Presidente de Ecuador decreta estado de excepción para enfrentar delincuencia

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción en todo el país, como una medida para enfrentar el incremento de la delincuencia en varias ciudades del país andino.

"De inmediato nuestras Fuerzas Armadas y Policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional, con especial énfasis en aquellas provincias donde los indicadores de violencia lo justifican", dijo Lasso en un mensaje difundido por la Secretaría de Comunicación a través de varios medios.

El presidente añadió que durante el estado de excepción se realizarán controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día y requisas de droga, entre otras acciones.

"Daremos a las fuerzas del orden el respaldo necesario para llevar a cabo su lucha contra el crimen", dijo el presidente.

Como parte de esas acciones, el Gobierno planea crear una Unidad de Defensa Legal de la Fuerza Pública, "entidad que se dedicará a la protección exclusiva de los miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas, que sean demandados por cumplir con su deber".

El presidente añadió que ningún miembro de las fuerzas del orden tendrá que endeudarse para defenderse ante la justicia, que debe intimidar al delincuente y no a la Policía.

El Gobierno también indultará a policías y militares que hayan sido injustamente condenados por cumplir con su labor.

"Juntos llevaremos la batalla al hampa, donde sea que se esconda", sentenció el Presidente.

El presidente añadió que ningún miembro de las fuerzas del orden tendrá que endeudarse para defenderse ante la justicia, que debe intimidar al delincuente y no a la Policía.

El anuncio de Lasso se da luego de que el domingo, en la ciudad costera de Guayaquil (oeste), un niño de 11 años murió durante un asalto en un restaurante de un centro comercial.

Los delincuentes amenazaban con pistolas a los comensales para obligarles a entregar sus pertenencias.

Según comentaron testigos a medios locales, el niño murió por el impacto de una bala perdida, tras producirse un enfrentamiento entre los asaltantes y un Policía que se encontraba en el local.

El mandatario dijo que si bien nadie podrá reparar la pérdida de esa vida, hay que implementar acciones para terminar con la violencia que arrebató la vida a ese niño y a muchos ecuatorianos.

Lasso afirmó que Ecuador dejó de ser un país de tránsito de drogas para ser también un país de consumo, lo que se refleja en la cantidad de crímenes, que tienen relación directa o indirecta, con ese delito, así como con actos de sicariato y diversas formas de violencia.

"Más del 70% de las muertes violentas que hoy ocurren en Guayas están relacionadas con el tráfico de drogas", aseguró el mandatario.

La violencia que viven varias ciudades ecuatorianas también se siente en las cárceles ecuatorianas, entre las que enfrentamientos de diversas bandas delincuenciales dejan en lo que va del año más de 230 muertes y decenas de heridos.

El gobierno y analistas locales atribuyen esa violencia a luchas entre bandas ligadas a cárteles internacionales del narcotráfico, que se disputan territorio y poder.

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Masiva manifestación en Chile a dos años del estallido contra la desigualdad

Por la mañana, un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud saltaron los molinetes del Metro de Santiago reeditando el hecho que marcó el comienzo de las protestas en 2019.

 

Con una masiva manifestación en Santiago que reunió a miles de personas, Chile recordó este lunes el segundo aniversario del histórico estallido de 2019, una conmemoración que coincidió con el inicio de la redacción de la nueva Constitución. La presidenta de la Convención Constituyente, la mapuche Elisa Loncón, dio inicio al proceso en el que empezará el debate de fondo de la nueva Carta Magna, uno de los reclamos centrales de la ola de protestas que sacudió a Chile dos años atrás.

"El único camino es el ejemplo de octubre"

Al son de "Chile despertó", un clamor que se popularizó hace dos años, y en la céntrica Plaza Italia de Santiago, el 18 de octubre transcurrió en general en un ambiente festivo. Ante un despliegue de cinco mil carabineros, las multitudes protestaron contra el gobierno y clamaron por un modelo socioeconómico más justo y por la liberación de los manifestantes que llevan meses detenidos.

Por la mañana, un grupo de estudiantes y trabajadores de la salud saltaron los molinetes del Metro de Santiago, reeditando uno de los hechos que marcó el comienzo del estallido, inicialmente motivado por un aumento del precio del boleto del subte, pero que luego creció a una exigencia de cambios políticos y sociales más profundos.

Casi al mismo tiempo estudiantes de secundaria se colgaron de una pasarela próxima al edificio Costanera Center, el mayor rascacielos de Sudamérica, para desplegar una pancarta con el mensaje: "El único camino es el ejemplo de octubre". Si bien la mayoría de las manifestaciones en la capital chilena transcurrieron de forma pacífica, por la tarde y noche se registraron algunos disturbios que incluyeron barricadas, vehículos quemados e intentos de saqueo.

Un pequeño grupo de manifestantes intentó ingresar sin éxito a las inmediaciones del céntrico exCongreso nacional, donde trabaja la Convención Constituyente que, tras tres meses discutiendo su reglamento y otras cuestiones técnicas, arrancó la redacción de la nueva Carta Magna. "Por primera vez los pueblos de Chile nos hemos sentado en una mesa plural a discutir y pensar en un país donde la dignidad se hará costumbre", señaló la académica de etnia mapuche Elisa Loncón, presidenta del órgano. 

Enterrar la Constitución de Pinochet

La Convención Constituyente, formada por 155 miembros, es la primera paritaria del mundo y cuenta con una gran presencia de ciudadanos independientes y ajenos a la política partidaria. La nueva Constitución, que deberá estar lista en un máximo de un año y debe ser ratificada en un plebiscito de salida, podría servir para dejar atrás la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y de marcado corte neoliberal.

Un importante sector de la sociedad chilena le achaca a este texto las grandes desigualdades del país y la privatización de servicios básicos como las pensiones, el agua o la salud, algunas de las reivindicaciones clave de las manifestaciones. Durante los últimos años se registraron una treintena de muertes y miles de heridos que decantaron en reiterados señalamientos hacia las fuerzas de seguridad por una excesiva represión y violaciones a los derechos humanos.

El aniversario del estallido social llega en medio de la campaña para los comicios presidenciales del 21 de noviembre. La desaprobación del mandatario saliente alcanza al 68 por ciento, según la última encuesta del Centro de Estudios Públicos, y la oposición en conjunto presentó la semana pasada al Congreso una acusación constitucional contra Piñera que puede conducir a su destitución.

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Trabajadores de Amazon y Google rechazan un contrato que vende "tecnología peligrosa" al Ejército israelí

Carta abierta de más de 400 empleados contra el Proyecto Nimbus

Ambas empresas se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente los datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina".

18 de octubre de 2021

Mientras hacen negocios millonarios, Amazon y Google preparan el terreno para que el gobierno israelí vigile con mayor precisión a los palestinos y los expulse de sus tierras. Así lo denunciaron más de 400 trabajadores de los gigantes tecnológicos en una carta abierta publicada en el diario The Guardian, un hecho que pasó casi inadvertido para la prensa internacional. Los firmantes, que no revelaron su identidad por temor a represalias, denuncian que bajo un contrato por alrededor de 1.200 millones de dólares llamado Proyecto Nimbus, Amazon y Google se comprometen a prestarle a Tel Aviv servicios de almacenamiento en nubes que pueden ser utilizados "para recolectar ilegalmente datos de palestinos" y seguir expandiendo "los asentamientos ilegales israelíes sobre los territorios de Palestina": se trataría, en definitiva, de un proyecto que vende "tecnología peligrosa" al ejército israelí

La escalada de violencia en el conflicto entre israelíes y palestinos llegó de esta forma al corazón de Silicon Valley, revelando una división cada vez más profunda entre los empleados de Google y la cultura rígida de las empresas tecnológicas. La situación revela, además, que muchas veces no alcanza con un enorme poderío militar o una fuerte presencia en el terreno para triunfar en un conflicto armado: se hace cada vez más necesario tener una posición dominante en la llamada "guerra de los datos".

Los detalles del Proyecto Nimbus

"No podemos mirar hacia otro lado, ya que los productos que construimos se utilizan para negarle a los palestinos sus derechos básicos, obligar a los palestinos a abandonar sus hogares y atacar a los palestinos en la Franja de Gaza", declararon los trabajadores de Amazon y Google en la carta publicada en The Guardian. Agregan que el Proyecto Nimbus se firmó con el gobierno israelí "la misma semana en que el ejército israelí atacó a los palestinos en la Franja de Gaza, matando a casi 250 personas, entre ellas más de 60 niños". En ese momento, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, declaró que los bombardeos israelíes podrían constituir "crímenes de guerra".

El servicio provisto en la nube de datos favorecería la expansión de los asentamientos israelíes al trabajar codo a codo con la Autoridad de Tierras de Israel (ILA), la agencia gubernamental que administra y asigna las tierras estatales. Como denunciara en su momento Human Rights Watch, la ILA administra políticas territoriales "discriminatorias" que "fomentan el crecimiento y la expansión" de asentamientos predominantemente judíos, mientras acorralan a los palestinos en densos centros de población en "términos marcadamente desiguales".

