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La decisión obedece a "los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Partido Comunista Chino", señaló la vocera de Joe Biden. El gobierno del país asiático calificó la medida como una "provocación política" y anticipó que tomará "firmes contramedidas".

Estados Unidos anunció este lunes que no enviará a ningún representante oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing por los "abusos contra los derechos humanos" cometidos "por el Partido Comunista Chino". 

El país asiático calificó la medida como una "provocación política" y anticipó que tomará "firmes contramedidas"

"El Gobierno de Biden no enviará a ningún representante oficial ni diplomático a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022 ni a los Juegos Paralímpicos", aseguró Jen Psaki, vocera del presidente Joe Biden.

La decisión obedece a "los actuales genocidios y crímenes contra la humanidad del Partido Comunista Chino (PCCh) en Xinjiang y otros abusos contra los derechos humanos", agregó la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

Los atletas estadounidenses, sin embargo, podrán competir en los juegos de febrero próximo y "tendrán todo el apoyo del Gobierno de su país", aclaró Psaki.

El vocero de la Cancillería china Zhao Lijian había acusado horas antes a Estados Unidos de politizar el deporte. Este lunes, en su intervención diaria ante periodistas en Beijing, dijo que la decisión de Estados Unidos de boicotear los juegos era una "provocación política total". 

"Si Estados Unidos se inclina a hacer lo que quiere, China tomará firmes contramedidas", adelantó.

6 de diciembre de 2021

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El panorama del derecho al aborto en Colombia

En Colombia mueren aproximadamente 70 mujeres al año por tener que someterse a abortos inseguros, 136.000 requieren atención medica post aborto, siendo la tercera causa por muerte materna en Colombia. Aun así, la decisión de la despenalización está en manos de 9 magistrados y en espera de respuesta de un impedimento presentado por uno de ellos, frente a una situación que incumbe a millones de mujeres.

 

En Colombia se estima que el 44% de los embarazos no planeados terminan en un aborto inducido (Allan Guttmacher Institute -AGI, 2010). El grupo de mujeres más afectadas son jóvenes, de zonas rurales, pobres y deslazadas. Es la tercera causa de mortalidad materna en Colombia, lo que corresponden al 16% según el Ministerio de la Protección Social (2004). De acuerdo a un estudio de la OIM (2008) 70 mujeres mueren anualmente en Colombia por tener que someterse a procedimientos riesgosos.

Aproximadamente cada año, un total de 132,000 mujeres sufren complicaciones debido al aborto inducido practicado en condiciones clandestinas y riesgosas. La proporción de mujeres que sufre complicaciones y son atendidas en un centro de salud depende de su lugar de residencia y de su condición socioeconómica, siendo las mujeres de las zonas rurales las que menos atención reciben, un 53%, mientras que en las zonas urbanas es un 24% de mujeres pobres que no reciben atención postaborto en instituciones de salud.

En Colombia existe la sanción C355 de 2006 que permite el aborto bajo tres causales: cuando la continuación del embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la mujer, certificada por un médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificada por un médico; cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o de inseminación artificial o transferencia de óvulo fecundado no consentidas o de incesto.

Sin embargo, en cuanto al reconocimiento del aborto como un derecho que respeta la libre decisión, la equidad, la vida, más allá de las tres causales de la sanción C355, lo que se busca es la legalización y reconocimiento del aborto como un derecho que debe ser reglamentado e implementado por el Estado, y no solo sacarlo del código penal, lo que es importante, pero la exigencia de este derecho también debe contener la implementación de educación sexual, acceso a los anticonceptivos y disposición para procedimientos seguros en las entidades prestadoras de salud para abortar.

La sentencia C355 de 2006 sigue permitiendo el lucro a los servicios de abortos clandestinos e inseguros que pone en peligro la vida de muchas mujeres. El pasado 18 de noviembre la Corte Constitucional retomó la discusión sobre la despenalización del aborto debido a las dos demandas interpuestas, una de ellas por la organización Causa Justa que congrega 45 organizaciones feministas y defensoras de los derechos de la mujer.

Actualmente, la Corte se encuentra compuesta por 9 magistrados de los cuales se sabe que 5 están de acuerdo con la despenalización y los otros 4 no. Se conoce que las ponencias a discutir en la Corte fueron presentadas por los Magistrados Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas Ríos. Sin embargo, se presentó un impedimento por uno de los magistrados por lo que se debe esperar la respuesta de un conjuez que posiblemente dé su veredicto este mes lo que permitiría retomar la discusión sobre la despenalización del aborto en dicho órgano judicial.

La despenalización sería un gran avance, pero es importante ir más allá y exigir que se legisle sobre su implementación, legalizándolo, y así reconocer el aborto como un derecho que debe garantizar el Estado. No obstante, no se puede obviar el avance de la iglesia, la ultraderecha y la derecha quienes vienen presionando a la Corte Constitucional para que no despenalice el aborto.

Ejemplo de lo anterior, es la cita de la revista la Silla Vacía que publicó recientemente un estudio de la Universidad Externado en el que afirma que “solo entre el 2 y 3 de octubre la Corte recibió 1.672 correos anónimos exactamente iguales que dicen que la despenalización es facultad del Congreso y no de un órgano judicial”, siendo su objetivo que la Corte no despenalice el aborto y no por alguna cuestión democrática. Este medio también afirma que esta estrategia se hizo mediante una convocatoria de la organización “Unidos por la Vida”, que tiene conexión con “CitizenGo”, que a su vez es filial de la española “Hazte Oír”, organizaciones con presencia mundial, llamados grupos de presión, católicos y de derecha, que buscan no permitir que avance el reconocimiento de derechos para las mujeres, los pobres, los migrantes y otros grupos oprimidos por el capitalismo.

De igual manera el partido de gobierno Centro Democrático de Iván Duque es en general una de las organizaciones políticas que más miembros tiene en estos grupos internacionales de presión, varios de sus funcionarios como los del Ministerio de Salud y el de Justicia, y la misma Procuradora Margarita Cabello se han manifestado en contra de la despenalización. Incluso este año en el Congreso se conformó una “bancada Provida” con 23 parlamentarios de los partidos Conservador, Centro Democrático, Colombia Justa Libres, Cambio Radical y Decentes, de las tendencias de ultra derecha, derecha, y progresismos.

Para las próximas elecciones ningún partido ni candidato a congreso o a presidente se ha pronunciado ni puesto en su agenda el derecho al aborto y la salud sexual y reproductiva, pero ya se sabe la posición de la mayoría de los partidos como los indicados más arriba, que se oponen tajantemente al derecho al aborto. Para Gustavo Petro, progresista y el más probable candidato por la alianza Pacto Histórico tienen una posición cerrada de “aborto cero”, su coalición con el pastor evangélico Alfredo Saade como precandidato presidencial por la alianza de Petro deja clara su simpatía con la posición de Saade frente al derecho al aborto, sumándose a toda la ola reaccionaria contra este derecho fundamental de las mujeres.

