En 2049, China será una zona catastrófica climática, no una superpotencia militar

 

 

13 octubre 2021

En los últimos meses, Washington se ha explayado sobre la creciente potencia aérea, naval y de misiles de China. Sin embargo, cuando los representantes del Pentágono abordan la cuestión, suelen hablar menos de las capacidades actuales del país, que siguen siendo muy inferiores a las de EE UU, que del mundo que prevén para las décadas de 2030 y 2040, cuando piensan que Pekín habrá adquirido armamento mucho más sofisticado.

“China ha invertido mucho dinero en nuevas tecnologías, con el propósito declarado de completar la modernización de sus fuerzas armadas de aquí a 2035 y contar con un ejército de primera para  2049”, declaró el secretario de Defensa, Lloyd Austin, en junio. EE UU, aseguró ante el Comité de Fuerzas Armadas del Senado, sigue poseyendo “la mejor fuerza de combate conjunta del mundo”, pero solo si se invierten innumerables miles de millones de dólares adicionales todos los años, añadió, puede este país “adelantarse” a los avances proyectados por China en las próximas décadas.

Sin embargo, el caso es que este razonamiento cojea significativamente. En efecto, tomemos esto como una garantía: para 2049, el ejército chino (o lo que quede de él) estará tan ocupado haciendo frente a un mundo asolado por incendios e inundaciones provocados por el cambio climático ‒que pondrán en peligro la supervivencia misma del país‒ que no será capaz, y mucho menos tendrá la voluntad, de lanzar una guerra contra EE UU o cualquiera de sus aliados.

Claro que es normal que los representantes del ejército de EE UU se centren en los criterios clásicos de evaluación de la potencia militar cuando comentan la amenaza china, inclusive el aumento del gasto militar, la ampliación de la fuerza naval y cosas por el estilo. Estas cifras se proyectan entonces muchos años hacia el futuro hasta llegar a un momento imaginario en que, a la luz de estas extrapolaciones habituales, Pekín podría superar a Washington. No obstante, ninguna de estas evaluaciones tiene en cuenta el efecto del cambio climático en la seguridad de China. En realidad, a medida que aumentan las temperaturas planetarias, este país se verá asolado por las graves consecuencias de la continua emergencia climática y forzado a desplegar todos los instrumentos del Estado, incluido el Ejército de Liberación Popular (ELP), para defender a la nación de inundaciones, hambrunas, sequías, incendios forestales y tormentas de arena cada vez más catastróficas y del aumento del nivel de los océanos.

Es poco probable que China esté sola en esta tesitura. Ya hoy los efectos cada vez más graves de la crisis climática fuerzan a los Estados a destinar fuerzas militares y paramilitares a combatir incendios, prevenir inundaciones, rescatar personas después de una catástrofe, reasentar poblaciones y a veces a asegurar el simple mantenimiento de las funciones básicas del Estado. En efecto, durante este último verano de acontecimientos climáticos extremos, las fuerzas armadas de numerosos países, entre ellos Argelia, Alemania, Grecia, Rusia, Turquía y… EE UU, han tenido que intervenir justamente en tales situaciones, al igual que el ELP.

Y téngase en cuenta que apenas estamos en la antesala de todo esto. De acuerdo con un informe reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas (GIECC), los fenómenos climáticos extremos, que ocurrirán con una frecuencia cada vez más terrible, resultarán cada vez más destructivos y devastadores para las sociedades de todo el mundo, que a su vez se asegurarán de que las fuerzas militares de casi todas partes desempeñen un papel creciente a la hora de hacer frente a las catástrofes relacionadas con el clima. “Si aumenta el calentamiento global”, señala el informe, “será más probable que ocurran fenómenos [climáticos extremos] de intensidad, duración y/o extensión geográfica crecientes, sin precedentes en el registro histórico.” En otras palabras, lo que hemos visto en el verano de 2021, por muy devastador que nos parezca ahora, será muchas veces más grave en las próximas décadas. Y China, un país grande con muchas vulnerabilidades climáticas, requerirá más asistencia que la mayoría.

El precedente de Shengshu

Para formarnos una idea de la gravedad de la crisis climática a que se enfrentará China, basta con que veamos lo que ocurrió este verano a causa de la reciente inundación de Shengshu, una ciudad de 6,7 millones de habitantes y capital de la provincia de Henan. Durante un periodo de 72 horas, entre el 20 y el 22 de julio, sobre Shengshu cayó lo que antaño sería la cantidad de lluvia normal de todo un año. El resultado ‒no lo olvidemos al observar el futuro previsible de China‒ fueron avenidas de magnitud nunca vista y, bajo el peso del agua, el colapso de la infraestructura local. Por lo menos 100 personas murieron en la propia Shengshu  ‒14 de ellas quedaron atrapadas en un túnel del metro que se inundó hasta el techo‒ y otras 200 en las poblaciones de los alrededores. Junto a los importantes daños causados en puentes, carreteras y túneles, se calcula que la avenida inundó más de un millón de hectáreas de terrenos agrícolas y destruyó numerosos cultivos alimentarios.

En respuesta, el presidente Xi Jinping decretó la movilización a escala estatal para ayudar a las víctimas y proteger infraestructuras vitales. “Xi llamó a los funcionarios y miembros del partido de todos los niveles a responsabilizarse y acudir a primera línea para dirigir los trabajos de control de la avenida”, según CGTN, una cadena de televisión pública. “El Ejército de Liberación Popular  y las fuerzas policiales deben coordinar activamente el rescate local y las labores de socorro”, ordenó Xi a altos cargos del Estado.

The ELP respondió con celeridad. Tan pronto como el 21 de julio, según el diario público China Daily, más de 3.000 oficiales, soldados y milicianos del Mando de la Región Centro del ELP se habían desplegado en Shengshu y sus alrededores para colaborar en las tareas de prevención y rescate. Entre la tropa movilizada había una brigada de paracaidistas de la Fuerza Aérea del ELP con la misión de reparar dos peligrosas roturas de una presa en el rio Jialu, en la zona de Kaifeng. De acuerdo con China Daily, la brigada construyó un muro de 1,6 kilómetros de longitud y casi un metro de altura con sacos de arena para reforzar la presa.

A estas unidades se sumaron pronto otras, hasta que finalmente se desplegaron en la provincia de Henan unos 46.000 soldados del ELP y de la policía para participar en las labores de rescate, además de 61.000 miembros de la milicia. Cabe destacar que entre estas tropas había por lo menos varios centenares de miembros de la Fuerza de Misiles del ELP, la rama militar responsable del mantenimiento y lanzamiento de los misiles balísticos intercontinentales, o ICBM, portadores de bombas nucleares.

La catástrofe de Shengshu es significativa en muchos aspectos. Para empezar, fue una prueba de la capacidad del calentamiento global para causar graves daños en una ciudad moderna en muy poco tiempo y sin previo aviso. Al igual que en el caso de la lluvia torrencial devastadora que saturó los ríos en Alemania, Bélgica y los Países Bajos dos semanas antes, la precipitación en Henan vino provocada en parte por la mayor capacidad de una atmósfera más cálida de absorber humedad y permanecer en un lugar descargando toda el agua almacenada en una gigantesca cascada. Estos fenómenos se consideran ahora una consecuencia distintiva del cambio climático, pero casi nunca se puede predecir cuándo y dónde se producirán. Debido a ello, cuando los servicios meteorológicos chinos avisaron que iban a producirse fuertes lluvias en Henan, nadie imaginó su intensidad y no se adoptaron medidas de prevención para evitar sus consecuencias extremas.

Ese acontecimiento puso al descubierto, además, las importantes deficiencias del diseño y la construcción de las numerosas ciudades nuevas de China, que han brotado en los últimos años a raíz del esfuerzo del Partido Comunista Chino (PCC) por reubicar a la mano de obra rural empobrecida en metrópolis modernas y altamente industrializadas. Estos centros urbanos ‒el país cuenta actualmente con 91 ciudades de más de un millón de habitantes‒ suelen ser vastas aglomeraciones de carreteras, fábricas, centros comerciales, edificios de oficinas y altos bloques de pisos. Durante su construcción, gran parte del terreno original se cubre con asfalto y cemento. Así, cuando se producen fuertes precipitaciones, quedan pocas rieras y arroyos para drenar el agua, que debido a ello penetra en túneles, pasos subterráneos o carreteras semisubterráneas y a menudo los inunda, con la consiguiente amenaza devastadora para la vida humana.

Las inundaciones de Henan también revelaron otra amenaza relacionada con el clima para la seguridad futura de China: la vulnerabilidad de muchas de las presas y pantanos del país en caso de fuertes lluvias y el desbordamiento de ríos. Las zonas bajas del este de China, donde se concentra la mayoría de la población, siempre han conocido avenidas y la historia cuenta cómo una dinastía tras otra ‒siendo la más reciente la del PCC‒ han tenido que construir presas y diques para controlar los sistemas fluviales. Muchas de estas construcciones no se han mantenido debidamente y nunca se concibieron para esta clase de fenómenos extremos que ahora estamos viendo. Durante las inundaciones de Henan en julio, por ejemplo, el pantano de Changsuang, cercano a Shengshu, alcanzó niveles peligrosos y estuvo a punto de colapsar, lo que habría causado una segunda catástrofe en la ciudad. De hecho, en los alrededores se rompieron otras presas, dañando numerosos cultivos.

El peligroso futuro climático de China

La catástrofe de Shengshu no fue más que un incidente singular que atrajo la atención de la dirección china durante un periodo relativamente corto, pero también fue un presagio inconfundible de lo que le espera al país ‒que actualmente es el mayor emisor de gases de efecto invernadero‒ con creciente frecuencia a medida que aumenten las temperaturas globales. Será particularmente vulnerable a los efectos más graves del cambio climático. Esto llevará a su vez a que el gobierno central tenga que dedicar recursos del Estado a una escala todavía inimaginable, una y otra vez, a intervenciones de emergencia como las que se vieron en Shengshu, hasta que se conviertan en una serie de sucesos sin solución de continuidad que no darán tregua.