El contrato del gobierno de Naftali Bennett para hacerse con los servicios de Google y Amazon es por siete años, con la opción de extenderlo por un total de 23. El Proyecto Nimbus prevé la instalación de seis centros de datos en Israel con una inversión de al menos cuatro millones de séquels israelíes (1.230 millones de dólares). Los datos en la nube serán procesados y se almacenarán dentro de las fronteras de Israel.

Los empleados que se manifestaron en el documento sostienen que las dos empresas de tecnología cerraron previamente contratos con instituciones estadounidenses como el Departamento de Defensa, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la policía. "Estos contratos son parte de un patrón perturbador de militarización, falta de transparencia y supervisión", señalan los denunciantes, quienes creen que el acuerdo con el gobierno israelí sigue esa misma línea.

"Cortar los contratos es la única opción ética"

Gabriel Schubiner, ingeniero de software de Google, condenó el contrato firmado con Israel en un artículo publicado en el sitio web de NBC News, exigiendo una respuesta inmediata a las autoridades de la compañía. "En 2019, Google canceló el Proyecto Dragonfly, un motor de búsqueda censurado en China, y se retiró del Proyecto Maven del Pentágono en 2018", recordó Schubiner. El primero recibió una lluvia de críticas por convertirse en una potencial herramienta de las autoridades chinas para censurar el contenido en Internet. Del segundo se sospechaba que podía ayudar al Pentágono a mejorar la precisión de sus ataques militares con drones.

"Los mismos principios deberían aplicarse a los contratos del Proyecto Nimbus y todos los contratos futuros basados ​​en sus consecuencias en el mundo real", remarcó Schubiner y agregó sin vueltas: "Dado que no tenemos la capacidad de garantizar que la tecnología que construimos no se utilice para cometer abusos contra los derechos humanos de los palestinos, cortar los contratos es la única opción ética que les queda a nuestras empresas".

Además de llamar a las empresas a que abandonen el proyecto y sus vínculos con las fuerzas de ocupación israelíes, los empleados de Google y Amazon convocaron "a los trabajadores del sector tecnológico y a la comunidad internacional para que se unan a nosotros en la construcción de un mundo en el que la tecnología promueva la seguridad y la dignidad para todos". Más adelante agregaron, apelando al más básico sentido común: "La tecnología debe usarse para unir a las personas, no para facilitar y afianzar la violencia y la segregación"

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El traslado de Saab a EU, un "secuestro en toda línea": Maduro

EU sabía que esto era una puñalada para el diálogo en México con la oposición, sostiene el gobernante // Guaidó celebra la extradición // Venezuela cuenta ya con vacunas anti-Covid

 

Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer que buscará demostrar la inocencia y lograr la libertad de su diplomático Alex Saab en todos los organismos internacionales, y calificó su extración de Cabo Verde a Estados Unidos de "injusticia innoble" y "secuestro".

La defensa de Saab, acusado de ser "testaferro" de Maduro, denunció el "atropello" que representa la entrega del también empresario, de 49 años, a la justicia estadunidense, que lo acusó de lavado de dinero en julio de 2019.

Los abogados de Saab aseguraron que fue trasladado a Estados Unidos "sin notificación del Tribunal Constitucional a la defensa".

Al respecto, Maduro relató: "llegó un avión, se bajaron unos matones, lo buscaron y lo sacaron a golpes del lugar donde cumplía casa por cárcel y se lo llevaron sin avisar a los abogados, a la familia, ni nadie. ¡Un secuestro en toda la línea del gobierno de Estados Unidos!"

Durante un discurso televisado, Maduro informó que su gobierno "se está moviendo en la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, en todos los organismos de derechos humanos" para lograr la liberación de Saab.

Agregó que el enviado especial de Venezuela consiguió alimentos, gasolina, medicamentos para diabéticos y tratamiento para personas con cáncer, en medio de las sanciones que enfrenta su país.

De igual manera, manifestó que se trata del segundo secuestro de Saab; el primero fue cuando lo detuvieron en Cabo Verde en junio de 2020, cuando su avión hizo una escala técnica en un viaje hacia Irán.

Maduro acusó que "el gobierno de Estados Unidos sabía que secuestrando a Alex Saab, miembro de la comisión de diálogo en México, le metía una puñalada mortal a las negociaciones... no quieren la paz para Venezuela".

El gobierno canceló su participación en una nueva ronda de encuentros con la oposición prevista para ayer en la Ciudad de México, y anunció que "vendrán otras respuestas".

El jefe de la delegación opositora Gerardo Blyde, pidió desde la capital mexicana la reanudación del diálogo "lo más pronto posible".

El gobierno de Noruega, facilitador de ese proceso, aseguró que seguirá trabajando para que el gobierno y la oposición venezolana vuelvan a la mesa lo antes posible.

En contraste, el opositor Juan Guaidó, reconocido por Estados Unidos y más de 50 gobiernos como "presidente" venezolano, "celebró" en Twitter la extradición.

Saab, quien tiene las nacionalidades venezolana y colombiana, comparecerá hoy ante una corte de Florida. El ex funcionario fue vinculado a un presunto esquema de soborno por más de 350 millones de dólares en un proyecto de vivienda de interés social del gobierno venezolano. Su socio, Álvaro Pulido, cuyo paradero se desconoce, también es acusado por la justicia de Estados Unidos.

Antes de las declaraciones del mandatario venezolano, hubo una concentración en apoyo a Saab en Caracas. Ahí, su esposa, Camilla Fabri, denunció un "segundo secuestro" de su marido, y sentenció: "lo que más le molesta a Estados Unidos es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará".

La mujer leyó un mensaje de su esposo en la Plaza Bolívar: "enfrentaré el juicio con total dignidad. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito".

El empresario aseguró que está en pleno uso de razón y que no es suicida "por si acaso me asesinan".

En otro orden, Maduro anunció que su país cuenta con la cantidad suficiente de vacunas para inmunizar contra el Covid-19 a 80 por ciento de la población, y anunció que a partir de enero comenzarán a llegar las dosis para los refuerzos.

Destacó que su gobierno logró conseguir las vacunas pese al bloqueo económico y la persecución financiera de Washington.

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Pedro Castillo ve dividida su base de apoyo en solo tres meses.

Perú Libre se pasó a la oposición 

Sus dirigentes dicen sentirse desplazados luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”. Sin embargo los nombramientos no condicen necesariamente con esa definición. La nueva primera ministra tiene una larga trayectoria en la izquierda y en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres.

 

Ruptura en el gobierno de Pedro Castillo. Menos de tres meses después que el profesor rural y dirigente sindical de izquierda asumiera la presidencia, el partido que lo llevó al poder, Perú Libre (PL), le ha quitado su respaldo. Sus principales dirigentes dicen sentirse desplazados del gobierno luego del reciente cambio de ministros y acusan al presidente de “derechizarse”, afirmación que no refleja la composición progresista del nuevo gabinete ministerial. Esto ocurre cuando Castillo es acosado por una derecha golpista que desde el Congreso opositor busca destituirlo. Esta ruptura ha sido promovida por el secretario general de PL, partido que se define como marxista-leninista, Vladimir Cerrón, que con los cambios ministeriales ha perdido la importante influencia que tenía en el Ejecutivo. La derecha celebra la división en el oficialismo.

En Cerrón

El quiebre entre Castillo y PL se ha dado luego que el presidente decidió cambiar el gabinete ministerial que encabezaba el congresista y dirigente de PL Guido Bellido, muy cercano a Cerrón. Bellido intentó imponer una línea partidaria definida por Cerrón que en no pocas ocasiones colisionó públicamente con el presidente, quitándole autoridad, y con otros ministros, y desarrolló una permanente confrontación, con la oposición que controla el Congreso pero también con otros miembros del gobierno. La extrema derecha encabezada por el fujimorismo supo explotar eso para atacar la presidencia de Castillo y armar una coalición golpista. En ese escenario, Castillo decidió reemplazar a Bellido por una exlegisladora de izquierda que no milita en PL, Mirtha Vásquez, quien ha sido presidenta del Congreso y tiene un estilo dialogante que la diferencia notoriamente de Bellido. El cambio ha sido aplaudido por sectores de la izquierda y la derecha, pero gatilló la furia de Cerrón y su dirigencia partidaria.

El nuevo gabinete deberá pedir el voto de confianza al Congreso, donde el gobierno es minoría y ahora se debilita más con esta ruptura. Sin embargo, no toda la bancada oficialista -37 legisladores sobre un total de 130 en el Parlamento unicameral- apoya la decisión de la dirigencia partidaria de romper con el gobierno y negarle el voto de confianza al gabinete. Todavía no se tiene claro la magnitud de la ruptura encabezada por Cerrón. La extrema derecha -que suma 43 votos- sigue en sus posturas golpistas, pero la derecha más moderada ha abierto la puerta para darle el voto de confianza al nuevo gabinete, aunque todavía no anuncia una decisión.

