Biden y el rompecabezas de las relaciones con China

El presidente Joe Biden deberá afrontar en lo inmediato una serie de crisis interiores extraordinarias –una pandemia que se dispara, una economía en punto muerto y punzantes heridas políticas, en particular tras el reciente ataque de los trumpistas al Capitolio–, pero pocos desafíos son susceptibles de resultar más graves que la gestión de las relaciones de Estados Unidos con China. Aunque suelen ser consideradas como una lejana preocupación de política exterior, estas relaciones son de hecho omnipresentes y afectan a la economía, al coronavirus, al cambio climático, a la ciencia y la tecnología, a la cultura popular y al ciberespacio.

Si la nueva administración continúa la vía trazada por la precedente, una cosa será segura: Estados Unidos se verá arrastrado a una nueva e insidiosa guerra fría con este país, lo que dificultará los progresos en casi todos los ámbitos importantes. Para lograr verdaderos avances en el actual desorden mundial, el equipo de Biden deberá ante todo evitar este conflicto futuro y encontrar medios de colaborar con su poderoso adversario. Pero algo es seguro: la búsqueda de una forma de navegar por esta vía minada resultará muy exigente para los más experimentados responsables del equipo dirigente de Biden.

Aun sin los corrosivos efectos de la diplomacia hostil de Donald Trump en estos últimos años, China plantearía un desafío enorme a cualquier nueva administración. Se jacta de ser la segunda economía mundial y, según algunos analistas, pronto superará a Estados Unidos para convertirse en la número uno. Aunque haya muchas razones para condenar la forma como Pekín ha abordado la pandemia del coronavirus, el severo confinamiento autoritario a escala nacional (después de que China rechazase inicialmente reconocer la existencia del virus y el alcance de su propagación) ha permitido al país recuperarse de la covid-19 más rápido que la mayoría de los países. En consecuencia, Pekín registró ya un fuerte crecimiento económico durante el segundo semestre de 2020, la única gran economía del planeta en hacerlo. Esto significa que China está más que nunca en condiciones de dictar las reglas de la economía mundial, una situación confirmada por la reciente decisión de la Unión Europea de firmar un importante acuerdo de comercio e inversión con Pekín [acuerdo de finales de 2020 concluyendo unas negociaciones comenzadas en 2013], dejando simbólicamente de lado a Estados Unidos, justo antes de la entrada en funcionamiento de la administración Biden.

Después de años de aumentar sus gastos de defensa, China posee ya el segundo ejército más importante del mundo, dotado de un moderno arsenal de todos los tipos. Aunque no sea capaz de enfrentarse a Estados Unidos en alta mar o en regiones alejadas, su ejército –el Ejército Popular de Liberación, EPL– está ya en condiciones de desafiar la antigua supremacía de América en regiones más cercanas, como el extremo oeste del Pacífico. Desde la expansión imperial de Japón en los años 1930 y comienzo de los 1940, Washington no se había encontrado con un enemigo tan temible en esta parte del mundo.

En algunos ámbitos críticos –avances científicos y tecnológicos, influencia diplomática y finanzas internacionales, entre otros–, China cuestiona ya, incluso supera, la primacía mundial largo tiempo asumida por Estados Unidos. En otras palabras, en muchos frentes, tratar con China plantea un enorme problema al nuevo equipo dirigente estadounidense. Peor aún, las nefastas políticas de la administración Trump respecto a China, combinadas con las políticas autoritarias y militaristas del presidente chino Xi Jinping, plantean desafíos inmediatos a Joe Biden a la hora de gestionar las relaciones entre Estados Unidos y China.

La herencia tóxica de Trump

Donald Trump hizo campaña por la presidencia comprometiéndose a castigar a China por su pretendida voluntad sistémica de construir su economía robando la de Estados Unidos. En 2016 juró que, si era elegido presidente, utilizaría el poder del comercio para poner fin a las prácticas nefastas de este país y restaurar la primacía mundial de Estados Unidos. Una vez instalado en la Casa Blanca, efectivamente, impuso una serie de derechos de aduana sobre el equivalente a unos 360.000 millones de dólares de importaciones chinas –un gran obstáculo para la mejora de las relaciones con Pekín–. Joe Biden debe decidir si mantiene estas barreras aduaneras, las suaviza o las elimina por completo.

Las restricciones impuestas al acceso de empresas chinas a la tecnología americana, en particular a programas y microchips punteros, necesarios para el futuro desarrollo de las telecomunicaciones de quinta generación (5G), son aún más amenazantes para unas futuras relaciones cordiales. En mayo de 2019, afirmando que las grandes empresas chinas de telecomunicaciones como Huawei y ZTE Corporación tenían vínculos con el EPL y representaban por tanto una amenaza para la seguridad nacional americana, Trump aprobó un decreto prohibiendo a estas empresas comprar a empresas estadounidenses microchips y otros equipamientos de alta tecnología. Le siguieron una serie de decretos y otras medidas. Pretendían restringir el acceso de las empresas chinas a la tecnología americana.

En el marco de estas acciones y de otras iniciativas conexas, el presidente Trump y sus principales asociados –sobre todo el secretario de Estado, Mike Pompeo, y Peter Navarro, asistente del presidente en el White House Nacional Trade Council– afirmaron que actuaban para proteger la seguridad nacional contra el riesgo de operaciones de información llevadas a cabo por el EPL. No obstante, según sus declaraciones de la época, era evidente que su verdadera intención era la de obstaculizar el progreso tecnológico de China para debilitar su competitividad económica a largo plazo. También aquí, Biden y su equipo tendrán que decidir si mantiene las restricciones impuestas por Trump, lo que afectaría todavía más a las relaciones chino-americanas, o da marcha atrás en un esfuerzo por mejorar estas relaciones.

La crisis china: dimensiones militar y diplomática

Un desafío aún mayor para el presidente Biden serán las iniciativas militares y diplomáticas agresivas emprendidas por la administración Trump. En 2018, su secretario de Estado de Defensa, Jim Mattis [que entró en el 20 de enero de 2017 y dimitió en febrero de 2019], publicó una nueva doctrina militar con el título de “Concurrencia de grandes potencias”. Debía regular la futura planificación del Ministerio de Defensa. Tal como enunciaba la política oficial de defensa nacional del Pentágono de dicho año, la doctrina preveía que las fuerzas estadounidenses debían concentrarse en adelante no ya en la lucha contra los terroristas islamistas en las regiones atrasadas del tercer mundo, sino en la lucha contra China y Rusia en Eurasia. “Aunque el Ministerio sigue adelante en la campaña contra los terroristas”, declaró Mattis el 26 de abril de 2018 ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, “el principal objetivo de la seguridad nacional de Estados Unidos a largo plazo es la concurrencia estratégica; no el terrorismo”.

Conforme a esta política, durante los años siguientes se ha recentrado y reorganizado considerablemente el conjunto del establishment militar, pasando de una fuerza antiterrorista y antiinsurreccional a una fuerza armada equipada y concentrada en la lucha contra los ejércitos chino y ruso, en la periferia de estos mismos países. “Hoy día, en esta era de competición entre las grandes potencias, el Ministerio de Defensa ha dado prioridad a China, y después a Rusia, como nuestros principales competidores estratégicos”, declaró el secretario de Defensa Mark Esper el 16 de setiembre de 2020, poco antes de ser sustituido por el presidente por haber apoyado, junto a otros, un llamamiento a reducir el número de bases militares americanas que siguen llevando hoy en día el nombre de generales confederales durante la guerra civil. Hecho significativo: cuando todavía estaba en el poder, Mark Esper identificó a China como el competidor estratégico número uno de Estados Unidos, una distinción que Jim Mattis no llegó a hacer.

Para asegurar la primacía de Washington en esta competición, Mark Esper destacó tres grandes prioridades estratégicas: la militarización de las tecnologías punta, proseguir la modernización y la mejora del arsenal nuclear del país, y el reforzamiento de los lazos militares con los países aliados que rodean a China. “Para modernizar nuestras capacidades”, declaró, “hemos conseguido obtener financiación para tecnologías que cambian la situación, como la inteligencia artificial, la hipersónica, la energía dirigida [por ejemplo radiación electromagnética, láseres, haz de partículas, etc.] y las redes 5G”. También se han realizado progresos significativos, afirmó, en la “recapitalización de nuestra tríada nuclear estratégica”: el redoblado amplio arsenal de misiles balísticos intercontinentales con base en tierra (ICBM), misiles balísticos lanzados por submarinos (SLBM) y bombarderos nucleares de largo alcance. Además, con el objetivo de cercar a China con un sistema de alianzas hostil dirigido por Estados Unidos, Mark Esper se jactó: “Ponemos en marcha un plan coordinado, el primero de este tipo, para reforzar a los aliados y construir socios”.

Para los dirigentes chinos, el hecho de que la política militar de Washington apele en adelante a semejante programa con tres componentes de modernización de armas no nucleares, de modernización de armas nucleares y de cerco militar, significa una cosa evidente: están confrontados a una amenaza estratégica a largo plazo que necesitará una gran movilización de sus capacidades militares, económicas y tecnológicas para poder responder. Lo cual es, desde luego, la definición misma de una nueva competición de tipo guerra fría. Y los dirigentes chinos han dejado bien claro que se opondrán a cualquier iniciativa de este tipo, tomando las medidas que juzguen necesarias para defender la soberanía y los intereses nacionales de China. No es sorprendente por tanto enterarse de que, al igual que Estados Unidos, están adquiriendo un amplio abanico de modernas armas nucleares y no nucleares, así como militarizando las tecnologías emergentes para asegurar el éxito o al menos una apariencia de paridad en un choque futuro con las fuerzas de Estados Unidos.

Paralelamente a estas iniciativas militares, la administración Trump ha pretendido perjudicar a China y frenar su desarrollo por medio de una estrategia coordinada de guerra diplomática –esfuerzos que incluyen sobre todo un mayor apoyo a la isla de Taiwán (reivindicada por China como una provincia secesionista), lazos militares cada vez más estrechos con India y la promoción de vínculos militares comunes entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, un acuerdo conocido con el nombre de “the Quad” [Foreign Policy, 8/10/2020, The Quadrilateral Security Dialogue].

La mejora de los lazos con Taiwán era un objetivo particular de la administración Trump (y una provocación particular hacia Pekín). Desde que el presidente Jimmy Carter aceptó reconocer como el gobierno legítimo de China al régimen comunista de Pekín en 1978, y no a los taiwaneses, todas las administraciones americanas han intentado evitar la apariencia de una relación oficial de alto nivel con los dirigentes de Taipéi, aunque Estados Unidos haya continuado vendiéndoles armas y manteniendo otras formas de relaciones intergubernamentales.

Sin embargo, durante los años Trump, Washington se ha implicado en cierto número de acciones muy mediáticas con el objetivo de mostrar su apoyo al gobierno taiwanés. Contrariando con ello a los dirigentes chinos. Entre estas acciones figura la visita a Taipéi, el pasado agosto, del secretario de Salud y Servicios Sociales Alex Azar II, la primera visita de este tipo efectuada por un secretario de gabinete desde 1979. Otro gesto provocador quería ser la reunión con altos responsables taiwaneses en Taipéi por parte de la embajadora americana ante Naciones Unidas, Kelly Craft [este encuentro fue anulado a comienzos de enero]. La administración también ha intentado obtener para Taiwán la condición de observador ante la Organización Mundial de la Salud y otros organismos internacionales para reforzar su imagen de nación de pleno derecho. Igualmente preocupante para Pekín, la administración ha autorizado durante los dos últimos años nuevas ventas de armas avanzadas a Taiwán, por un total de 16.600 millones de dólares, incluyendo una venta récord de 8.000 millones de dólares por 66 aviones de caza F-16C/D.

El reforzamiento de los lazos de Estados Unidos con India y otros miembros de la Cuadrilateral (Quad) ha sido también una prioridad de política exterior de la administración Trump. En octubre de 2020, Mike Pompeo acudió a India por tercera vez como secretario de Estado y aprovechó la ocasión para denunciar a China, promoviendo vínculos militares más estrechos entre India y Estados Unidos. Recordó a los veinte soldados indios muertos en un enfrentamiento fronterizo con fuerzas chinas en junio de 2020, insistiendo en el hecho de que “Estados Unidos estará al lado del pueblo indio frente a las amenazas que pesan sobre su soberanía y su libertad”. El ministro de Defensa Mark Esper, que acompañó a Pompeo en este viaje a Nueva Delhi, habló de una cooperación creciente con India en el ámbito de la defensa, incluyendo ventas potenciales de aviones de caza y sistemas aéreos sin tripulación.