En las décadas que vienen, todos los países, por supuesto, se verán asolados por los efectos extremos del calentamiento global, pero China corre un riesgo particular a causa de su geografía y su topografía. Muchas de sus ciudades más grandes y zonas industriales más productivas, como por ejemplo Cantón, Shanghái, Shenzhén y Tianyín, se hallan en zonas bajas a lo largo de la costa del océano Pacífico, por lo que se verán expuestas a tifones y avenidas cada vez más graves y al ascenso del nivel del mar. De acuerdo con un informe del Banco Mundial de 2013, de todas las ciudades del planeta, Cantón, situada en el delta del río de las Perlas, es la más expuesta a los efectos, en términos económicos, del ascenso del nivel del mar y de las inundaciones asociadas; su vecina Shenzhén figura en el décimo lugar de la lista.

Otras partes de China afrontan amenazas igual de abrumadoras derivadas del cambio climático. Las regiones centrales del país, densamente pobladas, con ciudades importantes como Wuhan y Shengshu, así como sus zonas agrícolas vitales, están atravesadas por una enorme red de ríos y canales que a menudo se desbordan después de alguna lluvia intensa. Buena parte del oeste y noroeste de China es desierto, y la combinación de deforestación y descenso de las precipitaciones está extendiendo el proceso de desertización. Asimismo, un estudio de 2018 indica que la llanura del norte de China, densamente poblada, puede convertirse en el lugar de la Tierra de mayor mortalidad por olas de calor devastadoras hacia el final de este siglo y resultar para entonces inhabitable; estamos hablando de catástrofes futuras difíciles de imaginar.

Los riesgos climáticos especiales de China aparecen destacados en el nuevo informe del GIECC, Climate Change 2021. Veamos algunos de sus hallazgos más preocupantes:

* La subida del nivel del mar en las costas chinas se produce a un ritmo más rápido que la media mundial, con la consiguiente pérdida de espacios costeros y retroceso del litoral.

* El número de tifones cada vez más potentes y destructivos sobre China aumentará inexorablemente.

* Las precipitaciones intensas y las consiguientes avenidas serán más frecuentes y extensas.

* Las sequías prolongadas serán más frecuentes, especialmente en el norte y el oeste de China.

* Las olas de calor extremo serán más frecuentes y persistirán durante periodos más prolongados.

Estas realidades amenazadoras darán lugar a fuertes inundaciones urbanas, amplias avenidas costeras, colapsos de presas e infraestructuras, incendios forestales cada vez más graves, pérdidas catastróficas de cultivos y la creciente posibilidad de extensas hambrunas. Todo esto, a su vez, podría provocar disturbios sociales, crisis económicas, desplazamientos incontrolados de población e incluso conflictos entre regiones (sobre todo si se desvía el agua y otros recursos de una zona a otra del país por razones políticas). Todo esto pondrá a prueba la capacidad de respuesta y estabilidad del gobierno central en Pekín.

Afrontar la creciente furia del calentamiento global

La gente en EE UU solemos dar por hecho que los líderes chinos dedican todo su tiempo a pensar en cómo alcanzar y superar a EE UU como principal superpotencia mundial. En realidad, la máxima prioridad del PCC no es otra que mantenerse en el poder, lo que en el último cuarto de siglo ha significado asegurar año tras año un crecimiento económico suficiente para conservar la lealtad (o por lo menos la aceptación) de la mayoría de la población. Cualquier cosa que pudiera amenazar el crecimiento o poner en peligro del bienestar de la clase media urbana, como por ejemplo las catástrofes climáticas, la consideran una amenaza vital para la supervivencia del PCC.

Esto se vio claramente en el caso de Shengshu. Inmediatamente después de la inundación, algunos periodistas extranjeros informaron de que había habitantes que comenzaban a criticar a funcionarios del gobierno local por no avisar a tiempo de la catástrofe inminente y no adoptar las medidas de prevención necesarias. El aparato de censura del PCC silenció rápidamente esas voces, mientras que agentes de los medios progubernamentales reprendieron a los periodistas extranjeros por difundir dichas quejas. Asimismo, las agencias de noticias oficiales ensalzaron al presidente Xi por asumir personalmente el mando del esfuerzo de rescate y por ordenar la respuesta de todo el Estado, incluido el despliegue de tropas del ELP.

De todos modos, el hecho de que Xi considerara necesario intervenir personalmente es todo un mensaje. Ante la certeza de que las catástrofes urbanas serán más frecuentes, perjudicando a habitantes de clase media que saben cómo influir en los medios, la dirección política del país cree que debe hacer gala de vigor y disponibilidad de recursos, so pena de perder su aura de competencia y por tanto su mandato para gobernar. En otras palabras, cada vez que China sufre una catástrofe de esta índole, el gobierno central se mostrará dispuesto a asumir el liderazgo de las labores de rescate y enviar al ELP para supervisarlas.

No cabe duda de que la dirección del ELP es plenamente consciente de las amenazas climáticas que pesan sobre la seguridad del país y del papel cada vez más importante que tendrán que desempeñar las fuerzas armadas en hacerles frente. Sin embargo, la edición más reciente del Libro Blanco de la Defensa, publicado en 2019, ni siquiera menciona el cambio climático como una amenaza para la seguridad del país. Como tampoco, por cierto, el equivalente más cercano de EE UU, la Estrategia Nacional de Defensa del Pentágono, de 2018, pese al hecho de que altos mandos de aquí eran muy conscientes e incluso estaban obsesionados con estos crecientes peligros.

Habiendo tenido que lanzar operaciones de emergencia en respuesta a una serie de huracanes cada vez más destructivos en los últimos años, los mandos militares estadounidenses se han familiarizado directamente con los efectos potencialmente devastadores del calentamiento global en este país. Los enormes incendios forestales que todavía siguen activos en el oeste de EE UU han reforzado esta idea. Al igual que sus homólogos chinos, reconocen que las fuerzas armadas se verán obligadas a asumir cada vez más el protagonismo en la defensa del país, no de misiles enemigos u otras fuerzas, sino de la furia creciente de los efectos del calentamiento global.

Actualmente, el departamento de Defensa está elaborando una nueva edición de la Estrategia de Defensa Nacional, en la que esta vez se reconocerá oficialmente el cambio climático como una amenaza importante para la seguridad de EE UU. En una orden ejecutiva firmada el 27 de enero, en su primera jornada completa como presidente, Joe Biden ordenó al secretario de Defensa que “tenga en cuenta los riesgos del cambio climático” en esa nueva edición.

Que nadie dude de que la dirección militar china hará traducir de inmediato la nueva versión de la Estrategia de Defensa Nacional tan pronto como se publique, probablemente este mismo año. Después de todo, buena parte de la misma se centrará en las medidas de los militares estadounidenses encaminadas a contrarrestar el ascenso de China en Asia en que han insistido tanto la presidencia de Trump como la de Biden. Pero será interesante ver qué harán con el lenguaje sobre el cambio climático y si comienza a aparecer un lenguaje similar en los documentos militares chinos.

Este es mi sueño: que los dirigentes militares estadounidenses y chinos ‒comprometidos, al fin y al cabo, a defender a los dos principales generadores de gases de efecto invernadero‒ reconozcan conjuntamente el carácter preponderante de la amenaza climática para la seguridad nacional e internacional y anuncien medidas comunes para mitigarla mediante avances en la tecnología energética, de transporte y de materiales. Sin embargo, sea como fuere, podemos estar seguras y seguros de que, como deja muy claro el propio término, el viejo formato de la guerra fría en política militar ya no se sostiene, no en un planeta tan sobrecalentado. Por eso, lo previsible es que en 2049 las tropas chinas dedicarán mucho más tiempo a llenar sacos de arena para defender las costas del país frente al aumento del nivel del mar que a manejar armamento para combatir al ejército estadounidense.

24/08/2021

https://tomdispatch.com/china-2049/

Traducción: viento sur

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Baduel, en épocas de gloria, junto a su compañero y presidente Hugo Chávez

El general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa de Venezuela murió el martes 12 de octubre como consecuencia de un paro cardiorespiratorio potenciado por el covid-19

Baduel estuvo preso de 2009 a 2015, cuando le dieron una medida cautelar. Luego fue apresado nuevamente en 2017. Hace días su familia denunció que no sabían dónde lo tenían. Sin embargo se conoce que Baduel, quien era considerado un preso político había sido trasladado de la prisión conocida como La Tumba a otra en el El Helicoide

La información oficial la dio a conocer Tarek William Saab, Fiscal General de la República quien señaló que el deceso se generó «mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna".

Hay que recordar que el general Raul Isaías Baduel fue uno de los cuatro miembros fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario - 200 (MBR200) que el 17 de diciembre de 1982 sentó las bases para el partido político Movimiento V República (MVR) que llevó a Chávez al poder y con los años se sumó el grupo unitario llamado Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

Baduel, junto a Hugo Chávez, Jesús Urdaneta y Felipe Antonio Acosta Carlés, prestó juramento en 1982 bajo el Samán de Güere: un compromiso clandestino entre los integrantes del MBR-200 con la intención de hacer una revolución política, a través de las armas en el país.

Su liderazgo y capacidad de mando lo puso en el punto decisivo al momento del primero de los golpes de Estado que sufriría la llamada “revolución bolivariana” el 11 de abril del año 2002, en momento en el cual Hugo Chávez fue captura y trasladado por los golpistas a (…), de donde fue rescatado por el General Baduel y un puñado de militares a su mando, acción que lo ratificó como uno de los hombres de confianza de su compañero de lucha.

Ocupó los máximos niveles que su carrera profesional pudiera brindarle: comandante general del Ejército venezolano desde enero de 2004 hasta julio de 2006 y ministro de la Defensa desde junio de 2006 hasta mediados del año 2007, cuando perdió la confianza del alto gobierno venezolano por oponerse al referendo constitucional que, además de otros importantes reformas territoriales y políticas para su país, permitía la reelección indefinida de Chávez. Sin renovación del liderazgo político y social, la revolución bolivariana fracasaría, y esa contradicción con el proceso en marcha, que finalmente fue sellada de manera meridiana por la historia, marcó el aislamiento del General, llevándolo a la cárcel en varias ocasiones, la primera de ellas en  enero de 2008, acusado y sentenciado en 2010 por “sustracción de dinero de las Fuerzas Armadas”.

