El banquero presidente quedó salpicado por los Pandora Papers.. Imagen: AFP

 

Propuesta por el correísmo, la resolución recibió 104 votos a favor y 24 en contra

Se pondrán bajo la lupa las 14 sociedades off-shore que, de acuerdo a un consorcio internacional de periodistas, el presidente ecuatoriano abrió en paraísos fiscales de Panamá, Canadá y Estados Unidos.

 

El pleno de la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este jueves un pedido para que se investiguen las sociedades offshore del presidente Guillermo Lasso en paraísos fiscales, reveladas el fin de semana en los llamados Pandora Papers. La resolución recibió 104 votos a favor y 24 en contra, y había sido presentada por el correísta Unión por la Esperanza (UNES) con la intención de analizar los sospechosos movimientos económicos del mandatario.

El miércoles, buscando atajar una lluvia de críticas, Lasso anunció su renuncia al secreto bancario e incluso exigió que se examine su declaración patrimonial. Desde la oposición, el excandidato presidencial Yaku Pérez presentó una denuncia penal en la Fiscalía para investigar las cuentas offshore de Lasso, mientras que el también excandidato Andrés Arauz directamente exigió que el mandatario renuncie o sea destituido.

Investigación y pedido de renuncia

El asambleísta Ronny Aleaga, quien impulsó la iniciativa, consideró que "las respuestas que ha dado el presidente no son suficientes para develar sus nexos con los Pandora Papers" y sostuvo que la Asamblea debe intervenir para esclarecer los hechos. "El pueblo ecuatoriano está atento y vigilante de lo que hagamos y es nuestro deber darle respuestas claras y transparentes. Ante estas revelaciones no podemos callar", expresó Aleaga.

El pedido fue aprobado luego de que el domingo se difundieran los documentos en los que consta que Lasso fue titular de 14 empresas off-shore hasta 2017. El presidente ecuatoriano aseguró varias veces que ese año, cuando fue aprobada una prohibición legal, se deshizo de esas propiedades.

Pero la oposición considera que se debe realizar una revisión de varios años atrás para verificar si Lasso evadió impuestos en Ecuador cuando tenía esas propiedades fuera del país. Por ese motivo insisten en que se realice una investigación más profunda por parte del Servicio de Rentas Internas y de otros organismos, entre ellos la Fiscalía General del Estado, ante la cual el excandidato indigenista Yaku Pérez presentó el martes una denuncia penal contra el mandatario.

Pérez sostuvo que es necesario investigar los movimientos financieros de Lasso desde 2013, cuando fue candidato a la presidencia por primera vez, y no desde 2017, año en que la ley fue reformada mediante un referéndum. "Nos da vergüenza a los ecuatorianos tener al primer mandatario entre las primeras figuras de líderes mundiales de evasores de impuestos", enfatizó el representante del movimiento Pachakutik.

El excandidato del correísmo, Andrés Arauz, fue aún más lejos que Pérez y en una entrevista con Telesur pidió que Lasso presente su renuncia o sea destituido. "Estamos escandalizados por lo ocurrido, Ecuador está manchado a nivel internacional", señaló el joven economista.

Arauz, quien perdió el ballotage contra Lasso el pasado 11 de abril, cree que el presidente tiene cuatro causales por las que debería ser procesado: "Atentar contra la democracia de la nación; evasión de impuestos, algo inadmisible en su condición de mandatario; ejercer el testaferrismo con sus propios familiares; y cometer perjurio luego de jurar no tener propiedades y mentir respecto a sus empresas y activos en paraísos fiscales".

La respuesta de Lasso

En un intento por paliar los efectos mediáticos del escándalo de los Pandora Papers, Lasso solicitó el miércoles en una carta al contralor del Estado que verifique la declaración patrimonial que presentó antes de asumir el cargo en mayo y, con ese fin, "renunciar al sigilo bancario". La Constitución ecuatoriana establece que los servidores públicos deben realizar una declaración patrimonial al inicio y al final de su gestión, y autorizar que se levante el sigilo o secreto sobre sus cuentas bancarias.

Lasso también se puso a disposición de la Asamblea Nacional para responder "las preguntas que estimen pertinentes" sobre la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ). El mandatario envió una carta al titular de la Comisión de Fiscalización del cuerpo, Fernando Villavicencio, para expresar su disposición a aclarar y responder preguntas sobre esta investigación y para eso invitó al Palacio de Carondelet, sede presidencial, a los integrantes de dicho cuerpo.

A partir de las investigaciones del ICIJ, que involucraron a altos dirigentes, deportistas, artistas y empresarios de decenas de países, se supo que Lasso se desprendió de un entramado de empresas offshore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la presidencia. En concreto, el actual presidente de Ecuador llegó a estar vinculado a 14 sociedades offshore creadas en Panamá, Estados Unidos y Canadá.

8 de octubre de 2021

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Mirtha Vázquez, nueva jefa del gabinete ministerial de Pedro Castillo.

Forzado por el Congreso y la prensa hegemónica y en medio de peleas internas

El presidente señaló que cambiaba su gabinete para favorecer “la gobernabilidad” y removió a las figuras más resistidas por la oposición, que aplaudió la medida. 

 Bajo presión del Congreso opositor y la prensa hegemónica, y en medio de discrepancias internas entre miembros del gobierno, el presidente Pedro Castillo decidió cambiar su gabinete ministerial. Lo anunció la tarde de este miércoles en un breve mensaje al país. El primer gabinete del gobierno de Castillo, que estaba encabezado por Guido Bellido, cae después de solo poco más de dos meses de gestión. El presidente señaló que cambiaba su gabinete para favorecer “la gobernabilidad”. La oposición aplaudió la decisión de Castillo. Por el contrario, en la dirigencia del partido oficialista Perú Libre (PL), del cual Bellido es congresista y dirigente, la salida de su principal ficha en un gobierno en el que conviven diferentes sectores de izquierda no cayó bien. En el partido oficialista hablaron de “traición” por este cambio.

Como nueva jefa del gabinete ministerial juramentó la noche del miércoles la exlegisladora Mirtha Vásquez, abogada y política de izquierda que fue presidenta del Congreso. No es militante de PL. Vásquez asumió la presidencia del Congreso en medio de la grave crisis política de noviembre de 2020, cuando el país tuvo tres presidentes en una semana, y ejerció ese cargo hasta el fin del gobierno de transición de Francisco Sagasti, en julio pasado. Como presidenta del Congreso tuvo una conducta dialoguista y conciliadora, y demostró habilidad política para manejar un Parlamento fraccionado y complicado.

"Memoria histórica"

Fueron cambiados siete ministros y doce ratificados. Además de la jefatura del gabinete, los cambios se dieron en Interior, Educación, Trabajo, Energía y Minas, Producción y Cultura. Un nombramiento significativo ha sido el de Gisela Ortiz en Cultura. Ortiz es hermana de uno de los estudiantes de la Universidad La Cantuta asesinados por el gobierno de Alberto Fujimori, uno de los casos por los que el exdictador ha sido condenado a 25 años. Juró por “la memoria histórica”. Aunque no es un gabinete paritario, la representación de las mujeres se eleva de dos a cinco, y una mujer encabeza el gabinete.