Ambos responsables felicitaron al país por su futura participación en Malabar, los ejercicios navales conjuntos de la Quad que tendrán lugar en noviembre en la bahía de Bengala. Aunque nadie lo diga explícitamente, este ejercicio ha sido ampliamente considerado como el primer ejercicio de la alianza militar naciente para contener a China. “Es más importante que nunca un enfoque colaborativo de la seguridad y de la estabilidad regionales, con el fin de disuadir a todos aquellos que rechazan una región indo-pacífica libre y abierta”, comentó Ryan Easterday, comandante del destructor de misiles dirigidos USS John S. McCain, uno de los navíos participantes.

Ni que decir tiene que todo esto representa una herencia compleja y formidable a superar para el presidente Biden, que pretende establecer una relación menos hostil con los chinos.

El problema Xi Jinping del presidente Biden

Queda claro que la herencia perturbadora de Trump hará difícil para el presidente Biden detener la pendiente descendente de las relaciones chino-americanas y el régimen de Xi Jinping en Pekín no le facilitará la tarea. No es este el lugar para un análisis detallado del giro de Xi en los últimos años hacia el autoritarismo o de su creciente dependencia de una perspectiva militarista para asegurarse la lealtad (o la sumisión) del pueblo chino. Se ha escrito mucho sobre la supresión de las libertades civiles en China y la reducción al silencio de todas las formas de disidencia. Igualmente inquietante es la adopción de una nueva ley sobre seguridad nacional para Hong Kong, utilizada ahora para detener todas las críticas al gobierno de China continental y las voces políticas independientes de todo tipo. Y nada es comparable al intento de extinción brutal de la identidad musulmana uigur en la región autónoma del Xining, en el extremo oeste de China. Ha supuesto el encarcelamiento de un millón de personas, incluso más, en equivalentes a campos de concentración.

La supresión de las libertades civiles y de los derechos humanos en China hará particularmente difícil para la administración Biden reconectar con Pekín, ya que él es desde hace mucho tiempo un ardiente defensor de los derechos civiles en Estados Unidos, lo mismo que la vicepresidenta Kamala Harris y muchos de sus colaboradores cercanos. Les resultará prácticamente imposible negociar con el régimen de Xi sobre cualquier cuestión sin plantear el tema de los derechos humanos; y ello, a su vez, no dejará de suscitar la hostilidad de los dirigentes chinos.

Xi ha recentralizado también el poder económico en manos del Estado, invirtiendo así la tendencia de sus predecesores inmediatos a una mayor liberalización económica. Las empresas de Estado continúan recibiendo la parte del león de los préstamos y otras ventajas financieras del Estado, lo que desfavorece a las empresas privadas. Además, Xi ha intentado obstaculizar a las grandes empresas privadas como el Ant Group, la exitosa empresa de pagos electrónicos fundada por Jack Ma [fundador de Alibaba], el empresario privado más famoso de China.

A la vez que consolidaba su poder económico en el país, el presidente chino ha logrado establecer relaciones económicas y comerciales con otros países. En noviembre, China y catorce naciones, entre ellas Australia, Japón, Nueva Zelanda y Corea del Sur (pero no Estados Unidos), firmaron uno de los mayores pactos de librecambio en el mundo, la Asociación Económica Regional Global (RCEP). Considerada como sucesora de la desgraciada asociación transpacífica de la que se retiró el presidente Trump al poco de comenzar su mandato, la RCEP facilitará el comercio entre países que representan una población de unos 2.200 millones de personas, más que cualquier otro acuerdo precedente de este tipo. Y después está el acuerdo de inversión que acaba de ser concluido entre la Unión Europea y China, otro megaacuerdo que excluye a Estados Unidos, así como la ambiciosa iniciativa china Belt and Road [la Ruta de la Seda], por un total de más de un billón de dólares, que pretende unir más estrechamente a Pekín con las economías de los países de Eurasia y África.

En otras palabras, para la administración Biden será tanto más difícil ejercer un efecto de palanca económica sobre China o permitir a las grandes empresas de Estados Unidos actuar como socios para hacer presión en favor del cambio en este país, como lo hicieron en el pasado.

 Las opciones del presidente Biden

El propio Joe Biden no ha dicho gran cosa sobre lo que tiene pensado respecto a las relaciones americano-chinas, pero lo poco que ha dicho sugiere una gran ambivalencia en cuanto a sus principales prioridades. En su declaración más explícita sobre política exterior, un artículo aparecido en el número de marzo/abril de la revista Foreign Affairs, habló de “mostrarse duro” con China en materia de comercio y derechos humanos, a la vez que buscar un terreno de entente sobre cuestiones clave como Corea del Norte y el cambio climático.

Aun criticando a la administración Trump por haberse enfrentado a aliados de Estados Unidos como Canadá y potencias de la OTAN, afirmó que “Estados Unidos debe ser duro con China”. Si China hace lo que quiere, continuó, “seguirá robando a Estados Unidos y a las empresas de Estados Unidos su tecnología y su propiedad intelectual [y] seguirá utilizando subvenciones para dar a sus empresas de Estado una ventaja competitiva injusta”. El enfoque más eficaz para contestar a este desafío, escribió, “es construir un frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China, incluso aunque intentemos cooperar con Pekín sobre cuestiones en que convergen nuestros intereses, como el cambio climático, la no proliferación [nuclear] y la seguridad sanitaria mundial”.

Esto suena bien, pero es una posición intrínsecamente contradictoria. Si algo temen los dirigentes chinos –y a lo que resistirán con todo el peso de sus poderes– es la formación de un “frente unido de aliados y socios de Estados Unidos para hacer frente a los comportamientos abusivos de China”. Es más o menos lo que la administración Trump ha intentado hacer sin producir ventajas significativas para Estados Unidos. Biden deberá decidir dónde sitúa su principal prioridad. ¿Se trata de poner un freno a los comportamientos abusivos y a las violaciones de derechos humanos de China o de obtener la cooperación de la otra gran potencia del planeta sobre las cuestiones más urgentes y potencialmente devastadoras en el orden del día mundial en este momento: el cambio climático antes de que el planeta se recaliente de forma desesperada; la no proliferación antes de que se pierda el control de las armas nucleares, hipersónicas y otros tipos de armas avanzadas, y la seguridad sanitaria en un mundo golpeado por una pandemia?

Como en tantos otros ámbitos que deberá abordar después del 20 de enero, para progresar en cualquier cuestión, Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológicas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas militares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso, cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una guerra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una versión climática de esta en un planeta en delicuescencia.

Por Michael T. Klare, veterano investigador en cuestiones relacionadas con la geopolítica de los recursos

https://alencontre.org/asie/japon/le-casse-tete-des-relations-chine-etats-unis-pour-joe-biden.html

Traducción: Javier Garitazelaia

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Potencias europeas prohíben la vacuna AstraZeneca y se inclinan por Sputnik V

Desde junio de 2020 fui de los primeros, dicho sea con humildad de rigor, en advertir los inconvenientes de AstraZeneca (https://bit.ly/3bTANne).

Nueve meses después, ya no es novedad que las principales potencias europeas –Francia, Alemania, Italia y España–, más casi una veintena de países europeos respetables ( FT, 16/3/21), prohibieron su uso por casos de trombosis y embolias fulminantes, después de su inoperancia en mayores de 65 años (https://bit.ly/3vI0fnA).

Tras la resonante bendición de la mejor revista médica del mundo, la británica The Lancet, en la Unión Europea (UE) se quedaron sin argumentos xenófobos para despreciar a la triunfal Sputnik V.

Organismos internacionales han mostrado sus patentes fallas e intereses globalistas, tales como la OMS y EMA infeudadas por la panoplia de Covax/Cepi/Gavi y toda la bursátil fauna escatológica de Bill Gates (https://bit.ly/3s75pHe).

La "reguladora" European Medicines Agency (EMA) no oculta su obscena rusofobia y tarda en dar luz verde a Sputnik V, mientras el premier de Bavaria –la región más próspera de Alemania–, Markus Soder, ha exhortado a los sesgados reguladores a "acelerar" la revisión de las vacunas (https://bit.ly/3tsV34V).

Rusia ha puesto en tela de juicio la "neutralidad" de la EMA, cuando una de sus principales funcionarias, Christa Wirthumer-Hoche, reliquia rusófoba de la guerra fría, instó a la UE de no usar la Sputnik V, aprobada en 46 países (https://bit.ly/3bTxDQ9).

La agencia del israelí-estadunidense Bloomberg "apoya" a la irlandesa Emer Cooke, directora ejecutiva de la EMA, quien se ha deslindado de los gigantes europeos para bendecir los “beneficios (sic) de AstraZeneca (https://bloom.bg/3bR2kp5)”. La alemana y connotada rusófoba Úrsula von der Leyen –criticada ferozmente en Alemania por su pésimo manejo de las vacunas "occidentales"–, quien encabeza a la poderosa Comisión Europea, puso en tela de juicio la bondad de Moscú para exportar millones de dosis cuando la vacunación en Rusia ha sido muy lenta.

Kirill Dmitriev, mandamás del muy exitoso "fondo soberano de riqueza" ruso que financió el desarrollo de Sputnik V, del célebre Instituto Gamaleya, "reveló haber conseguido acuerdos con empresas de Francia, Alemania, Italia y España para la manufactura de un lote de inyecciones", mientras prosiguen las charlas para su producción.

Mientras se querellan en el seno de la UE los rusófobos y rusófilos, Moscú acaba de firmar un acuerdo con la farmacéutica suiza Adienne para producir pequeñas cantidades de Sputnik V en Italia, cuando la farmacéutica italiana ReiThera está a punto de concretar un vibrante acuerdo con Sputnik V, que para Rusia sería todavía mas significativo que los acuerdos que ha descolgado con Brasil, Argentina e India.

La UE se clavó en forma alocada con AstraZeneca que no cumplió sus compromisos de suministro y dejó vulnerablemente desnuda a la UE, que vuelve a mostrar su legendaria candidez geopolítica frente a Gran Bretaña, con o sin Brexit.

Reuters –una de las principales puntas de lanza de la geopolítica británica– expone estupefacta que “tras bambalinas, la UE gira a la vacuna Sputnik V (https://reut.rs/3vAkm7c)”, cuando 450 millones de europeos han quedado desvalidos. Viene todo el veneno de Reuters: "En público, la UE ha desechado la campaña de suministro global de la vacuna rusa como ardid de propaganda de un régimen indeseable (sic)". ¿Dónde quedó la universalidad de la ciencia? Reuters no oculta que "si Sputnik V se suma al arsenal de vacunas de la UE, significaría un triunfo (sic) diplomático para Rusia". ¡Pues sí!: todas las sanciones contra Rusia se vendrían abajo, así como toda la política disfuncional de la UE en Crimea y Ucrania oriental por órdenes de EU.

Suena increíble que, en medio de una pandemia, todavía existan misántropos "humanos" deshumanizados que, con el fin de conseguir sus aviesos objetivos geopolíticos, consideren a los rusos como inhumanos y antihumanos, lo cual no tiene nada que ver con la inmaculada ciencia universal.

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Impactante cooperación de Rusia y China para explorar la luna: un G-2 en el espacio

 Pese la llegada coreográfica de Biden, se impone más la postura estratégica del Pentágono, que considera a Rusia y a China como sus principales rivales.

EU ha llevado ahora su nueva guerra fría –sea con Obama, sea con Trump, sea con Biden– al espacio sideral y a la sensible ciberseguridad (https://bit.ly/3eCLoom).

EU padece la clásica trampa de Tucídides –cuando el previo hegemón decadente busca impedir el ascenso del nuevo hegemón ascendente–, lo que ha orillado a profundizar la asociación estratégica de Rusia y China, a mi juicio, el peor error geoestratégico cometido por Obama y agudizado por Trump.

El asombroso descenso tecnológico del robot Perseverance en Marte (https://bit.ly/3voTC9i) acicateó la exploración lunar conjunta de China y Rusia.

El editorial de Global Times, portal oficioso chino, exalta y exulta que Rusia acumuló una rica experiencia en la exploración lunar durante la era de la URSS, y ha desarrollado una poderosa tecnología espacial cuando “China y Rusia poseen las necesarias condiciones políticas de estabilidad (¡megasic!) para una cooperación de largo plazo (https://bit.ly/2OuYWaz)”. Es evidente que el portal chino alude al presente caos político imperante en EU y asevera que tal cooperación fortalecerá a su vez la mutua confianza estratégica bilateral y promoverá la cooperación integral (sic) en varios campos –que naturalmente implican el ámbito militar.