Según la condena, se había apropiado de 30 millones de bolívares y 3,9 millones de dólares durante su gestión como ministro. A su vez, fue inhabilitado a ejercer cargos públicos.

Sus abogados y familiares denunciaron que los cargos en su contra no contaban con sustento jurídico.

El 12 de agosto de 2015 salió de la cárcel militar de Ramo Verde bajo libertad condicional. Pero el 12 de enero de 2017, a poco de cumplir la condena que terminaba en marzo de ese año, nuevamente fue encarcelado, acusado esta vez del delito de traición a la patria e instigación a la rebelión. Eran momentos de un intenso alzamiento social en Venezuela, fuertemente reprimido por el gobierno encabezado por Nicolás Maduro.

En febrero de 2018, Maduro lo destituyó y lo degradó de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, afrenta sufrida junto con otros 13 oficiales.

Desde ese entonces permaneció recluido en los calabozos del Sebin, hasta el día martes 12 de octubre, cuando el gobierno informó que había sido trasladado al penal conocido como El Helicoide, informando al mismo tiempo que su muerte fue el efecto final de un cardiorespiratorio propiciado por infección con covid-19.

Muere así, como preso político, un oficial fiel al proyecto político jurado bajo el Samán de Güere en 1982.

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Un militante del grupo mapuche Coordinadora Arauco Malleco enciende una fogata durante la ocupación de las tierras de una empresa forestal en Traiguen, región de la Araucanía.Foto Afp

Santiago. El presidente Sebastián Piñera decretó ayer el estado de emergencia en cuatro de las siete provincias de la "macrozona sur" del país, que abarca las regiones del Biobío, la Araucanía y Los Ríos, donde tiene lugar el denominado "conflicto mapuche" con el Estado chileno por la recuperación de tierras ancestrales y la obtención de autonomía.

La decisión afecta a las provincias de Malleco, Cautín, Biobío y Arauco, que suman 52 mil kilómetros cuadrados, y se prolongará durante 15 días prorrogables e implica que "las fuerzas armadas podrán prestar apoyo logístico, tecnológico y de comunicaciones, así como de apoyo de vigilancia, patrullaje y transporte, a los procedimientos policiales que se desarrollen en la zona".

Piñera prácticamente admitió el desgobierno que prevalece cuando justificó que "este estado de excepción constitucional de emergencia es para enfrentar mejor el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, y en ningún caso se orienta contra un pueblo o grupo de ciudadanos pacíficos", sin mencionar las aspiraciones de los mapuches.

Según él, "la grave situación requiere que el Estado haga uso de medios, capacidades institucionales, mecanismos contemplados en la Constitución y las leyes para proteger a la población, resguardar el orden público y el estado de derecho, y asegurar el pleno goce de los derechos constitucionalmente reconocidos".

La decisión se da en un contexto de franco deterioro gubernamental en todo sentido, con casi 80 por ciento de rechazo y apenas 15 por ciento de aprobación, en medio de un paro de camioneros que presionaba por la intervención de los militares, al igual que los partidos oficialistas.

En la macrozona el orden público está fuera de control, las ocupaciones de predios y las violentas acciones de reivindicación mapuche (ataques armados, quema de camiones, maquinaria forestal y agrícola, incendios en haciendas forestales y agrícolas, corte de carreteras y caminos, etcétera) ocurren a diario; las policías y las autoridades políticas han sido rebasadas y carecen de capacidad para garantizar el estado de derecho, ampliamente vulnerado.

Al mismo tiempo, Piñera enfrenta una investigación judicial, imputado por potenciales delitos tributarios, cohecho y soborno relacionados con negocios familiares en paraísos fiscales –la venta de 33 por ciento de acciones de un proyecto minero, durante su primer gobierno (2010-14), condicionada a no declarar protegida la zona donde estaría la minera–, incurriendo en sus recurrentes conflictos de intereses, mezclando negocios y política.

Relacionado con lo anterior, el gobernante enfrentará desde esta semana una acusación constitucional en la Cámara de Diputados, impulsada por la oposición, que podría significar su suspensión en el cargo y posteriormente, tras su paso por el Senado, la destitución.

Todo lo anterior, en un contexto de elecciones presidenciales y legislativas a realizarse el 21 de noviembre, donde el candidato oficialista, un ex ministro de Piñera, se ubica en cuarto lugar con apenas 10 por ciento de la intención de voto.

No es la primera vez que el gobierno avanza hacia la militarización del conflicto. En febrero pasado anunció que el ejército se sumaría al patrullaje conjunto, que haría coordinación estratégica con las policías y que dispondrían de puestos de mando conjuntos, sin ningún resultado práctico en cuanto a desescalar la violencia. La diferencia ahora está en el decreto del estado de excepción, en virtud del cual se pueden restringir las libertades de movilización y reunión, junto a la designación de jefes de la defensa nacional que asumen el mando de las fuerzas armadas y de orden.

En el Biobío, la Araucanía y Los Ríos se suceden acciones de resistencia indígena desde hace dos décadas, las cuales aumentaron de manera exponencial en los últimos años en busca, sobre todo, de expulsar a las grandes empresas forestales que controlan 4 millones de hectáreas, cuyos bosques nativos fueron arrasados y remplazados por plantaciones de pino y eucalipto.

Los territorios mapuches, desconociendo Chile pactos de coexistencia pacífica suscritos en 1825, fueron invadidos a mediados del siglo XIX por tropas militares que asesinaron sin piedad y se apoderaron de las tierras. Éstas fueron entregadas a principios del siglo XX a colonos europeos que formaron latifundios y que tras el golpe militar de 1973 pasaron a propiedad de conglomerados forestales que las explotan a destajo.

Los mapuches son más de 2 millones, alrededor de 12.7 por ciento de la población del país. Pese a ello, no son reconocidos como pueblo originario –al igual que ninguno de los otros 10 existentes en el país–, sino como etnia; tampoco la educación ha sido sobre la base de la interculturalidad, lo cual ha derivado en racismo y exclusión.

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Venezuela: Siete (7) ásperos comentarios sobre la reciente reconversión monetaria

El advenimiento de la tercera reconversión monetaria (2008, 2018 y 2021) no sorprendió a nadie. Sin embargo, hay cosas muy llamativas que saltan a la vista, partiendo desde la lacónica paginita que el BCV publicó en forma de sumaria “razón” por la cual hacen la reconversión, hasta la más plena ausencia del más mínimo programa de estabilización que acompañe a la misma. Como quien anuncia una tarde estival ligeramente lluviosa, la tercera reconversión se ha soltado sin perspectivas ni contexto. Veamos.

I.

Luego de eliminar tres ceros al cono monetario en 2008, cinco ceros en 2018 y seis ceros en 2021; el gobierno no ha dado mayor explicación del por qué han fenecido 14 ceros en la familia dineraria. Venezuela ha superado a los 13 ceros que Argentina eliminó de su moneda, a los 10 ceros que Bolivia borró y a los 12 ceros que quitó Zimbabue en la explosión de su hiperinflación (2008). A pesar de semejante “record”: eliminar un poco más de un cero al año, no hay una explicación concreta del proceso hiperinflacionario que ha pulverizado a tres conos monetarios. Ante semejante desaguisado, ni una explicación.

II.

Si bien es cierto que es completamente erróneo afirmar que esta “faena” monetaria causará más inflación, o depreciación del tipo de cambio, tampoco hay absolutamente nada que nos lleve a pensar en un “fortalecimiento” de nuestro símbolo dinerario. El cambio que entrará en vigor a partir del primero de octubre, es puramente nominal y tiene como principal intención simplificar las operaciones de diversos pagos. Ello era muy necesario desde hace más de dos años, cuando el tipo de cambio ya superaba los diez mil bolívares por dólar. En la actualidad pagar un taxi para una distancia corta podría costar alrededor de 41 millones de bolívares, necesitando, por ende, 41 billetes de la más alta denominación del cono monetario a punto de ser sustituido. Un verdadero despropósito.

III.

La “poda” de ceros puede ser un buen ejemplo de cómo colocar a la carreta delante de los caballos. Es decir, el nuevo cono monetario debería ser la “corona” de un plan de ajuste y de estabilización macroeconómica de amplio calado. Lamentablemente, y de nuevo, esta reconversión entra en ausencia total de un plan que combata el flagelo que ha destruido a sus antecesores: la hiperinflación. En ninguna parte aparece el más mínimo atisbo donde se plantee lo que todos se preguntan a diario: cómo vamos a detener la constante subida de precios. Es evidente que hace falta: un plan económico que explique cómo frenar la escalada de precios. Sin esa “guía para la acción” no hace falta ser un arúspice romano para imaginar que los resultados serán los mismos: más inflación y un cono monetario que durará menos de un parpadear.

IV.

Los billetes de Venezuela han sido víctima de artísticas intervenciones que han mancillado su más profunda razón de ser: representar valor. A pesar de lo “folclórico” que resulta ver billetes convertidos en: carteras y adornos de navidad, esa gracia es la expresión de una profunda y costosa crisis. Cada billete es generalmente importado, el billete de Bs. 100 aparecido en 2008 costó alrededor de 10 centavos de dólar por unidad. De ese solo billete se emitieron casi 7 mil millones de piezas que han terminado en la basura, por perder por entero su utilidad. Por tanto, el mero desperdicio de una sola de las piezas dinerarias, costó más de 700 millones de dólares, más del 12 % de las escuetas reservas internacionales actuales. Con sólo el 23 % de lo desperdiciado en la emisión del billete de Bs. 100, se pudo haber importado las 2 dosis de la vacuna AstraZeneca para 20 millones de habitantes.

V.