Luis Carlos Galán del Partido tradicional liberal se hace a un lado y argumenta que son las mujeres las que deben abordar el tema porque se trata de la soberanía sobre sus cuerpos. En cuanto a Alejandro Gaviria quien por venir de la carrera académica se creía de pensamiento más progresista parece no tener en ningún punto del programa el derecho al aborto. El único que se manifestó a favor de la despenalización y la implementación fue Sergio Fajardo.

Lo anterior indica que no hay que esperar a que los políticos que aspiran a la presidencia tengan en su agenda los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Colombia, y que hay que conquistarlos en las calles. Pero hay que dar un vistazo a las organizaciones y como vienen avanzando. Se pueden reconocer en Colombia varias organizaciones de mujeres cuyo eje es en algunos casos la paz, la etnia, la educación, entre otras, no necesariamente todas estas organizaciones se suman a la lucha por el derecho al aborto. Algunas de las que estuvieron dentro del grupo que presentó las demandas interpuestas a la Corte Constitucional y que se agruparon con Causa Justa son La Mesa por la Salud y la Vida de las Mujeres, el Centro de Derechos Reproductivos, Profamilia, Católicas por el Derecho a Decidir Colombia y Dejusticia.

En cuanto a las organizaciones obreras, juveniles, las movidas barriales y las batucadas feministas surgen apoyando los espacios de movilización y protesta en pro del derecho al aborto. Está también el gremio docente que se moviliza por causas como el 25N, aunque no hay un apoyo abierto como organización al derecho al aborto. En zonas más conservadoras del país prefieren ser las organizaciones identificadas como movimientos de mujeres mas no feministas, hay temor a las ideologías por la estigmatización que puede surgir y fuertes creencias morales y religiosas aun influyentes.

Es necesario nuclear todas esas luchas que muchas compañeras están llevando en sus barrios y localidades, en sus lugares de trabajo y de estudio, para hacer más fuerte, visible y organizada la lucha por los derechos de las mujeres, seguir el ejemplo de la marea verde de las compañeras argentinas y fortalecer la presencia en las calles y conquistar en Colombia el derecho al aborto, legal, seguro y gratuito.

Begonia D.Corresponsal en Bogotá

Domingo 5 de diciembre

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Perú: la ultraderecha promueve el golpe parlamentario contra Pedro Castillo

A cuatro meses de haber asumido, lo acusan de "incapacidad moral"

Los últimos cálculos revelan que la oposición tiene posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar al presidente al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. 

 

Este martes la democracia peruana se juega una jornada clave. Ese día, la extrema derecha buscará aprobar en el Congreso un pedido para iniciar un proceso sumario contra el presidente Pedro Castillo, que asumió hace sólo cuatro meses, para destituirlo del cargo. Se alega una supuesta “incapacidad moral permanente” del maestro rural y sindicalista cuya sorpresiva victoria electoral llevó a la izquierda al gobierno y remeció a los grupos de poder y la derecha, que ahora buscan su caída. Tres bancadas de extrema derecha, entre ellas el fujimorismo, promueven el golpe parlamentario, con importante respaldo mediático. Estos sectores intentaron desconocer el triunfo electoral de Castillo sobre Keiko Fujimori, no pudieron y desde el primer día de su gobierno han maniobrado para sacarlo de la presidencia. 

Se necesita 52 votos, el 40 por ciento de los 130 legisladores del Parlamento unicameral, para darle luz verde al debate de la moción de vacancia (destitución) del presidente por “incapacidad moral”. Si se alcanzan esos votos, Castillo enfrentará en los siguientes días un proceso sumario que duraría unas dos semanas y que no pasa por las instancias de un juicio político. El ambiguo cargo de “incapacidad moral” da para ser interpretado como los intereses de los legisladores determinen. Se requieren dos tercios de la cámara, 87 votos, para concretar el golpe que promueve la extrema derecha. Según una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 55 por ciento se opone a una posible destitución de Castillo, quien ganó la presidencia con el 50,12 por ciento.

Los últimos cálculos revelan que los golpistas tienen buenas posibilidades de pasar la barrera de los 52 votos para llevar a Castillo al Congreso y someterlo a un proceso de destitución. Las tres bancadas que promueven el golpe suman 43 votos y tendrían el respaldo de legisladores de otros grupos de derecha. No alcanzar esos 52 votos significaría un rotundo fracaso para los golpistas. Analistas coinciden que si se llega a abrir un proceso de destitución, es difícil que se alcancen los 87 votos para concretarla. Pero la política peruana ya ha demostrado su vocación por los resultados inesperados. El partido oficialista Perú Libre (PL) y sus aliados progresistas de Juntos por el Perú suman 42 votos, solo dos menos de los 44 que necesitan para neutralizar una destitución de Catillo. A ellos se sumarían tres votos del centrista Partido Morado, que ya se han pronunciado en contra de la destitución del presidente. Pero parlamentarios del sector considerado de extrema izquierda de PL, encabezado por su secretario general, Vladimir Cerrón, que se ha distanciado de Castillo acusándolo de haberse moderado, no han rechazado la conspiración golpista y han dicho que están “evaluando” la postura que tomarán, dejando así abierta la posibilidad de respaldarla, lo que sería un suicidio.

Hace un mes, 16 legisladores de PL votaron con la derecha en contra del voto de confianza al gabinete ministerial. Cuatro bancadas de centro derecha y derecha, que suman 41 votos, se expresaron inicialmente en contra de la vacancia, pero con el pasar de los días varios de sus legisladores han ido cambiando de posición y no hay seguridad de cómo votarían estas bancadas.

Reuniones con los partidos

En un intento por neutralizar el golpe parlamentario, Castillo ha comenzado reuniones con los líderes de los partidos. Las bancadas de extrema derecha promotoras de su destitución han rechazado el llamado al diálogo, las otras lo han aceptado. Esas reuniones comenzaron el viernes y continúan este lunes. Después de hablar con el presidente, hubo declaraciones de dirigentes opositores a favor de “la gobernabilidad y la democracia”, pero han sido intencionalmente ambiguos al momento de comentar cómo votarán sus bancadas.

"Incapacidad moral"

La derecha acusa de “incapacidad moral” a Castillo por supuestamente haber presionado para el ascenso de cinco militares, que no fueron ascendidos, una acusación hecha por dos generales luego de ser pasados a retiro y que está en investigación; por una denuncia de financiamiento ilegal de la campaña de PL, que también está en investigación, en la cual no está incluido Castillo; las movidas de su exsecretario Bruno Pacheco -a quien en una intervención fiscal se le encontraron 20 mil dólares en el baño de su oficina en Palacio de Gobierno- a favor de algunas empresas ante las autoridades tributarias, quien ya fue separado de su cargo; por una supuesta relación con el “terrorismo” de funcionarios del gobierno, una imputación en la línea de la recurrente acusación que sin pruebas suele hacer la derecha contra la izquierda; a lo que se suman afirmaciones tan absurdas como calificar de “incapacidad moral” el reestablecer relaciones diplomáticas con Venezuela.