Global Times prevé que en el largo plazo, la mayor (sic) parte de los recursos necesarios para el desarrollo humano provendrán del espacio sideral, cuando habrá muchos negocios en la industria espacial y las generaciones futuras vislumbrarán cambios maravillosos en este campo.

Por cierto, el año pasado China se convirtió en el primer país durante cuatro décadas en traer rocas de la Luna (https://bit.ly/3eHmunD).

El portal chino asienta que la cooperación de Rusia y China en el espacio generará un ejemplo positivo con implicaciones políticas (sic) cuando los límites invisibles (sic) entre Oriente y Occidente serán resquebrajados, lo cual dependerá de la forma en que EU reaccione e interactúe.

La proyectada Estación de Investigación Internacional Lunar (ILRS, por sus siglas en inglés) de Rusia y China se asentará en el polo sur de la luna (https://bit.ly/3eELlbs): iniciará con una fase robótica y seguirá una “presencia humana (https://bit.ly/3thSqCO)” a partir de 2040.

Otro error estratégico de EU, ahora con Biden, es alejar a Rusia de su previa colaboración con la NASA para ahora intimar más con China (https://nbcnews.to/2Q3ulS3).

El feroz Director espacial de la Agencia Espacial Rusa Roscosmos, Dmitry Rogozin, expuso que el binomio espacial está abierto (sic) a todos los países, con particular imán a Francia, Alemania e Italia.

Cabe señalar que Rusia fue el socio fundador de la Estación Internacional en el Espacio (ISS, por sus siglas en inglés) con EU: laboratorio científico orbital que lleva 20 años de ocupación humana continua, en el que no participó China (https://cnn.it/38DVWzB).

EU comparte en forma asimétrica el programa Artemis con la Agencia Espacial Europea (AEE), que juega un papel muy menor: quienes acaban de formalizar la asociación Gateway (https://go.nasa.gov/3rXwe0s).

rogozin ha sido muy crítico de la inaceptable militarización de la luna por el Pentágono, cuando la cooperación de Rusia y China es meramente de carácter civil (https://bit.ly/3lf9S8m). En forma paradójica, también el programa Artemis con la AEE, que excluye a Rusia y China, es también de carácter civil.

¿Desea ganar el Pentágono su guerra hegemónica en el espacio sideral que está perdiendo en el planeta Tierra frente a la asociación de Rusia y China que cada vez más parece un incipiente G-2?

Uno de los principales sellos de la guerra fría entre EU y la ex URSS fue la carrera en el espacio. Ahora la nueva guerra fría de EU contra el G-2 de Rusia y China se vuelve a escenificar en el espacio sideral, que pretende ser militarizado por EU, sumado a la terrenal guerra de la ciberseguridad.

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Jueves, 11 Marzo 2021 05:38

Lula de vuelta al ruedo

Lula de vuelta al ruedo

Por primera vez desde su prisión, en abril de 2016, Lula da Silva hizo un largo pronunciamiento, casi hora y media, mostrando estar en plena forma: abordó un largo abanico de temas y aspectos de la tragedia vivida en Brasil, con énfasis en algunas iniciativas del ultraderechista presidente Jair Bolsonaro y, en especial, relacionadas a la pandemia que diezmó a al menos 270 mil vidas y sigue en ascenso, ahora con la media de dos mil muertes diarias.

Al mismo tiempo, recordó logros de sus dos mandatos presidenciales y, en una clara muestra de que al recuperar sus derechos políticos también recuperó su espacio de lucha, lanzó señales sobre cómo serán sus pasos a partir de ahora. No se declaró candidato en 2022, pero actuó como si lo fuera.

Las duras críticas de Lula sobre la conducta errática, irresponsable y genocida de Bolsonaro tuvieron efecto inmediato: horas después y luego de 36 eventos oficiales en los que hizo alarde de no usar mascarilla, el mandatario apareció utilizando el protector. Y más: elogió las vacunas, pese a haber retardado de manera absurda su adquisición.

El discurso de Lula giró alrededor de cuatro ejes principales: la economía destrozada, el desempleo, la pandemia y la hartísima distribución de armas llevada a cabo por Bolsonaro.

“El pueblo no quiere armas, quiere empleo”, “el pueblo no quiere armas, quiere vacunas” fueron frases esparcidas lo largo del pronunciamiento de Lula, y también tuvieron inmediato efecto sobre el clan presidencial. Horas más tarde, el senador Flavio, primogénito de Bolsonaro, envió un mensaje a sus seguidores a través de las redes sociales: “Nuestra arma es la vacuna”. Hasta hace menos de 24 horas él, a ejemplo del papá presidente, despreciaba la inmunización.

Si el duro discurso de Lula, bien como su disposición de ir rápido al frente de batalla, creó semejante desconcierto en el clan presidencial, a punto de provocar un vuelco radical e inesperado, en el medio político se abren incógnitas sobre cómo reaccionarán la derecha y el centro-derecha. Ya la izquierda y el centro-izquierda empiezan a moverse rumbo a un frente amplio que, por lo que se entendió de las palabras de Lula, buscará cooptar sectores empresariales y también conservadores, a no confundir con reaccionarios, dispuestos al diálogo.

Además de partidos de derecha, otro sector que reaccionó mal a la vuelta al ruedo de Lula fue el de las Fuerzas Armadas. Varios altos mandos, algunos en el ápice de la carrera, aceptaron hablar con periodistas bajo la condición de anonimato, una manera de mandar un duro alerta al ex mandatario. Pese a que Lula les recordó que, bajo sus dos mandatos, las Fuerzas Armadas fueron ampliamente favorecidas, una vez más quedó patente que los uniformados activos –de los retirados mejor ni hablar– alimentan un odio visceral al PT. Es a raíz de lo que hizo la entonces presidente Dilma Rousseff,  instaurar la Comisión de la Verdad, que es considerado entre los castrenses una “medida puramente revanchista”.

Al menos en este primer momento, y hay indicios de que tanto Lula como los más altos dirigentes del PT lo preveían, se estableció una polarización entre Bolsonaro y el ex mandatario.

El discurso incisivo de Lula tuvo como respuesta del actual mandatario una serie de vaguedades de difícil comprensión. Si uno fue puntual y objetivo en sus denuncias, el otro pareció un barco a la deriva en sus respuestas para defenderse.

Todo eso ocurre en medio de la escalada trágica de la pandemia. Para la nochecita se supo que en las 24 horas anteriores el número de víctimas fatales pasó de dos mil. Considerándose el gran volumen de sub-notificaciones, algunos especialistas dicen que en verdad pueden haber sido más del triple.

Hay un colapso generalizado en hospitales de casi todo el país y el general en actividad al frente del ministerio de Salud gira sin rumbo, como si fuese un borracho en medio de una balacera.

Y también por la nochecita surgieron rumores relacionados a qué estarían tramando los altos mandos de las Fuerzas Armadas, en especial del Ejército, frente al cada vez más palpable desgaste de su imagen en la opinión pública, gracias a su identificación con un gobierno genocida.

El rumor más intenso indica la disposición castrense para, de seguir el desgobierno del ultraderechista, patrocinar una especie de catapulta para extirparlo y ascender a su sillón al vice-presidente, el muy reaccionario general retirado Hamilton Mourão. Quien, por su vez, establecería un “gobierno de notables”, en substitución al amontonado de nulidades y patéticas y aberrantes figuras actuales, del cual saltaría una figura para, en 2022, disputar la presidencia con Lula.

Nada indica que eso venga a ocurrir a corto o mediano plazo. Pero todo indica el efecto explosivo de la vuelta de Lula al ruedo.


Lula el conciliador está de vuelta

Después de tres años de prohibición, cinco si contamos desde que se le impidió asumir como ministro de Dilma, Lula está de regreso. Su discurso de este miércoles en el Sindicato de Trabajadores Metalúrgicos de São Bernardo marca una nueva etapa en la vida política nacional.

Thiago Flamé

La Izquierda Diario

En los últimos cinco años, la frágil democracia brasileña ha sido pisoteada por los agentes del capital financiero, por altos mandos militares, por los políticos del “centrão” que han pasado de lulistas a estafadores para garantizar el flujo de bolsas de dinero en tiempos del Lava Jato. Impusieron un techo al gasto estatal, la reforma laboral, la reforma previsional y ahora continúan con el PEC de Emergencia, un ajuste fenomenal al gasto público. El clan Bolsonaro, se ríe en la cara de la gente, que tiene a la pandemia, el desempleo y el hambre llamando a la puerta.

Este paraíso para especuladores, grandes empresarios y militares, sin embargo, está sobre una olla a presión que aún no estalla, pero que acumula cada vez más energía y calor. El levantamiento popular en Paraguay incluso muestra que la olla puede explotar cuando menos se lo esperen. Los golpistas más lúcidos, que no han sido completamente cegados por su propio discurso triunfalista, comienzan a temer las consecuencias del cinismo y la soberbia bolsonarista. Temen que cuando se rompa la cuerda, no solo afecte a Bolsonaro, sino que se lleve consigo a todos sus cómplices directos e indirectos en los últimos cinco años. Campeón de anticipar los procesos de explosión social, sectores de la clase dominante brasileña comienzan a levantar su muro de contención: Lula.

Porque Lula nunca fue radical ni socialista. En cada momento decisivo, jugó un papel crucial en nombre de la paz social y en defensa del orden capitalista. Durante las grandes huelgas del ABC paulista de fines de los ’70, donde se proyectaba como líder nacional, Lula fue clave para evitar que el proceso se convirtiera en una lucha abierta por el derrocamiento de la dictadura, evitando que fueran el polo aglutinador de una huelga general que echara a los militares del poder. En los noventa, incluso en oposición al gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Lula contribuyó decisivamente a poner fin a la huelga de los trabajadores petroleros que conmocionaba al país. Cuando ni los tanques del ejército que el gobierno envió a la puerta de las refinerías doblegaban a los petroleros, Lula el conciliador entró en escena para calmar los ánimos.

El mayor servicio de Lula, sin embargo, fue la propia elección de 2002, cuando fue fundamental para una salida pacífica de la crisis del neoliberalismo de los noventa, sin grandes estallidos de lucha de clases como sucedió en Argentina, Bolivia y otros países de la región. La crisis económica ha golpeado duramente a Brasil desde 1999, el gobierno de FHC se ha vuelto cada vez más impopular y ha estado plagado de varios escándalos de corrupción. Lula garantizó la confianza empresarial poniendo al industrial José Alencar como vice, selló un compromiso con el mercado financiero de que respetaría los aspectos fundamentales del Plan Real y eliminó el miedo a una rebelión masiva contra el neoliberalismo.

Apoyándose en el boom de las materias primas, pudo hacer un gobierno de conciliación, del que se jacta de que los bancos nunca ganaron tanto. Bajo el liderazgo del PT, los socialistas se reunieron en Vila Daslu con líderes populares para intercambiar experiencias. Collor de Mello, José Sarney y Paulo Maluf se convirtieron en partidarios de la “gobernabilidad”. Los militares tuvieron su lugar garantizado con la ocupación de Haití y la organización de la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos. Y no faltó la represión para el movimiento obrero que se atrevió a romper los límites y rebelarse, como a los trabajadores de las obras del PAC, quienes sufrieron la intervención de la Fuerza Nacional creada por Lula.

Ahora Lula está de regreso, una vez más, proponiendo un camino de conciliación. Se acerca a los políticos del centrão y abre un camino de retirada para los generales. Asegura al mercado financiero de diferentes maneras que no retrocederá en las medidas económicas que impusieron desde el golpe institucional de 2016, las contrarreformas y las privatizaciones, como tampoco deshizo en su momento las privatizaciones de FHC. Los redactores de los principales periódicos redescubren que Lula puede ser la mejor alternativa para la recomposición del centro bajo sus alas. Al mismo tiempo, recibió el apoyo de Arthur Lira y Guilherme Boulos.

Luchamos en todo momento contra el golpe que llevó a Lula a perder sus derechos políticos, porque también apuntaba contra la clase trabajadora. Ahora, señalamos que la rehabilitación de Lula es la mejor apuesta de la clase dominante para una retirada ordenada, que mantenga los ataques que lograron imponer en los últimos años, sin provocar una gran revuelta de masas. Pero el discurso conciliador de Lula no resolverá ninguno de los problemas que afectan a la clase obrera y al pueblo brasileño, no cancelará reformas y privatizaciones. Solo la clase obrera y la lucha popular pueden revertir los enormes ataques de los últimos años. Lula perdonó a los golpistas, la gente no perdonará.

