Miércoles, 27 Abril 2022 05:27

Rusia le corta el gas a Polonia y Bulgaria

Rusia le corta el gas a Polonia y Bulgaria

Por no pagar en rublos

El grupo ruso Gazprom interrumpirá a partir de este miércoles el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, informaron las empresas estatales del sector, la polaca PGNiG y la búlgara Bulgargaz.

Bulgaria

En el caso de Bulgaria, un escueto comunicado de la empresa: "Hoy, 26 de abril, Bulgargaz recibió una notificación de que el suministro de gas natural por parte de Gazprom Export LLC se detendrá a partir del 27 de abril de 2022", según la agencia de noticias Sputnik. La vocera del gobierno búlgaro, Lena Borislavova, aseguró que el suministro de gas en Bulgaria está garantizado y que no hay riesgo para la seguridad energética del país". "Hemos estado preparándonos para tal escenario durante mucho tiempo", agregó.

Polonia

En tanto, el anuncio de la empresa polaca se produjo días después de que expirara el plazo para que Varsovia saldara los pagos por el combustible en moneda rusa. "El 26 de abril de 2022, Gazprom informó PGNiG de su intención de suspender completamente los suministros en el marco del contrato Yamal el 27 de abril", señaló la firma en un comunicado, en el que precisó que Polonia estaba preparada para obtener el gas que falte de otras fuentes. La empresa polaca "rechazó la posibilidad de realizar pagos en rublos rusos desde las cuentas bancarias de PGNiG, que se iban a abrir en Gazprombank", fundado por Gazprom, tal y como lo estipula el decreto del presidente ruso, Vladímir Putin.

El pasado viernes expiró el plazo para que Polonia pagase el gas ruso en rublos, tal como lo exige Moscú desde el pasado 23 de marzo a un grupo de países que considera "hostiles" como respuesta a las sanciones que le fueron impuestas por su invasión de Ucrania.

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La era de los imperialismos continúa. Así lo demuestra Putin

La invasión rusa de Ucrania es una muestra de su imperialismo. Pero el imperialismo es también una estructura del espacio mundial dominada por unos pocos países que se apoyan de forma particular en su poder económico y en sus capacidades militares.

En este espacio mundial, la interacción entre el nuevo ciclo de militarización y la intensificación de la competencia económica es cada vez más intensa. La humanidad se enfrenta, como en las anteriores coyunturas del imperialismo, a los más graves peligros.

La inserción de Rusia en la economía mundial, de Yeltsin a Putin

Rusia entró en una dinámica capitalista tras la desaparición de la URSS, y desde el principio fue la integración en el mercado mundial la que guio las reformas del gobierno de Yeltsin. El desarrollo del «capitalismo de los oligarcas» fue diseñado por economistas estadounidenses y rusos y nunca faltó el apoyo financiero del FMI. Los programas iniciados por el FMI y el Banco Mundial fueron calificados de «terapia de choque» por el profesor de Harvard Jeffrey Sachs, que fue uno de los promotores de la misma [1]. En los países ex «socialistas», estas recetas dieron lugar a lo que Marx llamaba una «acumulación primitiva de capital» basada en los métodos más brutales de puesta en movimiento de la fuerza de trabajo.

La clase dirigente rusa, llamada «oligarquía» pero típicamente capitalista, se formó durante las reformas (perestroika) iniciadas en la URSS por Mijaíl Gorbachov en los años ochenta. Se sumaron a ella los directivos de las fábricas privatizadas en el marco de la «terapia de choque». A finales de los años 90, tres o cuatro grupos de oligarcas dominaban la economía y la política rusas [2]. Habían integrado la economía rusa en la «globalización» tras el ingreso de Rusia en el FMI en 1992. Sin embargo, las dramáticas consecuencias sociales de la acumulación primitiva (disminución de la esperanza de vida, pérdida de derechos sociales, caída de los ingresos, etc.) -como atestiguan, por ejemplo, las huelgas de los mineros del carbón en mayo de 1998, el saqueo organizado de los recursos naturales, el default de la deuda pública rusa en 1998 y la sumisión del gobierno de Yeltsin a la dominación del bloque transatlántico (ver más adelante)- hicieron que fuera sustituido por Putin. La declaración conjunta de Bill Clinton y Boris Yeltsin de 1993, en la que se afirmaba la «unidad dentro del área euroatlántica desde Vancouver hasta Vladivostok», acabó provocando el hundimiento de Rusia y la expansión de la OTAN, calificada ya de «inaceptable» en un documento de seguridad nacional de 1997 [3].

Vladimir Putin llevó a cabo una seria reorganización/depuración del aparato estatal ruso. Su política económica fue reconstruida en torno a un Estado fuerte y se basó en el aparato militar-industrial, la definición de objetivos planificados e incluso algunas renacionalizaciones. Uno de sus asesores, que abandonó Rusia en 2013 en desacuerdo con él y que se convirtió en economista jefe del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), recuerda que el objetivo de las reformas de la década de 2000 consistía en una mejora radical del clima de negocios con el objetivo de atraer a los inversores extranjeros [4]. En 2011, Rusia se incorporó a la OMC.

Por ello, Vladimir Putin mantuvo el objetivo de integrar a Rusia en la mundialización. No tenía ninguna intención de volver a una especie de «capitalismo en un solo país», parafraseando la visión de Stalin. En 2008, uno de los think tanks estadounidenses más influyentes se congratuló de ello y subrayó que «Rusia forma parte intrínsecamente de la comunidad internacional y utiliza su integración económica [con el mundo, C. S.] para que su economía pueda alcanzar los objetivos fijados». [5] En 2019, el Banco Mundial seguía situando a Rusia en el puesto 31 en su clasificación que indicaba la facilidad para hacer negocios, un puesto por delante de Francia [6]… Desde 2003, este informe anual, basado en 41 criterios y diseñado por economistas neoclásicos reconocidos, ha sido utilizado para justificar la necesidad de desregular y privatizar las infraestructuras y los servicios públicos hasta que estalló el escándalo: algunas clasificaciones estaban falseadas bajo la presión de los gobiernos (sin embargo, Rusia no fue incriminada). ¡Qué descuido! El FMI no se aplicó a sí mismo ni a sus dirigentes las recomendaciones de buena gobernanza que les impone a los pueblos.

Las propias grandes empresas apreciaban las ambiciones económicas de Putin, como afirma el ex director general de BP (la octava empresa del mundo): «Lejos de ser visto como un aprendiz de dictador, Putin era visto como el gran reformador, alguien que haría una buena limpieza. [7] Y por no hacer una larga letanía, citemos al director general de BlackRock, el mayor fondo de inversiones del mundo: «A principios de los años 90, la inserción de Rusia en el sistema financiero mundial fue bien recibida, se conectó con el mercado mundial de capitales y se vinculó fuertemente con Europa Occidental». [8]

En resumen, el gobierno de Putin respaldó íntegramente la expansión del capitalismo en Rusia y su integración en el mercado mundial, pero con la condición de mantener un estricto control sobre su economía y su población.

La política económica tuvo éxito durante algunos años. El PIB y los ingresos de los hogares aumentaron, llegó la inversión extranjera y aumentaron los ingresos por exportaciones. Este boom económico desapareció a finales de la década de 2000. El fuerte crecimiento del PIB (+7% anual entre 1999 y 2008) dio paso a un cuasi estancamiento: entre 2009 y 2020, la tasa de crecimiento del PIB no superó el 1% anual. De hecho, el período de fuerte crecimiento fue el resultado de la acumulación masiva de rentas de petróleo y de gas: entre 1999 y 2008 la producción de petróleo y gas se quintuplicó y su precio se duplicó con creces durante el mismo período. A falta de una amplia diversificación industrial, la economía y las finanzas públicas siguen aún hoy dependiendo estrechamente de las rentas de petróleo y de gas. En 2018, el sector del petróleo y del gas representó el 39% de la producción industrial, el 63% de las exportaciones y el 36% de los ingresos del Estado ruso (fuente: OCDE). Esta adicción a las rentas es tanto más peligrosa cuanto que los precios de estos recursos naturales y su evolución se amplifican en los mercados de productos básicos (materias primas y productos agrícolas) mayoritariamente dominados por la lógica financiera.

La inversión directa del resto del mundo en Rusia (FDI entrante, eFDI, Inversiones extranjeras directas entrantes, por sus siglas en inglés) y de Rusia hacia el resto del mundo (FDI saliente, sFDI, por sus siglas en inglés) a través de adquisiciones de empresas (fusiones y adquisiciones) así como la construcción de nuevos centros de producción son cuidadosamente analizadas por los economistas como emblema de la internacionalización del capital. El gráfico 1 confirma los tres periodos de la IED y la IED rusa: de 1991 a 2000, su derrumbe bajo el mandato de Yeltsin, su fuerte crecimiento entre 2000 y 2008 y desde 2008 su tendencia a la baja, a pesar de un repunte momentáneo (2016-2018)

El objetivo central de Putin era restaurar el peso geopolítico de Rusia en el mundo. Desde el principio de su mandato, reconstruyó una industria de armamento que había quedado destrozada durante los años de Yeltsin. El número de empresas de defensa había caído de 1.800 en 1991 a 500 en 1997 y su producción (militar y civil) se había reducido en un 82% [9]. Putin reorganizó la industria, creó estructuras de exportación centralizadas y mantuvo un fuerte crecimiento del gasto militar tras la crisis de 2008, aumentando mecánicamente su participación en el PIB hasta 2017 (ya que el PIB estaba estancado). El gasto en sistemas de armamento representa alrededor del 62-65% del presupuesto militar (que también incluye los gastos de personal y de funcionamiento), una proporción mucho mayor que en los países desarrollados [10]. Una idea de la sangría de riquezas que esto provoca la da el indicador de gasto militar/PIB: la proporción de los gastos de defensa con respecto al PIB se situaba entre el 4,2 y el 4,5% durante la década de 2010, una cantidad ligeramente superior a la de Estados Unidos.

Putin reforzó así las dos fuerzas motrices -los oligarcas y el aparato militar-industrial- que estructuraron la Rusia postsoviética para restablecer su estatus internacional.

A finales de la década de 2000, la acumulación de dificultades económicas fue acompañada de ambiciones militares cada vez mayores. Cuanto más estancada se encuentra la economía, más caro resulta hacer la guerra. Cuantas más guerras se libran, mayor es la sangría de los sectores productivos, ya sea por la integración de las actividades civiles (automóviles, compañías aéreas, etc.) en los conglomerados de defensa o por la obligación de las empresas mineras y energéticas de comprar parte de sus productos a las empresas de defensa [11]. Hay que añadir que cientos de empresas de defensa rusas, a las que la industria ucraniana suministraba una serie de subsistemas electrónicos hasta la anexión de Crimea en 2014, han tenido que buscar otros proveedores. Por último, la proporción de las ventas de armas rusas en el comercio mundial de armas ha disminuido considerablemente desde 2014.

Resulta muy tentador establecer una relación causal lineal entre la intensificación del militarismo ruso, por un lado, y sus dificultades económicas y el continuo declive de la economía mundial, por otro, sin que el sentido de la causalidad quede claro. De hecho, las interrelaciones existen y se han ido construyendo a lo largo de las décadas anteriores. El desmoronamiento del régimen soviético en la década de 1980 no destruyó el aparato militar-industrial. Tampoco fue barrido por la privatización de empresas decidida por los oligarcas del gobierno de Yeltsin. Putin le devolvió al aparato militar-industrial el poder que había perdido momentáneamente orientándolo hacia el objetivo de restaurar la ‘posición de Rusia en el mundo’.

La invasión de Ucrania es la culminación de un intervencionismo militar que se aceleró durante la década de 2000. Se explica por las profundas transformaciones internas que sufrió Rusia tras la llegada de Putin al poder. Pero la ascensión militar de Rusia se vio también facilitada por las convulsiones en el orden geopolítico y económico internacional que conforman lo que denominé el «momento 2008» y que pusieron fin al período de dominación estadounidense sin precedentes, iniciado con la desaparición de la URSS en 1991. Cuatro grandes acontecimientos resumen estas transformaciones: la crisis financiera de 2008, que debilitó las economías de los países desarrollados y sobre todo de Estados Unidos y la UE; la emergencia de China como potencia geoeconómica; el empantanamiento de los ejércitos estadounidenses en Irak y Afganistán; y la explosión popular (las «primaveras árabes») que sacudió el Magreb y el Oriente Medio. Estas transformaciones del espacio mundial fueron aprovechadas en primer lugar por el imperialismo ruso en su periferia. La guerra en Ucrania es el último eslabón de una cadena de invasiones decididas por Vladimir Putin: en Chechenia (1999-2000), en Georgia para apoyar la independencia de Osetia del Sur y Abjasia (2008), en Ucrania para apoyar la independencia de las regiones de Luhansk y Donetsk y unir Crimea a Rusia (2014) y el envío de tropas para ayudar a reprimir las manifestaciones en Kazajistán (enero de 2022). Vladimir Putin también aprovechó esta nueva situación internacional para consolidar sus posiciones militares en Oriente Medio mediante la intervención del ejército ruso contra el pueblo sirio, que también vivía una «primavera árabe» desde 2011. La intervención rusa se llevó a cabo en nombre del lema consagrado de la «guerra contra el terrorismo». 

¿Un imperialismo multisecular?

El término ‘imperialismo’ resurgió con la invasión rusa de Ucrania. Había desaparecido prácticamente, salvo para los críticos radicales de la política internacional de los Estados Unidos, que en su mayoría prefieren el término ‘imperio’. Sin embargo, los nuevos pensadores del capitalismo ya lo habían utilizado después de los atentados del 11 de septiembre. Robert Cooper, asesor diplomático de Tony Blair y luego de Javier Solana, Alto Representante de la UE para la Política de Defensa y Seguridad, resumió el estado de ánimo imperante al hablar de la necesidad de un ‘imperialismo liberal’ capaz de hacer la guerra a esa otra parte de la humanidad que él llamaba los ‘bárbaros’. El imperialismo ‘liberal’ y ‘humanitario’ era la ‘misión del hombre occidental’ en la era de la globalización. Las guerras de Afganistán, Irak y Libia constituyen sus sangrientos estandartes.