La crisis ministerial se produce en un contexto de extrema tensión entre el Ejecutivo y el Congreso, cuando el Parlamento unicameral controlado por la derecha se preparaba para censurar en los próximos días al ministro de Trabajo, Iber Maraví, uno de los cambiados, para lo cual ya tenían asegurados los votos necesarios, y la oposición había subido el tono a sus exigencias para la salida de Bellido. Los sectores más extremistas, con el fujimorismo al frente, embarcados en maniobras golpistas, habían amenazado con una posible destitución de Castillo si Bellido, al que acusan de “izquierdista radical”, continuaba en el cargo.

Bellido en la mira

La gestión de Bellido, congresista y dirigente de PL, ha sido duramente criticada por la derecha parlamentaria y los medios, pero también había sido cuestionada por sectores del propio gobierno por declaraciones que colisionaban con lo dicho por el presidente y otros ministros, y que más de una vez pusieron en problemas al gobierno. Lo último fue su anuncio hace unos días de la nacionalización del gas, que Castillo, que poco antes había negado cualquier posible estatización, debió desmentir. En el pasivo de Bellido se sumaban pasadas declaraciones machistas y homofóbicas.

Antes que a Castillo, Bellido, la principal carta de PL en el Ejecutivo, respondía al secretario general de PL, Vladimir Cerrón, que pugna por ampliar su cuota de poder en el gobierno y por radicalizar la presidencia de Castillo. Además de PL, los otros sectores del gobierno son los aliados de otros partidos de izquierda convocados por el presidente y el grupo de dirigentes magisteriales muy cercanos al profesor Castillo, sectores a los que Bellido y Cerrón han venido golpeando. El cambio de gabinete refuerza las alianzas de Castillo con diversos sectores progresistas y debilita a PL dentro del Ejecutivo.

"Traición"

El secretario general de PL no ocultó su malestar por la salida de su principal ficha en el gobierno, salió a respaldar al defenestrado Bellido. Antes de conocerse a los nuevos ministros, Cerrón exigió al presidente deshacerse de sus aliados de otros sectores de izquierda y concentrar todo el poder en PL. El nombramiento del nuevo gabinete no satisfizo esa demanda. Incluye aliados de otros sectores de izquierda y, para indignación del sector cerronista del oficialismo, a una legisladora de PL notoriamente opuesta a Cerrón, Betsy Chávez, que asume Trabajo. El hermano de Cerrón, Waldemar, vocero de la bancada oficialista, reaccionó anunciando que no respaldarán al nuevo gabinete. “Es una traición”, dijo. Sin embargo, Cerrón no controla a toda la bancada oficialista, de 37 bancas sobre un total de 130. Castillo ha tranquilizado a la oposición, lo que le da algo de aire, pero ahora un sector de su propia bancada amenaza pasarse a la oposición.   

7 de octubre de 2021 

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El presidente de China, Xi Jinping, en la sede de la ONU en Ginebra en 2017. UN Photo / Jean-Marc Ferré

En los últimos diez años, el país ha realizado importantísimas inversiones en lo tecnológico y ambiental, pero lo social sigue siendo una asignatura pendiente, tanto que puede llegar a convertirse en un lastre

 

La persistencia de déficits sociales en China es harto conocida y constituye uno de los más significados aspectos que ensombrecen el despegue económico de las últimas décadas. La China maoísta, que a pesar de todos sus sinsabores, logró catapultar a un país que en 1949 tenía el PIB equivalente al de 1890 a la condición de 32ª potencia económica del mundo, elevó a los altares el igualitarismo. En 1978, el índice de Gini ascendía a 0,16. En el denguismo tardío, con Hu Jintao en la presidencia del país, este ascendía a su máximo histórico, el 0,49 (2008). No es de extrañar por tanto que Hu convirtiera el anhelo de una “sociedad armoniosa” en una guía de su mandato.

La clave de esa brusca transformación fue la apertura promovida por Deng Xiaoping a finales de los 70. El llamamiento al enriquecimiento orquestado por Deng incluía el reconocimiento de que no todos podrían lograrlo al mismo tiempo y ello agravó tanto las desigualdades sociales como también los desequilibrios territoriales. Xi Jinping, al frente del país desde 2012, apela ahora a la “prosperidad común”. Le endilgan por ello la etiqueta de maoísta recalcitrante. En verdad, el concepto procede de la época de Mao, en los años 50. Sin embargo, el contexto es bien diferente. En aquella China todo era escasez y penuria. Hoy hablamos de la segunda potencia económica del mundo (primera desde 2011 en términos de paridad de poder de compra) aunque ubicada en la posición 85 en el Índice de Desarrollo Humano. La asimetría es irritante.

El acento en la prosperidad común, dicen, está agravando las tensiones en el liderazgo chino por cuanto implica obligar a los grandes empresarios privados que en los últimos lustros de reforma y apertura han acumulado, con el aval del Partido, ingentes fortunas, a compartir su riqueza con las capas menos privilegiadas de la población. Gigantes como Tencent han invertido ya 50.000 millones de yuanes (aproximadamente 7.700 millones de dólares), mientras que Alibaba, el gigante del comercio electrónico, ha desembolsado el doble de ese monto. Uniendo esta campaña con la incentivación del propósito regulador de los grandes monopolios, la imposición de límites en los videojuegos, las limitaciones a las pasantías, etc., concluyen que la época de liberalización ha concluido. Lo que hace Xi va en contra de las leyes del mercado y puede derivar en una “pobreza común”, ha dicho Zhang Weiying, profesor de economía en la Universidad de Beijing.

Lo social por detrás de lo ambiental o tecnológico

El milagro económico chino es indiscutible. El milagro social, no tanto. Tras la crisis de Tiananmen, durante los 90, la primacía de la eficacia económica sobre la justicia social (o ambiental) derivó en un crecimiento de pésima calidad. No supuso el estallido de una gran crisis porque, quien más quien menos, veía mejorar su nivel de vida, pero la persistencia de esa evolución nos conduce a una China insostenible.

En el denguismo tardío, al pasar página de la “fábrica del mundo” y apostar por el cambio del modelo de desarrollo se privilegió un nuevo tridente: los factores ambientales, tecnológicos y sociales serían los nuevos pilares del desarrollo chino en detrimento de la inversión extranjera, la mano de obra barata o la orientación de la producción hacia el exterior. El cambio de paradigma abrió algunas expectativas, pero pronto menguaron. Con la llegada del xiísmo, el índice de Gini pasó del 0,45 en 2013 al 0,467 en 2017 (la media en los países OCDE es 0,3).

El Gobierno y el Partido han realizado en los dos últimos lustros importantísimas inversiones en lo tecnológico y ambiental, pero lo social sigue siendo una asignatura pendiente, tanto que puede llegar a convertirse en un lastre condicionante de la estabilidad social y política.

China es el único país del mundo en desarrollo que logró pasar de un IDH (Índice de Desarrollo Humano) bajo a alto. También erradicó la pobreza extrema en 2020, ha mejorado los ingresos per cápita de la población, multiplicó las inversiones en salud, educación, vivienda, etc., pero según Credit Suisse, si el 1% de la población poseía en 2000 el 20,9 por ciento de la riqueza nacional, en 2020, ese porcentaje ascendía al 30,6%. El rumbo no se ha torcido.