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India amenaza con encarcelar a los empleados de Facebook/Whatsapp/Twitter

El Big Tech de Silicon Valley –Google/Apple/Facebook/Amazon/Microsoft/Twitter– cosecha las tempestades después de los totalitarios vientos cibernéticos que sembró. Cada país agredido y/o censurado reacciona de forma diferente de acuerdo con su idiosincrasia, como son los casos notables de la Unión Europea y Australia (https://bit.ly/2O9CWBU), cuando brilla intensamente el silencio generalizado en Latinoamérica.

La colisión, ahora de India contra Facebook y su apéndice Whatsapp, además del tan vilipendiado Twitter –que en México se volvió una granja de bots donde predominan los intereses de Enrique Krauze Kleinbort y su marioneta Calderón (https://bit.ly/3eeUiZ4)– es de alto riesgo, ya que el gigante asiático de mil 340 millones de habitantes –con una población mayoritaria de 44 por ciento de los 0 a los 24 años, y 41.5 por ciento de 25 a 54– ostenta una gran cultura cibernética que puede trastocar las coordenadas del dominio de la cibercracia controlada por la bancocracia plutocrática de Wall Street.

El conflicto se deriva de la postura que Facebook/Whatsapp/Twitter han tomado en las protestas de los agricultores indios contra el gobierno del primer ministro, Narendra Modi, un nacionalista hindú (https://bit.ly/3bi8pea). La molestia del gobierno va contra los datos que maneja Whatsapp que es inmensamente popular (sic) en India–donde Facebook tiene más usuarios que en cualquier otro país– y “promete a sus usuarios una comunicación encriptada (sic), imposible de leer por personas ajenas (https://on.wsj.com/3eeaqtu)”.

WhatsApp y Twitter alegan adecuarse a las leyes y a los términos contractuales de sus servicios (https://on.wsj.com/3qiVyMP). Una de las máximas censuradoras cibernéticas en Occidente, Twitter, se muerde la lengua cuando arguye que continuará abogando por los principios fundamentales del Internet abierto (¡mega-sic!).

India ha comenzado la formulación de nuevas reglas que exigen a las empresas Facebook/Whatsapp/Twitter resolver las quejas de los usuarios en forma expedita. También es cierto que países con máscara democrática usan los datos de las redes para reprimir la libertad ciudadana.

Otro problema es que las redes sociales en el propio Estados Unidos no están reguladas y han provocado una gran controversia doméstica.

Las polémicas nuevas leyes agrícolas en India, como era de esperarse, provocaron masivas protestas que llevan un mes, y tuvieron un efecto multiplicador gracias al laissez-faire, laissez-passer de las redes sociales. India es donde Twitter ha tenido su más rápido desarrollo global. Es evidente que lo sabe muy bien el gobierno de Modi, que con la mano en la cintura prohibió el muy popular TikTok, de China.

Hoy el gobierno indio alega que Facebook, Whatsapp y Twitter pisotean sus leyes, por lo que puede ser motivo de sanciones y encarcelamientos de los representantes de las citadas empresas.

¿Quién impondrá sus leyes a quién? ¿La cibercracia a India o India a la cibercracia? ¿Dónde queda el concepto de soberanía? El gobierno indio ha señalado que las redes sociales forman parte de una conspiración (sic), sin especificar.

El choque es de pronóstico reservado, ya que India ostenta el tercer sitial en el ranking geoeconómico global con un PIB medido por el poder adquisitivo de 9.15 trillones de dólares (en anglosajón), detrás de Estados Unidos (segundo lugar) y China (primer lugar), según la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) (https://bit.ly/3rymhGA).

La desregulación de la cibercracia puede constituir una amenaza a la seguridad nacional de los países valetudinarios; además de que puede servir de instrumentación para derrocar y/o desestabilizar a regímenes adversos a los designios de Silicon Valley y Wall Street, mediante sus apátridas Caballos de Troya internos. Al exterior, los países deben regular la avalancha de la cibercracia, mientras al interior, tomando en cuenta elementos específicos de la seguridad nacional, deben respetar la sacrosanta libertad de expresión con su derecho de réplica –pilares de la democracia–, impulsando al unísono estrictas leyes con máximos castigos civiles para contrarrestar los libelos.

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Domingo, 28 Febrero 2021 05:35

Ecuador: del horror al debate electoral

Ecuador: del horror al debate electoral

Entre denuncias y acusaciones arranca la campaña para el ballotage del 11 de abril

Aunque las miradas se centraron en el trágico saldo de los motines carcelarios, continuó la disputa electoral después de la primera vuelta del 7 de febrero. 

 

Desde Quito.Ecuador pasó del debate electoral a contabilizar muertos y dolor. Sucedió el martes en la noche con réplicas hasta el viernes: varios amotinamientos en cuatro cárceles del país dejaron un saldo de 78 muertos. No solamente fue la violencia, sino la forma: personas decapitadas, quemadas, descuartizadas con motosierras, amoladoras, con partes del cuerpo arrancadas. El horror, filmado y difundido en redes sociales.

Junto a las imágenes de una violencia que recuerda a la que se ha hecho costumbre en países como Colombia con el paramilitarismo, las pantallas mostraron día tras día a familiares desesperados, con llantos, rezos, y denuncias hacia la inoperancia estatal. El gobierno, acostumbrado a reaccionar tarde ante las crisis, hizo lo que suele hacer: negar toda responsabilidad y acusar al correismo de estar detrás de los hechos.

“Fue organizado desde el exterior de las cárceles e internamente orquestado por quienes se disputan el liderazgo y el tráfico de drogas en todo el territorio nacional (…) no es casual la coincidencia con la reciente denuncia de la prensa colombiana sobre el supuesto financiamiento del ELN a campañas políticas de Ecuador -a Andrés Arauz-, es muy grave que haya dinero del narcotráfico en el escenario político del país”, afirmó el presidente Lenin Moreno en un mensaje.

Moreno, que señaló que el sobrepoblamiento de las cárceles es obra de su combate contra la delincuencia, no mencionó algo que la mayoría de actores políticos, analistas y especialistas destacaron: la reducción del presupuesto para el sistema carcelario con todas sus consecuencias, la eliminación de ministerios como el de Seguridad, y los antecedentes recientes de masacres en varias cárceles del país.

Los hechos fueron titulares de todos los noticieros de Ecuador, dentro de un sistema de canales de televisión que transmiten poco o nada de lo que sucede en el país. Sin embargo, aunque las miradas se centraron en esos hechos traumáticos para presos, familiares y el país, continuó la disputa dentro del proceso electoral que tuvo su primera vuelta el siete de febrero, y tendrá el ballotage el próximo 11 de abril entre Andrés Arauz, candidato de la revolución ciudadana, y Guillermo Lasso, candidato de la alianza CREO y Partido Social Cristiano.

El resultado de la primera vuelta siguió siendo imputado por Yaku Pérez, tercero en la contienda, quien llegó el martes a las afueras del Consejo Nacional Electoral (CNE), en Quito, acompañado de una movilización. Allí anunció la presentación ante el poder electoral de irregularidades en 16 mil actas -de un total de 39 mil- cifra que luego amplió a 20 mil. Según Pérez y el partido Pachakutik, el fraude realizado le habría quitado el segundo lugar y, por ende, su pase a la segunda vuelta.

La denuncia de Pérez tuvo un giro el viernes en la noche, cuando el CNE anunció haber encontrado únicamente irregularidades en 31 de las actas entregadas, que en realidad no habían sido 16 mil, con presuntas “inconsistencias numéricas y faltas de firmas”, sino 7.233, de las cuales 1.453 eran repetidas.

De esta manera el CNE cerró la denuncia de fraude presentada por Pérez. El candidato por Pachakutik ya había anticipado que, en caso de suceder ese resultado, presentaría un recurso de impugnación ante el Tribunal Contencioso Electoral, e insistiría con el pedido de auditoría presentado ante la Fiscalía General para que investigue sobre el fraude denunciado. Junto con eso, la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (Ecuarunari), que se movilizó con Pérez, y forma parte de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), anunció el viernes en la noche, luego de una represión, el inicio de un paro nacional.

El anuncio de nuevas medidas de lucha estuvo, sin embargo, marcado por la simultaneidad de noticias acerca de la división entre Pérez, respaldado por Pachakutik y Ecuarunari, con dos de los principales dirigentes de la Conaie: Jaime Vargas y Leónidas Iza, ambos protagonistas principales, a diferencia de Pérez, durante el levantamiento de octubre del 2019. Iza, por ejemplo, no respaldó la denuncia de fraude, y atribuyó el hecho de que Pérez no haya llegado al ballottage por “una estrategia mal planteada desde la nacional”.

Las posibilidades de presión callejera de Pérez sin acompañamiento de un sector importante de la Conaie aparecen entonces limitadas, como se evidenció en las calles de Quito y algunos puntos de protesta en el país durante la semana. En cuanto a la Conaie, el movimiento anunció oficialmente que dará a conocer su posición política de cara al ballottage en un consejo ampliado que tendrá lugar el diez de marzo.

Así, las amenazas que aún existen sobre el proceso electoral, y en particular la candidatura de Arauz, se encuentran en la Fiscalía, tanto por el intento de realizar una auditoría, como por la operación internacional montada vía la Fiscalía colombiana y la Revista Semana contra el candidato de revolución ciudadana, para acusarlo de haber sido financiado por el ELN de Colombia. Pérez, marcadamente anti-correista, afirmó sobre esa denuncia que “hace que, si no cae la candidatura de Arauz antes de abril, luego va a caer por haber recibido dineros ilícitos de la narcopolítica”.

Ante el intento de auditoría de la Fiscalía, Unión por la Esperanza, coalición que lleva la candidatura de Arauz, anunció haber presentado una solicitud de medidas cautelares constitucionales, para la suspensión de las diligencias dispuestas por la Fiscalía con motivo de la indagación por presunto fraude electoral. En el comunicado de la coalición se señaló que el intento de auditoría amenaza las fechas de la segunda vuelta, además de tratarse de una injerencia de una autoridad ajena a las elecciones.

Así, a tres semanas de haberse dado la primera vuelta electoral, aún existen amenazas sobre el desarrollo del proceso electoral, una situación que ha sido denunciada dentro y fuera del país. Ese peligro quedó de manifiesto, por ejemplo, en la declaración conjunta de los presidentes de México y Argentina, Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, quienes acordaron "seguir con atención los procesos electorales en la región, como el que se desarrolla actualmente en Ecuador, haciendo votos para que este culmine en tiempo y forma, y se garantice la continuidad democrática”. Luis Arce, presidente de Bolivia, adhirió luego públicamente a la declaración.

Los próximos días y semanas estarán marcados por posibles nuevos acontecimientos dentro de una elección determinante para el país y la región. Está sobre la mesa la posibilidad de que Ecuador regrese a un proyecto progresista y latinoamericanista con Arauz, o avance en una profundización neoliberal con Lasso. Moreno, quien respalda a Lasso, intenta en ese contexto condicionar el futuro económico con una medida de última hora: la privatización del Banco Central.

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Elecciones en Bolivia: el MAS se fragmenta y los golpistas retendrían lugares claves

A casi una semana de las elecciones subnacionales, la ex presidenta del senado Eva Copa y actual candidata de "Jallalla" desafía a Evo Morales y se transforma en la candidatura más relevante de estas elecciones. Golpistas retienen posiciones estratégicas y amenazan conquistar algunas más. El voto del MAS se fragmenta en medio de una campaña electoral conservadora y conciliadora.

 

El domingo 7 de marzo se llevarán a cabo las elecciones subnacionales. Se elegirán a representantes de gobernaciones, de alcaldías, además de asambleístas y concejales para los nueve departamentos y 339 municipios del país. Las disputas más marcadas se expresan en las ciudades capitales del eje central así como en ciudades intermedias como Huanuni, Lllallagua, Achachi, Montero y otras.

Mientras diversos analistas señalan que los votos en estos comicios serán fuertemente influenciados por las interpretaciones que las y los votantes tienen del 2019 y se abren preguntas de hasta qué punto los resultados expresarán (o no) una continuidad de las elecciones generales del 28 de octubre -en las que el MAS logró un nuevo gobierno con el 55% de los votos- lo cierto es que las elecciones subnacionales tenderán a expresar dos fenómenos combinados, de continuidad y discontinuidad, por lo mismo, aparentemente contradictorios.