Un giro ¿al centroderechismo?

En un comunicado, PL ha anunciado que no le dará el voto de confianza al nuevo gabinete por representar “un giro político hacia el centroderechismo”. Sin embargo, la primera ministra Mirtha Vásquez está lejos de expresar esa supuesta derechización. Vásquez tiene una larga trayectoria en la izquierda, activista en la defensa de los derechos humanos y de las mujeres, feminista y ambientalista, ha sido abogada de campesinos enfrentados al abuso de poderosas transnacionales mineras. La dirigencia de PL ha amenazado con expulsar del partido a la vicepresidenta Dina Boluarte, ministra de Desarrollo e Inclusión Social, y a la legisladora Betsy Chávez, titular de Trabajo, las dos militantes de PL en el gabinete, por integrar el equipo ministerial al que Cerrón ha decidido declararle la guerra. Boluarte y Chávez expresan una línea partidaria crítica con Cerrón.

El nuevo gabinete que Cerrón llama de derecha ha reanudado las relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde el gobierno de la derecha empresarial de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), activo promotor del fracasado Grupo de Lima. Esta decisión ha molestado a la derecha y a los grandes medios, que promueven un estado de guerra permanente contra el régimen de Nicolás Maduro y presionan al gobierno en esa dirección. El nuevo gabinete ha marcado posición en el tema, lejos de la derecha

Los resultados de la ruptura 

“La ruptura de Cerrón con el gobierno es un error, exagera cuando habla de derechización del gobierno. Esta decisión no se explica solamente por la ambición de Cerrón por tener poder, como dice la derecha. Hay una serie de factores. Cerrón es una persona con un pensamiento radical, un marxista-leninista ortodoxo y dogmático, detrás de esta ruptura hay una ideología radical que tiende al sectarismo. La postura de Cerrón y PL también expresa la bronca de las provincias contra Lima. Una posibilidad es que con esta ruptura Cerrón quede aislado, pero la otra es que se fortalezca en provincias”, le señaló a Página/12 el sociólogo Alberto Adrianzén.

Sobre las consecuencias de esta ruptura en el gobierno, Adrianzén señala: “De un lado Castillo se debilita perdiendo votos de PL en el Congreso, pero al mismo tiempo el cambio de gabinete es positivo para el gobierno y abre un espacio para la posibilidad de bajar tensiones y aminorar la polarización, y para modificar la relación con un sector de la oposición, el de la derecha más moderada y buscar nuevos aires. Es difícil decir ahora si con esto Castillo gana o pierde más”. 

 

16 de octubre de 2021

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Marine Le Pen en Cavallion, sudeste de Francia.. Imagen: AFP

La crisis de la izquierda de cara a las elecciones del 2022

La dilución de la “conciencia de clase”, así como los fenómenos que la precipitaron, introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas no supieron interpretar. Las clases conectadas votan a la socialdemocracia.

 Si se cumplen los anticipos del oráculo electoral, por segunda vez consecutiva no habrá un candidato de la izquierda o de la derecha liberal conservadora en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de abril de 2022. En 2017 el duelo final lo disputaron el actual presidente, el liberal Emmanuel Macron, y la candidata del partido de ultraderecha Reagrupamiento Nacional, Marine Le Pen. 2022 parece configurarse con esa tendencia que se repite desde hace varios años en todos los sondeos de opinión. 

La única variante sería que el polemista de extrema derechaEric Zemmour oficialice su candidatura y, en consecuencia, supere en votos a Le Pen. En cualquier caso, la derecha heredera del general Charles de Gaulle, reagrupada luego en torno al ex presidente Jacques Chirac (1995-2007) y más tarde refundada por el ex jefe del Estado Nicolas Sarkozy (2007-2012) no despega en los sondeos. En cuanto a la izquierda, sea de origen socialista con la candidatura de la Intendenta de Paris Anne Hidalgo, la del líder de la izquierda radical, Jean-Luc Mélenchon (Francia Insumisa) o los ecologistas, está predestinada a observar de lejos la disputa presidencial

Sus déficits son plurales, pero el más importante sigue siendo la deuda popular de las candidaturas progresistas. El socialismo francés, Mélenchon, los comunistas y los trotskistas han perdido desde hace mucho tiempo el voto obrero y popular. Todos los intentos por recuperar lo que fueron sus bastiones electorales se esfumaron en las urnas de la extrema derecha. Elección tras elección los trabajadores y las clases más modestas votan por el partido fundado por el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie. Sin ese voto no hay ni presidencia ni segunda vuelta.

Desindustrialización

La batalla previa entre la izquierda y la extrema derecha se sitúa hoy en la reconquista de ese voto sin el cual ninguna esperanza es posible. La victoria del actual presidente estadounidense Joe Biden, gracias a que los demócratas reconquistaron parte del voto obrero en el norte, señaló un camino posible. Sin embargo, para el conjunto de la izquierda francesa, los estudios de opinión revelan cuán profunda es la distancia entre estos partidos y el voto obrero. Las clases populares han dejado huérfana a la izquierda.

En la elección presidencial de 2017, 39 por ciento del voto obrero se dirigió a las urnas de Marine Le Pen, el 25 votó por Mélenchon, el 6 por el socialista Benoít Hamon y el 4 por las dos opciones trotskistas (Lucha Obrera y el NPA). El electorado popular suma un total del 20 por ciento del cuerpo de votantes y es, por consiguiente, un aporte sustancial para configurar una victoria. 

El socialismo es para los diplomados

La dilución de la llamada “conciencia de clase” así como los fenómenos que la precipitaron introdujeron cambios sociopolíticos que las izquierdas, sobre todo los socialistas, no supieron interpretar. La desindustrialización de Francia (desaparición de grandes industrias, de la minería, la deslocalización de la industria automotriz) y la regresión de las redes sindicales tornaron audible la retórica de una izquierda cuyo mensaje se orientó más a seducir a las clases con diplomas, urbanas y conectadas que al electorado popular. El socialismo francés es percibido como un partido reservado a los jóvenes de las ciudades, que circulan en bicicleta, trabajan con las nuevas tecnologías y están a salvo de las inclemencias de la pobreza, la exclusión y los trabajos rudos. 

Los valores comunes que aunaban a la izquierda se disiparon de su raíz. La diputada del partido Francia Insumisa Clémentine Autain constata que “el electorado obrero se desestructuró y la ultraderecha aprovechó la ocasión para agarrarlo”. En un amplio estudio sobre el voto de ultraderecha, el director del polo opinión y estrategias de la encuestadora IFOP anota que todo ocurre “como si el partido lepenista hubiera capitalizado el resentimiento y el sentimiento de relegación cultural de quienes tienen menos diplomas”. 

Los ecologistas, a su vez, sufren de otras carencias fundamentales: no cuentan con vínculos en los medios populares y sus propuestas constituyen una espantapájaros para quienes aún trabajan en las industrias y están muy lejos de percibir el sentido de frases como la “transición ecológica”.

Fractura

1995 y 2002 constituyen las dos fechas a partir de las cuales el voto popular cambia de orientación. En 1995,  Jean-Marie Le Pen (entonces líder del partido de ultraderecha Frente Nacional) irrumpió en el territorio reservado a los socialistas y comunistas y, siete años más tarde, en la elección presidencial de 2002, Le Pen le ganó al candidato socialista y Primer Ministro Lionel Jospin y terminó disputando la segunda vuelta ante Jacques Chirac. La propia mutación de los socialistas en una suerte de social democracia liberal europeísta y partidaria de la globalización acabó por instaurar un muro que la izquierda jamás pudo derribar. 

Sin candidatos con arraigo popular y con un discurso pegado a los manuales liberales, el socialismo francés consumó la ruptura. Las dos únicas figuras genuinamente populares que quedan en el paisaje son las de Mélenchon y Marine Le Pen. La izquierda de la transformación social, de la solidaridad, de la justicia social perdió su mensaje y, con él, sus electores. Pierre Jouvet (Partido Socialista) reconoce que “los medios populares se sienten abandonados. El discurso de la izquierda, demasiado concentrado en las metrópolis, no respondió a la crisis. El electorado obrero o la clase media consideró que no tomábamos en cuenta sus preocupaciones cotidianas”. 

La imposibilidad de la unidad

El pugilato por la candidatura presidencial de la izquierda también empaña el horizonte. Los sondeos muestran de forma regular que una candidatura única de la izquierda tendría más posibilidades de convertirse en una fuerza verosímil. Sin embargo, entre socialistas, izquierda radical y los verdes no ha habido ni hay un clima que favorezca la designación de una sola figura. Por fuera de los partidos un movimiento ciudadano (primaria popular) propone reunir en una sola figura las candidaturas de la izquierda, pero la iniciativa no ha prosperado. En suma, la elección presidencial se acerca y la utopía de la unión de la izquierda se aleja. 

