con revocar el pasaporte de Assange, es parte de la aterradora metamorfosis de la “guerra contra el terror” en una guerra más amplia contra las libertades civiles. Se ha convertido en una cacería no de terroristas reales, sino de todos aquellos con la capacidad de exponer los crecientes crímenes de la élite del poder.

Esta dinámica ha arrasado con cualquier persona u organización que se ajuste al perfil de aquellos con las habilidades técnicas y la inclinación para excavar en los archivos del poder y difundirlo entre el público. Ya no importa si han cometido un delito. El grupo Anonymous, que ha montado ataques cibernéticos contra agencias gubernamentales a nivel local y federal, vio a Barrett Brown, un periodista asociado con Anonymous y que se especializa en contratistas militares y de inteligencia, arrestado junto con Jeremy Hammond, un activista político que presuntamente proporcionó a WikiLeaks 5,5 millones de correos electrónicos entre la firma de seguridad Strategic Forecasting (Stratfor) y sus clientes. Al parecer, Brown y Hammond fueron detenidos debido a las acusaciones hechas por un informante llamado Héctor Xavier Monsegur, conocido como Sabu, que parece haber intentado tender una trampa a WikiLeaks mientras estaba bajo la supervisión del FBI.

Para atrapar y espiar a los activistas, Washington ha utilizado una serie de informantes, incluido Adrian Lamo, quien vendió a Bradley Manning al gobierno de Estados Unidos.

Los colaboradores o partidarios de WikiLeaks son detenidos de forma rutinaria, a menudo en aeropuertos internacionales, y se intenta reclutarlos como informantes. Jérémie Zimmerman, Smári McCarthy, Jacob Appelbaum, David House y una de las abogadas de Assange, Jennifer Robinson, han sido abordados o interrogados. Las tácticas suelen ser de mano dura. McCarthy, un islandés y activista de WikiLeaks, fue detenido e interrogado extensamente cuando ingresó a Estados Unidos. Poco después, tres hombres que se identificaron como miembros del FBI se acercaron a McCarthy en Washington. Los hombres intentaron reclutarlo como informante y le dieron instrucciones sobre cómo espiar WikiLeaks.

El 24 de agosto de 2011, seis agentes del FBI y dos fiscales aterrizaron en Islandia en un jet privado. El equipo le dijo al gobierno islandés que había descubierto un plan de Anonymous para piratear las computadoras del gobierno islandés. Pero pronto quedó claro que el equipo había llegado con una agenda muy diferente. Los estadounidenses pasaron los días siguientes, en flagrante violación de la soberanía islandesa, interrogando a Sigurdur Thordarson, un joven activista de WikiLeaks, en varias habitaciones de hotel de Reykjavik. Después de que el equipo estadounidense fuera descubierto por el Ministerio del Interior de Islandia y expulsado del país, Thordarson fue llevado a Washington para cuatro días de interrogatorio adicional. Thordarson parece haber decidido cooperar con el FBI. Se informó en la prensa islandesa que fue a Dinamarca en 2012 y vendió al FBI discos duros de computadora de WikiLeaks robados por alrededor de 5.000 dólares.

Ha habido órdenes secretas de búsqueda de información de proveedores de servicios de Internet, incluidos Twitter, Google y Sonic, así como la incautación de información sobre Assange y WikiLeaks de la empresa Dynadot, un registrador de nombres de dominio y alojamiento web.

La maleta y el ordenador de Assange fueron robados en un vuelo de Suecia a Alemania el 27 de septiembre de 2010. Sus tarjetas bancarias fueron bloqueadas. La cuenta de donación principal de Moneybookers de WikiLeaks se cerró después de haber sido colocada en una lista negra en Australia y en una "lista de vigilancia" en los Estados Unidos. Empresas de servicios financieros como Visa, MasterCard, PayPal, Bank of America, Western Union y American Express, tras las denuncias de WikiLeaks por parte del gobierno de Estados Unidos, incluyeron a la organización en la lista negra. El mes pasado, la Corte Suprema de Islandia determinó que la lista negra era ilegal y ordenó que se levantara en Islandia el 8 de mayo. Adicionalmente, cabe destacar que ha habido frecuentes ataques masivos contra la infraestructura de WikiLeaks.

También hay una campaña de desprestigio bien orquestada contra Assange, que incluye descripciones erróneas en el caso de conducta sexual inapropiada presentado contra él por la policía sueca. Assange no ha sido nunca acusado formalmente de ningún delito. Las dos mujeres involucradas no lo han acusado de violación.

Por su parte, el heroísmo de Bradley Manning incluye a su firme negativa, a pesar de lo que parece ser una tremenda presión, a implicar a Assange en el espionaje. Si Manning alegara que Assange le había dado instrucciones sobre cómo descubrir documentos clasificados, Estados Unidos podría intentar acusar a Assange de espionaje.

Assange buscó asilo en la embajada de Ecuador tras agotar su lucha por evitar la extradición del Reino Unido a Suecia. Él y sus abogados dicen que una extradición a Suecia significaría una extradición a Estados Unidos. Si Suecia se negara a cumplir con las demandas estadounidenses de Assange, el secuestro o la “entrega extraordinaria” seguiría siendo una opción para Washington.

El supuesto del secuestro recibió cobertura legal en un memorando de 1989 emitido por el Departamento de Justicia que establece que "el FBI puede usar su autoridad legal para investigar y arrestar a personas por violar la ley de los Estados Unidos, incluso si las acciones del FBI contravienen el derecho internacional consuetudinario" y que un "arresto que sea incompatible con el derecho internacional o extranjero no viola la Cuarta Enmienda". Este es un ejemplo asombroso del doble discurso orwelliano del estado de la seguridad y la vigilancia. La persecución de Assange y WikiLeaks y la práctica de entregas extraordinarias encarnan la destrucción de la Cuarta Enmienda, que fue diseñada para proteger a la ciudadanía de registros e incautaciones irrazonables y requiere que cualquier orden judicial sea sancionada judicialmente y respaldada por una causa probable.