La mayor parte de los comentaristas utilizan hoy el término imperialismo en un sentido completamente diferente al de hace veinte años para justificar el comportamiento de los Estados Unidos y de Occidente. Hoy, el imperialismo ruso describe una invasión que reactiva el uso directo de la fuerza armada para conquistar nuevos territorios y, según estos mismos comentaristas, la guerra en Ucrania forma parte de una tradición rusa multisecular. Un influyente think-tank estadounidense cita una declaración de Catalina II, hecha en 1772, para establecer una «continuidad directa con los dos imperios rusos: el primero bajo los zares Romanov (1727-1917) y el segundo con la URSS» [12]. Un comentarista francés experimentado señala que «su actual zar, Vladimir Putin» persigue las ambiciones imperiales del Imperio ruso y lanza la siguiente pregunta: «Vladimir Putin, ¿hacia un nuevo imperialismo ruso?» [13].

Estos atajos transhistóricos tienen muy poca importancia analítica. Por supuesto, la historia es esencial para explicar el presente, pero no es suficiente. ¿Quién podría conformarse con un análisis que explicara el redespliegue del ejército francés en el Sahel tras su salida de Malí en 2022 a través de la promulgación por Luis XIV del Código Negro [Code Noir] que legalizaba la esclavitud en 1685? Y lo que es más importante, la afirmación de la inmutabilidad del imperialismo ruso no menciona la ruptura, muy temporal pero profunda, que tuvo lugar al principio del régimen soviético [14]. El presidente ruso también reprocha violentamente a la «Rusia bolchevique y comunista» el hecho de haber apoyado el derecho del pueblo ucraniano (pero también el de los pueblos de Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Georgia, etc.) a la autodeterminación. Es cierto que ya en 1914, Lenin había declarado: «Ucrania se ha convertido para Rusia en lo que Irlanda era para Inglaterra: explotada hasta el extremo, no recibe nada a cambio. Así, los intereses del proletariado mundial en general y del proletariado ruso en particular exigen que Ucrania recupere su independencia estatal.» [15] A Lenin le preocupaba sobremanera el comportamiento de Stalin en la cuestión de las nacionalidades, y entendió lo que podía poner en práctica. Uno de sus últimos escritos antes de su muerte lo advertía: «Una cosa es la necesidad de un frente, todos juntos, contra los imperialistas occidentales, defensores del mundo capitalista. […] Otra cosa es comprometernos, incluso en cuestiones de detalle, en las relaciones imperialistas con respecto a las nacionalidades oprimidas, despertando así la sospecha sobre la sinceridad de nuestros principios, sobre nuestra justificación de principios de la lucha contra el imperialismo [16]. Trotsky también se enfrentó al exterminio del pueblo ucraniano por parte de Stalin, exigiendo «el derecho a la autodeterminación nacional [que] es, por supuesto, un principio democrático y no socialista» y reivindicó una Ucrania independiente contra «el saqueo y el dominio arbitrario de la burocracia»[17].

Sin dudas, el recurso a la historia es algo útil, pero con la condición de que no sustituya al análisis concreto [18].

Los imperialismos contemporáneos

El planeta no se parece al ‘gran mercado’ imaginado por las teorías económicas dominantes. Constituye un espacio global en el que la dinámica de la acumulación de capital interactúa permanentemente con la organización del sistema internacional de los Estados. Una vez más, debemos recordar que el capital es una relación social que se construye políticamente en torno a los Estados ‘soberanos’ y que se despliega en territorios definidos por las fronteras nacionales. Es cierto que las medidas de desregulación han permitido que el capital monetario de préstamo circule en los mercados financieros internacionales, pero su valorización depredadora depende, en última instancia, de la acumulación productiva que sigue siendo la base de la creación de valor y que, por definición, está territorializada. La tendencia del ‘capital a crear el mercado mundial’ que Marx y Engels ya analizaron a mediados del siglo XIX no ha abolido las fronteras nacionales, y menos aún las rivalidades económicas y políticas que resultan de ellas.

En consecuencia, el espacio mundial es muy desigual y está jerarquizado según el peso de los países. El estatus internacional de un país depende de los resultados de su economía -lo que los economistas llaman su competitividad internacional- y de sus capacidades militares. En regla general, los mismos países se encuentran en las jerarquías mundiales de las potencias económicas y militares. Podemos entonces definir como imperialistas a aquellos pocos países que dirigen el funcionamiento del sistema internacional de Estados en su beneficio -en el seno de las instituciones internacionales y a través de acuerdos bi o multilaterales- y que capturan parte del valor creado en otros países. Los economistas marxistas proponen, con diferentes métodos de cálculo, una evaluación de la cantidad de transferencias de valor a los países dominantes. Por ejemplo, Guglielmo Carchedi y Michael Roberts calculan que estas transferencias han pasado de 100.000 millones de dólares (constantes) al año en la década de 1970 a 540.000 millones (constantes) en la actualidad [19].

Sin embargo, el comportamiento de los países imperialistas no es uniforme y las diferencias radican en la forma en que combinan sus resultados económicos con sus capacidades militares. Rusia moviliza sus capacidades militares de forma masiva para defender su estatus global frente a EE.UU. y la OTAN, y lo hace tanto más cuanto más se deterioran sus resultados económicos (véase más arriba). Sus guerras de conquista territorial recuerdan a las guerras de colonización de los países europeos antes de 1914. Sin embargo, los efectos positivos que tuvieron en los países capitalistas europeos no se ven hoy en día, aunque algunos sostienen que el objetivo de Vladimir Putin es permitir que Rusia se quede con los recursos naturales de Ucrania (gas, petróleo, hierro, uranio, cereales, algunos materiales esenciales para la fabricación de componentes electrónicos) [20] y la ampliación de su acceso al Mar Negro.

Sin embargo, el imperialismo contemporáneo no puede ya reducirse en la actualidad a la conquista armada y la colonización que antes de 1914. La capacidad de un país para captar una parte del valor creado en el mundo revela también una estructura del espacio mundial dominada por los imperialismos. Alemania es un claro ejemplo de ello y está en el extremo opuesto a Rusia. El país tiene todo para ganar a través de la expansión y apertura de la economía mundial, de la que obtiene grandes ingresos, comportamiento que se resume en la fórmula que suele utilizar el personal político de ese país: ‘cambio (de régimen) a través del comercio’.

Los Estados Unidos son un caso especial y único en muchos sentidos. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, junto con los países de Europa Occidental, creó un «bloque transatlántico» contra la URSS y China, basado en un trípode sólido: una creciente integración económica del capital financiero e industrial, una alianza militar (OTAN) y una comunidad de valores que combina economía de mercado, democracia y paz. Estados Unidos ha formado alianzas en la región de Asia-Pacífico basadas en el mismo trípode (Japón y ANZUS, que reúne a Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos). Así, el bloque transatlántico puede considerarse no sólo como América del Norte y Europa, sino como un espacio geoeconómico que incluye algunos países de la zona Asia-Pacífico.

La superioridad militar de Estados Unidos es innegable. Estados Unidos representa el 40% del gasto militar mundial, lo que representa un poco más que el total combinado de los 9 países que le siguen. Un investigador estadounidense calcula que hay cerca de 800 bases militares en más de 70 países, con un costo de 85.000 a 100.000 millones de dólares al año (aproximadamente el doble de todo el presupuesto anual de defensa de Francia) [21]. Esta supremacía militar, que tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, ha descartado de manera definitiva la transformación de la competencia económica en conflicto armado dentro del bloque transatlántico. La brecha en las capacidades militares entre Estados Unidos y los demás países aumentará aún más como resultado de la guerra en Ucrania. La administración Biden anunció un aumento del presupuesto militar nunca visto en varias décadas, que alcanzará los 813.000 millones de dólares en 2023.

Francia, al igual que Estados Unidos, se caracteriza por un posicionamiento internacional que combina estrechamente la presencia económica y las capacidades militares, pero se entiende que no compite en la misma división que Estados Unidos. Su condición de potencia nuclear la mantiene como potencia mundial, pero en el nuevo entorno internacional posterior a 2008, las intervenciones de sus cuerpos expedicionarios en África -cuyo estancamiento es cada vez más evidente- ya no son suficientes para ocultar el debilitamiento de su peso económico en el mundo.

La mundialización armada

La invasión rusa de Ucrania echó por tierra el mito de la ‘mundialización pacífica’ que parecía respaldada por la integración de Rusia en la economía mundial tras la desaparición de la URSS. Este mito del capitalismo pacífico fue difundido por los economistas dominantes que explicaban que la paz sería el resultado de la extensión de la economía de mercado, ya que el mercado logra la síntesis de las voluntades individuales de agentes libres y soberanos. Agregaban también que la paz saldría reforzada con el crecimiento del comercio y de los intercambios financieros entre las naciones, ya que la interdependencia económica reduce los impulsos bélicos [22].  Los politólogos de la corriente dominante complementaron la nueva ortodoxia añadiendo que la difusión de la democracia tras la desaparición de la URSS mejoraría la paz entre las naciones. Thomas Friedman, un reputado columnista del New York Times, tradujo la nueva ortodoxia en términos populares: «dos países que tienen restaurantes McDonald’s no van a la guerra» [23] porque comparten una visión común. ¿Se habrá traducido al ruso su libro? En cualquier caso, la presencia en 2022 de 850 restaurantes en Rusia que emplean a 65.000 personas no fue suficiente para convencer a Putin [24].

Había llegado la hora del «fin de la historia» anunciado por Francis Fukuyama, y los economistas y politólogos nos proponían una economía política de la globalización en formato PDF (Peace-Democracy-Free markets: Paz-Democracia-Libertad de Mercados). En realidad, el periodo abierto por la destrucción del Muro de Berlín tenía todos los ingredientes de una mundialización armada [25]. Sin duda, la atención puesta actualmente en Europa respecto a la guerra de Rusia contra Ucrania no debería esconder el panorama general. Desde 1991, los conflictos armados han proliferado: en 2020, el Instituto UDCP/PRIO contabilizó 34 conflictos armados en el mundo. Se calcula que el 90% de los muertos en las guerras de los años 90 fueron civiles. En el año 2000, las Naciones Unidas contabilizaron 18 millones de refugiados y desplazados internos, pero en 2020 fueron 67 millones. La mayoría de esos conflictos armados tienen lugar en África y, dado que se producen entre facciones dentro de los países, han sido calificados como ‘guerras civiles’, ‘guerras étnicas’, etc. Por ello, los principales pensadores, especialmente los del Banco Mundial, los atribuían a la mala gobernanza interna de estos países. Pero es todo lo contrario. Las guerras ‘locales’ no son enclaves en un mundo conectado, sino que se integran a través de múltiples canales en la ‘globalización-realmente existente’ [26]. El saqueo de los recursos que enriquece a las élites locales y a los ‘señores de la guerra’ alimenta las cadenas de suministro globales construidas por los grandes grupos industriales. Un ejemplo que se cita a menudo es el del coltán/tántalo en la República Democrática del Congo, comprado por las grandes empresas de la economía digital. Otros canales vinculan estas guerras a los mercados de los países desarrollados. Las élites gubernamentales, generalmente apoyadas por los gobiernos de los países desarrollados, que las legitiman como miembros de la ‘comunidad internacional’ (ONU), reciclan a través de las instituciones financieras europeas y los paraísos fiscales sus inmensas fortunas acumuladas en estas guerras y mediante la opresión de sus pueblos.

También ha habido guerras en nombre del ‘imperialismo liberal’. Estados Unidos se encargó de dirigir las operaciones con el apoyo de la OTAN. Por lo general, obtuvo una autorización del Consejo de Seguridad de la ONU -una excepción notoria fue la de la guerra en Irak en 2003-, si bien ha ido más allá de lo permitido por el mandato, como en Serbia (1999) y Libia (2011). Por último, siguen existiendo conflictos a gran escala en zonas donde hay países que aspiran a un papel regional (India, Pakistán) y en Oriente Medio (Irán, Israel, monarquías petroleras, Turquía).

El mundo contemporáneo se enfrenta así a cuatro tipos de guerras: las guerras de Putin, las ‘guerras por los recursos’, las guerras del ‘imperialismo liberal’ y los conflictos armados regionales. En conjunto, confirman que el espacio mundial está fracturado por rivalidades económicas y político-militares que involucran en primer lugar a las grandes potencias.

La economía continuación de la guerra por otros medios

Las guerras no son la única característica del período contemporáneo. Desde 2008, las interferencias entre la competencia económica y las rivalidades geopolíticas son más intensas. Los grandes países no solo movilizan medios ‘civiles’, como los medios de comunicación y el ciberespacio con fines militares en las llamadas guerras ‘híbridas’. Transforman los intercambios económicos en un terreno de confrontaciones geopolíticas, lo que conduce a una “militarización del comercio internacional” (weaponization of trade) [27]. Por tanto, podríamos invertir la fórmula de Clausewitz diciendo que, más que nunca, «la competencia económica es la continuación de la guerra por otros medios». En concreto, los países del G20 que son los más poderosos han incrementado seriamente las barreras proteccionistas y, para aparentar no derogar las reglas liberales controladas por la OMC, lo hacen invocando razones de seguridad nacional que siguen siendo en principio un asunto soberano. de las naciones [28]. La pandemia ha ampliado esta militarización del comercio internacional.

Las sanciones económicas, a menudo utilizadas por los países occidentales, especialmente contra Rusia desde la anexión de Crimea en 2014, pero también por las administraciones de Trump y Biden contra China, acentúan igualmente la “militarización del comercio internacional”. Se invocan preocupaciones militares y de seguridad nacional, mientras que muy a menudo el objetivo de las sanciones adoptadas por los gobiernos de los países occidentales es apoyar a sus grupos principales y proteger sus industrias, incluso contra otros países occidentales.

Las sanciones que ahora se están tomando contra Rusia, y que además se presentan como un sustituto de una imposible intervención militar directa de la OTAN, constituyen sin embargo un salto cualitativo. Son de una amplitud sin precedentes ya que, según Joe Biden, están «destinadas a poner de rodillas a Rusia por muchos años». Su objetivo es reenfocar la economía mundial en el bloque transatlántico con consecuencias más que inciertas (ver más abajo).