El electorado popular está del otro lado de la verja y la izquierda hace muy poco para reconectar con él. El voto de las clases populares que, en los años 60, 70 y 80, escribió las mejores páginas del Partido Comunista francés cambió de vereda. Los estudios de opinión más recientes indican que de cada diez votantes de las clases populares más de 4 votarán en 2022 por la ultraderecha (45 por ciento). 

El economista Thomas Piketty codirigió este año un amplio estudio sobre los comportamientos electorales en unas 50 democracias ("Clivages politiques et inégalités sociales"). El Autor de "El Capital en el Siglo XXI" y "Capital e Ideología" escribe en esa obra que “para comprender el ascenso del populismo es preciso analizar el ascenso del elitismo”. Es decir, cuanto más elitista aparece un partido, o sea, liberal, más se aleja del electorado popular, el cual, a su vez, se reconoce en la ultraderecha y su retórica arraigada en la identidad. La oposición clásica entre “partidos socialdemócratas y conservadores parecía eterna, pero se esfumó”, escribe Piketty. El economista francés resalta también que “la izquierda y la ecología política se convirtieron en partidos de letrados. Ambos se ven favorecidos por las clases con más diplomas”. 

En un libro ya famoso ("The road to somewhere") David Goodhart describió la fractura que atraviesa la mayoría de las democracias liberales entre una elite integrada y movediza (los anywhere) y las poblaciones más arraigadas en sus valores y territorios (los somewhere). Los primeros ganaron con la globalización, los segundos, menos conectados y capacitados, perdieron. Los anywhere y los somewhere son también protagonistas de los trastornos electorales que conducen a que los obreros voten a la ultraderecha y las clases conectadas a la socialdemocracia. La izquierda no tiene aún la formula para reconquistar ese voto del pueblo. Todo apunta a que 2022 se jugará de nuevo entre la opción liberal de Macron y la ultraderecha francesa cuyo renacimiento en los años 80 se apoyó en el voto obrero que las izquierdas perdieron por los caminos del somewhere.

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17 de octubre de 2021

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Viernes, 15 Octubre 2021 06:13

Tortura indetenible

Tortura indetenible

La violencia estatal en Venezuela

Desapariciones, golpes, culatazos, asfixia, quemaduras, descargas eléctricas, violencia sexual y, a veces, la muerte. Un mal que ha sido endémico en el país se ha agravado en los últimos años y dispara cada vez más alarmas.

 

La noche del 28 de junio de 2019, el capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años, retirado de la Armada en 2006 y considerado opositor político, fue llevado ante un tribunal castrense por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM) para oír cargos de conspiración contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Horas antes lo habían llevado al hospital militar de Caracas, donde el médico certificó que tenía traumatismos en el tórax, la nariz, un dedo, un tobillo, infección en la piel y deshidratación. Acosta ni siquiera pudo articular palabra. Por señas pidió ayuda a su abogado, asintió con la cabeza cuando este le preguntó si había sido torturado y el juez lo vio en tal mal estado que ordenó devolverlo al hospital.

Acosta se desmayó y, según algunos testigos, murió allí mismo, en el estrado. Llegó al hospital sin signos vitales. Un informe forense dio cuenta de que presentaba 38 lesiones, como las fracturas del tabique nasal y un pie, quemaduras, hematomas en varias partes del cuerpo y escoriaciones en hombros, codos y rodillas.

Una semana antes de su muerte, cuando viajaba desde Caracas hacia Guatire, 30 quilómetros al este, su familia perdió todo contacto con él y solo supieron de su paradero cuando se informó que era llevado al tribunal.

Dos oficiales de menor rango, un teniente y un sargento, fueron procesados por homicidio preterintencional y la fiscalía no investigó evidencias de tortura ni responsabilidades mayores en la cadena de mando. El Tribunal Supremo de Justicia ordenó una nueva investigación y un nuevo juicio, con resultados aún esperados, pero solo se responsabiliza a los subalternos.

Este es el corazón del caso Acosta tal como lo recogen informes de la Misión Independiente de Determinación de Hechos sobre el caso Venezuela constituida por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y reportes sucesivos en los dos últimos años de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet. Esos informes están nutridos de casos, señalamientos y recomendaciones con respecto al tema de la violación de derechos humanos fundamentales en Venezuela, sistemáticamente rechazadas por el gobierno de Maduro, la fiscalía y demás instituciones en la cúpula del Estado.

En paralelo, la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), que la gambiana Fatou Bensouda traspasó en julio al británico Karim Khan, hizo un examen preliminar de la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó «a la conclusión de que la información disponible proporciona una base razonable para creer que desde, al menos, abril de 2017 autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas y personas progubernamentales han cometido crímenes de lesa humanidad», entre ellos, la tortura. Ese reporte abre puertas para un posible encausamiento, ante la justicia penal internacional, de responsables del Estado venezolano y de sus aparatos armados.

VIEJA PRÁCTICA

La tortura en Venezuela «es una práctica que tiene muchos años, y no solo la comete la DGCIM, uno de los organismos más señalados en los últimos cuatro años, sino también el Servicio Bolivariano de Información (la Policía política), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (la Policía judicial), que tiene muchos años practicándola, y se han sumado Policías regionales y municipales», dijo a Brecha Marino Alvarado, quien ha sido coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), posiblemente la más reconocida ONG de derechos humanos en el país.

En el siglo XX, las dictaduras militares de Juan Vicente Gómez (1908-1935) y Marcos Pérez Jiménez (1948-1958) practicaron la tortura contra los detenidos políticos y, en los años sesenta y setenta, lo hicieron unidades militares y policiales que combatían a las guerrillas izquierdistas. En paralelo, fue avanzando la práctica, por parte de las Policías a cargo de combatir los delitos comunes, de torturar a los detenidos para arrancarles confesiones o para infligirles castigos, lo que, junto con los tratos inhumanos y degradantes, se hizo pan de cada día en las prisiones y comisarías. El resultado fue una suerte de institucionalización de esa práctica, que acompañó muchas veces a las ejecuciones extrajudiciales en las redadas o razias policiales y a la represión en las cárceles, que condujo a motines, varias veces saldados con decenas de muertes.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, la represión por razones políticas amainó, pero resurgió después de las manifestaciones estudiantiles de 2007. Y, tras la muerte del carismático líder, en 2013, se incrementaron las facultades, la organización, el número de efectivos y el equipamiento de las fuerzas del orden, y se crearon unidades de comandos señalados por ONG humanitarias como perpetradoras de múltiples violaciones a los derechos humanos.

Maduro, quien gobierna desde entonces, ha denunciado, develado y superado complots para derrocarlo o asesinarlo, y en ese contexto se mantiene a cientos de civiles y militares como presos políticos –con frecuencia salen algunos y se aprehende a otros, en una especie de puerta giratoria–. De allí emanan constantes denuncias de torturas y tratos inhumanos (como no permitirles a los presos políticos el acceso a una oportuna atención médica en plena pandemia, por ejemplo), a las que las entidades internacionales de derechos humanos agregan las denuncias de los crímenes perpetrados contra los presos «comunes».

CIFRAS Y GOLPIZAS

Entre 2013 y 2020, el Provea contabilizó 1.267 casos de tortura y la muerte de 76 personas por haber sido torturadas. De estos fallecimientos, 23 ocurrieron en 2019 y cuatro en 2020, cuando también disminuyeron las cifras de otras violaciones a la integridad personal (lesiones, tratos crueles, amenazas, allanamientos ilegales de hogares), que afectaron a 2.700 víctimas en vez de a las 5.200 de 2019. Pero el Provea advierte la probabilidad de un subregistro, porque, junto con las situaciones derivadas de la pandemia y el persistente miedo de las víctimas a denunciar, están la opacidad oficial y el desplome de la prensa independiente para ventilar las denuncias. Por ello, la organización considera que, en general, se mantienen para estas violaciones «los promedios de la era Maduro».

La mayoría de las lesiones infligidas a las víctimas consisten en golpes, patadas, culatazos, descargas eléctricas, crucifixión, violación, peinillazos (golpes con la hoja de un machete) e insultos, según el Provea. Familiares de internos en una cárcel de Barquisimeto, en el centrooeste del país, denunciaron que a los presos se los castiga de madrugada con palizas y colgándolos cabeza abajo con un artefacto que denominan la grúa. Las listas de ejecutores de violaciones las encabezaron el año pasado el cuerpo de vigilantes penitenciarios y los comandos de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana. En 2016 y 2017, el mayor número de casos se atribuyó a organismos militares y comandos policiales. A comienzos de julio, Bachelet dijo que este año su oficina «continúa recibiendo denuncias de torturas y tratos crueles» contra personas detenidas en Venezuela.