Aunque las emisiones de dinero sin respaldo continúan siendo el pan de cada día, lo cierto es que tales acciones hechas para cubrir el déficit fiscal, sólo expresan lo que a leguas se observa: la caída estimada de la producción en más de 90 % (2013-2020), lo que parece ser otro “record” histórico. No recuerdo haber leído en la historia económica una caída tan grande en la economía. El peor resultado económico en la historia se había sido tres países devastados por sanguinolentas guerras: Liberia, Sudán y Siria. Venezuela supera, en casi todas las estimaciones, los guarismos de las tres naciones nombradas. Por tanto, cabe pensar que la voraz inflación es una especie de consecuencia del intento del gobierno por recabar impuestos donde simplemente no se puede. Es decir, los tributos no alcanzan para cubrir los gastos de un Estado hipertrofiado. Marx decía que: “La manera cómo se presentan las cosas no es la manera como son; y si las cosas fueran como se presentan la ciencia entera sobraría…” En este caso se observa a simple vista que la continuidad de esta política económica, debe seguir dando los mismos (nefandos) resultados.

VI.

Hegel solía decir: tengan el valor de equivocarse. Tan linda frase no puede ser una patente para cometer los más pingues desaguisados una y otra vez, sin parar. Aunque la reconversión es absolutamente necesaria, no resuelve en nada los problemas estructurales de la economía y ni siquiera puede subsanar la paradoja que se expresa en la tremebunda escasez de medios de pagos. Si tomamos en cuenta la cantidad de dinero (M2) por habitante, notaríamos que, de tener bolívares equivalentes a 1600 dólares por habitante en 2011, actualmente se tienen alrededor de 16 dólares per cápita, una caída del 99 %. La liquidez monetaria actual apenas roza a un equivalente de 600 millones de dólares, lo cual es absolutamente nada para un PIB que podría alcanzar los 20 o 30 mil millones de dólares, en el mejor de los casos.

La gravísima escasez de medios de pagos asfixia a la economía, hace imposible el apalancamiento financiero, el crédito en todas sus vías y hace imposible tan siquiera pensar en la recuperación económica. De nuevo, se requiere un plan que permita lograr una paz política realmente democrática que sea la base para construir un programa económico de recuperación. En voz de Rosa Luxemburgo: La democracia es indispensable para la clase obrera, sólo así el proletariado adquiere conciencia de su tarea histórica.

VII.

Venezuela ya tiene la segunda hiperinflación más larga en la historia, luego de la acaecida en la Nicaragua sandinista, y casi 8 años de continuo decrecimiento económico. Tristemente el corte de ceros no aporta ninguna solución a tan infamante flagelo que sin duda es la causa del éxodo de más de 5 millones de connacionales. Dicha emigración ya es la segunda más grande en magnitud en el orbe actual. De continuar esta situación, ignorada por completo en las propuestas del nuevo “capitalismo bodegonero importador”, se podría esperar que la emigración continúe y supere a la de Siria, la mayor del planeta.

Por todo lo anterior, es extremadamente urgente deponer ambiciones políticas personalistas y trabajar todos por la recuperación política, social y económica del país. Venezuela aún tiene ventajas que podrían impulsar una recuperación muy rápida. Por ende, es menester lograr un acuerdo humanitario-político-económico, que de la mano de la ONU y programas como el de “Petróleo por alimentos y medicinas” pueda coadyuvar a poner fin a la crisis humanitaria actual. Ello implicaría, obviamente, la eliminación completa de oprobiosas “sanciones económicas” que causan un enorme y pavoroso daño a una economía que antes de ser castigada, ya sufría de una crisis histórica. Hay muchas cosas que se pudieran hacer con voluntad ciudadana y política.

 09/10/2021

Por Manuel Sutherland

economista y director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), Caracas.

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Una firma inglesa proyecta que economía venezolana crecerá al finalizar el 2021

08.10.21 - La firma inglesa de inteligencia financiera Grupo EMFI pronosticó esta semana un crecimiento del 6,2% en la economía de Venezuela luego de ocho años de caída de su producto interno bruto.


"Nuestro amplio análisis de los datos económicos disponibles nos lleva a revisar nuestra previsión de crecimiento del PIB para 2021 hasta el 6,2%, desde el 2,0% anterior. El crecimiento en 2021 no debería ser una sorpresa, dado el efecto base relacionado con Covid-19, los fuertes vientos de cola internacionales y la continua dolarización y liberalización informal de la economía", refiere el informe.

El pronóstico de la empresa europea se conoce luego de que Venezuela registrara una caída acumulada del 90% de su producto interno bruto entre 2013 y 2020, que representa "la más grande en la historia del capitalismo", según valoraciones de economistas locales como Manuel Sutherland.

Sube la exportación petrolera

EMFI, con sede en Londres, estimó que el valor de las exportaciones petroleras podría cerrar el año con un incremento de 57,7 %, luego de que en los primeros nueve meses del 2021 se registrara un alza de 55,2 %.

El informe detalló que la producción petrolera venezolana fue de un promedio de 515 tbd entre enero y agosto, lo que representa 6,5 % inferior a la media del mismo periodo en 2020 (551 tbd), pero un 2,6% superior a la media de todo el año(502 tbd), según fuentes secundarias.

Sin embargo, esto se confirma con las cifras compartidas por el Informe Mensual del Mercado del Petróleo de la OPEP, muestran una producción superior a los 530 tbd, revelando una tendencia alcista.

"Si la producción se mantiene estable en los niveles de los últimos tres meses, la media del año completo cerraría en 520 tbd, lo que representa un 3,6 % más que el año anterior", destaca el documento.

Del mismo modo, el valor de las exportaciones de petróleo, aproximado por Reuters Tanker Trackers y la Cesta Merey, ha aumentado 55,2% interanual en los primeros 9 meses de 2021 y cerraría el año completo con un aumento del 57,7% si se mantienen las tendencias actuales .

El país completará en noviembre cuatro años seguidos en hiperinflación, es decir, de un aumento exacerbado de los precios de bienes y productos. Si bien desaceleró en septiembre, con el 9,7%, la inflación nacional de los últimos 12 meses es de 1.456%, según el opositor Observatorio Venezolano de Finanzas.

Sábado 9 de octubre

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Policía antinarcóticos durante un operativo en una propiedad de Carlos Mario Jiménez, en Caucasia, Colombia, el 13 de marzo de 2009. William Fernando Martinez (AP)

Los documentos emergieron durante un juicio al exjefe paramilitar Macaco por el asesinato del líder y periodista Eduardo Estrada

El 27 de septiembre, durante un juicio contra Carlos Mario Jiménez, Macaco, temido exjefe paramilitar, en una corte federal en Florida salieron a la luz documentos desclasificados de la CIA y el departamento de Estado que confirman que en Colombia hubo una “relación simbiótica” entre las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares.

“Los actores estatales apoyaron activamente las operaciones del Bloque Central Bolívar BCB (que encabezó Jiménez) mediante el intercambio de inteligencia, armas y uniformes militares”, escribió el juez federal Edwin Torres en su fallo, considerado un hito. La sentencia responsabilizó a Macaco del asesinato de Eduardo Estrada, un líder social y periodista baleado en 2001 en el departamento de Bolívar, y de la tortura de su esposa, como parte de una demanda civil presentada a nombre de varias víctimas. La justicia ordenó también el pago de 12 millones de dólares a los familiares de las víctimas.

Para llegar a esa conclusión, Torres se apoyó en al menos una decena de informes desclasificados de la CIA y el departamento de Estado, que han sido publicados por el portal informativo National Security Archive en distintos momentos. Se trata de una serie de informes, memos y cables diplomáticos que dan cuenta de la colaboración entre esos escuadrones y el Estado colombiano, una verdad a voces en el país que era conocida también por el Gobierno estadounidense, como ahora se demuestra.

“El Ejército los trató ‘bien”

En 2001, la CIA reportó que meses antes del asesinato de Estrada, el Ejército colombiano “trató bien” a los paramilitares del BCB y a otro bloque de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia). El documento indica que debido a una operación estatal los paramilitares fueron “temporalmente obligados a reubicarse”, y algunos fueron detenidos. Sin embargo, “los capturados durante la operación fueron posteriormente liberados, junto con sus armas”.

“Esta decisión (el fallo contra Macaco) es el resultado de la incansable lucha de las víctimas por su derecho a la verdad y a la justicia, cuando por poco les fue arrebatado este derecho al ser Macaco extraditado exclusivamente por cargos de narcotráfico”, señala a EL PAÍS Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), que acompañó el caso junto al Center for Justice and Accountability (CJA). “La decisión demostró lo que Macaco por muchos años negó en tribunales colombianos, su participación y responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, ya que argumentaba que no se encontraba en la región del Magdalena Medio para la época de estos hechos”, explica Gallón.

“No los persiguen activamente”

Otro de los documentos divulgados por NSA es un análisis de la embajada de Estados Unidos en Bogotá fechado en 1999 que asegura que “las Fuerzas Armadas de Colombia no han perseguido activamente a los miembros de los grupos paramilitares porque los ven como aliados en la lucha contra la guerrilla”.

El mismo informe señala que los paramilitares controlan los cultivos de uso ilícito en la región del sur de Bolívar, la zona de operaciones de Macaco. El exjefe paramilitar empezó su vida criminal escudándose en el oficio de ganadero, y ascendió hasta encabezar el Bloque Central Bolívar, uno de los más poderosos de las extintas AUC, que se desmovilizaron entre 2003 y 2006 bajo el Gobierno del Álvaro Uribe.

Militares y su versión de la aterradora masacre de El Salado

Documentos del mismo año refuerzan la idea de que los altos mandos del Ejército colombiano no veían necesario combatir a los paramilitares. El general (Néstor) Ramírez dijo durante la reunión que no era asunto del Ejército perseguirlos “porque estos eran delincuentes apolíticos y por lo tanto no amenazaron el orden constitucional a través de actividades subversivas”, se lee en el cable.

Mientras el Ejército hacía la vista gorda, miles de poblaciones colombianas eran azotadas por las masacres. Una de las más crueles fue la de El Salado, en la que 450 integrantes de las AUC asesinaron a 60 personas después de torturarlas durante 6 días sin que el Ejército ni la Policía intervinieran. La prensa llamó a esa matanza “fiesta de sangre”, por los detalles macabros de cómo obligaron a los habitantes a tocar música de tambores antes de ejecutarlos en la cancha de fútbol del pueblo; o la cruel lotería en la que los obligaban a contar hasta 30 para definir el orden de los asesinatos.