En marzo de 2021, el primer ministro Li Keqiang comentaba en las sesiones anuales de la Asamblea Popular Nacional que unos 600 millones de personas en China (dos veces la población de EE.UU.) sobreviven con unos 1.000 yuanes (unos 133 euros) al mes, la inmensa mayoría (76,5%) en las zonas rurales. La renta per cápita de China apenas supera los 10.000 dólares (frente a los más de 63.000 de EE.UU.) y el objetivo, muy ambicioso, es que en 2035 ascienda a 30.000 dólares. Cuando nos hablan de la “amenaza china”, estos datos son ignorados sistemáticamente. A China le falta aún un largo trecho. Lo saben y, por ello, los planes para lograr objetivos significativos en este campo nos remiten a otros treinta años más de desarrollo.

El experimento Zhejiang

Zhejiang ha sido designada como provincia piloto del “socialismo de mercado con características chinas”, bajo la aspiración de reducir las brechas de desarrollo y los abusos creados por los excesos del mercado.  El antiguo bastión político de Xi Jinping se convertirá en una “zona piloto para la prosperidad común”, ejemplo de la nueva agenda del “socialismo con características chinas” que ahora enfatiza la lucha contra los monopolios y el abuso de posición dominante a la par que promueve nuevos enfoques, más incisivos, a propósito de lo social. Los críticos de este impulso ponen el acento en el riesgo de que la intención correctora de las desigualdades acabe por debilitar y ahogar el espíritu empresarial que hizo rica a la provincia.

La hoja de ruta entregada a Yuan Jiajun, de 59 años, el exitoso secretario del partido de Zhejiang, ingeniero espacial formado en Alemania que fue vicedirector de China Aerospace y director del programa de vuelos espaciales tripulados, es extraordinariamente densa. Fue nombrado al frente de la provincia en 2020, tras haber sido su gobernador.

Abarcando un amplio abanico de áreas, la lista de objetivos es larga: promoción de la marca “producto de Zhejiang”; reducción de la huella de carbono; mejor circulación de la mano de obra mediante la abolición del hukou o permiso de residencia; mejorar la conectividad con las zonas de desarrollo adyacentes; luchar contra la especulación inmobiliaria y los monopolios; sin olvidar la panoplia de objetivos sociales que están en el centro de las preocupaciones de equilibrio presupuestario del Gobierno (salario mínimo, cobertura médica, pensiones, ayudas a las personas mayores y a las familias, a las que se puede añadir el apoyo a la natalidad mediante el aumento de la red de guarderías, última prioridad del Gobierno destinada a impulsar la demografía), etc.

Para llevar a cabo este proyecto piloto, que combina la planificación regional con los objetivos de desarrollo social y humano a una escala excepcional, la elección de Zhejiang como provincia líder, que ya es una de las cuatro más ricas de China tras las provincias de Guangzhou, Jiangsu y Shandong, no carece de relevancia. Zhejiang (64,5 millones de habitantes) ya se encuentra entre las menos desiguales del país, alberga numerosas pymes y una potente comunidad empresarial privada. En 2020, las empresas privadas representaban el 66,3% del PIB, el 74% de los ingresos fiscales, el 80% de las exportaciones y el 87% del empleo.

Según destaca la directiva de 12 puntos del Consejo de Estado, Zhejiang debe, de aquí a 2025, aumentar el PIB per cápita en un 30 por ciento hasta alcanzar el nivel de las economías “medianamente desarrolladas” (es decir, 20.000 dólares per cápita, acercándose al nivel medio europeo de 23.000 dólares –estadísticas de 2020) ; y haber reducido las desigualdades entre las zonas urbanas y rurales.

La directiva hace hincapié en la mejora significativa del bienestar social y en el aumento del nivel de vida de los grupos de bajos ingresos. Por último, para 2035, la provincia debería haber alcanzado “la prosperidad común mediante, dice la directiva, ‘un desarrollo de alta calidad’”.

Lo social y la lucha por el poder

Xi Jinping quiere alterar las reglas de sucesión instituidas por el denguismo asegurándose, al menos, un tercer mandato al frente del Partido Comunista y de China. Hay quien quiere ver en la inclusión de lo social en la agenda un argumento propicio para la lucha política interna como en todo tiempo lo es la corrupción, por ejemplo. Otro tanto podríamos decir de la crisis inmobiliaria (Evergrande) o las carencias energéticas derivadas de las exigencias para el cumplimiento de los objetivos de reducir las emisiones de carbono, que podrían interpretarse como dardos en manos de un rival primer ministro Li Keqiang.

¿Hasta qué punto nuestras conjeturas reflejan nuestras ínfulas conspirativas o se aproximan de verdad a la realidad? En un Partido de más de 90 millones de personas que vive horas decisivas, nadie puede imaginar que todo sea como una balsa de aceite, pero la urgencia de encarar el desafío social es, probablemente, uno de los asuntos que más unanimidad pueda concitar, y más en línea con una hipotética socialdemocratización de la agenda que con un rebrote de neomaoísmo en cualquiera de sus formas.

4/10/2021

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Xulio Ríos es director del Observatorio de la Política China. Acaba de publicar “La metamorfosis del comunismo en China (1921-2021)” (Kalandraka, 2021).

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El presidente anunció el proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, a las afueras de Cusco. Quiero dejar claro que esta reforma no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad, destacó. Uno de los ejes es dar a los agricultores acceso justo a los mercados. Foto Presidencia de Perú. Agencias

Se estima que dará a más de 2 millones de agricultores un acceso más justo a los mercados

 

Lima. El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció ayer una segunda reforma agraria en el país y anticipó que, a diferencia de la primera de hace 52 años, ésta se hará sin expropiaciones.

"Quiero dejar muy claro que esta segunda reforma agraria no busca expropiar tierras ni afecta derechos de propiedad a nadie", dijo el mandatario desde Cusco.

Castillo anunció la puesta en marcha de este proyecto ante centenares de campesinos reunidos en la gigantesca explanada de la fortaleza inca de Sacsayhuamán, en las afueras de Cusco.

Uno de los ejes de este plan consiste en dar a los agricultores "acceso más justo a los mercados", agregó el presidente peruano.

La llamada segunda reforma agraria prevé un plan de industrialización a favor de los campesinos para impulsar el desarrollo en ese sector de la economía.

El gobierno estima que puede lograr una mayor inclusión social con la nueva reforma al sumar con mejores condiciones al mercado a los más de 2.2 millones de pequeños productores dedicados a la agricultura familiar.

La inversión en tecnología y en vías de comunicación serán parte de este plan, según las autoridades.

La segunda reforma agraria era una promesa electoral de Castillo, que ganó las elecciones como candidato de Perú Libre, un pequeño partido marxista leninista.

"En la segunda reforma agraria vamos a impulsar lo que quedó pendiente en la primera, donde se le dio la oportunidad de dar terreno a quien le corresponde y para que la tierra sea de quien la trabaje. Ahora el gobierno está en deuda con el trabajador y agricultor", explicó Castillo.

El gobierno ha descartado que el plan signifique expropiar tierras, como ocurrió durante la dictadura militar del general Juan Velasco Alvarado (1968-1975).