LAS MUJERES

A la fecha, según el Foro Penal, una red de abogados que defiende a presos políticos, en Venezuela hay 259 detenidos por razones políticas, de los que 133 son militares. Hay un adolescente y 15 son mujeres. Los familiares denuncian que, como muchas otras detenidas, las presas por razones políticas han sido víctimas de agresiones, amenazas e insultos. Un caso destacado es el de Emirlendris Benítez, detenida en las llanuras al suroeste de Caracas en agosto de 2018, acusada de participar en un intento de magnicidio contra Maduro. Estuvo presa en la DGCIM y permanece en la cárcel de mujeres de Los Teques, cerca de Caracas. Una hermana denunció que «sufrió torturas que le provocaron un aborto», según se enteró al cabo de meses sin saber de la detenida, quien ahora también padece de una hernia y otras dolencias.

En marzo, Marta Valiñas, presidenta de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU, dijo que su equipo investigaba «denuncias de tortura y tratos y penas crueles, incluidas las de actos de violencia sexual y de género contra las personas detenidas». Estudios de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones señalan que las mujeres –2.300 de los 57 mil presos en este país de 28 millones de habitantes– a menudo son víctimas de extorsión por parte de custodios y lideresas negativas en las cárceles, forzándoselas a intercambiar sexo por protección o acceso a suministros esenciales como agua, alimentos, productos de higiene o atención médica.

RÉPLICA

En febrero, ante la Asamblea Nacional (Parlamento), el fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, defendió el trabajo de su despacho para encarar los crímenes que padecen los detenidos, pues en el período 2017-2020, dijo, «fueron acusados 1.019 funcionarios y 136 civiles por casos de homicidio, tortura, tratos crueles, tratos inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad y violaciones de domicilio. En el 16 por ciento de los casos hubo condenas». Además, Saab ofreció colaboración a la CPI. En cambio, calificó como un «panfleto» ofensivo a la institucionalidad venezolana los informes de la Misión de Determinación de Hechos y acusó a sus integrantes de recibir sobornos de gobiernos enemigos del de Caracas.

En 2013, la Asamblea Nacional, entonces dominada por el oficialista Partido Socialista Unido, adoptó la Ley Especial para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, promulgada por Maduro. Creó una comisión nacional estatal para prevenir la tortura, adscrita a la Defensoría del Pueblo (que integra uno de los cinco poderes a la cabeza del Estado), le asignó amplias funciones en ese campo y dispuso penas de entre 15 y 25 años para los funcionarios que fueran hallados culpables de tortura.

Evidentemente, la norma ha quedado en el papel. La oficina de Bachelet señaló hace tres meses, por ejemplo, que entre junio de 2020 y abril de 2021 no logró conocer ninguna acción de esa comisión nacional. La Defensoría del Pueblo tampoco se moviliza ante las denuncias de tortura, según organizaciones de derechos humanos, a pesar de que su titular, Alfredo Ruiz, condujo durante años la ONG Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, impulsora de la ley contra la tortura.

EL DRAMA SIGUE

«La mejor prevención es sancionar a los responsables de la tortura, lo que prácticamente no se hace», lamenta Alvarado. Pero, además, señala que ese lunar en la vida venezolana se expande con hechos como la existencia, según denuncias recogidas por organizaciones de derechos humanos, de centros o casas clandestinas para la práctica de la tortura por parte de algunos organismos de seguridad. Otras denuncias refieren, con por lo menos un caso documentado, que algunos grupos paraestatales alineados con el oficialismo, los autodenominados colectivos, han practicado por su cuenta detenciones arbitrarias durante semanas, acompañadas de torturas, de personas de tendencias políticas rivales. Muchos de estos colectivos son agrupaciones solo de trabajo político y comunitario, pero algunos exhiben su condición de grupos armados y controlan la vida de vecindarios enteros en Caracas y otras ciudades.

Alvarado también lamentó recibir denuncias de casos en los que fiscales y jueces presencian torturas a detenidos o se enteran de ellas y hacen la vista gorda, a despecho de que la ley dispone castigar con entre 13 y 23 años de cárcel al funcionario que sea cómplice de ese delito. Y, finalmente, reconoce que la tortura adquiere visibilidad cuando sus víctimas son detenidas por razones políticas, pero casi nunca cuando lo son por delitos comunes, lo que explica de forma parcial la indiferencia de gran parte de la población –por lo demás, en el caso de Venezuela, sumida y absorta en una superposición de crisis económica, política, social y migratoria– a este drama.

Sin embargo, el tema ya se ha instalado en los radares de los sistemas internacionales de derechos humanos. Se trata de delitos que no prescriben y pueden dar lugar a un proceso penal contra responsables del Estado venezolano.

Por Humberto Márquezdesde Caracas 
14 octubre, 2021

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Asesinato del presidente de Haití: Washington en las sombras

En el Mar Caribe, en la zona central de las Antillas, se encuentra situada la isla de Haití. Considerado el país más pobre del continente americano, que comparte el tercio occidental del territorio insular con República Dominicana.

Un país presente en el análisis internacional, ya sea por temas de inestabilidad social, migratorios, catástrofes derivadas de fenómenos naturales, como también tragedias políticas, como fue el asesinato, en julio de este 2021 del hasta entonces presidente Jovenel Moïse. Haití fue el primer país de Latinoamérica en independizarse, a principios del siglo XIX (1804) a través de un singular proceso revolucionario, que combinó el abolicionismo de la esclavitud de la población negra y la independencia política del dominio francés. Una rebelión de esclavos dirigida por el político y militar François Dominique Toussaint L´Ouverture junto a líderes como Jean Jacques Dessalines quien proclamó, el año 1804, la independencia de esta zona occidental de la Isla La Española denominándola Haití (Tierra de Montañas) en homenaje a los habitantes originarios de la isla (1)

Esta tierra de montañas, surcada de dificultades medioambientales, en la actualidad con un 95% de deforestación, que facilita que fenómenos naturales como tormentas tropicales generen graves inundaciones, unido al incremento de suelos poco fértiles debido a la erosión. A pesar de ello, Haití sigue siendo un territorio de gran importancia geoestratégica. Esto, debido a su proximidad a Estados Unidos y el interés de éste, a su vez de controlar a Cuba, vecino marítimo inmediato de Haití y paso marítimo y aéreo intermedio a la República Bolivariana de Venezuela. Ambos países sometidos a una política de máxima presión por parte de Washington.

Un Estados Unidos con presencia de Organizaciones No Gubernamentales y Fundaciones como la del ex presidente Bill Clinton con fuerte influencia en la vida económica y política en Haití (2) que genera distorsiones políticas, económicas y sociales. Un marcado incremento de la corrupción, catalizando la crisis política y socioeconómica en la frágil república antillana. Donde es una realidad la falta de instituciones estatales, que den cuenta de la satisfacción de las necesidades de su población. Todo ello unido al agravamiento de la lucha entre los principales grupos criminales (3), comotambién el crecimiento de la emigración, comercio de armas y contrabando de drogas; que han encendido las luces de alarma del imperio y al mismo tiempo, ensombrecen cualquier información relativa al asesinato del presidente Moïse, por el fondo enmarañado que cubre todos estos fenómenos.

Jovenel Moïse fue ejecutado el 7 de julio del año 2021, en su propio domicilio, donde además resultó herida su esposa Martine. En un crimen cometido a manos de una veintena de mercenarios – militares colombianos contratados por la empresa Counter Terrorist Unit Federal Academy (CTU) radicada en Miami y dirigida por el venezolano antichavista, cercano al presidente colombiano Iván Duque, Antonio Emmanuel Intriago y dos haitianos de nacionalidad estadounidense. Mercenarios que recibieron entrenamiento militar en Estados Unidos, así confirmado por el propio Pentágono, en el marco de los programas de cooperación en seguridad con el Ejército colombiano (4). Incluso, algunos de los detenidos habrían trabajado para la DEA, la agencia antinarcóticos de Estados Unidos y el FBI, lo que hace poco probable que no se supiera en las altas esferas políticas norteamericanas el plan de magnicidio que se llevó a cabo.