En 2009 el portal NSA publicó un cable de la Embajada que evidenciaba su preocupación por el rol que las fuerzas militares tuvieron en esta masacre. “El Ejército sabía por inteligencia que los paramilitares estaban en el área, pero se fueron antes de la masacre”, dice una fuente a la Embajada en el texto. De los 450 paramilitares apenas fueron capturados 11. Años después, la Corte Suprema de Colombia condenó a un capitán y otros oficiales de la Primera Brigada de Infantería de Marina por “permitieron el accionar violento de los grupos paramilitares que se tomaron El Salado”

El General Del Río y la “cooperación” con los paramilitares

En un documento de 1998, se registró que un oficial del Ejército le dijo a la Embajada, en calidad confidencial, que el general Rito Alejo del Río, comandante para esa época de la Brigada 17 en la región del Urabá, era uno de los dos militares más corruptos del Ejército. “La fuente afirmó que Del Río le dijo al personal de la Brigada que cooperaran con los paramilitares cuando él estuviera físicamente ausente del área”, indica el cable. También, que el general hoy retirado y que fue condenado a 25 años por el homicidio del campesino Marino López Mena había desviado “un avión cargado de armas y municiones a los paramilitares en el Región del Magdalena Medio en 1985″.

Actualmente Del Río entrega su versión ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por la masacre de Mapiripán, ocurrida en 1997, en la que 120 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu), se desplazaron en dos aviones militares desde el Urabá antioqueño, sede de la brigada 17, hasta San José del Guaviare, en el suroriente de Colombia, para asesinar a 49 personas. Ante la JEP, que investiga los delitos cometidos en el conflicto armado, Del Río negó su participación.

Macaco exploraba una nueva alianza paramilitar desde prisión

Entre el 2004 y el 2006, los jefes paramilitares se desmovilizaron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe. A cambio de entregar las armas, ofrecer la verdad sobre los crímenes y no reincidir podían acceder a un tipo de justicia transicional y pagar una pena de cárcel de ocho años. Sin embargo, en 2008, por orden de Uribe, varios de los más sanguinarios fueron extraditados a Estados Unidos. Durante el proceso por su responsabilidad en el asesinato de Eduardo Estrada, fue citado otro cable de 2007 que indicaba que este exjefe paramilitar habría seguido delinquiendo desde la cárcel.

En Estados Unidos, Macaco cumplió 11 años de prisión –de una sentencia original de 33 años– por cargos relacionados con narcotráfico, no con violaciones de derechos humanos, y en 2019 fue repatriado a Colombia, donde permanece bajo custodia. A principios de este año reconoció violencia sexual, homicidios, desplazamientos, desapariciones, torturas y otras conductas ilícitas en las que habría participado el Bloque Central Bolívar, con un saldo de al menos 250 víctimas, de acuerdo con la Fiscalía. Un proceso que sigue en marcha. Entre los años de 1997 y el 2006, solo esa estructura paramilitar, la mayor de cuantas se agrupaban bajo la sombrilla de las AUC, operó en 13 de los 32 departamentos de Colombia, de acuerdo con el Centro Nacional de Memoria Histórica.

A pesar de reconocer su responsabilidad en el caso de Estrada, su defensa ha solicitado la preclusión de la investigación, ya que han pasado más de 20 años desde que se dieron estos hechos, explica Gustavo Gallón. “De esta forma, la sentencia proferida por la Corte Distrital del Sur de Florida debe ser un referente para el fiscal encargado de la investigación en el caso colombiano, ya que demuestra que el asesinato de Eduardo Estrada se dio en un contexto de sistematicidad y generalidad, gracias a la ayuda y tolerancia de las fuerzas armadas colombianas, catalogándose este homicidio como un crimen de lesa humanidad y por lo tanto, un delito imprescriptible”, apunta

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Pablo Dávalos

El gobierno de Guillermo Lasso está atenazado por dos grandes fuerzas que lo condicionan y de las cuales no ha podido salir: de una parte la organización social que tiene en la organización indígena CONAIE su representación más importante y legítima; y, de otra, su débil posición en la Asamblea Nacional que nunca pudo ser resuelta.

Lo paradójico y contradictorio es que, a pesar de tener un escenario tan poco favorable, el gobierno nunca dejó de pisar el acelerador para sus reformas económicas neoliberales.

En pocos meses, en efecto, emitió una serie de Decretos Ejecutivos que alteraban de forma trascendente varias políticas públicas, por ejemplo, la privatización de toda la industria hidrocarburífera, la adscripción al CIADI del Banco Mundial, la apertura para la minería a gran escala, el financiamiento del gasto corriente con ingresos no permanentes que está prohibido por la Constitución, etc.

El sustento social gracias el cual pudo avanzar tanto en tan poco tiempo estuvo en su exitosa campaña de vacunación que, en apenas semanas, logró avances sin precedentes y que redujo la mortalidad de la pandemia del Covid-19 por vez primera desde que esta empezó.

Nunca hubo una alianza de gobernabilidad con Pachakutik e Izquierda Democrática

Sin embargo, ¿cuáles son las condiciones de gobernabilidad que tiene el gobierno? Un primer análisis, y que partía de una interpretación apresurada de la alianza que se realizó entre el gobierno, el movimiento Pachakutik y la Izquierda Democrática para nombrar a las autoridades de la Asamblea Nacional, consideraba que con esta alianza circunstancial se podía dar al régimen la gobernabilidad que necesitaba. Para realizar esa alianza el gobierno, en efecto, tuvo que romper con los acuerdos previos a los que había llegado con el derechista partido socialcristiano y con el movimiento del ex presidente Rafael Correa, UNES.

No obstante, y como el tiempo habría de demostrarlo, se trató de una interpretación errónea sobre una alianza coyuntural que en absoluto significaba una alianza de gobernabilidad. Esto significaba que el gobierno siempre estuvo solo en la Asamblea Nacional y que, más allá de los asambleístas independientes que pudieron ser cooptados por el régimen, no tenía ninguna base sólida para garantizar su gobernabilidad, al menos en la Asamblea Nacional.

Esto suscita una inquietud y es tratar de discernir si el gobierno estaba consciente de sus propias debilidades en la Asamblea Nacional y saber cómo trató su superarlas. Pero la coyuntura política dio cuenta que el gobierno de Guillermo Lasso no realizó ninguna lectura política coherente sobre su debilidad dentro del sistema político, justo por ello se explican la serie consecutiva de errores políticos del régimen. Al no tener una idea clara de sus posibilidades y límites dentro del legislativo, era obvio que sus errores tenían que ser proporcionales a su falta de comprensión de su propio entorno.

El fracaso de la consulta popular como estrategia política

El régimen de Guillermo Lasso creyó que la popularidad y la credibilidad que había obtenido a partir del exitoso programa de vacunación, podía ser suficiente para darle el piso y sustento de gobernabilidad que necesitaba. Quizá en sus propios cálculos pensó que con esos niveles de legitimidad podía arrinconar a la Asamblea Nacional y obligarla a plegarse a su proyecto. Pensó también que con el apoyo de los grandes medios de comunicación, esa estrategia podía ser eficaz. Pero, en realidad, se trató tanto de ingenuidad, cuanto de desconocimiento quizá por la arrogancia de pensar que haber ganado el poder ejecutivo le podía dar patente de corso para imponer sus propias prescripciones al país y a la legislatura. El gobierno creyó en sus propios simulacros.

Es sobre esa estrategia que el gobierno apela a la consulta popular si no se aprobaban sus propuestas económicas, políticas y jurídicas. A través de este mecanismo de la consulta popular, el régimen podía orillar a la Asamblea Nacional a una posición defensiva. Le sirvió, para esta estrategia, la campaña de desprestigio contra la Asamblea Nacional realizada tanto por la gran prensa cuanto por sus propios alfiles dentro del sistema político.

Pequeños errores administrativos de la legislatura fueron amplificados y coparon el debate nacional como si fuesen cuestiones de trascendencia única. Los medios de comunicación, y los operadores políticos del gobierno en la Asamblea, en especial, el presidente de la Comisión de Fiscalización, habían creado un ambiente de tal tensión política que incluso podían llegar al escenario de nombrar nuevas autoridades para el legislativo.

La crisis carcelaria y el fracaso de la estrategia política del gobierno

Esta estrategia mediática y política fracasó de forma estruendosa por la crisis carcelaria que vivió el país justamente en esos momentos, a fines del mes de septiembre. Guayaquil, de la misma manera que sucedió en la crisis sanitaria del Covid-19, esta vez fue noticia mundial por el asesinato y tortura de más de cien personas privadas de libertad, en un ejercicio de sadismo y horror que sobrecogieron a la sociedad y al mundo.

Las masacres en las cárceles de Guayaquil daban cuenta que el gobierno no había podido resolver el tema de la crisis carcelaria y que su apuesta por la reducción del tamaño del Estado le pasaba factura desde uno de los sectores más críticos, como son las penitenciarías, y que habían sido sometidas al desmantelamiento de varios programas específicos para ese sector, así como a la reducción incluso del gasto en mantenimiento de las instalaciones penitenciarias en todo el país.

Si a eso se suma la forma-prisión desde la cual las autoridades judiciales del país piensan que se pueden resolver los conflictos sociales y jurídicos, se tiene un escenario complejo de hacinamiento, deterioro de servicios, falta de inversión en programas específicos, dotación de equipos y contratación de personal clave, entre otros.

El gobierno de Lasso se descuidó completamente de este sector tan importante, así como de otros huelga decir, y se concentró en utilizar el exitoso proceso de vacunación contra el Covid-19 como su única baza política. Por ello, cuando estalló nuevamente la crisis carcelaria, el primer sorprendido con la noticia fue el propio gobierno que no atinó a dar una sola respuesta. Se quedó paralizado por sus propios errores y descuidos.