En junio de 1969, Velasco promulgó una radical reforma agraria que en la práctica adjudicó alrededor de 11 millones de hectáreas propiedad de hacendados y latifundistas a cooperativas y comunidades campesinas.

Castillo eligió como fecha para lanzar la reforma el 3 de octubre, la misma fecha en que ocurrió en 1968 el golpe de Estado del general Velasco contra el presidente Fernando Belaúnde.

La clase política también conmemoró la efeméride, aunque desde distintos puntos de vista. La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, cuya familia ha estado vinculada al gobierno derrocado por Velasco, tuiteó ataques contra el general, que además de la reforma agraria impulsó nacionalizaciones.

El ex canciller Héctor Béjar, declaró a la agencia Prensa Latina que "lo que hicieron Velasco y sus compañeros, aunque no puede repetirse, sirve de orientación e inspiración a las nuevas generaciones".

Señaló que "53 años después del inicio de aquel gobierno, Perú se encuentra buscando orientación y gobierno, después de medio siglo de destrucción del país" y anotó que "parte del pueblo ha logrado desplazar del gobierno a los políticos tradicionales".

La vicepresidenta, Dina Boluarte, comentó que a Velasco "no lo dejaron avanzar más porque intervino Francisco Morales Bermúdez (quien lo derrocó en 1975) porque el poder económico no quiere que los pueblos se desarrollen".

El ex parlamentario y analista político Gustavo Espinoza comentó que es importante reflexionar sobre el gobierno del general, ahora que Perú vive "un proceso en esencia similar", tras la elección del maestro rural Pedro Castillo como presidente, y añadió que las mismas fuerzas que acosan hoy al mandatario "centraron sus baterías contra Velasco y sus colaboradores".

Espinoza señaló que Velasco "tuvo el mérito histórico de romper la cadena de dominación que nos ataba a Estados Unidos", siendo su primera medida la toma militar de los yacimientos de La Brea y Pariñas, explotados ilegalmente por una subsidiaria de la trasnacional estadunidense Standar Oil.

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Decenas de miles marcharon ayer en las principales ciudades de Brasil y de otros 17 países para exigir la destitución del presidente ultraderechista. En la Cámara de Diputados hay más de 100 solicitudes de juicio contra el gobernante, asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y caótica gestión de la pandemia, que ha dejado casi 600 mil muertos. Mientras, la fiscalía abrió una investigación contra su esposa, Michelle Bolsonaro, por favorecer a sus amigos con créditos durante la pandemia. La imagen, en Sao Paulo. Foto Ap / Afp y Europa Press

Las consignas "fuera presidente" e “impeachment ya” resonaron en 300 urbes brasileñas y de 17 países

Río de Janeiro. Con pancartas que decían: ¡Fuera Bolsonaro!, decenas de miles de personas protestaron ayer en las principales ciudades de Brasil y en naciones como Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra para pedir la destitución del presidente brasileño en momentos en que el gobierno atraviesa su mayor desgaste.

Asimismo, la fiscalía federal abrió una investigación contra Michelle Bolsonaro, esposa del mandatario, y la Caixa Econômica Federal, por una denuncia sobre su intervención para favorecer a empresas de amigos en la concesión de créditos del programa de emergencia de la entidad bancaria durante la pandemia de coronavirus.

Las protestas en Río de Janeiro, Salvador, São Paulo y Brasilia, además de otras 300 ciudades brasileñas y en 17 países, fueron convocadas por la Campaña Nacional Fuera Bolsonaro, respaldada por una decena de partidos de izquierda, centrales sindicales y el grupo Direitos Já!, que reúne a líderes de 19 bancadas.

Aunque las manifestaciones lograron mayor adhesión de partidos que en movilizaciones pasadas, las bancadas de derecha que rompieron con el gobierno se negaron a participar.

En el céntrico barrio Candelaria en Río de Janeiro, cientos de personas marcharon portando pancartas que decían "Fuera presidente" “Frente amplio, impeachment ya”.

En las concentraciones se veía un espectro más amplio de banderas, no sólo las rojas del Partido de los Trabajadores (PT), del ex mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que suelen predominar, sino también estandartes de la Central Única de Trabajadores, el movimiento LGBT y la de Brasil, usada como símbolo en las marchas pro-Bolsonaro. Había además banderas de los partidos Socialista Brasileño (PSB), Democrático Laborista (PDT) y Comunista (PC do B), entre otros.

“Vamos a lograr sacarlo, la apuesta del pueblo presente en las calles es que haremos que los parlamentarios sean presionados y acaben pidiendo el impeachment” de Bolsonaro, dijo Elizabeth Simoes, profesora jubilada de 69 años.

En la Cámara de Diputados aguardan más de un centenar de pedidos de juicio político contra Bolsonaro, pero su presidente, Arthur Lira, aliado del gobierno, ha dado señales de que no serán tramitados.

Asediado por investigaciones judiciales, inflación, desempleo y una caótica gestión de la pandemia que ha dejado casi 600 mil muertos, la popularidad de Bolsonaro se desplomó en los meses recientes a 22 por ciento, su nivel más bajo desde que llegó al poder en enero de 2019.

"Todo está muy caro, la culpa es de Bolsonaro", se leía en pancartas en el Salvador o junto a una bombona inflable de gas en Río de Janeiro.

A un año de las elecciones de 2022, el presidente ultraderechista obtendría 26 por ciento de los sufragios en la primera vuelta, frente al 44 por ciento para Lula, según una encuesta del Instituto Datafolha del 17 de septiembre.

Esta semana, el mandatario se enfocó en celebrar con actos e inauguraciones sus mil días de gobierno, dejando de lado los ataques a las instituciones que mantuvo durante semanas, especialmente contra el poder judicial.

Las movilizaciones de ayer ocurren después de que el 7 de septiembre Bolsonaro lideró masivas manifestaciones en Brasilia y São Paulo, donde se concentraron unos 125 mil simpatizantes.

En cuanto a la investigación en la fiscalía a Michelle Bolsonaro, se señaló que ésta medió para incluir a pequeños empresarios, como una confitería de la capital, en el Programa Nacional de Apoyo a las Microempresas y Pequeñas Empresas. Esas firmas recibieron “tratamiento vip” y préstamos por encima de los límites previstos por ley. La investigación se basa en información de un artículo publicado por la revista Crusoé. El banco llegó a abrir una investigación interna tras la detección de un "fallo extraño" en el sistema de control. La auditoría identificó las siglas PEP (persona expuesta políticamente) y llegó finalmente a las indicaciones de la esposa del mandatario.

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Diego Sztulwark / Investigador y escritor

Bolsonaro, Trump, Vox, Le Pen, Javier Milei ahora en Argentina… ¿Es un mismo fenómeno global o esta sincronicidad sólo es una alucinación? La consigna “comunismo o libertad” rebota desde Latinoamérica hasta España, ¿cómo es posible que prenda en la sociedad actual el lenguaje de la guerra fría? Las nuevas derechas pasan por rebeldes, transgresoras, contraculturales incluso, ¿realmente es así? En la izquierda se suceden los debates sobre cómo combatir este fenómeno, ¿se trataría de disputar en su mismo terreno comunicativo? Hablamos sobre todo ello con Diego Sztulwark (Buenos Aires, 1971), investigador y escritor argentino, autor de La ofensiva sensible (Caja Negra, 2019). 