En agosto pasado, Estados Unidos apresó dos suecos y un británico en algún lugar de África (seguramente fue en Somalia) y los retuvo en uno de nuestros sitios negros. De repente reaparecieron, con el británico despojado de su ciudadanía, en un tribunal de Brooklyn en diciembre enfrentando cargos de terrorismo. Suecia, en lugar de oponerse a la extradición de sus dos ciudadanos, retiró los cargos suecos contra los prisioneros para permitir que ocurriera la entrega. Los prisioneros, informó The Washington Post, fueron acusados en secreto por un gran jurado federal dos meses después de ser apresados.

La persistencia de WikiLeaks, a pesar del ataque, ha sido notable. En 2012 publicó algunos de los 5,5 millones de documentos enviados desde o hacia la empresa de seguridad privada Stratfor. Los documentos, conocidos como “los archivos de inteligencia global”, incluían un correo electrónico con fecha del 26 de enero de 2011 de Fred Burton, un vicepresidente de Stratfor, quien escribió: "No publicar. Nosotros [el gobierno de Estados Unidos] tenemos una acusación sellada contra Assange. Por favor proteja".

La incursión más reciente de WikiLeaks en la divulgación de documentación incluye los archivos de Kissinger, o la Biblioteca Pública de WikiLeaks sobre la diplomacia estadounidense. Los archivos, que han incorporado un motor de búsqueda notable, brindan acceso a 1,7 millones de comunicaciones diplomáticas, alguna vez confidenciales pero ahora en el registro público, que se enviaron entre 1973 y 1976. Henry Kissinger, Secretario de Estado de septiembre de 1973 a enero de 1977, fue el autor de muchos de los 205.901 cables que tratan de sus actividades.

De acuerdo con los archivos parece que el difunto primer ministro indio Rajiv Gandhi pudo haber sido contratado por el grupo sueco Saab-Scania para ayudar a vender su avión de combate Viggen a India, mientras que su madre, Indira Gandhi, era primera ministra.

En 1975, Kissinger, durante una conversación con el embajador de Estados Unidos en Turquía y dos diplomáticos turcos y chipriotas, aseguró a sus anfitriones que podía evitar un embargo de armas oficial en vigor en ese momento. Se le cita en los documentos diciendo: “Antes de la Ley de Libertad de Información, solía decir en las reuniones: Lo ilegal lo hacemos de inmediato; lo inconstitucional tarda un poco más [risas].  Pero desde la Ley de Libertad de Información, tengo miedo de decir cosas así”.

Los documentos, además de detallar las colaboraciones con las dictaduras militares en España y Grecia, muestran que Washington creó una exención de tortura para permitir que el gobierno militar de Brasil reciba ayuda estadounidense.

Los documentos se obtuvieron de la Administración Nacional de Archivos y Registros y tardaron un año en prepararse en un formato digital accesible. “Es esencialmente lo que estaba haciendo Aaron Swartz, poner a disposición documentos que hasta ahora eran difíciles de acceder o que solo se podían obtener a través de un intermediario”, dijo Assange en la entrevista.

Swartz fue el activista de internet arrestado en enero de 2011 por descargar más de 5 millones de artículos académicos de JSTOR, una biblioteca en línea para revistas académicas. Swartz fue acusado por fiscales federales de dos cargos de fraude electrónico y once violaciones de la Ley de Abuso y Fraude Informático. Los cargos conllevan la amenaza de 1 millón de dólares en multas y 35 años de prisión. Swartz se suicidó el pasado 11 de enero.

Assange, de 41 años, trabaja la mayor parte de la noche y duerme hasta altas horas de la tarde. A pesar de que usa un dispositivo de luz ultravioleta, estaba pálido, lo que no es sorprendente para alguien que no ha estado expuesto a la luz solar durante casi un año. Rara vez concede entrevistas. Una cinta de correr estaba apoyada contra una pared de su habitación; dijo que lo configura y trata de correr entre 3 y 5 millas todos los días. Recibe visitas de un entrenador personal, con quien practica calistenia y boxeo. Es larguirucho, mide 6 pies y 2 pulgadas de alto y destila una energía cruda y nerviosa. Salta, a veces de forma desconcertante, de un tema a otro, de una idea a otra, y sus palabras se apresuran a seguir el ritmo de sus pensamientos en cascada. Trabaja con un personal reducido y tiene un flujo constante de visitantes, incluidas celebridades como Lady Gaga. Cuando la embajadora ecuatoriana Ana Alban Mora y Bianca Jagger se presentaron a última hora de una tarde, Assange bajó los vasos y les sirvió a todos whisky de una reserva de licor que guarda en un armario. Sus visitantes charlaban en una pequeña mesa redonda, sentados en sillas de cuero sintético. Jagger quería saber cómo proteger su sitio web de los piratas informáticos. Assange le dijo que “hiciera muchas copias de seguridad”.

Es desde esta sala que Assange y sus seguidores han montado una campaña electoral para un escaño en la cámara alta del Parlamento de Australia. Las encuestas públicas del estado de Victoria, donde Assange es candidato, indican que tiene buenas posibilidades de ganar.

Assange se comunica con su red global de asociados y simpatizantes hasta diecisiete horas al día a través de numerosos teléfonos celulares y una colección de computadoras portátiles. Cifra sus comunicaciones y tritura religiosamente todo lo que se escribe en papel. Los frecuentes movimientos del cordón policial fuera de su ventana dificultan el sueño. Y extraña a su hijo, a quien crió como padre soltero. También puede tener una hija, pero no habla públicamente sobre sus hijos, negándose a revelar sus edades o dónde viven. Su familia, dijo, ha recibido amenazas de muerte. No ha visto a sus hijos desde que comenzaron sus problemas legales. El costo emocional es tan pesado como el físico.

Assange dijo que considera que el papel principal de WikiLeaks es dar voz a las víctimas de las guerras estadounidenses y las guerras subsidiarias (proxy wars) mediante el uso de documentos filtrados para contar sus historias. La publicación de los archivos de la Guerra de Afganistán e Irak, dijo, reveló el alcance de la muerte y el sufrimiento de civiles, y la plétora de mentiras contadas por el Pentágono y el estado para ocultar el número de víctimas. Los registros, dijo Assange, también desenmascararon la decadencia de la prensa tradicional y su obsequioso servicio como propagandistas de guerra.