Se ha señalado que el autor intelectual del asesinato sería el médico estadounidense de origen haitiano, Christian Emmanuel Sanon, radicado en Florida – tierra fértil de mercenarios, exiliados ultraderechistas y donde se han fraguado ataques permanentes contra países latinoamericanos – quien se habría contactado con el jefe de Seguridad del palacio presidencial en la capital haitiana, Dimitri Herard, quien presenta numeroso viajes a Bogotá, Panamá y Miami las semanas previas al asesinato de Moïse. Trascendió, según información entregada por la Agencia AP que Sanon habría sido abordado, en Florida, por personas que decían representar a los Departamentos de Estado y Justicia de Estados Unidos que querían ponerlo como presidente de Haití sin especificar que se quería matar a Moïse (5)

Por su parte Martine Moïse, la ex primera dama de Haití acusó a la oligarquía de su país de estar detrás del asesinato de su esposo (6) Una oligarquía férreamente unida a Estados Unidos y Francia y que se había opuesto a las tentativas de cambio dadas a conocer por Moïse a quien sindicaban como usurpador, pues no había cesado en su cargo el día 7 de febrero del 2021 como se supone estaba establecido. Los medios de comunicación proestadounidenses y los propios medios del país del norte americano evitan declaraciones públicas sobre versiones relativas al asesinato de J. Moïse, en parte por los propios vínculos que Moïse tenía con ese país. No hay discusiones significativas sobre este tema, lo que atestigua el interés de las elites políticas haitianas leales a Washington, por ocultar las verdaderas causas y posibles responsables del crimen, los que idearon, financiaron y llevaron a cabo este magnicidio.

Recordemos, que inmediatamente después del crimen, el gobierno de Joe Biden envió a sus representantes políticos y militares, incluso un grupo especial del FBI, para así brindar “asistencia consultiva” a las recién nombradas autoridades haitianas, presididas actualmente por el primer ministro en ejercicio, Ariel Henry, a fin de llevar a las fuerzas políticas controladas por Washington al liderazgo del país. El primer ministro de Haití, Ariel Henry (nombrado el día 5 de julio del 2021, dos días antes del asesinato de Moïse) tuvo un breve período de incertidumbre durante el cual el primer ministro interino, Claude Joseph, solicitó incluso la intervención de tropas norteamericanas – que se estudió seriamente según lo declaró la vocera de la Casa Blanca Jenn Psaki – pero, todo se diluyó con la presión internacional que inclinó la balanza por Henry, confirmándolo en su cargo el día 20 de julio, con la orden sotto voce, de constituir una base política fiel a Washington.

Un Henry, que el pasado 29 de septiembre destituyó a los nueve miembros del Consejo Electoral Provisional (CEP) tras acusarlos de «partidistas». Una decisión que posterga las elecciones planificadas para el día 7 de noviembre, que coincidiría con un llamado a un referéndum, que modifique la actual Constitución. Una decisión que viola el llamado “Acuerdo de Gobernanza Pacífica y Eficaz” firmado entre Henry y más de un centenar de organizaciones políticas haitianas, firmado un par de semanas antes de la destitución de los miembros del CEP y que convocaba a elecciones para mediados del año 2022.

Ariel Henry con estudios de medicina en Francia y Estados Unidos, está ligado a la Iglesia de los Santos de los últimos Días (mormones) incluso ha sido acusado de complicidad en el asesinato de Jovenel Moïse, que ha decidido adelantar las elecciones presidenciales y al mismo tiempo modificar la constitución, tal como lo quería un cuestionado Moïse. A este se le acusaba de buscar mecanismos políticos, para garantizar la impunidad de miembros de su gobierno acusados de corrupción y apoyar a multinacionales interesadas en la explotación de oro y plata en este país de 27.750 kilómetros cuadrados, dando un marco constitucional que diera a la presidencia la potestad, para decidir sobre concesiones mineras, garantizando esa explotación extranjera. La interrogante es si la nueva constitución planteada tendrá o no esos elementos favorables a multinacionales extranjeras.

La totalidad de los hechos disponibles, la historia de intervenciones, agresiones, generación de inestabilidad, apoyo a magnicidios y financiamiento a procesos golpistas en toda Latinoamérica en que Estados Unidos ha sido el actor principal, nos indica que Washington ha trabajado para elaborar un escenario de cambio favorable a sus intereses en Haití. Una realidad que ha consistido, fundamentalmente, en un fuerte socavamiento de la situación política interna previo al magnicidio de Jovenel Moïse – quien ya no servía a los intereses de Washington en virtud de situarse fuera del control y demasiado expuesto en sus vínculos con la corrupción , el despojo a las clases más desfavorecidas y su estrecho vínculos con las bandas armadas (7) – y que continua hoy bajo la exigencia de fijar elecciones que favorezcan a las agrupaciones pronorteamericanas y donde el cambio constitucional favorezca y consolide el dominio extranjero de las riquezas que aún posee Haití. Una campaña que ha significado, la destitución de funcionarios que significan un freno a las intenciones del actual primer ministro, la desorganización del sistema de gobierno impulsando el poder de las fuerzas pro-estadounidenses.

Washington, a través del trabajo de zapa desarrollado por la OEA y su secretario general, el uruguayo Luis Almagro se ha dedicado a estudiar la reacción de potencias críticas a la injerencia norteamericana en Haití, como también las organizaciones internacionales, con el fin de ir ajustando el plan de hegemonía, que le permita modificar aquellos puntos que frenen el objetivo de dominio total de Haití, sin generar críticas regionales ni mundiales. La idea es llevar adelante un plan de dominio, que sirva para implementar sus “revoluciones de colores” en otros países de Latinoamericana signados por el signo de intervención del imperialismo: Cuba, Nicaragua y Venezuela u otros que se salgan del derrotero determinado por la idea y acción de dominio de la potencia del norte. Haití parece haber sido el campo de experimentación que permita asesinar a otros mandatarios de nuestro continente. Y ahí, como siempre, en las sombras, agazapado, se encuentra la mano de Washington

Notas:

  1. Una independencia en lo formal, pues el propio Dessalines derivó en Emperador, eliminando a la población blanca que había quedado en la isla y dando comienzo a un enfrentamiento secular con la minoría mulata de la isla. Ejército, una elite mulata y la mayoría negra serían los ejes de enfrentamiento en un Haití, que pasaría por múltiples golpes de estado, intervención militar por parte de Estados Unidos (entre 1915 a 1934) el dominio extranjero monopólico de su comercio junto a la dictadura de los Duvalier entre 1961 a 1986. Generando una crónica pobreza en este país, que sólo comenzaría a tener gobiernos civiles a partir de 1991 cuando asume Jean Bertrand Aristide, quien es derrocado y por la presión internacional nuevamente vuelve a ejercer su cargo. Tras Aristide se suman Boniface Alexandre, René Preval, Michel Martelly, Jocelerme Privert y Jovenel Moïse, quien resulta asesinado en julio del año 2021.
  2. El Diario The Wall Street Journal en un interesante artículo titulado “La Fundación Clinton y los contratos en Haití” da a conocer que Bill Clinton y su Fundación fue nombrado copresidente de la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití. Y, en ese papel el Departamento de Estado norteamericano empezó a dirigir a los interesados en competir por los millonarios contratos en el país a la Fundación Clinton, en una postergada reconstrucción de Haití tras la tragedia humana y económica del terremoto del año 2010. https://www.wsj.com/articles/SB11689363469961823294104580506600474644786
  3. Existe una banda armada denominada G-9 an Fanmi e Alye – en creolé su significado es Grupo de los 9 en familia y alianza – que tiene su campo de acción en la capital haitiana con actividades de contrabando, venta de drogas, secuestros, y asesinatos.
  4. Según una investigación del gobierno de Haití y la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia y la policía colombiana junto a Interpol, los acusados y detenidos por el magnicidio recibieron las órdenes de asesinar a Moïse tras una reunión tres días antes del crimen con el exfuncionario del Ministerio de Justicia haitiano Joseph Felix Badio. Se sindica también la participación del médico haitiano-estadounidense Christian Emmanuel Sanon, de 63 años y afincado en Florida y del senador opositor a Moïse, John Joel Joseph quien habría facilitado las armas y el facilitar la complicidad de los agentes de seguridad que protegían al asesinado presidente. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-57858636
  5. https://www.larazon.es/internacional/20210713/hmnuqizckzbx5ngyqhw4mq5q7u.html
  6. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20210710-haiti-moise-asesinato-eeuu-tropas
  7. En un interesante trabajo titulado “Haití: el asesinato de Moïse y la política de río revuelto señala que “En el plano internacional, y en particular desde el año 2019, Moïse estrecharía su vínculo con los Estados Unidos y la administración Trump, convirtiéndose en un lobista de los intereses norteamericanos en los organismos regionales como la OEA, reconociendo al autoproclamado Juan Guaidó como presidente “encargado” de Venezuela, abandonando la plataforma energética Petrocaribe, torpedeando espacios de Integración regional como la CARICOM y manifestando apoyo y simpatía por diversos regímenes neoliberales y paramilitares del continente. Esto le daría una suerte de carta de inmunidad, y le garantizaría su blindaje internacional” Cosa que finalmente le fue negado y con ello se dio paso a la autorización tácita de su ejecución. https://www.cadtm.org/Haiti-el-asesinato-de-Moise-y-la-politica-de-rio-revuelto

15/10/2021

Artículo de SegundoPaso ConoSur

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Milicianos de Hezbollah disparan contra grupos armados cristianos en Beirut.. Imagen: AFP

La manifestación fue convocada por el movimientos chiíta Hezbollah y sus aliados de Amal

Los enfrentamientos cerca del Palacio de Justicia de la capital libanesa incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio.