Las guerras y la “militarización del comercio” conviven así hoy con la interdependencia económica que produce la globalización. No es realmente una cosa nueva. La corta distancia que separaba la economía de la geopolítica ya era una característica importante del mundo de antes de 1914 y los marxistas la convirtieron en un elemento clave del imperialismo [29]. Menos conocida que la dada por Lenin en El imperialismo, la etapa suprema del capitalismo [30], la definición de Rosa Luxemburg «El imperialismo es la expresión política del proceso de acumulación capitalista» [31] enfatiza esta interacción entre economía y política, la disociación imposible entre la competencia entre capitales y las rivalidades militares. Los marxistas ya analizaban el imperialismo como una estructura global de cooperación y rivalidad entre capitales y entre Estados. Una ilusión retrospectiva hace olvidar que antes de 1914, las economías de los países europeos ya estaban profundamente integradas, y esto era incluso el caso de Francia y Alemania, que sin embargo se preparaban para ir a la guerra [32]. Hoy, su cooperación pasa por la existencia de organismos económicos internacionales como el FMI y el Banco Mundial que coordinan y apoyan medidas favorables al capital (las políticas “neoliberales”). La convergencia de las políticas gubernamentales contra las y los explotados de los países imperialistas tiene como trasfondo común el hecho de que “los burgueses de todos los países confraternizan y se unen contra los proletarios de todos los países, a pesar de sus luchas mutuas y de su competencia en el mercado mundial” [33].

Podemos incluso aplicar esta dialéctica cooperación/rivalidad al dominio geopolítico. Al día siguiente de la adopción del Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en 2017 en la ONU por una imponente mayoría de países, los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad -China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia- emitieron una declaración conjunta: “Nuestros países nunca firmarán ni ratificarán este tratado, que no establece nuevas normas”. Así, los gobiernos de estos países, que por otra parte exhiben una peligrosa rivalidad para los pueblos, presentan un frente unido para mantener sus mortíferos privilegios.

El certificado de defunción de los análisis marxistas del imperialismo como un espacio global de interdependencia económica y rivalidad geopolítica ha sido proclamado a menudo desde 1945 debido al fin de la guerra entre las grandes potencias. Es cierto que dos factores modificaron profundamente la relación entre economía y guerra después de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el arma nuclear ha disuadido a los países que la poseen, desde su uso contra el pueblo japonés, de convertir sus rivalidades económicas y geopolíticas en confrontaciones armadas. El riesgo de una conflagración nuclear también ha sido un argumento utilizado por Estados Unidos y la UE para rechazar cualquier intervención directa en Ucrania. Por otro lado, la supremacía económica y militar de Estados Unidos sobre los demás países capitalistas desarrollados de Europa y Asia ha prohibido cualquier uso de la herramienta militar como solución de disputas dentro del mundo “occidental”. Este término suele utilizarse como sinónimo de ‘mundo libre’, por lo que también incluye países asiáticos.

Estas dos grandes características son ciertamente parte de la coyuntura histórica resultante de la Segunda Guerra Mundial, pero más bien nos invitan a actualizar los aportes de las teorías del imperialismo que a decretar su obsolescencia.

La fragmentación geopolítica del mercado mundial en el orden del día

La guerra en Ucrania ya tiene dos consecuencias principales: el deseo de los Estados Unidos de fortalecer la cohesión del bloque transatlántico en su beneficio y la fragmentación del espacio mundial bajo los efectos combinados y potencialmente devastadores del proteccionismo económico y los conflictos armados. Durante una intervención sobre la guerra en Ucrania ante la asociación de líderes de los principales grupos estadounidenses, el presidente Biden recordó que «todos somos capitalistas en esta sala». Dijo que la guerra en Ucrania marca un «punto de inflexión en la economía global, e incluso en el mundo, como sucede cada tres o cuatro generaciones». Añadió que «Estados Unidos debe liderar el nuevo orden mundial uniendo al mundo libre», en otras palabras, soldar el bloque transatlántico con más fuerza.[34]

No cabe duda de que el nuevo orden mundial está dirigido contra China, que sigue siendo la principal amenaza geopolítica y económica para los Estados Unidos. Por lo tanto, la Administración Biden sigue esencialmente la política de Donald Trump contra China. Los países europeos ya habían expresado su acuerdo con la posición de los Estados Unidos en un documento publicado en 2020 «Una nueva agenda transatlántica para una cooperación mundial basada en valores comunes, intereses (sic) e influencia mundial». El documento europeo designa a China como «un rival sistémico» y observa que «Estados Unidos y la UE, como sociedades democráticas y economías de mercado, están de acuerdo en el desafío estratégico lanzado por China, aunque no siempre estén de acuerdo en la mejor manera de abordarlo» [35]. La OTAN también declaró a finales de marzo de 2022 que China plantea «un desafío sistémico» al negarse a cumplir con las normas de derecho que sustentan el orden internacional.

La Administración Biden tiene la intención de consolidar la dominación estadounidense sobre el bloque transatlántico que el mandato de Trump había más bien debilitado. En el plano militar, no hay duda de ello. En esta guerra que tiene lugar en Europa, se demuestra que los avances en defensa de los países de la UE solo pueden tener lugar bajo la dominación estadounidense. Por el momento, la OTAN está fortaleciendo su unidad, desmintiendo el comentario de Emmanuel Macron sobre su «estado de muerte cerebral».

El fortalecimiento del liderazgo económico sobre sus aliados es un objetivo aún más importante de la Administración de los Estados Unidos. Pues la guerra no eliminará la competencia económica dentro del propio bloque transatlántico, más bien la exacerbará. Las sanciones económicas contra Rusia provocan efectos negativos menos violentos en los Estados Unidos que en Europa, donde Alemania sigue siendo el principal competidor de los Estados Unidos. Donald Trump incluso lo había convertido en un objetivo casi tan importante como China. El presidente Biden procede de otra forma, pero ha obtenido de Alemania lo que ha estado pidiendo en vano desde su elección: el freno definitivo del funcionamiento del gasoducto Nord Stream 2 y el fin del aprovisionamiento de gas ruso, lo que plantea un desafío a corto y tal vez a medio plazo para Alemania.

La fragmentación del espacio mundial ya está muy avanzada con las medidas contra Rusia adoptadas por los Estados Unidos y sus aliados. Se han tomado dos medidas muy importantes: la exclusión de parte de los bancos rusos del sistema de pago internacional SWIFT, al que pertenecen más de 11 000 instituciones financieras y cuyo centro de datos se encuentra en Virginia (Estados Unidos), y la prohibición de aceptar dólares en poder del Banco Central de Rusia. Por lo tanto, los Estados Unidos utilizan una vez más el activo político que constituye la emisión de la moneda internacional utilizada en los pagos internacionales y que en 2022 representa alrededor del 60 % (en comparación con el 70 % en 2000) de las reservas en poder del conjunto de los bancos centrales.

Sin embargo, esta medida es de doble filo: debilita la capacidad financiera de Rusia, pero también presenta un riesgo para los Estados Unidos. En primer lugar, a nivel técnico, los economistas observan que la tenencia de dólares se basa en las garantías ofrecidas por la Reserva Federal (el banco central de los Estados Unidos) y, por lo tanto, en la confianza en una posibilidad ilimitada de utilizar la moneda estadounidense como medio de pago. Sin embargo, la Administración de los Estados Unidos confirma al congelar los activos en dólares en poder del Banco Central de Rusia que sus propios intereses estratégicos prevalecen sobre el respeto del correcto funcionamiento de la moneda internacional. Luego, en el plano político, esta medida unilateral acelerará la búsqueda de soluciones alternativas al dólar. China estableció un sistema de pago internacional basado en el renminbi en 2015, que sigue siendo de uso limitado, pero podría utilizarse para eludir el dólar. En resumen, la «militarización del dólar», según la expresión del Financial Times [36], va a amplificar los enfrentamientos geopolíticos. Porque Estados Unidos ya no se encuentra en la situación hegemónica de posguerra que le permitió imponer, incluso a sus aliados europeos, un sistema monetario internacional, materializado en los Acuerdos de Bretton Woods en 1944, en el que «el dólar es tan bueno como el oro». El «momento 2008» reveló una configuración de las relaciones de poder económico completamente diferente a la de la de la posguerra. La guerra en Ucrania ya revela los juegos geopolíticos que están funcionando. Los esfuerzos de la Administración Biden por constituir un frente común del «mundo libre» erigido contra los regímenes autoritarios se enfrentan a dificultades ya que la India, «la democracia más grande del mundo», e Israel, a la que los medios de comunicación occidentales llaman la «única democracia en Oriente Medio» [37], mantienen sus relaciones con Rusia.

Un analista financiero muy escuchado explica que «las guerras a menudo ponen fin a la dominación de una moneda y dan lugar a un nuevo sistema monetario». En consecuencia, augura un nuevo sistema de Bretton Woods porque «cuando la crisis (y la guerra) terminen, el dólar estadounidense debería ser más débil y, por otro lado, el renminbi, apoyado por una cesta de divisas, podría ser más poderoso». [38]

La guerra en Ucrania y el deseo de la Administración Biden de consolidar el bloque transatlántico amplificarán la fragmentación del espacio global, y los discursos sobre la «desglobalización» que han surgido desde la crisis de 2008 se están multiplicando [39]. Tras la crisis financiera de 2008, el comercio internacional se estancó. Luego, la crisis sanitaria puso de relieve la fragilidad de la forma en que se internacionaliza el capital. Ha causado un aumento del proteccionismo que ha llevado a interrupciones del suministro dentro de las cadenas de valor construidas por los principales grupos mundiales, así como a la reubicación de las actividades de producción basadas en criterios geopolíticos y la seguridad del acceso a los recursos. Sin embargo, el capital necesita el espacio mundial más que nunca para aumentar la masa de valor producida, pero sobre todo la parte que es apropiada por el capital, a la que Marx llama plusvalía. Desde este punto de vista, la crisis que comenzó en 2008 no se ha superado realmente y lo es tanto menos, ya que las sangrías operadas sobre el valor por el capital financiero nunca han sido más fuertes.

Por lo tanto, los impulsos que impulsan la dinámica del capital para abrirse constantemente nuevos mercados están muy presentes, pero están enredados con las rivalidades nacionales, que resultan de la competencia entre los capitales controlados por grandes grupos financiero-industriales. Sin embargo estos siguen siendo, a pesar de todos los discursos radicales sobre el «capitalismo global» y la emergencia de una «clase capitalista transnacional», adosados a su territorio de origen, del que siguen obteniendo una gran parte de sus ganancias gracias a las instituciones estatales que les garantizan las condiciones sociopolíticas para la acumulación exitosa de su capital.

La agresión imperialista de Rusia actúa como un precipitado químico porque acelera las tendencias que ya están funcionando. La competencia económica entre los capitales de los bloques y las alianzas de países se transforma por un deslizamiento continuo en un enfrentamiento armado. Y ya está produciendo consecuencias sociales mortíferas en docenas de países del sur que son dependientes de las grandes potencias.

Los pretextos

Algunos análisis críticos del capitalismo todavía reservan el término imperialismo solo a los Estados Unidos. Sus autores no parecen saber contar más allá del número uno y exoneran a la Rusia de Putin de este calificativo. La fijación en el «monoimperialismo» estadounidense no puede justificarse por el hecho de que «los enemigos de mis enemigos son mis amigos».

Observar la existencia de una arquitectura internacional basada en rivalidades interimperialistas, como ha hecho este artículo, no exime de un análisis concreto de la guerra en Ucrania, y menos aún justifica la intervención del ejército ruso. El derecho de los pueblos a su libre disposición debería ser el hilo conductor de todas las personas que se reclaman del antiimperialismo [40]. El apoyo al pueblo ucraniano se convierte entonces en una demanda obvia, sin tener que limitar las críticas a la invasión rusa con consignas como «no a la guerra» ni hablar de «guerra ruso-ucraniana», formulaciones que en realidad enmascaran la diferencia entre el país agresor y el país atacado. El pueblo ucraniano es una víctima y la solidaridad internacional es esencial [41].

Quienes en las filas de la izquierda se niegan a condenar la agresión rusa afirman que Rusia está amenazada por los ejércitos de la OTAN estacionados en sus fronteras y que está librando una «guerra defensiva». Es indiscutible que la OTAN amplió su base después de la desaparición de la URSS e integró a la mayoría de los países de Europa Central y Oriental en este bloque económico-militar. Hay que lamentarlo, pero esta extensión se vio facilitada por el efecto repulsivo ejercido sobre los pueblos de los países orientales por los regímenes sometidos a Moscú que combinan la opresión económica y la represión de las libertades. Estos pueblos experimentaron el «socialismo de los tanques» que la URSS neoestalinista y sus satélites implementaron en Berlín Oriental (1953), Budapest (1956) y Praga (1968) y Polonia (1981).

Además, el argumento de la amenaza de la OTAN es obviamente reversible: los países cercanos a Rusia pueden temer las armas rusas. El óblast ruso de Kaliningrado (un millón de habitantes, anteriormente la ciudad alemana de Königsberg), situada en el Mar Báltico y a varios cientos de kilómetros de Rusia, tiene fronteras comunes con Polonia y Lituania. Este exclave ruso es el hogar de grandes fuerzas armadas, equipadas con misiles nucleares tácticos, misiles tierra-mar y tierra-aire.

Por lo tanto, no podemos detenernos ante las amenazas recíprocas entre las grandes potencias, ya que han sido desde finales del siglo XIX la base del militarismo y su «carrera de armamentos». En el contexto de sus rivalidades interimperialistas, algunos países eran agresores y otros estaban en posición defensiva. Los roles también eran intercambiables, lo que explicaba por qué quienes se reclamaban del internacionalismo se negaban a apoyar a uno de los dos bandos opuestos. Sin embargo, la guerra en Ucrania no es una guerra entre potencias imperialistas, sino que es librada por el imperialismo contra un pueblo soberano. Es la negación absoluta del derecho de los pueblos a la autodeterminación, a menos que, por supuesto, consideren que el pueblo ucraniano no existe.

El abandono de un análisis basado en la soberanía popular conduce a una reificación del estado y, en la situación actual, a considerar que Vladimir Putin tiene razón, ya que se siente amenazado, incluso «humillado» por la extensión de la OTAN. Esta posición legitima el establecimiento por parte de Rusia de un «cordón sanitario» que pasa por la anexión de Ucrania, considerada, siguiendo a Stalin y Putin, como una provincia de la Gran Rusia. Esta posición, bajo el disfraz del antiimperialismo estadounidense, se une a la llamada corriente «realista» de las relaciones internacionales. Ésta analiza el mundo a través del prisma de los estados racionales que defienden sus intereses, de ahí el hecho de que «en un mundo ideal, sería maravilloso que los ucranianos fueran libres de elegir su propio sistema político y política exterior», pero que «cuando tienes una gran potencia como Rusia a tu puerta, debes tener cuidado» [42]. En el mundo de estas teorías «realistas», no existen las «realidades» del derecho de los pueblos a la autodeterminación o la solidaridad internacional de las clases explotadas y oprimidas.