“Había 90.000 registros en los archivos de la guerra afgana”, dijo Assange. “Tuvimos que mirar diferentes ángulos en el material para sumar el número de civiles que habían muerto. Estudiamos los registros. Clasificamos los eventos de diferentes formas. Me preguntaba si podríamos averiguar la mayor cantidad de civiles muertos en un solo evento. Resultó que esto ocurrió durante la Operación Medusa, dirigida por las fuerzas canadienses en septiembre de 2006. El gobierno local respaldado por Estados Unidos era bastante corrupto. Los talibanes eran, en efecto, la oposición política y tenían mucho apoyo. Los lugareños se levantaron contra el gobierno. La mayoría de los jóvenes de la zona, desde una perspectiva política, eran talibanes. Hubo una ofensiva gubernamental que encontró una fuerte resistencia. La ISAF [la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad dirigida por la OTAN] llevó a cabo un gran barrido. Fue de casa en casa. Luego, un soldado estadounidense fue asesinado. Llamaron a una cañonera AC-130. Este es un avión de carga C-130 reacondicionado con cañones en el costado. Dio vueltas por encima e hizo una lluvia de proyectiles. Los registros de guerra dicen que 181 "enemigos" murieron. Los registros también dicen que no hubo heridos ni capturados. Fue una masacre significativa. Este evento, el día en que la mayor cantidad de personas murieron en Afganistán, nunca ha sido debidamente investigado por los medios tradicionales”.

La Operación Medusa, que ocurrió a veinte millas al oeste de Kandahar, se cobró la vida de cuatro soldados canadienses e involucró a unos 2.000 soldados de la OTAN y afganos. Fue una de las mayores operaciones militares de la ISAF en la región de Kandahar.

Assange buscó relatos de reporteros que estaban en la escena y lo que descubrió lo horrorizó. Vio a un periodista de guerra canadiense, Graeme Smith del Toronto Globe and Mail, usar estas palabras en un sitio web militar canadiense para describir sus experiencias durante la Operación Medusa:

En septiembre de 2006 tuve una de las experiencias más intensas de mi vida. Estaba en el frente de algo llamado Operación Medusa. Fue una gran ofensiva canadiense contra los talibanes que se concentraron en las afueras de la ciudad de Kandahar. Los talibanes estaban cavando trincheras e intimidando a los lugareños, y los canadienses decidieron desplegarse allí en grandes cantidades y expulsarlos. Viajaba con un pelotón que se hacía llamar los "Nómadas". Se trataba de tipos que habían sido enviados por todas partes, ya sabes, una especie de caja de 50.000 kilómetros cuadrados a los mismos límites de la ciudad de Kandahar, por lo que se movían todo el tiempo; nunca dormían en el mismo lugar dos veces e incluso se habían inventado estos pequeños parches para sus uniformes que decían "Nómadas" en ellos. Los nómadas me acogieron y me convirtieron en uno de ellos. Pasé lo que originalmente se suponía que era solo una integración de dos o tres días con ellos, extendido en dos semanas. No tenía una muda de ropa interior. No tenía una muda de camisa. Recuerdo que me duché con mi ropa, lavé primero la ropa de mi cuerpo, luego me quité la ropa y me lavé el cuerpo, y eso fue solo usando un cubo como ducha. Fue una experiencia intensa. Dormí con mi chaleco antibalas muchas noches. Estábamos bajo fuego juntos, ya sabes, oíamos los RPG[1] silbando a nuestro alrededor. Una vez estaba parado detrás de un transporte de tropas y nos estábamos relajando un poco, estábamos en un momento de depresión, y creo que algunos chicos tomaron café alrededor del vehículo y escuché un fuerte golpe junto a mi oreja derecha. Era como si alguien se hubiera acercado sigilosamente detrás de mí y me hubiera gastado una broma aplaudiendo junto a mi oreja. Me di la vuelta para decir, oye, eso no es muy gracioso, es un poco ruidoso, y todos los soldados estaban tirados en el suelo porque saben qué hacer cuando llega una ronda de fuego, y yo no porque [se ríe] fue mi primera vez bajo fuego. Así que me tiré al suelo también. Como que me habían convertido en uno de ellos, me dieron un pequeño parche de "Nómadas" que pegué a mi chaqueta antibalas y, como periodista, intentas evitar el auto-engaño, pero sentí una sensación de pertenecer con esos chicos.

“El comportamiento de este hombre, la forma en que describe la vida al aire libre, me llevó a entender que aquí había alguien que nunca había boxeado, escalado montañas, jugado rugby,  o había estado involucrado en cualquiera de estas actividades habitualmente masculinas”, Assange dijo. “Ahora, por primera vez, se siente un hombre. Ha ido a la batalla. Fue uno de los muchos ejemplos del fracaso de los reporteros de guerra en informar sobre la verdad. Ellos eran parte del equipo”.

Assange tiene razón. La prensa de una nación en guerra, en cada conflicto que cubrí, es un engranaje más de la máquina, animadora de la matanza e incansables creadores de mitos para la guerra y el ejército. A los pocos renegados dentro de la prensa que se niegan a ondear la bandera y enaltecen servilmente a las tropas, no se les otorgarán una serie de virtudes como el heroísmo, el patriotismo o el coraje, se encontraran a sí mismos como parias en las salas de redacción y serán atacados brutalmente por el Estado, como ha sido el caso de Assange y Manning.

Como reportero de The New York Times, estaba entre los que se esperaba que estimulara a las fuentes dentro de los órganos de poder para proporcionar información, incluida información ultrasecreta. Los Papeles del Pentágono, publicados en el Times en 1971, y la exposición del Times -ganadora del Pulitzer en 2005- sobre las escuchas telefónicas sin orden judicial de ciudadanos estadounidenses por parte del Consejo de Seguridad Nacional utilizaron documentos de "alto secreto", una clasificación más restringida que el "secreto" de los documentos publicados por WikiLeaks. Pero a medida que la prensa tradicional se atrofia con una velocidad vertiginosa, efectivamente castrada por el uso de la Ley de Espionaje por parte de Barack Obama media docena de veces desde 2009 para atacar a informadores internos como Thomas Drake, los renegados -personas como Assange y Manning- deben dar un paso al frente e informar al público.