Al no tener capacidad de respuesta inmediata, la crisis carcelaria lo rebasó por los cuatro costados y puso un límite a su estrategia política de utilizar la credibilidad del proceso de vacunación. La sociedad se horrorizó por lo sucedido en las cárceles y fue testigo y víctima de cómo ese conflicto se derramaba por el tejido social. El ambiente de inseguridad se convirtió en una incertidumbre real para las personas que ahora tienen miedo incluso de transitar por cualquier calle. El Estado había fracasado en uno de sus temas más delicados y que tienen que ver con la seguridad ciudadana. La percepción de “Estado-fallido” es cada vez más persistente en los ciudadanos y no hay aún una sola política pública que pueda revertir esa percepción.

El fallido proyecto de ley económico urgente: “Creando Oportunidades”

En ese contexto, la campaña mediática contra la Asamblea nacional (el costo de las empanadas), mostró su ridiculez y mezquindad. Puso en su justa perspectiva los conflictos sociales de un país acosado por la crisis, el desempleo, la pobreza, la concentración del ingreso, la falta de oportunidades. No obstante, el gobierno no supo realizar una lectura de ese momento. En medio de la crisis carcelaria y apresurado por cumplir con sus obligaciones contraídas con el FMI, el gobierno se apresuró a enviar el proyecto de ley con el carácter de económico-urgente “Ley Orgánica de Creación de Oportunidades, Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal”, el 24 de septiembre de 2021.

De forma previa y apenas semanas antes, la Asamblea Nacional le había devuelto al gobierno, sin aprobar y con observaciones, la proforma presupuestaria para el año 2021 y también le había reclamado al Presidente Lasso por no haber presentado, conforme lo dictamina la Constitución y la ley, el Plan Nacional de Desarrollo, insumo básico para la construcción de la política fiscal y la programación presupuestaria para los próximos cuatro años.

Todas las señales, por lo tanto, dan cuenta de un gobierno inexperto, sin capacidad de lectura política de sus propias condiciones de gobernabilidad, y llevado al fanatismo por su propia ideología libertaria y neoliberal, sin considerar para nada los límites constitucionales, jurídicos, legales y políticos de su propio proyecto.

Esto puede avizorarse con el proyecto de ley económico urgente que el gobierno había sumarizado en la frase: “Creación de Oportunidades”. Se trataba de un proyecto de ley económico urgente que tenía que ser revisado, discutido y analizado por la Asamblea Nacional en un mes, caso contrario entraría en vigencia por el ministerio de ley. El proyecto de ley del gobierno constaba de cuatro libros normativos con 335 artículos, 11 Disposiciones Generales y 15 Disposiciones Transitorias.

En el primer libro el proyecto de ley intentaba crear un régimen laboral alternativo al vigente Código del Trabajo en el que, prácticamente, eliminaba todos los derechos laborales hasta ahora vigentes para instaurar un régimen de flexibilización laboral absoluta, en el cual el epítome se registraba en el artículo 75 del proyecto de reforma que establecía que en caso de despido intempestivo era el trabajador quien tenía que pagar una indemnización a sus patronos; en el segundo libro de las reformas se establecían contribuciones temporales a través de imposiciones tributarias básicamente a la clase media para obtener alrededor de 950 millones adicionales para el presupuesto del año 2022 (que no iban a ser utilizados como gasto corriente, sino que tenían como destino las reservas internacionales para garantizar flujos de capital a los bancos privados, hay que aclarar); en el tercer libro constaban normas para el régimen impositivo único y temporal para activos en el exterior, mientras que en el libro cuarto se contemplaban reformas a varios cuerpos legales, como por ejemplo reformas a la Ley Orgánica de Defensa del Artesano, al Código General de Procesos, a la Ley Orgánica de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, a la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, al Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, la Creatividad y la Innovación, a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, a la Ley de Hidrocarburos, a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica, la Ley de Minería, a la Ley Orgánica de Agrodiversidad, Semillas y Fomento de la Agricultura Sustentable, a la Ley Orgánica de la Movilidad Humana, entre los 31 cuerpos legales que esta propuesta de ley intentaba cambiar. En todas ellas subyacía la desregulación pública y la transferencia de capacidades públicas hacia el sector privado.

El proyecto de ley económico urgente del régimen, a todas luces, entraba en contradicción directa con el artículo 136 de la Constitución que establece que los proyectos de ley deberán referirse a una sola materia; la Constitución determina que si no se cumple con este requisito no podrá tramitarse ningún proyecto de ley; era obvio, entonces, que un proyecto de esas características no pase por los filtros constitucionales, jurídicos y procedimentales de la Asamblea Nacional.

A pesar de la enorme maquinaria mediática que trabajó a favor del régimen para crear el consenso sobre este proyecto de ley, el Consejo de Administración de la Legislatura, no pudo aprobar ese proyecto de ley para su trámite respectivo dentro de la Asamblea, porque no cumplía con los requisitos básicos de unidad y conexidad de materia, y tuvo que devolver el proyecto de ley al gobierno para que subsane los errores y, si cree conveniente, pueda volver a enviarlo.

Para el gobierno se trataba de una derrota en toda la línea porque había apostado los ejes gruesos de su proyecto de largo plazo en esta propuesta de ley. No había punto de retorno y, al mismo tiempo, se había desmoronado la estrategia de shock que hasta entonces había caracterizado a la política del régimen.

El gobierno no puede cumplir con los acuerdos con el FMI

Los principales partidos y movimientos políticos de la Asamblea, además, emitieron un mensaje específico en el cual le ratificaron al gobierno que no aprobarían ninguna reforma fiscal, tributaria, económica y, menos aún, laboral en contra de los derechos de los trabajadores y que castigaban a las clases medias. Su plan económico, por tanto, se quedaba sin piso en el legislativo.

A pesar que la crisis carcelaria desmoronaba poco a poco la legitimidad y credibilidad del régimen, el gobierno comenzó a pensar seriamente en la posibilidad de la consulta popular. Su lectura aún radicaba en los altos índices de popularidad y pensaba, otra vez ingenuamente, que ese ambiente podía darle el oxígeno político para aprobar sus reformas por la vía de la consulta. De esta manera, se imaginaba el régimen, podía retornar a la Asamblea Nacional con las reformas tributarias y fiscales, mientras que el grueso de las otras reformas se podían aprobar vía consulta.

Ahora bien, para el régimen era imprescindible aprobar las reformas fiscales y tributarias, así como las reformas laborales y a la seguridad social, porque ya se había comprometido con el FMI durante la segunda y tercera revisión al acuerdo de financiamiento extendido que el país tenía con esta institución desde septiembre del año 2020 y para un plazo de 27 meses, para hacerlo.

Con las revisiones al programa económico establecido con el FMI y con los compromisos asumidos por el gobierno de incrementar el ingreso fiscal y reducir aún más el gasto corriente y el gasto de inversión (el superávit fiscal que sería trasladado a las reservas internacionales), más las reformas de flexibilización laboral y la transición al sistema de cuentas individuales en la seguridad social, el gobierno esperaba que el FMI desembolse los recursos pendientes desde estas revisiones: 802 millones de dólares en octubre de 2021, más 700 millones a desembolsarse en diciembre de ese mismo año. Con esa liquidez, podía capear los últimos meses del 2021. Por tanto, es absolutamente impensable, para el régimen, incumplir con los compromisos asumidos con el FMI.

Es por eso que el gobierno no puede revisar el incremento del precio de los combustibles, como lo han pedido varias organizaciones sociales y gremiales, y tampoco puede evitar la reducción del tamaño del Estado y las reformas fiscales y tributarias, a pesar del alto costo político de mantener esas medidas. El régimen está dispuesto a inmolarse a incumplir con el FMI.

La devolución del proyecto de ley económica-urgente, empero, pone en cuenta regresiva al acuerdo con el FMI. Una suspensión o incumplimiento de ese acuerdo con el FMI se castiga directamente con el incremento del riesgo país, con la caída del precio de los bonos de deuda soberana en los mercados secundarios, con aumentos de las tasas de interés para la emisión de nuevos bonos y, a nivel interno, con más fugas de capital, que en el caso del Ecuador reducen la cantidad de moneda existente en virtud del esquema de dolarización de la economía y, en consecuencia, acentúan la crisis económica.

Los Pandora Papers y el fantasma de la destitución

Es en medio de este escenario que se producen dos hechos que afectan aún más al gobierno. El primero es la publicación de los denominados “Pandora Papers”, una investigación periodística en el cual están comprometidos más de 600 periodistas de investigación de todo el mundo y con la participación directa de los medios de comunicación más importantes del planeta. En estos Pandora Papers aparece involucrado directamente el Presidente Guillermo Lasso como poseedor de fondos fiduciarios y de inversión en diversos paraísos fiscales.

La ley ecuatoriana, producto de una consulta popular efectuada en el año 2017, prohíbe de manera terminante que los servidores públicos, y en especial las autoridades de elección popular y, evidentemente el Presidente de la república, tengan inversiones en paraísos fiscales, tanto ellos cuanto sus cónyuges e hijos dependientes.

La investigación del consorcio internacional de periodismo de investigación que publicó los Pandora-Papers, y que continúan la saga de los Panamá-Papers, demuestra que Guillermo Lasso y su familia directa efectivamente poseen inversiones en paraísos fiscales.

Al tenor de esta denuncia internacional, la Asamblea Nacional procedió a aprobar la investigación correspondiente para conocer los movimientos económicos y tributarios de Guillermo Lasso.

Ahora bien, una primera consecuencia de esta denuncia, es que deja sin piso a la propuesta tributaria contenida en el proyecto económico-urgente y que el gobierno pensaba enviar como reformas parciales a la Asamblea Nacional. En efecto, surge la duda sobre la ética y moral de la propuesta gubernamental: ¿tiene capacidad ética un Presidente de la república de proponer el pago de impuestos a sus ciudadanos, cuando la prensa mundial lo acusa de tener inversiones en paraísos fiscales para evitar pagar precisamente esos impuestos?

Para la ciudadanía, y para el sistema político, es difícil apoyar y suscribir cualquier propuesta de reforma fiscal y tributaria que provenga desde el Presidente Guillermo Lasso en especial luego del affaire de los Pandora Papers. Aparecerá como una propuesta falaz y con un costo político muy alto para quienes la aprueben y suscriban.