A la espera del advenimiento del «mundo ideal», la tarea inmediata es denunciar la guerra de Rusia en Ucrania y los peligros extremos que la prosecución de las rivalidades interimperialistas hace correr a la humanidad.

Por Claude Serfati | 21/04/2022

Claude Serfati, economista, investigador del IRES (Instituto de Investigación Económica y Social). Su próximo libro,  L’Etat radicalisé. La France à l’ère de la mondialisation armée (El estado radicalizado. Francia en la era de la globalización armada) será publicada por las ediciones La Fabrique a principios de octubre de 2022.

Notas

[1] https://www.jeffsachs.org/newspaper-articles/zw4rmjwsy4hb9ygw37npgs97bmn9b9

[2]  Nesvetailova Anastasia (2005), « Globalization and Post-Soviet Capitalism: Internalizing Neoliberalism in Russia”, In Internalizing Globalization. Palgrave Macmillan, London, 2005. p. 238-254.

[3] Jakob Hedenskog and Gudrun Persson, “Russian security policy”, en FOI Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2019, diciembre 2019, Stockholm.

[4] Sergey Guriyev, “20 Years of Vladimir Putin: The Transformation of the Economy”, Moscow Times, 16 de agosto de 2019.

[5] https://www.csis.org/analysis/russias-2020-strategic-economic-goals-and-role-international-integration

[6] https://www.doingbusiness.org/content/dam/doingBusiness/media/Annual-Reports/English/DB2019-report_web-version.pdf

[7] Tom Wilson, “Oligarchs, power and profits: the history of BP in Russia”, Financial Times, 24 ars 2022.

[8]  “To our shareholders”,  24 de marzo de 2022.

[9] Alexei G. Arbatov, “Military Reform in Russia: Dilemmas, Obstacles, and Prospects,” International Security, vol. 22, no. 4 (1998).

[10] Westerlund Fredrik Oxenstierna Susanne (Sous la direction de), “Russian Military Capability in a Ten-Year Perspective – 2019”, FOI-R–4758—SE, diciembre 2019.

[11] Pavel Luzin, 1 avril, 2019, https://www.wilsoncenter.org/blog-post/the-inner-workings-rostec-russias-military-industrial-behemoth

[12] Lukasz Adamski, “Vladimir Putin’s Ukraine playbook echoes the traditional tactics of Russian imperialism”, 3 de febrero de 2022, https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/vladimir-putins-ukraine-playbook-echoes-the-traditional-tactics-of-russian-imperialism/   

[13] Dominique Moïsi, https://www.institutmontaigne.org/blog/vladimir-poutine-en-marche-vers-un-nouvel-imperialisme-russe?_wrapper_format=html

[14] Sobre la distancia entre los objetivos fijados por Lenín y la realización de la “sovietización” de los países no rusos, ver  Zbigniew Marcin Kowalewski, “Impérialisme russe”,  Inprecor, N° 609-610 octobre-décembre 2014, http://www.inprecor.fr/~1750c9878d8be84a4d7fb58c~/article-Imp%C3%A9rialisme-russe?id=1686

[15] Citado por Rohini Hensman en Les cahiers de l’antidote, « Spécial Ukraine », n°1, 1° de marzo de 2022, Edition Syllepse.

[16] La cuestión de las nacionalidades o de la “autonomía”, 31 de diciembre de 1922, https://www.marxists.org/francais/lenin/works/1922/12/vil19221231.htm#note1  

[17] La independiencia de Ucrania y los borradores sectarios, 30 de julio de 1939, https://www.marxists.org/francais/trotsky/oeuvres/1939/07/lt19390730.htm#sdfootnote8anc

[18] Sobre la toma en cuenta de esta dimensión, ver el artículo de Denis Paillard, Legado imperial: Putin y el nacionalismo de una gran Rusia.  https://vientosur.info/legado-imperial-putin-y-el-nacionalismo-de-una-gran-rusia/

[19] https://thenextrecession.wordpress.com/2021/09/30/iippe-2021-imperialism-china-and-finance/ Los autores se interesan solo por las dimensiones económicas del imperialismo.

[20] Jason Kirby, “In taking Ukraine, Putin would gain a strategic commodities powerhouse” (La toma de Ucrania ofrecería a Putin recursos de materias primas estratégicas). Globe And Mail, 25 de febrero de 2022.

[21] David Vine, Base Nation: How U.S. Military Bases Abroad Harm America and the World,2015, Metropolitan Books, New York. http://www.amazon.com/Base-Nation-Military-America-American/dp/1627791698

[22] En su “Discurso sobre la cuestión del libre-cambio” (1848), Marx satirizaba ya esta tesis: “Designar con el nombre de fraternidad universal la explotación en su estado cosmopolita, es una idea que solo puede tener su origen en el seno de la burguesía”, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1848/01/km18480107.htm

[23] Friedman Thomas, The Lexus and the Olive Tree, Harper Collins, Londres, 2000. Es cierto que añadía inmediatamente después que “McDonald no puede prosperar sin McDonell Douglas”. Mc Donnell Douglas era entonces uno de los principales productores americanos de aviones de combate. 

[24] https://corporate.mcdonalds.com/corpmcd/en-us/our-stories/article/ourstories.Russia-update.html

[25] Serfati Claude, La mondialisation armée. Le déséquilibre de la terreur, Editions Textuel, Paris, 2001.

[26] Aknin Audrey, Serfati Claude, « Guerres pour les ressources, rente et mondialisation », Mondes en développement, 2008/3 (n° 143).

[27] Véase, por ejemplo, J. Pisani-Ferry, “Europe’s economic response to the Russia-Ukraine war will redefine its priorities and future”, Peterson Institute for International Economics”, 10 de marzo de 2022.

[28] Discutí el impacto de estas medidas en la economía mundial en el artículo “La sécurité nationale s’invite dans les échanges économiques internationaux”, Chronique Internationale de l’IRES, 2020/1-2.

[29] Claude Serfati (2018) “Un guide de lecture des théories marxistes de l’impérialisme” http://revueperiode.net/guide-de-lecture-les-theories-marxistes-de-limperialisme/

[30] «Era de dominación del capital financiero monopolista», el imperialismo tiene, según Lenin, las siguientes características: «formación de monopolios, nuevo papel de los bancos, capital financiero y oligarquía financiera, exportaciones de capital, división del mundo entre grupos capitalistas , división del mundo entre grandes potencias”. Lo menos que podemos decir es que no están obsoletos.

[31] Luxemburgo Rosa, La acumulación de capital, cap 31. https://www.marxists.org/espanol/luxem/1913/1913-lal-acumulacion-del-capital.pdf

[32] Véase, por ejemplo, en el caso de las industrias metalúrgicas – industrias esenciales para el armamento – Strikwerda, C. (1993).  “The Troubled Origins of European Economic Integration: International Iron and Steel and Labor Migration in the Era of World War I”. The American Historical Review, 98(4).

[33] Marx Karl, “Discours sur le parti chartiste, l’Allemagne et la Pologne”, 9 de diciembre de 1847, https://www.marxists.org/francais/marx/works/1847/12/18471209.htm.

[34] Comentarios del presidente Biden antes de la reunión trimestral de directores ejecutivos de Business Roundtable, 21 de marzo de 2022.

[35] «Joint Communication: A new EU-US agenda for global change”, 2 de diciembre de 2020.

[36] Valentina Pop, Sam Fleming y James Politi, «Weaponization of finance: how the west unleashed ‘shock and awe’ on Russia», Financial Times, 6 de abril de 2022.

[37] Sobre este tema, véase Thrall Nathan: » Israël est-il une démocratie ? Les illusions de la gauche sioniste», Orient XXI, 24 de febrero de 2021, https://orientxxi.info/magazine/israel-est-il-une-democratie-les-illusions-de-la-gauche-sioniste,4551

[38] Zoltan Pozsar: «We are witnessing the birth of a new world monetary order», 21 de marzo de 2022, https://www.credit-suisse.com/about-us-news/en/articles/news-and-expertise/we-are-witnessing-the-birth-of-a-new-world-monetary-order-202203.html

[39] Véase, por ejemplo, la declaración a los accionistas del CEO de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, https://www.blackrock.com/corporate/investor-relations/larry-fink-chairmans-letter .

[40] Véase la entrevista de Yuliya Yurchenko con Ashley Smith, «La lutte pour l’autodétermination de l’Ukraine «, 12 y 13 de abril de 2022, https://alencontre.org/europe/russia/the-fight-for-Lself-determination-of-lukraine-i.html

[41] Rousset Pierre y Johnson Mark «En esta hora de grave peligro, en solidaridad con la resistencia ucraniana, reconstruyamos el movimiento antiguerra internacional», 11 de abril de 2022, https://vientosur.info/en-esta-hora-de-grave-peligro-en-solidaridad-con-la-resistencia-ucraniana-reconstruyamos-el-movimiento-antiguerra-internacional/  https://www.contretemps.eu/ukraine-invasion-russe-mouvement-anti-guerre-rousset-johnson/

[42] Mersheimer, entrevistado por Isaac Chotiner, «Why John Mearsheimer Blames the U.S. for the Crisis in Ukraine», The New Yorker, 1 de marzo de 2022.

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Un hombre recibe una vacuna de refuerzo contra la covid-19 en Ciudad de México. — Sáshenka Gutiérrez / EFE

Pfizer estima que durante 2022 ingresará casi siete millones menos que en el año anterior por las dosis y Johnson & Johnson rehúsa ofrecer sus perspectivas de ventas debido al "excedente mundial de la oferta y la incertidumbre de la demanda".

La época dorada para los fabricantes de vacunas contra la covid-19 parece llegar a su fin. Con casi un 65% de la población mundial inoculada con al menos una dosis del fármaco, la caída de la demanda ya se nota en las previsiones de las grandes farmacéuticas, que durante el 2021 duplicaron los beneficios de todo el sector en años anteriores a la pandemia.

Y es que Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson cerraron el último ejercicio con 65.600 millones de euros facturados gracias a la venta de viales de la vacuna contra el coronavirus, según informó El País. Unos números que quedan lejos de los esperados para este 2022. Pfizer estima que durante 2022 registrará unas ventas de 32.000 millones de dólares solo por la venta de su vacuna mientras el dato obtenido el año anterior fue de 36.781 millones.

Por su parte, Johnson & Johnson, la encargada de fabricar la vacuna Janssen ha anunciado este martes un beneficio neto de 5.149 millones de dólares en el primer trimestre de 2022, un 16,9% menos que los 6.197 millones del mismo periodo del año anterior. Así, Johnson & Johnson ha reducido sus perspectivas de ingresos globales para 2022 en torno a mil millones de dólares.

La multinacional estadounidense además dejará de ofrecer sus perspectivas de venta de su vacuna contra la covid-19 a debido al "excedente mundial de la oferta y la incertidumbre de la demanda", aunque sí que ha informado de que en los primeros meses del año se embolsó 457 millones de dólares por la venta de sus viales.

Polonia no aceptará ni pagará más dosis

El ministro de Sanidad polaco, Adam Niedzielski, ha anunciado este martes que Polonia no aceptará ni pagará más dosis de la vacuna contra la covid-19. "A finales de la semana pasada hicimos uso de la cláusula de fuerza mayor e informamos tanto a la Comisión Europea como al principal productor de vacunas de que nos negamos a aceptar estas vacunas por el momento y también nos negamos a pagar", ha explicado el miembro del Ejecutivo polaco. 

La negativa del Gobierno polaco a seguir adquiriendo viales anticipa, en palabras del titular de Sanidad, "un conflicto legal que ya está teniendo lugar". La causa: Polonia no puede rescindir directamente el contrato de suministro de vacunas, ya que las partes de los contratos son la Comisión Europea y los fabricantes de las vacunas. 

El valor del contrato para el suministro de vacunas a Polonia, cuyo mayor proveedor es Pfizer, hasta finales de 2023 asciende a más de 6.000 millones de zloty, unos 1.400 millones de dólares, de los cuales más de 2.000 millones corresponden al suministro en 2022, según recoge Reuters

El país ha registrado una menor aceptación de las vacunas que la mayor parte de la Unión Europea. En concreto, el 59% de la población ha sido vacunada con dos dosis y el 31% ha recibido una vacuna de refuerzo. Mientras, en España, el 82,3% de la población total en tiene la doble dosis. Esto ha generado un excedente de viales, parte de los cuales ya se han vendido o donado a otros países.

19/04/2022 21:43

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Alberto Fernández y Cristina Fernández asumieron el Gobierno en diciembre de 2019 después de derrotar a Mauricio Macri. / Wikiwand

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para el pago de una deuda adquirida por el anterior Gobierno neoliberal despierta la indignación en las calles y fuerza la división dentro del ejecutivo.

 

El Gobierno del presidente Alberto Fernández ha rubricado a fines de marzo un compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que generó fuertes resistencias sociales y políticas de la izquierda y dentro del propio peronismo. En opinión de sus detractores, ese acuerdo ya ratificado por la ejecutiva del Fondo representa una concesión inmerecida a la banca transnacional y una claudicación del programa de gobierno con el que tomó posesión el Frente de Todos en diciembre de 2019.

La deuda fue contraída por el Gobierno neoliberal de Mauricio Macri (Cambiemos) en condiciones muy desventajosas para el erario público y fue un caballo de batalla de la oposición contra el macrismo. Mientras que los anteriores gobiernos kirchneristas consiguieron reducir el peso de la deuda pública y llegaron a cortar lazos con el FMI en 2006, eso cambió con el Gobierno de Cambiemos: la deuda pública, que al comienzo del Gobierno de Macri (2015) representaba el 53% del PIB, alcanzó a fines del 2018 el 100% del PIB. Además, de los 100.000 millones de dólares que ingresaron al país en divisas durante su período presidencial (2015-2019), su Gobierno permitió la fuga de 86.000 millones, según se desprende de un informe del Banco Central (BCRA) fechado en mayo de 2020. Más allá de estas cifras, la vuelta del FMI a la Argentina supuso someter a la economía nacional a un tremendo ajuste con grandes repercusiones sociales, como el aumento del desempleo y de las tarifas de todos los servicios, la caída de los salarios reales y una elevada inflación.