Errores del gobierno, denuncias comprometedoras y reacciones tardías, debilitan a Castillo en medio de esta grave crisis. En los últimos días la situación del mandatario se ha complicado luego que un programa de televisión revelara que el presidente mantenía reuniones por fuera de la agenda oficial en una casa en el barrio popular de Breña, una vivienda prestada por un amigo en la que vivió durante la campaña electoral y despachaba antes de asumir el cargo. El caso ha dado lugar a que se hable de una “agenda paralela” y de “reuniones clandestinas”. Muchas de esas reuniones han sido con ministros y congresistas, encuentros que no tienen nada de extraño ni sospechoso, aunque se cuestiona que se hayan dado al margen de la agenda oficial, pero una de esas citas en la casa de Breña fue con una empresaria relacionada a un consorcio que ha ganado una licitación para construir un puente. Esta es una reunión que compromete a Castillo y sobre la que no se ha dado una explicación. El presidente ha admitido haber cometido errores, pero ha negado estar involucrado en actos de corrupción.

La figura de la destitución sumaria del presidente por “incapacidad moral” ha sido fuente de inestabilidad en los últimos años. Por esa razón cayó Pedro Pablo Kuczynski -PPK-, quien se libró de un pedido de destitución en diciembre de 2017 -un año y cuatro meses después de haber asumido la presidencia-, pero tres meses después renunció cuando se consideraba seguro que perdería un segundo pedido de destitución. Su sucesor, Martín Vizcarra, fue destituido en noviembre de 2020, dos meses después de haber zafado de un primer pedido para sacarlo de la presidencia por “incapacidad moral”. La destitución de Vizcarra gatilló masivas protestas en rechazo a lo que se calificó como un golpe parlamentario, y su reemplazante, el legislador de derecha Manuel Merino, tuvo que renunciar solo cinco días después de asumir la presidencia. Ahora, otra vez aparece la amenaza del golpismo parlamentario y de la inestabilidad, y vuelve el recuerdo de las protestas en las calles y la brutal represión como un riesgo de repetición si se consuma otro golpe desde un Congreso que tiene 75 por ciento de rechazo. 

5 de diciembre de 2021

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Sábado, 04 Diciembre 2021 09:52

Nueva contradicción

Nueva contradicción

Las maniobras del Kremlin, más políticas que militares –aunque concentrar 114 mil soldados y armamento moderno en la frontera con Ucrania convirtió el riesgo de una eventual invasión en tema número uno en el catálogo de reclamaciones recíprocas entre Moscú y Washington, con el propósito de que los países de la OTAN tomen en cuenta las preocupaciones de Rusia en materia de seguridad– hacen que sea crucial la próxima cumbre de los presidentes Vladimir Putin y Joe Biden.

Aún sin fecha acordada, circulan insistentes rumores en el sentido de que la cumbre pudiera celebrarse a distancia, por videoconferencia, la semana entrante, tentativamente este martes, porque los mandatarios parecen conscientes de que mientras más tarden en verse las caras, para pasar de las acusaciones a la búsqueda de consensos, mayor será el peligro de un estallido accidental de una guerra que, en el fondo, a nadie conviene.

Ya no se trata sólo de dar luz verde para que comiencen las labores de los grupos de funcionarios y expertos que han conformado Rusia y EU para negociar distintos aspectos del control de armamento y otras inquietudes en materia de seguridad.

Ahora Putin y Biden van a tener que defender posiciones irreconciliables: el primero, las líneas rojas que nadie debe cruzar –la expansión hacia el este de la OTAN y la admisión en su seno de repúblicas ex soviéticas como Ucrania o Georgia– y el segundo, lo que considera un derecho inalienable de cualquier país soberano como simple eufemismo de sus pretensiones hegemónicas.

El problema es que la iniciativa que va a presentar Putin a Biden –firmar un acuerdo jurídicamente vinculante que otorgue garantías de seguridad– permite que cada cual invoque principios nodales del derecho internacional para aceptar o rechazar el pacto. Exigir que ningún país vecino ingrese a la OTAN es para Rusia un derecho, pero también es una prerrogativa que corresponde decidir sólo a la población de esos países, y cada cual lo va a interpretar a su manera, como cuando se plantea un referendo de separación y unos reivindican la libre determinación de los pueblos, mientras otros se aferran a la integridad territorial.

Este tipo de contradicciones no pueden resolverse sin consenso, sin concesiones mutuas. ¿Están listas Rusia y EU para hacerlo ahora? Pronto lo sabremos.

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Lunes, 29 Noviembre 2021 05:57

China y la tensión en Taiwán

China y la tensión en Taiwán

Sólo hay una China en el mundo y Taiwán es parte inseparable de China. Esa fue la postura que llevó el líder asiático, Xi Jinping, a la reunión virtual que mantuvo con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde el conflicto sobre el estrecho de Formosa fue el tema principal del encuentro. “Cualquier reconocimiento formal de la independencia de Taiwán dará lugar a medidas contundentes”, subrayó el mandatario chino.

El conflicto, nacido al calor del triunfo de la revolución y la fundación de la República Popular de China, en 1949, atraviesa su peor momento desde que se consagraron las relaciones diplomáticas. Incluso, Estados Unidos rompió su posición neutral e hizo público su apoyo al gobierno taiwanés frente a lo que consideran una amenaza real de Pekín sobre la autonomía de la isla.

En las últimas horas, la agencia estatal Xinhua publicó unas declaraciones del presidente Xi en las que denuncia que Estados Unidos intenta usar a Taiwán para controlar a China. “Esa tendencia es muy peligrosa y es como jugar con fuego, y quienes juegan con fuego se queman”, añadió.

Se conoció también que más de un centenar de aviones chinos sobrevolaron la zona de identificación de defensa aérea en respuesta a la presencia militar norteamericana en el estrecho de Formosa. La situación se agravó cuando un submarino estadounidense Connecticut colisionó, el pasado octubre, contra una montaña submarina que hasta ese momento se desconocía. El incidente provocó una catarata de acusaciones cruzadas. China exigió saber qué hacía el submarino en esa zona y Estados Unidos contestó que no correspondían las explicaciones porque la nave estaba haciendo ejercicios de rutina en aguas internaciones. En ningún momento, Washington hizo mención a las causas del accidente y los motivos por los que había enviado un submarino de semejantes proporciones al estrecho a ese lugar.