15 de octubre de 2021

Al menos seis personas murieron y unas 30 resultaron heridas en Beirut por tiroteos registrados durante una protesta de los movimientos chiitas Hezbollah y sus aliados Amal contra el juez que investiga la explosión en el puerto de la capital libanesaen agosto de 2020. Disparos incesantes y explosiones resonaron cerca del Palacio de Justicia, ante el que se habían reunido centenares de manifestantes, vestidos de negro, algunos de ellos armados. Los enfrentamientos incluyeron francotiradores y el uso de pistolas, fusiles Kalashnikovs y lanzadoras de granadas. Las escenas vividas el jueves, por las que ya hay nueve detenidos, entre ellos un ciudadano sirio, provocaron el miedo a una nueva oleada de violencia sectaria en este país que fue escenario de una guerra civil (1975-1990).

Los detalles de una escena de guerra

Francotiradores apostados en los tejados del barrio capitalino de Tayoune atacaron a un grupo de manifestantes cuando se dirigían a una protesta convocada por Amal y Hezbollah frente al Palacio de Justicia. El ministro de Interior libanés, Bassam Mawlawi, confirmó posteriormente en conferencia de prensa que varias personas recibieron disparos "en la cabeza", lo que confirmaría la hipótesis de los francotiradores, mientras que a los disparos le sumó el lanzamiento de granadas propulsadas por cohetes en la misma zona.

Al ataque le siguieron varias horas de enfrentamientos entre hombres armados chiitas y otros de afiliación aún desconocida, con un saldo de al menos 30 muertos según el último balance de la Cruz Roja. Entre los fallecidos hay una mujer de 24 años que recibió una bala en la cabeza cuando estaba en su casa, dijo un doctor del hospital Sahel, al sur de Beirut.

En las redes sociales circulaban videos de estudiantes escondidos bajo sus pupitres o tirados al suelo en plena clase. "Me escondí con mi primo y mi tía en un espacio de dos metros cuadrados, entre dos habitaciones, por miedo a las balas perdidas", decía Bissan al Fakih, una vecina de la zona.

Temor al sectarismo

El área donde se registraron los disturbios, los peores en años, se ubica cerca de la división entre una zona chiita y otra cristiana que durante la guerra civil libanesa fue escenario de importantes batallas sectarias, lo cual eleva el temor a una posible repetición de aquel conflicto entre grupos religiosos.

En un comunicado conjunto, Hezbollah y Amal acusaron por el ataque a "grupos del (partido cristiano) de las Fuerzas Libanesas desplegados en los barrios y tejados aledaños". Se trata del segundo bloque cristiano del Parlamento libanés y una antigua milicia que operó durante el conflicto que ensangrentó al Líbano.

Sin embargo la formación de Samir Geagea, quien fue un importante comandante durante la contienda y estuvo encarcelado por su participación, negó categóricamente las acusaciones y pidió a las autoridades una "clara y explícita" adjudicación de responsabilidades por la violencia. Las Fuerzas Libanesas culpan por los disturbios a los esfuerzos de Hezbollah por apartar al juez Tarek Bitar de la investigación.

Implosión del gobierno y crisis en el país

Cientos de partidarios de Amal y Hezbollah se congregaron el jueves por la mañana en Beirut al grito de "Fuera Bitar" o "Está jugando con fuego", días después de que el juez de la causa citara a declarar a dos exministros de Amal sospechosos de negligencia en el caso de la explosión del puerto, ocurrida el cuatro de agosto de 2020 debido a cantidades de nitrato de amonio almacenadas de forma irregular. En esa tragedia murieron al menos 214 personas, hubo más de 6.000 heridos y numerosos edificios de la capital terminaron devastados.

Durante la protesta del jueves, los manifestantes quemaron retratos del juez y de la embajadora estadounidense en Líbano, Dorothy Shea. Estos cruentos enfrentamientos coinciden con la presencia en Beirut de la número tres del Departamento de Estado norteamericano, Victoria Nuland. 

Ali Toubi, un abogado que asistió a la movilización, aseguró que apoya a las familias de las víctimas de la explosión en su lucha por llevar ante la justicia a "todos los perpetradores", pero insistió en que el juez actúa de forma "selectiva" y carga contra "gente de un solo color y partido".

El primer ministro Nayib Mikati llamó a mantener la calma y a "no dejarse llevar a la sedición, sin importar el pretexto". Mikati mantuvo reuniones con el presidente de Líbano, Michel Aoun, y el presidente del Parlamento, Nabih Berri, para abordar la situación y pidió una reunión del Consejo de Seguridad libanés en las próximas horas.

Hezbollah y sus aliados chiitas entienden que el juez está politizando la investigación. El martes, el juez Bitar lanzó una orden de detención contra el diputado y exministro de Finanzas Ali Hassan Khalil, miembro de Amal. Acto seguido se vio obligado a suspender la investigación ya que dos exministros presentaron una denuncia contra él ante la justicia, que fue desestimada este jueves, por lo que el magistrado podrá seguir adelante con su trabajo. 

Este asunto está a punto de provocar una implosión del recién formado gobierno libanés, después de un año de bloqueo políticoLas autoridades locales, señaladas por negligencia criminal y abandono, se niegan a autorizar una investigación internacional y son acusadas por las familias de las víctimas y ONGs de obstaculizar a la justicia.

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Viernes, 15 Octubre 2021 05:34

Con 5 dólares al mes

Centro de La Habana, Cuba, en 2021 XINHUA, JOAQUÍN HERNÁNDEZ

Cuba tras las cuarentenas

 

Veinticuatro años atrás, cuando Yotuel Romero subió al avión que lo llevaría a París para convertirse en un popular cantante de música urbana, el salario mínimo en Cuba equivalía a algo más de 5 dólares mensuales. Desde entonces, esa frontera subió hasta los casi 30 dólares en que informalmente puede canjearse el ingreso mínimo actual.

Para Yotuel Romero, pareciera que el tiempo se detuvo el día en que salió de la isla. En su nuevo rol de concursante del programa televisivo Masterchef Celebrity España, hace un par de semanas aseguró que los 5 euros de marras siguen siendo el pago mínimo para sus compatriotas, quienes deben «estirarlos como un chicle» para sobrevivir.

Por las mismas fechas de su declaración, La Habana decretaba la vuelta a la «normalidad» luego del pico pandémico del verano. Desde la noche de reapertura, las redes sociales se llenaron de fotos con los nuevos precios de los bares y los restaurantes: en promedio, las cervezas nacionales se valuaron entre 1 y 2 euros; las importadas, hasta en 3, y un menú personal sin grandes lujos, en alrededor de 15 euros. Aun así, la norma fueron los locales llenos de público, y con los días ha crecido el reclamo de que la veda sea levantada también para las discotecas y se permitan los viajes entre provincias, sobre todo, a balnearios como el de Varadero.

Este lunes la «flexibilización» se extendió a las tiendas en moneda libremente convertible (MLC), que ampliaron sus horarios hasta la noche y eliminaron en buena medida las restricciones sanitarias respecto al número de clientes que podían atender. «Habrá que ver cuánto les duran las mercancías con tanta gente queriendo comprar», ironizó alguien en la sección de comentarios de la noticia, en la página web de la mayor cadena estatal de tiendas.

Ni siquiera en La Habana, que goza de un estatus privilegiado, las tiendas MLC alcanzan a satisfacer la demanda. Las horas de espera afuera de esos establecimientos o intentando comprar en sus ineficientes plataformas virtuales hace tiempo se volvieron parte de la vida cotidiana, al igual que sus precios, superiores a los de cualquiera de los países vecinos.

«Aun así, el cubano “inventa” y busca dinero. ¡Vaya usted a saber cómo!», bromeó Ariel, un albañil que confirmaba su turno en la lista de espera para neveras de una tienda MLC. Tres o cuatro veces por mes, cuando llegan los equipos, el listado se activa y decenas de sus inscriptos reciben un aviso para que acudan a comprarlos, a precios que raramente caen por debajo de los 500 MLC (cada MLC equivale a 1 dólar). De no haber sido por la pandemia, aseguró Ariel, hace tiempo habría adquirido la heladera y aires acondicionados para su habitación y la de sus hijas, entre otros artículos. «La covid vino a complicarlo todo. Desde junio no trabajo por falta de cemento. Hasta tuve que dejar a medias una piscina que estaba construyéndole a un cubanoamericano que se repatrió. Ojalá, y como dicen, con la reapertura las cosas mejoren», dijo.