El pacto acordado por el Gobierno actual oficializa la supervisión del FMI sobre la política económica y monetaria del país. Sus lineamientos fueron rechazados por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y por el grupo de parlamentarios más afines, incluido su hijo, Máximo Kirchner, quien dimitió como presidente del bloque oficialista del Frente de Todos (peronista) en la Cámara de Diputados por no compartir la estrategia y el resultado de la negociación. Ante la falta de quorum en su propio grupo parlamentario, el Gobierno tuvo que negociar con la oposición y contar con los votos de los legisladores de los partidos que fueron responsables de contraer la deuda.

La renegociación de la deuda macrista

Los problemas de Argentina con los programas económicos del FMI son recurrentes y en algunos casos, como en 2001, llevaron al colapso del sistema financiero, el caos político y una gran debacle social. El Gobierno de Néstor Kirchner adoptó a partir de 2003 una serie de medidas económicas que permitieron devolver la deuda contraída por el Gobierno anterior y despedirse de la tutela del FMI, en gran parte gracias al superávit alcanzado en un ciclo muy favorable a las exportaciones nacionales. El organismo internacional más odiado por los argentinos desapareció del escenario en 2006, hasta que el Gobierno de Mauricio Macri volvió a recurrir al Fondo en 2018 para solicitarle el préstamo más cuantioso (y temerario) de la historia del FMI, por un total 57.000 millones de dólares, de los cuales se llegaron a desembolsar 44.000 millones.

Las negociaciones con el FMI para refinanciar la gigantesca deuda contraída por el Gobierno de Macri comenzaron en octubre de 2020. El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó entonces que el objetivo era conseguir un “préstamo de facilidades extendidas” para cubrir el principal (44.000 millones de dólares) y los intereses (5.000 millones) de esa deuda. El ministro de Economía llevó a cabo las negociaciones en un contexto muy inflacionario y con una brecha cambiaria entre el dólar oficial y el paralelo superior al 100%. Las negociaciones avanzaron muy lentamente.

En junio de 2021, cuando Argentina debía pagar 2.400 millones de dólares, el Gobierno consiguió acordar “un puente temporal” con el Club de París para no caer en default al mes siguiente. El compromiso fue efectuar solo un pago parcial de 400 millones de dólares y aplazar el saldo pendiente hasta el 31 de marzo de 2022. Durante el mes de marzo el Gobierno mantuvo una carrera contra reloj para impedir que el incumplimiento de ese plazo llevara al país a una cesación de pagos. La propuesta de acuerdo final para evitar el temido default se aprobó días antes y fue el punto culminante de la tensión social y política que provocó este debate durante el último año.

Un amplio rechazo social

Hacia el final de la negociación entre el Gobierno y el FMI, cuando ya se anticipaban las concesiones que se harían al organismo, las marchas de protesta tomaron las calles. Hubo varias movilizaciones a mediados de marzo, principalmente en Buenos Aires, donde decenas de miles de personas llegadas en su mayor parte de las barriadas periféricas desfilaron ordenadamente por las principales avenidas del centro de la ciudad.

Entre los convocantes más representativos participaron muchas organizaciones sociales, partidos de izquierda y las centrales sindicales no alineadas directamente con el justicialismo. El secretario general de la CTA Autónoma, Ricardo Peidro, declaró que el ajuste previsto llevará a “agudizar los niveles de pobreza e indigencia” y sostuvo: “Nuestra posición es histórica con esta y con otras deudas: hay que investigar la deuda. Las deudas se pagan, las estafas no”. Esta última frase fue el lema de las marchas.

El economista Claudio Lozano, líder del partido Unidad Popular (integrado en el Frente de Todos), dijo por su parte: “Lo que se ha hecho hasta acá es un verdadero fracaso. No se ha logrado reducir el capital adeudado, no se ha logrado bajar las tasas, no se ha logrado alargar los plazos… no se logró nada; es prácticamente un contrato de adhesión a los planteos del Fondo con una injerencia pocas veces vista”.

La marcha de protesta convocada ante al Congreso mientras se debatía el acuerdo fue multitudinaria. En su transcurso hubo un grave incidente: algunos manifestantes hicieron hogueras en las inmediaciones y arrojaron piedras contra el despacho de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La autoría de estos desmanes no se pudo corroborar y se sospecha que podrían haber sido instigados por alborotadores.

Las críticas más radicales al acuerdo con el Fondo proceden de la izquierda trotskista, que cuenta con una creciente capacidad de movilización en el extrarradio de las ciudades y ha mejorado ligeramente sus resultados en las últimas elecciones. La principal formación trotskista, el Frente de Izquierda y de Trabajadores (FIT), representa poco más del 5% de los electores y se ha convertido en la tercera fuerza política nacional. 

Claudio Katz, economista marxista y profesor de la UBA, es una de las voces más críticas con lo pactado. Katz considera que sólo se acordó “una relativa tregua para el próximo bienio, que mantiene activada la bomba de un endeudamiento explosivo”. Esto es así porque “a partir de 2025 reaparecerá toda la carga de los 45.500 millones de dólares adeudados al Fondo. En ese momento resurgirá la imposibilidad de pago y la consiguiente obligación de concertar otro acuerdo más gravoso”.

Katz es concluyente en su valoración política de lo actuado por el equipo negociador de Alberto Fernández: “El Gobierno argentino legitimó la estafa y la renegociación eterna de un pasivo impagable. De esta forma, dilapidó un contexto favorable para apuntalar la reactivación, aislar a la derecha y forjar un frente latinoamericano de resistencia a los acreedores”. Y a quienes aseguran que dentro de dos años se podrá renegociar con el Fondo en mejores condiciones, les contesta que no hay motivos para afirmarlo y que en cualquier caso “se habrá perdido la gran carta de la ilegitimidad del pasivo” contraído por el Gobierno de Mauricio Macri que permitió la fuga de capitales.

En contrapunto, el economista estadounidense Joseph Stiglitz elogió en febrero pasado el principio de acuerdo y destacó positivamente que el organismo haya renunciado a su tradición de imponer políticas contractivas al renegociar las deudas. Hay que relativizar esta sentencia, porque si bien el FMI no impuso esta vez las consabidas “reformas estructurales” (recortes de jubilaciones y de salarios de empleados públicos, cambios en la legislación laboral y rebaja de impuestos), habrá un duro ajuste fiscal para reducir el déficit en los próximos años y se limitará la emisión monetaria, restando autonomía al Gobierno en el uso de estas herramientas de política económica que quedarán tuteladas por el organismo internacional.

El acuerdo divide al peronismo

A la fuerte oposición de la izquierda en las calles, se sumó la importante división en el propio partido de Gobierno. Los términos del acuerdo fueron rechazados por los representantes de La Cámpora, el sector del peronismo más próximo a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Este no fue el primer motivo de discrepancias internas durante la presidencia de Alberto Fernández, pero sí el punto culminante de la tensión social y política trasladada al interior del Gobierno.

El malestar ya era palpable con el batacazo electoral que recibió el Gobierno de Alberto Fernández en las elecciones legislativas de noviembre de 2021, con un claro retroceso del peronismo en casi todo el país. Dos meses antes ese resultado ya podía anticiparse en las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), cuando el Frente de Todos redujo su caudal de votos en 23 de las 24 provincias. Con esos datos a la vista, la vicepresidenta y los ministros kirchneristas tomaron distancia de Alberto Fernández. Estos ministros renunciaron a sus cargos para obligar al presidente a remodelar el gabinete; pero no hubo cambios en el Ministerio de Economía, el principal punto de discordia. Cristina Kirchner expuso públicamente los desacuerdos internos en una carta abierta a sus compatriotas publicada en su página web cuatro días después de la derrota en las primarias, el 16 de septiembre. La vicepresidenta remarcaba allí sus objeciones a una política económica que, en su opinión, ha descuidado a los sectores más vulnerables de la sociedad en el último tramo de la pandemia, y no ahorró detalles sobre su agenda de entrevistas con el presidente, admitiendo con cierta amargura que casi todas fueron a pedido suyo. Y aprovechó también la ocasión para recordar que fue ella quien tomó la decisión de promover la candidatura de Alberto Fernández a la presidencia. Aviso para navegantes: la lealtad es un valor de primer orden para todo dirigente peronista.

En las elecciones legislativas de noviembre se confirmó la previsión de amplia derrota del oficialismo. El macrismo, reorganizado en Juntos por el Cambio, consiguió un resultado del 42,75% estas elecciones de renovación parcial de las cámaras, superando por casi dos millones de votos al Frente de Todos, que obtuvo un 34,56%. La relación entre el tándem de Gobierno siguió por lo tanto muy tensionada.

Posteriormente, cuando la disputa volvió a aflorar por las negociaciones con el FMI, el conflicto interno se trasladó a la arena mediática a través de sendas solicitadas de dos conjuntos heterogéneos de intelectuales que se manifestaron en un caso a favor de Alberto Fernández, en el otro respaldando a Cristina Kirchner. Se hizo una puesta en escena sin precedentes de la división interna, larvada en un movimiento en el que históricamente conviven los dos extremos del arco político, la derecha y la izquierda, y no siempre en paz entre ambos.

Contra la propuesta de acuerdo del Gobierno se manifestaron también los líderes de agrupaciones políticas situadas a la izquierda del Partido Justicialista (PJ) pero que apoyaron la candidatura de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en 2019, sumándose al Frente de Todos. Entre estos se cuenta Juan Grabois, activista y líder social del Frente Patria Grande, y el sindicalista Juan Carlos Alderete, de la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Grabois recuerda que en el programa de Gobierno de la coalición gobernante estaba implícita la “anulación del acuerdo ilegítimo entre el Gobierno de Mauricio Macri y el FMI”, y remata: “No podemos naturalizar que se festeje como si fuera un orgullo que los gobiernos populares paguen las deudas de los neoliberales. Menos en este caso donde pagar no implica mayor autonomía sino continuar con la dependencia”.

Finalmente, en la Cámara de Diputados el proyecto de acuerdo con el FMI se aprobó con el voto afirmativo de 77 de los 118 representantes del Frente de Todos; hubo 28 votos negativos y 13 abstenciones. La aprobación en el Senado, una semana más tarde, obtuvo 56 votos a favor y 13 en contra. Durante la votación estuvo ausente la titular del Senado y vicepresidenta del país, Cristina Kirchner.

Entre quienes rechazaron el acuerdo se cuentan los diputados pertenecientes a La Cámpora y los más afines a la vicepresidenta, incluido su hijo Máximo Kirchner, que el 31 de enero de este año renunció a la presidencia del bloque de diputados del oficialismo por no compartir “la estrategia utilizada y mucho menos los resultados obtenidos en la negociación con el FMI”, que fue “llevada adelante exclusivamente por el gabinete económico y el grupo negociador que responde y cuenta con la absoluta confianza del presidente de la Nación, a quien nunca dejé de decirle mi visión para no llegar a este resultado”.

El presidente Alberto Fernández admitió los desacuerdos: “Cristina también tiene sus matices con el tema del Fondo, pero el presidente soy yo y hay un punto en el que tengo que tomar las decisiones y resolverlo”. Aseguró también que “ningún acuerdo con el FMI es bueno, pero de todos este era el mejor posible”. La vicepresidenta guardó silencio pero es sabido que el diálogo entre ambos lleva tiempo interrumpido. 

El Directorio Ejecutivo del FMI aprobó el preacuerdo alcanzado con Argentina el 25 de marzo de 2022, después de más de un año de negociaciones. Los requisitos claves para la aceptación del acuerdo fueron la reducción del déficit fiscal, de manera escalonada durante los próximos tres años, y el recorte de los subsidios a los servicios públicos, en particular los de suministros energéticos (luz y gas), en un contexto en el que los ingresos de muchas familias no permiten asumirlo. El Gobierno de Alberto Fernández considera un beneficio del acuerdo que el FMI no haya exigido reformas laborales o ni del sistema de pensiones, pero la tutela del organismo sobre las finanzas nacionales será considerable, ya que se harán revisiones trimestrales antes de cada desembolso acordado. Como contrapartida se establece que habrá diez desembolsos, el primero inmediato por 9.400 millones de dólares. Esa cantidad permitirá el repago de los últimos vencimientos de deuda postergados y mejorará la liquidez en divisas.

El FMI legitima su intervención

No todos los críticos del pacto con el FMI rechazan que el país asuma el pago de la deuda fraudulenta concedida al Gobierno anterior. Sin embargo, aun entre quienes consideran que Argentina debe cumplir en cualquier caso con sus compromisos internacionales, hay quienes critican amargamente que el Gobierno haya aceptado la tutela permanente del Fondo, al que deberá entregar informes trimestrales, mensuales, semanales e incluso diarios sobre distintos aspectos de la situación financiera.

Uno de los riesgos que más preocupa a los economistas del FMI es la inflación, entre las más elevadas del mundo (50,7% en 2021) y que podría aumentar aún en el nuevo contexto de la guerra de Ucrania. La meta se fijó antes de que irrumpiera este conflicto en un rango inferior al 48% para el año 2022. El empeoramiento del contexto económico internacional podría dificultar el cumplimiento del acuerdo. Algunas voces críticas sostienen que en el escenario más previsible “la meta de acumulación de reservas internacionales netas pactada con el FMI” solo se podría cumplir en una economía que no crece.

Por otra parte, el equipo técnico del FMI admitió que existen “riesgos de implementación, en medio de un panorama social y político complejo y una hostilidad abierta de algunos sectores hacia el Fondo debido a su larga participación en Argentina”.

Para los detractores del acuerdo, el presidente ha claudicado porque la deuda contraída por Macri debió ser denunciada e impugnada desde el primer día de gobierno. Con este pacto se habría legitimado la entrada de dinero al país para la fuga de capitales que se produjo durante el Gobierno de Cambiemos y que favoreció a las grandes fortunas locales, pero también se estaría dando así cobertura a una política del FMI que violó sus propios estatutos por la cuantía del préstamo y la falta de garantías sobre su devolución, permitiendo al mismo tiempo la fuga de esas divisas. Una política denunciada en su momento como un retorno al cepo de la tutela del capital financiero internacional sobre la economía argentina. Claudio Katz resume la desazón que ha dejado el resultado de esta negociación entre los sectores populares con esta frase lapidaria: “Mientras el país se hace cargo de la estafa, los funcionarios del FMI respiran aliviados”.