La derecha exhibicionista

¿Ve rasgos comunes entre las nuevas derechas que emergen un poco por todos sitios? ¿Cómo nombrar este fenómeno? 

Hace algunos años, Enzo Traverso hablaba de las “nuevas caras de la derecha” y empleaba el término “posfascismo” para reagrupar bajo una misma rúbrica fenómenos reaccionarios emergentes sobre todo en Europa y en EE.UU. Lo notable de su enfoque era su capacidad de retener simultáneamente lo nuevo y lo viejo. En otras palabras, atendía tanto a las continuidades con los fascismos históricos o clásicos, como a las innovaciones o rupturas, evitando reduccionismos, recobrando genealogías, atendiendo a los contextos. 

Si consideramos fenómenos como Bolsonaro, Trump, Le Pen o Vox, aparece bastante claro un rasgo común que a mí me resulta definitorio. Me refiero al aspecto “securitista”, entendido como el esfuerzo agresivo tendente a la defensa de un privilegio o supremacía –social, racial, nacional, sexual, étnica, propietaria– que se percibe como amenazada, bien por la profundidad de la crisis o por la fragilidad de las estructuras sobre las que se sostiene. Se trata de una reacción paranoica, obsesionada por fantasmas (“comunismo”) y decidida a proteger activamente lo que cree en peligro. 

Este neofascismo tiene mucho de reacción sintomática. Vive en una anticipación constante, producto de una alta sensibilidad a la crisis, a la menor vacilación de las estructuras en las que basa su dominio. De allí su brutal intolerancia hacia los cuestionamientos que suponen los feminismos populares, lo LGTBIQ, lo inmigrante, lo comunitario-indígena, lo anticolonial, la organización del trabajo precarizado: todas estas figuras son leídas como enemigos a derrotar, elementos desestabilizadores de la propiedad privada, de la familia, del trabajo y el orden. 

Las nuevas derechas, dice, no son rebeldes o transgresoras, como hoy se afirma a menudo, sino más bien exhibicionistas. Adjudicarles la etiqueta de transgresoras o contraculturales le parece un grave error de juicio político. ¿Por qué? ¿Exhibicionistas, pero de qué?

Sí, me sorprende mucho la idea de que estas derechas extremas, que a mi juicio son aseguradoras del sistema, entendido como conjunto de estructuras de dominación, sean presentadas como “anti-sistema”. Es cierto que el discurso de estas derechas transgrede cierto consenso de la política convencional al denunciar a la “casta política” o el “statu quo”; y también lo es que al hacerlo conectan con descontentos múltiples. Pero en ningún caso su rebelión apunta a relaciones de dominación. Su retórica no es rebelde en ningún caso, sino exhibicionista: lejos de atentar contra las líneas duras de subordinación, marginación, exclusión y explotación de nuestras sociedades, las subrayan con un lenguaje desinhibido, exaltando las pulsiones más oscuras. 

Esto supone en lo inmediato un conflicto con las fuerzas conservadoras –socialdemocracias, nacionalismos, liberalismos– que se han dedicado a mediar la dominación por medio de un contrato de corrección política, de una supuesta tregua social. Estas derechas neofascistas rompen el pacto, llaman a las cosas por su nombre, apelan a una sinceridad siniestra, exhiben todo lo que la política democrática convencional encubre. Explicitan todo aquello que el pacto de dominación oculta por la vía de eufemismos. Pero al contrario de lo que ocurre con las manifestaciones históricas de la izquierda anti-sistema, no padecen sanción alguna por sus supuestas transgresiones. 

El fantasma del comunismo y la izquierda realmente existente

Las nuevas derechas se proclaman rebeldes contra la tiranía del “marxismo cultural” y el “comunismo”. Mientras los demás lamentamos el momento de mayor debilidad de la izquierda en décadas, la derecha denuncia su total hegemonía. ¿Cómo explicar esta paradoja?

No deja de sorprender el recurso anacrónico al lenguaje de la guerra fría. La derecha denuncia una estrategia omnipresente de “marxismo cultural” que se filtra entre los pliegues del lenguaje, las instituciones, el mundo entero de la comunicación. Para entender cómo se “viraliza” este discurso, podemos sostener la siguiente hipótesis: hay una cierta lucidez alucinada de una derecha paranoica y ultra-sensible a la crisis (crisis más pandemia). Esta sensibilidad y esta paranoia de propietario llevan al acto agresivo anticipatorio. Es decir, la derecha imagina preventivamente un enemigo y proyecta contra él maniobras bélicas. 

Me parece que vale la pena tomarse en juego este “delirio”. Hay una verdad en todo delirio. Y la verdad, en este caso, es que no hay capitalismo sin presentimiento de comunismo. El hecho de que se pretenda conjurar de modo violento lo que se presiente no es nuevo. Nos permite comprender cómo piensa una parte de las clases dominantes y cómo prende ese tipo de subjetivación paranoica en una parte de la sociedad. 

Imposible saber si, a la larga, las élites podrán controlar lo que ponen en movimiento. Solo cabe desear que de tanto agitar el fantasma del comunismo, ¡ese fantasma por fin se concrete y diga lo suyo! No deja de ser interesante el hecho que parte de las élites sean las que confiesan el carácter precario de toda dominación histórica, el riesgo de que las grietas crezcan, de que se generalicen resistencias. ¡Lo que sorprende más es que sólo sea la derecha la que anuncie la revuelta!

La izquierda electoral plantea la alternativa entre “democracia o fascismo” y llama a crear un “frente amplio o popular”. Más que revuelta, se trata de una barrera de contención. ¿No queda así la izquierda reducida a gestos puramente defensivos, reactivos? 

Estoy de acuerdo sin vacilar en todo tipo de unidad contra las derechas fascistas. A más fascismo, más realismo. Sólo que la unidad política no es por sí misma suficiente en lo más mínimo. Dada la magnitud de la crisis –y de la violencia que la acompaña– hay que decir dos palabras sobre hacia dónde queremos ir. Tomemos el ejemplo argentino: tras el desastre del gobierno de Macri y de la pandemia, el frente antimacrista en el gobierno constituido con bastante éxito en el 2019 acaba de ser derrotado incluso en los distritos donde gobierna. El problema por tanto no se reduce a repetir que hay que evitar que vuelva a ganar la derecha neoliberal o sus fracciones extremas, sino de saber cómo puede un gobierno, en este contexto, garantizar un límite a la caída de salarios e ingresos de la población. La crisis acorta tiempos, desgasta las alianzas políticas, acelera definiciones y, en el fondo, pide algo más que unidad contra el enemigo histórico

Nuevas derechas y comunicación política

¿Dónde reside la eficacia comunicativa de las derechas? ¿Cómo prende su mensaje entre tanta gente joven? 