Los documentos que publicó WikiLeaks, por muy inquietantes que fueran, invariablemente tenían un sesgo en favor de Estados Unidos. La realidad en la guerra suele ser mucho peor. Aquellos contados como combatientes enemigos muertos son a menudo civiles. Las unidades militares redactan sus propios informes posteriores a la acción y, por lo tanto, intentan justificar u ocultar su comportamiento. A pesar de la acalorada retórica del estado, nadie ha proporcionado evidencia de que cualquier cosa publicada por WikiLeaks haya costado vidas. El entonces secretario de Defensa, Robert Gates, en una carta de 2010 al senador Carl Levin admitió este mimo hecho. Escribió a Levin: “La evaluación inicial de ninguna manera descarta el riesgo para la seguridad nacional. Sin embargo, la revisión hasta la fecha no ha revelado ninguna fuente de inteligencia sensible ni métodos comprometidos por la divulgación".

The New York Times, The Guardian, El País, Le Monde y Der Spiegel imprimieron copias redactadas de algunos de los archivos de WikiLeaks y luego arrojaron rápidamente a Assange y Manning a los tiburones. No solo era moralmente repugnante, sino también asombrosamente miope. ¿Creen estas organizaciones de noticias que si el estado cierra organizaciones como WikiLeaks y encarcela a Manning y Assange, los medios tradicionales de noticias se quedarán tranquilos? ¿No pueden atar cabos entre los enjuiciamientos de los denunciantes del gobierno bajo la Ley de Espionaje, las escuchas telefónicas sin orden judicial, el monitoreo de las comunicaciones y la persecución de Manning y Assange? ¿No les preocupa que cuando el estado termine con Manning, Assange y WikiLeaks, estos medios de comunicación atrofiados sean los siguientes? ¿No se han dado cuenta de que se trata de una guerra de una élite empresarial global, no contra una organización o un individuo, sino contra la libertad de prensa y la democracia?

Y, sin embargo, Assange es sorprendentemente optimista, al menos a corto y mediano plazo. Él cree que el sistema no puede protegerse por completo de aquellos que destruyen sus muros digitales.

“El estado de seguridad nacional puede intentar reducir nuestra actividad”, dijo. “Puede estrechar el cerco un poco más. Pero hay tres fuerzas que actúan en su contra. El primero es la vigilancia masiva necesaria para proteger su comunicación, incluida la naturaleza de su criptología. En el ejército, ahora todo el mundo tiene una tarjeta de identificación con un pequeño chip para que sepa quién está conectado a qué. Un sistema tan vasto es propenso al deterioro y avería. En segundo lugar, existe un conocimiento generalizado no solo sobre cómo filtrar, sino también sobre cómo filtrar y no ser atrapado, cómo incluso evitar la sospecha de que se está filtrando. Los sistemas militares y de inteligencia recopilan una gran cantidad de información y la mueven rápidamente. Esto significa que también puede sacarlo rápidamente. Siempre habrá personas dentro del sistema que tengan una agenda política que les lleve a desafiar la autoridad. Sí, existen disuasiones generales, como cuando el DOJ [Departamento de Justicia] procesa y acusa a alguien. Pueden disuadir a las personas de  este comportamiento. Pero lo contrario también es cierto. Cuando ese comportamiento tiene éxito, es un ejemplo. Anima a los demás. Por eso quieren eliminar a todos los que brindan este estímulo”.

“La perspectiva a medio plazo es muy buena”, dijo. “La educación de los jóvenes se realiza en Internet. No se puede contratar a nadie que sea experto en cualquier campo sin que se haya formado en Internet. Los militares, la CIA, el FBI, todos no tienen más remedio que contratar entre un grupo de personas que han sido educadas en Internet. Esto significa que están contratando a nuestros topos en grandes cantidades. Y esto significa que estas organizaciones verán disminuir su capacidad para controlar la información a medida que se contraten más y más personas con nuestros valores”.

Sin embargo, es posible que a largo plazo la perspectiva no pueda ser tan optimista. Assange completó recientemente un libro con tres coautores, Jacob Appelbaum, Andy Müller-Maguhn y Jérémie Zimmermann, llamado Cypherpunks: Freedom and the Future of the Internet. Advierte que estamos “galopando hacia una nueva distopía transnacional”. Internet se ha convertido no solo en una herramienta para educar, escriben, sino en el mecanismo para cimentar una “distopía de vigilancia posmoderna” que es supranacional y está dominada por el poder corporativo global. Este nuevo sistema de control global “fusionará a la humanidad global en una red gigante de vigilancia y control masivos”. Es solo a través del cifrado que podemos protegernos, argumentan, y solo rompiendo los muros digitales del secreto erigidos por la élite del poder podemos eliminar el secreto de estado. “Internet, nuestra mayor herramienta de emancipación”, escribe Assange, “se ha transformado en el facilitador más peligroso del totalitarismo que jamás hayamos visto”.

Estados Unidos, según uno de los abogados de Assange, Michael Ratner, parece estar listo para apresar a Assange en el momento en que salga de la embajada. Washington no quiere ser parte en dos solicitudes de extradición en competencia a Gran Bretaña. Pero Washington, con una acusación sellada del jurado preparada contra Assange, puede tomarlo una vez que se resuelva el embrollo sueco, o puede tomarlo si Gran Bretaña toma la decisión de no extraditar. Neil MacBride, quien ha sido mencionado como un posible jefe del FBI, es el fiscal federal del distrito este de Virginia, que dirigió la investigación del jurado, y parece haber completado su trabajo.

Assange dijo: “El jurado estuvo muy activo a fines de 2011, reuniendo testigos, obligándolos a testificar y obteniendo documentos. Sin embargo, ha sido mucho menos activo durante 2012 y 2013. El Departamento de Justicia parece estar listo para proceder con el enjuiciamiento propiamente dicho inmediatamente después del juicio de Manning”.

Assange habló repetidamente sobre Manning, con evidente preocupación. Ve en el joven soldado del Ejército un reflejo de su propia situación, así como de las draconianas consecuencias de negarse a cooperar con la seguridad y vigilancia del estado.

El juicio militar de doce semanas de Manning está programado para comenzar en junio. La fiscalía llamará a 141 testigos, incluido un Navy SEAL anónimo que formó parte de la redada que mató a Osama bin Laden. Assange llamó al Navy SEAL la “diva estrella” del “musical de Broadway de doce semanas” del estado. Manning está tan desprovisto de apoyo del establishment como Assange.