La grieta interna debilita al Gobierno

El conflicto al interior del Frente de Todos muestra que las desavenencias entre las distintas familias peronistas siguen representando un obstáculo para llevar adelante una política de reformas ambiciosa. La elección como ministro de Economía de un tecnócrata como Martín Guzmán y su falta de empatía con los sectores más desfavorecidos en parte de la pandemia fue un motivo de permanentes fricciones internas. Durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner, ambos tenían un control directo sobre las negociaciones con los organismos internacionales, del que ahora no goza el kirchnerismo en el actual esquema de poder. 

Cristina Fernández de Kirchner llegó a crear un partido propio, Unidad Ciudadana, que tuvo un exitoso desempeño electoral en las legislativas de 2017, y en este sentido no depende de la vieja estructura anquilosada del peronismo. Pero la ex presidenta nunca se dispuso a dar el salto que la llevase a consolidar un nuevo movimiento político emergente a partir de las cenizas de la vieja maquinaria justicialista, un proyecto que le permitiese romper amarras con los lastres ideológicos y los personalismos del pasado. El pragmatismo sugiere descartar una travesía del desierto que le restaría muchos apoyos circunstanciales pero imprescindibles para poder gobernar.

El Partido Justicialista (PJ) es mayoritario en la coalición oficialista Frente de Todos, cuenta con el mayor número de afiliados, con más de 3.300.000 inscritos, y pertenecen al mismo tanto el presidente como 12 gobernadores de provincias. Tanto Máximo Kirchner como el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (un destacado ideólogo keynesiano que fue ministro de Economía de Cristina Kirchner), se inscribieron como miembros del PJ recién en 2021. En la junta directiva del partido, renovada hace un año, Alberto Fernández fue nombrado presidente y Kicillof vicepresidente. La “lista de unidad” fue acordada con Máximo Kirchner meses antes de que la relación entre ambos sectores se deteriorase tras el fracaso electoral en las primarias.

Por otra parte, el pasado 6 de abril se empezó a debatir en el Senado una propuesta respaldada por la vicepresidenta y que en principio estaría avalada por la mayor parte de los legisladores del Frente de Todos. El proyecto, que ya ha sido rechazado por la oposición y tiene pocas posibilidades de aprobarse en la Cámara de Diputados, propone la creación un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI” con dinero fugado al exterior. Las personas o entidades alcanzadas por esta medida deberían ceder al fisco el 20% de sus bienes no declarados, o el 35% después de seis meses desde la aprobación de la ley. Este debate está abierto y uno de sus objetivos sería recomponer la unidad entre el viejo tronco peronista y el kirchnerismo. 

Cristina Kirchner es la única dirigente genuina de ese espacio político que podría disputar el voto popular a otras corrientes del movimiento, pero en la carta abierta que publicó después de las primarias declaró: “Fui, soy y seré peronista”, antes de lamentar que el 12 de septiembre el peronismo hubiera sufrido “una derrota electoral sin precedentes”. Su posicionamiento es claro, que no se espere una ruptura del Frente de Todos, aunque sí vendrán más turbulencias que tensionarán al Gobierno hasta el final de esta presidencia. La incógnita principal es cómo se articulará el espacio político kirchnerista en la perspectiva de las elecciones de 2023, con el peronismo más conservador en política económica liderado de hecho por el propio presidente.

Por Eduardo Giordano

@eduardogior

16 abr 2022

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Pantallas muestran la aprobación de una resolución de condena contra la invasión rusa de Ucrania, llevada a cabo por la Asamblea General de la ONU, con el apoyo de 141 de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas este miércoles 2 de marzo de 2022. — Justin Lane / EFE

La iniciativa promovida por Estados Unidos tuvo el voto favorable de 93 países, 24 votos en contra y 58 abstenciones.

 Rusia catalogó de ilegal a su suspensión del organismo y denunció que Ucrania modificó los acuerdos previamente consensuados durante las negociaciones en Estambul que se realizaron a fines de marzo.

Rusia fue removida del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por las denuncias de presuntas masacres en la ciudad de Bucha en el contexto de su invasión a Ucrania. La iniciativa obtuvo el voto favorable de 93 países, entre ellos Argentina (ver aparte), 24 en contra y 58 abstenciones. El Kremlin catalogó la medida como ilegal. En tanto, el canciller ruso Serguei Lavrov, acusó a Kiev de modificar las propuestas que había realizado durante las negociaciones en Turquía. A su vez, el diplomático dijo que mantiene la disposición a seguir negociando con Ucrania. Moscú además denunció que ya recibieron más de seis mil sanciones, aunque aseguraron que pueden resistir. La OTAN aseguró que la guerra en Ucrania podría prolongarse por años.

Suspensión

Bajo acusaciones de violencias graves y sistemáticas de los derechos humanos, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la iniciativa de Washington para suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos. La propuesta superó la mayoría de dos tercios necesaria (las abstenciones no cuentan) y obtuvo 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones.

Se trata de la segunda suspensión del Consejo de DDHH desde su creación en 2006. En 2011 la primera expulsión fue a Libia, entonces liderada por Muamar al Gadafi. Esta vez la decisión implica suspender a un país que además es uno de los cinco miembros del Consejo de Seguridad, donde tiene poder de veto.

"Rusia no sólo está cometiendo violaciones de los derechos humanos, sino que está sacudiendo los cimientos de la paz y seguridad internacionales", dijo previo a la votación el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya. Por su parte, la embajadora estadounidense, Linda Thomas-Greenfield, aseguró que con la medida de hoy se envía "un claro mensaje de que Rusia tendrá que rendir cuentas".

Tras la suspensión, Rusia anunció su retiro voluntario del Consejo de DDHH al considerar que éste se ha convertido en un instrumento de Occidente. "Nuestra decisión no significa que Rusia renuncie a sus obligaciones internacionales en el campo de la defensa de los derechos humanos", explicó Guennadi Kuzmín, embajador adjunto ruso ante la ONU. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, lamentó la decisión de la ONU y volvió a rechazar las acusaciones de haber perpetrado una masacre en Bucha. "Los cadáveres allí encontrados no fueron víctimas de militares rusos", aseguró en entrevista con la cadena británica Sky News.

Los votos

Entre los países latinoamericanos que apoyaron la medida, además de Argentina, están Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Mientras que Brasil, El Salvador y México se abstuvieron al considerar que es importante realizar una investigación sobre los presuntos crímenes antes de tomar medidas contra Rusia que podrían quebrantar un posible diálogo con Moscú.

En tanto, 24 países votaron en contra de la expulsión de Rusia, entre ellos Bolivia, Cuba, Nicaragua, China, Vietnam y Corea del Norte. Beijing por su parte denunció el “uso político” del Consejo y el doble rasero en el ámbito de los derechos humanos, en este sentido, se mostró en contra de "ejercer presión sobre otros países en nombre de los derechos humanos".

Mientras tanto este jueves el Papa recibió al nuevo embajador ucraniano ante el Vaticano, Andrei Yurash, que estuvo cerca de media hora con el Francisco. El encuentro fue en la Biblioteca Privada del Palacio Apostólico y se dio en medio de una sostenida condena del argentino Jorge Bergoglio a la invasión rusa, a la que ese jueves sumó su denuncia de "nuevas atrocidades".

Negociaciones sin acuerdo

Rusia acusó a Ucrania de modificar algunas de las propuestas que presentaron durante las negociaciones en Turquía. Según el ministro de Exteriores, Serguei Lavrov, Kiev quiere que el diálogo se alargue o fracase. El canciller además aseguró que las autoridades ucranianas están controladas por Washington y sus aliados.

"La incapacidad de llegar a acuerdos caracteriza una vez más las auténticas intenciones de Kiev y su política de alargar e incluso abortar las negociaciones a través de la renuncia a los entendimientos ya alcanzados", afirmó Lavrov en una declaración grabada. Según el jefe de la diplomacia rusa el proyecto de acuerdo presentado por Ucrania esta semana renuncia a los entendimientos previamente alcanzados y abandona puntos importantes consensuados en Estambul.

"En ese documento los ucranianos formularon claramente que las futuras garantías de seguridad de Ucrania no se extenderían a Crimea y Sebastopol. En el proyecto de ayer esa clara afirmación está ausente", explicó. "Figura la idea de que los asuntos de Crimea y el Donbás se abordarán en la reunión de los presidentes de Rusia y Ucrania. Todos recordamos cómo el presidente Zelenski aseguró más de una vez que dicha reunión es posible solamente después del cese de las acciones militares", subrayó.

Lavrov indicó que Kiev modificó sobre el estatus neutral, así como la necesidad de un acuerdo previo a la realización de cualquier ejercicio militar con la participación de “contingentes extranjeros”. Según el ministro de Exteriores ruso, ese punto fue modificado en la nueva propuesta y Kiev podría celebrar maniobras "con el beneplácito de la mayoría de los países garantes, sin ninguna alusión a Rusia".

Por su parte, Mijail Podoliak, integrante de la delegación ucraniana en las negociaciones, respondió a los dichos de Lavrov. "Lo importante es la fórmula de garantías de seguridad propuesta por Ucrania. Una fórmula clara, ponderada y con una gran cantidad de contrapesos", dijo. “Si Rusia quiere mostrar que está dispuesto al diálogo, debe reducir su hostilidad", declaró en su cuenta de Twitter.

"Nosotros hemos resistido"

Rusia además se expresó sobre las sanciones que recibió de occidente desde el inicio de la invasión a Ucrania. según el primer ministro, Mijail Mishustin, Moscú logró resistir el efecto negativo de las sanciones económicas y financieras.

"Los autores de esa estrategia esperaban que la tormenta de sanciones hundiría nuestra economía en unos pocos días. Su guion no se hizo realidad. Casi ningún otro Estado, excepto Rusia, hubiera podido haberle hecho frente a eso. Nosotros hemos resistido", subrayó Mishustin, al presentar un informe a la Duma (cámara baja del Parlamento). "La economía necesita tiempo para adaptarse. Es imposible no tener como mínimo medio año para adecuarse a un golpe como ese", dijo.

Mishustin se refirió a las más de 6.000 sanciones impuestas contra Rusia y aseguró que no tiene precedentes. "Se trata de sanciones individuales y sectoriales contra el Estado, pero lo más importante consiste en que van dirigidas contra todos los ciudadanos", precisó.

"Su objetivo era retrasarnos años o incluso décadas. Aislarnos del mundo. Forzar a Rusia a abandonar proyectos económicos y sociales prometedores. Atacar el nivel de vida de nuestros ciudadanos. Ellos están haciendo todo lo posible para impulsar la inflación, crear un déficit de bienes de consumo y, en última instancia, provocar una tensión social", señaló el primer ministro.

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Las "sanciones catastróficas" de Biden han fracasado, ya que el rublo se ha recuperado de manera espectacular al pasar de 150 a 85 por dólar. El presidente de Estados Unidos convivió con tropas de su país, en Jasionka, Polonia, el 25 de marzo pasado.Foto Ap

Más allá del desenlace bélico en Ucrania, lo que está en juego es el nuevo orden mundial (NOM). En eso concuerdan, con cosmogonías antagónicas, el ex presidente de Rusia Dmitry Medvedev (DM) y el presidente de Estados Unidos Joe Biden. DM delinea cómo Rusia, China e India configuran el NOM: "Acabó el mundo unipolar. Estados Unidos no es más el dueño del planeta" (https://bit.ly/3NMv6s2).

Ante la secta globalista de Business Roundtable (https://bit.ly/3j6lFFJ), en vísperas de su malograda visita a Polonia, Biden sentenció que su país "deberá liderar un NOM de países libres" (sic), que el monetarista Steve Forbes arguye deberá ser un "sistema monetario del tipo Bretton Woods" (https://bit.ly/36QJsXW), mientras el israelí-estadunidense Larry Fink, mandamás de BlackRock, oficiaba las exequias de la globalización (https://bit.ly/37j71Iq). Llega a su fin el "bono hegemónico" de Estados Unidos (https://bit.ly/3LH0czs), que descuelga en forma parasitaria alrededor del 10 por ciento del PIB global (95 billones de dólares), lo que constituye un poco menos de ¡la mitad del PIB de Estados Unidos (de casi 25 billones de dólares)!

Hace nueve años comenté, citando el libro clásico Caos y orden en el sistema mundo moderno, de Giovanni Arrighi y Beverly Silver (https://bit.ly/35J2v5R), que "los cambios del orden financiero del momento se han definido, desgraciadamente, por la vía militar". En un reciente video, aduje que la principal fortaleza de Estados Unidos todavía lo constituye el sistema financierista global que domina –al unísono de la anglósfera con La City en Londres– mediante sus tres pilares financieros (https://bit.ly/3LK7rql) todavía infranqueables: 1) el dólar, 2) el Swift y 3) Chips (no confundir con los semiconductores), el mayor sistema de compensación del dólar del mundo con casi 2 billones de dólares en pagos domésticos e internacionales al día (https://bit.ly/3KcbAm6).

Resulta y resalta que han fracasado las "sanciones catastróficas" de Biden, ya que el rublo se ha recuperado de manera espectacular al pasar de 150 a 85 por dólar, mientras India intercambia sus rupias por el petro-rublo y, Arabia Saudita ---cuyo rey Salmán no le contestó inverosímilmente el teléfono a Joe Biden, lo que de facto aniquiló al petrodólar después de 75 años–, mediante transacciones de su divisa el rial con el petro-yuan (https://bit.ly/35HCPq4).

El "nombre del juego" no es solamente el control monetarista, sino –hoy más que nunca– el dominio de los energéticos, alimentos y otras materias primas estratégicas, cuando Biden anunció la liberación de un millón de barriles diarios en un lapso de seis meses del petróleo de sus "reservas estratégicas" (https://on.ft.com/3LIR79d). Las "sanciones catastróficas" de Biden, más oleo-selectivas de parte de Alemania –principal superpotencia geoeconómica de la Unión Europea–, ostentan ya un "efecto bumerán" cuando amenazan ya a "erosionar el dominio del dólar estadunidense", según Gita Gopinath, primera vicedirectora ejecutiva del FMI, quien considera la "emergencia de pequeños (sic) bloques de divisas con base al comercio entre grupos separados (sic) de países" (https://on.ft.com/3jfpvfD).