Cada vez más la política reposa en un tipo de mediación que son las “consultoras”, agentes a cargo de todo aquello que se muestra. Sólo por su intermedio la política percibe –a través de estudios cuantitativos y cualitativos– a la sociedad bajo la forma de los análisis de “demandas sociales”; sólo por su intermedio la política se hace oír y escuchar. Las consultoras son agentes mediadores de mercado, cuya misión es consumar todo el proceso que culmina en la venta de un producto particular: lo político. 

Pensemos en el caso de Javier Milei, el candidato de derecha extrema que acaba de dar una sorpresa en las recientes elecciones de Buenos Aires. Pablo Fernández ha escrito un texto en el que analiza dos cosas importantes: cada generación se politiza en una plataforma que la expresa, la actual lo hace vía Tik Tok. Y Tik Tok es ritmo. Milei, dice Pablo Fernandez, es el primer político editable en ese tipo de formatos. El segundo argumento tiene tanto peso como el primero: Milei es a la vez un traductor de impulsos oscuros inhibidos por la policía de lo políticamente correcto, sin descuidar por ello los modos de la representación política y los requisitos del discurso de la ciencia (racionalidad económica). Es decir: el más antipolítico de los candidatos es el garante más enérgico del sistema de la propiedad. 

Las consultoras hacen análisis desde los “estudios del deseo” y piensan el estado de la sociedad en pandemia en términos de un supuesto repliegue libidinal. La derecha lleva la iniciativa en explorar un nuevo tipo de producciones capaces de articular la narración clásica con imaginarios y formatos nuevos, tomando en cuenta las mutaciones que pudieron ocurrir durante la pandemia, sobre todo entre los más jóvenes.

Una izquierda de derecha

Cierta izquierda –populista, “rojiparda” o anticapitalista– parece fascinada con la eficacia comunicativa de la derecha y llaman a imitarla “para el otro lado”. Es decir, entrar a disputar desde la izquierda lo identitario, los horizontes de certezas, los símbolos de pertenencia y nacionales, los modos de vida tradicionales, el lenguaje simplificador y agresivo, etc. ¿Qué piensa al respecto?

La izquierda, como bien sabemos, sólo quiere decir algo real cuando nombra un modo de pensar, de percibir, de vivir. La izquierda pierde su historicidad específica cuando se fascina con el modo en que piensa, percibe y vive la derecha. Y esto es válido tanto para la guerra como para la economía o la comunicación. No se trata, por tanto, de situar dos lados simétricos. Hay izquierda si hay asimetría, diferencia, proceso de transformación. Cada vez que las izquierdas asumen las formas racionales y sensibles de la derecha no tenemos más que una izquierda de derecha.

Con respecto a la comunicación, por tanto, es preciso tener en cuenta las premisas críticas más elementales según la cuales la comunicación, tal y como se practica en la sociedad del espectáculo, parte de captar la vida sólo como mercancía y los individuos en el mercado se comunican como personas privadas, dispersas, incapaces de resistir colectivamente, de hacer experiencias a partir de sus malestares. Desde ahí no es posible hacer ninguna política de izquierdas. El espectáculo impone su gramática  sean cuales sean los contenidos.

Una política transformadora parte de otro tipo de conexiones, de resistencias, de malestares, de luchas, de otros modos de sentir, de otra lengua. Entiendo que muchas personas experimenten un vértigo extraordinario al llegar a los medios y ver aumentada sus audiencias, pero no me parece que se trate sólo de ampliar audiencia. Hay problemas más serios. 

¿Por ejemplo?

Podemos decirlo de este modo: la derecha extrema ha hecho saltar por los aires la lengua de lo políticamente correcto, que consiste en no llamar por su verdadero nombre la realidad de los derrotados. Es decir, todos sabemos que las líneas de dominación del sistema producen indios, negros, palestinos, putas o migrantes, pero contamos con un eufemismo políticamente correcto para evitar la desagradable experiencia de exhibir esas relaciones de poder. La derecha extrema, al percibir amenazados sus privilegios, ha decidido hablar claro, afirmar esas relaciones de dominación, desinhibir su verbo. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Reaccionamos como custodios de lo políticamente correcto, como policías de la lengua? 

La retórica llamada progresista, de la izquierda que sólo aspira a la gestión de lo que hay, es una lógica discursiva sin ideas, sin fuerza, sin voluntad de transformación. Pura razón cínica. Por tanto, un serio problema de la “comunicación de izquierda” –si tal cosa fuera posible– es poner en juego otro modo de hablar, para poder enfrentar tanto el cinismo parlamentario como a las ultraderechas. Evidentemente, no es sólo un problema de audiencias, sino de cómo amarrar experiencias, sentidos, palabras. De otro modo sólo la derecha capitaliza la evidente miseria del progresismo. Sin que aparezca un contrapoder con capacidad de narrativa propia, no hay comunicación de izquierda.

La izquierda más visible insiste en la “disputa del relato”, pero sin atención a la dimensión de contrapoder efectivo, esos relatos son puros significantes flotando en el éter comunicativo, sin mayor relación directa u orgánica con experiencias, vínculos o territorios. 

El aspecto narrativo me parece fundamental, pero siempre en la medida en que se conciba la palabra ligada al sentido y a la constitución de mundos. De hecho, no hay huelgas sin un tejido narrativo interno, que actúa transmitiendo experiencias y saberes entre generaciones. Lucha y narración han ido siempre de la mano. Este sentido materialista de la narración, que supone la palabra como un momento del enhebrado colectivo de las fuerzas, está en proceso de actualización, en el sentido de que tal vez aún no hemos narrado del todo lo que fueron estos años de pandemia, crisis y cuarentena. En este terreno de las narraciones estamos siempre por empezar, siempre comenzando.

Diego Sztulwark / Investigador y escritor, /10/2021

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El Salvador está usando volcanes para minar Bitcoins

Las pruebas que se realizan en el primer país en utilizarla como moneda legal

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este viernes que el país está "probando" minar bitcoin, la criptomoneda que tiene curso legal en el país, utilizando energía geotérmica proveniente de los volcanes.

"Todavía estamos probando e instalando, pero esta es oficialmente la primera minería bitcoin a partir de un volcán", señaló el mandatario en un breve mensaje en inglés desde su cuenta de Twitter.

El minado de bictoin es el proceso mediante el cual se crean nuevos bitcoins usando computadoras que resuelven problemas matemáticos complejos y cuya operación demanda una gran cantidad de energía eléctrica.

El 7 de septiembre, El Salvador se convirtió en el primer país en utilizar bitcoin como moneda de curso legal, con el propósito de recuperar su estancada economía, dolarizada hace dos décadas.

Bukele no brindó mayores detalles sobre cómo se hará el proceso de minado, aunque el martes compartió en su cuenta de Twitter un corto video antecedido por la frase "primeros pasos".

En el material compartido se aprecia una planta geotérmica de producción de energía ubicada en el oriente del país, en la que ingresa un camión con un gran contenedor en cuyo interior trabaja un hombre conectando cables a equipos informáticos que serían usados para el minado de bitcóin.

Meses antes de que la criptomoneda comenzara a tener curso legal en el país, Bukele manifestó la disposición para que se pudiera minar bitcoin en El Salvador usando la energía geotérmica de sus volcanes.

El gobierno espera que el uso de la moneda virtual contribuya a captar los más de 400 millones de dólares de comisión proveniente de las remesas que envían salvadoreños desde el extranjero. 