Lo cierto es que desde hace varios años el Mar meridional de China es una zona de conflictos entre las dos potencias del mundo. A los fines de contener el crecimiento de la influencia china en el Este Asiático, Estados Unidos convirtió la región marítima en el epicentro de su avanzada militar, dotando de armamento y logística a la isla.

La historia entre China y Taiwán, que se inició con la decisión separatista de una parte de los militares y funcionarios administrativos del Kuomintang que escaparon a la isla tras la derrota, suma, por estas horas, un capítulo con final impredecible que atenta con la estabilidad y la paz en la región. Será cuestión de esperar que la política y la diplomacia le ganen a las armas. 

28 de noviembre de 2021

Por Gastón Fiorda, licenciado en Filosofía. Magister en DDHH. Autor del libro Vietnam, genealogía de la Resistencia

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Paradójicamente a Joe Biden le conviene más el triunfo de la candidata hondureña Xiomara Castro, pese a su mayor afinidad con China. En la imagen, escena en una barbería de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa, Honduras. Foto Afp

La trascendencia geopolítica de Honduras radica en su "anillo marítimo" –en las entrañas del mar Caribe: el soft belly (bajo vientre) de Estados Unidos, según el analista israelí-estadunidense del Pentágono, Robert Kaplan (https://bit.ly/3pc5rOa)– que comprende ocho (sic) fronteras náuticas: México, Belice, Cuba, Islas Caimán, Guatemala, Jamaica, Colombia y Nicaragua.

La otra frontera marítima de Honduras con El Salvador y Nicaragua (además de su frontera caribeña) es del lado del océano Pacífico, en el golfo de Fonseca, lo cual le concede su atributo singular de ser un país bioceánico.

Honduras forma parte del malhadado "triángulo norte" con Guatemala y El Salvador con sus propias definiciones geopolíticas ("Latinoamérica fracturada por su dilema ontológico entre Estados Unidos y China", https://bit.ly/3FTC75u). El búnker de la embajada de Estados Unidos de una manzana de superficie y su aparatosa nueva construcción de otras dos manzanas destacan en su capital Tegucigalpa.

Mas allá de que en la actualidad Honduras ostente su primer ingreso por las remesas (7 mil 150 millones de dólares, https://bit.ly/314ksJt) de los alrededor 1.3 millones de hondureños en Estados Unidos –de sus casi 10 millones de habitantes–, se podría aducir que Colombia y Honduras son los supremos bastiones militares de protección del mare nostrum caribeño de Estados Unidos bajo la férula del Comando Sur.

Colombia ostenta "nueve bases cuasi militares" de Estados Unidos (https://bit.ly/32IyW2x), mientras Honduras alberga la base aérea (sic) estadunidense de Soto Cano, también conocida como Palmerola (https://bit.ly/3p4BgIy), cuyo objetivo benigno es el poco exitoso combate al narcotráfico y cuyo verdadero designio es la protección del "bajo vientre" caribeño de Estados Unidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China arremetió contra la "torcedura de brazo" de Estados Unidos que desea que "Honduras mantenga sus relaciones diplomáticas con Taiwán" cuando "ha advertido" a Tegucigalpa de "algunos de los riesgos" (sic) de acercarse a China (https://bit.ly/3DaS5qp).

La agencia británica Reuters comenta que "Estados Unidos y China se pelean (sic) sobre Honduras y la ponderación de sus lazos con Taiwán" (https://reut.rs/3D26QLQ). Hoy solamente quedan 15 países en el mundo que reconocen a la isla renegada de Taiwán, mientras China irrumpe triunfalmente en "Sudamérica" (https://bit.ly/3p05hJs).

Según Reuters, un triunfo de Xiomara Castro (XC) derivaría a suculentas inversiones de China. Impactó la sorprendente visita del polémico saliente presidente Juan Orlando Hernández (JOH) a Taiwán durante tres días, a dos semanas de la elección presidencial, donde es favorita por amplio margen de 17 por ciento (sic) en las encuestas. XC, esposa del ex presidente Manuel Zelaya (MZ) –depuesto por la dupla Obama/Biden y su secretaria de Estado Hillary Clinton–, bajo el pretexto de la anatemizada ayuda petrolera de Venezuela y su ALBA chavista.

Shannon Tiezzi, del portal nipón The Diplomat, comenta que Taiwán "está preocupado" porque la probable presidenta XC podría romper sus relaciones y alternar sus lazos diplomáticos con Pekín (https://bit.ly/3cS4d4T). Cabe señalar la visita, a una semana de la elección, por una "misión de alto nivel" de Estados Unidos (https://bit.ly/30Zi5YM).

¿Estará dispuesto Biden a aceptar el triunfo de XC cuando es conocida su animadversión al saliente presidente JOH, partidario de Trump y su política sinófoba a ultranza? Tampoco se puede soslayar que el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, es también partidario del trumpismo, mientras el presidente palestino-salvadoreño Nayib Bukele se ha inclinado a favor de China, cuando colisiona con los intereses monetaristas de Estados Unidos debido a su adopción del bitcóin –no se diga la deslegitimización de la reciente elección presidencial en Nicaragua por Biden y su vilipendiado instrumento de la OEA–.

En medio de una vecinal ambientación hostil a los demócratas y más favorable al trumpismo, a Biden le conviene paradójicamente más el triunfo de XC, pese a su mayor afinidad con China. De paso, Biden podría resarcirse del golpe de Estado teledirigido contra el ex presidente MZ, esposo de XC.

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Miércoles, 24 Noviembre 2021 06:18

La militarización "tripolar" del espacio

"El cosmos se está volviendo un campo de batalla", si bien todavía tienen cabida proyectos científicos como la Estación Espacial Internacional, que se aprecia en una imagen tomada desde la nave Crew Dragon de SpaceX. Foto Afp

Un perturbador artículo del Daily Mail (17/11/21) expone la militarización "tripolar" (https://bit.ly/3HAaBf0) en el espacio: "las armas hipersónicas de China en el espacio pueden ser usadas para lanzar un ataque nuclear sorprendente contra Estados Unidos", según John Hyten (JH), vicejefe de las fuerzas armadas conjuntas, quien admite que "Pekín se encuentra más avanzada tecnológicamente en esa esfera".

El general JH asevera el notable avance de China, que catalogó –después de su superior Mark Milley– la hazaña china como un "momento Sputnik", en alusión al lanzamiento del primer satélite por parte de Rusia en 1957.

Daily Mail, en la misma tónica del rotativo globalista neoliberal Financial Times –que volvió a la carga el domingo pasado con el agregado de que un misil adicional fue lanzado al mar del Sur de China–, alega que "se piensa que China ha realizado dos pruebas hipersónicas orbitales con armas nucleares". Tal "arma nuclear está diseñada para evadir los poderosos sistemas de radar de Estados Unidos y sus defensas antimisilísticas volando en una baja órbita terrestre, lo que hace más difícil su ubicación, trazabilidad y destrucción".