“Los medios tradicionales intentaron eliminar sus supuestas cualidades heroicas”, dijo Assange sobre Manning. “Un acto de heroísmo requiere que hagas un acto consciente. No es una expresión irracional de locura o frustración sexual. Requiere hacer una elección, una elección que otros puedan seguir. Si haces algo únicamente porque eres un homosexual loco, no hay elección. Nadie puede elegir ser un homosexual loco. Así que lo despojaron, o intentaron despojarlo, de todas sus cualidades”.

“Sus supuestas acciones son extraordinarias”, continuó Assange. “¿Y por qué ocurre un evento extraordinario? ¿Qué sabemos de él? ¿Qué sabemos sobre Bradley Manning? Sabemos que ganó tres certámenes científicos. Sabemos que el chico es brillante. Sabemos que estuvo interesado en la política desde el principio. Sabemos que es muy elocuente y franco. Sabemos que no le gustaban las mentiras... Sabemos que era hábil en su trabajo de analista de inteligencia. Si los medios buscaban una explicación, podrían apuntar a esta combinación de sus habilidades y motivaciones. Podrían señalar sus talentos y virtudes. No deberían señalar que sea gay o de una familia desestructurada, excepto quizás de pasada. El diez por ciento de los militares estadounidenses es gay. Más del 50 por ciento proviene de familias desestructuradas. Considere esos dos factores juntos. Eso lo reduce, digamos, al 5 por ciento, al 5 por ciento en el exterior. Hay 5 millones de personas con autorizaciones de seguridad activas, por lo que ahora tienes 250.000 personas. Todavía tienes que pasar de 250.000 a uno. Solo se puede explicar a Bradley Manning por sus virtudes. Virtudes de las que otros pueden aprender”.

Estuve caminando durante mucho tiempo por Sloane Street después de salir de la embajada ecuatoriana. Los autobuses rojos de dos pisos y los automóviles avanzaban poco a poco por la vía. Pasé frente a boutiques con escaparates dedicados a Prada, Giorgio Armani y Gucci. Los compradores me empujaron con bolsas llenas de compras de alta gama. Ellos, estos consumidores, parecían felizmente inconscientes de la tragedia que se desarrollaba a unas cuadras de distancia. “En este sentido, nuestra gente del pueblo era como todos los demás, envuelta en sí misma; en otras palabras, eran humanistas: no creían en las pestilencias”, escribió Albert Camus en La peste. “Una pestilencia no es algo hecho a la medida del hombre; por lo tanto, nos decimos a nosotros mismos que la pestilencia es un mero fantasma de la mente, un mal sueño que pasará. Pero no siempre pasa y, de un mal sueño a otro, son los hombres los que mueren, y los humanistas ante todo, porque no han tomado precauciones”.

Me detuve frente a las cuatro columnas blancas que conducían al hotel Cadogan. El hotel es donde Oscar Wilde fue arrestado en la habitación 118 el 6 de abril de 1895, antes de ser acusado de “cometer actos de grave indecencia con otros hombres”. John Betjeman imaginó el impacto de ese arresto, que arruinó la vida de Wilde, en su poema “El arresto de Oscar Wilde en el hotel Cadogan”. Aquí hay un fragmento:

Un golpe y un murmullo de voces - (“Oh, ¿por qué tienen que hacer tanto alboroto?”) Cuando la puerta del dormitorio se abrió y dos policías de ropa sencilla entraron:

“Señor Wilde, hemos venido a por usted. Donde moran delincuentes y criminales: debemos pedirle que se vaya tranquilamente, porque este es el hotel Cadogan.”

El mundo está patas arriba. La pestilencia del totalitarismo corporativo se está extendiendo rápidamente por la tierra. Los criminales se han apoderado del poder. Al final, no es simplemente Assange o Manning a quien quieren. Son todos los que se atreven a desafiar la narrativa oficial, a exponer la gran mentira del estado corporativo global. La persecución de Assange y Manning es el presagio de lo que está por venir, el surgimiento de un mundo amargo donde los criminales con trajes de Brooks Brothers y gángsteres con uniformes militares con cintas, apoyados por un vasto aparato de seguridad interno y externo, una prensa obediente y un élite política moralmente en bancarrota: vigilar y aplastar a quienes disienten. Escritores, artistas, actores, periodistas, científicos, intelectuales y trabajadores se verán obligados a obedecer o serán sometidos a servidumbre. Temo por Julian Assange. Temo por Bradley Manning. Temo por todos nosotros.

07/09/2021

[1] N. del T.: Iniciales para Rocket Propelled Granade hace referencia a un tipo de arma antivehículo a menudo cargada por un solo soldado y de uso habitual en conflictos contemporáneos.

Por Chris Hedges

es un periodista ganador del Premio Pulitzer, autor de best sellers del New York Times, fue profesor de la Universidad de Princeton. Pasó casi dos décadas como corresponsal extranjero en Centroamérica, Oriente Medio, África y los Balcanes.

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Sergio Ramírez a Ortega: “Las dictaduras carecen de imaginación y repiten sus mentiras si saña, su odio y sus caprichos”

El escritor, novelista y exvicepresidente de Nicaragua Sergio Ramírez Mercado señaló el miércoles al mandatario nicaragüense, Daniel Ortega, de haberlo acusado “a través de su propia Fiscalía”, de supuestamente “realizar actos que fomentan e incitan al odio y la violencia”.

“Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia Fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes”, dijo el también premio Cervantes 2017, a través de una declaración enviada a los medios.

Ramírez Mercado, de 79 años, que fue vicepresidente durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990) y ahora es crítico del presidente Ortega, también fue acusado de haber recibido, a través de la Fundación Luisa Mercado que dirige, dinero de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, precisó la Fiscalía.

El Ministerio Público solicitó una orden de detención y allanamiento en contra de Ramírez Mercado, quien se encuentra fuera de Nicaragua y ya había anunciado que no regresaría al país para evitar represalias del Gobierno tras haber sido citado por la Fiscalía.

El también ganador del Premio Alfaguara de Novela en 1998 e Iberoamericano de Letras “José Donoso” en 2011 recordó que “no es la primera vez que ocurre” en su vida una acusación en su contra.

“En el año de 1977, la familia Somoza (que gobernaron Nicaragua de 1939 a 1979) , cuando yo luchaba contra esa dictadura, igual que lucho ahora contra esta”, anotó.