El total de esos envíos representa 22 por ciento del PIB del país, mientras que unos 3 millones de salvadoreños viven fuera de su territorio, 2,5 millones de ellos en Estados Unidos.

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La CIDH alerta sobre el aumento de desplazamientos forzados en Colombia

Entre enero y agosto más de 57 mil personas fueron desplazadas en el país.

Según la ACNUR el país tiene el número más alto de desplazados en el mundo superando los 8 millones de personas.

 

La cantidad de desplazamientos forzados en Colombia aumentó en un 135 por ciento en lo que va del año en comparación a 2020, según denunció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El organismo además recordó que Colombia tiene el número más alto de personas desplazadas internas en todo el mundo: un total de 8,3 millones de personas hasta fines de 2020. La comisión pidió al gobierno de Iván Duque aplicar medidas urgentes ante los desplazamientos forzado a raíz de las amenazas de grupos armados no estatales.

Desplazamiento forzado

Entre enero y agosto de 2021 la cantidad de colombianos y colombianas que tuvieron que desplazarse internamente aumentó en un 135 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2020 según la información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citada por la CIDH en un comunicado de prensa. “Las cifras indican que en este periodo más de 57.100 personas habrían sido desplazadas en 110 eventos de emergencias masivas, cuya causa principal fueron las amenazas directas por parte de grupos armados no estatales”, indicó la Comisión. Mientras que según las cifras de la Defensoría del Pueblo de Colombia durante el primer semestre del año se presentaron 102 eventos de desplazamiento masivo que llevaron a la movilización forzada de más de 44 mil personas en el país. Para la Defensoría el número de desplazamientos internos se duplicó en comparación a los registrados el año pasado.

La comisión también se refirió al Informe sobre Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) que ubica a Colombia como el país que más desplazados internos genera en todo el mundo. Hasta fines de 2020 registraron un total de 8,3 millones de personas desplazadas en el país.

Según la OCHA, la mayoría de los desplazamientos masivos tuvieron lugar en los municipios de Roberto Payán y Magüí (Nariño, donde el mes pasado ocurrió una masacre), Argelia (Cauca), Cáceres e Ituango (Antioquia) y Buenaventura (Valle del Cauca), entre otros departamentos. En Buenaventura, la Comisión se refirió a las denuncias de organizaciones de la sociedad civil que advirtieron que sólo entre enero y marzo de 2021 los desplazamientos afectaron a 3.625 personas. “En particular, indicaron que los hechos de violencia que habrían ocasionado el desplazamiento estarían vinculados al control territorial a fin de poder construir infraestructura portuarias y turísticas”, señaló la CIDH.

Líderes asesinados

El organismo también advirtió la preocupación de la sociedad civil por los desplazamientos en los municipios de Santa Rosa (Bolívar) y Litoral de San Juan en el departamento de Chocó, donde el mes pasado fue asesinado el gobernador y guardia indígena Efrén Antonio Bailarín Carupia. En este sentido la CIDH expresó su preocupación por el desplazamiento individual y familiar que “termina afectando a una mayor cantidad de personas que los desplazamientos masivos”.
“Esto es particularmente relevante en el caso de personas con liderazgo social que tuvieron que desplazarse de sus territorios por amenazas”, detalló la comisión en el comunicado. “Las personas con liderazgo social cuya función es reclamara territorios pertenecientes a familias y comunidades desplazadas, se enfrentan a diversos actos de violencia, incluyendo el asesinato de las mismas”, alertó.

"Escasos avances"

La CIDH reconoció los esfuerzos que se realizaron desde el Estado colombiano a través de medidas para fortalecer a la policía y su articulación con las fuerzas armadas. Sin embargo, la comisión también evidenció que de acuerdo a las organizaciones de la sociedad civil “la respuesta no sería adecuada atendiendo la dimensión del fenómeno”. En este sentido, el organismo advirtió que recibieron información sobre “los escasos avances en la implementación del Acuerdo de Paz, especialmente, en los componentes que procuran mitigar las causas estructurales de la violencia". “Las organizaciones denunciaron la expansión de grupos armados no estatales que amenazan y expulsan a la población local de sus territorios; la reducción de presupuesto para la atención de contingencias; la ausencia o insuficiencia de la asistencia a las víctimas”, indicó la comisión en su comunicado.

Además según a Defensoría, los colectivos más afectados son los que enfrentan una “situación de vulneración histórica y estructural, tales como las comunidades étnicas indígenas y afrodescendiente (en el 59 por ciento de los casos) y la población campesina. El impacto diferenciado del desplazamiento interno también se extiende a las mujeres. La comisión se refirió a la información destacada por la Corte Constitucional de Colombia, que indica los riesgos específicos basados en el género: riesgo de violencia, explotación o abuso sexual, así como el riesgo de reclutamiento forzado de hijos e hijas y los obstáculos para acceder a la propiedad de la tierra y en la protección de su patrimonio.

La CIDH urgió al Estado colombiano a cumplir sus obligaciones para prevenir el desplazamiento y garantizar los derechos de las personas afectadas. La comisión le recordó que para la Corte Interamericana de Derechos Humanos “la situación del desplazamiento se mantiene hasta que las personas puedan retornar a sus lugares de origen de manera voluntaria, digna y en condiciones de seguridad o que haya ocurrido su reasentamiento voluntario en otra parte del país”.

2 de octubre de 2021 - 00:58

 

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El nuevo billete de 10 bolívares. Foto Ap

La inflación interanual es de mil 743% y el salario mínimo equivale a 2.5 dólares al mes

 Caracas. Venezuela empezó ayer con la tercera reconversión monetaria en 13 años, que elimina seis ceros a la moneda local, el bolívar, lo que simplifica las cuentas, pero no alivia la larga crisis económica del país sudamericano, y eleva la preocupación de la población ante el alza del dólar. Con la nueva reforma, empresas, comercios y bancos modifican sus sistemas contables que ya no aceptaban las enormes cifras producto de la hiperinflación.

"Nadie debe aumentar ningún producto, sencillamente se le quitaron seis ceros para mejorar el aspecto del comercio, facilitarlo, mejorar el aspecto sicológico de la recuperación económica", explicó el presidente Nicolás Maduro durante una alocución desde Caracas. Aseguró que las autoridades se encuentran desplegadas en los comercios del país para revisar y controlar que no se incrementen los precios.

Junto a la nueva medida, sale a la calle un nuevo cono monetario: una moneda de un bolívar y billetes de 5, 10, 20, 50 y 100. La máxima denominación equivaldrá a unos 24 dólares, de acuerdo con las tasas del Banco Central de Venezuela (BCV).

Con la antigua denominación, el dólar pasó de 4 millones 100 mil a 5 millones 250 mil bolívares. Con la reconversión se le restan seis ceros, es decir, el valor del dólar paralelo se ubicó en 5.25 bolívares. El mayor billete de la vieja familia, de un millón, apenas representa 25 centavos de dólar y ni siquiera alcanza para comprar un caramelo.

El cambio tiene como objetivo facilitar tanto las transacciones en efectivo como los cálculos contables en bolívares que ahora requieren hacer malabarismos con cadenas casi infinitas de ceros.