Así, "Estados Unidos fue atrapado por sorpresa y coloca a Rusia (¡mega-sic!) en la delantera de la carrera armamentista en el espacio" (https://cbsn.ws/3DDIZn2). China ha desmentido el tsunami propagandístico de los multimedia anglosajones y sólo admite haber realizado una prueba de "navegación" en el espacio (https://bit.ly/3qUgaiA).

Paul Robinson (PR), profesor de la Universidad de Otawa, experto en historia militar rusa y soviética –autor del blog Irrussianality, un juego de palabras sobre la "irracionalidad" imperante en la anglósfera contra Rusia (https://bit.ly/3HDj9SB)–aborda impecablemente la carrera armamentista en el espacio (https://bit.ly/3nDxFBO).

PR menciona la prueba de un misil antisatelital de Rusia que ha desatado la furia de Washington, que la calificó de "irresponsable" y "temeraria".

La prueba rusa "destruyó un satélite antiguo e inoperable de reconocimiento" de la era soviética. Lo que más (pre)ocupa a PR se centra en la "ausencia de tratados internacionales que regulen la militarización del espacio, lo que significa que el cosmos se está volviendo un campo de batalla" (sic).

La prueba antisatelital rusa desnudó que "hoy no existe ningún régimen legal vinculante para regular los escombros en el espacio" (https://bit.ly/3kTpPBZ). El único instrumento legal que regula las armas en el espacio es el Tratado sobre el espacio ultraterrestre (Outer Space Treaty) de 1967, que "prohíbe la colocación de armas nucleares u otro tipo de armas de destrucción masiva en órbita alrededor de la Tierra o en la Luna, o en los cuerpos celestiales" ( https://bit.ly/3x8nhoF ).

La postura de los "círculos militares estadunidenses", según PR, es que "tal carrera armamentista es inevitable (sic) y es mejor para Estados Unidos llevar la delantera mientras goza de su ventaja tecnológica" (https://bit.ly/3DIjkcW). La política nacional en el espacio de Estados Unidos, de 2006, sustentó que "Washington se opondrá al desarrollo de nuevos regímenes legales y a otras restricciones que buscan prohibir o limitar el uso del espacio" (https://bit.ly/30I4WmM).

En 2008, China y Rusia propusieron un borrador sobre el Tratado de prevención de colocación de armas en el espacio ultraterrestre y la amenaza o uso de la fuerza contra objetos ultraterrestres en el espacio, que fueron rechazados por Estados Unidos.

Si antes los militares de este último país estaban seguros de ganar la militarización del espacio, el reciente "despliegue de misiles hipersónicos por Rusia ha devaluado los miles de millones de dólares invertidos por Washington en su defensa balística misilística", según PR.

De dos cosas una, o las dos, o la omnipotente maquinaria propagandista anglosajona que abulta hiperbólicamente las proezas tecnológicas de Rusia y China en el espacio –en el rubro de misiles hipersónicos, donde Estados Unidos viene en un nada glorioso tercer lugar detrás de Rusia y China–, o bien, la realidad rebasó al Pentágono.

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Una pantalla grande que muestra al presidente estadounidense Joe Biden y al presidente chino Xi Jinping durante su cumbre virtual. — ROMAN PILIPEY / EFE

El futuro de una de las democracias más pujantes de Asia, la cadena de suministro mundial y el bienestar de los casi 24 millones de isleños, inmersos en un juego de poder entre gigantes, pende de un hilo.

 

El estrecho de Taiwán es uno de los polvorines más peligros del mundo, y quizás el que más nos puede afectar debido a que la zona es clave para la cadena de suministros, la producción de semiconductores (en la que Taiwán es relevante) y también por la gran importancia estratégica de la isla de Formosa para la proyección transoceánica del poderío militar chino hacia Japón y Estados Unidos.

Este conflicto no es un tango entre dos, sino un trío, en el que Estados Unidos también baila, lo que amplifica aún más su impacto internacional. Y la pregunta del millón es si ese peligro se va a materializar e implicar a Washington, con efectos negativos económicos, políticos y estratégicos para las democracia occidentales.

En la reciente conferencia virtual entre el presidente chino Xi Jinping y su homólogo estadounidense Joe Biden, Taiwán fue uno de los asuntos claves en la pugna de poder entre los dos colosos mundiales. ¿Se llegó allí a algún acuerdo que aleje del horizonte esta bomba de tiempo? La respuesta corta es que la reunión fue positiva, porque se reactivó el diálogo, pero no hubo cambios esenciales.

Mientras Xi reiteró su postura de que Taiwán es parte de China y amenazó con "medidas drásticas" si la isla avanza en el independentismo o "traspasa la línea roja", Biden se opuso firmemente a "los intentos unilaterales de cambiar el estatus quo" de independencia de hecho y a aquello que socaven la paz y la estabilidad en el Estrecho. Y aunque China dijo que Biden se opone a la independencia, lo cierto es que el presidente de EEUU no dijo exactamente eso, según declaraciones posteriores al encuentro citadas por el diario taiwanés Tiempos de Libertad.

"Mas que un diálogo han sido dos conferencias en las que se han repetidos posturas, pero ha sido positivo porque reactiva el diálogo", expresó Wang Chen-ming, experto en historia de la guerra y de la China moderna.

Ventana de la colonización antes de la II Guerra Mundial

Taiwán, originariamente poblada por austronesios, fue colonizada por españoles, holandeses, chinos y finalmente japoneses, quienes, antes de la Segunda Guerra Mundial, entre 1895 y 1945, usaron la isla como ventana al mundo de su colonización. La victoria aliada entregó la administración de Taiwán a la China nacionalista de Chiang Kai-shek, quien en 1949, tras ser derrotado por los comunistas de Mao Tze-tung, se refugió en Formosa, donde fue recibido con silenciada hostilidad por sus habitantes. Chiang construyó la República de China (hoy Taiwán) y se hizo fuerte con el apoyo de Estados  Unidos, lo que evitó ser devorada por el gigante liderado por Mao.

Tanto Mao como Chiang se consideraban legítimos líderes de China y Taiwán y durante la Guerra Fría mantuvieron un gran conflicto ideológico. A finales de la década de los años ochenta, el Partido Kuomintang (nacionalista), de Chiang Kai-shek, ya había pilotado un exitoso desarrollo económico y había instalado un sistema democrático; entrado el siglo XXI, los taiwaneses llevaron al poder al independentista Partido Demócrata Progresista (PDP), ante el desagrado de China.