Sin temor a equivocarme, pero creo que las reformas fiscales y tributarias de Guillermo Lasso prácticamente no tienen posibilidad alguna de ser aprobadas por la Asamblea Nacional. Sin sustento ético y sin apoyo social, es difícil que la Asamblea lo haga.

El incumplimiento de los compromisos asumidos con el FMI, por tanto, es inevitable. La crisis de credibilidad de los mercados financieros internacionales con respecto al gobierno de Lasso también es ineluctable.

Ahora bien, este escenario pone la disputa del Ejecutivo con la Asamblea Nacional a otro nivel porque esta vez el gobierno pasa a la defensiva. Tiene que demostrar que las denuncias internacionales de los Pandora Papers no son relevantes ni lo afectan en absoluto porque el Presidente Lasso habría cumplido con la ley y no posee ninguna inversión en paraísos fiscales, ni en la banca off-shore. Empero, para alguien que proviene directamente desde uno de los bancos privados más importantes del país, el Banco de Guayaquil, y como su director y accionista principal, demostrar que no posee inversiones en banca off-shore se convierte en una tarea casi imposible.

De esta forma, el espacio político sobre el cual el régimen pensaba articular la consulta popular para aprobar las reformas negociadas con el FMI, prácticamente desaparece. No tiene ningún capital político para el proceso de consulta popular. Tiene que defenderse de las acusaciones de los Pandora Papers y tiene que enfrentar una amenaza que, hasta antes de esa denuncia internacional, no existía, la posibilidad de su enjuiciamiento político y eventual destitución por parte de la Asamblea Nacional.

Para los partidos y movimientos políticos más importantes de la Asamblea Nacional, los Pandora Papers son un regalo caído del cielo. Tienen un argumento potente para poner a la defensiva al régimen. Tienen en sus manos la posibilidad cierta de su eventual destitución por incumplimiento de disposiciones legales expresas con respecto a inversiones en bancas off-shore y la participación electoral. La Asamblea Nacional sabe que si tira de los hilos adecuados y sigue las pistas apropiadas, puede llegar a demostrar que, efectivamente, el Presidente incumplió con la ley. Así, el escenario no puede ser peor para Guillermo Lasso, y apenas a cinco meses de su posesión. El fantasma de su destitución cruza por los pasillos del palacio de gobierno.

La CONAIE prepara otro levantamiento

El otro hecho significativo es la ruptura de los diálogos con las organizaciones sociales, en especial, la CONAIE. En la reunión mantenida con las organizaciones indígenas el 4 de octubre de 2021, la CONAIE llevó a la mesa de diálogo con el gobierno su rechazo a la elevación continua de los combustibles producto de varios decretos ejecutivos al respecto y que fueron emitidos por el anterior gobierno, pero que forman parte de las negociaciones con el FMI.

Al no existir ningún acuerdo sobre este punto, los demás acuerdos (seis puntos en total y que comprendían, entre otros, una moratoria de un año para las obligaciones financieras de los pequeños productores agrícolas, el respeto a los derechos colectivos y el cese de actividades extractivas en territorios indígenas, etc.), tampoco tuvieron oportunidad de ser ni discutidos ni negociados.

El gobierno desperdició una circunstancia única por su tozudez de revisar una política condicionada por el FMI, aquella del incremento de los precios de los combustibles, y se abrió, de forma gratuita y en su peor momento, otro frente de batalla. La CONAIE, en efecto, y luego de la reunión con Guillermo Lasso anunció que se abría un proceso de consultas internas para ejercer el derecho a la resistencia, es decir, la movilización social.

Es realmente increíble la incapacidad del gobierno por comprender su propio tiempo político y sus propias condiciones de gobierno. Si durante el diálogo con la CONAIE el gobierno hubiese aceptado la propuesta de congelar el precio de los combustibles y apoyar una moratoria de pagos de un año al sistema financiero nacional de los pequeños productores agrícolas, habría desarmado un frente en el cual no tiene ninguna capacidad de generar contrapesos. Pero el gobierno creó un simulacro (que habían llegado a 11 puntos de acuerdo con el movimiento indígena), y se lo creyó. No hay acuerdo alguno con el movimiento indígena. El régimen no puede dar consistencia a sus propias ficciones porque daría cuenta que ha perdido incluso su sentido y su principio de realidad.

Ahora tiene que confrontar una dura batalla en la Asamblea Nacional que se encamina hacia su destitución, y tiene que hacer frente a una probable movilización nacional del movimiento indígena. Además necesita de capital político para aprobar su próxima proforma presupuestaria para el año 2022. ¿Cómo va a confrontar un escenario tan complicado?

Quizá sea un estudio de caso la forma por la cual el gobierno decidió no hacer política cuando más la necesitaba. Tal como ha procedido en estos primeros meses, su ingenuidad, su fanatismo, su arrogancia, y su incapacidad absoluta de comprender qué es la política y cómo hacerla, determinen su desenlace. El gobierno ha demostrado no tener ni la inteligencia, ni la habilidad política para enfrentar tanto a la Asamblea Nacional cuanto a los movimientos sociales, en especial al movimiento indígena. Así, todo apunta a confirmar la hipótesis que, tal como están las cosas, Guillermo Lasso no terminará el periodo al cual fue electo.

Por Pablo Dávalos | 09/10/2021

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Mezquita en la zona de Sayed-Abad en Kunduz. — STRINGER / reuters

La explosión tuvo lugar en una mezquita en la zona de Sayed-Abad en Kunduz, en la cual cientos de personas se encontraban reunidas por los rezos del viernes.

 

Un atentado suicida contra una mezquita chií provocó este viernes la muerte de al menos ochenta personas y dejó unos cien heridos en el norte de Afganistán, un ataque que no ha sido reivindicado pero que es similar a otros del grupo yihadista Estado Islámico (EI), contra el que los talibanes han lanzado una operación masiva en el país, al considerarlos su principal amenaza.

Se trata de uno de los atentados más sangrientos desde que los talibanes tomaron el control de Kabul el pasado 15 de agosto, después del ataque suicida reivindicado por el EI que el 26 de ese mes golpeó el aeropuerto de la capital, dejando unos 170 muertos.

80 muertos y unos 100 heridos

El atentado suicida de este viernes tuvo lugar en una concurrida mezquita durante la hora del rezo colectivo situada en la zona de Sayed-Abad en Kunduz, capital de la provincia homónima. "Una fuerte explosión tuvo lugar en la mezquita Sayed-Abad, en la que ochenta personas de la comunidad chií que acudieron a los rezos han muerto y unas cien más han resultado heridas", dijo Ghulam Rabani Rabani, un antiguo miembro del consejo provincial de Kunduz.

Nazir Naeemi, un ciudadano que se encontraba en el lugar del atentado, afirmó a Efe que "parece que unas cien personas han muerto y cerca de doscientas han resultado heridas", aunque el número todavía es confuso a falta de una cifra oficial de las autoridades.

Un residente de Kunduz, Sayedullah Kamran, relató que se encontraba cerca cuando escuchó la explosión y vio "gente corriendo fuera de la mezquita, algunos heridos y cubiertos en sangre. Después de unos minutos, nos apresuramos al interior para ayudar. El suelo estaba cubierto de cadáveres y heridos", recordó. El joven de 25 años contó unos 50 cuerpos, pero "dejé de contar por las prisas, creo que hay unos noventa o cien heridos".

Vídeos de la mezquita tras la explosión muestran decenas de cuerpos cubiertos de sangre con miembros amputados y tendidos en el suelo, entre escombros y los gritos de angustia de las personas que se afanaban por prestar ayuda.

Un vecino del lugar, Sayed Naeem Musavi, perdió a decenas de sus familiares en la explosión cometida por un "atacante suicida". "La explosión fue muy fuerte. Solo de nuestra localidad perdimos a entre 80 y 90 personas, algunos familiares cercanos y amigos, como tíos, primos y sobrinas, pero el número real es mayor que este y va en aumento", explicó.

Musavi criticó que cuando llegaron los talibanes al poder les desarmaron y no colocaron a nadie para que protegiera la mezquita, y además tras el atentado de este viernes tardaron unos 30 minutos en llegar. "Los bomberos (...) todavía están limpiando la sangre de la mezquita. La gente ha recogido tres bolsas con partes de cuerpos", relató.

Falta de confirmación oficial

Los talibanes han confirmado la explosión pero por el momento no han aportado datos oficiales de víctimas. "Ha habido una fuerte explosión en la provincia de Kunduz que causó muchas bajas, no conocemos la cifra exacta de víctimas en este momento", dijo un miembro de la Comisión de Cultura de los fundamentalistas, Jawad Sargar.

Otro líder talibán, que pidió el anonimato, afirmó que la formación sospecha que el Estado Islámico podría encontrarse detrás de este ataque. "De momento el área ha sido acordonada por nuestras fuerzas y una investigación está en marcha", dijo. Hasta ahora, ningún grupo u organización armada ha reivindicado el ataque.

Sin embargo, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) remarcó que el grupo yihadista Estado Islámico ha reivindicado recientemente varios atentados similares, el último el pasado domingo cerca de la entrada de una mezquita en Kabul durante la ceremonia fúnebre por la muerte de la madre del principal portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid.

El Estado Islámico de Khorasán, la rama afgana del EI, se ha ensañado además en el pasado con la minoría chií, especialmente contra la población hazara, a los que considera apóstatas.

Operación contra el EI

Las recientes acciones del EI, desde la retirada final de las tropas de Estados Unidos de Afganistán poco antes de la medianoche del pasado 31 de agosto, han provocado que los talibanes lancen una serie de operaciones masivas contra el grupo yihadista, para acabar con la que consideran la principal amenaza contra su Gobierno.

"Continúan las operaciones de nuestras fuerzas especiales y de los servicios de inteligencia contra el Daesh (acrónimo del EI en árabe). Esperamos poder erradicarlos pronto y eliminar esta sedición del país", dijo el portavoz talibán Bilal Karimi.