El factor de continuidad, con respecto a las elecciones nacionales del 18 de octubre, se da en el sentido de que se mantendrá la polarización entre los que votaron al MAS -como una expresión de rechazo a todo el bloque golpista- y, los que votaron a las distintas variantes de derecha y centro derecha del golpismo, como rechazo al MAS. Sin embargo, dentro de esa “continuidad” hay elementos importantes de “discontinuidad” en el sentido que no todo esos votos del MAS se quedarán para este partido ya que se han venido profundizando y visibilizando tensiones y disputas internas y un cierto grado de fragmentación. El fenómeno de Eva Copa, que analizaremos más abajo, muestra, no sin contradicciones, esto último.

Sucede que al tratarse de elecciones departamentales y municipales han surgido y se han hecho visibles una diversidad de agrupaciones ciudadanas que tenderán a fragmentar el voto antigolpista. En este sentido, la discontinuidad se expresa en la perspectiva, según señalan las últimas encuestas, de que el voto del MAS se fragmente, aumentando las posibilidades de que los sectores afines al golpismo puedan retener alcaldías y gobernaciones importantes.

De esta manera, la situación hacia las subnacionales sigue expresando lo que se desnudó y profundizó a partir del golpe de Estado y es un escenario de profunda polarización política y social.

Según encuestas se fragmenta el voto del MAS

La última encuesta de intención de votos es la realizada por la empresa Ciesmori, encargada por la red televisa UNITEL y sus resultados fueron difundidos el viernes 25 de febrero por la noche. La recolección de datos fue vía telefónica y la ficha técnica indica que cuenta con un nivel de confiabilidad del 95%. Se consultó a 2595 personas, del eje troncal del país (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), con cobertura urbana y rural durante el periodo del 15 a 22 de febrero.

Los resultados arrojados por Ciesmori muestran que a nivel de las 4 alcaldías de las ciudades capitales del eje troncal (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz) el MAS no ganaría en ninguna. Con relación a las gobernaciones, el MAS ganaría en Cochabamba y La Paz, aunque el resultado de esta última puede llegar a depender de una segunda vuelta. La gobernación de Santa Cruz quedaría en manos del ultra derechista Luis Fernando Camacho, un personaje que fue clave en la articulación del golpe de Estado y que expresa el avance de una derecha más militante y que se precia de ser una alternativa a los viejos políticos del país.

Hay que decir que en realidad estos posibles resultados no son tan nuevos. Es decir, el MAS por ejemplo ya desde el 2009 había perdido el control de la gobernación del Departamento de La Paz. En cuanto a las alcaldías de las ciudades capitales de este departamento, desde el 2010 ya había perdido la alcaldía paceña y desde el 2015 la alcaldía de El Alto que quedó en manos de Soledad Chapetón de Unidad Nacional (UN). Así también por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz el MAS no la tuvo nunca.

Desde este punto de vista que el MAS no conquiste las alcaldías del eje central y tampoco la gobernación de La Paz significa que mantendría, de alguna manera, las posiciones en el Estado que retenía hasta antes del golpe del 2019, pero con una diferencia importante: Luis Arce Catacora, aunque llegó el gobierno con el 55% de los votos, no goza de la misma fuerza y autoridad política con la que contaba Evo Morales.

El eje central: la clave de las disputas

El candidato del MAS para la gobernación de La Paz, Franklin Flores, se ubica en primer lugar con el 23,3 % de la intención de voto, seguido muy de cerca por el candidato de “Jallala” Santos Quispe con 17% y en tercer lugar, soplándole la nuca, se encuentra Rafael Quispe (el Tata Quispe) candidato del frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” (PBC-SP) con 16.7%.

La particularidad de la disputa por la gobernación del Departamento de La Paz radica en que los 3 candidatos con mayor intención de voto son de origen aymara y los 3 están tratando de hacer pesar, en esta elección, su identidad.

Santos Quispe, hijo del recientemente fallecido Felipe Quispe “El Mallku”, intenta capitalizar el espacio político del indianismo radical que había conquistado su padre a lo largo de su vida. Recordemos que la candidatura de Felipe Quispe había logrado entusiasmar a vastos sectores populares y humildes, fundamentalmente de origen aymara, en el Departamento de La Paz, como ya había sucedido en la elección del 2002 donde con la sigla Movimiento Indígena Pachakuti había conquistado 6 diputaciones en el Parlamento. Para las subnacionales se tenía por descontada su victoria, no solo por su ubicación antigolpista sino también por toda su historia como uno de los máximos exponentes del indianismo aymara. Esta aspiración se vio truncada debido a que falleció en enero por un paro cardiaco.

La muerte de Felipe Quispe provocó un vacío no solo para el potencial electorado sino particularmente para su agrupación ciudadana Jallalla que ante la pérdida de su líder determinó nominar a su hijo, Santos Quispe, como candidato a gobernador. Sin embargo, es indudable que las ideas no se transmiten por los genes y Santos Quispe está aún muy lejos de las peleas que dio su padre.

En cuanto al Tata Quispe recordemos que es un ex funcionario del gobierno de facto de Jeanine Áñez y su candidatura se encuentra en vilo debido a una reciente sentencia judicial por “calumnias” contra Felipa Huanca, ex funcionaria del Fondo Indígena, del MAS. Esto podría significar que en las próximas horas el Tribunal Supremo Electoral (TSE) determine su inhabilitación.

Por su lado Franklin Flores, ex diputado y ex concejal del municipio de Sica Sica, apoya su candidatura en haber sido el único que ha debatido la misma con las bases y que logró, gracias a eso, el apoyo de “2000 comunidades”. Es decir, se reivindica como un candidato producto del consenso y no resultado del “dedazo” de Evo Morales. Recordemos que Flores, el 31 de enero, afirmó a medios de prensa que era más difícil ser candidato del MAS que ganar una elección, en referencia a las feroces disputas entre los diversos caudillos de este partido.

Ahora bien hay que señalar que según esta encuesta, para la gobernación de La Paz, los indecisos llegarían a 18,1 %, nulos 1,8% y blancos 8,6% lo que hace pensar que puede haber importantes sorpresas el día de la elección, dejando abierta la posibilidad de una segunda vuelta.

En Cochabamba, Humberto Sánchez del MAS se ubica en el primer lugar con 34% de intención de voto dejando en segundo lugar, y muy por encima, a Henry Paredes de “Súmate” que alcanzaría una votación de 8,8%. Igualmente llama la atención la cantidad de indecisos que para este departamento superan el 20%. Sin embargo hay que decir que según las estimaciones con votos válidos, éstas ubican a Sánchez con el 59% asegurando la victoria de esta gobernación para el MAS.

En Santa Cruz, Luis Fernando Camacho se ubica cómodamente en el primer lugar con el 40,1 % y le sigue el candidato del MAS, Mario Cronenbold, con 24,8 %. La apuesta de Evo Morales y el MAS por Cronenbold, quién lejos de llevar adelante una dura lucha política contra la madriguera del golpismo, se dedicó a hacer una campaña basada en la gestión, las obras y la conciliación con el facho Camacho a tal punto que, en noviembre de 2020, amenazó con renunciar a su candidatura si el Gobierno de Luis Arce Catacora iniciaba proceso penales contra Camacho y los golpistas. Lejos de lo que pensaba el MAS de que con una campaña electoral “amarilla” y conciliadora le iba a dar buenos resultados lo que estamos viendo hoy es que la consolidación con los golpistas se está traduciendo en un importante retroceso electoral.

El MAS pierde en las alcaldías del eje central

A nivel de alcaldías la derrota del MAS, según esta encuesta, sería importante. En la ciudad de Santa Cruz se ubica en primer lugar el candidato de centro derecho, Gary Áñez, de Comunidad Ciudadana (CC) con el 33,7% dejando lejos, en el tercer lugar, a la candidata del MAS, la ex senadora Adriana Salvatierra con un 10,2%. Hay que señalar que Adriana Salvatierra, optó por una campaña casi farandulera y muy al estilo tik tok pero al mismo tiempo tan conservadora, como Cronembold, llegando incluso a hacer suyo el slogan, derechista y anti derechos de las mujeres, de “defender la vida” cuando fue consultada si estaba a favor del aborto.

En Cochabamba, lidera la intención de voto el ex Capitán de las FF.AA, Manfred Reyes Villa con el 50,3%. Recordemos que Reyes Villa es el responsable de las muertes y la violencia ocurrida el 11 de enero de 2007, en la masacre de Cochabamba, cuando ejercía como gobernador. Con el Gobierno de Evo Morales, Reyes Villa salió al exilio y regresó luego del golpe de Estado de noviembre del 2019, recibido por Luis Fernando Camacho y los paramilitares de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Sin embargo, mientras escribimos esta nota, el Tribunal Supremo Electoral resolvió inhabilitar la candidatura de Reyes Villa de “Súmate” debido a una sentencia ejecutoriada. Sin embargo, más allá de que Reyes Villa continué o no en la carrera electoral, debido a que apelarán esta resolución, lo cierto es que el voto derechista es probable que se mantenga dejando muy lejos, en el segundo lugar, al candidato del MAS, el ex Defensor del Pueblo, Nelson Cox, con el 17,7%.

La candidatura de Cox, apadrinada por Evo Morales, fue el ensayo al igual que en Santa Cruz de hacer una campaña que intente seducir a las clases medias cochabambinas, en este caso, con una figura de clase media y defensora de los derechos humanos. Sin embargo, hay que decir que Cox terminó siendo impuesto como candidato en lugar de Joel Flores, quien fue propuesto por los vecinos de K’ara K’ara que protagonizaron una destacada resistencia al gobierno golpista durante el 2020. Esto explica la deslucida campaña electoral del MAS debido a las fisuras internas que han aflorado luego de la caída de Evo Morales; estas fisuras, como en el caso de Cochabamba, expresan fracturas no solo políticas sino también de clase.

El perfil de un candidato de K’ara K’ara hubiera obligado al MAS a estar más a izquierda pero como estamos viendo no es el caso. La campaña electoral del MAS está basada fundamentalmente en promesas de hacer “gestión” y cada vez más desvinculada de los grandes problemas nacionales donde el golpe de Estado del 2019 ocupa un lugar central.

En la ciudad de La Paz se ubica en primer lugar Iván Arias, ex ministro de Obras Púbicas del gobierno golpista de Áñez, que hoy encabeza el frente “Por el Bien Común- Somos Pueblo” y obtendría una votación de 50,8%. Arias dejaría en segundo lugar, con una diferencia de más del 25%, al candidato del MAS, el ex militar y ex Gerente de la empresas de transportes “Mi Teleférico”, Cesar Dockweiler, que tendría una intención de voto de 24,3%.

En sintonía con la lógica conciliadora del MAS, Dockweiler era un intento de presentar un candidato “potable” para las clases medias paceñas, por su pasado militar y su papel en la gestión de los teleféricos así como por tener un perfil “menos político y más técnico”. Lo cierto es que, según los resultados, no habría logrado seducir a estas clases medias que como señalamos, y ese es un elemento de continuidad: prima el voto contra el MAS. Prefieren a Arias que fue uno de los responsables de la criminal gestión del gabinete de Áñez durante la pandemia y que además expresa muy bien el “transfuguismo político”. Es decir, Arias es parte de la vieja casta política en la que las ideas no valen nada lo que lo llevó a haber recorrido prácticamente todos los partidos desde su juventud.

Un lugar destacado, en estas elecciones subnacionales, lo ocupa el caso de la alcaldía de El Alto. El candidato del MAS, Zacarías Maquera, perdería contundentemente con 6,7% frente a Eva Copa, ex presidenta del senado por el MAS y hoy candidata de “Jallalla”, que ganaría la alcaldía alteña con 74,9% de los votos.

Caudillismos locales fragmentan el voto del MAS: El fenómeno “Eva Copa” el caso más representativo

El Alto lo que expresa es en última instancia una interna de caudillos del MAS, pero de forma abierta y pública. Desde este punto de vista, todo lo que viene afirmando la prensa hegemónica de que Eva Copa significaría la “sepultura” del MAS es falso. Eva Copa es el MAS.