Los gobiernos de China, Taiwán y Estados Unidos tienen posturas diferentes con respecto al estatus político e internacional de la isla e interpretan de modo diferente términos claves como independencia o una sola China, lo que confunde a todos, especialmente a los no expertos en historia china. Eso hace muy difícil comprender las declaraciones y supuestos acuerdos porque en realidad tan sólo lo son en palabras pero no en hechos.

Sirva para entender este conflicto que China sostiene que Taiwán es parte de su territorio y que está separada por culpa del apoyo estadounidense; por su lado, Taiwán defiende que es un estado soberano e independiente que busca ese reconocimiento internacional. El Gobierno de Biden considera que la actual situación es una independencia de hecho hasta que se logre un acuerdo y se opone al uso de la fuerza militar.

El conflicto entre China y el Gobierno de Taipei

Este es el motivo por el que nadie se atreve a calificar a Taiwán de país. Desde la llegada al poder en 2016 de la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, del PDP, China bloqueó los contactos con el Gobierno de Taipei e inició una escalada en su presión militar, con numerosas incursiones de aviones y barcos en las zonas de control de Taiwán; asimismo estrechó el cerco diplomático que mantiene a la isla fuera de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos internacional, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La clave para analizar las perspectivas del conflicto está en su impacto en las políticas internas de China y Estados Unidos, en la nueva estrategia de Washington para contener a China y del propio Biden para consolidar su poder interno; también en el plan de Xi de inscribir su nombre en oro en la historia china. Todo esto aparte de su claro impacto mundial.

Todos los actores, China, Estados Unidos y Taiwán, están encorsetados por sus intereses y factores políticos internos, pero la guerra no es nada probable, aunque Taiwán no dejará de buscar ser incluida en la ONU y otros organismos. Estados Unidos ha modificado su postura y favorece una mayor participación internacional de Taiwán, cosa que China quiere cortar. Con tal de que Xi, Biden y Tsai no cometan errores de cálculo y convenzan a sus pueblos de que ganan en la disputa, la sangre no llegará al río.

Un juego de poder entre gigantes

"Taiwán no traspasará la línea roja, porque China tiene poder militar para lanzar una ofensiva creíble, y Pekín tiene mucho que perder, por lo que sólo atacará por una gran provocación o motivos internos como consolidar el poder del Partido o de Xi", afirma Wang Chen-ming.

La consolidación de Xi y Biden en el poder, así como la mejora económica y de prestigio internacional de ambos países, favorecerá la paz. Mientras tanto, aunque fuera de la isla en discordia hay gran preocupación, entre los taiwaneses, que apoyan mayoritariamente un sendero separado de China y su democracia, sorprendentemente no anidan temores, como afirma el observador japonés Akio Yaita.

Pero la realidad es que el futuro de una de las democracias más pujantes de Asia, la cadena de suministro mundial y el bienestar de los casi 24 millones de isleños, inmersos en un juego de poder entre gigantes, pende de un hilo.

Taipéi

17/11/2021 14:05 Actualizado: 17/11/2021 14:15

 

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El portal del Pentágono advirtió sobre el “ritmo de las amenazas de China, de Rusia, Norcorea, Irán, ISIS y los desafíos que involucran al espacio y al ciberespacio.Foto Ap

El general Mark Milley (MM), mandamás de las Fuerzas Conjuntas del Pentágono, sostuvo el 3 de noviembre pasado una trascendental entrevista con el conductor Lester Holt de la cadena NBC durante el Foro de Seguridad de Aspen (https://bit.ly/3Fejg4W), en la que plasmó su cosmogonía sobre el "mundo tripolar" de Estados Unidos/Rusia/China (https://bit.ly/3oA6XJr).

El portal del Pentágono realizó un resumen de los asertos del polémico general –quien se ha enfrascado en un duelo verbal con Trump y ha expresado que tiene comunicación secreta con su homólogo de China– sobre el "ritmo de las amenazas de China, así como de Rusia, Norcorea, Irán, ISIS y los desafíos que involucran al espacio y al ciberespacio, el Covid-19, el cambio climático y los tópicos ambientales, como los incendios en Estados Unidos que enfrentan las fuerzas militares". Que conste que citó en primer lugar a China, 12 días antes de la exitosa cumbre virtual entre el presidente Biden y el mandarín Xi Jinping (https://bit.ly/30o9VZ7).

Sobre China, su fijación permanente, comentó: “Hemos visto un país en cuatro décadas (…) que ha ido de la séptima economía en el mundo a la segunda economía”, cuando China ha invertido sus riquezas en forma significativa en el ámbito militar. Aquí exagera el general, por no decir que desinforma, pues nadie se compara al gasto militar de Estados Unidos (39%) en el planeta frente a China (13%), según SIPRI. El despilfarro militar de Estados Unidos es mucho mayor si se mide per cápita (https://bit.ly/3cjmsjh).

MM, quien se ha vuelto muy incontinente, asienta que "hace 40 años China era una muy extensa infantería campesina (sic). Hoy, posee capacidades en el espacio, en cibernética, tierra, mar, aire y en el rubro submarino y están claramente desafiándonos regionalmente".

Alega, sin aportar evidencias, que China "desea revisar" el "orden (sic) liberal", cuando ni China ni Rusia han manifestado desear cambiar el presente "(des)orden mundial", pero sí han expresado la necesidad de que sea reformado en forma más justa y armónica, porque ni a Moscú ni a Pekín les conviene atacar a Estados Unidos cuando van ganando la partida global, mientras Estados Unidos declina aceleradamente, como enunció en forma notable el historiador Alfred McCoy (https://bit.ly/3kGBAM0).

MM prevé que el verdadero desafío será en los "próximos 10 a 20 años", cuando "el mundo atestigüe uno de los mayores giros en el poder geoestratégico global que jamás haya visto", en especial, el "giro" es un cambio fundamental en el carácter de la guerra: "Hoy vemos la robótica, la inteligencia artificial, municiones de precisión y una amplia variedad de otras tecnologías". Viene la parte nodal: calificó a la guerra fría de una "guerra (sic) bipolar (sic)" entre la URSS y Estados Unidos, y asentó que hoy se ha entrado a una "guerra tripolar" de Estados Unidos/Rusia/China como "grandes superpotencias", cuando "el mundo es potencialmente mucho más inestable estratégicamente que en los pasados 40 a 70 años".

Instó a que Estados Unidos/Rusia/China deberán ser "más cuidadosos y conscientes (sic) de cómo lidiar uno con el otro en adelante y en sus comunicaciones coordinadas", que serán una "necesidad". Finalmente, definió al "espacio" como el "nuevo dominio de mayor conflicto" (https://bit.ly/3HwHYze).