“Las dictaduras carecen de imaginación, repiten sus mentiras, su saña, sus odios y sus caprichos. Son los mismos delirios y el mismo empecinamiento ciego por el poder y la misma mediocridad de quienes teniendo en su puño los instrumentos represivos y habiéndose despojado de todos los escrúpulos, creen también que son dueños de la dignidad, de la conciencia y la libertad de los demás”, valoró.

Ante el posible allanamiento de su vivienda, Ramírez Mercado dijo que “lo que van a hallar es una casa llena de libros, los libros de un escritor, los libros de toda mi vida”.

9 septiembre 2021

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En protestas sí hubo uso indiscriminado de la violencia por parte de la Policía: fallo del Consejo de Estado

El alto tribunal ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización de protección de los derechos de los manifestantes en medio de las manifestaciones

 

El Consejo de Estado ordenó que patrulleros, suboficiales y oficiales que integran el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) sean sometidos a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del protocolo para el uso de la fuerza en el curso de actos de protesta ciudadana, con respeto de los derechos constitucionales que garantizan este tipo de movilizaciones, como las marchas, la libre reunión y la libertad de expresión.

La decisión obedece a una demanda que, en ejercicio de la acción de tutela, interpuso un ciudadano contra el presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, por considerar que las acciones emprendidas por esas autoridades a raíz de las movilizaciones acaecidas en el marco del paro nacional que se vive en Colombia desde el 28 de abril del 2021, violaron sus derechos fundamentales a la vida, a la integridad, a la libertad, a la paz y a la libre movilización.

La orden, que fue impartida a la Policía, deberá tener en cuenta acciones preventivas sobre el uso de armas y dispositivos menos letales, como el lanzacohetes Venon. Esto, en atención a la jurisprudencia de las altas cortes sobre la salvaguarda del derecho a la protesta pacífica y no violenta.

El tribunal recalcó que los uniformados deben actuar más como agentes de paz y garantizar el derecho de marchantes y los que no lo son, evitando el uso desproporcionado de la fuerza.

 “Hay testimonios, pruebas documentales y fílmicas que acreditan excesos por parte de los agentes de la fuerza pública, uso indiscriminado de la violencia, desconocimiento del principio de proporcionalidad, entre otras actuaciones notablemente atentatorias contra los derechos humanos y garantías constitucionales de los manifestantes. Para la alta corte, las autoridades accionadas, en desmedro de garantías constitucionales y recomendaciones de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos, ha hecho uso de la fuerza como primer instrumento y no como último mecanismo de solución a las alteraciones del orden público en las protestas, relegando el diálogo y las negociaciones como alternativa”, señaló el Consejo de Estado.

En el fallo, también se conmina al organismo de control disciplinario y a la Fiscalía a investigar posibles faltas y delitos que se hayan cometido a partir del 28 de abril, con el fin de evitar que las conductas prescriban, “toda vez que las resultas de esos procesos representan un interés nacional por el momento histórico que atraviesa el país”. Esto, sin perder de vista los posibles delitos que hayan dado lugar a la afectación de bienes privados, públicos e integridad de los agentes de la fuerza pública durante las protestas.

El Consejo de Estado invitó a los ciudadanos para que ejerzan sus derechos a la protesta pacífica y libre reunión sin alterar el orden público y denunciando a quienes desconozcan estos y otros límites, abusando de las garantías constitucionales que vienen siendo protegidas en este caso.

Por otra parte, solicitó que se ordenara al jefe de Gobierno emitir directrices para que el Ministerio Público acompañe y asesore a las víctimas y a sus familiares, adelantando los controles de rigor frente a las actuaciones de las Fuerzas Armadas en torno a las manifestaciones ciudadanas. También pidió que se le ordenara al presidente asegurar que los comandantes de cada fuerza se vieran en obligación de dejar constancia escrita del armamento asignado a cada uno de los integrantes de cada organismo asignados a los operativos, patrullaje y acciones de recuperación del orden público. Finalmente, requirió que el jefe del Ejecutivo prohíba vuelos bajos de helicópteros, uso de gases lacrimógenos, cohetes, bengalas y bombas aturdidoras.

8 de Septiembre de 2021

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Brasil: Arranca la votación en el "juicio del siglo" sobre tierras indígenas

Se espera que el juez Edson Fachin, relator del caso, lea su voto en la sesión del jueves

 El máximo tribunal debate la tesis del marco temporal, que sostiene que solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.

 

El Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) arranca hoy su votación en un juicio que podría poner en jaque a centenares de tierras indígenas pendientes de demarcación en el país. En el llamado "juicio del siglo" sobre los indígenas, la máxima Corte debe decidir si es válida la tesis del marco temporal, defendida por el agronegocio con el apoyo del presidente Jair Bolsonaro, según la cual solo deben reconocerse como tierras ancestrales aquellas ocupadas por estos pueblos cuando se promulgó la Constitución brasileña en 1988.

La sesión del pleno del STF finalizó este miércoles sin iniciar la votación. Se espera que el juez Edson Fachin, relator del caso, lea su voto en la sesión del jueves. Según el aviso del tribunal, los miembros de la Corte fueron consultados y acordaron dejar el voto de Fachin para la próxima sesión debido a la extensión de su fundamento. El juicio podría prolongarse varias sesiones a pedido de alguno de los 11 jueces y se espera una votación ajustada.

En concreto el STF debate una causa sobre el territorio Ibirama-Laklano, en el estado sureño de Santa Catarina, que en 2009 perdió su estatus de reserva después de que una instancia inferior acogiera el argumento de que los grupos no estaban viviendo allí en 1988. Pero, por decisión de la propia Corte, el veredicto tendrá repercusión general y podría afectar a muchas otras tierras en disputa. 

Los indígenas sostienen que la Constitución les reconoce sus derechos sobre sus tierras ancestrales, sin prever ningún marco temporal. Y afirman que en muchos periodos fueron desplazados de sus territorios, especialmente durante la dictadura militar (1964-1985), con lo cual sería imposible determinar su presencia en 1988. 