El que Eva Copa haya dejado el MAS para ser candidata de Jallalla no expresa necesariamente diferencias políticas con el MAS sino que sería el resultado de un ajuste de cuentas con Evo Morales. Eva Copa logró notoriedad luego del golpe de Estado y tras la huida en desbandada de Morales, del ex vicepresidente García Linera y de la ex presidenta de senadores Adriana Salvatierra. Esta situación llevó a que Eva Copa asumiera la presidencia de la cámara de senadores, convirtiéndose de esta manera en el canal obligado de la política del MAS, que contaba con 2/3 en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), y conquistando un espacio político que hoy busca transformar en votos.

Tanto en la legalización de los golpistas del 17 de noviembre del 2019, como en la rebelión antigolpista de agosto del 2020, Copa fue la artífice de la política de conciliación que desplegó Morales desde Argentina y Arce como candidato presidencial en Bolivia.

Recordemos que no solo Copa evitó hablar de golpe de Estado, incluso lo negó, sino que también, el mismo presidente Arce, durante su campaña electoral calificó al gobierno golpista de Áñez de “Constitucional”. Lejos de existir diferencias políticas entre Copa y Morales, lo que hay es una disputa entre caudillos locales, expresadas en las candidaturas y no una orientación divergente frente a cómo actuar ante los golpistas. Ya que en los hechos, desde Eva Copa, pasando por Evo Morales hasta el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choquehuanca, todos apuestan a continuar la política de negociación y pactismo con el bloque golpista.

Con todo esto, no es extraño entonces, que dirigentes de las Bartolinas -“Confederación Nacional de Mujeres Indígena Originario Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa”-, como Segundina Flores, hayan calificado como un error el no haber nominado a Copa como candidata del MAS, deseándole no solo un pronto retorno al partido sino también suerte en la futura gestión de la ya asegurada alcaldía de El Alto.

Dicho en otras palabras, Eva Copa expresa un desafío al caudillismo de Evo Morales quien se dedicó a nominar o alentar a diversos candidatos que no pudieran hacerle “sombra” dentro del partido, desplazando a Copa por un verdadero desconocido: el “Ratuki” (Zacarías Maquera). La jugada, empero, no salió como pensaba Morales, sino que la decisión de dejarla afuera alentó a la ex presidenta del Senado a buscar que sean las urnas quienes diriman la disputa. No por nada los slogans más fuertes de su campaña y que la estarían llevando a arrasar con los votos para la alcaldía alteña enfatizan por un lado el romper con la “tradición” de que los cargos los ocupen los ´amarra huatos´, en referencia a funcionarios que llegaron al extremo de atarle los zapatos a Morales cuando era presidente. Y, por otro lado, el reivindicar que ella en lugar de huir como lo hizo toda la cúpula masista durante el golpe, se quedó “con su gente”. Esto se expresa muy bien en una reciente declaración de Eva, que se difundió ampliamente en la prensa y redes, durante su campaña:

Ahora bien, en las perspectivas se puede prever que tanto Arce desde el gobierno central como Eva Copa desde la alcaldía de El Alto, trabajarán juntos para hacer gestión y “contrarrestar” aunque sea parcialmente, las presiones de un desgastado Evo Morales cuyas maneras de hacer política alejan a las clases medias. En un reciente discurso de campaña en Trinidad, Morales afirmó que de ganar la gobernación del Beni, el MAS, empezará nuevamente las obras para construir la carretea sobre el TIPNIS, levantando con esto el repudio no solo de amplios sectores de clases medias “progres” sino también de sectores indígenas que ven como una amenaza tal carretera y por lo cual enfrentaron al MAS a partir del 2010.

Las declaraciones de Morales, dificultan los esfuerzos de Arce y el MAS de estabilizar su gobierno sobre la base de intentar mostrar un perfil más dialoguista y alejado de los métodos autoritarios de la pasada gestión de Evo. Recientemente incluso emitieron un comunicado en el que rechazaban la instrumentalización de empleados públicos para las campañas a diferencia de lo que sucedía cuando gobernaba Morales.

Mientras importantes sectores de la población creen ver en Eva Copa un signo de renovación del MAS y a Jallalla como la expresión de la etnicidad aymara lo cierto es que Eva Copa como lo señalamos anteriormente, solo representa un desafío a Evo Morales para llevar adelante las mismas políticas de conciliación sin tener que pedirle permiso al “Jefazo”. Por su parte, Jallalla en los hechos ha devenido en un trampolín para catapultar a representantes de las más diversas políticas en tanto sean de origen aymara. No hay que olvidar que el reciente fallecido líder de Jallalla, Felipe Quispe, calificó de traición la labor de los parlamentarios del MAS –que estaban a la cabeza de Eva Copa- durante la rebelión antigolpista de agosto. Sin embargo parece que primó más la identidad aymara llevando a que meses después se sellara la alianza entre el Mallku y Eva Copa.

En este escenario, desde la Liga Obrera Revolucionaria por la Cuarta Internacional (LOR-CI), agrupación que impulsa La Izquierda Diario, en los lugares en los que estamos presentes llamaremos a votar nulo o blanco. Esto debido a que el conjunto de las expresiones políticas tanto desde los golpistas como desde el MAS y las diversas agrupaciones ciudadanas que se le desprendieron vienen actuando para preservar y mantener intactos los negocios y privilegios de las castas políticas que lucran administrando el Estado y que, en el caso del MAS, lejos de representar un proyecto socialista solo ofrece –como ya lo ha demostrado- una alternativa malmenorista para “contener” un poquito a los proyectos abiertamente reaccionarios y neolibearales.

Por todo esto, llamamos a las organizaciones sindicales y de trabajadores, del campo y de la ciudad, al movimiento de mujeres y de las diversidades sexuales, así como al movimiento indígena, campesino y a la juventud precarizada a empezar a discutir cómo construir una herramienta revolucionaria y anticapitalista, que se proponga derrotar a los golpistas y no convivir y conciliar como lo vino haciendo el MAS desde el inicio de su gobierno a costa de los intereses del pueblo trabajador. Es decir, necesitamos sostener bien alto las demandas de justicia y castigo para las víctimas de las masacres de noviembre y cárcel para los asesinos. Esto sin embargo no es suficiente, necesitamos construir una herramienta política para impulsar la movilización que busque avanzar en afectar la propiedad empresarial, agroindustrial y financiera, que es en última instancia lo que preserva a la derecha y los golpistas.

Por Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Viernes 26 de febrero | 19:52

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Viernes, 26 Febrero 2021 05:57

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

Haití: deriva autoritaria y Estado mafioso

La discusión sobre el fin del mandato constitucional de Jovenal Moïse ha vuelto a incendiar Haití. Mientras, el presidente asume una deriva autoritaria y represiva. Pero, detrás de esta crisis, aparece un creciente control del territorio haitiano por parte de bandas armadas, con la complicidad del gobierno, y un Estado de tipo mafioso.

 

La situación de Haití se caracteriza por una doble impostura: la de un presidente, Jovenel Moïse, que se declara aún presidente del país cuando su mandato finalizó el 7 de febrero de 2021, y la de una comunidad internacional representada esencialmente por Estados Unidos, que apoya el camino de una nueva dictadura en Haití.

Es imposible entender la tragedia que vive Haití sin preguntarse sobre el origen de semejante situación. En las líneas que siguen trataremos de explicarla recordando lo establecido en la Constitución haitiana de 1987 y describiendo cómo se pretende eliminar las conquistas democráticas logradas por el pueblo haitiano desde la caída de la dictadura de los Duvalier (1957-1986) e iniciar pues un proceso de desdemocratización con la complicidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), gracias a las acciones de Helen La Lime, coordinadora de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH, por sus siglas en francés), y de Michele Sison, embajadora de Estados Unidos en Haití, en apoyo de Moïse.

La relación con las leyes

La Constitución haitiana prevé en su artículo 134-2 que el mandato del presidente no comienza en la fecha de asunción sino de su elección. Es sobre esta base que debe considerarse el mandato de cinco años del Presidente de la República. Concretamente, el presidente debería haber asumido el 7 de febrero de 2016; por ende, ello hace que su mandato comience precisamente en esa fecha mediante esa ficción jurídica establecida por la carta Magna para mantener inalterables los periodos constitucionales. Esto significa que el mandato de cinco años de Moïse concluyó el 7 de febrero de 2021 y no que terminará en febrero de 2022, como él sostiene debido a que tardó un año en asumir debido a las irregularidades en los comicios, las protestas subsiguientes y la repetición de las elecciones. Moïse fue elegido en octubre de 2015 con una participación del 20% del padrón electoral y las elecciones fueron repetidas en noviembre de 2016 (no obstante, la mayoría de los constitucionalistas coinciden en que se trata del mismo proceso electoral, de ahí que debería haber concluido su mandato). Cabe destacar también que el aún mandatario llegó a la presidencia con menos de 600.000 votos en un país con 11 millones de habitantes. Y Hoy denuncia que un golpe de Estado de «un pequeño grupo de oligarcas». Sectores opositores declararon al juez del Tribunal Supremo Joseph Mécène Jean-Louis para liderar la transición, pero este no tiene reconocimiento por parte de la comunidad internacional.

Pero, ¿existe realmente un conflicto constitucional sobre su continuidad en el cargo? Aunque hay discusiones sobre el tema, Moïse las saldó al disolver la 50 Legislatura en enero de 2020 aplicando el mismo criterio que ahora dice que no rige para él. Así, ¿existiría una doble vara en la aplicación del artículo 134-2? A partir de entonces, gobernó sin Congreso y de manera cada vez más dictatorial. Por eso, es posible afirmar que estamos en presencia de un verdadero autogolpe, dado que el artículo 134-3 prevé que en ningún caso un presidente puede prorrogar su mandato. Un editorial de The Washington Post del 19 de febrero de 2021 señalaba con precisión: «El presidente niega ser un dictador pero sus acciones sugieren lo contrario. Su mandato expiró el domingo pasado [7 de febrero de 2021]. Sin embargo, dice que permanecerá en el poder un año más…». La Constitución haitiana fue justamente concebida para impedir cualquier veleidad de regreso a una dictadura, ya que los 30 años de la sangrienta y retrógrada dictadura de François y Jean-Claude Duvalier siguen representando una pesadilla para la generación de fines del siglo XX.

Para lograr dirigir el país solo y sin controles, Moïse puso en práctica otro método: no celebrar las elecciones legislativas y municipales de cuyo desarrollo era responsable. Se convirtió a la vez en poder ejecutivo y legislativo, y emitió unos cuarenta decretos, y transformó a los alcaldes en «agentes interinos del ejecutivo». Mientras tanto, redujo por decreto las facultades de control del Tribunal Superior de Cuentas, lo que le permite realizar gastos a su antojo, especialmente para consolidar su poder dictatorial. Yendo aún más lejos en el desprecio por las leyes del país, Moïse creó un consejo electoral compuesto únicamente por miembros de su partido (Tèt Kale [cabezas calvas]), al que le confió la facultad de organizar un referéndum para elaborar una nueva Constitución a su medida, que podría, por ejemplo, abolir el Senado. Al estar prohibida la reforma de la Constitución por referéndum, Moïse declaró que lo que hará será redactar una nueva Carta Magna, no reformar la actual.

Al gobierno le quedaba controlar los tribunales de casación. Simulando un golpe de Estado precisamente la noche anterior al fin de su mandato (del 6 al 7 de febrero), Moïse hizo detener ilegalmente en plena noche a un juez de casación junto a otras 23 personas acusadas de complicidad. Otros tres jueces de casación fueron destituidos ilegalmente.

Las prácticas represivas 

Ninguna dictadura puede funcionar sin una panoplia de prácticas represivas. Se trata ante todo de silenciar al pueblo y a los eventuales opositores. Es exactamente lo que los Duvalier debieron hacer para permanecer tres décadas en el poder. El desmantelamiento de las instituciones y el desprecio por las leyes van de la mano con la destrucción física de los opositores. Los cuatro años de Moïse en la presidencia se distinguen por una serie de masacres perpetradas todas en bidonvilles de Puerto Príncipe. 

El fenómeno de las bandas que se propaga actualmente a todo el país es apoyado abiertamente por el poder: suelen pasearse con armas de guerra con la protección cómplice de la policía. Incluso reciben armas del Ministerio del Interior, tal como sucedió especialmente durante la masacre de La Saline en la que fueron ejecutadas sesenta personas, entre ellas mujeres y niños. Estas masacres fueron documentadas por las asociaciones de derechos humanos (Red Nacional de defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Fundación Jékléré, Centro de Análisis e Investigación de los Derechos Humanos (CARDH)), así como por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Con alianzas de bandas armadas como la denominada G9, los secuestros se vuelven habituales, al punto que nadie sabe en qué momento puede ser secuestrado y torturado en calabozos dispuestos en las zonas liberadas. Solo en el mes de enero, se registraron al menos sesenta secuestros, y en 2020, 786, en los cuales se pidieron rescates extremadamente elevados. 