A propósito, un servidor fue de los primeros en proponer la hipótesis del nuevo "orden tripolar" de Estados Unidos/Rusia/China desde hace nueve (sic) años, con base en una prospectiva multidimensional de las tendencias dinámicas (https://bit.ly/3nk7RKM). En forma expeditamente dialéctica, vale la pena ponderar la antítesis del connotado científico ruso-estadunidense Dmitry Orlov (DO), quien, si bien acepta el concepto estratégico del "orden mundial tripartita", coloca a Estados Unidos muy por detrás de Rusia y China en los rubros militar y tecnológicos (https://bit.ly/3nk8kN2).

DO juzga que a Estados Unidos sólo le queda apoderarse de los "recursos y productos manufacturados del mundo" para "alimentar su apetito a cambio de dólares impresos (continuamente expropiando los ahorros del mundo mientras exporta su inflación)" mediante sus "guerras financieras" y su poderosa maquinaria propagandística.

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Víctor Hugo Ruíz, sin título (Cortesía del autor)

Una vez más, como cada año por esta época, en próximas semanas veremos en funciones a la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. El rito del tire y afloje, de un lazo que tejen entre las propuestas de incremento salarial, de mayor o menor cuantía, será de nuevo noticia. Resaltará en sus primeros anuncios la pretensión patronal de poco reajuste, y de su contraparte por lograr lo contrario.


La negociación salarial se afronta en esta ocasión dentro del marco de una nueva realidad global de la que no está exenta el país. Es una novísima realidad que surge de la cuarta revolución industrial en curso y la crisis sistémica que soporta el Sistema Mundo Capitalista, con cambios tecnológicos de amplio impacto, entre los que resaltan los materializados vía inteligencia artificial, la misma y anunciada internet de las cosas –con algunas aplicaciones ya en marcha–, pero también con los impactos suscitados por los desarrollos tecnológicos, paridos por la recién vivida, y en parte concluyendo la tercera revolución industrial, con la masificación de la internet, la telefonía celular y todo lo que trae asociado (sonido, imagen, texto integrado en un solo soporte), comunicación, más allá de lo imaginado hasta hace pocos años, con notables y preocupantes efectos sobre el ritmo y la calidad de vida cotidiana, así como sobre el tiempo y la (des)valorización que prima del mismo, el empleo/desempleo, la productividad y, lógico, en las ganancias, cada vez más concentradas en pocos bolsillos, y otros muchos impactos.


Es una nueva negociación también de cara a los coletazos desprendidos de la pandemia por covid-19; desde la ampliación del teletrabajo, que hasta hace dos años solo era aplicado en amplia escala en ciertos sectores de la economía; el financiero y otros servicios, encabezando la lista, con trabajadores cada vez más aislados e individualizados en su labor y relación con la patronal. Son efectos ampliados al ahondamiento del desempleo estructural que sobrelleva nuestra sociedad, así como a la calidad del trabajo, las formas de contratación, la tercerización laboral, la reducción de salarios, pero también la evidencia de un trabajo del cuidado en cabeza mayoritariamente de las mujeres y sin remuneración fija alguna.


El crecimiento de la informalidad no está ausente de esta realidad, y con ella la (in)seguridad social, en particular la baja tasa de cotizantes para salud y pensión, con el significativo peso económico que esa realidad descargará sobre el conjunto social en pocos años, toda vez que el país va saliendo de ser habitado mayoritariamente por gente joven e inicia el tránsito hacia una sociedad con un importante porcentaje de población adulta y vieja.


Sobre la mesa de todos los connacionales están otras realidades igualmente asociadas al mundo del trabajo, aunque parezcan más del ámbito del conjunto social: crisis ambiental, modelo de organización territorial –con énfasis en lo urbano y semiurbano–, trabajo rural y organización territorial, vivienda, educación y formación para el trabajo, salud pública en general, con enfoque particular sobre salud mental y seguridad laboral, transporte público de carácter masivo y tiempo ‘muerto’, e impacto sobre la calidad del aire también. Difícilmente deberían quedar por fuera de las consideraciones, los debates y la negociación que implica determinar un nuevo salario mínimo.


Todo aquello es ineludible porque el mundo del trabajo no está por fuera del conjunto de variables que determinan la calidad y la vitalidad de la fuerza laboral. Sin duda, sobresale el papel del Estado en la organización social, la soberanía económica y agraria, la administración de lo público –con participación cada vez más abierta y decisiva de la sociedad civil–, la redistribución de la riqueza. Esto y mucho más no puede quedar ausente de la concertación salarial, que, es evidente, no se debiera reducir a una negociación de unas cuantas semanas, para abrirse a un debate más allá de los directamente implicados y que cubra por lo menos el segundo semestre de cada año. Democracia política, económica y social se puede calificar este ejercicio para garantizarle vida digna a no menos de 20 millones de personas que venden su fuerza de trabajo y, por su conducto, al conjunto de los 50 o más millones de connacionales que somos.


No se puede olvidar que el salario mínimo legal es tan solo un parámetro, como quiera que el 63,8 por ciento de los trabajadores gana de ese monto, y el 24,8 por ciento gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que significa que el 85 por ciento de la población tiene ingresos menores al valor de una canasta medianamente digna para sobrevivir. El trabajo formal, regido por la legislación y sobre el que en realidad tiene algún impacto lo acordado al finalizar cada año, en el mejor de los casos, apenas ronda el 40 por ciento de la fuerza laboral. A pesar de ello, los empresarios asumen la puja como si fuera un asunto de vida o muerte de sus negocios, con una posición del gobierno dispuesta apenas a escuchar las razones de quienes garantizan el funcionamiento de todo tipo de industria y empresa.


En la negociación anterior, por ejemplo, el defenestrado y tristemente célebre Alberto Carrasquilla sostenía que el salario mínimo en Colombia era “uno de los más altos del mundo” (!), y aunque aclaraba que “no en poder adquisitivo sino en relación con las condiciones de la economía”, abogaba por que este fuera reajustado en mínimos valores. Razones de sobra hay para no ser optimistas sobre el resultado de las negociaciones, pues, con alto nivel de probabilidad, los argumentos del pasado seguirán siendo el hilo argumental del gobierno y los dueños del capital, máxime si tenemos en cuenta el regresivo y atrabiliario carácter político del establecimiento.


De esta manera, y a pesar de lo anotado, la nueva negociación debiera trascender la típica puja sobre monto salarial y las arandelas que lo complementan, abriéndose al amplio espectro de la política económica y social, que en última instancia determina el mundo del trabajo, tema de inquietud global.
Agenda abierta, como no, a los giros que hoy vive la política económica. Giros que sería bueno considere la burocracia estatal. Importante abrir los ojos pues no deja de ser paradójico que la inserción en el mundo que tanto reclamaran nuestros ‘modernizantes’ globalistas –así esgrimido cuando decidicieron sumarse al llamado Consenso de Washington– hoy, que este empieza a ser revaluado y los deja fuera de lugar, se muestren ajenos al obligatorio cambio de rumbo exigido por las nuevas condiciones.