El economista contestatario Michael Hudson asevera que "se acabó la hegemonía del dólar estadunidense" cuando la "economía mundial se fracturó en dos (sic) partes, una dolarizada y la otra en países que no siguen las políticas neoliberales que Estados Unidos insiste a sus aliados deben seguir. Asistimos al nacimiento (sic) de una nueva economía mundial dual" (https://bit.ly/3Kj2O6j).

Martin Wolf (MW), editor en jefe del Financial Times, portavoz del globalismo neoliberal, advierte la inminencia de "un nuevo mundo de desorden de divisas" cuando el "renminbi chino puede ser un adversario del dólar estadunidense, sin sustituirlo" (https://on.ft.com/3DIKbpS). MW admite a regañadientes que "pueden emerger dos (sic) sistemas monetarios, uno occidental y otro chino, operando en formas diferentes y con traslapes inconfortables".

Asistimos a una nueva bipolaridad geoestratégica regional: Estados Unidos/OTAN/Unión Europea frente al eje euroasiático de Rusia y China, cada uno con sus respectivos aliados (https://bit.ly/3uc9Cgt).

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Guerra Ucrania Rusia: escenarios posconflicto

La gran pregunta que por estas horas se formulan asesores y funcionarios del gobierno de Joe Biden es qué hacer con Rusia una vez que el conflicto con Ucrania termine o, al menos, entre un impasse. Y aquí es donde se nublan las perspectivas sobre un futuro que sea, al menos, un poco menos oscuro que este presente.

En Washington si existiría un consenso en establecer en el corto plazo un conjunto de medidas de reducción de riesgos sobre todo en cuanto al control de armas. Las preocupaciones por la utilización de armas nucleares, químicas y biológicas está a la orden del día, y su control es un punto de coincidencia entre demócratas y republicanos, y entre las pocas palomas y los muchos halcones que abundan en ambos partidos.

Visión de Guerra Fría

Pero más a largo plazo, sólo existe la indeterminación. En este sentido, no sería extraño que la visión que finalmente se imponga sea la impuesta por los viejos cuadros políticos provenientes de la Guerra Fría, comenzando por el propio presidente Biden y seguido por los miembros más destacados y añejos de su círculo íntimo.

La fórmula que seguramente elegirán será la de la “contención”, la misma que pretendieron desarrollar Estados Unidos y las principales potencias occidentales frente a una Unión Soviética que lucía irrefrenable una vez concluida la Segunda Guerra Mundial.

Sin embargo, y a tono con el momento actual, la contención política no serviría si al mismo tiempo no se insistiera en la recurrente (y cada vez más discutida) práctica de sanciones económicas como forma de castigo y como correctivo moral frente a abusos de poder, falta de libertades, restricciones democráticas, etc., que nutren el discurso de cualquier régimen liberal occidental.

En este sentido, la actual intervención de Rusia en Ucrania, dio pie a que los gobiernos de Estados Unidos, de la Unión Europea y de varios países europeos y asiáticos aplicaran sanciones económicas de una dureza notable. Se incluyen así bloqueos a las transacciones con los sectores industrial, bancario y energético, el congelamiento de billones de dólares en activos rusos, restricciones a la importación de recursos naturales y tecnológicos, así como también sanciones a empresas, entidades y personas, entre otras medidas.

Sanciones privadas

Pero esta situación tiene una particularidad y es que, además de las que provienen de los Estados, las sanciones también son aplicadas por empresas privadas.

Así, se han sumado las multinacionales dedicadas a la producción de energía, como las petroleras BP (British Petroleum), Shell y ExxonMobil; las automotrices Daimler Trucks, Volkswagen, Volvo y Ford; las aeronáuticas Boeing y Airbus; aerolíneas como British Airways y Delta; y gigantes financieros como Mastercard, Visa y American Express. Lo mismo podría decirse de la industria del espectáculo y el entretenimiento como Netflix, Warner, Disney, Sony y Nintendo, así como también cuatro símbolos del actual sistema capitalista como son Amazon, McDonald's, Coca Cola y Starbucks.

En todos los casos, este inédito bloqueo por parte de empresas privadas ha sido incentivado por los gobiernos, pero también por un comportamiento en el que prima el castigo y la cancelación como forma de aumentar las ventas y de mejorar la imagen corporativa, ya no sólo valorada en términos de “responsabilidad social” sino también de “compromiso político” con la libertad y la democracia.

Con todo, hasta el momento no se percibe que las sanciones hayan generado un efecto positivo sobre la situación interna en Rusia. Muy por el contrario, las directivas de Moscú hacia Ucrania se han mantenido sin cambios e, incluso, han provocado un mayor poder de fuego.

¿Qué expectativas tienen políticos y empresarios por medio de las sanciones? Fundamentalmente, provocar cambios internos a costa del malestar de la sociedad y de la creciente degradación de sus instituciones políticas. Sin duda, un mecanismo perverso que, en todo caso, apunta a generar un desborde violento de caos e ingobernabilidad como paso previo y necesario a la salida de Putin del gobierno.

Crisis global

Pero las sanciones no sólo tienen un trasfondo inmoral. Está claro que, a diferencia de otros casos, respecto a Rusia no sólo se atenta contra la economía del país, ya que los efectos de las sanciones afectan a toda la economía global. Así, las sanciones contra Rusia confrontan la racionalidad del sistema capitalista.

En Europa, ya se percibe un importante incremento en la inflación debido a la dependencia del suministro de materias primas, alimentos y energía. El gobierno de Biden (que sigue en descenso en las encuestas) debe lidiar con un aumento inédito en el precio de la gasolina, en tanto que resulta afectada la industria electrónica por la falta de semiconductores y baterías. Asimismo, varias naciones asiáticas comienzan a sufrir el fuerte aumento en los precios de la energía y de las materias primas.

Y todo eso sin ahondar en el crecimiento de la pobreza en los países en vías de desarrollo, y en el aumento del hambre y de los problemas estructurales en los países más pobres.

Así, el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) indica que, como resultado de las sanciones contra Rusia, el crecimiento mundial probablemente disminuirá a 2,5 por ciento en 2022 tras el 5,6 del año pasado.

Escenario Crítico

Frente a un escenario crítico en el que a la larga todos pierden, debería ensayarse una nueva mirada en torno a Rusia que contemple la necesidad de integrarla a la economía global antes que a castigarla a través de sanciones y de un creciente aislamiento internacional.

Se requieren por tanto nuevas fórmulas cooperativas que refuercen una nueva impronta multilateral a través de bloques y organizaciones que tiendan puentes en aspectos colaborativos, más allá del distanciamiento en términos de seguridad y de defensa.

Los BRICS podrían desempeñar un papel fundamental en el llamado a la paz entre Rusia y Ucrania. La CELAC, como un único bloque, también podría erigirse en un actor con capacidad de movilizar el diálogo. Mientras tanto, las Naciones Unidas deberían ser reformadas para adecuarse exitosamente a estos nuevos tiempos.

El imperativo es la paz, pero también la construcción de un nuevo orden global mucho más abierto e inclusivo.

*Investigador CONICET-Universidad Torcuato di Tella.

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La UE busca romper la neutralidad china sobre Rusia: "¿Quiere poner en juego su propia prosperidad?"

Bruselas y Pekín celebran una cumbre virtual con Ucrania como asunto central. Los europeos advierten a su contraparte de consecuencias importantes si da apoyo financiero o militar a Putin.

 

La UE y China se reúnen este viernes en la que será su cumbre número 23. Clima, comercio, biodiversidad o situación sanitaria serán algunos de los elementos que tratarán por videoconferencia Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Josep Borrell, Alto Representante, con Li Keqiang, primer ministro chino, y Xi Jinping, presidente del gigante asiático. Pero sin duda el plato fuerte de la cita será la guerra de Rusia en Ucrania, donde Pekín, aliado de Moscú, juega al gato y al ratón dejándose querer por ambos bandos.

No será un encuentro fácil: no habrá un comunicado o una rueda de prensa conjunta de ambos bloques. Tampoco será la cita del "business as usual" y todo está abierto. La guerra en Ucrania será el núcleo duro. Y centrará la cita desde todos los ángulos: el drama humanitario, el impacto global o el apoyo de la comunidad internacional. "La postura de China sobre la guerra de Rusia en Ucrania es la pregunta del millón de dólares", reconocen fuentes europeas. En la capital comunitaria asumen que China está intentando mantener la balanza para defender sus intereses y no esperan que eso cambie, pero sí buscan garantías de que este alineamiento con Moscú no irá a más. Von der Leyen y Michel pedirán a su homólogo chino que utilice su influencia para ayudar a poner fin a la guerra.

Los europeos tienen una misión clara y definida: dejar claro a Pekín que cualquier apoyo financiero o militar a Vladimir Putin o toda ayuda para sortear las sanciones internacionales le supondrá un coste importante en las relaciones bilaterales. E incluso podría materializarse en forma de medidas restrictivas, como ya le ocurre a la Bielorrusia de Alexander Lukashenko. Aunque los europeos evitan verbalizar esta amenaza para dejar más espacio al diálogo y no tensar demasiado la cuerda.

El objetivo es alinear a China con el grueso de la comunidad internacional en la condena a la invasión de Rusia contra su vecino. La UE cree que Xi Jinping, por sus importantes lazos con Putin, puede jugar un papel crucial en empujar al presidente ruso a la mesa de negociación. Sin embargo, rebajan sus ambiciones sobre su rol mediador debido a su parcialidad decantada hacia Moscú. "Quieren estar al lado de Rusia sin pagar un precio demasiado alto por ello y sin quedar atrapados y castigados como los rusos", resume el eurodiputado de Los Verdes Reinhard Bütikofer, líder de la delegación para las relaciones con China en el Parlamento Europeo.

En los pasillos de Bruselas defienden, además, que no está en interés del país que la guerra continúe. La economía global, la inflación o los problemas en la cadena de suministro también amenazan a la segunda mayor economía del mundo. Reducir sus lazos comerciales con el bloque comunitario sería otro azote que Pekín parece querer evitar. "No creo que China esté muy contenta con lo que está ocurriendo [en Ucrania]", ha señalado recientemente Josep Borrell.

El 40% del comercio chino depende del mercado de la UE. En el caso estadounidense es del 12,5% y en el ruso del 2,4%. "¿Quiere poner en peligro esta fuerte posición económica que tiene China en sus relaciones con sus mercados clave? ¿Quiere poner en peligro la estabilidad y las perspectivas de crecimiento de la economía global y de su propio país?", advierte otra fuente comunitaria. El presidente chino espera ser reelegido en el congreso del Partido Comunista que tendrá lugar el próximo otoño. Los europeos utilizarán esta bala para presionarle para que prime la estabilidad financiera que le ha alzado a la cuna global en los últimos años a la defensa férrea de Rusia.

China en el tablero global

China se ha abstenido en las dos resoluciones del Consejo de Seguridad y de la Asamblea Nacional de la ONU. "Nos acordaremos de todo aquel que no esté con nosotros en este momento de la historia", ha repetido durante estas semanas el jefe de la diplomacia europea. Los de Xi Jinping mantienen una postura complicada y cada vez más difícil de mantener en la partida de ajedrez internacional y en la mediación en torno al conflicto de Ucrania se ponen de perfil.

Mientras evitan hablar de invasión, asumen los argumentos rusos sobre la expansión de la OTAN y denuncian las sanciones internacionales, alegan que están dispuestos a trabajar con la comunidad internacional "para lograr un alto el fuego, promover conversaciones de paz y prevenir una crisis humanitaria" y a redoblar esfuerzos "para una pronta resolución del conflicto" teniendo en cuenta "las preocupaciones legítimas y razonables de todas las partes".

Los europeos ven a China como un competidor económico y un rival sistémico, pero también como un socio necesario para hacer frente a los desafíos del siglo XXI, como son el cambio climático o el regreso de la guerra al Viejo Continente. Y mantener este equilibrio no es fácil. El encuentro llega, además, en un momento complicado para las relaciones Bruselas-Pekín. El año pasado estuvo marcado por importantes fricciones a buena cuenta de la situación del deterioro de represión china en Hong Kong, en Taiwán y en su persecución con la minoría uigur.

El régimen chino impuso sanciones contra el Parlamento Europeo después de que la UE aprobase castigos a China por vulnerar los derechos humanos de la minoría uigur en Xinjiang. El 2021 también fue el año en el que el histórico acuerdo de inversiones UE-China quedó herido de muerte después de que la Eurocámara se negase a darle luz verde. Y la guinda final llegó con la disputa entre China y Lituania después de que este último estrechase los lazos diplomáticos con Taiwán y que concluyó con la denuncia de Bruselas contra China ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por sancionar las exportaciones procedentes de Vilna. "Todo ello ha creado un ambiente político difícil de gestionar", reconocen en Bruselas.

El 4 de febrero, tres semanas antes de la invasión, Pekín y Moscú firmaron un memorándum que consolidaba su amistad y sus áreas de interés mutuas "sin límites". En los pasillos de Bruselas vieron este movimiento como la certificación hacia sus posturas revisionistas y hacia un eje "autoritario". Así lo refleja también el informe anual de la OTAN, presentado este jueves en los cuarteles generales de la Alianza: "Hemos entrado en una nueva era de seguridad global, donde los poderes autoritarios como Rusia o China están abiertamente confrontando los principios básicos de nuestra seguridad y tratando de reescribir el orden internacional sobre el que depende nuestra paz y seguridad".

Una de las estrategias de los europeos será presionar a los chinos para que defiendan los pilares del Derecho Internacional y de las leyes humanitarias por su responsabilidad y deber moral como sillón del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y como potencia global, económica y nuclear. "China debe darse cuenta de responsabilidad en la economía y la seguridad global", afirman fuentes europeas.

bruselas

31/03/2022

Por María G. Zornoza@MariaGZornoza

Publicado enInternacional
El presidente Lacalle Pou votando en el referendo.. Imagen: Télam

El Frente Amplio no logra los votos necesarios para derogar 135 artículos de una ley que condensa el programa del Ejecutivo

 

Luis Lacalle Pou ha salido airoso, aunque con lo justo, de una dura disputa electoral con el Frente Amplio, la principal fuerza opositora de Uruguay. El 51,17% de los uruguayos votó en un referendo por no derogar 135 artículos de una ley ómnibus considerada vital por el Ejecutivo. La opción por el “no” superó por 50.000 votos a la opción por el “sí”, que pedía por la anulación de los artículos. “Etapa superada”, dijo el presidente Lacalle Pou el domingo por la noche, una vez conocidos los resultados.