Muchos comercios habían adoptado la nueva expresión monetaria desde la mañana. Cafeterías ya daban los precios en nuevos bolívares. Un estacionamiento en el acomodado barrio de Chacao, no obstante, advertía a los usuarios que no estaba aceptando pagos en moneda nacional.

"Hice compras esta mañana sin problemas", explicó Josefina Galindo, empleada doméstica, pero criticó que "los nuevos precios estaban arriba de los viejos y con el precio en dólares", moneda preferida para cualquier transacción en medio de la erosión del bolívar.

En el país sudamericano, la inflación interanual es de mil 743 por ciento, según cálculos del Observatorio Venezolano de Finanzas, lo que ha golpeado el ingreso de las familias. Un salario mínimo apenas equivale a 2.5 dólares al mes.

El más reciente indicador del crecimiento de los precios divulgado por el Banco Central es de mayo, cuando la inflación se aceleró a 28.5 por ciento con respecto al mes anterior y cerró en 24.6. La variación interanual de los precios fue de 2 mil 719.4 por ciento, según cálculos de la agencia de noticias Reuters.

Antes de la reforma, anunciada en agosto por el Banco Central, se necesitaban 7 millones de bolívares para comprar una barra de pan en un país que fue considerado uno de los más ricos de Sudamérica gracias a su petróleo, y que ha visto caer su producto interno bruto 80 por ciento desde 2013, principalmente por la baja de su producción de crudo y de los precios del oro negro, pero también por la mala gestión y la crisis política.

El gobierno de Maduro en 2018 quitó cinco ceros a la moneda por los altos precios, proceso posterior a la reconversión del fallecido mandatario Hugo Chávez de 2008, en la que se restaron tres ceros al bolívar con la promesa de llegar a una inflación de un dígito, lo que no se logró.

Venezuela enfrenta una severa recesión que ha llevado a millones de venezolanos a emigrar. Maduro culpa de esta crisis económica, agravada por la pandemia de Covid-19, a las sanciones de Estados Unidos, pero analistas y críticos señalan que el colapso ha obedecido a un modelo de controles estatales.

Tras las sanciones, el gobierno flexibilizó las regulaciones permitiendo mayores transacciones en divisas, lo que diluiría aún más la relevancia del nuevo esquema.

El viernes muchos usaron sus divisas en efectivo por precaución para cancelar sus compras en supermercados, farmacias y en los negocios de ventas de útiles escolares y uniformes. Los sistemas de la banca, que fueron suspendidos por unas horas mientras se realizaba la rexpresión monetaria, estaban operativos desde temprana hora de la mañana.

Los bancos locales ya recibieron las denominaciones más bajas de la nueva familia de billetes, dijeron dos fuentes bancarias. Esas piezas coexistirán con las actuales de 500 mil y un millón de bolívares. Algunos cajeros automáticos comenzaron a dispensar los nuevos billetes.

Los bolívares en efectivo en Venezuela dejaron de emplearse en compras de rutina y tres cuartas partes del papel moneda que circula se usa en el pago de los pasajes en autobuses, según estimaciones del sector financiero.

El Banco Central colocará el lunes en la banca local unos 50 millones de dólares en efectivo que luego serían vendidos a privados, dijo una de las fuentes bancarias consultadas. La medida buscaría evitar una mayor depreciación del tipo de cambio y saltos en los precios.

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Foto de archivo: Un grupo de venezolanos camina por una calle con maletas y bolsos en San Cristóbal, estado Táchira (Foto: EFE/ Johnny Parra)

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la Universidad Católica Andrés Bello, reveló que en un 76,6% de los hogares del país caribeño los ingresos no cubren sus necesidades alimenticias

 

Tres de cada cuatro venezolanos viven en pobreza extrema en medio de una larga crisis económica complicada por los confinamientos por la pandemia de covid-19 y la escasez de combustible, según un estudio académico presentado este miércoles.

Un 76,6% de los hogares sufre pobreza extrema, ya que sus ingresos no cubren sus necesidades alimenticias, y un 94,5%, pobreza, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2021, coordinada por la privada Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

 “Llegamos a un techo de la pobreza”, mientras la pobreza extrema sí sigue escalando, dijo el sociólogo Luis Pedro España en la presentación en Caracas de la encuesta, que estima la población de Venezuela en 28,7 millones de habitantes después de que más de cinco millones emigraran desde 2014.

La pobreza en Venezuela, país que sufre una severa hiperinflación y su octavo año de recesión, aumentó desde 91,5% en el período 2019-2020 y la extrema desde 67,7 por ciento.

Las cifras de la encuesta distan de las ofrecidas por el régimen de Nicolás Maduro, quien aseguró, en su rendición de cuentas ante el Parlamento, que 17% de la población vivía en la pobreza en 2020 y solo 4%, en pobreza extrema.

El sociólogo Luis Pedro España explicó que el 5,5% de la población que se ubica por encima de la línea de pobreza ha podido “indexar” sus ingresos a la inflación y a la depreciación de la moneda local, el bolívar.

“Crisis de movilidad”

Hay una “crisis de movilidad” por las cuarentenas aplicadas en los últimos dos años y la falta de gasolina ante el colapso de la industria petrolera venezolana, lo que ha impactado en el número de trabajadores activos, subrayó España.

Solo el 50% de los venezolanos en edad de trabajar están activos según la encuesta, unos 7,6 millones. Las mujeres son las más perjudicadas, con apenas 32,9% de las trabajadoras en actividad.

“¿Por qué en Venezuela está dejando la gente de trabajar? Comienzan a ser más altos los costos de ir a trabajar que la remuneración que vas a recibir”, expresó el especialista.

El salario mínimo mensual, complementado por un bono de alimentación obligatorio, apenas sobrepasa el equivalente a dos dólares mensuales, insuficientes para cubrir, si quiera, el transporte. Este valor se ha debilitado tanto que ya ha dejado de ser referencia en el sector privado, donde el ingreso promedio es de unos 50 dólares, según estimaciones empresariales.

Ante el colapso, 86,5% de los hogares recibe ayudas gubernamentales y 20% remesas de familiares en el extranjero.

Sin embargo, la pandemia ha golpeado las remesas: 11% de los hogares que las tenía en 2020 ha dejado de percibirlas y un 22% ha visto que disminuyen en cantidad y frecuencia.

Exclusión educativa

“Nos llegó la pandemia en un país que ya vivía una semiparalización” por la recesión, destacó por su parte Anitza Freites, coordinadora del estudio, quien destacó el impacto de la crisis en la educación.

De los 11 millones de personas en edad estudiantil (3 a 24 años), solo 65% están inscritas en centros educativos de los distintos niveles escolares, una caída de 5% con respecto a 2020, apuntó Freitez.

La cifra entre los potenciales estudiantes universitarios (18 a 24 años) apenas llega a 17%.

El 90% de quienes estudian lo han hecho en los últimos meses a distancia por el covid-19, afectados por las fallas de servicios públicos como electricidad y conectividad, y 70% reportan necesidades de mejoras de acceso a internet.

Los responsables de la encuesta entrevistaron a 17.402 familias en 22 de los 24 estados de Venezuela entre febrero y abril.

29 de Septiembre de 2021

(Con información de AFP)

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