Entre los decretos más cuestionados emitidos por Moïse, descubrimos la famosa Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) integrada por agentes que están por encima de justicia, la policía y la administración, en el sentido de que se les prohíbe comparecer ante la justicia, ya que solo rinden cuentas al presidente de la República. Siempre ávido de grupos armados, Moïse reconstruyó al ejército (desmantelado en 1994 con el retorno del exilio del presidente Jean-Bertrand Aristide) proveyendo armas a 485 hombres a los que les ha asignado tareas de policía. Más recientemente, lanzó un grupo denominado Brigada de seguridad de áreas protegidas (BSAB), que pueden usar sus armas para defender al gobierno. En cuanto a la policía, devino en gran medida una policía política, ya que algunas secciones son indiscernibles de los delincuentes, a tal punto que estos últimos llevan el uniforme de la policía mientras realizan secuestros.

«Economía de violencia»

Moïse llegó al poder en 2017 luego de elecciones cuestionadas tras haber sido elegido por el ex presidente Michel Martelly como candidato de su partido, con el fin de asegurarse la impunidad. ¿Por qué? Resulta que durante el mandato de Martelly se descubrió la dilapidación de más de 4.000 millones de dólares, un préstamo ofrecido por Venezuela para ayudar a Haití a salir de la pobreza. Los primeros reclamos presentados al gobierno de Moïse exigían el inicio de un proceso judicial por el robo del Fondo Petrocaribe, tras la publicación, por parte del Tribunal Superior de Cuentas y Contencioso Administrativo, un informe detallado en el cual el propio Moïse estaba mencionado.

Diversas asociaciones defienden en todo el país la necesidad de un proceso judicial por el Fondo Petrocaribe, ya que remite al mismo tiempo a un sistema de corrupción que atraviesa todos los secretos del Estado y en el cual participan varios miembros del partido Tèt Kale. Este poder sirve como un escudo contra cualquier rendición de cuentas. Para debilitar los reclamos populares, fue necesario primero mantener aterrorizadas a las masas de desocupados de los barrios marginales a través de las reiteradas masacres que bandas armadas pueden realizar con total impunidad con el apoyo de policías y el Ministerio del Interior.

En el momento de escribir este artículo, casi todas las fuerzas vivas del país, de diferente signo ideológico, se oponen a la permanencia de Moïse en el poder. Ya sean los sindicatos en su conjunto, la Conferencia Episcopal, la Federación Protestante, todas las asociaciones de derechos humanos, movimientos estudiantiles, la Federación de Colegios de Abogados, el Consejo Superior del Poder Judicial, movimientos campesinos, y todos los partidos políticos con excepción, desde luego, de Tèt Kale. La respuesta de Moïse consiste en utilizar gases lacrimógenos y a veces balas reales contra los manifestantes que protestan contra los secuestros, la corrupción y las violaciones de la Constitución, de manera tal que suelen registrarse muertos durante las manifestaciones. El asesinato del presidente del Colegio de Abogados, Monferrier Dorval, sigue sin resolverse, mientras el gobierno rechaza todo apoyo a una investigación independiente internacional.

Lo que no deja de asombrar a los observadores de la crisis actual en Haití es la manera en la que algunas instancias internacionales, en particular la BINUH y la Organización de Estados Americanos (OEA), sostienen la permanencia en el poder de Moïse. En verdad, Moïse solo tiene un objetivo: asegurar el retorno al poder de su mentor Martelly y conservar al mismo personal político que actúa cada vez más como una mafia que usufructúa las ventajas de poseer el aparato estatal que hace de Haití un espacio para hacer negocios y no un país que dispone de reglas, leyes y una Constitución que deben respetarse.

En este marco, el sistema termina convirtiéndose en lo que el economista Fritz A. Jean denomina una «economía de violencia». Es este tipo de economía el que habría que entender y que es probablemente el espíritu del neoliberalismo presente en Haití desde el terremoto del 12 de enero 2010. Actualmente, el país se hunde en la mayor de las miserias: 4 millones de personas viven por debajo de la línea de pobreza y una enorme inseguridad alimentaria. Sin embargo, la familia de Andy Apaid acaba de obtener 8.600 hectáreas de tierras cultivables y 1,8 millones de dólares a través de un decreto del 8 de febrero con vistas a producir stevia para la empresa Coca Cola. Sería conveniente que las numerosas ONG en Haití aprendieran a reflexionar sobre las fuentes del empobrecimiento de los  haitianos. Masacres, secuestros, robo de dinero público son en Haití la expresión de un Estado mafioso que retoma -para perdurar- el modelo de la dictadura de los Duvalier. «Estamos asistiendo a la creación de una Somalia en las Américas», dijo Ralph P. Chevry, miembro de la junta directiva del Centro de Política Socioeconómica de Haití en Puerto Príncipe. Moïse era un aliado de Donald Trump, con quien se alineó frente a Nicolás Maduro;  ahora su permanencia en el cargo pone a prueba al nuevo gobierno de Joe Biden.

Traducción: Gustavo Recalde

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China e India: dos gigantes condenados a relacionarse

Las relaciones entre China e India pueden rastrearse muy lejos en la historia, aunque adquirieron un cariz especialmente complejo desde finales de los años 40 con la independencia de la India y el establecimiento de la República Popular China.

 

El monje budista Xuanzang visitó en el siglo VII la ciudad de Nalanda, hoy ubicada en el estado indio de Bihar. La fama de este religioso Ch’an ayudó enormemente a que algunas de sus reflexiones sobreviviesen al paso del tiempo. La forma más común entonces para referirse a India dentro de China era probablemente Tianzhu, aunque Xuanzang convino en utilizar Yìndù (印度), nombre que mantiene vigencia hasta nuestros días. “Todos los seres vivos giran sin cesar en la rueda de la transmigración a través de la larga noche de la ignorancia, sin una estrella que los guíe. [...] La brillante luz de hombres santos y sabios, que guía al mundo como el resplandor de la luna, ha hecho que este país sea eminente, y por eso se llama Yìndù. [...] La luna tiene muchos nombres, y este es uno de ellos”. Lo dijo sin cortapisas: India es la brillante luna del mundo.

La influencia del budismo, nacido de las entrañas mismas de India, a lo largo de la historia china es incuestionable. Y aunque estos antecedentes pudieran llevar a pensar lo contrario, las relaciones entre los dos estados en las últimas décadas distan mucho de ser tranquilas, viéndose empapadas de una resbaladiza mezcla de conveniencia y desconfianza.

La virtud es un elemento central en el pensamiento confuciano que alcanza a su misma visión sobre el mundo y sobre las relaciones entre países. La máxima “Xiu shen, qi jia, zhi guo, ping tianxia”, o “cultivar el yo, regular la familia, gobernar el estado y armonizar el mundo” aparece en el Gran Saber (Dà xuě) como una línea maestra: todas las personas, todos los países y, en general, todos los sujetos pueden favorecer a la armonía global. Es precisamente la armonía en el sistema-mundo uno de los elementos confucionistas que el Partido Comunista Chino viene rescatando para su accionar desde antes del liderazgo de Jiang Zemin (1993-2003). Presumir de Confucio pareciera más amable que hacerlo del poder nuclear.

Hay un punto en común en este sentido con el gobierno de Narendra Modi. India dispone de cerca de 150 ojivas nucleares, algo menos de la mitad que la República Popular China. Y lo que es más relevante: unas pocas menos que Pakistán. La primera prueba de un arma nuclear de fisión en el caso de India se produjo en 1974: su nombre, “Smiling Buddha”. La de China, en 1964, fue apodada simplemente “596”. Sin pasar de ser una mera anécdota, este contraste se conecta con dos formas diferentes de operar en la escala internacional. Al tiempo que China ofrece al resto del mundo lo que define como relaciones de mutua ganancia (obviando a menudo su propio tamaño y poder), el gobierno del Chaiwalla Modi ha decidido llevar por bandera Bollywood, ayurveda y mucho yoga.

El elefante y el dragón

En 2015, la ONU celebró el Día Internacional del Yoga tras una intensa campaña del recién asumido Primer Ministro indio. Tan relevante le parece a su gobierno esta disciplina que fue la punta de lanza de su primera intervención frente a la Asamblea General de la ONU en 2014, una puesta en escena que no hacía sino advertir lo que sería la espina dorsal de su proyecto político: el nacionalismo hindú o hindutva. “El yoga no se trata solo de ejercicios, se trata de una manera de descubrir el sentido de identidad de uno mismo, el mundo y la naturaleza”, dijo. Es precisamente el enaltecimiento de esta identidad hindú como un objeto totalizante donde contener a través de la negación las diversas formas de ser indio lo que choca con el esfuerzo de muchos gobiernos desde Gandhi de amalgamar las diferencias y convertir esta pluralidad en la Marca India. Fuera de las fronteras indias Modi se esfuerza en mostrar el lado amistoso e inclusivo del hinduismo, al tiempo que no se priva de dificultar el acceso a la ciudadanía de la población no hindú.

Si es importante la imagen que un país ofrece al resto, tanto o más lo es la precaución y las reservas con las que el mismo mira hacia fuera. Desde buena parte de los espacios de pensamiento político en China se percibe la desconfianza que muchos gobiernos y sociedades occidentales tienen hacia el proyecto del PCCh. A través de “valores universales”, se cree, las “fuerzas occidentales hostiles” buscan torcer el rumbo del país y su reforma.

En 2014 Xi Jinping propuso que el PCCh se adhiriera al concepto de la Perspectiva General de Seguridad Nacional. “Observando la seguridad de la gente como el objetivo; la seguridad política como el principio fundamental; la seguridad económica como la base; la seguridad militar, cultural y social como las garantías; y la promoción de la seguridad internacional como una fuente de apoyo, forjaremos el camino de la seguridad nacional con características chinas”. No por repetido pierde importancia el concepto de “características chinas”. En este caso, la seguridad nacional incluye la noción de seguridad ideológica. Es decir, aquella situación en la que la ideología dominante está relativamente segura y libre de amenazas internas y externas.

Y si en China se hizo explícita la voluntad de asegurar el socialismo con características propias como guía de la nación, en India el gobierno del Bharatiya Janata Party (BJP) ha abandonado su moderación inicial y ha intentado erigir el hindutva en ideología de Estado. Esta radicalización coincide con la victoria de Modi en 2019, que le otorgó 303 de los 545 diputados que forman el Lok Sabha. En realidad, el hindutva hunde sus raíces en el período colonial o Raj británico (1858-1947). Intelectuales como Madhavrao Golwalkar creían que los tiempos dorados de la civilización hindú fueron “contaminados” por las invasiones cristianas, musulmanas y británicas, fundamentalmente. Golwalkar y otras figuras fundaron en 1925 el Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), organización en la que el propio Modi militó, que posibilitó su paso de vendedor de té a gobernador del complejo estado de Bujarat (2001-2014) y que hoy él mismo emplea como fuerza de choque no oficial.

La impronta de las ideas fundacionales de las RSS en el gobierno de Modi se hace palpable en su visión de la población musulmana como enemigo interno “contaminante” al excluirla de la identidad india, y externo, al colocar el conflicto con la República Islámica de Pakistán en el centro de su política exterior. En el siempre tenso equilibrio nuclear, militar y propagandístico entre el propio Pakistán y el Estado indio juega un papel crucial la voluntad de la RP China de aumentar el tamaño de su esfera de influencia en la región, especialmente desde que la segunda revolución del PCCh, liderada por Deng Xiaoping, Hu Yaobang, Zhao Ziyang y otros sectores del partido catapultara el crecimiento económico del dragón.

La política exterior de los dos gigantes asiáticos se cruza en muchos puntos por la propia inercia. Es tan grande la influencia que ambos Estados ejercen a su alrededor, tan masiva la gravedad que generan, que de forma inevitable se condicionan mutuamente. A pesar de la divergencia ideológica de partida, Pakistán vio desde su fundación en 1947 con buenos ojos la posibilidad de que China creciera en tamaño y poder para servir de contrapeso de India. En 1956, Zhou Enlai y Huseyn S. Suhrawardy firmaron el Tratado de Amistad sino-pakistaní, paso fundamental en una estrecha relación que ha ido consolidándose hasta nuestros días.