Las operaciones tienen lugar en al menos cuatro de las 34 provincias afganas: en Kabul, en las orientales Kunar y Nangarhar, y en la norteña Parwan, donde los yihadistas tienen una mayor presencia y han reivindicado varios ataques contra los talibanes.

kabul

08/10/2021 16:45 Actualizado: 08/10/2021 18:01

EFE

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Imágenes del colapso: el volcán de La Palma

Para la pequeña población de la isla La Palma (84 mil habitantes), la erupción volcánica es lo más parecido al colapso de sus vidas, que dura ya varias semanas y al parecer se extenderá por meses. La reacción de las diversas clases sociales y del Estado español pueden sernos de utilidad para anticipar lo que sucederá en los colapsos que, inevitablemente, nos van a afectar.

Por arriba, la monarquía dijo algo así como "rezaremos por ustedes", a una población que ha perdido sus viviendas y sus medios de vida, en general pequeñas plantaciones de plátano de media hectárea.

El gobierno de Madrid se apresuró a pedir ayudas europeas que se devolverán con más impuestos, mientras aseguró que "todo está bajo control". Desde la primera intervención pública, los gobernantes dijeron que la erupción podría ser un incentivo para atraer turistas, profundizando un modelo altamente depredador.

Por abajo, las impresiones que pude recoger en la isla vecina (Tenerife), provienen de miembros de La Casa, un colectivo territorial en La Orotava, con quienes tenemos estos días talleres presenciales de formación en educación popular. Jessica Pérez y José Miguel Martín, quienes han tenido conflictos y juicios con los poderes locales, dibujaron un panorama desolador.

"Lo más indignante", explica Jessica, “fue ver cómo los turistas que estos días vuelan a la isla, se hacen selfies sonriendo con el volcán detrás, mientras la lava arrasa las viviendas campesinas”. Una frase que sintetiza el dolor y la estupidez humana, que se traduce en aferrase a un modelo que los activistas consideran parte del extractivismo en las islas.

"Con 2 millones de habitantes, Canarias recibe cada año 16 millones de turistas", agrega José Miguel. Ambos participan en La Casa y en la Asamblea Canaria por el Reparto de la Riqueza y Jessica también en grupos feministas anticoloniales, desde hace unos 17 años. Comenzaron su vida militante desde el movimiento independentista que fue muy potente en la década de 1970.

Las personas de abajo y a la izquierda en Canarias consideran que viven una situación colonial, cuya mayor expresión es el modelo de acumulación por despojo o extractivismo. La economía está dominada por las exportaciones agrícolas desde la Conquista, en tanto los terratenientes se hicieron con las mejores tierras expulsando a la población originaria (guanches de origen amazigh), que sobrevive en tierras altas o debió emigrar a las ciudades.

Primero fue el monocultivo de caña de azúcar y ahora el turismo que, masivo, agudiza el despojo. La clase social formada por "godos" o españoles monopoliza también el agua, el bien más escaso junto a la justicia social. "Canarias fue el laboratorio para la conquista de América", insisten las organizaciones.

"El movimiento ecologista es el vertebrador de las grandes protestas", explica José Miguel, contra las grandes obras portuarias y hoteleras, que no sólo depredan las costas sino que agudizan la escasez de agua.

Entre los movimientos, debe destacarse también el antimilitarista, en una isla donde las fuerzas armadas españolas y la Organización del Tratado del Atlántico Norte mantienen una ostensible presencia. La solidaridad con los pueblos de África se concreta en el apoyo al pueblo saharaui y a los miles de migrantes que llegan a las costas en precarias "pateras".

Mientras arriba predomina la frivolidad, las redes informales de solidaridad se encargaron de hacer llegar a La Palma toneladas de alimentos y de ropa, directamente, de comunidad a comunidad. Fueron tantos los alimentos que llegaron a la isla afectada, que se pidió que dejaran de enviar comestibles porque los depósitos estaban abarrotados.

"La solidaridad es habitual en las islas, sobre todo ante catástrofes como los grandes incendios. En esta ocasión hubo un auténtico desborde de solidaridad, desde la base de la sociedad, que no quiso ingresar dinero en los bancos como pidieron empresarios y gobernantes, sino hacerla llegar directamente", explica José Miguel.

Siglos de expropiaciones y de corrupción han llevado a una parte de la población a desconfiar de las instituciones y del arriba. "El turismo consiguió copar las mejores viviendas y los mejores espacios naturales, además de sobreutilizar recursos escasos como el agua", agrega Jessica.

El resultado del modelo puede traducirse en números: .3 por ciento de los canarios acumula una riqueza equivalente a la mitad del PIB; Cáritas informa que 55 por ciento de la población vive en la precariedad, ya que ingresa menos de un salario mínimo; un tercio de la población activa está desempleada, en particular los jóvenes.

Comprendemos que la soberbia, arriba, y la resistencia, abajo, no reconocen fronteras ni colores de piel.

Los colectivos de Canarias recibirán en semanas a integrantes de la gira zapatista que ya se está desplegando por tierras europeas. En Canarias les espera un encuentro entre pueblos que han sufrido la colonización y siguen resistiendo el despojo, cada quien con sus propios ritmos y modos de andar.

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´El nuevo gabinete de Castillo saluda a la cámara.. Imagen: AFP

El presidente calificó la medida como “el inicio de una nueva etapa”

Un equipo degobierno más dialoguista y moderado en principio desarma la amenaza de juicio político de una amplia coalición conservadora liderada por la extrema derecha.

 

El presidente Pedro Castillo ha calificado a su nuevo gabinete ministerial como “el inicio de una nueva etapa” en su gobierno. Esto solo dos meses después de haber asumido el cargo. Indicó que en esta “nueva etapa” se priorizará “el diálogo, la gobernabilidad y el trabajo en conjunto”, para lo que ha escogido como jefa del gabinete a una excongresista de la izquierda moderada, Mirtha Vásquez, que ha sido presidenta del Parlamento y ha dado muestras de capacidad de concertación. Dialogante, abogada ligada a la defensa de los derechos humanos y feminista, tiene un perfil muy distinto al del saliente jefe del gabinete, el cuestionado Guido Bellido, cuya gestión estuvo marcada por la confrontación, incluso con miembros del propio gobierno, y muy criticado por pasadas afirmaciones machistas y homofóbicas.

Con este cambio de gabinete, Castillo busca bajar el tono a la dura confrontación con la oposición, que exigía la salida de Bellido. La extrema derecha, formada por el fujimorismo y otros dos grupos, que suman 43 bancas de un total de 130 en el Parlamento unicameral, había logrado aglutinar a otros sectores de una derecha más moderada y de centro en un bloque contra el gobierno, unidos por sus cuestionamientos a Bellido, lo que les daba 88 votos, uno más de los 87 necesarios para destituir al jefe de Estado apelando a la ambigua figura de la “incapacidad moral”, que deja abierta la puerta para sacar al presidente en un proceso sumario apelando a cualquier razón. Legisladores de esa extrema derecha golpista ya hablaban de promover la destitución de Castillo.

Un primer efecto del cambio de gabinete sería romper, al menos en el plazo inmediato, esa alianza que la extrema derecha golpista había construido para buscar la caída del gobierno. Aunque esa ultra derecha no dejará de lado sus afanes golpistas y ya ha comenzado a criticar al nuevo gabinete, el cambio ha sido bien recibido por otras bancadas opositoras, con las cuales el gobierno busca ahora tender puentes. Esto le da un respiro a Castillo. Un gobierno que es minoría en un Congreso donde el extremismo de derecha busca armar una alianza para tumbárselo, necesita tender puentes con los sectores más moderados de esa oposición, sin que eso implique dejar de lado las promesas de cambio, las que Castillo ha reiterado son su prioridad. El cambio de gabinete facilita esta tarea, que el anterior jefe del equipo ministerial nunca quiso llevar adelante, por el contrario, hizo todo lo posible para dinamitar esos posibles puentes.

Pero esta “nueva etapa” anunciada por el presidente no ha sido bien recibida en la interna por la dirigencia del partido oficialista Perú Libre (PL), que se define marxista-leninista. Bellido era respaldado por la cúpula de PL, encabezada por su secretario general, Vladimir Cerrón, del llamado “sector radical” del oficialismo. Este sector, que presionaba por ganar más poder en el gobierno, ha sido el gran derrotado con el cambio del gabinete. La primera reacción de un indignado Cerrón ha sido amenazar al gobierno con quitarle el respaldo de la bancada de PL, pero no todos sus 37 miembros están alineados con Cerrón.

“Este es un mejor gabinete que el anterior. Este cambio fortalece al gobierno de Castillo, lo hace más homogéneo, coherente y más eficiente. En el anterior gabinete Bellido era el portavoz de Cerrón, que quería dirigir el gobierno e interfería mucho en el accionar de Castillo y parecía que había dos presidentes. Un gobierno así no podía funcionar. Ahora Castillo ya no tendrá esa interferencia y habrá una mayor unidad dentro del gobierno”, le señaló a Página/12 el sociólogo Sinesio López, profesor universitario y columnista del diario La República.

El nuevo gabinete debe pedir el voto de confianza al Congreso y para obtenerlo necesita el respaldo de al menos un sector de la oposición. Las primeras declaraciones de voceros de la oposición más moderada apuntarían a darle la confianza al gabinete encabezado por Mirtha Vásquez. Pero ahora no es seguro el voto de un sector de la bancada oficialista de PL, que si cumple las amenazas lanzadas por Cerrón podría votar en contra del gabinete de su gobierno, con lo que en su afán de pelear por ganar más poder en el gobierno, Cerrón y su grupo terminarían haciéndole el juego a la extrema derecha que quiere dinamitar la presidencia de Castillo.

“Cerrón y Bellido van a tener que administrar su ira y frustración, si insisten en su postura contra el nuevo gabinete se van a aislar, su posición sería minoritaria en la bancada de gobierno. Castillo puede tener problemas en el Congreso con Perú Libre, pero no tantos como Cerrón imaginan. A la ultraderecha nunca se le va a contentar, siempre va a buscar algo para atacar al gobierno, pero con este nuevo gabinete el gobierno sí puede tener una mejor relación con el centro y la centro derecha, y también con el empresariado”, indica López.  

8 de octubre de 2021

Publicado enInternacional