Por su parte los grandes productores rurales sostienen que en Brasil, con una población de 213 millones de habitantes, los 900 mil indígenas ya poseen mucho territorio (un 13 por ciento de la enorme superficie del país) y que si no se adopta el marco temporal ese número llegará al 28 por ciento, unas proyecciones muy cuestionadas. El sector cuenta con el apoyo de Bolsonaro, que hasta ahora viene cumpliendo su promesa electoral de no demarcar "ni un centímetro más" de tierras indígenas. 

08/09/2021

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Inseguridad social creciente en un planeta polarizado

Se acentúa la brecha entre ricos y empobrecidos

Una de cada dos personas en el mundo no cuenta con ningún tipo de protección social. Realidad que desnuda asimetrías continentales y sectoriales significativas.

Aunque la crisis producto del COVID 19 promovió una expansión sin precedentes de iniciativas y programas de protección social, más de 4.000 millones de personas continúan completamente desprotegidas. La respuesta social a la pandemia ha sido desigual e insuficiente: aumentó la brecha entre los países de altos ingresos y los de bajos ingresos y no logró brindar una cobertura básica para el conjunto de la población mundial.

La cobertura que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera como esencial, cuando se refiere a la protección social, incluye el acceso a la atención médica y a la percepción de ingresos en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, accidente laboral, maternidad o pérdida de la principal fuente de ingresos de la familia.

Diagnóstico preocupante

En la actualidad, sólo un 47% de la población mundial está cubierta como mínimo por una prestación de protección social, en tanto el resto, 4.100 millones de personas, no cuenta con ningún tipo de cobertura. Esta es una de las principales conclusiones del Informe Mundial sobre la Protección Social 2020-2022 que la OIT, con sede en Ginebra, Suiza, acaba de publicar la primera semana de septiembre. (//www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf">https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@soc_sec/documents/publication/wcms_817576.pdf).

Según este organismo internacional, las diferencias regionales son significativas. El continente americano, por ejemplo, cuenta con una tasa superior a la media mundial, con un 64.3% de cobertura, aunque lejos por detrás del 84% de Europa y Asia Central. Los Estados Árabes, con un 40% y África, con apenas un 17.4%, confirman las evidentes deficiencias globales en el plano de la protección social.

La niñez, las mujeres, las personas con capacidades diferentes y los desempleados son los sectores más perjudicados por este sombrío panorama. Solo uno de cuatro niños y niñas se beneficia de una prestación social. Únicamente el 45% de las mujeres con hijos recién nacidos tiene derecho a una prestación de maternidad en efectivo. Y solo una de cada tres personas con alguna discapacidad grave recibe beneficios por invalidez. En cuanto a la población desempleada a nivel mundial, apenas un 18.6% cuenta con una cobertura efectiva.

La OIT constata que, si bien el 77% de las personas con derecho a pensión de vejez reciben un aporte jubilatorio, persisten importantes disparidades regiones, así como entre zonas urbanas y rurales y entre hombres y mujeres.

Los números hablan por sí mismos: el gasto público en concepto de protección social varía de manera significativa a través del planeta. Como promedio los países destinan a la protección social un 12.8% del Producto Interior Bruto (PIB) — promedio internacional–, porcentaje que no incluye los presupuestos específicos para salud. Sin embargo, los países de altos ingresos invierten un 16.4% de su PIB en protección social mientras que los de bajos ingresos apenas un 1.1%.

La encrucijada

El nuevo Informe Mundial 2020-2022 que se publicó el 1 de septiembre, afirma que la comunidad internacional en su conjunto se confronta a una encrucijada esencial: seguir un “camino óptimo” de inversión en el refuerzo de sus sistemas de protección social o bien un “camino fácil” de provisión minimalista, sucumbiendo con ello a las presiones fiscales o políticas.

Y ratifica que el objetivo último debería ser que todas las personas estén protegidas tanto contra los impactos sistémicos como contra los riesgos ordinarios del ciclo de vida. La clave para lograrlo radica en dedicar más esfuerzos a la construcción de sistemas de protección social universal. Estos deben ser integrales, adecuados y sostenibles, y deben incluir un piso de protección social sólido que garantice al menos un nivel básico de seguridad social para todas las personas a lo largo de sus vidas.

Estos sistemas son esenciales para prevenir la pobreza y la desigualdad, así como para hacer frente a los retos hoy y mañana. El desafío esencial para reforzar este andamiaje de protección universal es el trabajo decente. Que permita a las mujeres y a los hombres afrontar mejor “sus transiciones vitales y laborales, facilitando la transición de los trabajadores y las empresas de la economía informal a la economía formal, impulsando la transformación estructural de las economías y apoyando la transición hacia economías y sociedades más sostenibles desde el punto de vista ambiental”.

Dicho informe insiste en que establecer la protección social universal –clave para la realización del derecho humano a la seguridad social para todos– es la piedra angular de una propuesta de justicia social con un enfoque centrado en las personas.

Con ello se contribuiría a la prevención de la pobreza y la contención de las desigualdades, la mejora de las capacidades humanas y la productividad, el fomento de la dignidad, la solidaridad y la equidad, y a la revitalización del contrato social.

Ideas no faltan

En junio pasado, representantes de 181 países miembros de la OIT aprobaron el Llamamiento Mundial a la Acción para una recuperación centrada en las personas (https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/news/WCMS_803987/lang–es/index.htm) el cual delinea un programa detallado ante la pandemia y compromete a los países a que garanticen una recuperación económica y social de la crisis «totalmente inclusiva, sostenible y resiliente».

Este compromiso consensuado durante la Conferencia Internacional del organismo, incluye dos tipos de recomendaciones. En primer lugar, las medidas que deben adoptar los gobiernos nacionales y sus «interlocutores sociales» empresariales y sindicales, para lograr una recuperación del empleo, reforzar sustancialmente las protecciones sociales y las de los trabajadores y apoyar a las empresas sostenibles.

En segundo lugar, el papel tan decisivo de la cooperación internacional y el rol de las instituciones multilaterales, incluida la OIT, en la generación y promoción de estrategias nacionales de recuperación de la pandemia que beneficien esencialmente a las personas y grupos familiares.

¿Cómo se financia?

Mejorar la cobertura social implica, esencialmente, discutir en cada país las formas de financiamiento en juego, lo cual debe formar parte del debate de fondo sobre la redistribución del ingreso de una nación.

El próximo 26 de septiembre, el pueblo suizo se pronunciará en las urnas sobre la Iniciativa popular 99%, promovida por partidos de izquierda, ecologistas, sindicatos, ONG y otras asociaciones de muy variada naturaleza.