La partición del Raj británico dio lugar a la que todavía hoy es una de las fronteras más tensas del planeta: la indo-pakistaní. Las batallas de “baile” que a menudo se dan entre militares de uno y otro lado bajo los vítores de las hinchadas nacionales que asisten a la línea divisoria pueden confundir a un espectador ajeno, pero el conflicto se siente tan cotidiano como el panipuri en las calles de Delhi. Y, cómo no, la presencia de China en el conflicto se hace notar. En la práctica, apoya a Pakistán en la cuestión de Cachemira, mientras este se posiciona del lado del PCCh en lo que a Taiwán, el conflicto del Tíbet y las cuestiones de Xinjiang se refiere.

En este idilio, el elemento militar es central. Como el propio Ministerio de Asuntos Exteriores pakistaní reconoce en su página web, “la colaboración en Defensa constituye la columna vertebral de la relación. [...] La cooperación abarca intercambios militares de alto nivel, conversaciones estructuradas de defensa y seguridad, ejercicios conjuntos, capacitación de personal en las instituciones de ambos, producción conjunta de defensa y comercio de defensa”. Por otro lado, el comercio entre los dos países es amplio y fluido, lo que no es baladí. Que China sea el principal socio comercial de Pakistán no es una gran sorpresa. Al fin y al cabo, lo es de muchos países en vías de desarrollo a través de sus inversiones en infraestructura. Uno se asegura la inversión y la energía que necesita, mientras el otro obtiene una privilegiada puerta de acceso al mercado islámico. Ahora bien, ser el principal socio comercial de uno de tus vecinos al tiempo que éste mantiene tira y aflojas con otro más poderoso enrarece la convivencia regional. China trata de ser neutral atendiendo a su doctrina para las relaciones internacionales, pero la estrechez de sus vínculos con Pakistán atiranta su relación con India.

Por otra parte, Mao decía que todo es dialéctica. Es decir, cualquier fenómeno tiene su opuesto a través del cual se explica su existencia. Sucede que India también influye a través de su política exterior en asuntos que llevan décadas enquistados en la sociedad china. En 1951 China completó la anexión del Tíbet tras derrocar a su débil y solitario ejército, acabando con el que había sido el territorio “tapón” entre ella e India durante siglos. Desde entonces el ejemplo de la, en adelante, Región Autónoma del Tíbet, reforzó en la India el recelo ante lo que conciben como una esencia expansionista que acompaña a China. Es popular en la India, aunque de difícil rastreo, la noción de los “cinco dedos”. Según esta creencia Mao y, en consecuencia, el Partido Comunista de China tendrían una voluntad expansionista que alcanzaría los territorios de Ladakh, Nepal, Sikkim, Bhután y Arunachal Pradesh. Pese al alto grado de especulación que rodea a esta convicción, lo cierto es que arroja información de interés al respecto de cómo India percibe a China.

En tibetano, China es llamada “Gyanak”, que puede traducirse como “Tierra Ominosa” o “Tierra Impía”, al tiempo que a la India se le dice “Gyakar”, “Tierra Sagrada” o “Tierra Blanca”. En 1959, tras la disolución del gobierno local tibetano por parte de Beijing y el exilio del decimocuarto Dalai Lama a India bajo el paraguas de la CIA, el líder del budismo tibetano conformó allí un gobierno en el exilio que permanece hasta nuestros días. No obstante, el volumen de la influencia china en el planeta dificulta enormemente que los tibetanos sumen Estados a su causa —no así celebridades—.

Ni siquiera India da soporte explícito al impulso secesionista, aunque sí ofrece refugio a monjes y migrantes. Se estima que 100.000 tibetanos viven exiliados bajo la protección que les brinda el elefante asiático. El gobierno chino, como se puede intuir, no ve con buenos ojos este accionar ya convertido en una política de Estado. Si algo caracteriza a los países socialistas es su afán por rechazar las injerencias de terceros Estados, tanto más el PCCh. Este hecho, unido al mencionado vínculo sino-pakistaní, tensa todavía más el precario equilibrio existente en varios puntos de la frontera entre las dos potencias.

Hindi Chini bhai bhai

Jawaharlal Nehru fue el Primer Ministro de India desde la independencia en 1947 hasta su muerte en 1964. A él se le atribuye en la cultura popular nacional el eslogan “Hindi Chini bhai bhai”, que pudiera ser traducido como “la India y China son hermanos”. Su postura frente a las pretensiones territoriales del vecino, ingenua en primer lugar y perdedora más adelante, hizo que quedase colgada sobre su figura histórica la pesada etiqueta de tibio. Algunos sectores de la sociedad india ven todavía hoy en Nehru a un presidente que consintió a China avanzar militarmente sobre territorios indios para completar su “esfuerzo liberador” en Asia.

Las grandes amistades a veces son más fáciles de enunciar que de sostener, planteamiento que es reforzado al observar el desarrollo histórico de las relaciones sino-indias. El nacionalismo de dos países antaño coloniales pero que hoy ostentan el cargo de, como mínimo, potencias regionales, condujo inevitablemente a choques de intereses. Atrás quedaron los años del “Hindi Chini bhai bhai”, si es que alguna vez llegó a tener esta idea algo de profundidad. La línea McMahon, diseñada bajo criterios arbitrarios y coloniales por el Reino Unido, se mantiene hoy como frontera oficial entre los dos Estados. Los territorios de Aksai Chin y Arunachal Pradesh fueron testigo de la guerra sino-china de 1962 y desde entonces se han ido sucediendo pequeños núcleos de conflicto allí y en zonas como Ladakh. Si bien durante décadas después de la guerra se vivió una realidad de paz tensa en la frontera, desde 2013 la disputa se ha intensificado enormemente.

Coincidiendo con la entrada de Xi Jinping y Narendra Modi al liderazgo de una y otra nación se ha venido produciendo una escalada de tensión que desembocó finalmente en las escaramuzas de 2020. Que los dos Estados acordasen la no utilización de armas de fuego en la frontera no imposibilita de manera tajante la aparición de violencia, como pudo constatarse en varios puntos de Ladakh y Sikkim, aunque sí parece acotar las posibilidades para el ascenso a conflicto armado. El establecimiento de campamentos en los laterales de la línea divisoria entorpece el nexo y afecta a la política interna de ambos países. Adentro de India, de hecho, ciertas fracciones nacionalistas —especialmente ubicadas en Twitter y otras redes sociales— comenzaron a referirse al Primer Ministro como “ModiXi”, en un juego de palabras con tres aristas: “ModiXina”, “ModiXi Jinping” y “Modiji”, siendo “ji” una coletilla cariñosa, a menudo empleada en tono sarcástico idéntica a la que se emplea a veces para referirse a Nehru(ji).

En definitiva, tan descomunal es la influencia que China e India ejercen en el Asia oriental, el sudeste asiático y el Asia central como decisivas son las relaciones entre ambos: de hecho, existen muchos actores secundarios especialmente dependientes de las decisiones que tomen el uno respecto al otro, como Pakistán o Corea del Norte. Además, pareciera que del tipo de vínculo que llegue a diseñar un gobierno con el país vecino se extrae una parte crucial de su legitimidad, especialmente desde el lado indio, tal como Modi está padeciendo en carne propia.

Por Eduardo García Granado

@eduggara

26 feb 2021 06:46

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Ecuador: ballottage entre Arauz y Lasso y nuevas amenazas  

El Consejo Nacional Electoral proclamó los resultados de las elecciones 

La Contraloría y la Fiscalía realizarán auditorías de la votación, con lo cual el correísmo denunció una “intromisión al proceso electoral” por parte de otras instituciones del Estado. 

 

El proceso electoral ecuatoriano está marcado por incertidumbres, disputas y amenazas. Este domingo a las 3 de la madrugada, dos semanas después de la votación, el Consejo Nacional Electoral (CNE) finalmente proclamó los resultados de la primera vuelta. Como se sabía, Andrés Arauz ganó, con 32.70%, y Guillermo Lasso quedó segundo, con 19.74%.

En esa misma sesión, se volvió a ratificar la negativa a la solicitud presentada por el tercero, Yaku Pérez, de recontar los votos en 17 provincias. El poder electoral aceptó únicamente la revisión de 26 actas en Guayas y Los Ríos, “cuyas inconsistencias se presentaron físicamente en la Audiencia Pública de Escrutinios”.

La proclamación, que debía traer claridad sobre los resultados cuestionados únicamente por Pérez, se dio, sin embargo, en medio de dos nuevas situaciones. En primer lugar, la Contraloría pidió el día sábado que sea realizada una auditoría informática antes de que ocurra la segunda vuelta. Y, esa misma tarde, la Fiscalía solicitó que el contenido digital de la base de datos del CNE para realizar una verificación de la misma.

La Fiscalía explicó en un comunicado, el domingo, que la acción se llevaba adelante “dentro de una investigación previa por presunto fraude electoral”, en base a las denuncias de Pérez, a partir de las cuales solicitaron a la Corte Nacional de Justicia autorizar “el registro y retención de información”. Esa autorización del juez de la Corte llegó el sábado, casi en simultáneo con el pedido de la Contraloría y horas antes de la proclamación de resultados del CNE.

Si bien la Fiscalía afirmó que “las diligencias fueron coordinadas con la presidencia del CNE”, la presidenta del poder electoral, Diana Atamaint, grabó horas antes un mensaje en el cual afirmó: “esperamos que los esfuerzos de la Contraloría se enfoquen en el combate a la corrupción y que no se hagan eco de las fuerzas políticas que quieren tomarse por asalto al CNE. Pedimos que las instituciones y sus autoridades no caigan en el juego y se conviertan en actores políticos que promueven sus intereses en el actual proceso electoral”.

Ante los hechos ocurridos, la fuerza política Unión por la Esperanza, que lleva la candidatura de Arauz, presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la Fiscal General, Diana Salazar, y el Contralor, Pablo Celi, por una “intromisión al proceso electoral”. El candidato, por su parte, dio una conferencia para denunciar los hechos: “hay una única autoridad electoral y rechazamos la interferencia y grosera intromisión de otras instituciones del Estado en la función electoral contraloría”.

Arauz denunció que tras los pedidos de auditorías existen las amenazas e intenciones de que sea modificado el calendario electoral, que fija el inicio de la campaña para el 16 de marzo y la segunda vuelta para el 11 de abril: “exigimos que los derechos al recuento se hagan en el marco de la ley y no impliquen excusa alguna para modificar el calendario electoral”.

Las denuncias acerca de posibles intentos de modificación de las fechas electorales fueron también expresadas por Atamaint, quien afirmó que “el calendario electoral que conduce a la segunda vuelta no se cambia”, y dentro del informe preliminar entregado por la Organización de Estados Americanos (OEA) el domingo, el organismo llamó a “las autoridades electorales” a “dar cumplimiento al calendario electoral”. La OEA, que reconoció los resultados electorales, también señaló su “preocupación” por el hecho que “otras entidades públicas o autoridades pretendan asumir funciones que puedan afectar las atribuciones de organismos electorales y la propia elección”.

Así, en lugar de un escenario electoral despejado con los resultados luego de dos semanas de la votación, los últimos acontecimientos agregaron mayores preocupaciones acerca de los diferentes intentos de interferir en la realización de la contienda según lo establecido. Las instituciones ecuatorianas, marcadas por los años de lawfare contra la revolución ciudadana, volvieron a evidenciar su falta de transparencia y, en consecuencia, de confianza.

A su vez, en ese contexto, Pérez, junto a un sector del movimiento indígena, se dirige en una movilización hacia el CNE, en Quito, donde volverá a presionar ante lo que denuncia como fraude. La llegada a la capital será, según los anuncios, el día martes. Pérez, quien en una primera instancia había logrado un acuerdo con Lasso para el recuento de votos, se encuentra ahora en lo que aparece como una soledad política y pocas posibilidades de lograr avances en sus intentos de impugnación del resultado que dio a Arauz como ganador de la primera vuelta.

Las elecciones en Ecuador, como se previó desde su inicio, se encuentran marcadas por una sucesión de irregularidades, maniobras, intentos de última hora centrados principalmente en perjudicar la candidatura de Arauz. Los próximos días podrían ser determinantes de cara a saber si el país se encaminará hacia una segunda vuelta sin contratiempos o sí, por el contrario, habrá nuevos giros que agreguen mayores sospechas sobre las instituciones y el proceso electoral.

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