LO QUE CAMBIÓ CON LA CRISIS, LO QUE NO

En junio de 2018, Yotuel y sus compañeros del grupo de rap Orishas se reencontraron para una gira generosamente pagada por el Ministerio de Cultura cubano. El rapero mantenía una relación fluida con las autoridades de la isla y se beneficiaba de ser el rostro de Cuba Ron SA, la corporación nacional de bebidas alcohólicas. Una de sus composiciones musicales era el tema de las campañas organizadas por el Ministerio de Turismo. Por entonces, la economía local todavía no se había resentido a causa de las sanciones dictadas por Donald Trump: el turismo alcanzaba ese año su récord histórico de 4,7 millones de veraneantes extranjeros, las misiones médicas reportaban ingresos desde países como Bolivia y Brasil, y Western Union hacía frente a un crecimiento sostenido de las remesas familiares.

Tres años después, Yotuel es el abanderado de la oposición al gobierno de La Habana. A finales de julio, viajó de Madrid a Washington para reunirse con Joe Biden y pedirle que no aflojara la presión sobre la isla y, mediando setiembre, celebró la nominación de su canción «Patria y vida» a mejor del año en los premios Grammy Latinos como un reconocimiento «a quienes luchan contra la dictadura». De los esperanzadores datos económicos de otros tiempos apenas queda el recuerdo: la caída del 11 por ciento del producto bruto interno con que cerró 2020 probablemente será superada por la contracción de este calendario, mientras que la reforma monetaria hasta ahora solo ha contribuido a acelerar la inflación.

La crisis tiene matices, sin embargo. A los profesionales que venden sus servicios a clientes extranjeros y cobran en dólares o monedas virtuales la devaluación del peso cubano (CUP) decretada en enero les multiplicó sus ingresos; también a las «mulas», que entran al país con los más diversos artículos para revender, y a los emigrados, que envían remesas a sus familiares o invierten en negocios dentro de la isla. Entre estos, se cuenta el actual cliente de Ariel, el albañil. Después de muchos años viviendo en Estados Unidos, con su ciudadanía estadounidense y una pensión, decidió repatriarse a Cuba. El último año y medio lo dedicó a reformar una casa que había adquirido, con el objetivo de transformarla en un hostal para extranjeros. «Mil dólares no son nada en Estados Unidos, pero en Cuba si se tiene ese dinero todos los meses, se vive a cuerpo de rey», reflexionó Ariel.

En la otra cara de la moneda se encuentran miles de ancianos que viven solos, madres solteras al frente de familias numerosas y discapacitados sin formación profesional. En setiembre, durante una sesión del Consejo de Ministros, el presidente Miguel Díaz-Canel reconoció implícitamente la urgencia de «llegarles con trabajo social y ayudas». Pero entre el discurso oficial y las acciones prácticas se interpone el obstáculo tremendo de la crisis financiera. El programa demográfico, por ejemplo, lleva más de un año virtualmente suspendido; el grueso del presupuesto destinado a nuevos centros de reproducción asistida debió reorientarse a hacer frente a la covid-19, y la construcción de viviendas ha caído a sus mínimos en lo que va del siglo.

Las prioridades económicas del gobierno tampoco contribuyen a un cambio de circunstancias, al menos no en el corto plazo. En mayo, generó polémica un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información sobre el uso por sectores de los fondos públicos de inversión. Siguiendo una lógica difícil de comprender en tiempos de pandemia, durante 2020 y el primer trimestre de 2021 la mitad de ese dinero se empleó en hoteles, centros recreativos y sus infraestructuras conexas. «Se invirtió [en turismo] 3,5 veces más que en la industria, 7,5 veces más que en la agricultura y la ganadería, y 72 veces más que en la ciencia y la innovación tecnológica», tuiteó el economista Pedro Monreal, asesor de la Unesco en su sede de París. De la prioridad otorgada por las autoridades a la industria del ocio da cuenta la designación de Manuel Marrero como primer ministro, en diciembre de 2019. Al momento de ocupar ese cargo, restablecido por la nueva Constitución, Marrero no era considerado siquiera un candidato, pues al prestigio y la experiencia de otros apenas podía contraponer el hecho de haber ocupado desde 2004 la titularidad del Ministerio de Turismo.

REFORMA CON LIMITACIONES

El 29 de setiembre fueron aprobadas las primeras 35 micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de Cuba en más de 50 años, 32 de ellas de propiedad privada.

Su creación es la consecuencia más mediática del paquete de normas legislativas que a finales de agosto promulgaron el Consejo de Estado y varios ministerios para permitir a los negocios cuentapropistas adquirir personalidad jurídica y crecer hasta el centenar de empleados. A la par, se eliminó la moratoria que cuatro años atrás había sido impuesta a la inscripción de nuevas cooperativas no agropecuarias. La liberalidad gubernamental no llegó, sin embargo, al punto de levantar la veda al cuentapropismo profesional.

El 16 de abril, durante el octavo congreso del Partido Comunista, Raúl Castro tronó contra quienes «demandan el ejercicio privado de algunas profesiones mientras que a los demás no se les permite»: «Pareciera que el egoísmo, la codicia y el afán de mayores ingresos provocan […] el aliento para desear que se inicie un proceso de privatización que barrería los cimientos y las esencias de la sociedad socialista». Se trataba de una respuesta a las recogidas de firmas organizadas por arquitectos, ingenieros y otros graduados universitarios en reclamo de poder inscribir sus estudios y compañías, que, sobre todo en La Habana, llevan años funcionando en la alegalidad.

Unos 600 de ellos enviaron una carta al primer ministro criticando la existencia del «Listado de actividades prohibidas», un pliego de 124 ítems que el Estado reserva como de su exclusiva competencia. Siguiendo los precedentes de China y Vietnam, en él se incluyen ocupaciones como el periodismo y la abogacía o relacionadas con la defensa (la fabricación de explosivos, por ejemplo), pero también otras que mucho tiempo atrás fueron liberalizadas por Beijing y Hanói.

«Es triste que tantos jóvenes tengan que emigrar por no encontrar perspectivas de realización profesional y se sientan excluidos de un país donde sí hacen falta», lamentó la semana pasada Jorge Véliz, uno de los arquitectos firmantes de la carta.

Encontrar acomodo a los miles de graduados que cada año egresan de sus universidades es un reto para el gobierno. Aunque formalmente todos tienen empleo, la mayoría de las plazas en entidades estatales suelen tener honorarios que no alcanzan para satisfacer necesidades básicas. «Aquí, ni los barrenderos viven de su salario», señaló un ingeniero informático, que aprovecha la conexión a Internet de su centro de trabajo estatal para programar para distintos clientes del exterior. Otros jóvenes aplican a becas que les permitan emigrar o cuelgan el título y se dedican a ocupaciones más productivas desde el punto de vista económico.

Una reforma de la legislación para empresas públicas, que ha venido promulgándose por etapas durante el último año, pretende cambiar ese orden de cosas. Pero en el camino se ha topado con obstáculos como la existencia del MLC, luego de dos décadas de dualidad monetaria (peso cubano y peso convertible) que terminaron por distorsionar todos los ámbitos de la contabilidad.

Las sanciones estadounidenses, primero, y los errores de las autoridades y el efecto de la covid-19, luego, se coaligaron para que en muchos casos el salario real disminuyera a consecuencia de la reforma. Si a finales de 2020 el cambio informal del euro rondaba los 30 CUP (prácticamente igual a la tasa oficial), desde entonces la moneda comunitaria siguió una parábola creciente, hasta su cotización actual de 85 CUP. El efecto de esa fluctuación se hace más sensible debido a que el euro y, en menor medida, el dólar constituyen las referencias para el MLC y, por tanto, para buena parte del mercado de bienes y servicios.

Con todo, no faltan quienes consideran que lo peor de la crisis pandémica pudiera estar pasando y que, con una hipotética recuperación del turismo, el gobierno tendría a su favor una mano ganadora. Analistas como Monreal estiman que solo en nuevas mipymes unos 15 mil negocios se sumarían a la trama empresarial de la isla de ahora a finales de 2022, generando miles de millones de CUP en impuestos y cubriendo algunos de los frentes más descuidados por el empresariado estatal, como los servicios. Una marcha nacional opositora convocada para el 20 de noviembre –cinco días después de la reapertura de fronteras– apuesta por mantener el estado de convulsión social antes de que la enésima recuperación económica vuelva a comprarle tiempo al gobierno.

Por lo pronto, la vitalidad de la «flexibilización» habanera ha dejado en entredicho los pronósticos pesimistas que llegaban desde Miami. Los ingresos de los cubanos de la isla siguen estando por debajo de los de otros países del continente, pero inexplicablemente a muchos no parece faltarles dinero para celebrar como si no hubiera un mañana.

Amaury Valdiviadesde Camagüey 
7 octubre, 2021

Publicado enInternacional