Tomando también en cuenta el “gran reinicio”, propuesto por el último Foro de Davos, que gira alrededor de los problemas que plantean la desigualdad, el futuro del mercado laboral y los mecanismos que permitan alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible como temas de interés mundial, todo ello marginalizado en Colombia del debate político y de la academia.


Una discusión seria en la mesa por instalar debiera enfrentar, entre todo lo anotado y con gran atención, la valoración del tiempo y, por su conducto, la redistribución de la renta y el propósito de vida digna, baluarte de felicidad, propósito final que oriente nuestra existencia como seres humanos. Es, sin duda, un tema fundamental por abordar, pues el mundo cambió –o está en proceso de ello–, y la productividad de hoy no es la misma de hace tres, dos o una década. Así lo demanda la necesidad de romper el desempleo estructural que golpea a nuestra sociedad, pero también la de superar la extendida informalidad por medio de la cual un mayoritario porcentaje del país logra el sustento diario.


Otro campo importante y sobre el cual discutir es la reducción de la jornada laboral, más allá de la aprobada y reglamentada por la Ley 2101 de 2021, y por empezar en su aplicación gradual a partir de 2023 (1). Es necesario recordar que, mientras en algunos países la semana laboral es de 35 horas, y se debate sobre la semana laboral de 4 días, aquí todavía estamos en 48 horas semanales. Este debiera ser un tema vital para el sindicalismo, que lo hizo bandera de la humanidad en el siglo XIX y cuya conquista de los famosos tres ochos le significó a la clase trabajadora unas mejoras notables para su vida diaria.


A más de un siglo transcurrido desde aquella gesta, la cambiante sociedad global abre sus puertas a nuevas y notables transformaciones en el mundo del trabajo, empezando por la reducción de la jornada laboral sin achicar el salario. Es esta una vía efectiva para quebrar el desempleo estructural y ganar productividad, para enganchar más mano de obra sin acudir a los mismos trabajadores a fin de que hagan horas extras, para reducir accidentes de trabajo y ganar en salud mental, pero también para superar la creencia generalizada de que siempre ha sido así y así deberá seguir siendo, creencia sobre la abnegación para el trabajo que parece un castigo, como lo aborda la Biblia.


Este asunto del tiempo es mucho más significativo e indispensable, ya que se debe ganar espacio para un debido descanso, para el goce y el placer, para la creación libre, para no estar obligados a vivir corriendo –pues “el tiempo no alcanza para nada”–, para vivir en dignidad y no solo sobrevivir; para que el tiempo que nos pertenece no solo sea aquel de las horas en que dormimos al llegar exhaustos a casa por la jornada laboral, la presión de los supervisores, las metas definidas por la dirección de la empresa, y de las dos o más horas de transporte para llegar al hogar, tiempo muerto que nadie remunera. En síntesis, se deben asegurar menos horas de trabajo por igual salario, una vía complementaria que ha de llevar a la redistribución de la riqueza producida por millones de cuerpos y que es apropiada de manera injusta por unos pocos.


El que tratamos aquí es un tema sustancial para el sindicalismo pero también para el empresariado, toda vez que, al garantizarles mejores condiciones de vida a quienes venden su fuerza de trabajo, se asegura mayor productividad, mucho más cuando las áreas de trabajo están asociadas a nuevas tecnologías, cada vez de mayor exigencia, concentración en el oficio y conocimiento para quienes las manejan, que en estos años ya no son simples obreros sino mucho más, “trabajadores ilustrados”, es decir, mano de obra altamente calificada. Es un tema al cual no le deben temer los empresarios, pues, si se revisa la historia, se comprueba que la reducción de la jornada laboral no les significó una reducción de ganancias sino todo lo contrario. Es algo no mecánico, claro está, y que por ello está asociado al conjunto de materias relacionadas al comienzo de este editorial. Un mundo en transformación demanda mentes abiertas, cambio cultural, y disposición para explorar y aprender, así como para deponer viejas creencias.


A la solución de esta problemática también aportan, y no de cualquier manera, los estudios adelantados por los recién laureados con el Premio Nobel de Economía David Card y Alan Krueger. La Academia Sueca reconoció el profundo significado de sus estudios empíricos, de “experimentos controlados”, con información real que permite comparar y constatar cambios en numerosos grupos humanos. El galardón es un reconociendo a “[…] una manera de producir conocimiento económico que se liga con intervenciones económicas del Estado para resolver problemas relevantes. Este reconocimiento es una refutación directa de los métodos de la economía convencional y, en consecuencia, de muchas de las leyes económicas que pretendidamente ha establecido el pensamiento económico dominante” (2).


La Academia reconoció otros aportes de estos economistas e investigadores sociales: “[…] reconoce cómo los estudios de Card de principios de los años 90 sobre ‘los efectos en el mercado de trabajo, de las subidas del salario mínimo, la inmigración y la educación’ […] desafiaron el conocimiento convencional y mostraron, entre otras cosas, que subir el salario mínimo no conduce necesariamente a una bajada del empleo. El anuncio del Nobel también menciona otras importantes conclusiones de los trabajos de Card, como la relación positiva entre la inmigración y los ingresos de los trabajadores nativos, o el posible efecto negativo que la inmigración reciente puede tener sobre los ingresos de trabajadores inmigrantes llegados con anterioridad. Por último, el anuncio del Nobel también reconoce la importancia de los descubrimientos de Card sobre la relación entre los recursos destinados a la educación y la carrera laboral” (3).


Estas investigaciones y conclusiones invitan al empresariado, como a los funcionarios del Estado, a revalorar sus persistentes argumentaciones, repetidas una y otra vez cuando se trata del incremento salarial, de sindicarlo de causante de mayores tasas de desempleo y de factor inflacionario. Estas, por lo menos, son las nuevas realidades con que se encuentra la Comisión Nacional de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, y que debieran facilitar un acuerdo salarial rápido y con beneficios de todo orden para quienes venden su fuerza de trabajo, marcando a la vez una ruta temática y metodológica para que el país supere ese debate salarial de unas pocas semanas y lo encare, con mirada estructural y de futuro por varios meses en cada uno de los años por venir, a fin de abordar con vocación de largo plazo lo que ya tiene marcas en el presente.

1. “Jornada laboral en Colombia se reducirá de 48 a 42 horas a la semana”, Portafolio, junio 17 de 2021.
2. Delhado Selley, Orlando, “El Nobel de Economía: la “revolución de la credibilidad”, La Jornada, México, 14 de octubre de 2021
3. “Nobel de Economía para un investigador que negó la relación entre desempleo y subida del SMI”, Redacción El Salto, España, 12 de octubre de 2021.

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