La misma propone que las ganancias de capital, proveniente de intereses, dividendos, alquiler de propiedades, entre otras, de un valor mayor a los 100.000 francos (110.000 dólares estadounidenses), paguen impuestos una vez y media más altos que las ganancias producto del trabajo. Los ingresos fiscales adicionales que podría generar esta iniciativa, que se calculan serán de 10.000 millones de francos anuales, se utilizarían para reducir los impuestos que deben pagar los sectores de ingresos bajos y para financiar servicios sociales como guarderías infantiles, seguros médicos y educación.

Los promotores de la propuesta están convencidos de que solo una reforma fiscal de este tipo puede frenar el aumento de la brecha entre ricos y pobres en el país. En la actualidad, cerca del 43% de los activos financieros en Suiza están en manos de solo el 1% de la población, lo que determina que el mayoritario 99% se distribuya el resto y de ahí el nombre de esta iniciativa popular.

Los informes, documentos, reuniones y eventos internacionales que proponen un sistema social universal abundan y siguen multiplicándose. Sin embargo, los desheredados de la Tierra siguen esperando. En particular, la población desempleada, las mujeres, la infancia, y las personas con capacidades diferentes.

No faltan conceptos, sino mecanismos efectivos que aseguren que esa necesaria redistribución del ingreso comience a concretarse, en cada país, a nivel mundial. No se trata de ideas, sino de voluntad política, es decir, de dar respuestas concretas a los gritos crecientes a favor de la dignidad humana postergada por la brecha creciente entre enriquecidos y empobrecidos.

Por Sergio Ferrari | 09/09/

Publicado enSociedad
Lunes, 06 Septiembre 2021 06:37

¿De qué lado estás?

Más de mil conserjes del Sindicato Internacional de Empleados de Servicio se manifestaron la semana pasada en Los Ángeles, California, ante el inminente vencimiento de sus contratos. Denuncian no haber recibido ninguna compensación, pese a que han sido considerados trabajadores esenciales y han laborado haciendo limpieza en oficinas de biotecnología durante la pandemia del Covid-19. Foto Afp

Este lunes se festeja el Día del Trabajo en Estados Unidos, y no es accidental que este país no se suma al resto del mundo para celebrar a sus trabajadores en Primero de Mayo. Eso, a pesar de que el Primero de Mayo nació en Estados Unidos, en la lucha por la jornada laboral de ocho horas que tuvo su epicentro en Chicago en 1886. El presidente Grover Cleveland proclamó el primer lunes de septiembre como Día del Trabajo, en 1894, para separarlo de la historia radical vinculada con el primero de mayo, movimiento encabezado por anarquistas, socialistas e inmigrantes radicales con ideas muy peligrosas.

Este fin de semana se acaba de marcar el centenario de la llamada Batalla de Blair Mountain, donde entre 7 mil y 10 mil mineros sindicalizados en West Virginia tomaron las armas para confrontar a las empresas que controlaban su vida en la región. Unos 2 mil oficiales y guardias privados armados por las empresas respondieron, y hasta bombardearon desde aviones al sindicato minero, y al final otras 2 mil tropas federales llegaron para ayudar a suprimir lo que se considera el levantamiento armado de trabajadores más grande en la historia de Estados Unidos. Esa y otras partes de la historia de la lucha obrera siguen en gran medida ausentes en la narrativa oficial y la conciencia colectiva de este país.

Las luchas por la dignidad, el derecho de asociación, la jornada de 8 horas, salario mínimo y más fueron realizadas por movimientos masivos alrededor de este país, muchos a través de acciones radicales, incluyendo huelgas y enfrentamientos violentos tanto con autoridades como con fuerzas represivas privadas, y sus logros tienen ecos hoy día en nuevos esfuerzos en defensa de los trabajadores, muchas, como siempre, encabezadas por inmigrantes.

El movimiento laboral elevó la tasa de sindicalización de 11 por ciento en 1933, a 29 por ciento en 1939; para 1953 se logró llegar al punto más alto de sindicalización con más de uno de cada tres trabajadores agremiados. Esas conquistas incluyeron vacaciones, seguros de salud, pensiones y otros beneficios. Pero tal vez el efecto más importante fue la reducción de la desigualdad económica que prevaleció hasta los años 70.

Pero hoy día, la tasa de sindicalización es de 10.8 por ciento y el país –gracias a cuatro décadas de neoliberalismo– tiene el nivel de desigualdad y concentración de riqueza más extremo desde poco antes de la Gran Depresión del 29. El salario mínimo federal de 1968 es 46 por ciento mayor al de 2021 en términos reales. Eso es resultado del ataque feroz contra los trabajadores, sus sindicatos y sus derechos, que empezó con el arranque de la era neoliberal en el gobierno de Ronald Reagan (quien declaró la guerra contra los sindicatos al despedir a 13 mil controladores aéreos en huelga).

Hoy día, la tasa de sindicalización en Estados Unidos está entre las más bajas de los países integrantes de la OCDE, incluso inferior a la de México. Más aún, Estados Unidos tiene menos derechos laborales legalmente protegidos que México (por ejemplo, aquí no hay reglamentos para defender a trabajadores no sindicalizados de ser despedidos, ni seguro de salud, vacaciones y otras prestaciones), y en los hechos no hay protección de los derechos a la libre asociación y a la negociación de contratos colectivos. Un 20 por ciento de los organizadores en esfuerzos de sindicalización son despedidos por las empresas –son miles cada año– mientras continúan represalias de todo tipo contra los que se atreven a promover los sindicatos en este país. Bajo la ley, millones de jornaleros agrarios, trabajadoras domésticas y otros no tienen derechos protegidos para sindicalizarse. La lucha por los derechos civiles en este país siempre ha sido entrelazada con una lucha por los derechos de los trabajadores.

Se ha hablado mucho de la reforma laboral en México y de la necesidad de asegurar su implementación y cumplimiento de sus normas y los derechos laborales, incluyendo monitores estadunidenses para ello. Pero es igual de urgente que México y otros países brinden apoyo para impulsar la lucha por los derechos laborales en Estados Unidos a partir de este Día del Trabajo. La solidaridad es una calle de dos sentidos.

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