Los uruguayos votaron por no derogar 135 artículos de los 476 que constituyen la llamada Ley de Urgente Consideración (LUC), enviada por Luis Lacalle Pou en el inicio de su Gobierno, hace dos años. La norma, considerada la base del programa de la derecha uruguaya, retoca decenas de artículos de otras leyes, que ven alterado su espíritu original.

El abanico de temas es muy amplio: desde las condiciones para ajustar el precio de los combustibles o nuevos límites al derecho de huelga hasta el rol del Estado en la economía, la educación, el trabajo o la seguridad. Entre otros puntos, establece, por ejemplo, la desmonopolización de algunos servicios estatales como internet, telefonía, electricidad o hidrocarburos. También aumenta las penas para delitos como la ocupación de espacios públicos, y pone límites a las protestas callejeas.

Lacalle Pou sostuvo este domingo que la ley “está pensada para el bien de todos los uruguayos”. Para la izquierda, reunida en el Frente Amplio, la fuerza que hasta la llegada del actual presidente conservador gobernó en Uruguay durante 15 años, la ley ómnibus vulnera derechos importantes de la población y fomenta los abusos policiales. Por eso se opuso a ella en el Congreso, pero sin poder quebrar la mayoría que ostenta la derecha. Perdida la batalla legislativa, el Frente Amplio logró entonces juntar casi 800.000 firmas, todo en récord en la historia del país sudamericano, para forzar el mecanismo constitucional de la impugnación de una ley y llevarla a las urnas.

El referendo se convirtió así en mucho más que la discusión sobre un centenar de artículos polémicos. La campaña viró hacia el apoyo o el rechazo de la gestión de Lacalle Pou, al frente de una alianza de cinco partidos que van desde una socialdemocracia de estilo europeo a las opciones nacionalistas más duras. El Frente Amplio puso en evidencia su poder de movilización en la calle con la recolección de firmas, pero no pudo trasladar ese éxito a las urnas. “Estuvimos muy próximos a alcanzar nuestro objetivo” de anular los 135 artículos de la LUC, dijo el comando por el “sí” en un comunicado en que el que reconoció la derrota.

Lacalle Pou ha salido finalmente fortalecido, aunque el resultado puso en evidencia que Uruguay está dividido en dos grandes coaliciones que representan al electorado casi en partes iguales. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, advirtió que Gobierno y la oposición deberán ahora “buscar consensos que puedan posibilitar leyes que tengan mayores apoyos que apenas una mitad”.

Por Federico Rivas Molina

Buenos Aires - 27 mar 2022 - 23:21 COT


Página12

 

Empate técnico en el referendum sobre la Ley de Urgente Consideración

Uruguay, dividido exactamente al medio

Por Gustavo Veiga

Desde Montevideo

Más allá del desenlace que tuvo el referéndum votado por el pueblo uruguayo, la sensación que queda es la de un país partido en dos. El resultado para definir el futuro de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue sintetizado por todos los analistas locales como un empate técnico entre el Sí y el No, la papeleta rosa y la celeste, la oposición del Frente Amplio más varios sectores sociales y una coalición gobernante de derecha liderada por el presidente Luis Lacalle Pou. Con guarismos para las dos opciones electorales muy semejantes (49,8 por ciento por el No y 48,8 por Sí), el mandatario declaró en conferencia de prensa: “En este momento se puede establecer claramente que no se ha llegado a los votos necesarios para la derogación de los 135 artículos” de la norma.

La constitución precisa en estas instancias que el ganador del referéndum se proclama sobre el total de sufragios válidos y eso incluye a los votos en blanco. El porcentaje de estos últimos resultó bajísimo (apenas por encima del 1 por ciento) y eso abrió una polémica sobre la resolución del acto electoral. La situación jugó a favor del oficialismo, que aspiraba a ratificar la norma sometida a escrutinio público en toda su extensión. Para los sectores que apoyaron el Sí, la primera parte de la campaña se cumplió con creces: se juntó más del 25 por ciento de los empadronados y se forzó el referéndum. Hacia el final de la jornada las cifras eran muy apretadas y ahora resta esperar la convalidación de la Corte Electoral y al segundo escrutinio que se prevé.

Una señal evidente de cómo se tomó en cada fuerza el resultado de la votación se vivió en la calle. La mesa que promovía el Sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC convocó frente al monumento al Gaucho, sobre la tradicional avenida 18 de julio de esta ciudad. La militancia salió a festejar la remontada que se logró después de partir desde abajo en las encuestas previas. Muy gráfico, el dirigente Gustavo González, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua, dijo una frase futbolera desde el palco que definió el tono de su discurso: “Con 15 minutos más los cagábamos a pelotazos”.

En la vereda opuesta, el ex presidente de la nación e histórico dirigente colorado, Julio María Sanguinetti, declaró: “Acá lo que importa es si se deroga o no se deroga, y no se va a derogar". Ni el general Manini Ríos, de la ultraderechista fuerza oficialista Cabildo Abierto, se animó a tanto. Prefirió defender a la Policía y negar que había aumentado la represión. Y cuando se refirió a la LUC, agregó: “Esta ley no es mágica”.

El país dividido en dos mitades casi iguales también se sustenta en la distribución del voto. La macrocéfala condición del Uruguay, con un padrón concentrado entre los departamentos de Montevideo y Canelones, le dio una ventaja holgada a la opción por el Sí en los principales centros urbanos. Sucedió lo contrario en el interior donde fue la alternativa del No que apoyaba el gobierno, la vencedora. La diferencia contabilizada por la Corte Electoral al cierre del escrutinio fue de 48.350 votos a favor de la boleta celeste, pero incluyendo en esa cifra a los votos en blanco. Solo así se entiende la victoria final del No.

Fueron 1.053.199 votos para la propuesta de mantener la LUC como está y 1.030.673 para convalidar su derogación. Como fuere, en la oposición y de cara a los comicios de 2024 se percibió una cuestión. El Sí rondó los votos que obtuvo la fórmula encabezada por Daniel Martínez que sacó el 47,35 por ciento en 2019. Ese dato alimenta sus expectativas de recuperar el gobierno en dos años y medio.

La Corte Electoral

El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, – donde tiene mayoría el oficialismo – remarcó apenas se cerró el referéndum que “fue una jornada ejemplar, sin ninguna denuncia, algo a lo que nos tiene acostumbrado el pueblo uruguayo”. Dio detalles de cómo se desarrolló el escrutinio que – destacó – “se realizó sin intervención humana” gracias a un software donde la recepción final de los votos se hizo en la ciudad de Pando.

El funcionario que preside la Corte desde 2014 señaló que “a las 16.30 ya había votado el 67 por ciento del padrón” de 2.684.131 uruguayos que estaban habilitados para participar en 7.060 circuitos electorales de todo el país.

Momentos después de cerrarse la votación a las 19.30, distintas expresiones de las dos fuerzas políticas más importantes del país, la coalición de derecha de cinco partidos en el gobierno y la oposición del Frente Amplio, coincidieron en resaltar el civismo con que transcurrió la jornada en todo el país. Un valor del que los uruguayos se ufanan más allá del sector que puedan representar.

La intendenta de Montevideo, la frenteamplista Carolina Cosse, posible candidata a la presidencia en 2024, reivindicó la participación popular: “Quiero saludar a los que votaron por el Si, a los que también lo hicieron por el No e incluso a los que votaron en blanco. Este es un fenómeno único en el mundo. Yo viví la campaña como una demostración de la avidez por participar. Una gran cantidad de ciudadanos se expresó y logró que se alcanzara esta demostración de democracia directa que es el referéndum. Percibo que ahora tenemos una democracia con más aire, más ágil, renovada y eso le hace muy bien a nuestro sistema electoral”.

La expresión más derechista del gobierno, Manini Ríos de Cabildo Abierto, dijo después de votar en el Colegio Inmaculado Corazón de María: “fue una fiesta de la democracia donde el pueblo uruguayo asumió por un día el papel de legislador”. Otro representante del oficialismo, el senador del sector herrerista del Partido Nacional, Gustavo Penadés, comentó: “Se vivió una jornada absolutamente normal. El gobierno va a respetar el resultado y esperamos que lo haga también el sector que promovió la papeleta del Sí”.

El presidente del Frente Amplio y ex líder de la central sindical PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que “el gobierno recibió un cimbronazo” y que “no podemos vivir obsesionados con 2024. El Frente Amplio llegó para transformar el Uruguay y lo transformó. Si hay algo para celebrar es la convivencia pacífica entre ciudadanos y que más allá del referéndum, dialogamos con cordialidad”. Gabriel Otero, diputado nacional del MPP en el FA, reivindicó la tarea militante que consiguió las firmas necesarias para alcanzar el referéndum: “Arrancamos a fines de 2020 con la junta de adhesiones y fue una cifra récord para todos los referéndums. La primera victoria fue esa, alcanzamos un triunfo claro en ese aspecto. Nosotros no pensamos: cuanto peor, mejor. Queremos que el pueblo uruguayo viva dignamente, como se merece”.

Las chicanas del oficialismo

Felipe Schipani, diputado del Partido Colorado, otra de las expresiones políticas del gobierno, fue una de las escasas voces discordantes con su mirada sobre el referéndum. Definió a la campaña electoral como la “más sucia en muchas décadas del Uruguay donde se han dicho muchas falsedades, se ha actuado con enorme deshonestidad intelectual en los planteos”, con una alusión obvia a la oposición del Frente Amplio.

En un plano más risueño, de chicana hacia quienes se quejaron de ciertos operativos policiales durante la veda, el propio presidente Lacalle Pou se involucró en uno de los hechos noticiosos del fin de semana. La requisa en el club Progreso que gobernó Tabaré Vázquez entre 1979 y 1989, el dos veces presidente uruguayo. Dijo que la denuncia contra el operativo parecía salida de la película Harry Potter. “¿A alguien le cabe en la cabeza que la Policía Nacional va a hacer una requisa de listas o de publicidad de un partido político en una cancha de fútbol? Parece Harry Potter eso”.

El folclore electoral de este pequeño país permite pensar que todo pleito en las urnas se resuelve a la uruguaya. Con una marcada civilidad y la percepción de que su sistema electoral funciona más allá de los diferentes modelos que cada uno defienda.

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Domingo, 27 Marzo 2022 05:10

Perú: semana clave para Pedro Castillo

Pedro Castillo se defenderá en el Congreso peruano.. Imagen: EFE

Este lunes enfrentará un poceso de juicio político en el Congreso

El Congreso, controlado por la oposición de derecha, votará un pedido para destituirlo por supuesta “incapacidad moral”. 

Este lunes será un día decisivo para el gobierno de Pedro Castillo, y para la democracia peruana. El Congreso, controlado por la oposición de derecha, debatirá y votará un pedido para destituir al mandatario por supuesta “incapacidad moral”. Se trata de una ambigua figura que los parlamentarios están forzando para colocar bajo ese membrete acusaciones por corrupción que todavía están en investigación, denuncias contra terceros que son cargadas al mandatario, cuestionamientos a nombramientos de ministros y críticas a declaraciones periodísticas del jefe de Estado. Cargos débiles o abiertamente inconsistentes con los que se intenta sacar de la presidencia, por segunda vez en menos de ocho meses de gobierno, al maestro rural y sindicalista de izquierda que sorprendió en las elecciones de 2021 y ha desplazado del poder a la derecha, que ahora contraataca con maniobras golpistas.

Embate de la ultraderecha

El pedido de destitución de Castillo es promovido por la ultraderecha, con el fujimorismo en un rol clave, y para llegar a debatirse este lunes en el Congreso ha tenido el respaldo de bancadas de centro derecha. El inicio del proceso de destitución fue aprobado por 76 votos de 130 miembros del Parlamento unicameral. Para concretar el derrocamiento de Castillo se necesitan 87 votos. Se considera altamente improbable que la ultraderecha consiga esos votos, pero la política peruana suele dar sorpresas.

Castillo he rechazado las acusaciones en su contra –“yo no he venido a robarle un centavo al pueblo”, ha repetido- y ha acusado a un sector de la oposición parlamentaria de querer destituirlo desde el primer día de su gobierno. Una referencia a la ultraderecha que no aceptó su triunfo electoral, intentó evitar que asuma el poder y que desde el inicio del gobierno conspira para derrocarlo.

Advertencia de la CIDH

Organismos internacionales han expresado su preocupación por el futuro de la democracia peruana por este uso forzado de la “incapacidad moral” para buscar destituir a un presidente legítimo. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha solicitado al Congreso que se permita que a la sesión parlamentaria en la que se decidirá la destitución o continuidad de Castillo asistan tres observadores de ese organismo. Los promotores del pedido de vacancia presidencial -como se llama a la destitución del presidente por “incapacidad moral” en el Congreso- han expresado su malestar con este pedido de la OEA. Desde el oficialismo respaldan la participación de estos observadores. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresa en un comunicado su “preocupación por el uso de esta figura jurídica (la incapacidad moral) de manera reiterada y discrecional por parte del Congreso”. En diciembre pasado, el Congreso ya intentó destituir a Castillo por “incapacidad moral”, pero no alcanzó los votos necesarios para concretar el golpe parlamentario. La CIDH señala que un proceso de destitución del presidente debe “fundarse en conductas señaladas con precisión que doten a este proceso de objetividad, imparcialidad y garantías del debido proceso”. En este proceso, que es sumario y donde todo se decide en un solo día sin un juicio político previo, con cargos que no adjuntan pruebas sólidas y con una evidente voluntad de un sector del Congreso de derrocar como sea a Castillo, esas garantías que exige la CIDH no se dan.

“Si cae Castillo, caemos todos, todos los pueblos del Perú”, ha dicho el jefe del gabinete ministerial Aníbal Torres. “Esos ladrones que nos han robado miles de millones en gobiernos anteriores están detrás de la vacancia de Pedro Castillo porque han perdido la mamadera”.  

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